Un mate contra la discriminación

Un mate contra la discriminación

oovimientos sociales y políticas organizaron un desayuno en la 9 de Julio para las personas en situación de calle y denunciar la política represiva y estigmatizante del Gobierno de la Ciudad para los sin techo.

Este martes 14 se realizó, frente al Obelisco, una acción solidaria para las personas en situación de calle en donde se les ofreció un desayuno y concluyó con una conferencia de prensa encabezada por distintas personalidades y organizaciones, bajo la consigna “inseguridad es la aplicación del protocolo ilegal”. Fue, además, una forma de visibilizar la política de persecución a los que no tienen techo por parte del Gobierno de la Ciudad que encabeza Jorge Macri. El objetivo fue manifestarse en contra de las medidas del Ministerio de Desarrollo y Hábitat sobre salud mental y los operativos de “higiene y limpieza” que se están llevando a cabo, visibilizar y repudiar la mirada estigmatizante del Ejecutivo porteño hacia estas personas.

El evento fue realizado por varias organizaciones sociales, legisladores de distintos bloques, organismos de justicia y diferentes sectores preocupados por el deterioro social. Entre ellos se encontraban la agrupación H.I.J.O.S., el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), CTA Autónoma CABA, Comedor Barracas, Somos Barrios de Pie, Proyecto 7, La Barriada, Pueblo Unido, Red Puentes, entre otros.

La legisladora Celeste Fierro (Frente de Izquierda Unidad), en diálogo con ANCCOM, señaló que “esta iniciativa surgió frente a la necesidad de visibilizar el trabajo que se viene haciendo, de conocer que los censos que han llevado adelante las propias organizaciones dan más de 10.000 personas en situación de calle”. Y agregó: “La única política que lleva adelante este gobierno es la represión e intentar instalar que las personas en situación de calle son criminales y directamente enfocarlo en cuestiones de salud mental sin dar una respuesta real en materia habitacional, de trabajo genuino, de salud y de educación que creemos que son los derechos necesarios que se tienen que garantizar”.

El desayuno comenzó a las 8 de la mañana cuando las organizaciones repartieron pan casero, facturas, tortas fritas, galletitas y alfajores. También sirvieron chocolatada, mate cocido y leche caliente y repartieron frazadas para combatir el frío entre las más de 300 personas que se acercaron desde diferentes zonas cercanas al Obelisco. Una de ellas fue Marcelo Díaz, quien desde los 7 años vive en la calle. Hoy con sus 52 años señaló: “El Estado nunca me dio ningún tipo de ayuda, ni una pensión por discapacidad. Yo soy discapacitado por dificultades que tengo en los brazos y vivo el día a día con la ayuda de una revista que hacemos entre las personas en situación de calle que se llama Hecho en Buenos Aires. Gracias a su venta tenemos algo de dinero para sobrevivir”.

Hacia las 10 de la mañana se realizó una conferencia de prensa en donde se plasmaron los principales ejes de los reclamos: la ilegalidad del protocolo de salud mental y los operativos de “higiene y limpieza” que se llevan a cabo por el gobierno de la Ciudad, mediante los cuales se tira en camiones de residuos las pocas pertenencias que las personas en situación de calle poseen, se las desaloja de la vía pública y se las obliga a ir a los paradores nocturnos donde solo pueden pasar unas horas.

Además, se destacó la importancia de visibilizar esta problemática, pero sobre todo contrarrestar la campaña de deshumanización de estigmatización criminalización y represión que está llevando a cabo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con las personas en situación de calle.

Semanas atrás se pudo ver por las redes sociales del Jefe de Gobierno, un accionar en donde se mostraba la política de espacio público que llevaba adelante. Macri se enorgullecía de “limpiar” la zona en donde se encontraban personas en situación de calle y eran retiradas del lugar y despojadas de sus escasas pertenencias.

La misma lógica siguió el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Este organismo se dedicó a armar un protocolo de intervención de salud mental, a pesar de no ser quien deba realizar esta tarea, ya que debería hacerlo el Ministerio de Salud. También lo hicieron sin respetar las legislaciones vigentes en la materia con el fin de estigmatizar y encerrar de manera compulsiva en hospitales neuropsiquiátricos a la población en situación de calle.

