Al gran pueblo argentino, ¡salud (pública)!

Al gran pueblo argentino, ¡salud (pública)!

Feb 28, 2025 | Comunidad, Destacado 1

Organizaciones gremiales, trabajadores y ciudadanos de a pie se movilizaron desde el Ministerio de Salud hasta Plaza de Mayo en defensa del sistema público de salud. Denunciaron al gobierno nacional por el vaciamiento, la falta de medicamentos y de  insumos en hospitales y los despidos en el sector.

Si algún distraído que pase caminando por la avenida 9 de Julio ve el despliegue de fuerzas de seguridad montado frente al Ministerio de Salud, tranquilamente podría imaginar que esas decenas de efectivos de la Policía Federal, de la Ciudad de Buenos Aires y de Gendarmería, que se forman expectantes sobre la vereda, casi relamiéndose, se están preparando para enfrentar a una organización criminal de las más peligrosas del país. Sin embargo, el objetivo a confrontar son los profesionales de salud que desde las 15 se congregaron con sus ambos y guardapolvos, carteles, redoblantes y banderas para reclamar en contra del “desmantelamiento de la salud pública” que viene haciendo el Gobierno de Javier Milei, para luego marchar hacia Casa Rosada. Los mismos que hace apenas algunos años eran vitoreados por su inmensa labor en la lucha contra el Covid-19, hoy son arreados por la policía y abandonados por el Poder Ejecutivo.

Mientras encabeza la columna de manifestantes que marchan por la avenida Belgrano hacia Plaza de Mayo, Maria Fernanda Boriotti, presidenta de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FeSProSa), advierte sobre el carácter crítico que atraviesa la salud pública: “Está en riesgo en todo el país, está siendo desmantelada. Las garantías que tiene que dar el Estado Nacional están siendo retiradas y toda la ciudadanía está en riesgo porque las enfermedades no conocen de fronteras, traspasan muros. Las políticas que está llevando adelante el Ministerio de Salud y el Gobierno nacional atentan contra la vida de los ciudadanos argentinos”, advierte.

Boriotti ahonda en las características del desmantelamiento: “No solo afecta a los trabajadores con los más de 1.400 despidos que se están haciendo efectivos desde el año pasado, sino que se profundiza con la falta de entrega de medicamentos de alto costo, la eliminación de programas como el de prevención de embarazo adolescente, como el de cuidados paliativos, la reducción de más del 76% del presupuesto para VIH, tuberculosis, hepatitis virales. Y eso se traduce en que los pacientes no tengan acceso a lo que necesitan para poder seguir viviendo”.

«El problema no es tanto por nosotros, los enfermos, porque nosotros, lamentablemente, nos vamos a morir. El tema es que el virus va a seguir creando resistencia, se va haciendo cada vez más grande y cada vez van a haber más enfermedades en todo el territorio nacional», dice Mariani.

La movilización, que estuvo impulsada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), despedidos del Ministerio de Salud de la Nación, y trabajadores de los hospitales Posadas, Laura Bonaparte y Sommer, contó con más de 135 organizaciones de la salud en todo el país, unificando distintos reclamos y solidarizándose con colegas y pacientes de todas las disciplinas de la salud: “Nosotros somos una organización que pelea desde hace mucho tiempo por el reconocimiento profesional y nos unimos con sindicatos, organizaciones de pacientes y distintos sectores de la salud, para enfrentar esta política criminal que está ejerciendo el Gobierno nacional, principalmente, con el cierre de algunos hospitales, la amenaza de retirarnos de la OMS, el despido de miles de trabajadores de salud, el fin de los programas que vienen sosteniendo la salud de los pacientes con VIH, con sífilis, con tuberculosis, además de negarle la medicación a los pacientes oncológicos”, expresó Andrea Ramirez, integrante de la Asociación de Licenciados en Enfermería . Además, destacó la situación que atraviesan los empleados de enfermería que logran conservar su puesto de trabajo: “Hoy los enfermeros tenemos que sobrevivir con salarios de miseria que se encuentran muy por debajo de la línea de pobreza”. Mientras que en diciembre de 2024, una familia de cuatro integrantes necesitaba $1.024.435 para no ser pobre (INDEC), los salarios en el área de enfermería rondan entre los $800.000 y $900.000 mensuales.

