Absuelven a cuatro manifestantes del Chubutazo

Absuelven a cuatro manifestantes del Chubutazo

Sep 23, 2024 | Comunidad, Destacado 3

Un tribunal popular declaró «no culpables» a los acusados de incendiar el diario El Chubut en la manifestación de diciembre de 2021 contra la rezonificación minera.

El pasado 19 de septiembre un jurado popular absolvió a cuatro manifestantes implicados por las protestas de diciembre del 2021, una histórica jornada para la provincia de Chubut en la que una pueblada sin precedentes consiguió derogar el Proyecto de Zonificación Minera.

Marcos Antonio Wilipán, Víctor Emanuel Cotut, Jonathan Andrés Luna Almada y Walter Eduardo Medina fueron declarados “no culpables” en la causa llevada a juicio por la Fiscalía de Trelew, acusados de estrago doloso, por daños e incendio  al edificio del diario El Chubut, ocurridos el 20 de diciembre de 2021.

Este hecho implica una nueva derrota para quienes se han dedicado a perseguir sistemáticamente a grupos ambientalistas en la provincia, criminalizando los actos de protesta: el Poder Judicial resolvió a favor de los manifestantes, librándolos de culpa.

En la provincia de Chubut han habido numerosos casos de protesta ciudadana en contra de la explotación minera que hace muchos años amenaza con azotar el ecosistema. De estos casos, en la provincia hay muchos antecedentes, y uno de los más importantes sucedió en 2021, el popularmente conocido “Chubutazo”.

 Ha habido victorias y derrotas para ambos sectores. Desde la aprobación de la Ley 5001 en el 2003, que prohibió la actividad minera metalífera a cielo abierto y con uso de cianuro, gran hito para la lucha ambientalista, hasta la adhesión del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), impulsado por el gobierno de Javier Milei y votado por mayoría en la Legislatura de Chubut, el pasado mes de agosto.

El 15 de diciembre de ese año, la Legislatura chubutense aprobó el “Proyecto de Desarrollo Industrial Minero Metalífero Sustentable de la Provincia de Chubut”, un proyecto de zonificación minera que dejaba el medioambiente local a merced de la megaminería.

Esto provocó una enorme respuesta popular que implicó seis días seguidos de manifestaciones en Rawson y Trelew, enmarcadas en tiempos de represión policial y persecución judicial de quienes salieron a las calles en defensa del agua. Durante esa jornada hubo 56 detenidos.

En el segundo artículo de la Ley 5001 había un permiso de zonificación para ejercer la explotación en una parte delimitada de la provincia. Dicho artículo tenía como fecha de caducidad 120 días después de aprobada esa ley, en 2003. A pesar de ello, el proyecto de zonificación fue presentado por el entonces gobernador Mariano Arcioni, tomando ese artículo sin vigencia, y haciendo una delimitación en el departamento de Telsen y la localidad de Gan Gan para poder realizar actividades de explotación minera.

En diálogo con ANCCOM, Noelia Silva, activista ambientalista y comunicadora social, dijo que “ese proyecto lo aprobaron en una sesión especial con el pueblo en la calle, los que estábamos ahí nos dispusimos a bloquear las salidas de la Legislatura, pidiendo a los diputados que reviertan esa aprobación, y automáticamente apareció la Infantería y empezó a disparar sin mediar palabra”. Aquella noche del 15 de diciembre la represión continuó hasta las cuatro de la mañana, “eso sucedió durante seis días ininterrumpidos, en Rawson y Trelew”, agregó Silva.

Finalmente, se derogó el Proyecto de Zonificación Minera, gracias a la Ley 5.001 y a las rebeliones populares que, luego de casi una semana de represiones y protestas, consiguieron una de las victorias más importantes en la lucha contra la explotación minera.

La disputa de los grupos ambientalistas en contra de la megaminería ha sido un conflicto constante y sin final, que ha consignado los últimos 20 años en la provincia. En esta pugna también se han visto recurrentemente involucrados los diputados y gobernadores oficialistas, que en muchas oportunidades se han articulado con el Poder Judicial para criminalizar estas manifestaciones.

