El juez Rodolfo Fernández elevó a juicio la causa contra 19 dirigentes sociales y políticos que habían sido detenidos en medio de las protestas. Los acusados denuncian que la investigación está amañada.

Mientras se profundiza el conflicto docente en la provincia de Jujuy, la causa contra 19 manifestantes del Jujeñazo fue elevada a juicio por los hechos sucedidos el 20 de junio del 2023 durante las protestas contra la reforma constitucional impulsada por el exgobernador Gerardo Morales.

Aquel día se juraba en San Salvador de Jujuy la nueva Constitución que restringe el derecho a la protesta y perjudica a los habitantes de los pueblos originarios. Mientras tanto, fuera de la Legislatura, las miles de personas que protestaban en contra de nueva Carta Magna estaban siendo reprimidas.

“La reforma vino a coronar un modo que ya estaba en la provincia: la contravención”, comentó a ANCCOM Mercedes Sosa, secretaria general del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS). “Si vos estás en la calle más de quince minutos, viene la policía y pide despejar la zona, amenazando con contravencionar, tenés que ir acomodándote a que existe esa amenaza”.

Esto se profundizó el año pasado cuando las protestas en contra de la reforma desbordaron la provincia y derivaron en fuertes represiones policiales y militares, en las cuales hubo más de 170 heridos.

Los docentes fueron grandes protagonistas durante estos hechos y lo siguen siendo a día de hoy: se han encargado de llevar su lucha a las calles, y se siguen haciendo oír a pesar de las persecuciones policiales y judiciales.

“La lucha contra la reforma la iniciaron los docentes, que es un sector feminizado”, destacó la diputada por el Frente de Izquierda Natalia Morales. Si bien ésta no triunfó, cree que tampoco fue derrotada. “Entendemos que fue desviada, pero un aspecto de ella fue terminal con el gobierno autoritario de Gerardo Morales, que para nosotros fue un régimen policíaco”, dijo. A partir de ese cambio es que asumió como gobernador el exministro de Hacienda Carlos Sadir. 

Luego de aquel 20 de junio se instauró durante un tiempo una dinámica persecutoria por parte de las fuerzas de seguridad en contra de los manifestantes. “Mis compañeras tenían que ir a trabajar todos los días desde algunas localidades hasta capital, iban por la ruta y las paraba Gendarmería por ir con el guardapolvo blanco, porque pensaban que iban a la marcha”, comentó a esta agencia Luis Alberto Bazán, docente jujeño y referente de la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP). “Vivimos algo muy parecido a lo que fue el ‘76, los maestros escondían las mochilas y sus guardapolvos porque si no, no los dejaban llegar a San Salvador”, apuntó.

Esta dinámica, si bien se aplacó desde el cambio de gobierno en la provincia, sigue apareciendo cuando aplican el Código Contravencional a quienes quieren salir a marchar. Para Bazán, “eso no ha quedado en el olvido, seguimos inmovilizados por el temor, pero poco a poco vamos saliendo, tenemos que entender que las cosas se ganan en la calle, porque si nos quedamos en la casa nos comen los piojos”.

Manifestantes al banquillo

En este contexto, el enjuiciamiento de 19 protagonistas del Jujeñazo, la mayoría dirigentes de organizaciones sociales y políticas, evidencia una política del gobierno de criminalizar los actos de protesta, y llevar adelante maniobras persecutorias en conjunto con el sistema judicial, buscando de esa forma aleccionar a quienes toman la decisión de salir a las calles. 

Lo irregular de este hecho es lo que llama la atención. No se pudo, por ejemplo, sostener ninguna prueba que señale a los imputados por los delitos que se les atribuye. A su vez, el juez de la causa, Rodolfo Fernández, descartó varias pruebas de la defensa y rechazó los testigos oculares que esta había presentado, aceptándolos posteriormente por la insistencia de los abogados.

“Lo que las pruebas evidencian –señala Mercedes Sosa- es que está todo muy armado, lamentablemente la justicia es un aparato de persecución en Jujuy”. 

Incluso en aquel momento, Amnistía Internacional publicó una investigación en la que denunció que la policía jujeña había hecho detenciones arbitrarias y uso ilegal de las fuerzas. Se evidenció allí, gracias a registros audiovisuales y otros testimonios, que habían disparado balas de goma apuntando a las cabezas de los manifestantes. A su vez, se determinó que fuerzas parapoliciales habían utilizado camionetas sin patentes en la represión.