Dentro de los distintos colectivos que conformaron la manifestación, el Frente Nacional VIH, Hepatitis y Tuberculosis se destacó por su alegría y ocurrencia a la hora de marchar, revoleando pastillas de cotillon, bailando al ritmo de la música y con carteles que rezaban “Milei=SIDA” y “Con VIH vivo, con Milei muero”. Uno de sus referentes, Claudio Mariani, quien también pertenece a la agrupación Igualar, explica la razón de las frases: “Ahora mismo estamos trabajando con el presupuesto del 2023, lo que significa que actualmente hay un recorte en temas de VIH de aproximadamente un 80%. Esto se traduce en que 170 mil personas se van a quedar sin medicación, por lo que muchos y muchas compañeros y compañeras corren peligro de muerte. Hablamos de 50 mil personas sin medicamento para este 2025”. Sin embargo, esta no es la única consecuencia del desfinanciamiento de los programas para combatir las enfermedades de transmisión sexual. Para Mariani “el problema no es tanto por nosotros, los enfermos, porque nosotros, lamentablemente, nos vamos a morir. El tema es que el virus va a seguir creando resistencia, se va haciendo cada vez más grande y cada vez van a haber más enfermedades en todo el territorio nacional. Por eso esta marcha es federal por la salud y por la vida”.

En la previa de la Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública, el Ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, había apuntado en su cuenta de X contra las organizaciones gremiales acusándolos de “mentirosos” y que la movilización se debe a que “impulsamos cambios en el sistema de salud y tocamos intereses puede llegar a haber una reacción de quienes pierden privilegios, pero creemos que hay límites y que no todo vale. Con la salud de los argentinos no se puede ni se debe mentir para hacer política”, además de sostener que las acusaciones por la suspensión de entrega de medicamentos a los hospitales públicos y la desfinanciación de áreas y organismos son falsas. Ante estos dichos, María Fernanda Boriotti enfrentó a Lugones: “Si se deja de entregar morfina a las provincias, se está dejando de entregar medicación a los pacientes; si se deja de entregar en tiempo y forma medicación a los pacientes oncológicos y hematológicos, estamos hablando de la vida de estos pacientes. El año pasado ya tuvimos más de 60 fallecidos por el progreso de la enfermedad o recaída por falta de medicación. Así que Lugones miente descaradamente y es uno de los artífices de estas políticas genocidas”.

 

Periodismo pobre en empresas ricas

Periodismo pobre en empresas ricas

Feb 22, 2025 | Destacado 3, Vidas políticas

La transparente escena que trascendió de la “entrevista” de Jonatan Viale a Javier Milei, en pleno escándalo por la estafa a través de la criptomoneda $Libra, dispara un debate en torno al ejercicio del periodismo y la política de medios del gobierno libertario, un panorama que analizan los especialistas Diego de Charras, Martín Becerra y Sebastián Lacunza.

Un periodismo cada vez más subordinado a intereses económicos, un gobierno que avanza en el desguace de los medios estatales y una libertad de expresión cada vez más debilitada. En esta nota Diego de Charras, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y profesor de Derecho a la Comunicación; Sebastián Lacunza, periodista y exdirector de Buenos Aires Herald; y Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Información, investigador del CONICET y profesor en la UNQ y la UBA, analizan cómo la concentración mediática, la lógica de la rentabilidad inmediata y la retirada del Estado de la regulación de la comunicación configuran un escenario donde la información se convierte en una mercancía más. Un contexto en el que, como dejó en evidencia la grosera escena entre Jonatan Viale, Javier Milei y Santiago Caputo, lo presentado como una entrevista periodística puede ser, en realidad, un guión pactado.

En este contexto, la financiarización del periodismo refuerza una dinámica en la que la información queda supeditada a lógicas de poder. Lacunza afirma: «Estamos en un periodismo que, en buena medida, forma parte de sistemas de poder político y económico, por lo que pactar preguntas, respuestas y silencios es habitual, aunque no quiere decir que sea generalizado. Este caso reviste la gravedad y la excepcionalidad de que muy rara vez queda grabado el momento en que un presidente le dicta la pregunta a un entrevistador».

