Trincheras contra el hambre

Trincheras contra el hambre

Hay 6 millones de niños en situación de pobreza y 2 millones bajo la línea de indigencia, mientras el Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello esconde alimentos hasta que se pudran. Crónica de una recorrida por los comedores del conurbano bonaerense.

No hace frío ni calor, pero en Santa Rosa, un barrio de Florencio Varela poblado de calles de tierra, la gente anda en ojotas. A veces ojotas y medias. Es viernes por la tarde y en una casa cerca de la escuela primaria, la familia de Norma prende fuego en el patio descubierto.

Desde hace tres meses, ahí funciona un merendero para ochenta pibes. “Hay necesidad en el barrio. Yo iba al kiosko y veía que los chicos pedían pan viejo, algo para comer”, cuenta Norma con la voz tomada. Cuando se abrió la posibilidad de crear un nuevo merendero desde el Movimiento Kultural, organización de la que participa, no dudó. Las siete personas que se ponen al hombro la merienda de los chicos una vez por semana, empiezan a preparar la masa de las tortas fritas a las 14 y más cerca de las 16 preparan la leche. “Amasamos cinco kilos de harina y ocho de leche. Imagináte, me recansan los brazos”, se ríe Norma con ojos agotados.

Se fija en la hora con impaciencia y toma mates con nerviosismo: está esperando que sean las 16.30 y que en un rato salgan los chicos de la escuela. No llueve, así que pudo prender el fuego para cocinar. Cuando llega la hora, despeja la mesa. El patio de Norma no es tan grande como para que los chicos pasen a tomar algo, así que su marido agarra la tabla de la mesa y Luis, con sus solidarios 20 años, la base. La mesa, con la comida, sale a la vereda, para compartirse.

Cabizbaja, con un buzo gris dos talles más grande, shorts deportivos finos y ojotas con medias, llega una chica de 17 años. Se lleva leche para los dos bebés que tiene en su casa y una bolsa con panificados. Tiene las rodillas huesudas al descubierto y la mirada de alguien a la que le han arrebatado más que el derecho a la comida. Le falta el brillo de quienes sueñan o incluso pueden imaginar una pequeña rebeldía. Los hombros se le caen por el peso de los estigmas: si pide es “negra”, si reclama se le suma “piquetera”.

Las personas que superan los 18 no suelen acercarse a pedir. Miran con recelo, a veces también con deseo, pero siguen de largo. Acompañan a sus hermanos más pequeños, pero se mantienen a una distancia. “Te da la cosa cuando sos grande, vergüenza. Yo te digo porque a mí también me pasaba. Es el orgullo de querer arreglarte solo. Cuando sos chico no lo tenés”, explica Luis. Una veinteañera manda a su hermana de 10 años a pedir. Los ojos de la nena dan con la altura de la mesa. Con el mentón hacia arriba, observa cómo Norma pone la leche en una botella y la boca se le abre. Incluso a la distancia, se nota que ya se imagina tomándola. La ensoñación se rompe cuando desde enfrente la hermana, que se siente demasiado mirada, la apura. En su casa son cuatro hermanos y hay que compartir.

Luis no deja de mirar hacia la calle que lleva a un barrio que está “más al fondo”, Las Palomas. Por esas calles, espera que venga El Gruñón, un chico de 7 años que desde que lo conoce tiene el ceño fruncido, una mirada turbia y una sonrisa que nunca asoma. El Gruñón todavía no sabe por qué, pero en menos de una década de vida está resentido con la sociedad que lo expulsa.

Sus nombres podrían ser cualquiera, son sólo algunos de los seis millones de chicos en situación de pobreza o de los dos millones bajo la línea de indigencia. Para el Ministerio de Capital Humano ellos ni sus necesidades importan. El Estado nacional no entrega ninguna mercadería: la deja pudrirse en galpones. De los 44 mil comedores y merenderos inscriptos en el Registro Nacional de Comedores (RENACOM), la ministra Sandra Pettovello sólo reconoce a 9 mil.

La Provincia de Buenos Aires trata de salvar la situación: a los merenderos les da harina, azúcar y artículos de limpieza y a las ollas populares, además conservas y alimentos secos. Según la medición de UNICEF hasta febrero, el 66% de las infancias de Argentina son pobres o están bajo el nivel de indigencia. En Bosques, otro barrio del distrito del conurbano sur, todos los jueves a la nochecita, Argentina Humana prepara una olla popular para setenta personas.

