La Ley de Humedales perderá estado parlamentario

La Ley de Humedales perderá estado parlamentario

 Dos proyectos presentados para la conservación de los humedales no fueron tratados por el Congreso y su estado parlamentario caduca el 10 de diciembre

En noviembre del año pasado las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería, y Presupuesto y Hacienda votaron favorablemente para crear una normativa que proteja los humedales. Si los proyectos no se tratan antes del 10 de diciembre perderán su estado parlamentario. Las iniciativas fueron presentadas por los legisladores Ximena Garcia y Maximiliano Ferraro de Juntos por el Cambio y Leonardo Grosso por el oficialismo en la cámara de Diputados

 La función

 Según la definición del gobierno nacional  en su espacio de acción ambiental “los humedales son áreas que permanecen en condiciones de inundación o con suelos saturados con agua durante periodos considerables de tiempo y si bien este término engloba variedad de ecosistemas, todos los humedales comparten una propiedad primordial: el agua es el elemento clave que define sus características físicas, vegetales, animales y sus relaciones”.

 Martín Proia, licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires, considera a los humedales como un “parche de paisaje”. Una zona definida, cuya característica principal es que están inundados semi permanentemente, es decir “un suelo anegado en agua que tiene una diversidad vegetal y animal muy amplia y que no se puede encontrar en otros espacios”.

 “La relevancia que tiene un humedal depende mucho del lugar que lo circunda”, explica Proia, quien trabajó el tema en relación al proyecto de remediación del río Reconquista bajo auspicio del COMIREC (Comité de la cuenca del río Reconquista), y pone como ejemplos la Reserva Ecológica en la ciudad de Buenos Aires y el Delta del Paraná, “un mega humedal” que arranca en la zona de Tigre. Además el licenciado explica que en Argentina los humedales suelen ser de agua dulce lo que resulta “extremadamente llamativo” porque son grandes reservorios y le dan estructura al suelo en general de tipo limoso (barro).

 Desde el punto de vista biológico los humedales tienen una función “fotosintética”: “Estas extensiones captan mucha luz y suelen tener muy poca intervención humana porqué son lugares feos para construir, ya que no dan buen sustrato para una edificación”, sintetiza Proia. Por lo tanto, suelen ser de características muy silvestres y diversas en cuanto a la población que albergan y también tienen una fauna asociada que permite la migración de las aves que dispersan con su vuelo las semillas de las plantas de un lugar a otro.

Promesa incumplida

 Durante la campaña para las elecciones legislativas de medio término en 2021 uno de los avisos publicitarios del gobierno nacional remarcaba estar a favor de la aprobación de una ley de protección de los humedales. Lo cierto es que, a pocos meses de terminar el mandato del presidente Alberto Fernández, todavía no se trató en el poder legislativo ninguna iniciativa vinculada al tema.

 En el mismo año que las elecciones legislativas, la Organización de la Naciones Unidas emitió un documento donde advirtió sobre la conservación de los humedales en Argentina y recomendó la elaboración de una ley que proteja estos ecosistemas. La ONU reunió antecedentes de distintas iniciativas políticas en otros países y brindó fundamentos de orden institucional, técnicos y operativos para implementar en nuestro territorio.

 Hoy en día hay solo dos proyectos de ley “de presupuestos mínimos” para la protección ambiental y para el uso racional y sostenible de los humedales que cuentan con dictamen de comisiones pero todavía no fueron tratados en el congreso nacional, Las presentaciones pertenecen a la diputada santafesina Ximena García en coautoría con el diputado por la Ciudad de Buenos Aires Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, y al diputado Leonardo Grosso de la provincia de Buenos Aires, referente del Movimiento Evita.

 El legislador Leonardo Grosso explicó a ANCCOM que “si hay dictamen es porque empujamos muchos” pero los gobernadores, especialmente los de la Región del Norte Grande, trabajan para que la ley no salga y le pidieron a sus diputados que no firmen el proyecto ni lo voten en el recinto.

Los opositores de siempre

 La organización independiente Greenpeace denuncia que los incendios forestales se repiten año a año en nuestro país y que son un problema ambiental grave. Solo en el período 2012-2022 el fuego arrasó con 78 mil hectáreas en el sur, superficie similar a 4 veces la Ciudad de Buenos Aires y durante 2022 los incendios afectaron 95 mil hectáreas en Salta y 25 mil en Jujuy, según reportes del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF). Además agregan que según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, el 95% de los incendios forestales son producidos por la mano del hombre.