A todo esto, se le suman las recientes declaraciones del Secretario de Seguridad y Jefe de Policía Metropolitana, Diego Kravetz, en donde señaló que las personas en situación de calle “están cómodas viviendo en las ranchadas y que el 50% de esta población tiene antecedentes penales”. Sobre esta estigmatización, Fierro destacó que “hay una política clara por parte del gobierno de “ordenar” la ciudad. A ellos les encanta hablar del orden y hemos visto que para ellos esto es reprimir a los movimientos sociales en la 9 de Julio, es sacar a las personas en situación de calle, sin resolver los problemas estructurales, como una forma de mostrar que están haciendo algo. Pero lo único que están haciendo es no garantizar derechos que son elementales porque el derecho al acceso a la vivienda es un derecho humano que en esta ciudad está completamente cuestionado. Capital Federal es una ciudad llena de casas y de departamentos con gente sin casa y sin vivienda y, sin embargo, su respuesta es la represión”.

También, durante la conferencia, se exigió la aplicación de la Ley 3706, de Protección y Garantía Integral de los Derechos de las Personas en Situación de Calle y en Riesgo a la Situación de Calle, y la Ley 27654, sobre la situación en calle y familias sin techo, para implementar un presupuesto adecuado al número real de personas que componen esta población”.

La conferencia concluyó con Horacio Ávila, referente de Proyecto 7, quien destacó la importancia de organizar eventos como este, en donde se demuestra que los compañeros que están en situación de calle no están solos, sino que hay todo un grupo de organismos, de legisladores y de organizaciones que hace muchos años, le vienen poniendo el pecho a esta situación. Finalmente, Ávila, en diálogo con ANCCOM, señaló: “Es importante hacer acciones como estas para poder darle visibilidad y decir que la gente en situación de calle no está sola y que no van a poder hacer con ellos lo que quieran.”

La crisis en los comedores populares

La crisis en los comedores populares

Aumentó exponencialmente la cantidad de comensales que acuden a ellos. Sus referentes denuncian que esa tendencia no se ve acompañada de un incremento de los alimentos que reciben del gobierno. Tampoco colaboran los privados y se ven obligados a bajar la calidad nutricional.

La situación en los comedores comunitarios de todo el país se agrava día a día. Miles de familias del conurbano bonaerense y de la ciudad de Buenos Aires que ya no pueden comprar alimentos para almorzar, merendar o cenar en sus casas se suman a ellos. Ante esta situación, diversas organizaciones sociales y líderes políticos han expresado su preocupación y han exigido al Gobierno tomar medidas urgentes para resolver la crisis alimentaria.

Una fuente del Ministerio de Capital Humano, en diálogo con ANCCOM, expresa su preocupación por el impacto de los recortes: “Quienes trabajamos en estos programas por una cuestión de conciencia social, generalmente terminamos abogando por los comedores. Si se les recorta el financiamiento, no nos resulta para nada indiferente”.

Al mismo tiempo, señala que cuando visita los comedores y conversa con sus encargados, la principal preocupación es la incertidumbre. “Actualmente, el presupuesto apenas alcanza para mantener su funcionamiento”, afirma, por lo cual se le puede dar de comer a menos gente justamente cuando más personas necesitan asistencia alimentaria.

“Cuando los comedores cuentan con mayor financiamiento –agrega–, proporcionan alimentos de mejor calidad y dan mayor cantidad”. Hoy se restringen las compras de frutas y carnes y prevalecen platos como el guiso de fideos. “Anteriormente, era posible ofrecer una mayor variedad, incluyendo frutas como postres. En la actualidad, los comedores se ven limitados en su oferta, centrándose en alimentos menos nutritivos”.

La falta de alimentos en los comedores comunitarios está profundizando el hambre en áreas urbanas del gran Buenos Aires como la propia ciudad porteña. La responsable de un comedor y merendero en el barrio Barracas cuenta que ante la falta de respuestas del Gobierno también han pedido la colaboración del sector privado. “Pero lamentablemente ni las empresas nos están ayudando –dice–. Por ejemplo, para el Día de Reyes, le pedimos a Coca Cola si nos podían dar algunas gaseosas para los chicos: nos contestaron que vayamos al Banco de Alimentos, pero este te cobra”. La mujer cuenta además que cada vez se ven obligados a rechazar a más personas que se acercan al comedor.

