El debate lo planteó Cristina Kirchner pero la crisis económica los impone en la realidad. Opinan dirigentes sociales y políticos.
Una trabajadora de la economía popular es beneficiaria de un plan social, y vive con su marido y sus 3 hijos percibiendo ingresos de $50.000 al mes. Sale a reclamar porque no quiere trabajar 9 horas por 20.000 pesos y se pregunta por qué tiene que vivir así. Mientras tanto, los videographs recortan maliciosamente su relato y dicen: “Nos quieren mandar a trabajar y eso no es justo». El contexto socioeconómico es complejo: el 37% de la población está debajo de la línea de pobreza y sólo la mitad de los menores de 15 años accede a la canasta básica. Ante ese panorama, ¿qué hacer con los planes sociales?
La propia Cristina Fernández de Kirchner, en el plenario de la CTA afirmó que con una tasa de desocupación del 7% debería haber menos planes sociales. Además, insistió en que la aplicación de las políticas sociales no puede ser tercerizada: “El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y la baja”, habia señalado en esa ocasión. ¿Qué responden desde las organizaciones sociales?
.Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, cree que estas declaraciones tienen intenciones de quitarle fuerza al movimiento de lucha de las agrupaciones piqueteras. “Tiene el doble objetivo de desarticular la protesta contra su gobierno que ajusta a los trabajadores y de fortalecer la alianza con los gobernadores para el futuro electoral”, señala a ANCCOM. Además, manifiesta que el Estado ya centraliza la entrega de los planes, y que las organizaciones solo desarrollan tareas de acompañamiento de esos beneficiarios.
Por su parte, Dina Sánchez, secretaria de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) e integrante del Frente Popular Darío Santillán, afirma que “gran parte de la dirigencia política habla de la economía popular desde el total desconocimiento. No la conocen, no la entienden y no hay voluntad de entenderla”.
Desde una postura más conciliadora, Daniel Arroyo, exministro de Desarrollo Social hasta 2021 y actual diputado nacional, asegura que no tiene que existir tercerización con los planes, “ni nadie tiene que quedarse con plata de otro” pero sostiene que los movimientos sociales son parte de la solución en la Argentina.
El legislador explica: “Yo fui el ministro de la pandemia, a mí me tocó sostener la paz social y lo logramos. No se logró en Chile, Ecuador, Perú, ni Colombia, pero sí en Argentina. Y cuando digo lo logramos, me refiero al Estado junto a los movimientos sociales, las iglesias y las escuelas, quienes siguen poniendo el cuerpo en las cooperativas y en los comedores”.
Entonces, ¿hay muchos planes sociales? ¿Deben ser solo un “puente” al trabajo estable? En Argentina, se entiende como plan social a un programa de transferencia de dinero con contraprestación laboral. Actualmente la iniciativa se llama Potenciar Trabajo, y unifica a los programas Hacemos Futuro y Salario Social Complementario. Su objetivo es mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través del desarrollo de proyectos socio-productivos, socio-comunitarios, socio-laborales y la terminalidad educativa. Entonces los beneficiarios y las beneficiarias cobran el 50% del Salario Mínimo y deben contraprestar 4 horas de trabajo en estas actividades.
Otros programas como la Tarjeta Alimentar o la Asignación Universal por Hijo no son planes sociales, ya que son políticas de seguridad social que persiguen otros objetivos como promover el acceso a los alimentos sanos y mejorar la calidad de vida y el acceso a la educación de niños, niñas y adolescentes, respectivamente. Belliboni, por su parte, define a un plan social como “un recurso que el Estado otorga a las personas que se han quedado sin trabajo y que no tienen acceso ni siquiera a un plato de comida por día” y que “son el resultado del fracaso de los gobiernos para crear trabajo genuino”. Explica que ese es el problema de fondo ya que “los planes no pueden ser un puente hacia el trabajo si no hay trabajo”.
Los primeros planes sociales surgieron a mediados de los noventa con el Programa Trabajar I, que luego tuvo sus versiones II y III. Fue seguido por el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados creado durante la presidencia de Eduardo Duhalde en 2002. “En el 2016 los movimientos sociales, junto a otros espacios sindicales y políticos que nos acompañaron en la lucha, ganamos el Salario Social Complementario, que es un ingreso por tareas que muchos, y fundamentalmente muchas de nosotras, ya realizábamos. Son programas de fortalecimiento a la economía popular, pero también son consecuencia de las malas políticas y de la crisis socioeconómica que atraviesa el mundo y Argentina” expresa Sánchez.
. El Programa que nombra es uno de los que unifica “Potenciar Trabajo”. En resumen, 20 años atrás había 2.200.000 beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de Hogar, y actualmente hay 1.300.000 titulares del programa Potenciar Trabajo. Teniendo en cuenta estos números, para Belliboni, a diferencia de la opinión de Cristina, “claro que no son muchos” los planes.
Arroyo plantea que ante un contexto con 45% de informalidad laboral, con gran parte de la población sin acceso a la canasta básica y un mercado que no va a incorporar en los próximos años al 100% de los trabajadores a la formalidad, el debate acerca de los planes sociales presenta tres caminos posibles: reducción de la jornada laboral, flexibilización o ingreso universal ciudadano. Comenta que la primera opción, que corresponde al modelo europeo, consiste en que las personas trabajen menos horas para que más personas tengan empleo. Explica que es una alternativa difícil de aplicar en este país con el nivel de informalidad existente, que podría llevarse a cabo en algunos sectores como el bancario, pero “no es ‘la’ salida para Argentina”.
Por otro lado, el camino que corresponde con políticas neoliberales se basa en la quita de aportes patronales y la flexibilización de las condiciones de contratación de trabajo. “Esto ya se hizo en los ‘90, terminó con 57% de pobreza y 28% de desocupación” declara rotundamente Arroyo.
Otra alternativa es la creación de un ingreso universal ciudadano, es decir, “un ingreso de base para lograr que todos accedan a la canasta básica”. Asegura que hacía este camino apunta Argentina, y América Latina en conjunto. “No lo digo yo, lo dice la Cepal y Naciones Unidas, y es lo que están haciendo Alemania, España e Israel”. El exministro apoya el proyecto de ley conocido como Salario Básico Universal y plantea que, dado el contexto de restricción fiscal, debe aplicarse por etapas. ¿Por dónde debería comenzar? Por las provincias del norte del país, donde las tasas de pobreza son peores que en el resto de Argentina.
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