En julio el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), parte de Argentina Humana, lanzó una colecta para seguir manteniendo estos espacios de lucha contra el hambre en los barrios. “Lo que se obtiene en las colectas para la red de comedores y merenderos de Argentina Humana se destina para las secciones más desfavorecidas. Separamos al país en tres secciones. Jujuy y las provincias del norte son de la primera, porque allá no tienen ninguna ayuda provincial. Acá, con lo que aporta la provincia y lo que consiguen los compañeros, la olla se hace igual. No alcanza y hay que hacer malabares, sí, pero se hace igual”, explica El Gringo. Mientras tanto, los chicos del barrio y los hijos de las familias que van a la olla juegan con aros y platos de circo. Esta vez, el galpón donde funciona la olla, abre un sábado a la tarde para que, por un momento, los pibes sean sólo pibes.

Estela, una docente que ayuda en Bosques desde que empezó hace dos meses, recorre el salón ofreciendo leche chocolatada y hablando con las mamás de los chicos: cada momento es una oportunidad para armar un lazo con los vecinos. “Para algunos la olla es la única comida caliente del día.Yo ya viví esto en los noventa. Lo social es es una lucha eterna. Hay que construir lo político para que algo cambie. La olla es una herramienta política. No es para siempre. Esto es una organización política, si no ¿qué somos? La iglesia. No, nosotros no hacemos caridad”, determina. En la vereda de enfrente funciona una iglesia evangelista con un banner que todavía brilla como nuevo. La lona reza “Jesús es el camino” y acompaña con la foto de un águila y un león.

En el plano de la vida concreta, los leones con dientes ensangrentados acusan a quienes trabajan en los barrios de “gestores de la pobreza”. Sin embargo, Aníbal, un cartonero varelense organizado en la Federación de Cartoneros, Cartoneros y Recicladores (FACCyR), tiene, como su compañera, una visión totalmente opuesta. “Yo no quiero que mis compañeros sean cartoneros toda la vida. Yo quiero que aprendan un oficio, que tengan un laburo digno. Vos después de laburar tenés que tener condiciones para desarrollarte, no sólo comer, también poder vivir en tu propia casa, hacer tu vida. El trabajo y la formación son claves”, clama con vehemencia.

Cuando tenía 11 años, en otro neoliberalismo, murió su papá y tuvo que salir a la calle a ganarse el mango y hacerse de un oficio. Después de un tiempo, armó una cooperativa de herrería para que gente como él pueda formarse y vender su trabajo. “Tenés que asegurar tu sustento, eso es lo primero, después ves si querés militar o hacer otras cosas”, sintetiza con la firme dureza de años de buscar cartón bajo el sol picante y la humedad de la noche. En su voz, firme, se cristaliza el deseo de que la dignidad se haga costumbre: que los pibes que juegan con los aros puedan soñarse en un futuro mejor y que la política lo posibilite con transparencia y garantía. En sus ojos está la convicción de que a nadie más le roben, como a él, el derecho a una infancia con comida, risas y juegos.

Pobres niños

Pobres niños

Las encargadas del cuidado de las primeras infancias de la UTEP se movilizaron para denunciar el ajuste del gobierno de Milei a los programas que contienen a las niñeces. Más de 30 espacios están en peligro de cierre y un millón y medio de chicos saltean una comida diaria.

Las trabajadoras del cuidado de las infancias de la economía popular aglomeradas en la UTEP se movilizaron a la puerta de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) a cargo del Ministerio de Capital Humano, para denunciar el desfinanciamiento a los espacios dedidacos a las niñeces y adolescencia a nivel federal, el recorte salarial y empobrecimiento de las cuidadoras. A esto se suma el incumplimiento en la entrega de alimentos, el estado crítico de los centros comunitarios y la falta de pago de los convenios vigentes y adeudados desde el año pasado.

La situación de emergencia se da en el contexto en que un millón de niñas y niños se van a dormir sin cenar y un millón y medio se saltean al menos una comida durante el día, según el último informe de UNICEF Argentina.

