«En vez de escuchar nuestros reclamos nos mandan a la policía»

«En vez de escuchar nuestros reclamos nos mandan a la policía»

Más de diez mil personas marcharon en defensa de la educación pública. Reclamaron viandas de calidad, mejor infraestructura y discutir las pasantías obligatorias. También repudiaron la persecución sufrida por estudiantes y familias.

Estudiantes, familiares, docentes y militantes marcharon este martes hacia la Jefatura de Gobierno porteño en demanda de una mesa de diálogo. “Larreta y Acuña no escuchan nuestros reclamos”, fue la frase más repetida durante la manifestación. Los ejes del conflicto son las condiciones edilicias de los colegios de la Ciudad, las viandas en constante deterioro y que no cumplen con los estándares alimenticios, además del avance de las pasantías laborales precarizadas. Los docentes agrupados en la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y ADEMyS sumaron el pedido de un aumento salarial y cambios en las jornadas de capacitación docente.

La movilización partió alrededor de las 17 desde el colegio Mariano Acosta, ubicado en Urquiza 277. Estudiantes de todas las edades cantaban, saltaban y tocaban el bombo haciendo oír sus consignas. “Este pueblo pelea por la educación”, “Docentes y estudiantes unidos en la lucha”, cantaban mientras caminaban derecho por la calle Urquiza, y al llegar a las esquinas pedían “Tocá bocina si apoyás la educación” y muchos automovilistas acompañaban. Banderas de variados colores y tamaños de los centros de estudiantes y las agrupaciones políticas que acompañaron, la mayoría de la izquierda y también algunas kirchneristas. Carteles con frases y memes sobre Larreta y Acuña.

“Nuestro colegio tiene graves problemas de infraestructura y alimenticios. Las viandas son un asco”, afirmó Gabriel, del colegio Juan Martín Pueyrredón. «Nos envían a hacer pasantías a un instituto gastronómico que no tiene nada que ver con la orientación del colegio que es Ciencias Naturales”, añadió Iara.

“En vez de escuchar nuestros reclamos nos mandan a la policía a nuestras casas. A todos los que participamos de la toma nos pasó”, dijo Sofia, estudiante del Lenguas Vivas. “La policía nos amenaza con una denuncia, cuando lo único que hacemos es pelear por nuestros derechos”, manifestó Lara, del Esnaola.

“Queremos que Acuña nos reciba en menos de diez días, sino seguiremos con las marchas y vamos a volver a tomar los colegios”, advirtió Belén, del Mariano Acosta. “Somos una juventud movilizada que no va a permitir que se retroceda en la lucha por nuestros derechos”, sostuvo Nicolás, estudiante del Colegio Nacional Buenos Aires, que si bien no pertenece a la ciudad, sino a la UBA, se solidariza con la lucha.

En la caravana, de unas 10 cuadras, también había familiares, como Lucas, que acompañó a su hija y a las amigas a la marcha: “Me enorgullece mucho estar acá, apoyando esta lucha legítima de los pibes”. Claudia, mamá de uno de los chicos, expresó: “Emociona mucho ver cómo luchan por sus derechos”. Docentes de numerosas escuelas porteñas, como Verónica, que da clases en el profesorado de educación inicial Sara Eccleston, coincidió: “Es un orgullo estar acá hoy y una enorme responsabilidad, siempre acompaño las marchas, estos movimientos transforman el mundo”.

“Vinimos a mostrar nuestro apoyo a los estudiantes secundarios que están haciendo tomas en la ciudad y sufren la persecución de Larreta y Acuña”, dijo Rosario, integrante de Juventud Izquierda Socialista y militante en la Facultad de Ciencias Sociales. “El punto que nos une es el ajuste a la educación”, sintetizó Vanesa Gagliardi, docente e integrante del consejo directivo de ADEMyS. “No hay infraestructura, en la escuela de teatro donde laburo, no hay gas, falta personal, material de limpieza, material didáctico -agregó-. La mayoría de los docentes estamos bajo la línea de pobreza y eso genera precarización laboral, tenemos que ir a tres o cuatro escuelas para llegar a fin de mes. Hay muchos medios que intentan instalar una mirada peyorativa y negativa sobre los chicos. Pero si los escuchás hablar te das cuenta que no están manejados y que tienen opinión propia. Eso queremos: juventudes que puedan pensar por sí mismas y defender sus derechos”.

