Amenazan con un nuevo desalojo a una comunidad originaria

Amenazan con un nuevo desalojo a una comunidad originaria

Mar 4, 2025 | Destacado 2

La comunidad mapuche Lof Che Buenuleo tiene un día para abandonar 90 hectáreas de su propio territorio. El fallo judicial se asienta en el reclamo de un ocupante que acudió a la justicia apoyado en que el gobierno de Milei derogó la ley de amparo a los pueblos indígenas.

Este miércoles se cumple el plazo de 15 días que la comunidad mapuche Lof Che Buenuleo tiene para desalojar su propio territorio de 90 hectáreas. El fallo fue dictaminado por el Tribunal de Impugnación de Río Negro y son cinco los imputados por el delito de usurpación de tierras. Lof Che Buenuleo se encuentra en la zona de Sierra Ventana, cerca de Bariloche, en la provincia de Río Negro y ocupa el lote Pastoril 127 desde al menos 1825.  

Lof Che Buenuleo figura dentro del Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, que reconoce 480 hectáreas habitadas por familiares directos desde el siglo pasado, figurando así, en los mapas como Pampa de Huenuleo. Este relevamiento fue realizado por el INADI y respaldado por Ley 26.160. Esta norma por aquel entonces funcionaba como una herramienta de amparo para que los pueblos indígenas pudiesen poner límites judiciales, frente a posibles desalojos. En 2024 esta ley fue derogada por el gobierno de Javier Milei.

Desde 2019 la comunidad estuvo en conflicto con Emilio Friedrich, que sostiene que de esas 480 hectáreas, 90 son privadas y se las adjudica como propias por un boleto de compra-venta. Para los acusados de usurpación, se trata de un título ilegítimo. 

Antecedentes 

En diálogo con ANCCOM, Ramiro Buenuleo, el lonko de la Lof Che Buenuleo, sostuvo que los antecedentes datan desde el año 2001, cuando su abuelo Antonio Buenuleo denunció a Claudio Thieck por la falsificación de su firma en un documento de escrituración de las 90 hectáreas a un precio de $35.000. Sin embargo, en el año 2009 se presentó Emilio Friedrich en el territorio con el mismo documento cedido por Claudio Friedrich a $135.000. Es “un precio irracional” según el nieto de Buenuleo y por ese motivo, la comunidad comenzó con el litigio para defender esas tierras.

En 2014 murió el abuelo Buenuleo y Friedrich tomó posesión de esas 90 hectáreas. La justicia ignoró la denuncia que la Lof Che Buenuleo realizó y “la encajona», explicó el logko de la Buenuleo. 

En 2019 la comunidad Lof Che Buenuleo fue denunciada por entrar al territorio y usurparlo. Según Alejandro Pschunder, abogado defensor de Friedrich: seis eran miembros de la Lof Che Buenuleo entre ellos, Ramiro Buenuleo, Rosa Buenuleo, Lucas Dinamarca, Sandra Ferman, Aukan Maliqueo y Nicolas Quijada. Además también aseguró que el logko del pueblo indígena Pillan Mawinska, Mauro Millan; y Claudio Raile estuvieron en el lugar.

La defensa de los pueblos indígenas argumentó que no cometieron delito y optaron por la caducidad de la persecución penal. El juzgado rechazó esos argumentos y las comunidades apelaron a esa decisión. Por su parte, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en 2020 reconoció a la comunidad Lof Che Buenuleo la “ocupación actual, tradicional y pública” del territorio de 480 hectáreas.

Sentencia favorable

En 2021 con lo que se dictaminó por el INAI el año anterior, se hizo entrega de la carpeta técnica a la comunidad y por medio del Boletín Oficial se concluyó que la Lof Che Buenuleo es poseedora de las 90 hectáreas, haciendo que la fiscalía, que por ese entonces estaba a cargo de Martin Losada, desistiera de la causa bajo el argumento: “no hay culpabilidad de la comunidad por ocupar sus propios territorios”. Y sobreseyó a los ocho imputados.

Por su parte, la querella al salir este fallo, impugnó la decisión al Tribunal Superior de Justicia de Río Negro. Este Tribunal lo que finalmente resolvió fue que la fiscalía estuvo en falta al sobreseer a los imputados, y obligó nuevamente a que se intervenga, e investigue a los miembros de la comunidad para continuar con el esclarecimiento del caso. 

 

Justicia injusta 

En el 2024, Ramiro Buenuleo; Rosa Buenuleo; Lucas Dinamarca; Sandra Ferman y Aukan Maliqueo fueron declarados culpables por el delito de usurpación. La condena mayor fue de 1 año y 6 meses de prisión en suspenso. Por otro lado, Claudio Raile; Mauro Millán y Nicolás Quijada fueron sobreseídos por falta de pruebas. 

Este año, volvió a intervenir el Tribunal de Impugnación y dispuso que la Comunidad tiene un plazo de 15 días para desalojar voluntariamente las 90 hectáreas.

