Dic 26, 2018 | Noticias en imágenes
Este miércoles, el Gobierno de la Ciudad desalojó a la Asamblea de Vecinos de Villa Urquiza con un operativo en el que participaron la Policía de la Ciudad, la Federal y la Gendarmería. Ubicada en terrenos estatales de la esquina de Triunvirato y Roosvelt, el Ejecutivo porteño decidió dejar a la intemperie a la asociación comunitaria para subastar el espacio que será destinado a emprendimientos inmobiliarios privados.
Los vecinos se reunían en ese local –donde antiguamente estaba la pizzería La Ideal- desde la crisis de 2001, cuando se organizaron para brindar asistencia a distintos sectores vulnerados. Actualmente funcionaban allí una biblioteca popular, una videoteca y una docena talleres gratuitos, entre otros servicios.
Desde muy temprano, decenas de policías y gendarmes acordonaron el lugar e impidieron los vecinos acercarse. A pesar de intentar sostener un diálogo, fueron ignorados por las fuerzas estatales. Incluso, dos asambleístas resultaron detenidos. Los vecinos denunciaron que el operativo fue ilegal, dado que no lo presenció ningún oficial de justicia.
El pasado 2 de octubre, los “viyurqueros” ya habían resistido un desalojo y comenzaron negociaciones para reubicar la asamblea. Sin embargo, esta mañana y por sorpresa, las autoridades gubernamentales arremetieron con 16 años de historia barrial.
Abr 19, 2016 | inicio
Luego de una semana de enfrentamientos y manifestaciones, los trabajadores callejeros de la Avenida Avellaneda se movilizaron este lunes hacia las puertas del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires para reclamar una mesa de diálogo que dé solución al conflicto por el cual hace más de diez días no pueden trabajar en las calles del barrio de Flores.
La marcha hacia el Ministerio había sido anunciada durante un nuevo reclamo, el pasado sábado (día en que más movimiento comercial hay en la zona), y luego de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) los desalojara de las calles desde hace más de una semana. Aquel día, acompañados por dos cordones policiales, cerca de 500 trabajadores marcharon por la avenida para hacer oír sus reclamos.
El pico del conflicto se desató el martes de la semana pasada cuando efectivos de la Policía Federal y Policía Metropolitana desalojaron por la fuerza a los manteros que se encontraban sobre la Avenida Avellaneda. Pasados los días, los vendedores callejeros regresaron varias veces al lugar en acto de protesta, realizando ollas populares y marchas para que el GCBA les dé una alternativa que les permita no perder sus fuentes de trabajo.
Los trabajadores callejeros se movilizaron hacia las puertas del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires el lunes.
Por su parte, los comerciantes que tienen locales en la zona denunciaron a los manteros por realizar una actividad ilegal que les reduce las ventas y además alertaron a las autoridades sobre amenazas directas recibidas por parte de los vendedores callejeros. Miriam L. -quien pidió a ANCCOM no revelar su apellido por temor- es propietaria de un local de indumentaria femenina en el barrio y comenta: “Los manteros nos perjudican porque ofrecen mercaderías similares a las nuestras pero sus precios son más bajos porque no pagan impuestos ni tienen empleados”.
Los manteros también necesitan trabajar para sobrevivir y, ante los continuos desalojos, se organizaron estableciendo delegados por cuadra. “Dicen que quieren libre la Avenida Avellaneda, entonces que nos den un lugar para trabajar, donde entremos todos”, solicita Jorge López, delegado principal de los manteros. Si bien este tipo de venta es ilegal -tal como ellos mismos admiten- la realidad es que muchos ven en esta actividad la única forma para subsistir ya que no tienen otra salida laboral: “Escuchamos a medios de comunicación y fiscales justificando el desalojo, diciendo que están investigando una red delictiva detrás de nosotros. Yo no veo acá delincuentes sino personas honestas que día a día se vienen a ganar el pan. No estamos pidiendo limosna, pedimos trabajo”, declara López.
La movilización fue en reclamo de una mesa de diálogo para solucionar el conflicto que impide la labor de los manteros hace más de diez días.
Como consecuencia de los enfrentamientos de la semana pasada, el Ministerio de Espacio Público informó que la solución más viable sería trasladar a estos vendedores callejeros a un galpón lindero a la estación de trenes del barrio de Once, en la calle Perón al 3000. Pero este espacio -que por otro lado no les fue explícitamente ofrecido- cuenta solamente con 200 puestos, que serían insuficientes según las estimaciones hechas por los mismos manteros. Según sus propios cálculos, sumarían aproximadamente 3.000 las personas que practican la venta callejera en las calles de Flores. El número toma en cuenta tanto a quienes trabajan los días de semana como a quienes lo hacen también los sábados, cuando más compradores se acercan a este barrio comercial.
