«El Estado ausente, los pibes presentes»

«El Estado ausente, los pibes presentes»

Una abigarrada marcha partió desde la Escuela 11 de Barracas, a la que pertenecía la alumna fallecida el lunes 15, y confluyó frente a la Jefatura del GCBA, en Parque Patricios. Reclamaba por los responsables del desfinanciamiento de las polítias socioeducativas porteñas.

La comunidad educativa volvió a ponerse de pie una semana después del fallecimiento de la niña de la escuela N°11. Acompañados de una multitud conformada por vecinos y vecinas de Barracas y barrios aledaños, agrupaciones barriales, organizaciones sociales, partidos políticos, sindicatos y centros de estudiantes marcharon, en caravana hacia la Jefatura de Gobierno “exigiendo la implementación y el cumplimiento efectivo de políticas públicas que garanticen el cuidado integral de nuestras niñeces”.

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Son las 17. Es la hora de la salida de la escuela. Cientos de personas a pie, en bicis y motos, avanzan con ritmo entre la calle y la vereda. Guiados por una camioneta blanca en la que dos docentes paradas arriba de la cabina agitan con un micrófono de pie: “El sur también existe”. Del cuello para abajo los guardapolvos blancos. Por arriba de las cabezas se asoman los carteles, las banderas y los niñas y niños a caballito en los hombros de sus padres.  Cuando doblan en la avenida Iriarte, doble mano, se quedan del carril derecho hasta que finalmente copan el ancho de la vía y terminan de estirar una bandera que reza: “NI UNX PIBX MENOS. NIÑECES DIGNAS”.

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Lo que terminó de colapsar una situación de desidia y abandono del Estado y moviliza esta multitud encabezada por aquella pancarta fue la muerte de una alumna de 11 años de la escuela N° 11 del distrito quinto. La niña y su familia siempre habían estado en una situación de vulnerabilidad de la que, como podían, se hacían cargo de forma integral sus docentes. La niña recibía un refuerzo hipercalórico en su vianda, debido a su bajo peso, que también terminó por ser discontinuado. El viernes 12 de agosto la nena se descompensó al entrar a la escuela. La ambulancia nunca llegó. El lunes 15 la ingresaron al Hospital Penna en estado de gravedad donde finalmente falleció.

Los resultados de la autopsia confirmaron que la niña se encontraba en «regular estado de nutrición» y que su fallecimiento se dio a causa de una «neumopatía bilateral». “La verdad es que los resultados no cambian nada.  La situación de vulnerabilidad de derechos y abandono por parte del Estado es real. Si hubieran conocido a la niña, no tenía el desarrollo normal de una niña de 11 años y tampoco su cuerpo resistió una enfermedad porque no era suficientemente fuerte. Además, reclamamos que ningún organismo del estado acompañó a su madre en los cuidados de sus hijes garantizando sus derechos”, señala Alejandra Giusti, docente de la escuela N°11 que marcha hoy en la caravana. 

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Al grito de “Solo tenemos libros” la multitud atraviesa a la villa 21-24 con el sol bajando como una bola naranja que los alumbra de frente. Los vecinos y vecinas se asoman por los balcones, las terrazas de las casillas sin terminar, los niños miran a través de las rejas de las ventanas, aparecen desde los pasillos, parados en los cascotes de las veredas rotas, se suman a la marcha esquivando la basura. La multitud frena ante la escuela N°6 y mientras espera a que los acompañen los docentes y alumnas, una maestra subida a la camioneta lee el cuento Mil grullas de Elsa Bornemann: “La niña murió al día siguiente. Un ángel a la intemperie frente a la impiedad de los adultos. ¿Cómo podían mil frágiles avecitas de papel vencer el horror instalado en su sangre?”. Un montón de grullas amarillas, rosas, celestes, rojas, naranjas y verdes empiezan a salir de las mochilas de las maestras.

