El gas levanta vuelo

El gas levanta vuelo

Unos veinte millones de argentinos utilizan gas envasado en garrafa para cocinar y califaccionar sus hogares. Desde que se desreguló su precio hace dos meses, su costo se duplicó. Las defensorías del Pueblo exigen que se declare un servicio esencial y que se fijen valores máximos.

El 19 de agosto mediante la resolución 216/2024 la Secretaría de Energía dirigida por Eduardo González Chirillo desreguló los precios del gas licuado de petroleo (GLP). La decisión fue con el objetivo de  acordar con “los principios de la libertad de mercado” y los lineamientos del Decreto 70/2023. Así, la nueva reglamentación dejó de lado la aplicación de precios máximos de referencia para las etapas de fraccionamiento,  distribución y venta al público de garrafas. Esto, según el Gobierno, llevaría a acomodar precios y lograr estándares de calidad internacional. A casi dos meses de su aplicación, en cambio, los usuarios sufren el alza de precios, reclaman por la baja calidad del gas y las defensorías del Pueblo piden que sea declarado servicio público esencial.

El 43,9 de la población, más de veinte millones de personas, utiliza principalmente gas envasado en  sus hogares, según el censo de 2022 realizado por el INDEC. Las provincias del nordeste argentino – Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco- usan casi en su totalidad garrafas. En la Ciudad de Buenos Aires lo hacen más de 250.000 hogares, así como 4.100.000 personas en los partidos del Gran Buenos Aires. Tanto Santa Fe como Córdoba tienen cada una más de 1.700.000 usuarios. Ciudades, pueblos, barrios periféricos, zonas vulnerables o viviendas que no pudieron reponer la conexión de gas después de una inhabilitación también componen esa cifra en todo el país.

Christian Vitar vive en el centro de Caseros, partido de Tres de Febrero, en el oeste del AMBA. Hace tres años la empresa de gas clausuró la conexión de gas de su casa y le exigió nuevas instalaciones para la rehabilitación. Desde ese momento usa garrafa como medio principal para cocinar y calafeccionarse en el invierno. “Es un montón de dinero hacer la renovación de la cañería de gas, así que no me queda otra. Soy metalúrgico, trabajo en un taller, ahora un poco más de media jornada, no hay forma de juntar la plata”, manifestó. La compró siempre en YPF  porque es el lugar más barato ya que, según dice, “antes de esto salía 8.500 pesos, era casi la única que respetaba el precio. Me dura veinte días, un mes pero trato de no usar horno. Ahora está 15.000 pesos o más”.

La Resolución 216/2024 liberó los valores en todas las etapas del GLP, por lo cual los precios de venta  no tienen ya un precio máximo sino de referencia. Estos se actualizaron en 8.500 pesos para la garrafa de 10 kg, 10.200 la de 12 kg y 12.750 la de 15 kg. Al ser solo de referencia no hay obligación de respetarlos y no hay un tope. En la práctica, los precios difieren según se trate de una planta distribuidora, una empresa repartidora de garrafas o determinado almacén de barrio desde el cual muchos acarrean a pie el pesado envase.

En la entrada de la planta de garrafas sobre la avenida Martín Fierro, en Ituzaingó, hay una cola de personas esperando para comprar. Pamela Flores vino desde Villa Udaondo, al fondo del partido y comentó: “Es el lugar más barato, la última vez me salió 8.500 pesos, no sé ahora, creo que más de 12.000. En el barrio está mucho más cara: cerca de 16.000 pesos. Uso dos o tres por mes. Somos muchos en la familia. Hay chicos, hay que cocinar sí o sí todo el tiempo, no podés racionar. En mi zona, algunas manzanas tienen gas natural y otras no”. Reclamó que “en el último tiempo el gas viene malo, dura poco la garrafa, y el calor de la llama es como débil”. No sabe si cambiar el lugar de compra o en cualquier lugar también tendrá esas características.

El gas licuado de petróleo para el envase de 10 kg es una mezcla de gases, butano un 80% y propano un 20%. Se obtienen del proceso de refinamiento del petróleo y la recuperación en las plantas gasíferas. El gas está “licuado” en el envase y se evapora al ser usado. La empresa YPF, la más referenciada por los consumidores, así como otras reconocidas, certifican que sus productos tienen la cantidad de carga correcta y la calidad adecuada. Los usuarios se quejaron de que estos aspectos han empeorado en empresas menos conocidas y dudan de la cantidad y calidad del contenido.

