Una obra social en terapia intensiva

Una obra social en terapia intensiva

Prestaciones suspendidas, copagos encubiertos, un solo sanatorio para miles de familias, turnos a tres o cuatro meses, desmanejos financieros: la dramática realidad que viven los 280 mil afiliados de ObsBA, todos ellos empleados de la Ciudad.

La obra social de los empleados públicos de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra al borde de la quiebra. Las víctimas son sus 280 mil afiliados, cifra que incluye trabajadores activos y pasivos, la mayor parte, casi 120 mil, docentes y auxiliares.

Fundada hace 22 años, por la Ley N 472 de la Legislatura de CABA —como continuación del Instituto Municipal de Obra Social (IMOS)—, está establecido que sus principales acciones y decisiones pasan por un directorio cuyos miembros son designados por el Jefe de Gobierno porteño.

El directorio se compone de cinco representantes propuestos por el Ejecutivo de la Ciudad (vicepresidente y cuatro directores); cinco por el Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la ciudad (SUTECBA), presidente y cuatro directores; y dos representantes profesionales (un docente y un médico municipal). ObsBA tiene un sanatorio central propio, el Julio Méndez, ubicado en el barrio de Caballito.

Agrupaciones como la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), la Asociación de Docentes de Enseñanza Media y Superior (ADEMyS), el Colectivo de Trabajadores y Afiliadxs en Defensa de ObsBA, y la Asociación de Profesionales del Sanatorio Julio Mendez (ASIPRO), denuncian desde hace años el vaciamiento de la obra social y el ajuste en sus prestaciones.

La integrante del Colectivo de Trabajadores y Afiliados, Ana Belinco, señala que el 90 por ciento de las prestaciones fueron suspendidas. “Hay compañeros que necesitan tratamientos oncológicos, de diálisis, algunos de ellos con discapacidad”, se queja. Además, afirma que los prestadores “cobran copagos a los afiliados, quienes ya aportan el 6 por ciento de su salario a ObsBA, a diferencia de la mayoría que retienen el 3 por ciento”.

ObsBA cubre a jubilados, de manera que los trabajadores activos sostienen a los pasivos. “Cuando un trabajador se jubila puede optar por la cobertura de PAMI u ObsBA, pero si elige PAMI, igual debe aportar a ObsBA”, explica Belinco.

El Colectivo de Trabajadores y Afiliadxs se movilizó el 6 y el 11 de octubre frente al Méndez para exigir un aumento salarial para sus empleados, la restitución de las prestaciones, y la apertura de los libros contables para que los afiliados puedan controlar la situación económica y financiera de la obra social.

El secretario adjunto de ADEMyS, Jorge Adaro, apunta al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta como principal responsable de la crisis financiera en la obra social, pero también a SUTECBA: “Desde el sindicato han llevado adelante la administración con un alto grado de connivencia con el Ejecutivo”, sostiene.

Según Adaro, la comisión revisora de cuentas jamás informó a los afiliados sobre la situación deficitaria: “Supongamos que efectivamente detecta problemas financieros, entonces no debería prestar su conformidad al aprobar los balances”, plantea. Por eso, desde las organizaciones en lucha, reclaman la creación de un dispositivo que permita la fiscalización de los afiliados.

El pasado 31 de octubre, Juan Carlos Cela renunció al cargo de presidente del directorio de ObsBA. En julio de este año Cela firmó la Disposición N° 269 en donde advertía sobre la “difícil situación económico-financiera”, dispuso el cierre de las residencias turísticas de la obra social, y suspendió todo movimiento de fondos y erogaciones con destino a tales residencias, excepto aquellos gastos que impliquen sostener un “mantenimiento mínimo e indispensable”.

Tras su renuncia, fue reemplazado por el legislador del Frente de Todos Alejandro Amor, cercano al secretario de SUTECBA, Amadeo Genta. Previo a esto, el 13 de octubre, SUTECBA emitió un comunicado en el que anunció la restitución de 13 instituciones y de los centros turísticos, a excepción de la residencia de Mina Clavero, que permanece cerrada “por refacciones para mejorar el servicio”.