Toki, ahora vos. Toki, te toqué, ¡ahora vos! Dos nenas con guardapolvos juegan a la mancha mientras las adultas y adultos que los rodean sostienen carteles con consignas claras: “Con hambre no se puede estudiar”, “La desidia mata”, “La escuela sola no puede”, “Si se puede evitar es un crimen”, “El gobierno de la Ciudad es responsable”, “El Estado ausente los pibes presentes”.

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Luego de haber sido citada por parte de la legisladora porteña del Frente de Izquierda, Alejandrina Barry, a ser interpelada debido al fallecimiento de la niña, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, no hizo ninguna referencia al caso públicamente ni en redes sociales, donde su último tuit data del 14 de agosto y el último contenido subido a su instagram es en celebración del Día del Niño “por un futuro con más oportunidades, en el que la educación sea el motor para generar ciudadanos libres”. Ningún organismo ni referente del GCBA se comunicó con la escuela o con la familia para otorgar acompañamiento o condolencias.

«El modus operandi del GCBA es la negación total. Si en algún momento hablan, van a salir a decir que no son responsables y la niña murió por causas naturales», expresa a ANCCOM Adriana Cabi, docente e integrante de la organización comunitaria La Andariega, que acompaña a la escuela en el reclamo y en la práctica, ofreciendo apoyo escolar en alfabetización de primer a tercer grado. La organización se autofinancia sin recibir ningún apoyo o subsidio del GCBA. La maestra recuerda la situación en contexto de pandemia donde «los que se organizaron para resistir fueron las organizaciones sociales del barrio». 

En 2014, el barrio sufrió la pérdida de otra niña, Cynthia, muerta a causa de una bala perdida. «No es que esa niña no tendría que haber estado en ese lugar. Esa bala no tendría que estar ahí donde están jugando les niñes. Eso también es ausencia del Estado», afirma Cabi.

El día del cumpleaños de Cynthia siempre se festeja en el barrio como el Día de la Niñez, salvo por este año que “la comunidad educativa está de luto”. «Infancias dignas van a ser cuando no falte ningún pibe ni piba, cuando haya escuelas, vacantes y cuando los pibis tengan todo lo que necesiten para poder vivir dignamente», expresa la docente.

 

El sol empieza a bajar en la villa. Las docentes cantan y la multitud se contagia. A los colectivos, autos y camiones que pasan por el carril de al lado de la avenida Iriarte les dedican un “Toca bocina si apoyás la educación”, desatando una orquesta de bocinazos. Cada tanto un grito aislado de las maestras repite: “Solo tenemos libros”. Niños y niñas que juegan a la pelota en una canchita se acercan corriendo a saludar desde la reja. Al lado de ellos, sobre un paredón extenso con un mural del Gauchito Gil, emerge un par de construcciones de colchones y sábanas que hacen de hogar para algunos habitantes del barrio. Toda la calle se mezcla con la música de los parlantes y el movimiento que se impulsó desde la tristeza es un lugar de encuentro y la alegría de luchar.

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La participación que tiene la educación en el presupuesto general de la Ciudad bajó más de 10 puntos de 2011 a 2021, disminuyendo del 27% al 17% sin siquiera ser ejecutado en su totalidad. 

Ante esto, la comunidad educativa denuncia un “vaciamiento y precarización de las políticas públicas del GCBA sobre todo en la protección de derechos de la infancia y la adolescencia”. El proceso de vaciamiento “se trata de la baja de presupuesto en las distintas áreas que sostienen las políticas públicas y a causa de eso hay una precarización de los trabajadores y trabajadoras y una reducción de su número”, explica a ANCCOM Pablo Francisco secretario de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE). «Esta baja del presupuesto tiene un correlato en el día a día: escuelas con problemas de infraestructura, con falta de mobiliario,  reducción de la cantidad de la alimentación, disminución del material didáctico, cuestiones que afectan a las condiciones de enseñanza y aprendizaje», apunta Francisco.

