Con una provincia sumergida en una profunda crisis económica, social y política, en noviembre del 2020 el gobernador Mariano Arcioni, presentó ante Nación su plan productivo, el cual incluye un proyecto de rezonificación minera. La iniciativa fue vista, por gran parte del pueblo chubutense, como una provocación y reflotó la lucha anti minera que lleva sin descanso desde hace 18 años. En ese contexto, se produjo la visita del presidente Alberto Fernández a las localidades afectadas por los voraces incendios de la última semana. El primer mandatario recibió reclamos y agresiones de la población: “El problema minero debe resolverlo la provincia”, intentó desligarse.
EL conflicto por la megaminería chubutense lleva ya dos décadas. En el año 2002 la empresa canadiense Yamana Gold desembarcó en la ciudad de Esquel con un proyecto para la explotación de oro e intentó obtener licencia social para llevarlo adelante. “A la charla que dio la empresa, asistieron dos docentes de química de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y todo lo que escucharon no les cerraba por ningún lado. Empezaron a investigar cómo era el proceso de minería y le hicieron llegar esa información a la comunidad. Así se creó un gran movimiento social y político que es hoy No a la Mina” explica Silvia Borgia, vecina de Esquel e integrante activa de la organización.
“La población se empezó a informar y con una lucha muy sostenida se logró, en el año 2003, llamar a un plebiscito no vinculante, en el cual la gente tenía que decidir si quería o no el emprendimiento. El 81.4% de la población dijo que no. A partir de ese momento, la asamblea se sostuvo marchando los días 4 de cada mes. Este movimiento comenzó acá en Esquel y luego se extendió a toda la provincia”, agrega Borgia.
Producto de ese plebiscito, el gobierno provincial sancionó la Ley 5001 (en la actualidad ley 1768) que prohíbe la explotación metalífera a cielo abierto con el uso de cianuro y que, en su Artículo 2 estipula un plazo de 120 días desde la sanción de la ley, para presentar un proyecto de zonificación. “Es una ley rara y frágil porque propone en el primer artículo la prohibición y en el segundo abre la excepción. Eso nos tiene en vilo desde hace 18 años”, comenta Marina Richeri, asambleísta y docente de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de Puerto Madryn.
En 2002 nació el movimiento «No a la mina» en Chubut.
En este marco se conforma la UACCh (Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses), que en el 2013 redacta un proyecto de ley por iniciativa popular, una herramienta de la democracia semi directa contemplada por la Constitución de la provincia. “Entró en la Legislatura en el 2014 y lo presentamos nuevamente el año pasado. Prohíbe totalmente la minería metalífera en todas sus etapas, en todo el territorio sin excepciones y prohíbe el uso de cualquier sustancia tóxica. Lamentablemente tras un escándalo de corrupción, en el que un diputado fue descubierto mensajeándose con un empresario minero en plena sesión, se anuló el debate y volvimos a tener la misma ley frágil”, explica Richieri.
El proyecto de ley 128/20 del Ejecutivo provincial pretende declarar exceptuada la zona de la meseta chubutense, comprendida por los departamentos de Gastre y Telsen, y así establecer la explotación a cielo abierto de minerales metalíferos. Si bien se estipula mantener la prohibición del uso de cianuro durante todas las etapas del proceso minero, no esclarece que tecnologías y sustancias serían las habilitadas para extraer los minerales. Desde la UACch se denuncia la inconstitucionalidad, ya que el plazo de 120 días que dicta la Ley 5001 para la presentación del proyecto de zonificación está más que vencido.
Los argumentos expuestos en dicho proyecto, describen al área de la meseta como atrasada, improductiva y postergada, por lo cual el establecimiento de la actividad minera permitiría su desarrollo. “La población está conformada mayoritariamente por comunidades Mapuches – Tehuelches que viven, históricamente, del pastoreo de cabras y ovejas. Si bien esta el acuífero de Gastre Sacanana, el agua es un recurso escaso en la zona y nunca se ha tomado la decisión política de explotarlo. El abandono en relación a políticas productivas, sumado a la caída del valor de la lana y a un fuerte proceso de desertificación por falta de lluvias, hace que muchas de estas comunidades tengan problemas para alimentar a sus animales y cultivar sus huertas. A pesar de esto, quieren seguir con estas actividades y rechazan fuertemente la explotación minera” explica la historiadora Liliana Pérez, oriunda de Comodoro Rivadavia.