Desde el año 2013 se presentan iniciativas para la protección de los humedales, que muchas veces llegaron a obtener media sanción pero terminaron por perder estado parlamentario. Vale en este contexto preguntarse entonces a quién o quiénes perjudica la preservación de estos ecosistemas. Grosso atribuye al lobby del litio y la minería que no se pueda avanzar hacia la sanción definitiva de su proyecto.

 Es cierto que además del litio y la minería, hay sectores como el agropecuario y el inmobiliario del poder económico que tienen sus intereses en que no exista una ley para la protección de humedales. Estos sectores atacan a los defensores del proyecto tildándolos de Anti-productivistas, cuando en realidad no están en contra de ciertas actividades, siempre y cuando se encuentren “reguladas”.

 El conflicto refleja dos visiones sobre el territorio: por un lado están quienes buscan su conservación, garantizando la supervivencia y sus servicios ambientales; mientras que otro solamente lo ve como potencial espacio de producción.

«No a las petroleras en el mar»

«No a las petroleras en el mar»

El “Atlanticazo” se hizo presente en varias ciudades de la Argentina para rechazar la llegada de un buque de EQUINOR a Buenos Aires y la próxima iniciación de tareas ligadas a la exploración del petróleo frente a la costa de Mar del Plata.

Protesta contra las petroleras en la Plaza de Mayo a comienzos de 2022.  

El “Atlanticazo” se convocó en Mar del Plata, Ciudad de Buenos Aires, Ushuaia, Bahía Blanca y Puerto Madryn, entre otras localidades del país, el 4 de octubre tras la llegada de un buque de EQUINOR a Buenos Aires.

Este miércoles la plaza frente al Congreso de la Nación congregó tímidamente grupos con colores azules y celestes. Los carteles estaban calmos pero, poco a poco, se elevaron como olas hasta romper con el silencio y decir: “No a las petroleras en el mar”.

Mar del Plata, uno de los centros afectados por el accionar de empresas offshore (afuera de la costa, por su traducción), llamó a la reflexión en sus intervenciones artísticas a lo largo de la costanera: “¿Somos agua contaminada?”. Fernanda Génova, integrante de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras en la ciudad balnearia bonaerense, afirmó a la agencia ANCCOM que “el agua ya está afectada por actividades como la sobrepesca, por las industrias que vierten sus agrotóxicos en los mares y ríos, y por la gran cantidad de plásticos y microplásticos. La actividad humana puso en una situación de fragilidad al mar”.

La activista recordó: “En 2021 generamos acciones de visibilización, porque los proyectos se gestaron a espaldas de la población”. El reclamo fue contra EQUINOR, una compañía estatal noruega que realizará un estudio en el mar argentino que consiste en la generación de ondas sísmicas para reconocer en dónde están ubicados los hidrocarburos y luego comenzar el proceso de extracción. Génova también denunció que esta actividad genera un impacto sonoro sobre las poblaciones marinas, “causa la muerte de animales y el alejamiento de especies de su hábitat natural, perturbando el ecosistema marino”. 

La Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, junto con otras organizaciones medioambientales, participaron en audiencias públicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, que fue el encargado de analizar la exploración de la cuenca argentina norte que abarca las costas de la Provincia de Buenos Aires. También tienen activos otros dos proyectos en las cuencas Malvinas Oeste y Austral, pertenecientes a Tierra del Fuego y Malvinas Argentinas.

En febrero de 2022 la Organización de Ambientalistas Autoconvocados presentó un amparo al Juzgado Federal de Mar del Plata y solicitó la suspensión inmediata de actividad de exploración y explotación sísmica en la zona hasta que se conozca el impacto sanitario, ambiental, económico y social de la actividad. La acción judicial retuvo el avance por un tiempo, pero el Estado y Equinor apelaron a este fallo y en enero de 2023 la Cámara Federal de Mar del Plata revocó la medida cautelar bajo la condición de que el Gobierno garantice el máximo nivel de control sobre las tareas.