Es esta la situación de los Equipos de Orientación Escolar (EOE) que “en el distrito quinto aborda las problemáticas pedagógicas de Nivel Inicial y Primario. Estamos hablando de un universo de 15 mil alumnos, y un gabinete de 14 personas trabajando, 7 a la mañana y 7 a la tarde”, comenta el secretario quien expresa que “idealmente tendría que haber un EOE por escuela. Nosotros planteamos que aunque sea haya uno cada cuatro escuelas. Hoy hay uno solo por distrito escolar para primaria e inicial”.

Las políticas públicas existen y no se implementan porque los organismos estatales existen pero están colapsados. Es el caso del organismo al que se derivan los casos cuando exceden al EOE, el Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que se encuentra en la misma situación;  del CeSAC, que hoy da turnos para dentro de 3 meses y no existe un vínculo directo con los hospitales de referencia de las escuelas; y de las defensorías zonales, que no cuentan con equipamiento y cantidad de personal necesaria.

En el medio del debate por el desmantelamiento se dirimen dos cuestiones más, la de la alimentación y la del apoyo económico a las familias más vulnerables que actualmente se ve amenazado por su quita en caso de no constatar la asistencia en la escuela. 

En este sentido, el secretario explica que en vez de bregar por el acceso universal a la alimentación escolar, “para acceder a una vianda, que es un sanguchito con una fruta, el niño o niña tiene que acceder a una beca y para ello la familia debe llenar una serie de formularios y validar una cantidad de documentación numerosa. A las familias les cuesta mucho completar esos trámites”. Sintetizando el rol del Gobierno porteño en ambas cuestiones, Francisco señala que “el Estado tiene que estar presente y acercarse a esas familias y no amenazarlas o castigarlas sacándoles un subsidio, lo cual es una medida estigmatizante. Una familia no anota a los pibes en la escuela y no los manda porque sí. Cuando un chico no va a la escuela, hay un montón de variables que está atravesando esa familia y ahí el Estado tiene que estar más presente que nunca. Tiene que saber qué le está pasando a esa familia y lograr que vuelva a la escuela”, concluye.

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A las 19 el cielo empieza a teñirse de violeta y se apagan el naranja y el amarillo. Puntual, la caravana llega hasta su destino y se concentra frente a la nueva sede de la Jefatura de Gobierno en Parque Patricios. Han sido 30 cuadras de recorrido y seis que ocupaba la multitud. El edificio es enorme, de alrededor de una manzana, moderno y vidriado, cercado por una reja de dos metros. Las maestras sacan la cinta scotch, la estiran, la cortan con los dientes, hacen un rulito y van pegando decenas de grullas. Decoran el enrejado como si decoraran el aula.

Con un timing oportuno, la canción con la que llega la caravana canta justo el verso “Porque preguntamos bien y nadie nos dio una respuesta”. Afuera del edificio hay siete policías, algunos están de civil y se descostillan de la risa en una ronda. Adentro hay seis, con escudos y cascos. En el predio se pasea un hombre con traje hablando por teléfono. Dentro del edificio todas las luces están prendidas y ningún alma.

“Pasaron 7 días desde que tenemos una silla vacía en nuestra escuela. El abandono y la desidia del GCBA se cobró la vida de nuestra estudiante. Algo que se podría haber evitado con políticas públicas que garanticen el derecho a nuestras niñeces. La escuela sola no alcanza”, exclama una de las docentes que lee el documento de cierre. Una mujer le dice a su hija “mirá ahí está la seño”, señalando a quien está delante del micrófono. “Responsabilizamos al Gobierno porteño que con sus políticas de abandono, desfinanciamiento y reducción de presupuestos permitió que esto ocurriera. Seguiremos luchando por niñeces dignas y porque nunca más tengamos un pibi menos en nuestras escuelas. Soledad Acuña, cómplice. Rodríguez Larreta, responsable”, concluyen.

Son las 19.30 pero parecen las 21. Ya es de noche y a pesar del frío la multitud se queda de frente a la Jefatura de Gobierno y vuelve a unirse al canto de “Fuera, Acuña, fuera”. 