En medio de una creciente preocupación, el dirigente social Juan Grabois presentó una denuncia penal contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por incumplimiento de sus deberes como funcionaria pública en lo que respecta garantizar la asistencia alimentaria a quienes más la necesitan, pese a contar con los recursos presupuestarios destinados para ello.

Grabois, en su cuenta de la red social X, compartió las palabras de Pettovello en las cuales afirmaba que atendería «uno por uno» a las personas que tuvieran hambre, pero luego rechazó hacerlo. “Lo que Pettovello no entiende es que garantizar los derechos alimentarios de las familias humildes, en particular de los niños, no es algo sobre lo que puedan decidir, es una obligación constitucional, una norma internacional y una ley nacional”, remarcó Grabois.

La Iglesia católica, a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina, emitió un duro comunicado en el que advirtió que “la comida no puede ser una variable de ajuste”. Incluso la CGT salió a manifestarse: “El riesgo de una crisis alimentaria con imprevisibles consecuencias está a la vuelta de la esquina”, dijeron desde la central obrera.

Veintisiete cuadras de hambre

Veintisiete cuadras de hambre

La semana pasada la ministra Sandra Pettovello dijo a viva voz que quien tiene hambre se acerque con su DNI que le solucionaba el problema. Miles de personas hicieron fila desde Retiro hasta Constitución esperando infructuosamente que ella los atienda.

Los movimientos sociales, nucleados en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), volvieron a manifestarse en el Ministerio de Capital Humano para reclamar que se decrete la emergencia alimentaria y que se vuelva a entregar mercadería a los comedores barriales. El jueves, antes de reprimir a los manifestantes, la ministra Sandra Pettovello había convocado “a quienes de verdad tengan hambre” a presentar su documento y tener una reunión personal con ella. Una fila de personas que se extendía a lo largo de veintisiete cuadras de largo esperó infructuosamente, debajo del sol, que la titular de la cartera las atendiera.

“Pettovello vas a tardar 43 años en atender a las 4,5 millones de personas que asisten a comedores”, le contestaba un cartel que sostenía una cocinera de una olla popular. Este lunes por la mañana las veredas de Pellegrini se vieron afectadas por una fila que iba desde la calle Juncal en Retiro hasta la Av. San Juan en Constitución con la esperanza de poder llevarle los reclamos particulares y contarle la situación a la ministra.

“Los jubilados están sufriendo especialmente porque no tienen actualización y la mitad de su salario mínimo se les va en medicamentos. Los comedores les dan la única comida que tienen en el día. No se están alimentando nutritivamente porque no les alcanza. Ahora nuestros comedores corren riesgo porque Pettovello nos está negando la comida para que sigamos con la asistencia alimentaria para nuestros jubilados, los hogares monoparentales, en las mujeres jefas de hogar”, denunciaba Daniela Chacón, referenta de Marea de Almirante Brown.

“Somos trabajadores de la economía social y popular. Cada compañera que revuelve la olla día a día, se levanta y trabaja para tratar que a nadie le falta ese plato de comida tan necesario, que ahora corre riesgo. Tiene hambre también la gente que tiene un trabajo registrado y tiene que pagar alquiler, impuestos… La heladera vacía la tiene todo el país”, sentenciaba Chacón. Un cartel, un par de metros más allá, decía: “El hambre no se tolera. La dignidad no se negocia”.

China, referente de Proyecto 7, una organización que trabaja con y para personas en situación de calle desde la crisis de 2001, analizó: “Todo va tornándose más parecido a ese momento. Si bien la coyuntura es distinta y los motivos por los que se llega hasta ahí, las medidas son similares en varios aspectos”.

“Hay un montón de comedores que sostienen, no es la solución, pero es un parche muy necesario porque hace que la gente no caiga desmayada, que los chicos puedan seguir yendo al colegio, que los padres puedan alimentar a sus hijos… Familias enteras vienen al nuestro con un tupper gigante para cinco. Todo lo que juntan es para pagar una habitación en un hotel familiar”, relataba China. En diagonal al puesto donde Proyecto 7 repartía a los manifestantes pan dulce de su fábrica y fruta, está el hotel de lujo Four Seasons.