La Lof Che Buenuleo luego de salir el fallo nuevamente remarcó la importancia de los recursos naturales, y cómo la intervención podría ser perjudicial para los habitantes de San Carlos de Bariloche: “Estas 90 hectáreas están dentro de los Parques Nacionales y sobre las nacientes del arroyo Ñireco, abastecedor de agua a más de un cuarto de la población de Bariloche” y continúa: “Cualquier emprendimiento que se produzca sobre la cuenca del arroyo Ñireco, afectará totalmente el cauce del arroyo, entonces la mayoría de los barrios de Bariloche se quedarían sin agua para abastecerse. Este recurso natural es el que la comunidad viene cuidando desde fines del siglo XIX. Incluso antes que los barrios pudiesen hacer uso de ese recurso”, concluyó Ramiro Buenuleo.

 

Derogación de la Ley 26.160

La Ley 26.160 era una herramienta de protección frente a la criminalización hacia esas comunidades que defienden sus derechos sobre la tierra, salud, educación y participación indígena. Declaraba la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras de las comunidades y, además, suspendía los desalojos hasta que se completara el relevamiento de sus tierras ancestrales.Sin embargo, esta ley fue derogada por el actual gobierno apenas asumió, dejando desamparadas a las poblaciones originarias que habitan en nuestro país.

Cuando Buenuleo fue consultado por la derogación de la norma y cómo esto también tuvo injerencia en la decisión del actual tribunal dijo: “Nosotros estamos tranquilos porque nos ubicamos dentro de nuestro territorio, dentro de los que el relevamiento contempló. Pero no hay que perder de vista cómo estos recursos naturales se verán afectados en el corto plazo, si no hacemos nada ahora”. Y culminó: “no se trata solo de una defensa a la comunidad mapuche sino que es más que eso, estamos hablando de defender un recurso muy preciado para la humanidad, el agua”.

 

Otro show de Patricia Bullrich

Otro show de Patricia Bullrich

Ene 9, 2025 | Comunidad, Destacado 1

El gobierno anunció el desalojo del Lof Paillako en Chubut. Movilizó decenas de efectivos y móviles y cuando llegó al territorio no había nadie.

El operativo ordenado por el juez federal Guido Otranto para desalojar a la comunidad mapuche Paillako del Parque Nacional Los Alerces fue un fracaso. A pesar de que se sabía en el territorio que sus integrantes se habían ido, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el presidente de Parques Cristian Larsen y el gobernador de Chubut Nacho Torres desplegaron desde las 7 del jueves 9 un enorme procedimiento que contó con más de 30 vehículos de la Policía Federal y de Gendarmería, algunos todo-terreno bélicos, un camión de bomberos y cuatriciclos, entre otros, que ingresaron por la mañana a Lof Paillako. Al bajar de su helicóptero, las autoridades no encontraron a nadie. Las tres familias que conforman la comunidad Paillako ya se habían retirado pacíficamente en el transcurso de la semana.

Hace meses que esa comunidad está en el ojo de la tormenta de las fuerzas del cielo del gobierno libertario. La amenaza de desalojo había sido anticipada por la propia ministra Bullrich cuando fue derogado el Decreto 805/21, que prorrogaba la vigencia de la Ley 26.160 con el nuevo Decreto 1.083/24. Esa norma establecía la emergencia territorial y frenaba los desalojos. En este contexto, en diciembre el juez Otranto activó una causa civil contra la comunidad, en aplicación de una ley de la dictadura que los califica de “intrusos”, como si fueran turistas que se colaron sin permiso en el Parque Nacional, cuando en Paillako vive la cuarta generación de nacidos en esa tierra. Es así como el jueves 2 de enero del 2025 personal de Policía Federal junto al intendente de Parques Nacionales, Danilo Hernández Otaño, notificaron a Lof Paillako que tenían hasta el jueves 9 de enero del 2025 para retirarse, sino se utilizaría “la fuerza pública».

Primer acto, movida mapuche

El miércoles ocho referentes de la comunidad y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) regional Esquel dieron una conferencia de prensa para repudiar y compartir con medios locales, nacionales e internacionales el rechazo al anunciado operativo, en las voces del longko Angel Quilaqueo, Moira Millán, weichafe (guerrera) de la comunidad Pillán Mahuiza, y Mariela Llanquinao, referente mapuche, junto a Raúl Mazone y Nora Rodríguez, (APDH). 

Millán expresó que “el parque se está privatizando, los lugares públicos ya no están y el desalojo se hace porque es tierra que quieren para un negocio”. Acto seguido, llamó a “toda la sociedad argentina a realizar un boicot frente a todos los Parques Nacionales pues no solo es tierra ancestral que pierde la comunidad sino que también es espacio público que pierden los ciudadanos”. Millán afirmó que “la plata de las entradas de Parques Nacionales no va para inversión o para mantener el lugar limpio y protegido, va a parar a los bolsillos de los que se creen dueños del lugar”.