Al llegar a la puerta de la Jefatura de Gobierno, frente al Parque Patricios, había montado un escenario en donde se realizó el acto de cierre. Directivos de ADEMyS y UTE, integrantes de las agrupaciones presentes y estudiantes de diversos colegios tomaron la palabra, todos bajo la misma consigna: “La lucha por una mejor educación pública continúa”.

Pusieron el cuerpo y pararon las topadoras

Pusieron el cuerpo y pararon las topadoras

Un grupo de vecinos logró evitar que el Gobierno porteño arrasara al Galpón de Villa Ortúzar. Resistieron con una sentada en su interior. Las autoridades de la Ciudad incumplieron un acuerdo previo para realizar una mediación.

Vecinas y vecinos del barrio Porteño Villa Ortúzar resistían al nuevo intento de desalojo y demolición de El Galpón de Ortúzar, en la Plaza 25 de Agosto entre Heredía y Charlone,  por parte de topadoras del GCBA. Hasta hace una semana en el lugar funcionaban un bachillerato popular, una biblioteca y se realizaban diferentes cursos y actividades. 

A las 5.30 de la madrugada, los vecinos fueron alertados por el ruido de las topadoras, y a través de las redes vecinales y mensajes de WhatsApp dieron el aviso a la comunidad. La reacción fue inmediata, se movilizaron al centro de la estructura y se sentaron en un círculo con carteles para impedir el avance. Antes de su llegada, los obreros municipales habían logrado remover una parte de la estructura y algunos tejados. “Llegamos enseguida, pedimos la orden judicial, no aparece y no nos muestran nada -contó a ANCCOM Juan Chippano, uno de los defensores-. Cuando llegamos estaban trabajando sin arneses, sin cascos, cortando fierros sin los lentes de protección”, aclaró Chippano, subrayando la urgencia con que estaban demoliendo.

El personal de la Comuna 15 y la Policía de la Ciudad irrumpieron en el lugar a las 5.30, con dos camionetas y un camión, junto con la empresa Paolini contratada por la Ciudad para llevar a cabo “una orden de palabra -según aseguraban los empleados comunales-  de parte de la Fiscalía”, para desmantelar el lugar con el argumento de proteger a los vecinos porque había un peligro de derrumbe. 

“No hay un secundario y quieren montar un canil, nuestros perros no necesitan un canil, lo que necesitamos es la educación”, decían los vecinos al inspector Rubén Ramos y a los agentes de la Comuna 15, quienes acudieron al lugar en un intento de calmar a la comunidad y continuar con la demolición. “Es pasar por encima del trabajo comunitario que se ha hecho por años, pero qué les importa”, se lamentaba una de las vecinas que acudió al lugar.

“Esto me hace recordar a la dictadura, se llevaron los libros, se llevaron todo, esto es de no creer”, recordó una vecina mientras el vecindario se iba concentrando en el predio.

El viernes 30 de septiembre, se había pactado no continuar con la demolición de El Galpón hasta que se realizara una mediación en instancia judicial. “No se cumplió la palabra ni el acuerdo que teníamos. Ayer recibimos un llamado de la Fiscalía para confirmar si aceptamos la instancia de la mediación. Dijimos que sí. Nos informaron que se iban a comunicar con nosotros para fijar la hora. Sin embargo, avanzaron con la demolición y tampoco fuimos notificados de que esto iba a pasar”, denunció Chiappano. 

Los vecinos y vecinas se habían reunido el domingo en El Galpón para juntar firmas en su defensa. A lo largo del día habían logrado recolectar más de 400 firmas, según los organizadores, para presentarlas en la mediación y demostrar el apoyo de la comunidad al espacio cultural que lleva en funcionamiento desde los años noventa. 