Según De Charras, el sistema mediático argentino se caracteriza por un altísimo nivel de concentración en la propiedad de los medios tradicionales, con algo más de diversificación en el streaming y en la producción de contenidos independientes en plataformas digitales. “En cuanto al contenido, se observa un proceso de polarización en el mundo periodístico, que ha perdido prácticamente toda pretensión de objetividad y se caracteriza por un posicionamiento cegado, muy marcado en un sentido u otro, con una alta predominancia de la línea editorial liberal o de derecha, en algunos casos de extrema derecha”, analiza De Charras.

El debate sobre la objetividad de los medios y la independencia se aclaró un poco durante la discusión sobre la Ley de Medios, según Lacunza. “Se polarizó el ejercicio del periodismo y tuvo consecuencias negativas, pero también generó un despertar social respecto a una mirada ingenua sobre el manejo de los medios -señala-. Se reconfirma que los medios están atravesados por intereses y pactos económicos y políticos, aunque esto no sea unívoco ni determinante”.

La fragmentación de las audiencias y su tendencia a consumir información que refuerce sus propias creencias es otro factor que explica la dinámica mediática actual. “Hay audiencias que no solo tienden a confirmar sus prejuicios, sino que también toleran tropelías y vandalismo de su propio sector político. El video de Viale y el fraude que activó Milei con su tweet no afectan al tercio de la población que tiene una decisión irrevocable”, agrega el exdirector del Herald.

Las consecuencias del escándalo están en pleno desarrollo. “Para Viale, representa un golpe a su credibilidad ante ciertos segmentos de la audiencia y del sistema político», explica Becerra. En cuanto a Milei, agrega: «Lo deja expuesto y desautorizado por su asesor Santiago Caputo, dando la imagen de alguien que no tiene plena autonomía en su discurso. Su investidura queda horadada en términos de capacidad y facultad de decisión propia».

La filtración del crudo también expone una dinámica propia del negocio de los medios en la actualidad: la urgencia por generar contenido de alto impacto para maximizar ingresos en plataformas digitales. «Mi hipótesis es que la urgencia por generar material de alto interés, como una entrevista con el presidente y poder monetizarlos, promovió un descuido editorial”, explica Becerra.

“Algunos espacios periodísticos han tenido ciertas esferas de autonomía, aunque la independencia periodística, para mí, nunca existió como tal. Hubo momentos en los que esa pretensión de autonomía fue mayor, mientras que en contextos como el actual se ve fuertemente recortada y subordinada a los negocios económicos, cada vez más atravesados por la lógica de la financiarización y su expectativa de rentabilidad inmediata. Esto impacta directamente en la información y la comunicación, tratándolas como si fueran una apuesta más en la timba económica», analiza.

Milei apuesta por las big tech, lo que ha generado tensiones con los medios tradicionales. “Su predominancia en su agenda provoca molestia en los medios tradicionales, ya que acompaña su narrativa sobre periodistas ensobrados. Milei los involucra en lo que él llama la casta y los responsabiliza del estado deteriorado del país”, señala Becerra.

Esta tensión se suma a un conflicto más amplio, donde los medios tradicionales, en su mayoría conglomerados económicos, buscan mantenerse en el poder. Becerra añade que “cuando América se alínea con el gobierno y replica la línea de contenido político y opinativo de LN+, el conflicto puede atenuarse por intereses económicos contingentes gracias a concesiones y favores del gobierno”.

“Si se observan los grandes trazos de Clarín, TN, Canal 13 y Radio Mitre, se puede ver que las secciones de mayor audiencia, las principales notas de opinión y la tapa de Clarín, muestran una adhesión al gobierno que varía desde la leve disidencia hasta la militancia exacerbada. Esto es insoslayable, a pesar de que puedan existir intereses contrapuestos y medidas del gobierno que desagraden a Clarín o afecten su rentabilidad”, argumenta Lacunza.

Desregulación de la información

Según De Charras, una de las características del gobierno de Milei ha sido favorecer la concentración de medios, la privatización y sobre todo el ataque a los medios públicos. “Hemos visto un ensañamiento con la agencia de noticias Télam, con Canal 7 y con Radio Nacional”, señala.

“Milei reconfirmó la política de retiro absoluto del Estado de la regulación de la comunicación y de la información, lo que obviamente profundiza el dominio de quien ya ocupaba una posición hegemónica y que había sido prácticamente liberado de todas las ataduras por el Ejecutivo de Mauricio Macri”, señala Lacunza.