Son muchos los casos ya en los que las protestas se han visto obstaculizadas por denuncias y causas armadas, la mayoría de ellas que no llegaban a ningún lado. A esto, además, se le ha sumado la operación de los principales medios de comunicación de la provincia que se han encargado de inculpar a los ambientalistas. Este conflicto en la provincia, aún hoy, sigue estando vigente, y lejos está de concluir.

Todavía quedan ocho ciudadanos con juicio pendiente por las protestas del 2021, uno de ellos por el supuesto incendio de la Fiscalía y Casa de Gobierno, y los otros siete inculpados por daño y hurto, que consiguieron seis de ellos la suspensión del juicio a prueba.

Incendio a las oficinas del diario El Chubut

El 20 de diciembre de 2021, en el marco de esta jornada de protestas, un grupo numeroso de manifestantes que habían participado de un corte de ruta, marcharon alrededor de las 18 horas hacia la ciudad de Trelew. Allí se acercaron a inmediaciones del edificio del diario El Chubut como forma de protesta de la relación cómplice que entienden los manifestantes tiene esa redacción con el Poder Ejecutivo. “Siempre hay un reclamo fuerte, pero ese día se desbandó”, comentó Silva.

En ese momento, se dan los hechos por los que son llevados a la justicia los cuatro imputados recientemente absueltos, acusados de daños al edificio por lanzar piedras y de incendios provocados por el uso de bombas molotov, hecho que no se pudo probar. Incluso uno de los acusados, Walter Medina, declaró que ni siquiera había estado en el lugar de los hechos porque estaba en reposo por una fractura.

Igualmente, Medina había tenido una orden de captura, y fue detenido junto a otras personas, y apresado preventivamente durante una semana hasta que fue liberado por el reclamo popular. “Estaban sufriendo una preventiva de 60 días sin ningún tipo de prueba en contra”, explicó Silva.

 

Mientras eran juzgados, todos ellos declararon no haber participado en los hechos de los que se les acusaba. Y fueron claves los testimonios de algunos testigos para poder evidenciar su no culpabilidad. Un reportero gráfico jubilado, que en ese momento trabajaba en el municipio local, señaló haber visto a quienes habrían iniciado el ataque, un grupo de personas encapuchadas y vestidas de negro que rápidamente habrían huído del lugar.

Debido a que muchos jueces tuvieron que correrse para tomar la presidencia del tribunal por la exposición mediática que esto implicaba, se decidió que ese proceso iba a ser llevado a cabo por un jurado popular. La jueza María Laura Martini, por ejemplo, luego de elevar el juicio a prueba por la quema de Casa de Gobierno recibió un fuerte amedrentamiento por muchos de los medios más importantes de Chubut, e incluso una diputada presentó un proyecto para rever el pedido de traslado a Rawson, por motivos laborales, que Martini había solicitado un mes antes de esa resolución y que, finalmente, fue rechazado por el Consejo de la Magistratura.

“Nosotros realmente no sabemos cómo pueden salir las cosas con el sistema judicial, porque está mediáticamente expuesto que hay un apriete y un control del Ejecutivo sobre el mismo”, comentó Silva, y explicó también la incertidumbre que tenían los acusados por ser juzgados por un jurado popular: “En la provincia se estigmatiza mucho a la protesta social, y a nosotros realmente nos daba miedo que los vecinos tuvieran que resolver”, apuntó. No obstante, el último día de juicio, el jurado determinó de forma unánime la inocencia de los imputados.

 

 

 

Luz verde para el extractivismo en Río Negro

Luz verde para el extractivismo en Río Negro

Dic 8, 2023 | Comunidad, Destacado 5

El Parlamento local aprobó la reforma a las leyes de Tierra y Minería. Las comunidades originarias quedan más desprotegidas.

La Legislatura de Río Negro volvió a tratar las leyes de tierras y minería y, como era de esperar, se aprobaron las reformas impulsadas por el gobernador electo, Alberto Weretilneck. Con 33 votos a favor se dio vía libre para el extractivismo en la provincia en perjuicio de los derechos de las comunidades originarias. 