La ausencia del Estado mata

La ausencia del Estado mata

Una niña de 11 años, que atravesaba con su familia una situación de vulnerabilidad límite, falleció luego de sufrir desmayos en la escuela. La ausencia de una dieta hipercalórica en la vianda escolar fue denunciada por sus docentes en repetidas ocasiones, pero nunca recibieron respuesta. El lunes, la escuela organiza una marcha hacia la Jefatura de Gobierno.

Una nena de 11 años falleció este lunes luego de ingresar a la guardia del Hospital Penna tras haberse desmayado el viernes anterior en la entrada de la escuela, día en que la ambulancia nunca apareció. Hoy la familia y la comunidad educativa esperan los resultados de la autopsia y la resolución de una denuncia penal, apuntando al Gobierno de la Ciudad como principal responsable por su “ausencia y desidia que sistemáticamente vulnera los derechos de nuestres pibis”. 

La niña asistía a la Escuela Nº 11 D.E. 5 «República de Haití» de la villa 21-24 desde que comenzó primer grado. Desde entonces, debido a su situación de vulnerabilidad y la de su familia, las autoridades pidieron la intervención del EOE (Equipo de Orientación Escolar) conformado por profesionales de la educación y la salud que hacen un acompañamiento del alumnado. 

La nena recibía, bajo certificado médico, un refuerzo hipercalórico de vianda. “El refuerzo era insuficiente: un yogur, un flancito o una banana con dulce de leche”, cuenta a ANCCOM Alejandra Giusti, maestra de la escuela dentro del Programa de alfabetización “Maestro + Maestro”. El refuerzo dejó de otorgársele a la nena porque el último médico que la atendió no le diagnosticó bajo peso. “Pesaba 20 kilos. Tenía el cuerpo de una niña de 7 años”, repone la docente.

Fue recién en 2020 que finalmente el EOE solicitó la intervención a la Defensoría Zonal. La solicitud fue reiterada dos veces en 2021 y 2022. “Quienes trabajan en el EOE están en una situación de precariedad laboral importante. Hacen lo que pueden y es muy poco porque no hay una política del Estado apoyando esto”, explica Giusti. Aún hoy la escuela dice que nunca fue informada sobre alguna intervención del organismo.

El acompañamiento que la nena recibía de parte del personal docente era integral. Desde los dispositivos focalizados en su aprendizaje dentro y fuera del aula, como la gestión de turnos médicos o de sus anteojos, ropa de abrigo y almuerzo antes de entrar al aula. “Los recursos y las herramientas que debería haber proporcionado el Gobierno de la Ciudad para acompañar a la niña y a su familia, nunca fueron suficientes, y en algunos casos inexistentes”, expresaron las y los docentes en el comunicado publicado ayer. 

“Hacía días que la niña no estaba viniendo porque no tenía zapatillas y la escuela se encargó de conseguirle unas”, cuenta Giusti. El viernes 12 de agosto, la nena regresó a la escuela y en la entrada se desvaneció en los brazos de una compañera. Luego de dos llamados al SAME y una hora de espera, la niña fue retirada de la escuela. El lunes 15, ingresó en estado de gravedad a la guardia del Hospital Penna, donde finalmente falleció. Aún no se conocen los resultados de la autopsia ni si esta fue realizada efectivamente. El caso se encuentra judicializado y actualmente depende de la Defensoría del Menor.

“Esto es a causa del hambre. Por más que no esté la autopsia, lo sabemos. Vemos todo el tiempo cómo se achican los platos, cómo se saca la carne. Lo que antes era pastel de carne ahora es con lentejas. Con un discurso de nutrición insana nos sacaron el pan. Antes era una manzana ahora es la mitad, y muchas veces la fruta viene podrida”, enumera Alejandra quien siempre lleva galletitas en la mochila porque la frase que más se repite en el día es “Seño, ¿tenés un paquete de galletitas?”. “A veces les tenemos que dar la comida antes porque tienen hambre. Las galletitas no sobran nunca”. 