Pasadas las horas, el mar de gente redobló el reclamo en la Ciudad de Buenos Aires. Agrupaciones ambientalistas y partidos políticos de izquierda marcharon como cada día 4 del mes en un nuevo “Atlanticazo”. El recorrido que empezó en la Plaza del Congreso terminó dos cuadras después en la puerta de la casa de la Provincia de Buenos Aires, la cual estaba completamente cerrada.

Los pueblos originarios de Jujuy protestaban contra la reforma de la Constitución  provincial impulsada por Gerardo Morales. Lejos de ignorarse, las dos manifestaciones se unieron para demostrarse un apoyo mutuo y los integrantes del Tercer Malón de la Paz guiaron la marcha contra la explotación petrolera.

Silvia Ferreyra, militante ambiental en la Campaña Fuera Mekorot, una empresa estatal de Israel acusada por la ONU de violar el derecho al acceso al agua a palestinos, alertó: “Ahora mismo el buque de EQUINOR está en el puerto de Buenos Aires, próximo a iniciar la tarea denunciada por todas las organizaciones sociales”. 

Llena de carteles y prendas azules, una cuadra de manifestantes que ocupaban un solo carril de la avenida Entre Ríos, inundó y trajo un paisaje marino al medio del caos de la ciudad. Mientras los bocinazos de gente frustrada por la reducción de calzada peleaban por tapar los cantos de las organizaciones, sucedió un encuentro entre dos luchas: los pueblos originarios de Jujuy protestaban contra la reforma de la Constitución  provincial impulsada por Gerardo Morales. Lejos de ignorarse, las dos manifestaciones se unieron para demostrarse un apoyo mutuo y los integrantes del Tercer Malón de la Paz guiaron la marcha contra la explotación petrolera.

Entre los participantes se encontraban Gabriel Solano, diputado de CABA y dirigente del Partido Obrero, Vanina Biasi, candidata a Jefa de Gobierno por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda y Juan Carlos Giordano, dirigente del partido Izquierda Socialista integrante de la Unidad Internacional de los Trabajadores.

Nahuel Peña Ayala, coordinador de la Rebeldía, parte de la Coordinadora Plurinacional Basta de Falsas Soluciones (BFS), enfatizó que el reclamo es contra un modelo de país que no piensa en un futuro. “Las audiencias públicas fueron una pantomima y las respuestas son siempre las mismas”, aseveró y resaltó que la resistencia no es solo por el mar, sino también por el propio patrimonio de la humanidad que este representa para los argentinos.

Los carteles se multiplicaban y reclamaban el cumplimiento del Artículo 41 de la Constitución de la Nación Argentina, el cual legisla que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano”. Entre performances y un micrófono abierto, el Atlanticazo captó la atención de algunos peatones cuando dieron a conocer las amenazas que sufre el mar argentino por parte de empresas extraccionistas extranjeras. 

Ariel Marsilli, militante en Rebelión o Extinción Argentina, afirmó: “Salimos a reclamar que este proyecto pare, porque no tiene licencia social. “Queremos que el gobierno escuche a las comunidades costeras”, concluyó.

Mentiras verdes

Mentiras verdes

Las empresas invierten en “greenwashing”, o lavado de imagen verde, para presentarlas como ambientalistas a costa de engañar a sus consumidores. Una práctica que afecta también al ambiente.

Estamos atravesando una de las peores catástrofes ambientales provocadas por el ser humano. El calentamiento global tiene múltiples causas, pero muchas de ellas tienen que ver con empresas que embolsan las ganancias y socializan los daños de sus modelos de negocios. Un ejemplo cercano y visible de esto, es lo que ocurre con el plástico.

Para tener una dimensión de cuanta cantidad se produce, el plástico fabricado durante el 2003 y el 2016 fue mayor a todo lo que se produjo durante el siglo XX. Según el World Wildlife Fund, de todo el plástico generado a nivel mundial solo el 10% se recicla. Este elemento tiene una utilidad aproximada de menos de tres años pero su desintegración en el medio ambiente puede llevar décadas y hasta siglos.

El 44% del plástico tiene como destino hacer botellas y otros tipos de envases. Cuando se lo descarta, ese mismo plástico que se usa generalmente sólo unos minutos contamina el agua y el suelo, poniendo en peligro la vida marina y terrestre. También su producción contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero y su eliminación inadecuada genera problemas de gestión de residuos.