El lugar se encontraba cerrado por orden de la Fiscalía, que pidió presencia permanente de la Policía de la Ciudad para impedir la entrada de los vecinos. No obstante, los integrantes de El Galpón tomaron la decisión de continuar con las actividades que tenían programadas fuera de las instalaciones, donde el domingo se realizó una mateada, peña y clase de folklore.

El Galpón de Ortúzar guarda una historia de más de treinta años de ayuda vecinal, cuenta con tres murales realizados en grafito, uno de Malvinas, uno en homenaje a Martín Carrizo, baterista de los Fundamentalistas fallecido a principio de este año, inaugurado hace tan solo dos semanas, y otro de Cerati, quien también fue vecino de Villa Ortúzar, todos creados por Osky Di Biase. El Gobierno porteño declaró la intención de preservarlos por el valor cultural que tienen. “La estructura del lugar no da para tirar todo y dejar los murales, las paredes se sostienen entre sí. Si tocás una pared se caen todas”, expresó Juan Chippano en respuesta al GCBA.

 

CABA: Más de 200 escuelas con problemas de infraestructura

CABA: Más de 200 escuelas con problemas de infraestructura

Hay subejecución presupuestaria y las empresas contratistas no cumplen en tiempo y forma con la realización de las obras. Los principales problemas incluyen desprendimientos de techos y de mampostería, interrupción de los suministros de agua y electricidad, sectores de escuelas inhabilitados, filtraciones, presencia de plagas, falta de calefacción en invierno y problemas de conectividad.

La Multisectorial por la Escuela Pública —integrada por asociaciones cooperativas, centros de estudiantes, y gremios docentes— publicó un mapa de riesgos donde denuncia la “emergencia edilicia” de las escuelas en CABA. El detalle de los principales problemas de mantenimiento incluye desprendimientos de techos y de mampostería, interrupción de los suministros de agua y electricidad, sectores de escuelas inhabilitados, filtraciones, presencia de plagas, falta de calefacción en invierno y problemas de conectividad.

El informe SIGMA sobre el mantenimiento de los establecimientos de educación pública advierte sobre el mal estado de los edificios y sobre empresas que no cumplen con las obras de mantenimiento y mejoras. Este informe es publicado anualmente por la Auditoría General del Gobierno de la Ciudad (AGCBA), que se encarga del control externo del sector público porteño. Mariana Gagliardi, presidenta de la AGCBA, indica: «Nos resulta llamativo que, a pesar de que las empresas deberían garantizar el mantenimiento de las escuelas públicas en la Ciudad, no cumplan con lo establecido y lleven ya ocho años de renovación constante en sus contrataciones por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires». El informe de SIGMA se basa en datos relevados durante el 2019, previo a la pandemia. Según el Mapa de Riesgos de la Multisectorial por la Escuela Pública, en 2022 el estado de los edificios escolares continúa en malas condiciones que afectan a la enseñanza.

 

«Todo indica que este año habrá una subejecución en la partida de infraestructura y mantenimiento escolar del 50%», dice Grau.

Existe un presupuesto que asigna una cantidad de recursos al Ministerio de Educación para el mantenimiento de la infraestructura escolar. Marisabel Grau, docente e integrante de la Multisectorial por la Escuela Pública, explica cómo el Ministerio de Educación sistemáticamente subejecuta el presupuesto destinado al mantenimiento de la infraestructura, por lo cual las obras no se realizan. Según el informe de la multisectorial, “este año durante los primeros tres meses se ejecutó sólo el 10% del mismo. En cuanto a mantenimiento escolar, se ejecutó tan sólo el 9%. Todo indica que este año habrá una subejecución del más del 50% del presupuesto de infraestructura y mantenimiento escolar».

“Hemos pedido informes en reiteradas ocasiones para saber a dónde se destina la plata que no se gasta en infraestructura y todavía no tenemos respuesta”, explica Grau. Y agrega que el gobierno porteño y el gobierno nacional subsidian por millones de pesos al año a la educación privada, en lugar de destinarlos a la educación pública.