Este accionar viene acompañado de una coyuntura en la provincia en la que el malestar y los cuestionamientos hacia el gobierno y las centrales sindicales están reactivando las manifestaciones populares. Para Natalia Morales “el Estado criminaliza a quienes ejercen la protesta, y lleva adelante acciones anticonstitucionales como lo fue la reforma, y también antidemocráticas y violatorias de derechos humanos, llevando adelante brutales represiones con torturas, y disparando a los ojos, el que tendría que estar en el banco de acusados por esto es Gerardo Morales”.

El conflicto docente.

A principios del pasado mes de noviembre, el gremio de enseñanza media y terciaria reactivó las manifestaciones luego de que el gobierno de la provincia impusiera un aumento del 2%. “La política siempre fue la imposición, te informaban en paritarias qué era lo que habían decidido aumentar y no esperaban siquiera que las asambleas se expidan”, comentó Sosa.

Ante esto, convocaron a un paro por tiempo indefinido que terminó durando once días. En ese tiempo, las protestas sociales se intensificaron y lograron, en una agobiante jornada de marcha hacia el Ministerio de Educación, la convocatoria de una paritaria. Sin embargo, lo único que se obtuvo fue un reconocimiento firmado por el Ministerio de Hacienda en el que aceptaban que la política salarial venía siendo discriminatoria entre los sueldos de los docentes de Nivel Primario y Secundario: “Al gremio de primaria le pagan muchos más ítems que a nosotros, nos dijeron que eso había sido aprobado en el 2019 por el gremialista que estuvo antes de mi gestión, Jorge Montero, y que él no hizo ningún cuestionamiento”, comentó Sosa.

Ahora, los docentes están a la espera de recibir la liquidación de los salarios del último mes, ya que se los amenazó con que les descontarían los once días de paro. Si eso se termina traduciendo efectivamente en los sueldos, la próxima medida gremial sería la huelga de hambre.

“Sí hay plata”

El Gobierno se ha encargado de anunciar en los últimos meses mediante un informe del Ministerio de Hacienda que hay un superávit extraordinario en la provincia. Pero a pesar de ello, gran cantidad de docentes y trabajadores municipales  hoy viven por debajo de los niveles de indigencia. Por ello, los distintos movimientos sociales y manifestaciones se han hecho eco de esta situación en sus consignas.

“Carlos Sadir en Jujuy hace los deberes según lo que pide el gobierno de Javier Milei, eso se expresó con la Ley Bases, el RIGI o el Pacto de Mayo, y eso se ve con este superávit a costa de mantener los salarios a la baja”, comentó Morales.

El Frente de Izquierda también tomó este informe para darle una vuelta de tuerca. “Con ese superávit se podría aumentar el salario no solamente de los docentes, sino también de los cien mil trabajadores estatales a 850 mil pesos por más de seis meses”, dijo la legisladora.

Todo este superávit viene en concordancia con los brutales recortes que se están haciendo en muchos sectores. La falta de aumentos salariales para los empleados públicos, por ejemplo, también ha provocado que muchos profesionales médicos tomen la decisión de trasladarse a otras provincias, vaciando progresivamente los hospitales jujeños.

Asimismo, más de 60 establecimientos educativos de pueblos originarios y sectores rurales, de regiones de la Quebrada y Puna, podrían cerrar, lo que implicaría un significativo golpe a estas comunidades. Como afirma Luis Alberto Bazán, “lejos queda nuestra tan anhelada soberanía, es en la escuelita en el medio del campo donde se iza la bandera argentina, por ella atraviesan las cuestiones sociales de nuestras comunidades, pero eso no les importa, están arrasando con la cultura”.

En Jujuy, muy lejos están de haber sido superadas las represiones que fueron noticia nacional el pasado año. Poco y nada ha cambiado la política del gobierno de Carlos Sadir con respecto al de Gerardo Morales. Y lo que es más grave aún, el Poder Ejecutivo parece haberse articulado con el Judicial para continuar con este modelo que criminaliza la protesta.

“Yo sé, como maestro, que en nuestra Constitución nacional está escrito que a los que dieren la suma del poder público a una sola persona se los considera traidores a la patria, y en Jujuy los diputados le dieron el poder absoluto a Gerardo Morales”, sentenció Bazán.