Una de las referentes de jardines comunitarios del Movimiento Evita, Daiana Gavelli, en diálogo con ANCCOM cuenta: “Hay más de 30 espacios de primera infancia que no tienen una respuesta y están en peligro de cierre porque desde que este gobierno asumió solo hubo desfinanciamiento. El salario de las trabajadoras se recortó y se congeló. Hoy son solo 78 mil pesos. No nos pagan los convenios de primera infancia, el Estado nos debe plata. No se renovaron nuevos convenios y la beca hoy por pibe es de 3.200 pesos. Nosotros estamos reclamando que se actualicen las becas, que se abran nuevos convenios, que nos paguen lo que nos deben y que se reconozca el salario de las trabajadoras”.

Cuidar, alimentar, enseñar y jugar.

Durante la movilización se desplegaron espacios y escenificaron momentos que buscaban reflejar y visibilizar el trabajo realizado en cada jardín. Desde libros, juegos de mesa, muñecos, dibujos, banderines y juguetes, hasta una rayuela con distintas frases como “los nenes también lloran”, “los colores son de todes”, “infancias libres”, “no es no”, “las nenas juegan a la pelota”, entre otras. También, formaron parte de la jornada, títeres gigantes, sostenidos por las trabajadoras con las consignas “educación de primera para nuestras infancias” y “basta de ajustes en las infancias”.

Las “seños», educadoras y cuidadoras, muchas de ellas llevando sus delantales azules, realizaron una ronda frente a las puertas del SENAF custodiada por dos uniformados y cantaron el arroz con leche con la letra reversionada: “Arroz con leche yo quiero jugar, en un espacio libre y con unidad. Que pueda comer, que pueda soñar, crecer con esperanza y en comunidad”. Otros cánticos y consignas que se escucharon fueron dirigidos a Sandra Pettovello: “Nuestros pibes tienen hambre los tenemos que cuidar” y “comer es un derecho, la casta no está acá”.

Evelyn Peluffo es coordinadora del espacio maternal Construyendo Futuro, Cartoneritos, y Trás Cartón. Contó que en el día a día se presentan situaciones de “más violencia, con más hambre. Nuestros chicos ahora meriendan el triple de lo que merendaban antes. Nosotros les damos la merienda y la cena, y la verdad que los chicos se comen todo, te devoran todo lo que hay. Se está notando mucho la necesidad. Damos recreación, hacemos juegos, talleres y tratamos de brindarles la contención que podemos a los chicos, ya que, no la están teniendo en casa. Los papás salen a las once de la mañana hasta las diez de la noche a cartonear, porque no alcanza. El papel bajó, el cartón bajó y es muy crítica la situación”. La maestro del jardín comunitario Mafalda y sus amigos de Máximo Paz Cañuelas, Romina González complementa: “Va más cantidad de chicos y se ve más necesidad en las familias, también. Estando en el jardín se ve todo: a los padres que se quedan sin trabajo, que no tienen para comer, que falta la ropa. Hay que estar ahí, ayudando siempre. Cumpliendo las necesidades de las familias”.

En relación a las condiciones laborales en las que se encuentran las trabajadoras del cuidado, el gobierno recortó el salario dejándolo en 78 mil pesos, desfinanció los convenios vigentes, dejó de repartir alimentos y congeló el monto de la beca por chico. Gavelli expresa que se encuentran “totalmente sobrepasados. Ya muchos espacios cerraron, otros redujeron su jornada y algunos se convirtieron en ludotecas. Entonces dejaron de ser jardines y espacios de primera infancia para funcionar dos veces al día, porque la verdad que el sueldo no alcanza. La gran mayoría que está ahí es por un compromiso con los pibes y las pibas porque por lo que te pagan, la verdad, no te rinde”. En sintonía con Gavelli, la secretaria de Cuidados Comunitarios de la UTEP, Celeste Ortiz, suma: “Esto arroja a más de 3500 cuidadoras que se encuentran hoy bancando estos espacios de primera infancia a pulmón y con el compromiso militante de cuidar a cada uno de nuestros pibes y pibas de nuestro barrio, cuando hay un Estado y un gobierno actual que lo que hace es no solamente desfinanciarnos sino también empobrecernos”.

Perseguir y postergar

Ante el reclamo, el Ministerio de Capital Humano decidió no dialogar con las trabajadoras y postergar la reunión. Una de las voceras, señaló: “Hoy nos fuimos y nos vamos con un sabor amargo porque es la tercera vez que nos patean”.