Problemas comunales

El mapa de riesgos publicado por la Multisectorial por la Escuela Pública muestra que hay problemas edilicios en casi todas las comunas, aunque la mayoría de los colegios son de las zonas sur y céntrica de la ciudad. El caso de la escuela Facundo Zuviría del barrio Flores donde enseña Eugenia Villamonte, es un ejemplo. Allí, asegura, es frecuente que los baños se rompan y demoren su arreglo, así como también lo son las interrupciones en el suministro de agua, la falta de calefacción en invierno, el desprendimiento de partes del techo que ponen en riesgo a los y las estudiantes, y la presencia de ratas y cucarachas. Días después de la entrevista, Villamonte avisa que ocurrió lo que se temía: se desprendió un vidrio e impactó en una alumna que fue hospitalizada. La estudiante, luego de recibir tres puntos de sutura, se encuentra fuera de peligro.

Tras la pandemia por covid-19, las autoridades impusieron la presencialidad como prioridad, mientras que el mantenimiento básico de muchos edificios no se cumple. “Cuando faltaba agua se avisaba a las familias para que busquen a los niños y las niñas, y ahora se debe continuar con las clases a pesar de que los baños no tienen agua y son usados por 350 personas”, explica Villamonte. Las condiciones de higiene impiden dar clases adecuadamente y demuestran una contradicción entre la voluntad de retorno a la presencialidad con la situación actual de los establecimientos educativos.

Durante las gestiones de Aníbal Ibarra y Mauricio Macri, existía una flota de trabajadores en planta permanente, que frente a un pedido de obra actuaban rápidamente. Eran empleados por la Dirección General de Infraestructura Escolar, responsable de las  mejoras edilicias y la creación de nuevas escuelas. Durante el primer gobierno de Horacio Rodríguez Larreta esos trabajadores fueron despedidos y esa función fue tercerizada por empresas que no cumplen con las obras en tiempo y forma.

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El arte de la precarización

El arte de la precarización

Falta de presupuesto, ausencia de un proyecto educativo-cultural e inestabilidad laboral: el triste escenario que se vive en el conservatorio de música “Manuel de Falla” de la ciudad de Buenos Aires.

“Lo que pasa acá, sucede en todos los espacios culturales de la ciudad, en el Teatro Colón, en la Usina del Arte: reducir el personal y achicar el gasto. Después, cuando todo está destruido, pareciera que sucedió solo y listo. Nosotros estamos poniendo el cuerpo para que esto no se caiga a pedazos”, afirma Lucas Urdampilleta, docente de piano en el Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla” y en el “Astor Piazzolla”, ambos dependientes de la Dirección General de Enseñanza Artística (DGEART) del Ministerio de Cultura porteño.

“El Falla” es una institución pública y gratuita que, además de impartir clases de música, es un centro terciario de formación docente. De la DGEART también dependen la Escuela Metropolitana de Arte Dramático (EMAD), el Instituto Vocacional de Arte (IVA) y el Instituto de Investigación de Etnomusicología, y todos padecen la misma situación de desidia a manos del Ejecutivo de Larreta.

«Nosotros estamos poniendo el cuerpo para que esto no se caiga a pedazos”, afirma Lucas Urdampilleta.

Pese a sus más de 100 años de historia y ser uno de los conservatorios más prestigiosos del país, el Manuel de Falla no tiene edificio propio. Antiguamente funcionaba en el Centro Cultural San Martín, pero hace 15 años fue desplazado a la sede de Gallo, en el barrio de Almagro, donde comparte espacio con el Conservatorio “Astor Piazzolla”. Cuenta con cinco anexos, de los cuales cuatro funcionan en otras tantas escuelas primarias durante el turno vespertino.

Más allá de las disputas por el espacio, las infraestructuras de las sedes no están preparadas para la enseñanza de música. La principal no dispone de salas acustizadas, sitios aptos para dictar clases, lugares de guardado de los instrumentos, ni tampoco ventilación e iluminación adecuadas, circunstancia que se repite en los anexos de las escuelas.

El abandono de la DGEART es evidente si se repara en la distribución del presupuesto. Este escenario no es nuevo, pero se agudizó tras la pandemia. Ambos conservatorios carecen de artículos de higiene básicos como jabón, lavandina o papel higiénico, o siquiera insumos administrativos.