Pese a que los agentes del Ministerio de Espacio Público habían anunciado el pasado viernes la realización de un censo de vendedores callejeros para reubicarlos en el predio de Once, los manteros ven esto como parte de una persecución y advierten que tienen miedo de dar sus datos ya que algunos compañeros sufrieron allanamientos policiales en sus domicilios en busca de mercadería ilegal: “Nos inscriben para perseguirnos y tenernos fichados, no para darnos una solución. Yo junto mis pesos y voy a La Salada, compro la mercadería y la vendo acá. De lo que gano, una parte la uso para comer y la otra queda para volver a comprar mercadería”, cuenta a ANCCOM Gisela Barrientos, quien hace tres años trabaja en la calle Avellaneda de lunes a sábado. El inconveniente en este punto es que tal como declaran los manteros, a ellos las autoridades del Gobierno porteño les exigen tener alguna factura que acredite la compra de la mercadería que venden. “Nosotros no somos una mafia que vende cosas robadas como dicen los medios, no tenemos factura porque compramos en lugares que son igual de ilegales que nosotros, en La Salada, Once o, incluso, en Avenida Avellaneda. Dicen que tienen todo en regla pero no dan factura a nadie. A ellos no los persiguen, a nosotros sí”, se defiende Barrientos.
El Ministerio de Espacio Público propuso que los vendedores se mudaran a un galpón en Perón al 300, cercano a la estación de tren de Once, pero los puestos no serían suficientes según los cálculos de los manteros.
Ante la ausencia de respuestas, los propios vendedores callejeros propusieron al Gobierno el permiso para ubicarse en un predio lindero a vías del Ferrocarril Sarmiento (a escasas 4 cuadras de la Avenida Avellaneda), donde consideran que entrarían todos si se organizan. Pero las autoridades no se lo permiten: “Pacíficamente pusimos una manta simbólica en las vías de Venancio Flores pero también nos sacaron. En ese lugar entraríamos todos pero nos dicen que le pertenece al ferrocarril. Actualmente está abandonado, se junta gente que anda en la calle, hay prostitución e inseguridad. Si nos dieran ese lugar nosotros lo cuidaríamos y lo haríamos trabajar”, indica Alejandra D., vendedora callejera desde hace 17 años, quien también pidió reservas sobre su apellido por precaución.
Los manteros manifiestan que son los dueños de los locales los que llaman a la policía y al Gobierno para que los desalojen y les decomisen la mercadería que venden en la vía pública. También revelan que estos comerciantes, quienes acusan a los manteros de ´ilegales´, irónicamente también infringen la ley: “Fíjense arriba de los locales. Esas ventanas son talleres clandestinos. Yo lo sé porque yo trabajé durante un tiempo en uno de estos lugares”, recuerda Gisela Barrientos. “En los locales tienen a la mitad de los vendedores en blanco y a la otra mitad en negro. Si viene la AFIP los mandan a dar una vuelta hasta que se vayan. Pedimos que si quieren blanquear que empiecen por los de arriba, no siempre por los más pobres. Nosotros no tenemos plata para coimear a la policía, por eso nos desalojan”, agrega Alejandra D.
Los vendedores callejeros propusieron al Gobierno el permiso para ubicarse en un predio lindero a vías del Ferrocarril Sarmiento.
El principal reclamo de los manteros es que ante los continuos desalojos puedan ser reubicados pero no en cualquier lugar, “Pedimos una solución para los trabajadores de Flores en Flores. En esta semana le pedimos solidaridad a los comerciantes de nuestro barrio, porque ellos tienen que entender que si acá viene tanta gente a comprar es también gracias a los trabajadores de la vía pública”, reclamó Jorge López. La gran mayoría de los manteros no solo trabajan Flores sino que también son vecinos del barrio y un traslado a Once, dicen, les traería más complicaciones: “Les pedimos un espacio en Flores porque todos vivimos cerca de acá. Nuestros hijos van a las escuelas del barrio y los sábados, si no tenemos con quien dejarlos, tenemos que traerlos a trabajar con nosotras”, comenta Barrientos. Por estas razones, explican, solicitan un lugar donde puedan trabajar en condiciones dignas y de alguna manera salir de la “ilegalidad”, Varios consultados por ANCCOM opinaron que si se les diera la oportunidad aceptarían estar inscriptos impositivamente y poder desarrollar su trabajo con tranquilidad: “Estamos dispuestos a pagar el monotributo, no queremos que nos regalen nada. Si se pactara una suma que podamos pagar, lo haríamos. Nosotros tampoco queremos evadir impuestos”, resume Alejandra D.
Actualizada 19/04/2016
Abr 15, 2015 | inicio
Lunes, martes, miércoles. Los días corren, y las familias que viven en la casona de la avenida Pavón al 4.127, en el barrio porteño de Boedo, los cuentan como si fueran los últimos. Jueves, viernes, sábado. Cualquiera de ellos puede ser el definitivo: el que los sorprenda durmiendo en la calle. Porque tras haber logrado una suspensión momentánea de su desalojo, los habitantes del lugar todavía aguardan una solución que no llega. Domingo, lunes, martes. El tiempo, mientras tanto, se agota, y el futuro de treinta y siete familias –unos 70 niños; más de 100 personas, muchas de las cuales viven allí hace 25 años- sigue siendo incierto, peligrosamente frágil. Ahora, una mesa de diálogo integrada por autoridades porteñas, representantes de las familias y de los propietarios del inmueble, buscará dar respuesta a un conflicto que, según legisladores porteños, forma parte del déficit habitacional de la Ciudad de Buenos Aires.