En la mañana del viernes, la Legislatura de Río Negro aprobó, en segunda vuelta parlamentaria, la reforma de un paquete de cuatro iniciativas que figuraban en la Ley original de Tierras y en el Código Minero. Por un resultado muy parecido al del 17 de noviembre (33-11, ahora 33-12), las medidas impulsadas por el Gobierno provincial con el fin de adaptar las prácticas mineras a los estándares internacionales se harán efectivas.

Hecha de manera inconsulta y a puertas cerradas,la reforma regulará el destino de las tierras fiscales, alrededor de cinco millones de hectáreas pobladas en su mayoría por comunidades indígenas que todavía no tienen su titularización porque desde hace más de 10 años se suspendió en la provincia su relevamiento, tal como debería hacerse según lo establece la Ley 26166. 

En concreto, el cambio habilita a las sociedades anónimas con capitales extranjeros y a emprendimientos inmobiliarios a ser acreedores de esas tierras fiscales, relegando el uso social y su función agropecuaria.

Orlando Carriqueo, vocero del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro.

El secretario de Minería, Joaquín Aberastain Oro, afirmó que el proyecto se apoya en “una minería sostenible, responsable y en línea con las normativas internacionales que promueven la transparencia y la participación comunitaria». Por su parte, Facundo López, legislador de Río Negro, indicó: “No venimos a perjudicar a nadie, y menos a los pueblos originarios, porque cualquier inconveniente se sale del esquema de esta ley para ir por el régimen especial que tienen las comunidades”. Lo que no dijo, o nadie le preguntó, es ¿quién garantiza que el gobierno de Javier Milei, o el de Alberto Weretilneck, vayan a cumplir con otorgar estatus especial alguno a las comunidades indígenas?

Por su parte, el Parlamento Mapuche Tehuelche, acompañado por la CTA Autónoma y otras organizaciones, se manifestó a lo largo de los días previos, inclusive en la jornada de hoy, en la entrada del edificio del Parlamento para defender los derechos de los pueblos indígenas. Además, otras organizaciones provinciales como la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de San Carlos de Bariloche hacen fuerza para que, pese al aval de la Legislatura, no se avance sobre los derechos de los rionegrinos.

“Se acaba de sancionar la modificación de la Ley 279 junto a tres leyes mineras, los diputados lo hicieron rodeados por la policía. Sepan que no van a ingresar a nuestros territorios comunitarios. Sepan que vamos a continuar recuperando territorios”, dijo Orlando Carriqueo, vocero del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro.

Cuando todos los flashes se centran en un “desarrollo sostenible”, las comunidades originarias no aparecen en el orden de prioridades de los gobiernos provinciales y las corporaciones multinacionales. 

Avance de las corporaciones extractivistas en Río Negro

Avance de las corporaciones extractivistas en Río Negro

Dic 6, 2023 | Comunidad, Destacado 3

Este jueves la Legislatura local tratará la reforma de cuatro leyes que favorecen a las trasnacionales mineras y perjudican a los pueblos originarios. La oposición del Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos y de las universidades, entre otras instituciones.

El pasado viernes 17 de noviembre, la Legislatura de Río Negro aprobó, por 33 votos positivos frente a 11 negativos, en primera vuelta, el paquete de cuatro iniciativas que consisten en la reforma de la Ley original de Tierras y del Código Minero. El segundo tratamiento será el jueves 7 de diciembre, tres días antes de que asuma el gobernador provincial Alberto Weretilneck. Lo curioso es que el 10 de este mes, Juntos Somos Río Negro, la alianza política que impulsó estas reformas, dejará de tener mayoría en la Legislatura.

La Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Legislatura recibió distintos cuestionamientos al proyecto de reforma de la ley original de Tierras y a las tres iniciativas de cambios para el sector minero, que incluyen el Código de Procedimiento, la distribución de las regalías y la conformación del Consejo ambiental. El cuestionamiento oficial corresponde al secretario del bloque de Unidad Ciudadana, referido a los tres proyectos mineros; mientras que las cuatro propuestas fueron rechazadas por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, regional Viedma y Patagones; los participantes en el tercer Congreso Argentino de Agroecología e integrantes de las Universidades Nacionales del Comahue y de Río Negro.