Sin embargo, Belinco destaca que muchas de las instituciones que se mencionan en el comunicado, en realidad cobran copagos y/o siguen suspendidas. “El Sanatorio Méndez es el único centro de salud con el que pueden contar los afiliados, por lo que se satura, y ofrece turnos a tres o cuatro meses”, agrega. Consultados al respecto por ANCCOM, desde SUTECBA no brindaron ninguna respuesta.

«En vez de escuchar nuestros reclamos nos mandan a la policía»

«En vez de escuchar nuestros reclamos nos mandan a la policía»

Más de diez mil personas marcharon en defensa de la educación pública. Reclamaron viandas de calidad, mejor infraestructura y discutir las pasantías obligatorias. También repudiaron la persecución sufrida por estudiantes y familias.

Estudiantes, familiares, docentes y militantes marcharon este martes hacia la Jefatura de Gobierno porteño en demanda de una mesa de diálogo. “Larreta y Acuña no escuchan nuestros reclamos”, fue la frase más repetida durante la manifestación. Los ejes del conflicto son las condiciones edilicias de los colegios de la Ciudad, las viandas en constante deterioro y que no cumplen con los estándares alimenticios, además del avance de las pasantías laborales precarizadas. Los docentes agrupados en la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y ADEMyS sumaron el pedido de un aumento salarial y cambios en las jornadas de capacitación docente.

La movilización partió alrededor de las 17 desde el colegio Mariano Acosta, ubicado en Urquiza 277. Estudiantes de todas las edades cantaban, saltaban y tocaban el bombo haciendo oír sus consignas. “Este pueblo pelea por la educación”, “Docentes y estudiantes unidos en la lucha”, cantaban mientras caminaban derecho por la calle Urquiza, y al llegar a las esquinas pedían “Tocá bocina si apoyás la educación” y muchos automovilistas acompañaban. Banderas de variados colores y tamaños de los centros de estudiantes y las agrupaciones políticas que acompañaron, la mayoría de la izquierda y también algunas kirchneristas. Carteles con frases y memes sobre Larreta y Acuña.

“Nuestro colegio tiene graves problemas de infraestructura y alimenticios. Las viandas son un asco”, afirmó Gabriel, del colegio Juan Martín Pueyrredón. «Nos envían a hacer pasantías a un instituto gastronómico que no tiene nada que ver con la orientación del colegio que es Ciencias Naturales”, añadió Iara.

“En vez de escuchar nuestros reclamos nos mandan a la policía a nuestras casas. A todos los que participamos de la toma nos pasó”, dijo Sofia, estudiante del Lenguas Vivas. “La policía nos amenaza con una denuncia, cuando lo único que hacemos es pelear por nuestros derechos”, manifestó Lara, del Esnaola.

“Queremos que Acuña nos reciba en menos de diez días, sino seguiremos con las marchas y vamos a volver a tomar los colegios”, advirtió Belén, del Mariano Acosta. “Somos una juventud movilizada que no va a permitir que se retroceda en la lucha por nuestros derechos”, sostuvo Nicolás, estudiante del Colegio Nacional Buenos Aires, que si bien no pertenece a la ciudad, sino a la UBA, se solidariza con la lucha.

En la caravana, de unas 10 cuadras, también había familiares, como Lucas, que acompañó a su hija y a las amigas a la marcha: “Me enorgullece mucho estar acá, apoyando esta lucha legítima de los pibes”. Claudia, mamá de uno de los chicos, expresó: “Emociona mucho ver cómo luchan por sus derechos”. Docentes de numerosas escuelas porteñas, como Verónica, que da clases en el profesorado de educación inicial Sara Eccleston, coincidió: “Es un orgullo estar acá hoy y una enorme responsabilidad, siempre acompaño las marchas, estos movimientos transforman el mundo”.