Luego de la conferencia, integrantes de la comunidad mapuche y medios de comunicación, entre ellos ANCCOM, realizaron un relevamiento del territorio de Paillako como un “acto de resguardo para la comunidad”. Mariela Llanquinao, en defensa de la Lof Paillako dijo a esta agencia que “tuvieron que ir implementando como comunidad diferentes medidas para poder resguardarnos y prevenir futuros inconvenientes. Muchas veces han implantado cosas que no eran nuestras, en desalojos, para luego culpabilizarnos”. La actividad consistió en recorrer las tres rucas (casas) y la ruca comunitaria, que también funcionaba como escuelita, que conforman la Paillako. Son tres familias que juntas conforman una comunidad de 20 personas que tenía su propia huerta con animales, asambleas para tomar decisiones en conjunto rodeada de los árboles maitén, considerados como sagrados para la Lof.

 Las puertas llevan pegados carteles para recibir a la comitiva de prensa. En uno de ellos se lee: “Aki se gestó y se parió a una persona de modo libre, en armonía con territorio ancestral. No hay desalojo k despoje esa memoria”.

 La comunidad hace mucho énfasis en las niñeces mapuches que nacieron allí y en cómo un desalojo afecta psicológicamente a sus infancias. Son situaciones violentas a las que ya no quieren exponer a sus hijos, por eso buscaron medios pacíficos para evitar el desalojo. El pueblo mapuche de Chubut y Río Negro ya carga con las heridas de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y Elias Garay. Cuentan que incontables veces pidieron a los diferentes representantes del gobierno en sus múltiples jerarquías lograr una mesa de diálogo, pero en cada oportunidad se les fue negado. 

Segundo acto, movida del gobierno

“Sabíamos que esto iba a suceder así que nos organizamos para que no se encontraran con nadie. Todo este circo es para nada, se encontraron con casas vacías. Es una situación dolorosa pero al menos no están expuestos a ser baleados ni asesinados por el Gobierno” dijo Millán ante el resultado negativo del desmesurado procedimiento policial. En línea con esto, el juez Otranto expresó: “No había ninguna persona en el predio a desalojar”. 

Aunque la Lof Paillako estaba vacía de la presencia física de las familias que la integran, estaba presente su identidad en todo el predio que dicen que les pertenece ancestralmente –son la cuarta generación y sus antepasados son preexistentes al Estado nacional e incluso a Parques Nacionales– y que desde 2020 está en proceso de recuperación. También es probable que policías, gendarmes y funcionarios se hayan topado con los carteles que les dejaron: “Señores winkas: las fuerzas del territorio les están observando”, “aki permanecerán por siempre nuestra gente antigua, nuestros brotes” y “su gobierno caducará, nuestra ancestralidad es permanente, presente y milenaria”.

Pero mientras autoridades y agentes emprendían su aterrizaje en Paillako, en la estación Nahuel Pan del tren turístico patagónico La Trochita integrantes de la comunidad mapuche-tehuelche y militantes de derechos humanos de la zona se congregaron en repudio al desalojo. Colgaron banderas, alzaron carteles y repartieron folletos a los turistas para explicar lo que padecen hace décadas. Hubo un corte momentáneo de las vías del tren, y por el retraso que esto le generó al recorrido apareció la Policía de Chubut. Fue el único momento de tensión, cuando un agente quiso sacar una de las banderas y liberar la traza del ferrocarril. 

La comunidad eligió a la estación Nahuel Pan para reclamar por Paillako porque del territorio que hoy conforma esa estación fueron desalojados, en 1937, 300 familias. En ese mismo año se creó el Parque Nacional Los Alerces. En ese desalojo incendiaron sus casas con ellos adentro. Hay descendientes del desalojo de NahuelPan en Lof Pailako. El longko Angel Quilaqueo de Nahuel Pan nació en medio de un campamento  a orillas del arroyo Montoso, cuando su padre y su madre “andaban desalojados”. 

A pocos kilómetros, Bullrich, Torres y Larsen recorrieron el lugar y descubrieron que los “intrusos” ya no estaban. Izaron una bandera argentina y luego hicieron declaraciones a la prensa. Bullrich manifestó que durante 18 años en la Argentina se usurpaba impunemente y que la propiedad privada había perdido su valor. Por eso el gobierno luchó para poner fin a la Ley 26.160. “Este es el primer desalojo de una serie que marcará el fin de una etapa en la Argentina donde reinó la falta de respeto hacia la propiedad privada”, manifestó.