Lorena Cañuqueo es integrante de la comunidad Newen Ñuke Mapu, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Río Negro y forma parte del GITAAC (Grupo de Investigación sobre Territorializaciones, Alteridades y Agencia Colectiva en Nor-Patagonia). En contacto con ANCCOM, mostró su indignación por la falta de participación y consulta a los mapuche y calificó a la reforma como un cambio que llega a regular la transferencia de las tierras rurales donde viven las comunidades indígenas. “Nos oponemos a todas estas formas de enajenación, despojo y daño del territorio. Atentar contra el agua, los bosques, la meseta, la cordillera, los valles y todas las formas de vida que habitan la Mapu es atentar contra la vida del pueblo mapuche”, expresó.

La Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma emitió un comunicado en el que rechaza las reformas en las leyes de tierras y minería aprobadas en la Legislatura. En éste, Orlando Carriqueo, werken del Parlamento Mapuche Tehuelche de la provincia y dirigente de la CTA de Río Negro, denuncia que la aprobación exprés fue realizada sin consulta previa libre e informada a las poblaciones que habitan esos terrenos.

Tal como indica el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el Estado tiene la obligatoriedad de garantizar el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados bajo un carácter previo y libre, de buena fe y de información completa y culturalmente adecuada. En este caso, como en tantos otros, el protocolo no se cumplió. “Entendemos que no se nos consulta ni se nos comunica porque esta reforma viene a dar apertura al neoextractivismo megaminero, al negocio inmobiliario y a la profundización de la desigualdad en Río Negro”, analizó Lorena Cañuqueo.

De cara al futuro, anticipa el objetivo de las corporaciones y de la derecha: “Los proyectos neoextractivistas necesitan sociedades fragmentadas y empobrecidas para entrar sin oposición. La derecha avanza para ampliar las brechas de desigualdad. Sabemos por la experiencia y por ver similares procesos en otras partes de América Latina que para que avance el extractivismo es necesario profundizar la violencia racista y estigmatizar a los colectivos que defendemos la vida.” En este sentido, declaró que “la postura pública que han adoptado los referentes de los partidos que gobernarán el país va en contra de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos indígenas.”

Sin embargo, la mapuche marca los pasos a seguir para frenar este avance y concluye: “Ojalá que podamos fortalecernos para que esa pobreza no llegue a debilitar nuestros valores y que desde nuestros espacios colectivos comencemos a articularnos, no sólo para afrontar las avanzadas neoliberales, sino también para proponer otros proyectos de vida posibles que sean respetuosos del territorio que nos da la vida.”

 

Por estas horas se reproducen en Río Negro las protestas, como la de las primeras comunidades mapuche tehuelche de diferentes puntos de la provincia que marcharon el miércoles 6 a la Legislatura provincial y se instalaron en la puerta a la espera de la sesión del jueves 7. También se pronunció la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de San Carlos de Bariloche, conformada al calor del 36º Encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, intersexuales e identidades no binaries. Este nuevo colectivo expresó que “rechaza cualquier intento de modificación de la Ley de Tierras Fiscales vigente en la provincia de Río Negro y el proyecto de Ley que se presentó para establecer un nuevo código de procedimientos mineros, sin la consulta previa establecida por la Constitución del Estado argentino y sin consenso social de la ciudadanía de la provincia”. La Multisectorial agregó: “Pudimos a lo largo de todo el año escuchar y recoger experiencias de distintas regiones del territorio rionegrino y observamos que son las mujeres mapuches las que en su mayoría resisten en soledad en sus territorios el avasallamiento de los intereses privados y la extranjerización de la tierra. Que no sea el Estado, una vez más, quien violente a las mujeres en sus tierras sino que sea quien las contenga frente al avance sobre sus derechos”.

 

Reprimieron a los vecinos de Andalgalá

Reprimieron a los vecinos de Andalgalá

May 4, 2022 | Comunidad, Destacado 2

Un día después de que el Gobierno nacional invitara a una mesa de diálogo para resolver los problemas planteados ante la actividad minera en el país, en Andalgalá la policía catamarqueña atacó con balas de goma a los manifestantes que cortaban la ruta.