“Vinimos a mostrar nuestro apoyo a los estudiantes secundarios que están haciendo tomas en la ciudad y sufren la persecución de Larreta y Acuña”, dijo Rosario, integrante de Juventud Izquierda Socialista y militante en la Facultad de Ciencias Sociales. “El punto que nos une es el ajuste a la educación”, sintetizó Vanesa Gagliardi, docente e integrante del consejo directivo de ADEMyS. “No hay infraestructura, en la escuela de teatro donde laburo, no hay gas, falta personal, material de limpieza, material didáctico -agregó-. La mayoría de los docentes estamos bajo la línea de pobreza y eso genera precarización laboral, tenemos que ir a tres o cuatro escuelas para llegar a fin de mes. Hay muchos medios que intentan instalar una mirada peyorativa y negativa sobre los chicos. Pero si los escuchás hablar te das cuenta que no están manejados y que tienen opinión propia. Eso queremos: juventudes que puedan pensar por sí mismas y defender sus derechos”.

Al llegar a la puerta de la Jefatura de Gobierno, frente al Parque Patricios, había montado un escenario en donde se realizó el acto de cierre. Directivos de ADEMyS y UTE, integrantes de las agrupaciones presentes y estudiantes de diversos colegios tomaron la palabra, todos bajo la misma consigna: “La lucha por una mejor educación pública continúa”.

Pusieron el cuerpo y pararon las topadoras

Pusieron el cuerpo y pararon las topadoras

Un grupo de vecinos logró evitar que el Gobierno porteño arrasara al Galpón de Villa Ortúzar. Resistieron con una sentada en su interior. Las autoridades de la Ciudad incumplieron un acuerdo previo para realizar una mediación.

Vecinas y vecinos del barrio Porteño Villa Ortúzar resistían al nuevo intento de desalojo y demolición de El Galpón de Ortúzar, en la Plaza 25 de Agosto entre Heredía y Charlone,  por parte de topadoras del GCBA. Hasta hace una semana en el lugar funcionaban un bachillerato popular, una biblioteca y se realizaban diferentes cursos y actividades. 

A las 5.30 de la madrugada, los vecinos fueron alertados por el ruido de las topadoras, y a través de las redes vecinales y mensajes de WhatsApp dieron el aviso a la comunidad. La reacción fue inmediata, se movilizaron al centro de la estructura y se sentaron en un círculo con carteles para impedir el avance. Antes de su llegada, los obreros municipales habían logrado remover una parte de la estructura y algunos tejados. “Llegamos enseguida, pedimos la orden judicial, no aparece y no nos muestran nada -contó a ANCCOM Juan Chippano, uno de los defensores-. Cuando llegamos estaban trabajando sin arneses, sin cascos, cortando fierros sin los lentes de protección”, aclaró Chippano, subrayando la urgencia con que estaban demoliendo.

El personal de la Comuna 15 y la Policía de la Ciudad irrumpieron en el lugar a las 5.30, con dos camionetas y un camión, junto con la empresa Paolini contratada por la Ciudad para llevar a cabo “una orden de palabra -según aseguraban los empleados comunales-  de parte de la Fiscalía”, para desmantelar el lugar con el argumento de proteger a los vecinos porque había un peligro de derrumbe. 

“No hay un secundario y quieren montar un canil, nuestros perros no necesitan un canil, lo que necesitamos es la educación”, decían los vecinos al inspector Rubén Ramos y a los agentes de la Comuna 15, quienes acudieron al lugar en un intento de calmar a la comunidad y continuar con la demolición. “Es pasar por encima del trabajo comunitario que se ha hecho por años, pero qué les importa”, se lamentaba una de las vecinas que acudió al lugar.

“Esto me hace recordar a la dictadura, se llevaron los libros, se llevaron todo, esto es de no creer”, recordó una vecina mientras el vecindario se iba concentrando en el predio.

El viernes 30 de septiembre, se había pactado no continuar con la demolición de El Galpón hasta que se realizara una mediación en instancia judicial. “No se cumplió la palabra ni el acuerdo que teníamos. Ayer recibimos un llamado de la Fiscalía para confirmar si aceptamos la instancia de la mediación. Dijimos que sí. Nos informaron que se iban a comunicar con nosotros para fijar la hora. Sin embargo, avanzaron con la demolición y tampoco fuimos notificados de que esto iba a pasar”, denunció Chiappano. 