 

Paraíso en llamas

El viaje en auto desde Buenos Aires a Chubut toma unas 22 horas aproximadamente. Para llegar se pasa por Rio Negro, y en esa parte del trayecto, es posible observar desde la ruta el humo del incendio del Parque Nacional Nahuel Huapi, que se desató en los últimos días de diciembre de 2024 y ya consumió un poco más de dos mil hectáreas de bosque. La tarea de los brigadistas con el actual gobierno es bastante complicada pues despidieron al 50% del total, de modo que la cantidad de manos capaces de apagar el incendio se redujo a la mitad. Deberían ser 700 brigadistas en el país pero apenas son 400. También es cierto que cobran al mes casi lo mismo que gasta Cristian Larsen, el presidente de Parques Nacionales, en un almuerzo: $339.200. Un brigadista sin experiencia gana $470.000 pesos en zonas no frías, en la Patagonia apenas supera los $600.000 pesos el sueldo. El verano pasado, ante el incendio en Los Alerces, el gobernador Torres había acusado a un miembro de Lof Laillako de haberlo iniciado, pero no aportó pruebas ni impulsó denuncia penal alguna.

Cinco siglos igual

Cinco siglos igual

Dic 18, 2024 | Comunidad, Destacado 4

Un nuevo decreto de Javier Milei deroga la protección legal que tenían los pueblos originarios para evitar los desalojos de sus territorios. Las comunidades indígenas realizaron presentaciones judiciales y los organismos internacionales manifestaron su preocupación.

El gobierno de Javier Milei, en el Día Mundial de los Derechos Humanos y de la restitución de la democracia, decidió a través del decreto 10183/2024 eliminar la protección legal con la que contaban los pueblos indígenas para frenar los desalojos de sus territorios. Lo hizo a pocas horas de difundida la comunicación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresando su preocupación por la vulneración de los derechos de los pueblos originarios. El organismo internacional indicó que casi la mitad de las 1881 comunidades aborígenes del país están siendo afectadas por el gobierno de Milei

El Artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantiza el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconoce la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; regula la entrega de otras aptas y suficientes para su desarrollo humano y que ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. También asegura su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Por otra parte, la Ley 26.160 sancionada en 2006 durante el gobierno de Nestor Kirchner declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas originarias del país, con personería inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. La parte nodal es su Artículo 2 que dispuso suspender por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución de sentencias o actos administrativos cuyo objeto sea el desalojo de las tierras. 

 El gobierno libertario aduce que dichas normas han generado inseguridad jurídica y una grave afectación al derecho de propiedad de los “legítimos dueños”, o los derechos de sus arrendatarios o poseedores. Dicen que entra en contradicción con el derecho de dominio sobre los recursos naturales en favor de las provincias, reconocido en el Artículo 124 de la Constitución. Así, emitió el decreto 1.083/24, que derogó el decreto 805/21, que prorrogaba la vigencia de la Ley 26.160, y estableció “finalizada la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país”.

Las comunidades responden

Soraya Maicoño, mujer mapuche del Puel Mapu, dice:  “No nos sorprende esta decisión porque la realidad es que justamente todos estos territorios son los que están en la mira del empresariado argentino y extranjero, entonces necesitan tener toda la vía libre posible para seguir entregando el territorio”. A su criterio, “la situación en las comunidades es muy endeble porque hay muchos proyectos extractivistas a lo largo y a lo ancho del país”. Y con respecto a los desalojos agrega: “la realidad también es que la gente va a seguir viviendo en sus territorios, porque no hay donde irse, y en todo caso verá de qué manera resiste llegado el caso de que aparezca la represión estatal policial, la persecución judicial. Mientras tanto se va a seguir trabajando y sosteniendo de la manera más digna que se pueda”.

En la misma sintonía, Orlando Carriqueo, vocero de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, anunció que las comunidades se preparan para resistir las medidas de Milei, y que evalúan hacer una presentación judicial por inconstitucionalidad. “Esto es de una gravedad institucional enorme, significa la violación de los derechos humanos, de los convenios internacionales y de la propia Constitución”. En ese sentido, Carriqueo advirtió que la medida “tiene una gravedad enorme porque también se eligió el día para darlo a conocer. Y fue el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos y Día de la Democracia. Es una medida que se aleja del pacto democrático, puede generar una inestabilidad muy grande, mucha conflictividad social y puede costar vidas”. El referente apuntó que “nosotros denunciamos esto como una práctica genocida y también como un delito. Violar los derechos humanos en un sector de la sociedad es un delito. Y si lo hace el Estado, es un delito de lesa humanidad. Entonces, creo que hay que advertir eso”. Cuando Carriqueo habla de costo en vidas pone en evidencia que está vivo el recuerdo de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, desaparecido y asesinado en el contexto de la represión a la resistencia a los desalojos.

Desde las bancas del Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad  (FITU) presentaron un proyecto para derogar el Decreto 1083/24, con la firma de Alejandro Vilca, Nicolás del Caño, Christian Castillo, Mónica Schlotthauer y Vanina Biasi. Vilca explica que “La Libertad Avanza y sus cómplices gobiernan a pedido de empresarios, inmobiliarias, mineras y todos los negocios que quieren quitarle la tierra a las comunidades indígenas, el peronismo debería apoyar este proyecto y oponerse a la avanzada contra quienes resisten en sus territorios, contra el negacionismo racista y antiderechos del gobierno de Milei”.