Además, durante el transcurso de la movilización y por orden del juez Julián Ercolini se llevaron a cabo dos allanamientos simultáneos de la Policía Federal Argentina en la Ciudad de Buenos Aires: en la central de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular de la UTEP y en un espacio de primera infancia. En referencia a esta situación, Celeste Ortiz denuncia la persecución y el hostigamiento y manifiesta: “Cuando toda nuestra reserva o el oro se lo están llevando a países extranjeros, nos están vendiendo la Patagonia, nos están vendiendo la Argentina y, sin embargo, las perseguidas son las que menos tienen”. Y finaliza: “No nos han vencido. Nos quieren desmoralizadas, nos quieren endeudadas, nos quieren desorganizadas, y la respuesta que nosotros les damos a eso y a la violencia que nos vienen ejerciendo a nosotras, es la organización popular. Vamos a seguir luchando para construir un presente y un futuro mejor para nuestras infancias y para todos los trabajadores y trabajadoras de la economía popular”.

 

Los otros Loan

Los otros Loan

Desde 1999, los voluntarios de Missing Children Argentina trabajan para difundir y mantener viva la búsqueda de los chicos desaparecidos en el país. Hoy, además de Loan Peña, hay otros 100 niños cuyo paradero sigue siendo desconocido.

El caso de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años desaparecido el pasado 13 de junio en el paraje El Algarrobal, en la localidad correntina de 9 de Julio, ha desatado una reacción popular pocas veces vista en la provincia y la atención permanente de los medios nacionales. Además, obligó al gobernador radical, Gustavo Valdés, a desplazar al ministro de Seguridad y a toda la cúpula policial.

En diálogo con ANCCOM, la presidenta de Missing Children Argentina, Ana Llobet, afirma que la organización activó sus protocolos de difusión, antes del Alerta Sofía, que tardó 24 horas en implementarse. Según Llobet, la rapidez en la acción es crucial, ya que cada minuto cuenta en estos casos.

La presión mediática es una herramienta poderosa. En el caso de Loan, la difusión masiva ha mantenido viva la búsqueda y movilizado a la comunidad para aportar información. Esta visibilidad opera sobre las autoridades, para que actúen con celeridad, y disuade a quienes puedan estar cometiendo un delito.

Missing Children gestiona unos 100 casos de niños desaparecidos en el país. Más de 70 son actuales y unos 40 corresponden a chicos buscados desde hace 30 años, cuyas imágenes han sido recreadas con IA para mostrar cómo podrían lucir de adultos.

A la espera de novedades en el caso que conmociona al país, Llobet comenta que Missing Children gestiona los de más de 100 niños desaparecidos en el país. La plataforma principal destaca más de 70 casos actuales, mientras que otros 40 corresponden a niños desaparecidos hace 30 años, cuyas imágenes han sido recreadas con IA para mostrar cómo podrían lucir de adultos.

Esta asociación civil sin fines de lucro está formada por 19 voluntarios que trabajan desde sus hogares, utilizando sus propios recursos. “El tiempo que le dedicamos es lo que más insume esta tarea”, destaca Llobet, quien sostiene que el objetivo es ser un puente entre las familias, la comunidad y las fuerzas de seguridad.

Ante la desaparición de un niño, el primer consejo es realizar la denuncia inmediatamente, ya que «la primera hora es clave para la búsqueda». Si la comisaría local se niega a recibirla, se recomienda acudir a una fiscalía de turno. Una vez hecha la presentación, Missing Children difunde la imagen del niño y recoge información de la comunidad, transmitiéndola a las autoridades competentes.

La colaboración de la población es esencial. El teléfono 0800-333-5500 y el WhatsApp (11) 4157-3101 están disponibles durante la jornada completa y la comunicación puede ser anónima, igual que el correo electrónico info@missingchildren.org.ar. Llobet subraya la importancia de las redes y los medios: “La difusión de la imagen ayuda a que alguien que reconoce a un niño pueda aportar información”.

La integración de Missing Children en redes internacionales permite que la búsqueda trascienda fronteras. La colaboración con países como Chile, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, México y España amplía aún más su alcance. Asimismo, la tecnología juega un papel clave, con herramientas como el reconocimiento facial y la inteligencia artificial, ayudando a identificar coincidencias en fotos y videos.