En esta sentido, Richieri dice que “hay una violación de los derechos humanos. El Artículo 169 de la Organización Internacional del trabajo (OIT), al cual nuestro país adhirió, dice que ante un proyecto en el cual los bienes comunes estén en peligro o sean utilizados, las comunidades aborígenes deben ser consultadas y ser partícipes del mismo. Esto nunca ocurrió y hay que denunciarlo. Por otra parte, se elaboró sin consultar a ninguna entidad científica reconocida local”.
Al respecto, el CONICET-CENPAT elaboró un documento en el que refleja su preocupación respecto al tema, y solicita el retiro del proyecto de su tratamiento legislativo. A su vez, explica que gran parte de la comunidad científica de Chubut declinó la invitación de Arcioni a participar de la mesa de trabajo sobre un proyecto que ya estaba hecho. “Nuestra institución recomienda debates abiertos, donde la exposición de los resultados de estudios e investigaciones que aportan al desarrollo productivo de la provincia sean parte de un proceso participativo. No hay debate sin espacios de reflexión, aporte técnico y comunitario para la diversificación productiva”, sentencia el informe.
El proyecto presentado por la UACCh nunca se trató, después que se interrumpiera una sesión legislativa tras el escándalo desatado tras descubrirse a un diputado intercambiando mensajes con un empresario minero.
Por su parte, una veintena de entidades avaló la actividad minera en la provincia a través de un informe técnico, el cual afirma ser un aporte para enriquecer el debate. Una de estas entidades es la Asociación Sindical del Personal Jerárquico Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN). “Quisimos dar nuestra visión profesional de la actividad minera. Desde luego que todo informe en este rubro tiene que tener una base científica y un balance objetivo de la situación” declaró Marcelo Mena, secretario general de la institución.
“La idea es que podamos permitir el desarrollo de las comunidades creando cooperativas, emprendimientos y que la minería solo sea el motor de arranque. A eso es a lo que apuntamos y el motivo por el que firmamos este informe”, explicó Mena y continúo “es muy importante el rol que cumple la posición anti minera en defensa del medio ambiente y del agua. Tienen que estar dentro de los controles y ser parte de la cadena de custodia de esas muestras. Nosotros queremos una industria que sea una casa de cristal, para que toda la sociedad sepa exactamente lo que está pasando”.
De aprobarse la zonificación, la compañía canadiense Pan American Silver (ya instalada en Gastre) podría llevar adelante su proyecto Navidad, que prevé la explotación por un mínimo de 18 años de un yacimiento de plata, considerado uno de los más grandes del mundo.
En esta coyuntura, surgieron sospechas respecto a posibles intereses mineros detrás de los incendios simultáneos, ocurridos la semana pasada en siete localidades cordilleranas de la provincia. Más de 200 familias se quedaron sin vivienda y perdieron todo. La presencia del gobernador y del presidente Alberto Fernández para solidarizarse con los damnificados, colisionó con las protestas anti mineras y agresiones, por parte de algunos manifestantes, al vehículo que trasladaba a los mandatarios. Según las organizaciones ambientalistas, se trata de infiltrados. En este marco, el proyecto de rezonificación sería tratado en lLegislatura este martes 16 de marzo. Desde las asambleas que claman “No a la mina”se anunciaron para ese día manifestaciones en toda la provincia y en la puerta de la casa de la provincia de Chubut en CABA.
Las movilizaciones en contra de los proyectos mineros en Chubut trascendieron las fronteras provinciales y se multiplicaron en varios lugares del país. Ayer se realizaron manifestaciones, además de en la propia provincia, en Buenos Aires, Córdoba, La Plata, Jujuy, San Juan y Río Negro. Los manifestantes reiteraron su rechazo a la megaminería a cielo abierto que contamina con cianuro el agua potable que consumen los ciudadanos patagónicos.
Las manifestaciones en contra de los proyectos mineros se llevaron a cabo en diferentes provincias del país.