Por su parte, en el otro extremo del país, el Tercer Malón de la Paz manifestó desde Jujuy su rechazo a la derogación de la Ley 26.160 y repudió el accionar de Milei. En un manifiesto que difundieron la pasada semana afirmaron que el decreto 1083/24 es ilegal, y solicitaron la intervención del Congreso Nacional para defender la vigencia del estado de derecho y el efectivo cumplimiento del Artículo 75 de la Constitución Nacional.

También se pronunció contra las iniciativas oficialistas la Asociación de Abogados y Abogadas en Derecho Indígena, y recordó que la Ley 26.160 declaraba la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades, suspendía los desalojos, y ordenaba la realización del relevamiento técnico, jurídico y catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, una tarea que aún está inconclusa. En efecto, de las 1.881 comunidades identificadas el 47% aún no fue relevado. Sin embargo, la AADI destacó que “la derogación de la norma no habilita el impulso de desalojos de comunidades indígenas, ya que como postulaba Germán Bidart Campos, la cláusula de la Constitución Nacional es operativa y así debe respetarse en sede judicial”. Queda por verse si los juzgados que tienen ya firmadas las órdenes de desalojos, como en los casos de las Lof Buenuleo o Pailako, recuerdan las palabras de Bidart Campos o aprovechan que los libertarios les dejaron la vía libre para realizar estos operativos.

Desde la AADI dijeron que repudian “este decreto inconsulto, que avanza por sobre la Constitución Nacional y normativa vigente nacional, tratados internacionales y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, y recuerdan “la necesidad de aprobación de una ley de propiedad comunitaria indígena, en consulta con los pueblos indígenas”.

La Boca resiste a los desalojos

La Boca resiste a los desalojos

Oct 6, 2024 | Comunidad, Destacado 3

Organizaciones sociales y partidarias realizaron un ruidazo para manifestarse en contra de los desalojos con que el Gobierno de la Ciudad ejecuta el barrio. “Quieren hacer un nuevo Puerto Madero”, advierten los vecinos.

Los vecinos del barrio La Boca convocaron a un ruidazo sobre la calle Necochea para reclamar por el derecho a la vivienda digna y exigir un alto al desalojo de las 20 familias que viven hace más de una década en un edificio de la misma calle. Participaron vecinos autoconvocados del barrio, algunos que habían sido desalojados recientemente o se encontraban en riesgo de serlo por los aumentos en el alquiler, expensas y servicios, y otros que se acercaron en solidaridad. También, estuvieron presentes representantes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, el Frente Patria Grande, La Boca Resiste y Propone y La Cámpora. Una de las vecinas perteneciente al Frente Patria Grande y que se encuentra ella misma en proceso de ser desalojada junto a sus seis hijos, uno de ellos con discapacidad, Tamara Manjón cuenta: “Hay 280 desalojos en curso que no solamente tiene que ver con conventillos sino con gente del barrio para el lado de Barracas que, por ejemplo, no está pudiendo pagar las expensas o el alquiler y los van a desalojar”.

La comunidad

Algunas plantas silvestres se abren paso entre las grietas en la fachada de las casas desalojadas. En plena emergencia habitacional en La Boca estas casas históricas se mantienen vacías. Con las puertas selladas y las ventanas abiertas, exponiendo el interior a la erosión del viento, la lluvia y el tiempo. Sobre el portón oxidado hay un cartel con letras rojas que alerta: “Hay niños, personas mayores. Vivienda digna”. Un hombre sentado en una silla sobre la vereda se tapa la cabeza con las manos. Está rodeado de lámparas, muebles y cajas. Vivía dentro de una de esas casas de la calle Necochea. Hoy vive en la esquina, a la intemperie, rodeado de sus pertenencias y al pie de la vivienda donde ya no puede entrar.

Agachado sobre el asfalto y protegido por la sombra de un árbol, se encuentra el vecino José Luis Rivas con su remera turquesa del Indio Solari. Escribe en una tela blanca con paciencia y pintura negra: “No al desalojo de  lxs vecinxs”. Rivas vive hace una década en el edificio que quieren desalojar, con su pareja y sus tres hijos. Cuenta que actualmente, todos los viernes se reúnen con abogados y las familias que se encuentran en la misma situación para ayudarse mutuamente. Con respecto a la comunidad barrial, dice que son “muy buenos vecinos. Siempre que se presentaba algo se contaba con unos, se contaba con otros”.

Las viviendas donde habitan Rivas y Manjón, se encuentra al lado de una lavandería con las paredes combinadas en azul y amarillo, que se mantiene abierta. Del lado de enfrente, está la cantina Rímini de 1966, cerrada y envuelta en rejas. El cartel azul, ya sin luz, todavía sobresale, aunque solo luce sus colores corroídos y pequeños destellos de óxido. En contraste con las viviendas envejecidas que van perdiendo su brillo y fundiéndose en un monótono gris amarronado, otras casas se llenan de murales, pañuelos verdes y banderas. Una Argentina y otra Whipala apenas se mueven por la ventisca. Hacia el sur, la calle tiene vista al puente rojo de Nicolás Avellaneda.