El Manuel de Falla requiere de una amplia variedad de instrumentos de uso diario que deben ser mantenidos,sin embargo, todos se encuentran en franco deterioro. La gran mayoría de los agujeros se emparchan con reparaciones caseras, la voluntad de docentes, estudiantes, auxiliares y la cooperadora, aunque no dejan de ser soluciones paliativas.

Eduardo, auxiliar y encargado de los instrumentos, cuenta cómo entre alumnos y docentes arreglan algunos elementos haciendo lo que él llama “Frankensteins”: reparaciones caseras con materiales reutilizados, como fierros para reparar las baterías y atriles.

Del mantenimiento de los pianos se encarga un docente que, de forma gratuita y en su tiempo libre, se ocupa de pasar por las aulas para afinarlos. ¿Cuál es la cínica respuesta de la DGEART? Que esas tareas no le corresponden.

“Van erosionando la institución de a poco con la falta de recursos, insumos, malas condiciones de trabajo y estudio. Anímicamente nos destruye. Esta es una institución artística de más de un siglo, se debería respirar otro aire. Estamos constantemente lidiando con la cotidianidad”, sostiene Urdampilleta.

Docentes y alumnos reparan los instrumentos con materiales reutilizados, relata Eduardo Galván.

En cuanto a los docentes, el 85 por ciento son interinos. La última titularización fue en 2011 y desde entonces no se han modificado las categorías de quienes hoy ya tienen 11 años de antigüedad. Al no estar titularizados, se encuentran en estado de precarización laboral: un interino es echable y no puede hacer pleno uso de sus derechos.

Lautaro Soria, uno de los delegados gremiales por la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) del Manuel de Falla, considera que “la falta de titularizaciones es un problema a nivel sistema, general para todos los institutos de cultura”. “Creemos que está ligado al tema de la UniCABA –señala–. Genera suspicacia que en la última reforma del Estatuto Docente se haya titularizado el nivel medio dejando de lado el superior”.

 “Cuando los porcentajes de interinato empiezan a estar en torno al 80 o 90 por ciento, pareciera que fuera prescindible casi todo el personal docente. La conducción política del Gobierno de la Ciudad entendió que puede construir las conducciones de las escuelas que a ellos les conviene”, agrega Soria.

Mientras el Gobierno de Larreta apuesta por una formación docente propia –e inconsulta con los actores del sistema–, a la vez ha ido retirando el sustento económico a los centros existentes, en especial los de artes. A esto se suma que la DGEART ha descuidado su función educativa desde hace por lo menos 15 años, algo que en la actual gestión se ha profundizado al punto de no tener una propuesta pedagógica que ofrecer a las instituciones que de ella dependen. No hay un proyecto claro ni intenciones de desarrollarlo.

“Han dejado de intervenir pensando en el buen funcionamiento y las problemáticas de los institutos. Se cambiaron asesores pedagógicos por productores de eventos. Los recursos están, pero se destinan a montar conciertos y espectáculos, en mostrar de los institutos lo que les conviene en términos políticos dejando de lado la labor educativa”, asegura Soria.

Bajo estas condiciones, ¿cuál es el futuro del Conservatorio Manuel de Falla y el resto de las instituciones de arte de la Ciudad de Buenos Aires? Sin planificación ni recursos, están destinadas a seguir a flote sobre el umbral mínimo de subsistencia gracias al esfuerzo de quienes las habitan. Todo indica que ese es el lugar de la cultura en la agenda del Gobierno porteño.

Un reservorio que deja muchas reservas

Un reservorio que deja muchas reservas

El parque redondo de Saavedra quedará atravesado por un zanjón de aguas contaminadas, si el GCBA lleva adelante su proyecto de “regeneración” del Arroyo Medrano. Finalizaron las audiencias públicas con un fuerte rechazo de los vecinos.

Durante la semana pasada se llevaron adelante las audiencias públicas en torno a la regeneración del Arroyo Medrano en Parque Saavedra, donde los expertos expusieron el proyecto y los vecinos expresaron su rechazo. Mientras que los primeros consideraron la obra como la solución para las inundaciones en el barrio, los últimos lo categorizaron como una obra “estética” e “innecesaria”, una “zanja”, un “barroquismo urbano”.

