Por Nicolás Montecinigher
Fotografía: GENTILEZA Orlando Carriqueo, TELAM

El Parlamento local aprobó la reforma a las leyes de Tierra y Minería. Las comunidades originarias quedan más desprotegidas.

La Legislatura de Río Negro volvió a tratar las leyes de tierras y minería y, como era de esperar, se aprobaron las reformas impulsadas por el gobernador electo, Alberto Weretilneck. Con 33 votos a favor se dio vía libre para el extractivismo en la provincia en perjuicio de los derechos de las comunidades originarias. 

En la mañana del viernes, la Legislatura de Río Negro aprobó, en segunda vuelta parlamentaria, la reforma de un paquete de cuatro iniciativas que figuraban en la Ley original de Tierras y en el Código Minero. Por un resultado muy parecido al del 17 de noviembre (33-11, ahora 33-12), las medidas impulsadas por el Gobierno provincial con el fin de adaptar las prácticas mineras a los estándares internacionales se harán efectivas.

Hecha de manera inconsulta y a puertas cerradas,la reforma regulará el destino de las tierras fiscales, alrededor de cinco millones de hectáreas pobladas en su mayoría por comunidades indígenas que todavía no tienen su titularización porque desde hace más de 10 años se suspendió en la provincia su relevamiento, tal como debería hacerse según lo establece la Ley 26166. 

En concreto, el cambio habilita a las sociedades anónimas con capitales extranjeros y a emprendimientos inmobiliarios a ser acreedores de esas tierras fiscales, relegando el uso social y su función agropecuaria.

Orlando Carriqueo, vocero del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro.

El secretario de Minería, Joaquín Aberastain Oro, afirmó que el proyecto se apoya en “una minería sostenible, responsable y en línea con las normativas internacionales que promueven la transparencia y la participación comunitaria». Por su parte, Facundo López, legislador de Río Negro, indicó: “No venimos a perjudicar a nadie, y menos a los pueblos originarios, porque cualquier inconveniente se sale del esquema de esta ley para ir por el régimen especial que tienen las comunidades”. Lo que no dijo, o nadie le preguntó, es ¿quién garantiza que el gobierno de Javier Milei, o el de Alberto Weretilneck, vayan a cumplir con otorgar estatus especial alguno a las comunidades indígenas?

Por su parte, el Parlamento Mapuche Tehuelche, acompañado por la CTA Autónoma y otras organizaciones, se manifestó a lo largo de los días previos, inclusive en la jornada de hoy, en la entrada del edificio del Parlamento para defender los derechos de los pueblos indígenas. Además, otras organizaciones provinciales como la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de San Carlos de Bariloche hacen fuerza para que, pese al aval de la Legislatura, no se avance sobre los derechos de los rionegrinos.

“Se acaba de sancionar la modificación de la Ley 279 junto a tres leyes mineras, los diputados lo hicieron rodeados por la policía. Sepan que no van a ingresar a nuestros territorios comunitarios. Sepan que vamos a continuar recuperando territorios”, dijo Orlando Carriqueo, vocero del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro.

Cuando todos los flashes se centran en un “desarrollo sostenible”, las comunidades originarias no aparecen en el orden de prioridades de los gobiernos provinciales y las corporaciones multinacionales.