Este miércoles realizaron una nueva marcha, esta vez acompañados por periodistas que exigieron justicia por Pablo Grillo, artistas que reclamaron por el desguazamiento del Instituto Nacional del Teatro y por personas con discapacidad que exigen la aprobación que declara al sector en emergencia.

Pasadas las dos de la tarde, y con el termómetro marcando apenas tres grados, los primeros bombos comenzaron a sonar frente al Congreso de la Nación. Es miércoles y, como tantos otros, los jubilados están de nuevo en la plaza. No parece importarles el frío, ni la rutina, ni el vallado policial, como siempre amenazante. Volvieron con sus banderas escritas a mano y una demanda que no se enfría. La protesta dejó hace rato de limitarse al reclamo por sus haberes y el retorno de los medicamentos gratuito y la moratoria. En la plaza se cruzan ahora trayectorias diversas: trabajadores de la salud, del teatro, del periodismo, estudiantes. Lo que los convoca no es una consigna, sino una acumulación de malestares que cada semana encuentran forma en la calle. Todos con un lazo en común: no resignarse a que el dinaero no les alcance por culpa de la motosierra oficialista.

La jornada comenzó con una acción performática frente al Parlamento. Trabajadores y trabajadoras de prensa formaron una ronda y, en el centro, desplegaron una serie de hojas blancas, cada una con una letra que, vistas desde arriba, componían la frase: «Fue Bullrich». En el medio del círculo colocaron cascos y una foto de Pablo Grillo, el reportero gráfico herido por Gendarmería durante la represión del 12 de junio. La escena fue registrada por drones y cámaras en plano cenital. Cuando la ronda terminó, los presentes gritaron al unísono: “¡Pablo Grillo, presente! ¡Ahora y siempre!”. Entre los asistentes estaba Fabián, el padre de Pablo. En los últimos días, Gendarmería difundió un comunicado interno en el que intenta justificar el accionar del agente Guerrero, quien disparó contra Grillo. Alegaba que el fotógrafo «se interpuso en la línea de tiro». La resolución, que lleva el aval del Ministerio de Seguridad, fue duramente cuestionada por organizaciones de derechos humanos y periodistas, que denunciaron un intento de responsabilizar a la propia víctima.

En simultáneo, la agrupación Prestadorxs Precarizadxs en Salud y Educación exigía el urgente tratamiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada hace un mes en Diputados pero congelada en el Senado, aun sin ser tratada en las comisiones correspondientes, un paso previo imprescindible para que pueda dares e debate en la Cámara Alta. Rocío Librandi, referente del espacio y acompañante en la trayectoria escolar de niños y niñas con discapacidad, fue clara: “Nuestra situación es crítica. Yo tengo cuatro trabajos y ni así llego a la canasta básica. No tenemos aumentos desde octubre del año pasado, apenas un 0,5%. Nos pagan con hasta un año de demora, con lo cual nuestros honorarios llegan devaluados, y eso impacta directamente en los tratamientos de las personas con discapacidad”. La ley, aún con vacíos, sería un punto de partida. Incluye la actualización de aranceles por inflación, mejoras en las pensiones no contributivas y pagos mensuales a término.

Frente al Congreso, las distintas agrupaciones comenzaban a agolparse sobre la vereda, lo más cerca del Palacio legislativo que el vallado policial les permitió. Con la inventiva de siempre, elevaban sus carteles que rezaban «Siempre Grillo, Nunca Bullrich», «Ayudame a luchar! El próximo viejo sos vos» y «Que no se quede mi pueblo dormido», entre otros tantos. La consigna del día estuvo marcada por la intención de llegar a un millón de firmas para exigir la aprobación de la ley que les garantiza una actualización en los haberes. El número tiene una intención simbólica: sumar legitimidad y mostrar el respaldo social; pero también una función formal y política: según el Artículo 39 de la Constitución Nacional, para presentar un proyecto de ley por Iniciativa Popular, se necesita al menos el 1,5% del padrón electoral nacional, lo que equivale actualmente a aproximadamente un millón de firmas. Jorge, un jubilado del sindicato portuario, resaltó la importancia de sostener el reclamo en el tiempo y de apoyar el resto de los reclamos, como el que está llevando a cabo el personal del Hospital Garrahan: “Nadie puede vivir con 7 mil pesos por día. Y encima pretenden que una persona de 80 años haga un trámite por el celular. Despiden trabajadores del PAMI, recortan hospitales. Van por todo. Pero nosotros vamos a seguir viniendo por la salud de nuestros nietos y por los que no tienen voz”.

Calu, de Jubilados PTS independientes, se refirió a las detenciones arbitrarias de Alessia Abaigar y Eva Mieri, dos militantes y funcionarias peronistas, por escrachar la casa de José Luis Espert, diputado por La Libertad Avanza. «Alicia fue trasladada directamente a Ezeiza por algo que no es nada más que una contravención. A Eva la tienen incomunicada. Espert es el mismo que, a los que pertenecemos a la izquierda, nos dijo directamente ´cárcel o bala´. Nos quieren presos por pensar distinto. Nos reprimen cada miércoles por querer caminar alrededor del Congreso. No es sólo hambre: es censura, persecución, miedo .No podemos permitir más ciberpatrullaje, más heridos, más criminalización. Nos quieren en silencio y nosotros vamos a hacer ruido”, sentenció Calu. También recordó la convocatoria a la Marcha Antirrepresiva del próximo miércoles 16 de julio, que partirá desde el Congreso hacia Plaza de Mayo en repudio al protocolo antipiquetes y la criminalización de la protesta.

En medio de la tarde, mientras se llevaba a cabo la habitual radio abierta de los jubilados, estudiantes y artistas del Instituto Nacional del Teatro, irrumpieron saltando y cantando al grito de: “Qué vergüenza ser un actor frustrado y ocupar la Presidencia”. La situación capturó todas las miradas y generó un silencio expectante. Luego, el colectivo desplegó una intervención artística: al unísono, leyeron un texto que resonó con claridad y determinación, concluyendo con la consigna: “Estamos defendiendo la soberanía cultural, al Decreto 345: derogación ya”. La llegada de los artistas fue muy bien recibida por los jubilados que rápidamente les ofrecieron su micrófono para participar de la radio abierta.

El Decreto 345, promulgado hace cinco semanas, establece la desfinanciación del Instituto Nacional del Teatro (INT) y su traslado a la órbita de la Secretaría de Cultura, eliminando su carácter autárquico. Este cambio implicaría el recorte de recursos y la pérdida de independencia decisoria, vulnerando la Ley Nacional del Teatro -promulgada en 1997 tras una extensa lucha de los hacedores de la escena- que garantiza el acceso, la producción y la circulación del teatro independiente en todo el país. La respuesta inmediata de la comunidad teatral fue lanzar el Festival Entrá (@festivalentra), que se extenderá del 3 al 9 de julio y agrupa 385 obras y más de 3.000 trabajadores y trabajadoras de los tablados. Las funciones serán “a la gorra” en distintos espacios culturales del país, culminando con asambleas por zona. «Es un festival autogestivo que surgió de la organización de asambleas de trabajadores y trabajadoras de la escena que nos pusimos al hombro este festival, visibilizando la situación que implica este decreto para el Instituto Nacional de Teatro», contó Tamara Daui, quien, megáfono en mano, encabezó la intervención.