En un informe para Ellen Macarthur Foundation, en 2019, Coca-Cola afirma que utiliza tres millones de toneladas de envases de plástico al año, lo que equivale a 200.000 botellas por minuto. De ese total, solo el 14% del total son envases retornables. Toda esta evidencia choca de frente con lo que dice su página web acerca de que “El ecodiseño es mucho más que una simple tendencia. Es una filosofía que se ha vuelto imprescindible. Se trata de diseñar productos teniendo en cuenta todo su ciclo de vida, desde su fabricación hasta su uso y distribución con el objetivo de reducir al máximo su impacto ambiental”. Presentar la empresa como “ecologista” no es simplemente una publicidad engañosa (como mínimo) sino que representa una práctica perjudicial para el planeta.

El ejemplo de las botellas es solo uno entre miles de ejemplos del marketing del greenwashing, que busca subir la imagen de la empresa a la ola de lo ecológico engañando a sus consumidores. Utilizar el color verde en productos y publicidades,  agregar palabras como ”naturales” o “ecofrendly”, o proporcionar información poco probable sobre el gran beneficio ambiental que generan son algunas de las estrategias de marketing que emplean las empresas para posicionarse. Esta falsa práctica verde deja importantes huellas en nuestro planeta.

Responsabilidad empresarial ambiental

La Ley 8583 de Argentina, promulgada en 1962, promueve la «Protección de los Recursos Naturales». Esta ley establece medidas para la protección y conservación de los recursos naturales del país, incluyendo aspectos relacionados con la responsabilidad ambiental empresarial. “En primer lugar, es vital comprender la relevancia del sistema multilateral de protección del medio ambiente en el que estamos inmersos. Y nuestras respuestas a nivel local deben ser consecuentes con los objetivos asumidos en el plano global”, comenta Sofia Biscayart, abogada de la Universidad de Buenos Aires.

A su vez, Nicki Becker, referente de Jóvenes por el Clima Argentina, movimiento social y político encabezado por la juventud del país que lucha por revertir los efectos de la crisis climática explica, dice: “La responsabilidad ambiental que deberían tener las empresas en principio es que su actividad no vaya en deterioro del ambiente”.

La ley establece la obligación de las empresas de prevenir y controlar la contaminación ambiental generada por sus actividades. Esta norma conlleva sanciones para aquellos que incumplan las disposiciones y sus responsabilidades ambientales. Las sanciones pueden variar dependiendo de la gravedad de la infracción y pueden incluir desde advertencias y clausuras temporales hasta multas económicas significativas.

“A partir de la reforma constitucional de 1994, con la incorporación del Artículo 41 que prevé expresamente el derecho a un medio ambiente sano, se traza un camino de regulaciones locales que persiguen incansablemente su operatividad”. Aclara la abogada, sobre la responsabilidad ambientalista que deben tener las empresas.

“En Argentina tenemos mucha normativa ambiental, tenemos la Ley General del Ambiente, la Ley de Cambio Climático, la de Educación Ambiental… La normativa abunda”, aclara Becker y agrega: “Lo que sucede es que hoy en día esta actividad no está regulada dentro del Código Penal, por lo cual, en general, el castigo a las empresas que no cumplen con la normativa, termina siendo un vuelto, o sea, termina siendo dinero que ellos incluyen como parte de los gastos y no implica un castigo real”.

¿Cuál es el costo que pueden tener las empresas al no responsabilizarse ecológicamente?

Para la activista Becker, “el riesgo, básicamente, es perder credibilidad. Creo que hoy en día cada vez más se valora el hecho de la transparencia de las empresas y es un tema que se trabaja mucho”. Luego, aclara: “Por ejemplo, con la ley del etiquetado quedó muy a la vista esto de la transparencia en el consumo. Utilizar palabras como ´natural´ o ´verde´, queriendo representar que son óptimas para el medio ambiente, cuando en realidad no lo son genera un efecto de desacreditación con el consumidor”.