Nadia Fraselli vive en Castelar, Provincia de Buenos Aires, y también mencionó que las garrafas duran poco: “Vienen con agua. La trato de usar poco y busco el lugar más barato. Ahora se fue al doble. La última vez la pagué 7.500 pesos”. La compró en una distribuidora porque estaba más barata que en su barrio pero le pareció que vino con menos carga. Y agregó: “Cobran lo que quieren, nadie sabe en realidad cuanto es el costo de una garrafa.”

En Parque Patricios, a una cuadra del Hospital Muñiz, Jessica Valdés precisó que el aumento de precios fue de 9.000 pesos a 15.500 en un par de semanas. Explicó sobre las diferencias en el costo: “La  busco en el almacén aquí cerca, es más barata que el camión que me la lleva a domicilio. Uso tres o cuatro garrafas por mes porque cocino para vender, es mi trabajo. Me da miedo usar horno eléctrico porque no sé cuánto me puede venir la factura de luz. Vivo en un edificio que no tiene instalación de gas natural. Dependo de la garrafa.”

El gas envasado es un consumo de primera necesidad para el 43% de la población argentina que no cuenta con redes domiciliarias de gas natural. Con la desregulación del mercado de este tipo de energía los consumidores quedan desprotegidos sin los controles y mecanismos que sí tiene el consumo del gas por red, como el Ente Nacional de Regulación del Gas (ENERGAS) y las audiencias públicas obligatorias para fijar tarifas.

En esta situación, la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), pidió “declarar a la garrafa como servicio público esencial” y “reconsiderar la Resolución 216/2024” que eliminó el precio máximo. Consideran que “este recurso es vital para el bienestar y la salud de los hogares en condiciones extremas” y considerarlo esencial permitiría “proteger los derechos de los usuarios y garantizar un acceso justo y equitativo a los servicios energéticos.”

Estudiar en Buenos Aires está cada vez más lejos

Estudiar en Buenos Aires está cada vez más lejos

El incremento del alquiler, el transporte y los materiales de estudio hace cada vez más difícil los estudios universitarios, sobre todo para aquellos que dejaron sus localidades para mudarse a la Capital. Tácticas y estrategias para cursar en crisis.

Ciudad Universitaria - Archivo ANCCOM

En los últimos tiempos el recorte presupuestario para la educación está en boca de todos. El foco se suele poner en los sueldos de docentes y no docentes que se deterioran mes a mes. Pero los estudiantes también viven una realidad de precios que suben mientras los ingresos corren desde atrás y quedan cada vez más lejos. En particular, el aumento sostenido del costo de vida en todo el país tiene formas particulares en Buenos Aires y pone en apuros a los estudiantes universitarios que llegan desde diferentes provincias en búsqueda de oportunidades académicas que les deparen un futuro mejor.

“Mis papás pensaron en mudarme más cerca de la facultad para achicar los gastos de transporte”, comenta Antonia Escalante, de Choele Choel, provincia de Río Negro, quien estudia en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). La distancia al estudio se ha vuelto una cuestión vital a la hora de estudiar: en enero del año pasado viajar en tren le costaba 37,38 pesos, actualmente, con la tarjeta SUBE registrada, la tarifa es de 280 pesos, lo que se traduce en un aumento del 649% en lo que va de 2024. Para quienes viven en CABA, el pasaje de subte sufrió una estampida aún más aceleradamente: en septiembre de 2022 viajar en el subte costaba 42 pesos, y con el último incremento, llegó a 757. En resumen, un aumento del 1.702% en dos años.

Frente a este panorama, Antonia y otros estudiantes, optan por modificar su cronograma y cursar la mayor cantidad de materias en uno o dos días a la semana para evitar viajar tan seguido, aunque tengan que esperar varias horas entre una clase y otra.

A estos gastos generales se suman otros específicos de carreras para las que se deben presentar maquetas y modelos: “Hay compañeros que tuvieron que dejar de cursar varias materias y solo hacen una, o una materia que sea teórica y otra práctica, para no tener gastos tan altos. Es cara la carrera”, señala Florencia Mancuso de Puerto Madryn, provincia de Chubut, quien estudia Diseño de Indumentaria en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU-UBA).