Cruzando el parque circular, sobre las calles Pinto, Vilela y las avenidas Melián y García del Río, en el barrio de Saavedra, solía pasar el cauce del Arroyo Medrano hasta la década del 40, cuando fue finalmente entubado. El proyecto en cuestión propone la construcción de un reservorio de agua pluvial para “mitigar las inundaciones en la zona” y la creación de un curso de agua a cielo abierto, paralelo al entubado subterráneo, con el fin de “recuperar la relación entre las personas y el agua, centrada en el respeto por la naturaleza, el disfrute y la resiliencia”.  

Según explicó en diálogo con ANCCOM la ingeniera especializada en hidráulica, María Eva Koutsovitis, un reservorio se define como “obras hidráulicas que permiten retener y laminar las aguas de lluvia y son soluciones muy eficientes frente a eventos de precipitación de corta duración y elevada intensidad”. Su función consiste en evitar que ese agua ingrese a los sistemas pluviales provocando su desborde. 

Sin embargo, la especialista señaló que el proyecto en cuestión es inconsulto y que nada tiene que ver con regenerar el Arroyo Medrano: “Es ejecutar un zanjón que va a atravesar al Parque Saavedra con pendiente nula y alimentado con agua de la napa. Por lo tanto va a limitar muchísimos usos sociales que hoy tiene el Parque Saavedra”. Koutsovitis también apunta problemas ambientales y sanitarios “en tanto las aguas no van a circular de manera permanente y el agua de las napas con las que va a alimentarse al zanjón contiene aceites, fenol, arsénico, coliformes totales, escherichia coli, plomo y cobre, entre otras sustancias contaminantes”. La ingeniera que hizo una revisión al informe de impacto ambiental del proyecto aclaró en diálogo con ANCCOM que “la eficiencia hidráulica como reservorio no está técnicamente justificada y no se analizaron alternativas hidráulicamente más eficientes”.

En la audiencia realizada de forma virtual vía Zoom, la exdiputada nacional, María José Lubertino, describió al proyecto como “otra disneylandización de la Ciudad de Buenos Aires” y al tema de “carácter público que afecta a todos, son temas de vida o muerte de las personas” haciendo alusión a la última gran inundación que sufrió el barrio el 2 de abril de 2013, que dejó un saldo de seis muertos y decenas de casas dañadas. Pueden contarse también otros desbordes del Arroyo Medrano como el del 26 de enero o el 31 de mayo de 1985, el día que llovió 24 horas. 

Manuel Ludueña, profesor de la Maestría en Tecnologías Urbanas Sostenibles de la Facultad de Ingeniería de la UBA, que calificó al proyecto como “una obra escenográfica”, expuso en la audiencia el uso “engañoso” e “irresponsable” del término regeneración entendido como un “proceso para recuperar la estructura y la función de partes de un cuerpo dañado” y que por ende “adosar una acequia con agua paralela al trazado original no sería una regeneración del arroyo”. Además, mencionó que en el plan de participación de GCBA con los vecinos, un 26% solicitó espacio para actividades de esparcimiento y descanso y “sin embargo este proyecto ocupa el 50% del parque para actividades contemplativas”. Agregó que se “desnaturaliza y artificializa”. El proyecto “destroza el trazado patrimonial del parque”, expresó Ludueña.

Ana Belén Mercado, socióloga y vecina, dijo que el objetivo central del proyecto se trata de una “gentrificación” del barrio de Saavedra, que consta de “inyectar dinero en zonas puntuales para valorizarlas con el objetivo de promover la especulación inmobiliaria y el progresivo emplazamiento de la población de larga data”. Explicó, además, que en términos geográficos “el barrio queda partido y va perdiendo su identidad” haciendo resonar la pregunta con la que concluyó su ponencia “¿hace falta arreglar lo que no está roto?”.