Los vecinos y vecinas se habían reunido el domingo en El Galpón para juntar firmas en su defensa. A lo largo del día habían logrado recolectar más de 400 firmas, según los organizadores, para presentarlas en la mediación y demostrar el apoyo de la comunidad al espacio cultural que lleva en funcionamiento desde los años noventa. 

El lugar se encontraba cerrado por orden de la Fiscalía, que pidió presencia permanente de la Policía de la Ciudad para impedir la entrada de los vecinos. No obstante, los integrantes de El Galpón tomaron la decisión de continuar con las actividades que tenían programadas fuera de las instalaciones, donde el domingo se realizó una mateada, peña y clase de folklore.

El Galpón de Ortúzar guarda una historia de más de treinta años de ayuda vecinal, cuenta con tres murales realizados en grafito, uno de Malvinas, uno en homenaje a Martín Carrizo, baterista de los Fundamentalistas fallecido a principio de este año, inaugurado hace tan solo dos semanas, y otro de Cerati, quien también fue vecino de Villa Ortúzar, todos creados por Osky Di Biase. El Gobierno porteño declaró la intención de preservarlos por el valor cultural que tienen. “La estructura del lugar no da para tirar todo y dejar los murales, las paredes se sostienen entre sí. Si tocás una pared se caen todas”, expresó Juan Chippano en respuesta al GCBA.

 

CABA: Más de 200 escuelas con problemas de infraestructura

CABA: Más de 200 escuelas con problemas de infraestructura

Hay subejecución presupuestaria y las empresas contratistas no cumplen en tiempo y forma con la realización de las obras. Los principales problemas incluyen desprendimientos de techos y de mampostería, interrupción de los suministros de agua y electricidad, sectores de escuelas inhabilitados, filtraciones, presencia de plagas, falta de calefacción en invierno y problemas de conectividad.

La Multisectorial por la Escuela Pública —integrada por asociaciones cooperativas, centros de estudiantes, y gremios docentes— publicó un mapa de riesgos donde denuncia la “emergencia edilicia” de las escuelas en CABA. El detalle de los principales problemas de mantenimiento incluye desprendimientos de techos y de mampostería, interrupción de los suministros de agua y electricidad, sectores de escuelas inhabilitados, filtraciones, presencia de plagas, falta de calefacción en invierno y problemas de conectividad.

El informe SIGMA sobre el mantenimiento de los establecimientos de educación pública advierte sobre el mal estado de los edificios y sobre empresas que no cumplen con las obras de mantenimiento y mejoras. Este informe es publicado anualmente por la Auditoría General del Gobierno de la Ciudad (AGCBA), que se encarga del control externo del sector público porteño. Mariana Gagliardi, presidenta de la AGCBA, indica: «Nos resulta llamativo que, a pesar de que las empresas deberían garantizar el mantenimiento de las escuelas públicas en la Ciudad, no cumplan con lo establecido y lleven ya ocho años de renovación constante en sus contrataciones por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires». El informe de SIGMA se basa en datos relevados durante el 2019, previo a la pandemia. Según el Mapa de Riesgos de la Multisectorial por la Escuela Pública, en 2022 el estado de los edificios escolares continúa en malas condiciones que afectan a la enseñanza.

 

«Todo indica que este año habrá una subejecución en la partida de infraestructura y mantenimiento escolar del 50%», dice Grau.

Existe un presupuesto que asigna una cantidad de recursos al Ministerio de Educación para el mantenimiento de la infraestructura escolar. Marisabel Grau, docente e integrante de la Multisectorial por la Escuela Pública, explica cómo el Ministerio de Educación sistemáticamente subejecuta el presupuesto destinado al mantenimiento de la infraestructura, por lo cual las obras no se realizan. Según el informe de la multisectorial, “este año durante los primeros tres meses se ejecutó sólo el 10% del mismo. En cuanto a mantenimiento escolar, se ejecutó tan sólo el 9%. Todo indica que este año habrá una subejecución del más del 50% del presupuesto de infraestructura y mantenimiento escolar».