Un grupo de intendentes provinciales elaboró esta semana un proyecto de zonificación para habilitar zonas explotables que intentarán llevar al Parlamento provincial. Según los expertos, esta zonificación viola la Ley 5001. El principal argumento que esgrimen los gobiernos nacional, provincial y municipales, es la delicada situación económica que atraviesa la provincia; los funcionarios expresan que la crisis podría ser superada con la instalación de estos emprendimientos mineros. ANCCOM dialogó con Santiago Igón, diputado por Chubut del bloque del FpV e integrante de la Comisión de Minería de la Cámara, con Eduardo Barcesat, jurista especializado en medio ambiente y derechos humanos, y con chubutenses que participaron de la movilización de ayer en Capital Federal.
Pablo Ceballos, miembro de la Asamblea del No a la Mina de la ciudad de Puerto Madryn, explicó sobre el conflicto en la marcha que se realizó ayer en Plaza Congreso: “Me parece muy importante que el reclamo se empiece a hacer en diferentes puntos del país. En Chubut se hace en casi todas las ciudades, somos una provincia que tiene mucha conciencia de la importancia del cuidado del medio ambiente, pero es fundamental que eso se pueda reproducir para que otros conozcan cual es la problemática que está viviendo hoy nuestra provincia”. Por su parte, Paula Carrizo, una de las organizadoras de la protesta en Buenos Aires y miembro de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina de Esquel, expresó que “la situación política de la provincia es muy compleja, hay problemas económicos y sociales graves y quieren hacernos creer que todo se va a solucionar con la minería”.
En la misma línea, el diputado Igón expresó: “La provincia no está mal económica y financieramente porque no hay minería, lo que significa que tampoco va a estar mejor porque la haya, y mucho menos si uno lo entiende desde el punto de vista económico, porque las disposiciones que se establecen en las normas nacionales no hacen que en la provincia vaya a quedar plata por este tipo de extractivismo”. El legislador sostuvo que si los problemas económicos y financieros de la provincia son graves, lo son todavía más los problemas políticos. “No se puede medir la minería solamente como si fuese un tema de ingreso o egreso de dinero –argumentó-. Lo que hay que poner arriba de la mesa es el daño que puede provocar, no solo ambiental, sino también social. Dicen que si ingresa una cierta cantidad de dinero por la actividad minera la provincia va a poder pagar sueldos y pagarle a los acreedores, pero eso es una falacia, una gran mentira. La minería no va a solucionar esos problemas ni va a hacer que haya más obra pública”, agregó.
Uno de los grandes proyectos que se pretende instalar en Chubut es “Navidad”, a cargo desde 2010 de la empresa transnacional Pan American Silver, que consiste en la explotación minera -a cielo abierto- de plata, plomo y cobre. El Ministerio de Producción de Presidencia de la Nación lo presenta como “uno de los proyectos mineros más importantes del país, mediante el cual Argentina pasaría a ser el quinto productor mundial de plata”, y agrega que “se crearán 570 empleos directos” en la provincia. Explica también que “el Ministerio de Trabajo traerá soluciones integrales para empresas y emprendimientos” y que se formarán ciudades “en donde se fortalecerá el ecosistema emprendedor”.
Sin embargo, para lograr el desarrollo de este proyecto, la única vía es modificar la Ley provincial 5001, que prohíbe la actividad minera a cielo abierto con utilización de cianuro desde el año 2003. En línea con el gobierno nacional y provincial, que buscan fomentar la actividad minera, esta semana un grupo de ocho intendentes de la zona de la meseta chubutense armaron un proyecto que consiste en “zonificar” el territorio para definir áreas en las que se exceptuará la prohibición establecida en el Artículo 1º de la Ley 5001, acción que según la norma debía realizarse en el plazo de ciento veinte días corridos, a partir de la sanción de la misma. El objetivo de fondo es lograr la modificación de la ley para conseguir el ingreso de las mineras transnacionales.
La Ley provincial 5001 prohíbe la actividad minera a cielo abierto con utilización de cianuro desde el año 2003.
“Yo creo que estos proyectos se están impulsando desde el gobierno nacional. En febrero Aranguren visitó la provincia y el objetivo es instalar un proyecto que hace trizas la Ley 5001”, explicó Barcesat.