En Arenales y Pellegrini, un contingente de turistas europeos se bajaron de un taxi y con sus grandes maletas entraron a uno de los hoteles internacionales de Retiro. Algunos miraban hacia el cielo, otros hacia las baldosas, pero ninguno a los ojos de la larga fila contra el hambre o a los de dos hombres que dormían en la esquina, sin percatarse de que formaban parte de la hilera. Su colchón era una caja de cartón desarmada para compartir y una mochila vacía oficiaba de almohada. Por fuera de lo puesto, su única pertenencia eran las 10 ciruelas entregadas por Proyecto 7.

En la puerta secundaria del Ministerio de Capital Humano, tres personas que habían asistido a la jornada de protesta anterior con su documento en mano agitaban: “Pettovello, Pettovello/ ya tengo el documento/ la gente tiene hambre/ vos no estás atendiendo…”. María, jubilada de Dock Sud, sostenía un cartel en el que decía que no llegaba a fin de mes y tenía que trabajar para poder ayudar a criar a su nieto. “Cada vez hay más personas para retirar la vianda y no tenemos mercadería”, contaba.

A su lado, estaba Andrea, también con delantal y un cartel: “Soy cocinera en un comedor. La gente hace fila para poder comer”. Sumaba a lo que decía su compañera: “Lamentablemente cada vez somos más en el barrio. No llegamos. Me rompe el corazón que no todos puedan llevar un plato de comida a su casa. Hay gente que viene con criaturas”, puntualizaba. Pero la incertidumbre y la angustia también está en su vida personal: no sabe si va a poder mandar a sus dos hijos adolescentes a la escuela. “Es una lucha que venimos dando y la fe es lo único que nos queda”, suspiró Andrea.

Walter Córdoba, Secretario de Bienestar de la UTEP y coordinador de Barrios de Pie CABA, declaró: “Lo que hizo la ministra fue un acting. No quiso dar respuesta y planteó que era un caso individual de la familia, no una situación estructural del país, de pobreza, de desequilibrio económico, de inflación”. Además, agregó: “No ejecutaron las partidas que tienen del presupuesto: no hay asistencia alimentaria y están amagando con el pago del Potenciar Trabajo y están frenando todos los proyectos”. La puerta principal del Ministerio está vallada y la secundaria está llena de efectivos de la Policía Federal. “Es una política social la de reprimir a los pobres. Son duros con los humildes, pero no con las empresas y las élites”.

Máximo Viedma de Merlo se sentó en la vereda de un local de comida colombiana: “Estamos acá para reclamar que no siga el ajuste para los que menos tienen. Está ajustando a los más vulnerables”. En su comedor atienden a 67 personas mayores para la olla popular y a 138 chicos. Beti, estudiante de FINES y trabajadora en un merendero, dijo con lágrimas en los ojos: “Abastecemos a 30 chicos, pero no tenemos mercadería suficiente para toda la semana. Si los chicos tienen hambre, no pueden pensar para hacer la tarea”.

“Tengo 60 años y no tengo estabilidad laboral, lo que puedo hacer, lo hago. El tema es que no es una situación normal, para todos los que no tenemos un ingreso mensual, la situación empeoró. No podemos planificar nada y la mayoría tiene que comer algo en los comedores”, describió Viedma. “Esta es una economía informal: es gente trabajadora que no tiene estabilidad laboral. No es de ahora. Con la dictadura se ha implementado con golpe de Estado, uno de estos sistemas en los que dejan a la mayoría de la gente afuera para lograr una mano de obra barata, esclavizante o, directamente, esclava”, analizaba Viedma.

En los parlantes de los movimientos sociales, ubicados a pocos metros de la puerta secundaria, comenzó a sonar “Sos botón”. Los federales con su chalecos y con sus armas listas se reían. Dos de ellos salieron hasta la camioneta a buscar algo cantando sonrientes: “Vos ya no sos el vago, ya no sos el atorrante/ Al que los pibes lo llamaban El Picante/ Ahora te llaman botón”.

La semana anterior, Miriam del Comedor de Pie de Retiro se había corrido a la sombra cuando desde adentro del Ministerio empezaron a arrojar gas pimienta. Tardaron en darse cuenta y en conseguir leche para detener el ardor, en especial de los ojos, por lo que algunos compañeros tuvieron que ser hospitalizados. Con un cartel que de un lado rezaba “la casta no es el pueblo”, ahora decía en el reverso: “Acá seguimos en la lucha hasta que nos atiendan y que normalicen la situación en los comedores”.