Biscayart opina que uno de los riesgos principales de practicar el greenwashing es perder la credibilidad, a su vez agrega, desde el plano legal, que, “En primer término, subestimar al consumidor en tiempos donde la información abunda denota una absoluta falta de profesionalismo; desenmascarar a la organización no sólo implicaría una pérdida de confianza por el público en general, sino habría un impacto en su reputación y definitivamente afectaría su posicionamiento en el mercado, sus ventas y su negocio en general”. Sofía aclara que la práctica de greenwashing es una actividad ilícita: “Por otro lado, las prácticas de greenwashing resultan violatorias de distintas leyes, tanto de publicidad engañosa como de regulaciones ambientales; en consecuencia las organizaciones deberían enfrentar multas y sanciones legales, lo que perjudica su situación financiera y su imagen pública”.

“El greenwashing es una estrategia de marketing muy utilizada en la actualidad”, aclara Mel Alfonso, integrante de Consciente Colectivo, organización socioambiental conocida por sus acciones militantes a favor del ecosistema, como la ley de humedales, la adaptación al cambio climático y la soberanía alimentaria, entre otras campañas que promueven.

La activista detalla en qué sectores laborales se practica usualmente el lavado de imagen verde, “También suele suceder que el greenwashing en su narrativa incorpora aspectos ambientales de manera muy superficial, sin plantear cambios paradigmáticos en cuanto al impacto que las actividades productivas tienen sobre nuestro ambiente. Esto es válido para todos los sectores, desde un proyecto de extractivismo hasta las cadenas multinacionales de moda rápida, pasando por los agrotóxicos; el greenwashing está en todos lados y la sostenibilidad de nuestra matriz productiva no es tanta como a veces parece ser”.

Los incendios que no son tapa

Los incendios que no son tapa

Mientras los incendios en el Delta de Paraná ocupaban los titulares de los principales medios, los estragos por el fuego en La Pampa quedaron en el olvido. En las últimas décadas, la sequía y la intromisión humana en el ecosistema generaron un desierto artificial propenso a arder, pero no a ser problematizado. ¿Qué tiene que ver con el fuego el conflicto con Mendoza por el río Atuel?

La regular invasión de humo en la capital porteña abre y reabre hace años en los principales medios de comunicación y redes sociales el debate sobre el control de los incendios. El estado de alerta en torno al cambio climático y sus efectos son discusiones de extensa repercusión e importancia en nuestros días. Sin embargo, existen zonas de la Argentina donde, debido a su escasa población y poco interés económico, el fuego genera menos urgencia. Por ejemplo, en el 2022 hubo 82.000 hectáreas afectadas por el fuego en el Departamento Chalileo, provincia de La Pampa. Ese mismo año en el Delta del Paraná se quemaron unas 110.000 hectáreas: ambos fueron incendios de gran tamaño, pero, mientras los del delta aparecían en todos los medios, sólo los portales locales se encargaron de relevar algo de información sobre el caso pampeano.

La provincia de La Pampa es un claro ejemplo de invisibilización de problemáticas medioambientales a nivel nacional pese a que se posiciona en los primeros puestos del ranking de hectáreas quemadas en nuestro país. La crisis ambiental por las altas temperaturas se suma a la intervención del ser humano; el interés económico supera al cuidado de la vida silvestre y hace que el oeste pampeano sea un desierto artificial propenso a arder. Pero, si esto es sabido, ¿por qué no se hace nada? ¿Hay algo por hacer? La Pampa reconoce la problemática ambiental y, desde su provincialización a mediados del siglo XX, ha reclamado ante la justicia los derechos fluviales de la principal fuente de agua en la zona, el Río Atuel, actualmente a manos de Mendoza.

Contexto histórico

El oeste de la región pampeana, ubicada en una zona semiárida, ha experimentado profundos cambios medioambientales desde mediados de la década del cuarenta. Esto se debe a transformaciones significativas en el entorno debido a la interrupción permanente del río Atuel en el territorio pampeano resultado de dos elementos clave. Por un lado, la explotación intensiva en Mendoza para establecer y fortalecer la región fructífera de San Rafael y General Alvear. Por el otro, la presa Los Nihuiles que desde 1948 desabastece los cauces del río que ingresaba por el noroeste de la provincia de La Pampa. Como consecuencia, la población local se vio obligada a emigrar, lo que ocasionó un progresivo abandono del territorio. Esta situación ha llevado a un reclamo firme por parte de La Pampa, ya constituida como provincia a partir de 1951.