La organización trabaja en estrecha colaboración con la Red de Infancia Robada y la Red Internacional de Asociaciones de Personas Desaparecidas (RIAPD), entre otras entidades. Además, los voluntarios de Missing Children mantienen el vínculo con las familias hasta obtener noticias concretas sobre el paradero del niño. “Seguimos en contacto mientras tenemos datos, tratamos de mantener la empatía y seguimos publicando la foto hasta tener noticias”.

Además, la institución trabaja con el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), lo que permite una coordinación más efectiva a nivel nacional. Llobet insiste en la importancia de hacer la denuncia y difundir la imagen del niño desaparecido, incluyendo campañas publicitarias.

Empresas privadas, como Ecovita, colaboran incluyendo fotos de los niños en sus productos. Llobet resalta campañas realizadas solidariamente por agencias publicitarias, como la Agencia Di Paola Latina, basada en un hecho que se volvió viral –un niño extraviado un rato en el barrio de San Telmo– y que sirvió para visibilizar la problemática.

Pero, en definitiva, lo más importante a la hora de encontrar a los niños desaparecidos, es la colaboración comunitaria. Llobet lo sintetiza con una frase de la escritora nicaragüense Gioconda Belli, que escuchó en una reunión de la RIAPD, de boca de una representante de Ecuador,y que la emocionó: «La solidaridad es la ternura de los pueblos».

«Van a salir a cazar pibitos de 13 años»

«Van a salir a cazar pibitos de 13 años»

El gobierno envió a Diputados un proyecto para bajar la edad de punibilidad de 16 a 13 años. Especialistas en infancias, criminología y violencia institucional analizan los riesgos de criminalizar a los niños. Los mitos de la delincuencia adolescente.

El proyecto de ley presentado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona para bajar la edad de punibilidad, de 16 a 13 años, ingresó en la Cámara de Diputados y comenzará su tratamiento. Organismos internacionales, abogados de derecho penal y asociaciones de derechos del niño, niña y adolescentes, advierten sobre los peligros que implicaría que la ley se apruebe.

El proyecto establece que pueden ser sometidos a proceso penal adolescentes y niños a partir de los 13 años con penas de hasta dos décadas de prisión. Además, vuelve a incorporar un régimen de patronato de menores, en el que, niños de hasta 12 años que se encuentren en alguna situación de vulneración de sus derechos y puedan cometer nuevos delitos, podrán ser internados por orden de un juez en un establecimiento, privados de su libertad.

La presentación realizada por la ministra de Seguridad ya tuvo sus antecedentes durante el gobierno de Mauricio Macri que intentó llevar en 2017 la edad de punibilidad a los 14 años y en 2019 a 15 años. Claudia Cesaroni, abogada y magíster en Criminología, en diálogo con ANCCOM explica: “No hay ninguna fundamentación, ninguna explicación, no hay datos, no hay elementos que expliquen por qué a 13 años y no a 14 como propuso el macrismo en 2017, a través de su ministro de Justicia GGermán Garavano, o como propuso a través de Patricia Bullrich en 2019, también el gobierno de Macri, a 15. O sea 14, 15, 13, no hay explicación”.

Mitos

El gobierno de La Libertad Avanza justificó su proyecto bajo el eslogan “Delito de adulto, pena de adulto”. La abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) María del Carmen Verdú cuestiona esta consigna respondiendo: “A un pibe de 13, 14, 15 años, no lo dejás votar, no lo dejas que se case, no lo dejás que tenga una relación sexoafectiva, no le permitís que salga del país sin acompañamiento de sus padres, ¿y lo vas a tratar como a un adulto en materia penal? No tiene ningún criterio.” La recomendación internacional del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) es que la edad mínima de punibilidad no sea inferior a los 14 años y, a la vez, sea lo más cercano posible a los 18 años. La Convención de Naciones Unidas advierte que la madurez y la capacidad de pensamiento abstracto en los niños de 12 y 13 años todavía se está desarrollando.