“Hemos pedido informes en reiteradas ocasiones para saber a dónde se destina la plata que no se gasta en infraestructura y todavía no tenemos respuesta”, explica Grau. Y agrega que el gobierno porteño y el gobierno nacional subsidian por millones de pesos al año a la educación privada, en lugar de destinarlos a la educación pública.

Problemas comunales

El mapa de riesgos publicado por la Multisectorial por la Escuela Pública muestra que hay problemas edilicios en casi todas las comunas, aunque la mayoría de los colegios son de las zonas sur y céntrica de la ciudad. El caso de la escuela Facundo Zuviría del barrio Flores donde enseña Eugenia Villamonte, es un ejemplo. Allí, asegura, es frecuente que los baños se rompan y demoren su arreglo, así como también lo son las interrupciones en el suministro de agua, la falta de calefacción en invierno, el desprendimiento de partes del techo que ponen en riesgo a los y las estudiantes, y la presencia de ratas y cucarachas. Días después de la entrevista, Villamonte avisa que ocurrió lo que se temía: se desprendió un vidrio e impactó en una alumna que fue hospitalizada. La estudiante, luego de recibir tres puntos de sutura, se encuentra fuera de peligro.

Tras la pandemia por covid-19, las autoridades impusieron la presencialidad como prioridad, mientras que el mantenimiento básico de muchos edificios no se cumple. “Cuando faltaba agua se avisaba a las familias para que busquen a los niños y las niñas, y ahora se debe continuar con las clases a pesar de que los baños no tienen agua y son usados por 350 personas”, explica Villamonte. Las condiciones de higiene impiden dar clases adecuadamente y demuestran una contradicción entre la voluntad de retorno a la presencialidad con la situación actual de los establecimientos educativos.

Durante las gestiones de Aníbal Ibarra y Mauricio Macri, existía una flota de trabajadores en planta permanente, que frente a un pedido de obra actuaban rápidamente. Eran empleados por la Dirección General de Infraestructura Escolar, responsable de las  mejoras edilicias y la creación de nuevas escuelas. Durante el primer gobierno de Horacio Rodríguez Larreta esos trabajadores fueron despedidos y esa función fue tercerizada por empresas que no cumplen con las obras en tiempo y forma.

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El arte de la precarización

El arte de la precarización

Falta de presupuesto, ausencia de un proyecto educativo-cultural e inestabilidad laboral: el triste escenario que se vive en el conservatorio de música “Manuel de Falla” de la ciudad de Buenos Aires.

“Lo que pasa acá, sucede en todos los espacios culturales de la ciudad, en el Teatro Colón, en la Usina del Arte: reducir el personal y achicar el gasto. Después, cuando todo está destruido, pareciera que sucedió solo y listo. Nosotros estamos poniendo el cuerpo para que esto no se caiga a pedazos”, afirma Lucas Urdampilleta, docente de piano en el Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla” y en el “Astor Piazzolla”, ambos dependientes de la Dirección General de Enseñanza Artística (DGEART) del Ministerio de Cultura porteño.

“El Falla” es una institución pública y gratuita que, además de impartir clases de música, es un centro terciario de formación docente. De la DGEART también dependen la Escuela Metropolitana de Arte Dramático (EMAD), el Instituto Vocacional de Arte (IVA) y el Instituto de Investigación de Etnomusicología, y todos padecen la misma situación de desidia a manos del Ejecutivo de Larreta.

«Nosotros estamos poniendo el cuerpo para que esto no se caiga a pedazos”, afirma Lucas Urdampilleta.

Pese a sus más de 100 años de historia y ser uno de los conservatorios más prestigiosos del país, el Manuel de Falla no tiene edificio propio. Antiguamente funcionaba en el Centro Cultural San Martín, pero hace 15 años fue desplazado a la sede de Gallo, en el barrio de Almagro, donde comparte espacio con el Conservatorio “Astor Piazzolla”. Cuenta con cinco anexos, de los cuales cuatro funcionan en otras tantas escuelas primarias durante el turno vespertino.