Sin embargo, la fauna y flora silvestre no pudieron mudarse y, bajo la amenaza del fuego y la sequía, permanecen como pueden en territorios cada vez más acotados y hostiles. Por estas razones, y por el avance de la frontera agraria, poblaciones de animales terrestres fueron desplazándose a territorios alejados de lo que fue su hábitat natural. Por su parte, la población de aves disminuyó, lo que representa una pérdida de riqueza natural enorme debido a la importancia internacional del humedal pampeano. 

El conflicto socio-ambiental ha atravesado diferentes etapas que incluyen dos demandas presentadas por La Pampa ante el máximo tribunal de Argentina en 1978 y en 2017. En ambos casos, los fallos han resultado a favor de La Pampa, aunque no generaron cambios en la situación hídrica. Mendoza sostiene que no cuenta con la disponibilidad de agua requerida; sin embargo, en años recientes se ha comenzado a implementar fracking en Malargüe que demanda volúmenes considerables de agua. Esta situación contradice, en cierta medida, la postura adoptada y lleva a pensar que existen otras prioridades por parte de Mendoza.

Hablar de la situación de los incendios y, en especial del Atuel, “excede lo que es meramente hídrico: abarca también lo que es socioambiental”, aclara en conversación con ANCCOM la geógrafa María Laura Langhoff. “En Mendoza hay intereses muy fuertes de acaparar el agua para otros usos y negársela a los mismos productores-regantes. Se está impulsando desde el sector de la minería y el sector hidrocarburífero proyectos como el de Cerro Amarillo, en la cuenca alta del Atuel, para extraer metales como cobre y oro” cuenta Langhoff. De esta manera, las respuestas evasivas del gobierno mendocino se entrelazan de forma sospechosa con intereses privados. 

En palabras de Langhoff, a nivel discursivo, el Atuel se convirtió en “el río que tapó el tema del agua”, ya que, según la especialista, “el reclamo no puede ser el mismo de hace 50, 60 o 70 años porque son otros actores los que intervienen, es algo más complejo”. La centralización de la demanda por los derechos del Atuel por parte de La Pampa condicionó la discusión por el correcto uso del agua ya que éste no es el único caso de interrupciones humanas de ríos en la zona.

Proyectos mineros en la zona de Malargue, Mendoza.  

Problemática política y territorial

Mendoza es una de las provincias más importantes en cuanto a influencia política y económica de la zona. El turismo, el vino y los deportes de montaña son los principales atractivos de una provincia cuyo principal ingreso se da por el aprovechamiento de los caudales de agua retenidos y la explotación de sus recursos naturales. Sus casi dos millones de habitantes superan por gran diferencia los 366.022 habitantes de La Pampa, actualmente concentrados en el este de la provincia. 

Los puesteros del oeste y los pequeños pueblos aislados en la árida región no parecieran ser lo suficientemente relevantes o políticamente influyentes como para aparecer en las discusiones cuando se habla de las víctimas del fuego a nivel nacional. “En un año que hubo incendios en casi toda la provincia de La Pampa, allá cerquita del pueblo mío, murió un concejal apagando el incendio; después murieron siete vecinos del campo de mi padre” cuenta Ariel Hugo “Alpataco” Vasquez, poeta oriundo de la comunidad puestera del oeste pampeano.

“La ayuda de los vecinos, de los puesteros, no solamente es necesaria para apagar los incendios sino para lo que viene después: luchar con los animales, con el poquito campo que ha quedado sin quemarse”, resume Vazquez. “Todo aquello que era tan verde, próspero y fértil dejó de ser, pasó a ser lo contrario, se transformó en un desierto. Creo que es el desierto producido por el hombre más grande del mundo, del tamaño de Bélgica”, reflexiona Alpataco. “Ha sido un cambio de ciento ochenta grados para los pobladores, para los puesteros de esos lugares que no solamente están sufriendo la sequía. Para peor que cada 4 o 5 años les largan de golpe el agua sin avisar y le vuelven a quitar los puestos y a matar los animales”. Muchos lugareños ven sus chozas afectadas por las crecidas repentinas, cuando, rara vez, Mendoza abre las compuertas del Atuel y lo deja correr por un período corto de tiempo. “Es como si fuera una provocación que nos hacen. A ciento cincuenta kilómetros al norte está la capital de rafting y nosotros ahí tragando polvo, arena”, concluye “Alpataco”.