“El Gobierno nacional es coherente con sus políticas de entrega de las riquezas y recursos naturales contraviniendo la taxativa cláusula de los artículos 1º y 2º de los pactos internacionales de Naciones Unidas, que son parte de la ley suprema de la nación –agregó el jurista-. Sin consulta con el pueblo de la provincia y sin consulta de la legislatura local, el gobierno nacional impulsa estos proyectos con el pretexto de que, sin esto, la provincia no tiene fondos para atender a sus gastos ordinarios”. Barcesat aseguró que “esto es una falacia que lo único que pretende es beneficiar a las explotaciones de origen extranjero, lo cual significa un agravio para el pueblo de Chubut que se ha esforzado y obtuvo el 82% de votos en contra de la minería en un plebiscito de 2003, cerrando paso a estos proyectos que degradan el agua, la tierra y el aire”.
En cuanto a los problemas específicos que tiene la norma y el proyecto de los intendentes que pretenden modificarla, el jurista apuntó que, “personalmente después de examinar el tema jurídico, llegué a la conclusión de que la Ley 5001 tiene un artículo primero que es perfecto. Pero en el artículo segundo, inciso b, se introduce una excepción bajo invocación de que cuando se haga un plano zonal, se podrán establecer aquellas zonas en que se pueda exceptuar la prohibición establecida taxativamente en el artículo primero”. Barcesat consideró que, “como jurista creo que ese inciso b del artículo dos es un disparate y contradice abiertamente la prohibición total y taxativa que tiene la ley en su artículo primero”.
Por su parte, el diputado Igón opinó que la Ley 5001 es “completamente endeble”. “Se puede perforar por cualquier lado, solamente habla de megaminería a cielo abierto y no tiene en cuenta el riesgo que podría tener, por ejemplo, la mega minería a través de galerías, que es mucho más contaminante”, detalló. Para el legislador, se trata de una ley “obsoleta”, que “nos da un paraguas para defender una postura que tiene gran parte de Chubut, pero tiene fisuras. Creo que hay que reeditarla y hacerla mucho más dura, con más complicaciones para las mineras”.
El gobierno quiere modificar la Ley 5001 para conseguir que las mineras transnacionales ingresen al país.
La semana pasada Barcesat dio una charla debate en la universidad San Juan Bosco de Esquel acerca del “neoliberalismo y el deterioro de la institucionalidad en Argentina” y además se ofreció como asesor técnico y jurídico del movimiento anti minero. “He sugerido, en una asamblea realizada en la plaza de Esquel, promover una acción de amparo tendiente a declarar la inconstitucionalidad del Artículo 2º, inciso b, para suprimir la contradicción y mantener el principio fundamental de la ley que defiende el voluntad del pueblo de Esquel, que ha votado a favor del no a la megaminería. Como medida cautelar se debe suspender todo tratamiento de proyectos que pretendan sortear la prohibición taxativa del Artículo 1º de la Ley 5001”.
Más allá de la cuestión legal, Igón explicó otros factores que están permitiendo el avance la minería a pesar de la resistencia popular. “El problema central está en el lobby que llevan adelante funcionarios políticos y empresarios locales y nacionales para que esas empresas se instalen, es más fuerte el lobby que hacen muchísimas veces los dirigentes y funcionarios políticos que el lobby que ejerce la empresa para instalarse –contextualizó-. Debemos advertir estas cuestiones para tener en cuenta cuál es nuestro verdadero adversario”. En cuanto a la oposición a la minería Igón considera que no se trata sólo de una cuestión partidaria: “Dentro de Cambiemos hay gente que está a favor y gente que está en contra, dentro del FPV lo mismo”, dijo y luego subrayó que “hay que entender definitivamente que no es una cuestión político partidaria y que todos aquellos que hoy estamos en contra de que se instale la mega minería a cielo abierto tenemos que madurar, ponernos por encima de la situación y empezar a trazar lazos que hagan que la fuerza sea mayor a la hora de enfrentar a un gobierno que está avanzando deliberadamente a espaldas del pueblo y frente a los empresarios que claramente tienen intereses meramente comerciales, ni sociales ni ambientales”.