Para Becerra, “el desguace de los medios estatales reduce el federalismo y la circulación de contenidos fuera de las grandes ciudades. Se impone una lógica de lucro que marginaliza funciones sociales de los medios, tanto estatales como comunitarios, afectando la producción de contenidos federales, la experimentación con nuevos formatos y el mantenimiento de expresiones culturales como la música folclórica o clásica.” 

“Hay un proceso de ataque y desmerecimiento a la producción pública de información, dejando a una parte importante de la ciudadanía sin medios clave y sin una perspectiva fundamental para la diversidad informativa. Si bien la información no debe limitarse a los medios públicos, su ausencia vulnera esa diversidad. Cuando la producción informativa queda exclusivamente en manos de medios comerciales, se ve sesgada por la búsqueda de intereses y ganancias, lo que representa una pérdida significativa para la sociedad democrática”, denuncia De Charras.

En este contexto, el gobierno ha instalado su «batalla cultural» como una confrontación abierta en la que el periodismo, en un sentido amplio, se ha convertido en uno de sus blancos. “Esto ha determinado que se atacara prácticamente sin distinción a periodistas de líneas más o menos progresistas, de centro-derecha o de derecha, casi sin distingo. Y eso ha hecho que muchos periodistas o muchos líderes de opinión le hayan reclamado que ese tipo de agravios llegara incluso a los periodistas o a las periodistas que pensaban de un modo similar al del Presidente de la Nación”, explica De Charras. “La represión y la criminalización de periodistas, como ataques constantes incluso a oficialistas, es verdaderamente novedoso y afecta gravemente la libertad de expresión”, concluye Becerra.

Resistiré

Resistiré

Feb 15, 2025 | Destacado 1, Vidas políticas

Un centenar de organizaciones retomaron la Marcha de la Resistencia, nacida en la última dictadura, para repudiar el vaciamiento del Estado, de las políticas sociales y también las de memoria, verdad y justicia. También se rechazaron las conductas autoritarias y discriminatorias del gobierno.

Bajo un cielo gris, entre paraguas, pilotos y pasos firmes, la Plaza de Mayo es, una vez más, el escenario de la resistencia. Banderas desplegadas, carteles en alto y cantos que atraviesan la tarde sostienen la consigna: “Una memoria que arde, una lucha que no se apaga”.

Desde las 17 de este viernes, una nueva Marcha de la Resistencia avanza contra las políticas de ajuste y persecución del gobierno de Javier Milei. Convocada por más de un centenar de organizaciones de derechos humanos, sindicales y sociales, la movilización gira en torno a la Pirámide de Mayo y lo hará durante 24 horas, hasta el sábado a las 17. La movilización, impulsada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Capital y Madres de Plaza de Mayo, retoma el espíritu de las largas jornadas de protesta que marcaron la resistencia durante la última dictadura cívico-militar.

Para el secretario general de ATE Capital, Daniel «Tano» Catalano, la marcha es una señal de que la resistencia está en pie. “Las políticas de Memoria, Verdad y Justicia no pueden abandonarse; como argentinos, tenemos que seguir levantando las banderas que nos hicieron grandes”, señala en diálogo con ANCCOM. “No podemos permitir que un gobierno que busca restringir libertades y derechos siga avanzando, atacando a los trabajadores, ajustando a los más vulnerables mientras los poderosos acumulan riquezas, profundizando la desigualdad y persiguiendo a quienes no se alinean con sus políticas de odio”, sostuvo. También enfatizó la necesidad de «construir un frente político que nos permita liberarnos del fascismo».

La marcha se enmarca en la denuncia de los recortes en políticas públicas vinculadas a la memoria histórica y la justicia social. Uno de los ejes centrales de la movilización es el vaciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos bajo la gestión de Alberto Baños, quien redujo drásticamente la planta de trabajadores, así como el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti, un espacio fundamental para la preservación de la memoria. En diálogo con ANCCOM, Pedro Lynn, secretario gremial de ATE Capital, remarcó que el vaciamiento de organismos estatales afecta no solo a los empleados públicos, sino a toda la sociedad y advirtió sobre el impacto de las medidas de ajuste del gobierno en los trabajadores del Estado. «El presidente, en vez de buscar profesionalizar y organizar el trabajo estatal, hace lo contrario: siembra el caos, destruye todo, baja los salarios al máximo y despide», denunció.