Mientras las discusiones políticas siguen, cientos de familias pampeanas continúan abandonando el oeste. Si la falta de respuestas por los gobiernos provinciales y la idea de polos opuestos se sostiene es de estimar que la migración se convierta en una constante. De esta manera, en cuanto a las víctimas del fuego, la tendencia natural es que ya no quedará quién sufra de los incendios y la invisibilización habrá terminado (salvo, por supuesto, si no tomamos en cuenta al ecosistema y el legado cultural de la zona).

El vaciamiento territorial, la invisibilización de la problemática a nivel nacional y discurso combativo del gobierno pampeano ocasionaron un antagonismo que dificulta las posibles soluciones entre sectores provinciales. Los reclamos por el agua y la situación estructural de los incendios siguen hoy día sin respuesta y a no ser que condiciones extraordinarias ayuden, es de estimar que el panorama se mantendrá como a lo largo de estas más de siete décadas.

¿En qué quedó el canje de deuda externa por deuda ambiental?

¿En qué quedó el canje de deuda externa por deuda ambiental?

Movimiento Avaaz presentó la propuesta en el FMI. El proyecto ya fue reiterado en al menos dos ocasiones por el Estado argentino frente al G20 ¿Qué posibilidades hay de que se concrete?

Incendios en la provincia de Corrientes en el verano de 2022. 

“Sin justicia financiera global, no habrá justicia ambiental global ni, mucho menos, justicia social para todo el planeta” concluía su discurso Alberto Fernandez ante el G20 en Roma, hace dos años, cuando planteó la idea de impulsar los canjes de deuda externa por deuda ambiental. ¿Qué pasó desde entonces?

La idea de los canjes de deuda financiera por deuda ecológica no son ninguna novedad. Surgieron en la década de 1980 a partir del deterioro ambiental que fue en aumento junto con la pérdida de la biodiversidad, sobre todo en una Latinoamérica todavía “verde”, pero cada vez más atravesada por el extractivismo. La iniciativa de canje, sin embargo, nunca tomó vuelo por lo que en los últimos años se planteó una reformulación. Actualmente,, las fuertes olas de calor y el frío extremo, junto con las frágiles economías que dejó la pandemia, abren una oportunidad para volver a traer el tema sobre la mesa.

 

Un sur global acreedor

Movimiento Avaaz, una organización ambiental global, presentó una nueva propuesta ante el FMI en abril. En conversación con ANCCOM, Emilio Steparo quien forma parte del equipo de biodiversidad de Avaaz explica que los actores del proyecto son los países del norte y el sur global: “Blanqueamos que el sur global es acreedor en materia ambiental, es decir, que hay todavía un mantenimiento de los ecosistemas, una serie de procesos ecológicos que se han perdido en el norte global por el sobredesarrollo”.

Al industrializarse por encima de sus capacidades ambientales, explica Steparo, los países ya consolidados como potencia se denominan deudores ecológicos. Estos mantienen una responsabilidad histórica con el planeta y en este caso, con los países latinoamericanos a los que se pide que cuiden el ambiente aún a expensas de su propio desarrollo. “El recupero de este instrumento tiene que ver con esto. Hay una deuda ecológica y hay países como la Argentina, que son acreedores ambientales y deudores financieros. El planteo es canjear deuda financiera por acciones ambientales reconociendo esta situación”, sintetiza Steparo.

Argentina es un país que genera menos contaminación de la que tiene capacidad de absorber en su territorio por lo que brinda un servicio al mundo: eso lo constituye en un acreedor ambiental. Además, conserva un gran porcentaje de su biodiversidad. 

El proyecto tiene dos aristas principales: la creación de un observatorio de deuda pública y un bono sustentable. Movimiento Avaaz cree que “si queremos avanzar en nuevos instrumentos que estén basados en el bienestar social y que tengan un impacto ambiental positivo, tienen que partir de esta condición que es la participación y la transparencia para que se lleven adelante”. Avaaz propone la creación de un Observatorio de deuda que tenga sede en la Argentina y que cuente con información abierta a la ciudadanía. Sobre el funcionamiento del observatorio, se requiere la voluntad política del gobierno y también de las organizaciones multilaterales de crédito: “Creemos que es viable y que traería un gran impacto en las economías reales de los países endeudados, siempre y cuando se lleven adelante de cara a la sociedad”, sostienen en Avaaz.