En Plaza de los Dos Congresos, ayer, el asambleísta Ceballos se refirió también a la visita de Aranguren, en febrero pasado, a Telsen, localidad chubutense donde se hizo una “cumbre minera” con intendentes de la provincia. “La presentación que hizo el ministro fue igual a la que leíamos en 2010, cuando nos venía a entregar los manuales y folletos la empresa Pan American Silver, que es quien tiene a su cargo el proyecto Navidad desde esa época”. A su lado Paula Carrizo, referente del movimiento por el No a la Mina, completó el panorama. “Nosotros como vecinos de Esquel sabemos que la minería no va a traer soluciones a los problemas económicos –aseveró-. Porque llevamos 15 años de lucha y de mantenernos informados. Pero la realidad es que hay puntos de la provincia en donde hay menos posibilidades de trabajo y les es más fácil instalar ese tipo de discursos. Por eso es importante que nos informemos entre nosotros y que también ocupemos espacios de difusión nacional para que gente que no vive en Chubut también esté enterada: en definitiva, se trata de un territorio que es de todos”.
El Acuerdo Federal Minero que se firmará el martes próximo entre el gobierno y las provincias tiene como finalidad fomentar el desarrollo de esa actividad e incentivar el aumento de inversiones en el área, según el oficialismo. En sus puntos principales propone el uso compartido de recursos naturales entre el sector minero y el agroindustrial, promueve la incorporación de la temática minera en las currículas escolares y fija tope de regalías a las provincias. El pacto es fuertemente cuestionado por todo tipo de organizaciones sociales, que denuncian que, de implementarse, refuerza un modelo extractivista, sin participación social ni claridad en el respeto a cuestiones medioambientales. Además, el documento propone que se adapten los planes de estudio para que se dé una visión más “amigable” de la actividad.
Las entidades que rechazan el acuerdo elaboraron un comunicado en conjunto que hicieron circular en páginas web y redes sociales en busca de concientización y apoyo popular. Entre los firmantes se encuentran ONG ambientalistas como Greenpeace y Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y asambleas comunitarias de diferentes provincias.
“El acuerdo propone la consolidación de un modelo minero de enclave y netamente extractivista. Un modelo ideado y gestado en la década de los noventa, sostenido en la primera década del siglo XXI y profundizado en esta gestión a costa de la naturaleza, los territorios y los derechos de las comunidades locales”, dice en una de sus partes el comunicado.
El nuevo Acuerdo Federal Minero, que fue redactado durante una serie de reuniones realizadas entre autoridades del Ministerio de Energía y Minería, representantes de las provincias mineras, cámaras empresariales y sindicatos, deberá ser firmado por los gobernadores provinciales para luego ser remitido al Congreso nacional y a las legislaturas provinciales. Con su firma, el gobierno busca potenciar el desarrollo de la actividad minera y atraer nuevas inversiones, fijando lineamientos –según dice- que rijan la actividad de forma homogénea en todas la provincias.
Pía Marchegiani, directora de participación de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), afirmó: “El Acuerdo toma los temas que están en la agenda del sector minero, incluye los temas centrales, pero los toma al revés de la demanda social”.
En tanto, Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalitas (AAdeAA), destacó: “Es un acuerdo redactado por las propias transnacionales mineras”. Y agregó: “Nos oponemos porque consolida un modelo minero obsoleto instalado en la década del noventa, un modelo colonial y retrógrado.”
Las asambleas comunitarias de distintas provincias que se oponen al acuerdo expresaron su disconformidad ante un modelo de minería que –consideran- prioriza la cuestión económica por sobre la ambiental y la social. Domingo Jofre, integrante de la Asamblea Jachal No se Toca, de la provincia de San Juan, sostuvo: “El nuevo Acuerdo Federal Minero de Macri y los gobernadores es una aberración, es una burla institucional, es la entrega de los recursos estratégicos no renovables al poder de las multinacionales.”