“Cuidado, compa, que ahí viene la virgen”, avisó un chico rubio liberando un espacio de la vereda. Esta vez, los movimientos sociales sí pudieron hacer un acto de cierre. Los Misioneros de Francisco llevaban en sus hombros tres vírgenes María. Frente a la puerta secundaria y sus federales, Alejandro Gramajo, Secretario General de la UTEP, tomó la palabra: “Hemos hecho una jornada de lucha pacífica, como siempre. Nos movilizamos con masividad acá, pasando la Av. San Juan, y en muchas provincias. La semana pasada vinimos ante este Ministerio de Capital In-humano y nos recibieron con palos. El pueblo está acá no por deporte, sino porque se está cagando de hambre”.

Los manifestantes vitorean, sintiendo las palabras como suyas, y los federales y administrativos tratan de mantener un temple serio. “Si el pueblo sufre hambre, ante la ausencia del Estado, nos vamos a seguir movilizando, pero sobretodo vamos a seguir trabajando solidariamente con el conjunto del pueblo argentino. Vamos a luchar pacíficamente, pero no por eso vamos a ser menos determinantes a la hora de seguir construyendo acciones. Una vez más nos movilizamos acá y la respuesta es de espaldas al pueblo”, apuntó marcando las palabras.

Cuando terminó de hablar, de los parlantes empezó a sonar el himno nacional. En las primeras notas, la gente cantó “U-ni-dad de los trabajadores/ y al que no le gusta/ ¡se jode, se jode!”. Todos los manifestantes lo vitorearon con ganas. Un hombre que sacudía con emoción una bandera gritó “Cantálo, vendepatria” a los ojos de uno de los oficiales, recordándoles que antes de ser vigilantes, también fueron pueblo.

 

9.440 personas viven en la calle

9.440 personas viven en la calle

Según el Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle, la mayoría duerme en la Ciudad de Buenos Aires. Uno de cada tres sufrió violencia policial.

Organizado por el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y Nuestramérica Movimiento Popular y con la adhesión de organizaciones sociales, civiles, eclesiásticas y académicas, el Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle (ReNaCALLE) 2023 se realizó en 11 ciudades de distintas regiones del país: Pergamino, Morón, San Fernando del Valle de Catamarca, Paraná, Malvinas Argentinas, Ciudad de Santa Fe, Lanús, Corrientes Capital, Libertador General San Martín (Mendoza), San Salvador de Jujuy y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El resultado reveló que al menos 9.440 personas se encuentran en situación de calle.

A pesar de que en el 2021 se aprobó la ley N° 27654 “Situación de Calle y Familias Sin Techo”, que tiene como objetivo garantizar los derechos humanos de las personas en situación de calle y en riesgo a estarlo, la misma no es aplicada por el Estado. Nicolás Silva, referente de la Red Puentes Federal – Nuestramérica Movimiento Popular, aseguró en diálogo con ANCCOM: “No hubo decisión política de aplicar la ley tal como lo proponemos desde las organizaciones sociales”. Por eso, 1.500 relevadores y relevadoras, de manera voluntaria y con una capacitación previa, salieron a las calles a encuestar y conocer las historias de vida de un sector de la sociedad históricamente invisibilizado.

El ReNaCALLE tiene como fin comprender la problemática a nivel nacional y conseguir la información necesaria para realizar un diagnóstico y así impulsar el diseño y la implementación de políticas públicas nacionales acordes a esta situación. Este relevamiento no sólo tuvo en cuenta aspectos cuantitativos, sino que en él también se hizo hincapié en cuáles son las principales necesidades de las personas en situación de calle, si sufren algún tipo de violencia y cuál es su cuadro en relación a la salud, la educación y el trabajo. “No sólo se releva cantidad de personas sino que pasa por un montón de aristas para conocer la situación particular de cada persona, no son números deshumanizados”, afirmó Silva.