Otro de los argumentos utilizados en la conferencia de presentación del proyecto legislativo vino de Cúneo Libarona quien dijo: “Todos los días los argentinos de bien padecemos delitos cometidos por menores que quedan impunes». Sin embargo, la abogada de Correpi refuta los dichos aclarando: “La primera falacia con la que nos encontramos con todo este debate de la cuestión de la imputabilidad de niños, niñas y adolescentes es esta creencia de que si tenés menos de 16 años y cometés un delito no pasa nada. Pasan un montón de cosas, quedás a disposición de un juez tutelar, podés terminar en un instituto, no tiene absolutamente nada que ver con esta idea que se trata de instalar a través de redes de que no sucede nada”. En sintonía con Verdú, Cesaroni amplía: “No es que nosotros digamos que no haya nada que hacer con los adolescentes y con los niños no punibles por debajo de los 16 años. Nosotros decimos que sí hay cosas para hacer, pero que esas cosas las tiene que hacer el Estado, no el Estado penal, sino otras areas estatales”.

En 2022, tan solo el 0,1% de los hechos delictivos fueron cometidos por menores de edad.

Según la página oficial Argentina.gob.ar, el gobierno clama con poca precisión y datos oficiales que “las estadísticas indican que el delito juvenil existe, crece, y cuesta vidas”. En Argentina, en el año 2022, según la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Corte Suprema de Justicia, se registraron 2036 causas a menores sobre un total de 1.826.630 hechos delictivos. Es decir, tan solo el 0,1% de los hechos delictivos fueron cometidos por menores de edad.

“Lo que sucede es que cada vez que tenemos un pibito o una pibita involucrada en un hecho de esa naturaleza sale en todos los titulares de los diarios, en todos los noticieros de radio, de televisión, como la gran noticia, y en realidad eso no está reflejando la realidad de lo que sucede”, explica María Carmen Verdú.

Contribuyendo a la desinformación, la ministra de Seguridad de la Nación dijo en Radio Mitre: “Todavía se está discutiendo la edad, si es 14, si es 13 como es en Uruguay, si es 12 como en Brasil”. Por el contrario, la punibilidad penal en Brasil y Uruguay se mantiene a los 18 años, mientras que en Argentina es a partir de los 16 años. En el caso de los menores de edad, en ambos países cuentan con un sistema infraccional y medidas socioeducativas para reponer las situaciones de vulnerabilidad en la que se encuentran la mayoría de los niños, niñas y adolescentes que delinquen; pero en ninguno de los dos países se puede procesar penalmente a un menor de edad, ni encarcelar “en pabellones separados” dentro de una cárcel de adultos.

Menos derechos y más jaulas

Los tres problemas más graves que tiene el proyecto de ley, según Cesaroni, son la baja de edad de punibilidad a los 13 años, el monto de penas que pueden llegar hasta los 20 años, y el reestablecimiento de un Poder Judicial que puede internar y privar de su libertad a niños y niñas menores de trece años. “Es un retorno al siglo XIX”, expresa. Tampoco se introducen medidas de reparación del hecho cometido ni de recomposición de los derechos vulnerados (sanitarios, afectivos, de pobreza extrema, abandono, educativos, etc) de los niños, niñas y adolescentes que cometen un acto delictivo.

La directora ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, Nora Shulman, cuenta que el proyecto de ley no contempla garantías constitucionales y vulnera los derechos fundamentales de las infancias y adolescencias: “Es cárcel y nada más, sin educación y sin salud”.

En su último informe, Unicef denuncia que el 69% (8,6 millones) de los niñas, niños y adolescentes en la Argentina es pobre y carece de derechos fundamentales, ya sea de acceso a la educación, a la protección social, a la vivienda, etcétera. “Si vos no reparás eso, por más de que metas presos a toda la población infanto juvenil del país no vas a llegar a solucionar nada”, explica Shulman desterrando la idea de que a penas más duras, menos es la delincuencia.

En este contexto, la respuesta del gobierno libertario fue desarmar los programas nacionales de asistencia y acompañamiento a las familias, infancias y adolescencias, en situación de riesgo y vulnerabilidad. Las políticas públicas iban desde la prevención del embarazo adolescente y capacitaciones contra la violencia infantil, hasta la asistencia económica directa. Este vaciamiento presupuestario se consolidó con el despido masivo de trabajadores y trabajadoras que se encargaban de asistirlos. En este sentido, Cesaroni manifiesta: “Si vos desfinanciás esas otras áreas del Estado (no penales), si vos le quitás recursos, echás a los trabajadores, rompés los dispositivos; lo más fácil que te queda es mandar a la policía a detener pibes y encerrarlos en una jaula. Eso es lo más perverso, lo más brutal, mientras se desfinancian políticas públicas”. Frente a los riesgos de que se apruebe el proyecto advierte: “Van a salir a cazar pibitos de 13 años. Después es muy difícil volver atrás”.