Suena Gilda en el parlante. Sobre las tres mesas ubicadas en medio de la calle están desparramadas hojas blancas, pinturas, gaseosas, un paquete de galletitas, otro de papas fritas y mates. Una de las vecinas pinta un cartel con témpera roja. 

Empieza a sonar la batucada, bajo el sol del mediodía, con bombos y tambores hasta opacar la cumbia que queda de fondo. Algunos vecinos bailan con pasos de murga. Varios acompañan con maracas o aplaudiendo. Otros ayudan a pegar los carteles del ruidazo. Sobre la baranda frente al edificio uno de los afiches recién pintados dice: “Somos 20 familias”. Una niña lleva una hoja en una mano con la frase “No a los desalojos” y un carpincho de peluche en la otra. Hay señoras mayores con bastón y chicos corriendo y jugando a la pelota. La escena atrae a los vecinos curiosos que pasean por la zona aprovechando el clima primaveral.

 “Acá hay muchas personas que están a cargo de familias y que tienen graves problemas de salud –señala Majón-. Hay personas muy grandes que ni siquiera tienen una pensión por discapacidad o una jubilación. ¿Cómo van a solventar un alquiler? ¿A dónde van a ir?” Además manifiesta que con los salarios bajos en relación al aumento de los alquileres y las tarifas, “no hay forma de pagar un alquiler. Para entrar los requisitos mínimos son garantía propietaria, seguro de caución, que tengas un laburo en blanco y que puedas pagar el alquiler. Con los montos que están pidiendo, son unos dos millones, es irrisorio que una de nuestras familias pueda pagar eso para acceder a un alquiler”.

La batucada fue deteniéndose para dar paso a las exposiciones. Uno a uno, los participantes fueron tomando el micrófono y contando su historia. Manjón manifestó: “Somos familias de La Boca. Nacimos acá, vivimos acá, nos desarrollamos acá, criamos acá y no queremos ser excluidos de nuestro barrio”. En consonancia con lo expresado por la vecina, el conductor del programa de stream Discasta, conventillero y artista popular de La Boca, Jony de la Silla, denunció la decisión del Gobierno de expulsar la histórica feria de artesanos Vuelta de Rocha de la Plazoleta de los Suspiros: “Al Gobierno de la Ciudad no le importa nada. Quieren hacer un Puerto Madero para acá y, en todo caso, si quieren hacer Puerto Madero es con nosotros”. Los autoconvocados respondieron a las intervenciones cantando “La Boca no se vende”.

Se defiende

En el año 2007 la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó la Ley 2240 que declara la emergencia urbanística y ambiental abarcando vivienda, servicios, equipamiento, espacios verdes y actividades productivas. A partir de esta ley se constituyó la Unidad Ejecutora del Programa de Recuperación Urbanística y Ambiental del Barrio de la Boca, con el objetivo de poner en práctica los programas, convenios y políticas públicas para favorecer el acceso a la vivienda digna. Los vecinos de la vivienda sobre Necochea piden una reunión con el Instituto de Vivienda de la Ciudad para poder generar esa instancia y encontrar una solución al conflicto presente.

En este sentido, Manjón explica: “La semana pasada nos dieron la sentencia de desalojo, la pudimos apelar. Ahora nos permitieron fundamentarla pero básicamente lo que nosotros queremos es que el juez nos de una mesa de trabajo con el IVC y también conseguir tiempo porque los tiempos son muy cortos y ya estamos a dos meses de fin de año y somos 20 familias que vamos a quedar en la calle”.

Natalia Quinto, de la organización La Boca Resiste y Propone, complementa: “El problema no es quedarse en esa casa en la condición en la que se encuentran sino poder solucionar su situación habitacional en el contexto de crisis habitacional de la ciudad, también de emergencia específica que tiene nuestro barrio” y continúa: “El gobierno tiene un programa de recuperación de La Boca a través de la Unidad Ejecutora y, al mismo tiempo, lleva adelante acciones que van absolutamente en contra con ese programa de recuperación”. También, hizo referencia a los desalojos impulsados desde el Gobierno de la Ciudad el 30 de julio y 26 de agosto de este año sobre la calle Pedro de Mendoza que dejó a 20 familias en la calle. Frente a la pregunta de por qué se llevan a cabo operativos de desalojo teniendo las herramientas necesarias para evitar llegar a esa instancia, responde: “Se decide así porque hay una creencia de que estamos en un tiempo donde ser cruel garpa” y sigue: “Creo que es desconocimiento, creo que es prejuicio, creo que es este momento político que propone la cancelación del otro”.