Ayer por la noche, la policía de Catamarca, bajo la orden del Gobierno provincial, reprimió con balas de gomas a los vecinos del acampe en Choya (al norte de Andalgalá) que bloqueaban el avance del proyecto minero MARA (Agua Rica – Alumbrera).

La asamblea catamarqueña por el agua “Aguapucará” afirma que hubo heridos y en un comunicado denunció que “la policía empezó a disparar balas de goma a mujeres y ancianos. Hay heridos en el hospital y llaman a convocar a la Plaza. El Gobierno en silencio. La oposición en silencio. Los organismos de derechos humanos, el Gobierno en silencio. Todos miran para otro lado, mientras la policía dispara”.

ANCCOM pudo contactarse con una vecina de Andalgalá que estuvo en el momento y describió las escenas. “Cuando la gente acepta que pasen los trabajadores pero no el combustible para las máquinas, es allí donde comienzan a gritar los vecinos y la policía comienza a empujarlos y sacarlos del camino mientras golpean a mujeres y ancianos. Al bajar la policía -agrega-, un vecino de Choya, ya con la noticia de que les pegaron a sus compañeros arriba, no los deja pasar por su territorio, lo que una vez más enfurece a la policía y comienza a abrir fuego con sus armas, atacando así a niños y mujeres. En ese momento arrestan a Carina Orquera, vecina de Andalgalá”.

Durante la mañana de ayer, diferentes organizaciones y medios sospecharon que algo podía pasar y dieron el alerta. “Vecinas y vecinos: son las 6 de la mañana y ya pasaron 7 camionetas y 1 camioneta jaula de la policía, rumbo a Capillitas -anunciaron en el mensaje que circuló en las redes,- a desalojar a lxs hermanxs choyanxs que están defendiendo el agua de todxs. Tenemos que estar alerta para defender a nuestros hermanos y hermanas de Choya”.

MARA es un proyecto minero que reutiliza la infraestructura que se empleó en el primer yacimiento megaminero del país, Minera Alumbrera, reconocida por su impacto ambiental y porque fue instalada con la zanahoria de que generaría miles de fuentes de trabajo. Este nuevo proyecto está previsto para ser diez veces más grande que la Alumbrera y los vecinos de Andalgalá no quieren saber nada más de la destrucción de sus tierras y contaminación de sus ríos. 

La obstrucción del camino, en plena nevada, se llevó adelante con la intención de frenar el avance de la maquinaria que comenzaría con la construcción del proyecto minero y convocar al gobernador de Catamarca, Raul Jalil, para que observara los daños que estas maquinarias producen en el Río Choya.

No es la primera vez que se ejerce violencia institucional contra activistas socioambientales en Andalgalá. Vecinos de la zona denuncian allanamientos masivos, violencia policial y detenciones arbitrarias constantes, como las de hace tan solo un año, el 12 de abril de 2021, cuya noticia fue cubierta por los medios nacionales..

 Paradójicamente, el día anterior a la represión el Gobierno nacional había presentado una mesa de diálogo, MEMAC (Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad), un espacio que pretendía servir para “el diálogo público, constructivo y federal sobre minería”. El mismo día por la mañana, una extensa lista de asambleas, organizaciones y personalidades armaron un comunicado en rechazo a esta mesa por la poca sino nula representación ciudadana e incumpliendo el acuerdo de Escazú, firmado en Costa Rica en 2018 y del que participó Argentina, por el que se compromete a los gobiernos de América Latina y el Caribe a un transparente acceso a la información, la participación ciudadana y a la justicia en asuntos ambientales. Unas horas después no llegó la representación, sino la represión. 

Llevada adelante por el Gobierno nacional y con la presencia de Jalil, la fallida mesa muestra que el diálogo al territorio frío y hostil no se acerca, sino que queda solo entre cafés y trajes elegantes.

Chubutazo

Chubutazo

Dic 21, 2021 | Comunidad, Destacado 1

En tan solo seis días, las movilizaciones populares de los vecinos y organizaciones sociales provinciales lograron que se derogue la ley que habilitaba la minería en el desierto patagónico.