Las entidades resaltan que el acuerdo ignora la ley de prohibición de la minería que rige en diversas provincias y que no tiene en consideración el derecho a participar y decidir de las poblaciones locales que se verían afectadas por la implementación de futuros proyectos mineros. “Provincias que tienen leyes locales que prohíben la actividad minera a cielo abierto se ven ante la firma de este acuerdo como obligadas a recibir inversiones mineras para explotar en sus territorios. Esto implica un retroceso ambiental grave en cuanto a legislación”. señaló Gonzalo Strano, coordinador de Campañas de Glaciares de Greenpeace. “El Acuerdo –añadió da muy poca relevancia a la consulta popular, a las audiencias públicas, a los plebiscitos, cuestión que para Greenpeace es fundamental. Creemos que cada pueblo tiene derecho a elegir que tipo de ambiente quiere y que tipo de actividades productivas quiere desarrollar en ese ambiente”.
Los organismos coinciden en destacar el carácter regresivo del acuerdo y los daños que produce la minería sobre las poblaciones locales. Enrique Viale recordó: “Nosotros venimos hace mucho tiempo hablando de cómo la gran minería no solo es sinónimo de degradación ambiental sino también de una gran degradación institucional y de un gran trastrocamiento económico, se desplazan economías regionales, se compite con los recursos,- Donde hay gran minería, hay pobreza y esa es un poco la historia de Argentina.”
Por su parte, Strano, de Greenpeace, subrayó: “Se viene a consolidar un modelo claramente extraccionista donde importa muy poco la opinión de los pueblos, donde se beneficia a la empresas mineras permitiendo que avancen sin ningún tipo de control principalmente en relación al cuidado del medio ambiente.”
Otro de los puntos más preocupantes y objetados por las organizaciones es la incorporación, promovida por el Acuerdo, de contenidos en la currícula escolar que fomenten los beneficios del desarrollo de actividades mineras. En el comunicado, las organizaciones remarcaron que “la intervención en la currícula escolar en las provincias con potencial minero, que pretende promocionar ‘las virtudes’ de este tipo de actividad, va en contra de los paradigmas educativos actuales que buscan fomentar en los niños y jóvenes visiones críticas e integrales de los problemas ambientales. Lo importante no es solamente conocer los recursos minerales existentes sino comprender los riesgos asociados a la forma de extraerlos, y discutir si son riesgos que se quiere asumir como sociedad”.
Sobre este tema, Pía Marchegiani de FARN, explicó: “El Acuerdo incita a que todos los programas de educación incorporen elementos geológicos, que se expliquen cuales son los recursos, cuál es su valor económico. El paradigma ambiental habla, en realidad, de desarrollar un pensamiento crítico. La gente tiene que saber el valor de la minería y tiene que saber también los impactos que genera”.
Las organizaciones expresaron su rechazo al Acuerdo y piden apoyo a la ciudadanía. “Acompañamos las luchas que hay y acompañamos a las distintas provincias. Creemos que no puede firmarse este acuerdo, que nosotros resistiremos”, afirmó Enrique Viale. “Desde Asamblea Jáchal No Se Toca pedimos que la sociedad toda rechace tajante e inapelablemente esta muestra de complicidad ante el saqueo, la contaminación y la corrupción que genera la megaminería”, concluyó Jofre.
Pachamamita Libros nació como un proyecto independiente del docente de historia Martín Crespi, en respuesta a la escasa creación de cuentos para niños que abordaran la temática ambiental y reflejaran los problemas que derivan del mal uso de los recursos naturales en el país. Para ampliar el acceso, su creador decidió traducir los cuentos a idiomas de pueblos originarios de Latinoamérica tales como el quechua y el guaraní, al lenguaje de señas a través de una producción audiovisual en su blog y transcribirlos también al braille.
“Este material es parte de una muestra plástica con temática ambiental, que estoy preparando. Tenía la inquietud de hacer accesible el material para chicos no videntes e hipoacúsicos. Una vez que tuve el material y los derechos de autor para hacerlo, surgió la idea de traducirlos al guaraní, al quechua, entre otras lenguas de pueblos originarios”, dijo Martín Crespi.