Majón invita a movilizar nuevamente el 10 de noviembre para visibilizar su situación y la de los vecinos del barrio. Responde que para dar respuesta al modelo de exclusión que el Gobierno busca imponer hay que seguir, “organizándose, generando consciencia, empatizando con el otro. Porque frente a esta crueldad deshumanizante que nos están planteando desde la ciudad y el gobierno nacional lo único que nos queda es salir de esto organizándose colectivamente”.

“Llegaron, patearon la puerta y sacaron a la gente”

“Llegaron, patearon la puerta y sacaron a la gente”

Sep 25, 2024 | Comunidad, Destacado 4

Veinte familias fueron desalojadas violentamente en La Boca, en un operativo que pasó por encima de una medida cautelar y que se realizó sin que el decreto que lo ordenaba estuviera aún publicado en el Boletín Oficial. Según los vecinos, en el barrio se producen dos desalojos por semana y hay 200 casas en riesgo de desalojo.

Nancy, una de las vecinas desalojadas, junto a la puerta de la que era su casa.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires desalojó a 15 familias de la casa donde vivían, en la calle Necochea y Pedro de Mendoza, en el barrio de La Boca. El hecho, ocurrido el lunes 26 de agosto pasado, fue una continuación del desalojo comenzado días antes, el 30 de julio, en cumplimiento de un decreto del jefe de Gobierno Jorge Macri.

El operativo avanzó sobre las propiedades situadas en los números 1476, 1480, 1488 y 1492 de Necochea. “Vinieron a las siete de la mañana con un operativo de vallas, también con mucha policía, no dejando pasar a la abogada de las familias. Tampoco permitieron que familiares o vecinos puedan acceder o ayudar a la gente a sacar sus pertenencias”, cuenta Tomás Lerner, militante barrial presente en el desalojo. “Fue muy violento por la cantidad de policías, por el maltrato, por cómo secuestraban las pertenencias de las personas sin orden judicial”.

“En 37 años que estoy en el barrio no vi algo igual”, comenta Alberto, quien residía en Necochea 1488 junto a su familia. “No trajeron una ambulancia ni personal médico, como es requerido en estos casos. Tampoco había personal femenino para tratar con las mujeres. Se llevaron detenidas a una mujer embarazada y a otra discapacitada”, afirma.

“Hubo gente que no llegó a sacar las cosas, porque estaban apurados”, agrega Marta Yane, integrante de la Junta de la Comuna 4 y responsable del área de Vivienda. “Los muebles que sacaba la policía los subían a los camiones. Suben las cosas y después te dan un papel, un remito de lo que subieron, para que cuando consigas lugar para vivir, vayas al depósito a buscarlas. La realidad es que mirábamos los papeles y faltaban cosas. No figuraba el microondas, el plasma. Eso pasa en muchos desalojos”, denuncia.

Vecinos de la cuadra muestran su apoyo a las familias desalojadas.

Para entender mejor lo sucedido, hay que retrotraerse al 30 de julio, fecha en la que tuvo lugar el primer desalojo, ordenado por decreto. “Al momento de concretarse todavía no estaba publicado en el Boletín Oficial. No había manera de saber que iba a suceder –explica Lerner–.  El 30 de julio vinieron con un operativo de más de doscientos policías con camiones, pudieron avanzar sobre cinco domicilios en el día”.

Ante el decreto, los vecinos interpusieron una medida cautelar para que el Gobierno acredite la utilidad pública del inmueble. El juez Juan José Albornoz, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Nº 3 de CABA, ordenó a la administración de Jorge Macri la acreditación correspondiente, frenando, hasta entonces, el avance sobre el resto de los domicilios de Necochea.

Existen dos razones válidas para llevar adelante un desalojo por decreto: que exista un riesgo para las familias dentro del inmueble o que tenga utilidad pública. El Gobierno acreditó la utilidad pública a través de una orden de expropiación realizada por el intendente Osvaldo Cacciatore, durante la última dictadura cívico militar, para el ensanchamiento de la Avenida Pedro de Mendoza. Si bien el proyecto quedó caduco, la expropiación se concretó en 1997.

El 23 de agosto, Albornoz levantó la medida cautelar y habilitó el desalojo únicamente para los domicilios afectados por la utilidad pública, que comprendía a los que tienen frente en la avenida y a los localizados en Necochea 1488 y 1492. La razón esgrimida es que ambos formaban parte de una misma propiedad que ocupaba la esquina. La casa se fue vendiendo por partes con los años, pero es una única estructura. De hecho, para acceder a la planta superior de Pedro de Mendoza se puede ingresar únicamente por Necochea 1488.

El día 26 de agosto, y a pesar de las órdenes de Albornoz, la policía ingresó sobre Necochea 1480 y 1476 con intención de desalojar a los residentes. “El juez durante esa mañana expresó en dos oportunidades, con dos resoluciones, que no estaba bien lo que estaban haciendo, que estaban incumpliendo su resolución y que estaban entrando en desobediencia. El Gobierno de la ciudad decidió avanzar igual”, subraya Lerner.