Más allá de las disputas por el espacio, las infraestructuras de las sedes no están preparadas para la enseñanza de música. La principal no dispone de salas acustizadas, sitios aptos para dictar clases, lugares de guardado de los instrumentos, ni tampoco ventilación e iluminación adecuadas, circunstancia que se repite en los anexos de las escuelas.

El abandono de la DGEART es evidente si se repara en la distribución del presupuesto. Este escenario no es nuevo, pero se agudizó tras la pandemia. Ambos conservatorios carecen de artículos de higiene básicos como jabón, lavandina o papel higiénico, o siquiera insumos administrativos.

El Manuel de Falla requiere de una amplia variedad de instrumentos de uso diario que deben ser mantenidos,sin embargo, todos se encuentran en franco deterioro. La gran mayoría de los agujeros se emparchan con reparaciones caseras, la voluntad de docentes, estudiantes, auxiliares y la cooperadora, aunque no dejan de ser soluciones paliativas.

Eduardo, auxiliar y encargado de los instrumentos, cuenta cómo entre alumnos y docentes arreglan algunos elementos haciendo lo que él llama “Frankensteins”: reparaciones caseras con materiales reutilizados, como fierros para reparar las baterías y atriles.

Del mantenimiento de los pianos se encarga un docente que, de forma gratuita y en su tiempo libre, se ocupa de pasar por las aulas para afinarlos. ¿Cuál es la cínica respuesta de la DGEART? Que esas tareas no le corresponden.

“Van erosionando la institución de a poco con la falta de recursos, insumos, malas condiciones de trabajo y estudio. Anímicamente nos destruye. Esta es una institución artística de más de un siglo, se debería respirar otro aire. Estamos constantemente lidiando con la cotidianidad”, sostiene Urdampilleta.

Docentes y alumnos reparan los instrumentos con materiales reutilizados, relata Eduardo Galván.

En cuanto a los docentes, el 85 por ciento son interinos. La última titularización fue en 2011 y desde entonces no se han modificado las categorías de quienes hoy ya tienen 11 años de antigüedad. Al no estar titularizados, se encuentran en estado de precarización laboral: un interino es echable y no puede hacer pleno uso de sus derechos.

Lautaro Soria, uno de los delegados gremiales por la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) del Manuel de Falla, considera que “la falta de titularizaciones es un problema a nivel sistema, general para todos los institutos de cultura”. “Creemos que está ligado al tema de la UniCABA –señala–. Genera suspicacia que en la última reforma del Estatuto Docente se haya titularizado el nivel medio dejando de lado el superior”.

 “Cuando los porcentajes de interinato empiezan a estar en torno al 80 o 90 por ciento, pareciera que fuera prescindible casi todo el personal docente. La conducción política del Gobierno de la Ciudad entendió que puede construir las conducciones de las escuelas que a ellos les conviene”, agrega Soria.

Mientras el Gobierno de Larreta apuesta por una formación docente propia –e inconsulta con los actores del sistema–, a la vez ha ido retirando el sustento económico a los centros existentes, en especial los de artes. A esto se suma que la DGEART ha descuidado su función educativa desde hace por lo menos 15 años, algo que en la actual gestión se ha profundizado al punto de no tener una propuesta pedagógica que ofrecer a las instituciones que de ella dependen. No hay un proyecto claro ni intenciones de desarrollarlo.

“Han dejado de intervenir pensando en el buen funcionamiento y las problemáticas de los institutos. Se cambiaron asesores pedagógicos por productores de eventos. Los recursos están, pero se destinan a montar conciertos y espectáculos, en mostrar de los institutos lo que les conviene en términos políticos dejando de lado la labor educativa”, asegura Soria.

Bajo estas condiciones, ¿cuál es el futuro del Conservatorio Manuel de Falla y el resto de las instituciones de arte de la Ciudad de Buenos Aires? Sin planificación ni recursos, están destinadas a seguir a flote sobre el umbral mínimo de subsistencia gracias al esfuerzo de quienes las habitan. Todo indica que ese es el lugar de la cultura en la agenda del Gobierno porteño.