“Kóva ha´e tembiasakue soha akãhatã rehegua ndoikoséirupi ichugui peteĩ milanesa vyrorei ha oiporavo peteĩ arapy akãvai ha mba´e tie´ӯgui henӯhéva”. (“Esta es la historia de una sojita traviesa que no quiso ser una simple milanesa, y prefirió un mundo de aventuras, lleno de locuras y travesuras”, en guaraní). Así comienza La fabulosa historia de la sojita traviesa, uno de los 3 cuentos publicados por Pachamamita Libros, en el que se reflexiona sobre las consecuencias del sistema extractivista en el modelo de producción sojero.
«La fabulosa historia de la sojita traviesa», uno de los 3 cuentos publicados por Pachamamita Libros.
En referencia a este cuento, Martín Crespi explicó: “En este libro se desarrolla la manera en que el modelo productivo genera graves consecuencias en las poblaciones fumigadas. La fumigación causa estragos. Nosotros, en los centros urbanos, lo vemos en la alimentación. Es una problemática angustiante. En toda región hay conflictos ambientales y problemas sociales que derivan de ello, y está bueno que el chico que lo lea pueda darse una idea mínima de todo lo que involucra”.
La situación concreta a la que alude Crespi, es que desde hace 20 años en la Argentina está autorizada la producción y comercialización de la soja transgénica bajo el supuesto que que terminaría con el hambre en el mundo. Pero lejos de hacerlo, y gracias a las campañas llevadas a cabo por gobiernos y empresas, la agricultura se desarrolló sustituyendo cultivos autóctonos por variedades de alto rendimiento dependientes de productos químicos y fertilizantes.
Otro de los cuentos, La asombrosa historia de la Mega-Minería y las mini-regalías trata sobre las consecuencias de la explotación de la megaminería a cielo abierto. Esta actividad devastadora realizada en montañas y ríos por empresas de Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Australia, Suiza, Sudáfrica y Japón, desde Jujuy hasta Santa Cruz, a lo largo de cinco mil kilómetros de cordillera, utiliza cantidades enormes de productos químicos tóxicos. En el proceso de extracción se vierten desechos contaminantes al ambiente -aire, suelo, agua- afectando flora y fauna de la región.
“Yma chawachani… ¿Whawachani? Jatun horegos clamchanan alto oxcho monanta latina. Chay mntañas oxipi ckanman yacupi rumispi otckuspa expoytaspa ckay mercado minera impresapi.” (“Veo, veo… ¿Qué ves? Una cordillerita, muy cordillerana, con muchas montañitas latinoamericanas. Esas montañitas tienen minerales, agüita de deshielo y rocas con metales. Para sacarlos y exportarlos, el famoso mercado internacional sugirió la mega minería empresarial”, en quechua).
Para traducir este cuento al quechua, Martín Crespi pensó en Felicidad Aranibar quien nació en Cochabamba, Bolivia y vive en Argentina hace 15 años. “La forestación y la minería son temas interesantes, así que me animé. El caso de la minería es grave, hay gente que trabaja por monedas y los de arriba se llevan todo. Los mineros terminan echando a perder su calidad de vida”, dijo Felicidad. Respecto de lo significó para ella este trabajo, recordó sus raíces y aseguró: “Yo vengo de una familia del campo, y el quechua nos representa. Mucha gente no lo reconoce como idioma, me interesa que se lo reconozca, que nuestros hijos lo aprendan”.
Martín también indicó la importancia de traducir el cuento a una lengua como el quechua:
“El quechua es una lengua ancestral, es el paso del tiempo en Latinoamérica. Es súper movilizante escuchar una lengua originaria. Hay dos cuestiones interesantes que nos motivaron: una es revalorizar el idioma y la otra es que al traducirlo, estamos preservándolo”.
«El caso de la minería es grave, hay gente que trabaja por monedas y los de arriba se llevan todo. Los mineros terminan echando a perder su calidad de vida”.
Una tercera publicación que integra la colección, La sorprendente historia de los tronquitos y los arbolitos, se refiere a la deforestación y a la producción de pasta de celulosa que perjudican las regiones de Santiago del Estero y Salta entre otras provincias del país. Cabe recordar que, en el Congreso Forestal Mundial realizado en Sudáfrica en 2015, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación dio a conocer un ranking donde la Argentina figura novena entre los diez países que menos cuidan sus árboles nativos.