A partir de las inundaciones de 2013, en 2016 fue creado el Comité Interjurisdiccional de la Cuenca del Arroyo Medrano (CICAM), integrado por representantes de todas las jurisdicciones, ONG y otras entidades con el fin de obtener “una visión integral de la cuenca con representaciones de todos”. El gerente de Proyectos Hidráulicos, Sergio Herbón, expresó que en las reuniones del CICAM “se identificó la necesidad de tener un plan maestro para la cuenca que fuera una actualización y una mejora”. Sin embargo, los vecinos insistieron en el real funcionamiento de este organismo, con la participación de los barrios de la Provincia de Buenos Aires afectados por el arroyo, y “no solo funcionarios, sino académicos, trabajadores de las fábricas aledañas y vecinos de la zona”.

En la votación de la junta comunal, el proyecto ya había sido rechazado 4 a 3 por los representantes de las comunas. Soledad González Alemán, directora de la revista barrial de Saavedra, repuso el carácter “arbitrario” del proyecto que no fue consultado con los vecinos y vecinas, la “falta de transparencia e información brindada a la comunidad y la ausencia de espacios para la expresión de la opinión”. La comunicadora social expresó que el parque Saavedra “es el patio de miles de vecinos” y que esta obra supondría la “pérdida de más de cinco mil metros cuadrados de espacio verde”, de ese jardín que “va en contra de la voluntad de la mayor parte de la comunidad”. 

 Lo que tuvieron en común todos los oradores fue la insistencia en el proyecto del Reservorio II del Parque Sarmiento, una obra que cuenta con una capacidad de 200 mil metros cúbicos, cuatro veces más que el que se busca impulsar en Saavedra, además de que se encuentra aguas arriba, es decir, más lejos de la desembocadura del arroyo. “Son dos aspectos claves a la hora de evaluar una obra de estas características: siempre es más eficiente tener un mayor volumen de retención y que esa retención se realice lo más alejada que sea posible de la desembocadura”, explicó a esta agencia Koutsovitis. Jorge Marchini, presidente de la Asociación Vecinal y Biblioteca Popular Cornelio Saavedra, el organismo más antiguo del barrio, expresó que “es mucho más prioritaria y una excelente obra, más barata, de menor impacto social que no se sabe por qué ha sido dejado de lado”, expresó . El mismo insistió en la disponibilidad del ex campo de golf privado que se concesionó dentro del Parque Sarmiento y calificó esta actitud del GCBA como un “misterio” por el desvío hacia una nueva obra hidráulica que si no da marcha atrás será una “negligencia”. 

Frente a aquel grito a viva voz del “No se inunda más” enunciado por el expresidente Mauricio Macri en el acto de cierre de su campaña en 2019, “Saavedra no duerme cuando llueve”, fue la frase acuñada por el barrio que repuso José Olivo, miembro de la Comisión de Desarrollo Urbano y Hábitat del Consejo Consultivo Comunal 12, y concluyó su ponencia reclamando que “los vecinos queremos volver a descansar y no estar pendientes del pronóstico”. 

La comunidad barrial emprenderá una serie de acciones para detener la obra. En primer lugar, la realización de una denuncia con los aportes de la Koutsovitis, al informe de impacto ambiental que el gobierno porteño pretende aprobar: “No puedo afirmar cuales son las verdaderas intenciones del GCBA, pero esta propuesta nada tienen con la implementación de una solución de drenaje sostenible basada en la naturaleza. Si este proyecto se enmarca en la Gestión del Riesgo de Inundaciones, no se analizaron alternativas, no está claro que escenarios se estudiaron ni cuáles fueron las instancias de participación que dieron lugar a la selección de la presente propuesta”. Además, señaló las faltas de dicha propuesta que no tiene la documentación técnica mínima para la realización de una evaluación eficaz: “No incorpora memoria técnica, parámetros de diseño, descripción del modelo hidrológico e hidráulico, condiciones de calibración, condiciones de borde.  Parece más marketing ambiental y paisajístico que una medida destinada a la Gestión del Riesgo de Inundaciones”.

De seguir adelante con el proyecto, y como última instancia, los vecinos están decididos a ir a la instancia judicial e iniciar una acción de amparo. Asimismo, solicitarán a la Junta Comunal y a la Legislatura un plan de manejo del parque donde los vecinos tengan participación y sean consultados ante cualquier acción que se pretenda hacer en el espacio verde.