La comunidad educativa responsabiliza principalmente al Gobierno de la Ciudad por llevar a cabo una política de “vaciamiento de todos los organismos del Estado que durante todos estos años deberían haber actuado en tiempo y forma, garantizando la salud, el cuidado y la integridad de esta niña y su familia; así como la de tantos/as otres estudiantes que se encuentran atravesando situaciones similares en las escuelas públicas del sur de la Ciudad de Buenos Aires”, denuncian en el comunicado. 

  Giusti comenta que lo que sucedió se debe a “la ausencia del Estado y mañana pasa en cualquier escuela del barrio”. Los y las docentes están todos los días gestionando lo que sus alumnos necesitan sea ropa, turnos o materiales. “Tenemos un ropero para poder abrigar al que viene desabrigado. Todo eso lo hacemos las maestras gestionando donaciones, tomando de nuestras propias cosas. Vamos al mayorista a comprar lapices negros porque el Estado no nos da nada, ni un cuaderno. He llegado a ver un cuaderno con hongos. Imaginate la humedad con la que hay que vivir para que un cuaderno que usas todos los días tenga hongos”.

 

Por su parte, la legisladora porteña del Frente de Izquierda, Alejandrina Barry, presentó un proyecto de resolución que cita a la ministra de Educación, Soledad Acuña, a ser interpelada debido al fallecimiento de la niña. Barry señaló que la situación «se da en medio del ataque de Soledad Acuña a las familias de las y los alumnos más humildes, ya que amenaza con quitar los planes sociales a quienes no logren cumplir con el 85% de la asistencia de sus hijos e hijas».

“Hoy en la ciudad más rica del país mueren niñes porque no se destinan recursos ni hay voluntad, de parte de este gobierno para proteger las niñeces”, señalan los y las docentes en el comunicado. Giusti concluye pidiendo justicia y refiriéndose a la “fantochada del marketing” del GCBA: “la transformación no para de avanzar pero nunca pasa por nuestros barrios”. 

La respuesta desde el GCBA sostiene no haber recibido notificación del estado en que se encontraba la nena. Debido a esto, la escuela convoca una marcha que se realizará el próximo lunes hacia la nueva sede de la Jefatura de Gobierno en Parque Patricios.  

El Gobierno de la Ciudad contra los estudiantes con discapacidades

El Gobierno de la Ciudad contra los estudiantes con discapacidades

La ministra de Educación, Soledad Acuña, apeló un fallo judicial que la obligaba a presentar un plan de inclusión de las personas con discapacidad en el sistema educativo. La discriminación en las escuelas privadas.

Implementar políticas públicas para garantizar el derecho a la educación inclusiva e impedir la discriminación de las personas con discapacidad en las escuelas de gestión privada, en todo el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. De eso se trata el reciente fallo de la Justicia, que obliga en ese sentido al Gobierno porteño. Previsiblemente, la ministra de Educación, Soledad Acuña, apeló la medida.

«No hay vacante». «No trabajamos con maestra integradora». «Quizás una escuela de recuperación es mejor». Esas son solo algunas de las excusas con las que se encontraban las familias que deseaban matricular a sus hijos. Ante esta situación, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) inició en 2019 una demanda judicial contra el Ministerio de Educación de CABA, solicitando que se adopten las medidas necesarias para evitar los rechazos de inscripción por motivos de discapacidad en las escuelas privadas.

El pilar sobre el cual se sostuvo el reclamo fue la falta de control y la omisión del Gobierno porteño ante lo que consideraban un rechazo sistemático de niñas, niños y adolescentes en dichas instituciones. Así, se vulneraba el derecho a la educación inclusiva reconocido en el Artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual goza de jerarquía constitucional en nuestro país desde  2014.

El pasado 23 de junio, el Juzgado Nº. 6 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, a cargo de la jueza Patricia López Vergara, dictó sentencia haciendo lugar al reclamo de ACIJ. En el fallo, declaró la inconstitucionalidad de la conducta omisiva del gobierno y le ordenó presentar una propuesta de política pública para garantizar el derecho a la educación inclusiva.

Belén Arcucci, coordinadora del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de ACIJ, declaró en dialogo con ANCCOM: «Se trata de un fallo histórico que deja en claro las obligaciones del Estado y entiende el alcance del derecho a la educación de las personas con discapacidad».