Es la primera marcha sin la presencia de Hebe de Bonafini, fallecida en 2022. “Sigue siendo nuestra guía”, describió Carmen Arias, titular de Madres de Plaza de Mayo. “Es muy duro lo que estamos pasando y tenemos que salir a la calle para demostrarlo. Hay que demostrar que estamos organizados y unidos porque quieren vernos a todos separados”, destacó.

Un legado de lucha

La Marcha de la Resistencia tiene sus orígenes en plena dictadura, cuando en 1981, en medio de un endurecimiento del régimen, las Madres de Plaza de Mayo ocuparon la Plaza durante 24 horas para exigir la aparición con vida de sus hijos y el fin de la impunidad de los responsables del terrorismo de Estado. A lo largo de los años, la movilización se convirtió en un símbolo de resistencia contra las leyes de impunidad y las políticas neoliberales.

Durante el gobierno de Néstor Kirchner, la marcha fue suspendida por considerarse que «el enemigo ya no estaba en la Casa Rosada». Sin embargo, en 2015, con la llegada de Mauricio Macri al poder, las Madres volvieron a convocar para denunciar las políticas de ajuste y represión. Hoy, con la asunción de Javier Milei, la Marcha de la Resistencia cobra un nuevo significado: un rechazo al negacionismo, al vaciamiento de políticas de memoria y a la profundización de la desigualdad social.

El sábado por la tarde, la movilización concluirá con la lectura de un documento consensuado por las organizaciones convocantes. Como gesto simbólico, un trabajador despedido de la Secretaría de Derechos Humanos será el encargado de leer un manifiesto en defensa de la Memoria, la Verdad y la Justicia, y en rechazo a las políticas de ajuste y desmantelamiento de organismos estatales.

Censurar la memoria

Censurar la memoria

Feb 13, 2025 | DDHH, Destacado 1

El gobierno, con la complicidad del Poder Judicial, prohibió un recital de Milo J que se iba a relizar en el Espacio de la Memoria Ex-Esma cuando 20.000 adolescentes y jóvenes hacían fila para ingresar. Policías y carros hidrantes amenazaban con la represión. Repudio de organismos de derechos humanos y artistas.

A pesar de las horas de acampe, las largas filas y la emoción de miles de adolescentes y jóvenes, la música de Milo J no sonó este miércoles 12 en la ex−ESMA. El show gratuito que el joven artista tenía programado en el Espacio para la Memoria (ex ESMA) fue suspendido por orden judicial, tras la presentación de una medida cautelar del gobierno nacional que argumentó supuestas irregularidades en la organización del evento. La decisión cayó como un baldazo de agua fría sobre unos 20.000 jóvenes que esperaban ansiosos para ingresar al predio y provocó una ola de indignación entre organismos de derechos humanos, familiares de víctimas del terrorismo de Estado y el equipo del cantante.

Desde la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Alberto Baños, sostuvieron que el evento no contaba con las habilitaciones correspondientes. Sin embargo, los organizadores desmintieron tajantemente esas acusaciones. «Es totalmente falso. Se pidieron todos los permisos, se trabajó en un plan de evacuación y se contó con el apoyo del personal del lugar», aseguró Aldana Ríos, manager —y mamá— de Milo J en la conferencia de prensa realizada en la vereda de la avenida Libertador, en el frente del Espacio de Memoria, entre el público aun presente y medios de comunicación.

Algunos adolescentes llevaban dos noches acampando a la espera del recital.

 

Bronca

Desde la noche anterior, decenas de chicos acamparon para asegurarse un buen lugar en la preescucha de 166 Deluxe, el nuevo álbum de Milo J. Pero el evento nunca comenzó. La orden judicial llegó a pocas horas de que comience, y con ella, un operativo policial que incluyó camiones hidrantes y motos. «Nos amenazaron con reprimir a los chicos que estaban esperando para ingresar», denunció Ríos.