Las industrias extractivas sostienen que para generar más ganancias es necesario extraer y exportar. 

Principales factores

Para Enrique Maurtua Konstantinidis, especialista en cambio climático y consultor de política climática, es necesario tener en consideración otros factores importantes: “Tiene que venir acompañado de muchísimos criterios, acuerdos y de una estructuración dentro del sistema financiero para que se pueda acceder a este plan de canje de deuda por ambiente”.

Los cambios implican criterios a definir. Maurtua explica que la lógica que manejan los organismos como el FMI y el mercado resultan contraproducentes para el cambio climático, pero, aclara: “No es solamente esto. Hay una concepción muy vieja que ya no va más de que, por ejemplo, el petróleo te va a hacer rico. Y la realidad es que la industria petrolera en Argentina tiene más de 100 años y sigue siendo la principal apuesta de los últimos gobiernos en el país mientras los niveles de pobreza son más altos que nunca”.

Las industrias extractivas instauraron a lo largo de los años la lógica de que para generar más ganancias es necesario extraer y exportar: “Lo que no se evalúa son todos los procesos ecológicos destructivos que provocan la pérdida de todo un ecosistema y la capacidad de estos de sostener un beneficio a largo plazo”, coinciden desde Avaaz. “Además –sostienen-, el valor de la naturaleza es inconmensurable”.

Para Maurtua Konstantinidis la difícil coyuntura que atraviesa el país económicamente no permite pensar en resultados que se van a poder ver dentro de 30 años: “Las estrategias que ellos piensan son dos: sacar todo mientras se pueda y, si se puede, retrasar el agotamiento de los recursos naturales”. También la desinformación juega un rol muy importante en la discusión: “El desafío más grande es poder comunicar la mayor cantidad de información posible científicamente comprobada”.

Movimiento Avaaz agrega que la causa depende mucho del empuje social y el impacto que tenga en toda la sociedad: “Con los países de economía más grande, como el nuestro, creo que se va a avanzar solo en la medida en que haya más organizaciones y sociedad civil planteándole al gobierno que este es un camino que hay que transitar pero también marcando fuerte un límite a los proyectos extractivistas”.

Desde el Estado

El Estado argentino viene planteando el tema en distintas instancias. Durante la última reunión del G20 en India, casi dos años después que el presidente, el ministro de Economía Sergio Massa, presentó varios de los puntos de la propuesta del gobierno que coinciden con lo pedido por Avaaz al FMI.

ANCCOM habló con Sergio Federovisky, viceministro del Ministerio de Ambiente, quien coincide con la idea de cambiar deuda por mejora ambiental: “Indudablemente si bien somos, en muchos aspectos, deudores económicos, somos básicamente acreedores ambientales porque no tenemos la posibilidad de crecer del mismo modo en que hicieron los países desarrollados. Y hoy estamos viendo las consecuencias del deterioro ambiental producto de aquel modelo de desarrollo”. También destacó la importancia de pensar instrumentos que funcionen en base a una lógica de justicia histórica en materia ambiental que no parece ser reconocida.

Al consultarle sobre su posible implementación. Federovisky aclara que “por el momento es un planteo con diversos niveles de detalle, pero un planteo al fin, de un grupo importante de países en desarrollo. Todavía no hemos logrado que se traduzca en una mesa de negociación concreta. Los países desarrollados en todas las instancias posibles eluden la posibilidad de trasladar este discurso a un instrumento económico financiero concreto que permita restaurar el daño ambiental producido”.

Movimiento Avaaz también sostiene que hacen falta más propuestas concretas por parte del Estado, pero coincide en la falta de apertura por parte de los acreedores que no facilitan la discusión, a pesar de que los avances que están realizando muchos de los ministros en foros internacionales les resultan muy positivos.

El viceministro de Ambiente sostiene que Argentina ha planteado su posición en todos los foros posibles: “La Argentina es partidaria de que no solamente haya una ayuda económica, sino fundamentalmente un reconocimiento, que luego se traslade a instrumentos financieros concretos de la deuda que los países desarrollados tienen con los países en desarrollo en materia ambiental”.

La idea requiere un reconocimiento simultáneo de desigualdades complementarias y, sobre todo, de la comprensión de que el planeta es uno solo y es para todos. Nada menos.