La Legislatura de Chubut acaba de aprobar por decisión unánime la derogación de la ley XVII N° 149 de Desarrollo Industrial Minero Metalífero Sustentable de zonificación minera sancionada el pasado 15 de diciembre por este mismo cuerpo. El gobernador Mariano Arcioni había anunciado ayer su intención de derogar la ley y llamar a un plebiscito, luego de cinco días de lucha y movilización en la provincia de Chubut en rechazo por la sanción de la Ley XVII 149 de zonificación minera que acababa de ser aprobada por esta misma legislatura por 14 votos a favor y 11 en contra. Este proyecto de derogación se trató hoy en la legislatura junto con otros dos proyectos presentados por legisladores provinciales. La decisión del ejecutivo llegó de forma imprevista luego de que tres días antes Arcioni declarara que no retrocedería con la promulgación de la ley.

 El miércoles 15 de diciembre a última hora y de manera imprevista se trató y aprobó en la legislatura chubutense el proyecto de ley que disponía la zonificación de la provincia y autorizaba la radicación de proyectos mineros en la zona de la meseta central de la provincia, en los departamentos de Telsen y Gastre. Esto se desprendía de un artículo de la Ley Provincial 5001 que prohíbe la explotación minera a cielo abierto y la utilización de cianuro, pero establece la posibilidad de determinar zonas que quedarían exceptuadas de esta regulación particular. “El problema es que esto abre las puertas a las grandes corporaciones mineras, cosa que hasta el momento no había ocurrido. Los chubutenses tenemos la certeza de que esto es el mascarón de proa, con esto entran a la provincia y ya después no los pueden frenar”, reconoció Marcos Ponce, vecino de la ciudad de Esquel, abogado y buzo profesional comprometido con la conservación del ambiente.

 Aprobado el proyecto en la Legislatura, el gobernador de Chubut promulgó la ley inmediatamente y la reacción de las asambleas y vecinos autoconvocados no se hizo esperar. “Sabíamos que estaba previsto que se tratara la ley el 16, pero la sacaron el día anterior. Ahí automáticamente se generó el movimiento espontáneo de la gente: en Rawson en Trelew, en Esquel y en otras localidades de la provincia, hasta en Comodoro hubo marchas de miles de personas”, relató Cristina Agüero, participante de la Asamblea de Esquel.

La movilización, de más de diez mil personas, se replicó durante los días siguientes en gran parte de las localidades. En las principales ciudades los incidentes y la represión fue desproporcionada. “Está toda la provincia movilizada. Desde la industria pesquera hasta la CTA. Esto no paró hasta la derogación y es lo que se pidió desde cada municipio”, continuó Cristina Agüero.

 La lucha, la declaración como personas no gratas en algunas localidades a los 14 legisladores que votaron a favor de la zonificación y la falta de apoyo de intendentes propiciaron la decisión que se conoció ayer de derogar la ley y la confirmación de hoy por medio de la Legislatura.

 En diálogo con ANCCOM, Javier Tolosano, biólogo docente investigador de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, reconoció: “Lo que se discute además de todas las consecuencias ambientales que puede traer la implementación de este proyecto, es la falta de acceso a la comunidad al proyecto en sí; la poca apertura que ha tenido el gobierno para exponer este proyecto en su totalidad y que la comunidad pueda visualizarlo”. Con este panorama, llama la atención y no genera demasiada confianza entre los asambleístas la idea de un plebiscito.

 “Considero particularmente que se debe dar un debate mucho más amplio sobre algunos de los recursos, principalmente sobre el agua. Nosotros como ciudadanos chubutenses muchas veces no disponemos del agua y se plantea un proyecto de desarrollo de megaminería en un contexto en el cual dos veces por semana nos la cortan; es algo casi provocador. Más allá de todos los problemas que genera la megaminería como actividad productiva, no hay una discusión seria sobre cómo utilizar el recurso agua en nuestra provincia: un lugar que por demás es árido, que tiene conflictos más incrementados por las consecuencias del cambio climático que están exacerbando esas dificultades del acceso al agua”, advirtió Tolosano.