La noticia llegó a los asistentes cerca de las 16 a través de las redes oficiales de Milo J, y despertó reacciones que incluyeron lágrimas, impotencia y gritos de protesta contra la decisión del gobierno. «Vimos pibes que pasaron dos noches bajo la lluvia, durmiendo para poder verlo, irse llorando, irse a los gritos, muy enojados», relató Candela Fernández, de la agrupación Nietes.

Este fue el caso de de Aixa Álvarez, una joven de San Luis de 19 años, que esperaba con sus amigos ansiosa por ver al artista que la cautivó por “la mentalidad que tiene para su edad” y gracias a quién pudo conocer la Ex−ESMA: “Muchos de los que vinieron son menores de edad, así que también fue una oportunidad para que ellos le preguntaran a sus padres qué es la ESMA, qué pasó acá”, expresó.

Milo J. pidió a sus seguidores que se retiraran para evitar que se concrete la amenaza de represión.

 

Entre los que se quedaron en las inmediaciones del evento, también se encontraba Nicolás El Lakkis, de 33 años, acompañado de su sobrina Milagros, fanática de Milo. «Me parece muy grave que se suspenda un show de música. No era nada del otro mundo. Creo que hay un gobierno que le teme a la cultura, que le teme a que la cultura reúna gente en un espacio de memoria, y por eso suspendieron el evento», expresó con indignación. Además, Nicolás forma parte de un bar cultural cooperativo dentro del Espacio Memoria, por lo que también expresó el impacto de la decisión en su propio trabajo: «Teníamos mercadería comprada, todo listo para hoy. Nos afecta económicamente, pero también políticamente. Tanto que hablan de libertad, pero nos impiden escuchar la música que queremos. Esto no es libertad».

 

Falsa libertad

Para los organismos de derechos humanos, la suspensión del show es una fuerte muestra del avance del negacionismo. «El hecho de que miles de jóvenes vinieran al espacio de memoria era un hecho sumamente importante en un momento en que también estamos perdiendo soberanía y derechos», sostuvo Fátima Cabrera, representante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Por su parte, Manolo Franco, sobreviviente de la ESMA, tomó la palabra y dejó un mensaje de resistencia: «Hoy el negacionismo debe pensar que nos hizo un gol, pero yo digo que vienen perdiendo por goleada. Hoy miles de jóvenes entendieron que esta fue una negación política de permitir que conozcan parte de la verdad y se haga la transmisión de la memoria».

«Que miles de jóvenes vinieran al Espacio de Memoria era un hecho sumamente importante en un momento en que también estamos perdiendo derechos», sostuvo Fátima Cabrera, de Madres de Plaza de Mayo.

 

«Nos amenazaron con reprimir a los chicos que estaban esperando para ingresar», denunció Ríos, madre y manager de Milo J.

Este evento significaba más que un simple show. «La censura que sufrió Milo es gravísima. La decisión de tocar acá no fue política ni partidaria. Vinimos a un espacio de memoria donde nos sentimos contenidos», sostuvo su madre y manager. El artista, que ya había expresado en otras ocasiones su compromiso con la memoria y los derechos humanos, eligió la ex−ESMA por su carga simbólica y por su historia personal: su familia también fue víctima de la dictadura.

La cancelación del show generó un efecto contrario al buscado por el gobierno de Javier Milei: en lugar de silenciar la memoria, la potenció. «Ojo, porque esto ya pasó. Ojo, porque si mañana alguien canta una canción que no les guste, también pueden censurarlo. Ojo, porque pueden cortar un sonido, apagar luces, interrumpir un recital y hasta detener a los asistentes. Esto no nos puede volver a pasar», advirtió Ríos.

En un contexto de despidos masivos en organismos de derechos humanos y de recortes en políticas de memoria, la suspensión del show de Milo J se convirtió en un símbolo de la tensión entre el gobierno y los espacios de memoria. Llegando al final de su declaración, la madre del artista hizo una breve pausa, miró firmemente al frente en dirección a uno de los tantos vehículos policiales que custodiaban el lugar y exclamó con fuerza: “¿Tanto miedo les da un chico de 18 años?”.Los aplausos llenaron el espacio y un grito de “nunca más” pudo oírse desde la audiencia.