La vivienda es otra de las grandes problemáticas para los estudiantes que vienen del interior del país: no es igual la realidad de un joven que vivió toda su vida en el barrio de Almagro con sus padres y la de otro joven de la misma edad que viene desde el interior a estudiar y necesita alquilar. Para muchos chicos y chicas, durante los primeros meses y hasta que se adaptan a una nueva ciudad y puedan conseguir un trabajo que les permita mantenerse, la ayuda económica de sus padres es un pilar fundamental.

“Recibí ayuda al comienzo. Fue indispensable. Luego fue menor. Ahora con mi trabajo de tiempo completo no recibo nada más de ellos”, comenta Estrella Ayastuy, 27 años, de Rosario del Tala, provincia de Entre Ríos, quien estudia Farmacia en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

No todos pueden tomar trabajos de tiempo completo. Por eso, para no descuidar sus estudios, optan por trabajos de media jornada, por lo que el salario, en el mejor de los casos, les alcanza para cubrir lo básico. Con los aumentos constantes en materia inmobiliaria, los jóvenes han tenido que rebuscárselas. Sobre esta situación, Agustín Ayastuy, 23 años, estudiante de Abogacía, en la Facultad de Derecho en la UBA, explica: “Tengo compañeros que empezaron a compartir el alquiler con más personas”. Esta práctica se está volviendo cada vez más habitual entre universitarios. “Tengo amigos y conocidos que vinieron desde otras provincias que tuvieron que mudarse a residencias o alquilan entre varios para reducir gastos”, señala Donna Ottogalli, 20 años, estudiante de la Licenciatura en Desarrollo de Videojuegos en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).

Según la Encuesta Nacional Inquilina de septiembre 2024, realizada por las organizaciones Inquilinos Agrupados y Ni Una Menos, uno de cada cuatro inquilinos tuvo que mudarse en los últimos tres meses por no poder pagar el alquiler. Sumado a eso, el 42,2% de los encuestados dice que tendrá dificultades para afrontar el pago en los próximos meses. Otro punto para tener en cuenta es el porcentaje que destinan las personas de su salario para poder pagar solamente dicho alquiler.

“Un 40% de mis ingresos van para el alquiler”, comenta Nicolás Acuña, estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. La cifra que maneja Nicolás se acerca al promedio que arroja la encuesta. “Aproximadamente para el alquiler gasto un 40% de lo que gano”, coincide Agustín, el estudiante de abogacía.

 

La situación de las universidades privadas

Los estudiantes que asisten a una universidad privada deben sumar un gasto adicional a la ecuación: el valor de las cuotas. Por ejemplo, en la UADE, el costo de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en marzo de 2022 era de 17.000 pesos por una sola materia y 60.000, aproximadamente, por el pack de cinco. En agosto de este año, una materia cuesta 54.000 pesos y el combo por las cinco materias 257.000.

Frente a este panorama, muchos estudiantes han modificado los plazos que tenían para finalizar sus carreras universitarias, haciendo que la pregunta “¿cuánto falta para que te recibas?”, sea cada vez más difícil de responder. “A partir del año pasado tuve que pasar de cursar cinco a tres materias porque me mudé sola y fue imposible para mí”, dice Soledad Aurignac, estudiante de UADE. Además, agregó: “Conozco personas que abandonaron la carrera y se volvieron a sus provincias, y también personas que pasaron a vivir de capital a provincia”.

Mientras se asegura a los jóvenes del país que estudiar es la mejor forma de progresar en la vida, el camino hacia las aulas se ve obstaculizado por dificultades crecientes. Para los del interior es particularmente duro y muchos, con pesar, deben volver a sus casas. Es otra cara de una educación un poco menos pública y gratuita.

Con orgullo contra el hambre

Con orgullo contra el hambre

La Asociación Mocha Celis, de la comunidad travesti trans, organizó un reparto de comida caliente a quien necesitara calmar el hambre. Los discriminados por odio dieron de comer a otros perseguidos, los abandonados por la política ecónomica del gobierno de Javier Milei.

La calle está en silencio a pesar de ser plena avenida en el barrio Balvanera. Es un domingo gris, ventoso, con probabilidades de lluvia, excusa perfecta para encerrarse en la casa y pasarlo con la misma ropa con la que se sale de la cama. Pero en la esquina de Jujuy y México, a metros del bachillerato Mocha Celis, de la comunidad travesti trans, entran a la plaza unos tacos rojos de la altura de un rascacielos, un shorcito que cubre lo necesario, tops de encaje sofisticados, escotes prominentes, maquillajes glamorosos y mucha coquetería. Pero de a poco también se animan a entrar tímidamente unas viseras, remeras de fútbol, pantalones desgastados, bolsas de tela vieja y zapatillas agujereadas. Detrás de ellos, unos fuentones calientes y llenos de fideos mostachol con salsa boloñesa y queso. En la plaza Velazco Ibarra, la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo Línea Histórica (COMOLH) se prepara para recibir a quien quiera acercarse a la primera olla popular que realiza, “contra el hambre y el odio”.