Asimismo, destacó los avances que se fueron consiguiendo a lo largo del proceso judicial. Por ejemplo, a través de una medida cautelar, se obtuvo la habilitación de canales de denuncia en la página web del GCBA y la publicación de un apartado dedicado a la educación inclusiva y la normativa vigente. Sin embargo, subraya que no fue fácil de lograr ante la reticencia del Gobierno porteño, a tal punto que la Justicia tuvo que aplicarle multas a la ministra Soledad Acuña para su cumplimiento.

Varias fueron las familias que recurrieron a ACIJ a contar sus casos, en lo que consideraban un rechazo sistemático, discriminatorio y un intento de invisibilizar la problemática.  Natacha (que pidió no decir su apellido), mamá de Iñaki, brindó su testimonio en carácter de testigo en la causa. Refirió haber recorrido varias escuelas comunes para matricular a su hijo. Sin embargo, luego de algunas entrevistas, lo terminaban rechazando. Mencionó lo desgastante que es para las familias (y ni hablar para los estudiantes) someterse a contactar a varias escuelas y recibir negativas constantemente. «¿Cuánto se puede insistir? Si lo rechazan una y otra vez y finalmente lo aceptan ¿Como lo van a tratar luego?», afirmó.

Ella consideró que el fallo es un avance importante en la materia, pero que de todas formas se debe seguir trabajando para conseguir una integración entre las escuelas comunes y las especiales. «Vivimos en una sociedad donde parece que la discapacidad incomoda, hay que trabajar desde chicos para que aprendan a convivir», remarcó.

Al día de hoy, el litigio se encuentra en proceso. Luego de la apelación de la sentencia por parte del GCBA, el expediente fue elevado a la Cámara de Apelaciones para su resolución.

La memoria y el derecho a la identidad en las aulas

La memoria y el derecho a la identidad en las aulas

“Los derechos en las aulas”, el ciclo de Abuelas de Plaza de Mayo destinado a docentes volvió a la presencialidad con un conversatorio sobre la edición de libros sobre memoria a cargo de Laura Leibiker y Cecilia Rassi, editora y asesora infantojuvenil respectivamente, moderadas por los escritores Mario Méndez y Paula Bombara.

¿Cuál es la mejor forma de trabajar el tema de la vulneración de los derechos humanos con las infancias? ¿Cómo trabajar el derecho a la identidad desde la literatura infantojuvenil? ¿Cuál es la información apropiada para cada nivel educativo? Estas y otras preguntas funcionaron como ejes del conversatorio «Editar para la memoria. Producción de libros infanto juveniles sobre la historia reciente» organizado por Abuelas de Plaza de Mayo y la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina (ALIJA).

En el Auditorio de Casa por la Identidad Espacio Memoria y Derechos Humanos, luego de dos años, se volvió a realizar presencialmente el ciclo “Los derechos en las aulas”, que desde hace cuatro años Abuelas destina a docentes y público educativo. Laura Leibiker, directora editorial del área de literatura infantil y juvenil de Norma, y Cecilia Rassi, asesora pedagógica de la misma editorial y también docente del Instituto de Formación Docente “Santo Domingo” de Ramos Mejía, fueron invitadas para que, desde sus experiencias profesionales, compartieran sus miradas sobre el tratamiento de la violencia y la vulneración de los derechos humanos durante la última dictadura cívico militar en los libros infantiles. El conversatorio estuvo moderado por dos escritores: Paula Bombara y Mario Méndez, él también presidente de ALIJA.

Si bien las editoriales constituyen espacios de la periferia de la escuela, también la nutren e influyen en los estudiantes. Para Laura Leibiker el editor es un constructor de sentido: construye un catálogo de libros y este refleja una visión determinada del mundo. “Al leer un libro que me llega lo que busco es que me interpele a mí como lectora, me tiene que pasar algo, me tiene que transmitir algún tipo de emoción. Uno tiene una posición política y frente al mundo. En el trabajo esa posición también está ahí, te acompaña. El catálogo refleja lo que yo creo que el mundo debería ser, lo que creo que es necesario que se diga en este momento. También, surge de una necesidad de los lectores, de poner a disposición ciertas temáticas, narrativas. La cuestión de los derechos y la identidad son dos temas muy presentes”, explica.