La casilla de Carolina y Diego está ubicada en el patio trasero de la casona, semi oculta tras dos hileras de ropa colgada en sogas. Desde hace días que el interior de su vivienda se encuentra alterado por la inminencia del desalojo. Hay bolsas de consorcio alineadas a un costado; cajas de cartón apiladas; los muebles corridos de su lugar habitual; las camas desarmadas. Carolina y Diego -32 años ella, 28 años él, ambos enfermeros- están prestos para el desalojo: “Si nos tenemos que ir, por lo menos estamos preparados. Se sabe que los desalojos vienen con violencia, te arrasan y te tiran todo”, dice Diego, mientras sus tres hijos –Ariel, de 10; Mateo, de 9; y Maira, de 6- miran los dibujitos animados en una tele rodeada de paquetes y bolsas y cajas. “Todos ellos nacieron acá, se criaron acá. Cuando viene el desalojo nadie piensa en los chicos. Pierden la escuela, pierden el barrio. Sacarnos sin ninguna solución es terrible. ¿Adónde vamos a ir? Nadie te recibe con chicos. Y para alquilar te piden garantía propietaria, depósito: es imposible”, dice Diego.
Luis Roldán, delegado de los habitantes, vive desde hace 25 años en la casona de Pavón, en Boedo.
Medio millón de personas padecen problemas habitacionales en la Ciudad de Buenos Aires, sostiene en diálogo con ANCCOM, el legislador porteño, José Cruz Campagnoli: “De ese total, 250 mil personas viven en villas y otras 250 mil en casas tomadas o conventillos. Esto muestra que el Estado no garantiza el derecho a la vivienda en la Ciudad. Macri, de hecho, considera que el Estado no tiene que ser constructor sino promotor de las condiciones para que el mercado intervenga. Es decir, no hay que construir viviendas sociales, ni urbanizar las villas”. Según el legislador de Nuevo Encuentro, desde el 2007, cuando Mauricio Macri asumió como jefe de Gobierno porteño, hasta hoy, el presupuesto destinado a políticas de vivienda disminuyó en un cincuenta por ciento: pasó de 4 a menos del 2 por ciento. “Todo esto combinado con un fenomenal desarrollo del mercado inmobiliario, en donde hay 350 mil viviendas ociosas, construidas únicamente como reserva de valor”, agrega Campagnoli.
Ismael en la casa 73. Lleva 5 años en las viviendas tomadas de la calle Pavón en Boedo.
Muchas de las familias de la casona de Boedo viven allí hace un cuarto de siglo. “Pagamos siempre todos los impuestos. Sabemos que esto no es nuestro y no queremos que nos regalen nada. Lo que reclamamos es una vivienda digna, no un subsidio de 1.800 pesos como ofrece el PRO”, dice el delegado de los habitantes del inmueble, Luis Roldán. Por el vestíbulo de la casona –las paredes desconchadas, una claraboya enorme y ovalada por donde se filtra una luz gris, las habitaciones alrededor- corren tres nenes detrás de una pelota azul. “La postura del Gobierno de la Ciudad es recuperar el inmueble y nada más. Con el subsidio no llegamos ni a la esquina”, dice el delegado.
Gracias al apoyo de organizaciones sociales, legisladores porteños y a un recurso de amparo presentado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, se frenó temporalmente el desalojo previsto para el pasado 18 de marzo. “Estábamos desamparados, se acercaba la fecha de la orden del desalojo y estábamos solos. Empezamos a golpear puertas, a llamar a conocidos, y por suerte nos dieron una mano para que esto salga a la luz y se parara”, dice el delegado. Luego de la suspensión del procedimiento judicial, se abrió una instancia de diálogo en la que participan autoridades del Instituto de la Vivienda porteño, representantes de la empresa propietaria del inmueble, Pavón Plaza, y delegados de los habitantes de la casona. Al reclamo de los vecinos también sumó el apoyo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que se presentó como “Amicus Curiae” (amigo del tribunal) ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. 46, en donde se tramita la causa.
Viviendas tomadas y pedido de desalojo en Boedo
Claudia Iriarte tiene 50 y desde hace 24 años que vive en la casona: “Vinimos, en ese entonces, con mi marido y mis dos hijas que eran chiquitas. Estábamos en la calle y no teníamos donde vivir”, recuerda Claudia. El inmueble, por esos años, estaba abandonado, luego de haber sido sede de un colegio de la comunidad judía. “Durante todo este tiempo pagamos la luz, el gas, todos los servicios. No es que estamos enganchados. Acá todos trabajamos. Algunos son albañiles, otros trabajan en seguridad, como mi marido, otros se la rebuscan”, dice Claudia y agrega que “yo ahora tengo nietos viviendo conmigo y si nos sacan de acá, no tenemos donde ir. Luchamos por una vivienda, por un lugar que sea nuestro”.