En el censo 2022 del INDEC fue la primera vez que se midió el índice de personas en situación de calle. El mismo arrojó que 5.705 personas viven en la vía pública, número altamente inferior al que relevó el ReNaCALLE. Silva señaló que el organismo no quiso tener en cuenta la metodología que le plantearon desde las organizaciones sociales y por eso arrojó una cifra menor. “Nos pareció urgente ponernos este relevamiento al hombro porque desde el Estado no se hizo y se dieron números mentirosos. Si el INDEC dice que en tal ciudad no hay personas en situación de calle, esa ciudad no va a tener políticas públicas para una problemática que según el Estado no existe”, argumentó.

“Las personas en situación de calle tienen todos los derechos vulnerados, tienen un modo de vida muy complejo. Esta población ya está resignada, cuando nos acercamos a relevar a las personas muchos no quieren responder porque sienten que esto no va a cambiar nada y tienen razón porque desde el Estado no hay una respuesta”, agregó.

“El discurso de derecha que se fue instalando últimamente del ‘sálvese quien pueda’ dice que la gente en situación de calle no trabaja, que está ahí porque quiere, que es una decisión personal, pero no es así, la mayoría labura y se la rebusca”, subrayó Silva. El informe expuso que un gran porcentaje de las personas en situación de calle trabajan de manera informal, y que el resto se encuentra buscando trabajo: un 64,4% respondió que trabajó al menos una hora en la última semana.

Los resultados dieron que de las 9.440 personas en situación de calle el 83,3% se percibe varón y el 15,3% se percibe mujer. Respecto al rango etario, un 88,9% son mayores de edad (estando un 28,51% de ellos en una franja etaria de 30 a 39 años) mientras que un 11,1% (1.104) son niños, niñas y adolescentes. Según el informe, una persona se encuentra en situación de calle cuando durmió al menos una noche en el último mes en espacios públicos. El 47,4% de estas personas declaró que es la primera vez que está en calle.

En relación a la salud, apenas el 36,8% aseguró que en el último año se hizo un chequeo médico mientras que las problemáticas de salud mental fueron las más predominantes con casi un 28%. Un 65,7% afirmó que acude a hospitales públicos ante dolencias. Además, uno de cada tres personas declaró que sufrió violencia policial y el 52,3% de las mujeres y personas trans y travestis manifestaron haber sufrido violencia de género.

Por último, se relevaron 55 espacios con 3.628 plazas donde se puede pernoctar, esto hace que el 61,5% de las personas en situación de calle no tenga lugar. Además, en 5 de las 11 ciudades encuestadas no existen espacios que ofrezcan  el servicio de pernocte.

La pobreza sin fin

La pobreza sin fin

El gobierno de Javier Milei recibirá un país con el 40 por ciento de pobres. El plan de ajuste que asoma, probablemente haga crecer ese índice. ¿Por qué las políticas públicas no aciertan con las soluciones?

 

En el primer semestre de 2023, la pobreza en Argentina afectaba al 40,1% de la población según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC). Con la aceleración inflacionaria de estos últimos meses, ese índice seguramente trepó. Este preocupante panorama, combinado con el inminente cambio de gobierno, sitúa en el centro del debate la pregunta por las políticas públicas respecto de esa problemática.

Mariana Heredia, socióloga de la UBA e Investigadora del CONICET, analiza el contexto actual: “La sociedad argentina está en una situación delicada en la que el Estado está desplegando todas las políticas sociales de contención que puede. Todas condiciones que hoy están, dentro de un tiempo pueden no estar”.

Las políticas sociales predominantes en las últimas décadas, tanto en Argentina como en la región, fueron las transferencias de ingresos. Heredia, autora de libros como ¿El 99 % contra el 1%? Por qué la obsesión con los ricos no sirve para combatir la desigualdad sostiene que “estas políticas significaron un gran avance, pero no acabaron por resolver el problema. No terminaron de coordinarse con políticas de bienestar y empleo que permitieran efectivamente que los hogares más modestos pudieran hacer frente a las necesidades más elementales”.

En línea con esta perspectiva, Belén Aenlle, socióloga de la Universidad Nacional del Salvador, doctora en Ciencias Sociales de la UBA y docente de la carrera de Trabajo Social en la Universidad Nacional de Moreno, plantea que “la política social en estos 40 años de democracia se ha ido fragmentando. Un mismo grupo familiar puede recibir numerosos programas y sin embargo no cubrir la canasta básica.” Añade: “Las políticas piensan en intervenir sobre las consecuencias de la pobreza, cuando en verdad hay que pensar primero en la redistribución del ingreso, la generación de trabajo y la política social en conjunto”.