Ante la preocupación o el miedo de que las familias se opongan a ciertos ejemplares Laura Leibiker comenta que se deben encontrar mecanismos para que eso no sea un impedimento. “Cuando algo está amparado por ley la discusión se corre un montón. Hay leyes que permiten que se aborden ciertos temas. Las escuelas no deciden las leyes. Podemos hablar de eso porque está legitimado por la ley, los textos que tienen que ver con la reivindicación de derechos van a provocar una discusión, porque qué texto interesante no provoca una. Todo lo que tenga que ver con la libertad, la libre elección, el conocimiento de la propia identidad, esos son los libros que a mí me interesa que lleguen a las escuelas”.

Cecilia Rassi, quien cuenta con una vasta experiencia docente en todos los niveles educativos, considera que la escuela debería funcionar como un espacio de libertad. Es por eso que el rol del docente es tan importante y conlleva una gran responsabilidad. “La escuela debería funcionar ofreciendo caminos, sentidos diversos. Un buen docente debería ser quien habilite esos distintos sentidos, quien introduzca al niño cuando se está formando como lector. Tiene que ser una mano que lo lleve a una zona de libertad”, expresa en diálogo con ANCCOM. Para Cecilia la literatura es muchas veces una aliada para meterse con los temas más complicados como es en este caso el tratamiento de lo ocurrido en la dictadura cívico militar.

“Tanto con los chicos como con los grandes se puede hablar de cualquier cuestión, el problema es cómo lo vas a encarar. Hay información que no hace falta darle a un nene muy chiquito. Hay que hablar sobre dictadura pero quizás hay textos que permiten abordar la cuestión sin el nivel de detalle que impide que un nene duerma, sí con un nivel que haga que ese mismo nene vuelva a la casa y pregunte qué fue lo que pasó, cuándo pasó, dónde estaba la familia”, agrega Laura Leibiker.

La directora editorial concluye que siempre se preocupó por encontrar una forma de acompañar a las abuelas. Al pensar en el momento en que firmaron el contrato por Ovillos de trazos, un libro infantil integrado por doce microrrelatos donde se entrecruzan historias en torno a la memoria y a la identidad, en diálogo con ANCCOM recuerda: “lloramos desde que llegamos hasta que salimos. Siempre me interesó mucho poner en nuestros libros cuestiones que tienen que ver con la memoria histórica, porque nos parece importante que en la escuela haya material para trabajar con la literatura sobre nuestra historia reciente”.

La Seguridad Vial como política de educación, salud y planificación pública

La Seguridad Vial como política de educación, salud y planificación pública

En el primer cuatrimestre de este año se registraron 1200 siniestros de tránsito fatales, que se llevaron la vida de 1339 personas. El riesgo de ver esta problemática solo como un error humano ante la falta de planificación y prevención.

En el primer cuatrimestre de este año se registraron 1200 siniestros de tránsito fatales, que se llevaron la vida de 1339 personas. Estos datos, provistos por el Observatorio Nacional Vial, ilustran una clara problemática: calles, avenidas y rutas pueden ser peligrosas.

Alberto Gasparín, de Luchemos por la Vida, una asociación civil que tiene como objetivo la prevención de accidentes de tránsito, sostiene que hay que concientizar al público general para evitar muertes innecesarias. Si bien la educación vial debería ser curricular en las escuelas desde el año 1986, hasta el día de hoy no existe de forma oficial en los programas. “No existe seguridad vial en los colegios, solo existen maestros o directores preocupados que nos convocan. No pretendemos que sea una materia de currícula, pero sí que aparezca la seguridad vial como algo transversal”, asegura.