“Lo novedoso es que hicieron un desalojo administrativo, que normalmente se usa cuando hay peligro de derrumbe”, señala Marta Yane. “En 40 años nunca vi un desalojo administrativo porque sí. En un desalojo administrativo no tenés juicio previo, no tenés oportunidad de defenderte, no tenés tiempo para buscarte otra cosa, que fue lo que pasó acá: llegaron, patearon la puerta y sacaron a la gente”.

Sin embargo, sí tuvieron tiempo para planificar un desalojo con tiempo y de manera que los vecinos no queden en la calle de un día para otro. Cuenta Alberto que hace ocho meses fueron del Gobierno de la ciudad a hacer un censo al edificio. “Venían de mañana, por lo que la gente que trabajaba o salía no se encontraba. También dijeron que en el inmueble existía un peligro de derrumbe. Los vecinos pusimos plata para hacer arreglos y pintar el frente. Esa gente no vino nunca más, hasta el 30 de julio”.

Natalia Quinto, miembro de la organización barrial La Boca Resiste y Propone, que acompañó a las familias durante el desalojo, sostiene: “El Gobierno de la Ciudad, pudiendo planificar, ya que este desalojo podían hacerlo en el momento que quisieran, decidió en lugar de fijar un plazo para la relocalización, hacerlo de manera sorpresiva, volviendo los recursos ineficientes. Si el seguro de caución subsidiado y las cuotas acumuladas para ingresos a alquileres hubiesen estado antes, permitiendo un plazo para la búsqueda de lugar, estamos seguros que la mayoría hubiera resuelto de otra manera y se hubiese evitado esta dramática situación que no deja ganancia a nadie”.

Hoy la propiedad se encuentra completamente tapiada. Los ingresos al inmueble desde la avenida fueron bloqueados con paredes de ladrillo, en tanto que las puertas que dan a Necochea fueron selladas con cemento. Sobre esta calle permanece un volquete con restos de muebles que los vecinos no pudieron sacar a tiempo. En la terraza de la casa se colocó una cerca electrificada, aparentemente para evitar ingresos desde Sanchetti, el edificio contiguo.

En total fueron 20 las familias desalojadas, que resolvieron la situación como pudieron, de manera transitoria, alojándose en casas de amigos o familiares. Algunas se tuvieron que ir a provincias o a distintas localidades. “Hay toda una parte de las familias que tienen menores que están resguardados por un amparo de la asesoría tutelar y obliga al Gobierno a darles un subsidio habitacional mejorado –explica Tomás Lerner–. Pero para ello hay que conseguir un alquiler con determinadas características, para que el Gobierno de la Ciudad lo financie”.

Alberto y María residían con su familia en Necochea al 1488. Cuando fueron desalojados tuvieron que separarse. Ellos están parando en un hotel, mientras que su hija se está quedando de prestado con su nena a pocas cuadras.

Gladys vivía junto a su hija y su nieta en Pedro de Mendoza 1477, donde también atendía un kiosco. Luego de que fueron corridas de su casa, ella se presentó en la Dirección General de Atención Integral Inmediata, al igual que otros vecinos, para solicitar un subsidio habitacional. El pedido de Gladys fue rechazado por no contar con la documentación necesaria. Actualmente, ella y su familia se están alojando en una iglesia. “¿Y a mí quién me paga la plata que puse para arreglar el techo?”, reclama.

Para recibir el Subsidio 690, los solicitantes deben presentar un presupuesto de alquiler emitido por el dueño directo o por el hotel donde pretenden alojarse. “En caso de ser de dueño directo, debe figurar: la dirección del inmueble, fotocopia de factura de servicio (AYSA o ABL) y los datos del propietario (nombre y apellido, DNI y teléfono)”, según se informa en la página oficial del Gobierno de la Ciudad.

Los desalojos son moneda corriente en La Boca. Según Marta Yane, solamente en el barrio se están llevando a cabo dos por semana, y existen unos 200 domicilios que corren riesgo de atravesar esa situación. “Tiene que ver con la construcción de las 10 torres de 145 metros que quieren hacer en lo que era la vieja ciudad deportiva de La Boca. Se quiere convertir La Boca en San Telmo. El problema es que La Boca tiene muchos vecinos históricos, es un barrio con mucha identidad y con mucha vida cultural, entonces la resistencia es mayor. Pero recién se está empezando a armar esto”.

 “Todo está relacionado con el proceso de extractivismo del suelo urbano que es el modelo de desarrollo que el PRO lleva adelante en la ciudad –expresa Natalia Quinto–. No hay posible proceso de especulación inmobiliaria que se lleve adelante sobre un suelo ocupado. Estos días escuchamos que el mercado se mueve, es por la generación de expectativas para los inversores de que nada los va a detener en el aumento del precio del suelo”.