La problemática de la pobreza en nuestro país es compleja y su abordaje requiere considerar con urgencia la situación coyuntural. Daniel Arroyo, diputado nacional del FdT y exministro de Desarrollo Social, afirma que hoy el principal problema es el elevado precio de los alimentos que coexiste con salarios considerablemente desmejorados.

“Esto se refleja en dos situaciones. Una es que baja la desocupación, pero la pobreza sube. La otra es que en los barrios hay más actividad económica, pero necesitan el aporte de los merenderos para llegar a fin de mes. Esto quiere decir que los ingresos son muy bajos, producto de la inflación y los altos precios de los alimentos”. El exfuncionario plantea que la principal política social a implementar hoy es la estabilización de los 1.900 productos de la canasta básica, lo que podría marcar un punto de partida para construir políticas destinadas a combatir la pobreza.

Los problemas estructurales de la Argentina demandan transformaciones intensivas, que impulsen mejoras en cada etapa y aspecto de la vida. Frente a un escenario en el cual el 56% de los niños viven en condiciones de pobreza, según mediciones del INDEC, la intervención del Estado en la educación es fundamental.

Arroyo argumenta que “una reforma en la escuela secundaria puede cambiar la realidad social”. La promoción de una escuela moderna, vinculada a la tecnología y con una modalidad más flexible, no solo podría atraer a los estudiantes, sino también proporcionarles instrumentos más efectivos para su futuro.

En la actualidad, la escuela secundaría enfrenta graves problemas de permanencia, falta de incentivos y deserción. Heredia plantea que parte de esta crisis se debe a que “las instituciones educativas hoy no están lo suficientemente equipadas en términos pedagógicos, en cuestiones de infraestructura para despertar el interés de los alumnos, para ofrecerles herramientas para que después consigan mejores trabajos. Esto genera mucha frustración en los jóvenes”. 

La discusión sobre la mejora de las condiciones de vida y la reducción de la pobreza también tiene al sistema laboral como punto central. Aenlle destaca que “las políticas sociales de las últimas décadas no han podido revertir el debilitamiento del empleo asalariado. El trabajo siempre funcionó como gran integrador social y en este contexto se pierde la posibilidad de fortalecer la identidad y los lazos sociales».

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 45% de las y los trabajadores en Argentina están en condiciones de informalidad. Esto implica trabajar en situaciones de máxima vulnerabilidad, con esquemas laborales precarios y desamparados de las protecciones sociales. Arroyo señala que “hay que apuntar a fortalecer la mano de obra intensiva, la construcción, el textil, la producción de alimentos, los sistemas de cuidado y reciclado, donde se desempeñan los sectores más desfavorecidos”.

Otro eje central es el acceso a una vivienda digna. Heredia señala que “existe una generación de inquilinos, formales e informales, que tiene graves dificultades para acceder a la vivienda”. La escalada inflacionaria y los salarios rezagados, anclados en una desprotegida lógica laboral, revelan considerables obstáculos para materializar el proyecto de la casa propia, situación que vulnera los derechos de la ciudadanía.

En paralelo, Arroyo añade que hay un importante problema de vivienda e infraestructura en los barrios populares, donde habitan millones de personas sin acceso a los servicios básicos y en condiciones de precariedad. “Hay políticas que se han llevado a cabo para urbanizar los barrios y deben profundizarse. Se creó un fondo para hacerlo, el Registro Nacional de Barrios Populares. Durante mi gestión urbanizamos 600 barrios, quedan 5.600 por delante”.

El desafío que enfrenta Argentina ante la pobreza demanda una reflexión profunda sobre el impacto de las políticas sociales. Como sostiene Aenlle: “Lo que no podemos poner en cuestión es la necesidad de un Estado presente con políticas de fuerte intensidad, que pueda cubrir el piso mínimo de necesidades de un grupo familiar, que tienda a garantizar trabajo, salud, empleo, asistencia social, educación. Los programas sociales deberían empezar a transformar esa fragmentación para pensar en grandes líneas de políticas públicas”.