Mientras el gobierno justifica su decisión y los organismos de derechos humanos preparan una respuesta legal, miles de jóvenes se fueron del Espacio Memoria y Derechos Humanos con un aprendizaje inesperado. No vieron a Milo J en vivo, pero vivieron en carne propia lo que significa la censura. Y, quizás, entendieron más que nunca la importancia de la memoria.

“Esto es un ataque a la salud pública”

“Esto es un ataque a la salud pública”

Ene 21, 2025 | Destacado 2, Trabajo

Trabajadores, pacientes, familias y referentes de diversas organizaciones participaron de un abrazo al Hospital Nacional “Laura Bonaparte”. Los manifestantes pidieron “paro general” y el personal en lucha anunció que permanecerán en el edificio.

A las cinco de la tarde de un 20 de enero, mientras la Ciudad de Buenos Aires se hundía en el letargo de las vacaciones, el Bonaparte se convirtió en el corazón de una lucha. Sobre sus rejas, 200 carteles colgaban con nombres propios: cada uno marcaba la ausencia impuesta por los despidos masivos que afectaron a terapistas, psicólogos, médicos, personal administrativo y decenas de profesionales del único hospital nacional especializado en salud mental. «Vaciar es cerrar» se leía por todas partes: en pancartas, muros y en las voces que defendían su continuidad.

Frente a la entrada, una multitud comenzó a formar un abrazo simbólico. Los bombos marcaban el ritmo de una protesta. Un mosaico de banderas y pancartas de diferentes colores —rojas, verdes, celestes y amarillas— ondeaba al compás de los cánticos: “El Bona no se cierra, no se cierra, el Bona no se cierra”.

Los 200 profesionales despedidos subieron juntos a un escenario improvisado. Dos de ellas, Sofía y Julieta, tomaron el micrófono para hablar en nombre de todos: “Estamos dejando a cientos de personas sin atención, a familias sin respuestas, en un momento en el que la salud mental debería ser prioridad”, denunciaron. Hablaron de guardias saturadas, internaciones suspendidas y tratamientos interrumpidos. “Este hospital no puede funcionar con la mitad de su personal. Si seguimos así, los pacientes más vulnerables quedarán completamente desprotegidos”, advirtieron.

El vaciamiento no es nuevo. Desde octubre, las primeras desvinculaciones ya habían dado señales de la intención de cerrar el centro. Los despidos masivos de enero ahora representan una reducción del 50% del personal. “Nos están llevando al colapso”, sentenció Sofía.

Entre la multitud, Gastón, trabajador social y empleado en otra institución de salud pública, compartió con ANCCOM su preocupación: “La salud mental no puede ser un lujo: es un derecho humano universal. El vaciamiento de instituciones como esta golpea directamente a los más vulnerables”.

Los testimonios seguían desde el escenario: “Nos hicieron rendir un examen que aprobamos, y aun así nos desvincularon. Ahora, los compañeros que quedaron no tienen garantías de continuidad, y el hospital pierde la mitad de su equipo. Esto no es solo un ataque al Bonaparte, es un ataque a la salud pública”.

Teresa, madre de una paciente, contó a ANCCOM: “Este lugar no es solo un hospital, es un espacio de contención. Cuando mi hija tuvo una crisis, este fue el único lugar donde encontramos ayuda. ¿Qué hacemos si lo cierran? ¿A dónde vamos?”.

Cuando el sol empezó a esconderse, el abrazo al Bonaparte se materializó por completo. Personas de todas las edades y sectores rodearon el hospital en un gesto de unidad y resistencia. “El Bona no se cierra”, seguía siendo el grito que unía a todos.

Desde el micrófono, se hizo un llamado a la unidad con otros sectores en lucha. “La salida es colectiva, debemos unirnos todos los sectores que estamos siendo vaciados”. En la protesta sonó con fuerza el llamado al “paro general”.

Nicolás, trabajador de la salud en el hospital Tobar García, resumió el sentimiento colectivo: “Estamos en un momento terrible, de mucha ansiedad, estrés y depresión. Esto no puede estar pasando cuando llegan consultas con tantos problemas y la tasa de suicidios es tan alta. Es ahora cuando más necesitamos que la salud mental sea una prioridad”, concluyó. Los trabajadores anunciaron que la permanencia en el hospital continuará. “El Bona no se cierra”, cantaron una vez más antes de dispersarse.