Desaparecer la adolescencia

El diputado oficialista Alberto Bertie Benegas Lynch de La Libertad Avanza dijo en una entrevista radial que en situaciones de pobreza “no te podés dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller con el padre, trabajando” y que en esos casos el Estado no debería intervenir garantizando su derecho a la educación. Pese a la declarativa oposición del ministerio de Capital Humano, sobresale en el proyecto de ley para bajar la edad de punibilidad a los 13 años que entre sus condenas se encuentra la «obligación de buscar y, en lo posible, obtener un trabajo», avalando el trabajo de menores. Simultáneamente, el gobierno libertario elabora una reforma electoral que habilite a los niños de trece años a votar en las elecciones. “Hay algo muy grave acá que es hacer desaparecer la adolescencia, pasar de la primera infancia a la adultez”, dice la abogada Cesaroni.

Tanto el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, admiten que los delincuentes adultos del crimen organizado utilizan personas menores de edad para cometer delitos por ellos. “Esto es muy tremendo porque si el propio gobierno está diciendo que son utilizados para cometer delitos, pues entonces son víctimas. Vos tenés que evitar esto, no ir a meterlos presos”, expresa Cesaroni.

Encerrar a niños, niñas y adolescentes en cárceles y privarlos de la libertad, genera nuevos problemas sociales, entre ellos, la internalización del estigma en un momento de cambio, crecimiento y desarrollo: “Una vez que detiene esos pibes o los encierra la cárcel hace mucho más difícil la vida después porque efectivamente les pone un cartel en la frente que dice ‘este pibe estuvo preso’ e incluso en muchos casos consolida en estos pibes conductas transgresoras porque eso es lo que les da identidad”, cuenta la especialista. Al mismo tiempo que la sociedad adulta y el Estado se apartan de sus obligaciones para garantizar los derechos básicos de las infancias y adolescencias, cae sobre estas últimas una responsabilidad adulta inédita. “El lugar de un pibe de 14, 15, 16 años, dónde está ubicado en el mundo, la mayoría de las veces no tiene que ver con lo que él haga sino con lo que hagan con él, y lo que hagan con él es responsabilidad de los adultos”, explica Cesaroni.

Verdú denuncia que la ideología punitivista se fue estableciendo en el tejido social desde hace veinte años obteniendo una mayor difusión y virulencia con las redes sociales, donde proliferan estos discursos: “Eso lo vemos cada vez que denunciamos un caso de gatillo fácil y la respuesta del aparato de trolls es ‘uno menos, festejemos’”.

En referencia al devenir legislativo del proyecto de ley, Cesaroni concluye: “Hemos conseguido impedir que esto avance en 2017 y 2019 pero es cierto que este momento político es muy difícil y que las fuerzas parlamentarias han demostrado una y otra vez una mirada bastante punitivista y regresiva en estos temas”.

«Se busca comida, ¡nos hace falta!»

«Se busca comida, ¡nos hace falta!»

Cerraron trece comedores comunitarios de la RAE por falta de fondos para comprar alimentos. Ya lo habían hecho al menos otros seis. Para muchos niños era la única posibilidad de una comida caliente diaria. Desde la red anunciaron ollas populares para el 5 de junio y una marcha al Ministerio.

 

La Red de Apoyo Escolar y Educación Complementaria (RAE), una asociación civil que nuclea el trabajo de dieciséis organizaciones situadas en barrios del conurbano bonaerense y CABA, anunció que desde el 30 de mayo, trece comedores comunitarios cerraron sus puertas por falta de pago del programa Abordaje Comunitario (ex PNUD), dependiente del Ministerio de Capital Humano. Como resultado, quedaron sin comida a 3000 pibes y pibas, jóvenes y adultos que se encuentran bajo la línea de pobreza, muchos de ellos en situación de indigencia. Se pone en riesgo su salud, ya que la mayoría no cuenta con alternativas para acceder a un plato de comida. Luego de una asamblea anunciaron ollas populares y una marcha al a la Cartera de Sandra Pettovello para el 5 de junio.