En una de las versiones de este cuento, en guaraní, se lee: “Heta yvyraí máta aĩva´ ekue yma oñeñotyvaekue sa´i sa´i oje japo haguã mba´e hu´û ijavevopáva kuatiarã. Kuri´ y´ i ha cukalipto moyve oĩva´ ekue ka´aguy ijyvoty ryakuãmbáva ha peteĩ ára ñembo jarurõguáicha ohasa pya´e pya´e jeityha imbaretéva”. (“Había una vez muchos arbolitos que fueron plantados de a poquito, para hacer pasta celulosa súper esponjosa. Antes de los pinos y eucaliptos, había bosques con flores y aromas. Y como si todo fuera una broma, pasaron rapidito demoledoras topadoras”).
El responsable de esta traducción, Damián Arce, fue docente de Lengua del nivel primario en la provincia de Buenos Aires durante 30 años. Hoy, ya jubilado, se dedica a la enseñanza del guaraní. “Mi lengua materna es el guaraní, mis padres eran paraguayos, vinieron a Formosa en 1947 cuando finalizó la Guerra del Chaco. Se instalaron en el campo para poder trabajar, tuvieron una familia muy numerosa. Mis padres y tíos hablaron siempre en guaraní y yo vengo de esa raíz”, recordó el traductor.
Con respecto al tratamiento de los problemas ambientales en la escuela, Damián Arce afirmó: “Un docente lo puede llegar a tomar, pero creo que desde ahí no trasciende. Los temas hay que bajarlos desde lo institucional, para trabajarlos y que se genere compromiso de todos los involucrados. No solamente en una escuela. Tendría que expandirse y trabajarse desde el municipio, desde la provincia, desde la Nación. Pero hay intereses políticos que no ayudan, entonces nos encontramos con la contaminación, el desarrollo de la megaminería a cielo abierto y la expansión de los cultivos transgénicos. Hay muchas permisividades porque sólo se evalúa la parte económica inmediata: los efectos en la tierra no se tienen en cuenta”.
Para la transcripción al braille, Crespi pensó en Emanuel Ludueña, un joven no vidente de 23 años. “Lo que yo hice fue transcribir los cuentos para que una persona con discapacidad visual tenga la posibilidad de leer el mismo cuento, sin tener que cambiar ninguna palabra”, comentó. “Últimamente, las personas no videntes utilizamos el celular y la computadora. Ya casi no leemos desde libros. El hecho de poder transcribir al braille estos cuentos, colabora para que la práctica no desaparezca. Uno puede involucrarse más con el braille e intentar armar lindos proyectos como este”, continuó el joven.
Los cuentos están acompañados por las traducciones, actividades didácticas y un glosario que los niños pueden consultar. En relación al lector, su creador afirmó: “El material está enfocado a una doble lectura, por un lado al público infantil, y por el otro al adulto que acompaña la lectura de los niños, ya sean los docentes o los mismos padres. Apuntamos a la lectura acompañada para una mejor comprensión. Igualmente hay algunos conceptos que están más explicados y desarrollados en el glosario y se juega a la vez con la rima y la gracia”.
Martín Crespi habló sobre los proyectos futuros de Pachamamita libros: “Para el año que viene tendré terminada una muestra plástica con temática ambiental y vamos a traducir al mapuche temas vinculados a la energía y el petróleo. No hay mucho material que se meta con temas puntuales y estructurales como estos, que afectan a mucha gente y a los recursos naturales. Por otro lado publicaremos un libro de alimentación que se llamará La historia de las perdices que comieron felices. El enfoque de esta próxima publicación se centrará en las consecuencias del consumo de los alimentos industrializados: antes la comida alimentaba, luego empezamos a comprar todo en supermercados, empezamos a ingerir alimentos con conservantes, colorantes y fertilizantes, por lo tanto esos alimentos ya no nos alimentan. Otro proyecto para el próximo año es trabajar a partir de los cuentos tradicionales, como Caperucita Roja, para atravesarlos con las distintas problemáticas: lo central es lo ambiental. Lo importante es tener un contenido y atravesarlo con distintas variables dentro de la comunicación, en el sentido de trabajar con las traducciones, la accesibilidad y las distintas tecnologías”.