Por su parte, Mariana Sena, miembro de la organización Compromiso Vial, de Rosario, dice: “No pasa por agregar más cosas a la escuela. Muchas veces los Estados generan programas y planifican, depositando más que generando. Depositan la responsabilidad a las escuelas, pero en las escuelas es un elemento, no pueden ser ellas las encargadas de que esto se lleve a la práctica.”

La falta de educación vial se ve reflejada en las actitudes de quienes circulan; no solo de los conductores, sino también de los peatones. Sin embargo, en la medida que todos forman parte de un mismo sistema, se debe encontrar una forma de convivencia que genere empatía respecto de los demás. Desde Compromiso Vial se comprende a la circulación vial como un fenómeno social, que se vincula con la salud psíquica y física. Por ello hacen uso del concepto de “violencia vial”. “Hablamos de violencia porque en la calle aparece un cuadro donde convergen diferentes actitudes agresivas”, indica Mariana Sena.

También Sena sostiene que desde la organización se hace especial mención a la perspectiva de género en el tránsito. “La mujer aparece siempre en un lugar de cuidado y el macho siempre aparece como imponente, que no se apega a las normas. No es una cuestión de cupo, sino que se debe tener sensibilidad y respeto al manejar”. La figura masculina tiene ciertas habilitaciones que le permiten actuar de forma imprudente. Por ello proponen una pespectiva feminista para la deconstrucción del sistema actual de circulación.

En lo que respecta a la seguridad vial parecería haber una ausencia del Estado. Una de las áreas más notorias en la falta de intervención es la de la seguridad infantil. Según un informe realizado por la Sociedad Argentina de Pediatría, en conjunto con la Asociación para la Disminución de Siniestros Viales (ADSV), actualmente en Argentina se venden 326 modelos de Sistemas de Retención Infantil, más conocidos como “sillitas”. De este número, hay 10 modelos que no tienen homologación alguna, es decir, no se verificó su efectividad ante un posible siniestro vial y aun así son comercializadas como si cumplieran con este propósito, sin ninguna condena o sanción por parte de los organismos pertinentes. Asimismo, el valor de mercado de estos artículos es muy elevado (pueden llegar hasta a los 125 mil pesos), lo que sugiere que el transporte seguro de los niños no implica un derecho, sino un privilegio.

De acuerdo a Axel Dell´Olio, presidente de ADSV, la seguridad vial debe entenderse como un problema de salud pública. Propone no pensar en el “error humano”, sino en la ineficiencia de la infraestructura existente. “Cada vez que no se invierte en un metro de ruta, se paga en un hospital siete veces más de lo que no se invirtió”, afirma.

Según Dell´Olio “es muy simplista decir que es un error humano. Hay un error de infraestructura, que se comparte con el error humano. Hay que hacer campañas de concientización, pero también hay que generar infraestructura, y hay que fortalecer la ley. Falta un consenso en el que se definan las acciones que se van a hacer, es un problema de salud pública, y mientras no se entienda como tal, no se va a avanzar”.

A pesar de la necesidad de un cambio estructural, constantemente se proponen medidas para evitar que los siniestros viales terminen con víctimas fatales o con traumatismos graves. Ema Cibotti, historiadora de reconocida trayectoria y miembro de la Asociación Civil Trabajar contra la Inseguridad Vial y la Violencia con Acciones Sustentables (ACTIVVAS), comenta que la iniciativa #Calles30 propone bajar la velocidad mínima de 40 kilómetros por hora a 30. Esto se debe a que muchas de las muertes de peatones se producen porque 40 todavía es una velocidad bastante alta en las ciudades. Al reducir la velocidad, entonces, se resulta en un menor número de accidentes, dado que permite al conductor tener más tiempo de visualizar la situación con más claridad y al peatón observar la aproximación del vehículo. “La velocidad 30 no es un capricho, salva vidas”, asegura Cibotti.

Si bien el escenario en Argentina impone una necesidad de planificar nuevas estrategias de seguridad vial de largo plazo y todavía queda un largo camino por recorrer respecto a nuestra forma de transitar, el constante trabajo de las organizaciones civiles apunta en la dirección indicada.