“Nos va a tocar estar a la altura de las circunstancias, estar al lado de los pibes que se empiezan a desmayar en las escuelas por hambre. Tendremos que estar al lado de ellos”, afirmó a AM 530 Somos Radio, Margarita Zubizarreta, referente de RAE.

RAE forma parte, a su vez, de InterRedes que nuclea a seis agrupaciones similares que llevan 30 años en articulación y representan 200 organizaciones sociales comunitarias. Trabajan en apoyo educativo, espacios socioculturales y de participación comunitaria. Lo que ahora denuncia RAE ya le sucedió a la Red El Encuentro, también perteneciente a InterRedes: seis centros comunitarios dejaron de cocinar por falta de alimentos desde el 27 de mayo, cuando 1.300 niños, jóvenes y familias, quedaron sin comida.

“Nos desfinancian la RAE y El Encuentro, pero la semana que viene puede pasar lo mismo con las otras redes. Está siendo progresivo y no tenemos noción de que va a pasar”, cuenta Zubizarreta con preocupación. La RAE convocó a una asamblea en Nuestro Lugar, uno de sus centros en San Fernando. Desde allí, en diálogo con ANCCOM, Margarita Zubizarreta contó: “Acabamos de resolver hacer ollas populares en los 17 centros de la RAE el miércoles que viene a la misma hora, hacer una asamblea el jueves a la mañana en este mismo lugar, hacer un amparo judicial y seguir trabajando con las organizaciones de cada barrio y fortaleciendo la articulación con los municipios, para trabajar y hacer una movilización la semana que viene con las seis redes, que son 200 centros y 22.000 niñas, niños, jóvenes y adolescentes destinatarios de esas redes. Hacer una movilización a capital humano”.

Decir No

La referente del espacio cuenta que los chicos les piden comida y tienen que decirles que no hay: “Es imposible decirles que no. Es un desastre. Los mismos chicos nos lo dicen, están haciendo carteles. Hacemos asambleas con los educadores comunitarios, para que sepan lo que está pasando y ver qué podemos hacer. Saben que hay un depósito de mercadería que está ahí acumulada. Las familias de los chicos ya saben todo. Nos dicen que en las escuelas, en muchos casos, no estaban comiendo y que esperaban llegar al centro para tener la única comida del día: una comida de calidad con los recursos que nos daban del programa. Ahora decirles que no, nos está costando un montón. Estamos intentando estirar con lo poco que queda de fideos, arroz, pero realmente no lo podemos sostener. No tenemos de donde sacar recursos.

«Se busca “comida”: ¡nos hace falta!», menciona el cartel hecho por un niño que asiste a comera a RAE.

La RAE, contaba con tres maneras de administrar los Fondos de Abordaje Comunitario: la presencialidad, la vianda o el bolsón, todas ellas, auditadas permanentemente. Tras anunciar el cierre, desde RAE señalaron que cumplían con todos los requerimientos legales y administrativos así como con las auditorías implementadas por el Ministerio de Capital Humano. Aun así, el Estado nacional no transfiere los fondos para alimentos, alegando “demoras administrativas” en el traspaso de los recursos del Ministerio de Economía al programa.

Sin las organizaciones sociales la situación es realmente muy grave, explica Zubizarreta: “Si no recuperamos el aporte en alimentación y no logramos sostener el aporte que ademas realize la Provincia para lo socioeducativo, se van a tener que cerrar los centros. El impacto que uno ve y que nos refieren las familias después de tantos años es que se perdería reconocimiento, valoración, confianza; si se pierde eso, es un golpe mortal para los barrios. Entendemos que el Gobierno de la Provincia va a hacer lo imposible porque estamos en diálogo con funcionarios y nos dicen que lo último que van a hacer es eso. El tema es que no sé cómo van a ir acompañando semejante inflación y bajos salarios. No sé si lo vamos a poder sostener”. Y agrega: “Desde enero, con la incertidumbre de no saber si seguimos o no, estamos sin dormir. No damos más. Estamos al lado del padecimiento, y es muy difícil de comunicar, hay que estar”.

Se puede aportar económicamente a RAE, con donaciones por única vez o todo el año. También se puede contactar con esa finalidad al mail: Colaboraconrae@gmail.com.