La convocatoria es alta, son más de 50 banderas superpuestas en la reja de la plaza, todas de las organizaciones y asociaciones civiles que se agrupan bajo el Frente Orgullo y Lucha. La mesa del domingo necesitó metamorfosearse a banco de plaza, maceta, mantita sobre el suelo, todo lo que sirviera de asiento. “Hay ganas de recuperar la fiesta y ganas de participar y de construir ese mundo en el que queremos vivir”, exclama Francisco Quiñones Cuartas, director de la Mocha.

En esta ocasión inaugural, la Mocha se puso al hombro la preparación de unos diez kilos de fideos, una cantidad equitativa de salsa, bowls de queso rallado que parecían imitaciones a escala del planetario y hasta un ollón de arroz con leche de postre. Su cocina trabajó un día entero, porque también guardaron en el freezer dos eventos próximos más: uno de pastel de papa y otro de empanadas. El activismo no se sacia con una sola comida. 

—Sofi, ¿te ponés dos paquetes de fideos más? Hay gente que quiere repetir.

En la sobremesa, ahora con todas las panzas satisfechas, el tema de debate es la convocatoria al próximo 2 de noviembre, la 33° marcha del Orgullo. Esta vez, su consigna será “El orgullo no se vende, se visibiliza y se defiende”. Las políticas del gobierno de La Libertad Avanza son un ataque directo a la comunidad, como el cierre del INADI, la prohibición del lenguaje inclusivo en la administración pública, el desfinanciamiento de programas de acompañamiento, y todo un caldo de cultivo basado en “la lucha cultural” que bienrecibe a la violencia, discriminación e invisibilización de la comunidad LGBTIQ+. En esta cuenta neoliberal, al odio se le suma el hambre.

Pero el zarpazo del león no es más que una historia que se repite para muchas de las personas aquí sentadas. Para Virginia Silveira, la nueva directora de la Asociación Mocha Celis, egresada de su bachillerato, no hay tiempo para debates twitteros cuando la compañera de al lado no llega a fin de mes, o si otra no recibe sus medicamentos y una jubilación suficiente para tener una vejez digna (a pesar de que la expectativa de vida siga siendo entre los 35 y 40 años), o si una persona no tiene otro hogar más que la calle. 

Por eso, esta olla no es solo un discurso político combativo, es una idea materializada, un almuerzo de domingo con una familia que te sienta en su mesa sin conocerte, porque entiende que la mejor herramienta son los lazos tejidos a través del amor y el afecto. Solo el arroz con leche del fin de la jornada es tan dulce como esta red.

 

Trincheras contra el hambre

Trincheras contra el hambre

Hay 6 millones de niños en situación de pobreza y 2 millones bajo la línea de indigencia, mientras el Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello esconde alimentos hasta que se pudran. Crónica de una recorrida por los comedores del conurbano bonaerense.

No hace frío ni calor, pero en Santa Rosa, un barrio de Florencio Varela poblado de calles de tierra, la gente anda en ojotas. A veces ojotas y medias. Es viernes por la tarde y en una casa cerca de la escuela primaria, la familia de Norma prende fuego en el patio descubierto.

Desde hace tres meses, ahí funciona un merendero para ochenta pibes. “Hay necesidad en el barrio. Yo iba al kiosko y veía que los chicos pedían pan viejo, algo para comer”, cuenta Norma con la voz tomada. Cuando se abrió la posibilidad de crear un nuevo merendero desde el Movimiento Kultural, organización de la que participa, no dudó. Las siete personas que se ponen al hombro la merienda de los chicos una vez por semana, empiezan a preparar la masa de las tortas fritas a las 14 y más cerca de las 16 preparan la leche. “Amasamos cinco kilos de harina y ocho de leche. Imagináte, me recansan los brazos”, se ríe Norma con ojos agotados.

Se fija en la hora con impaciencia y toma mates con nerviosismo: está esperando que sean las 16.30 y que en un rato salgan los chicos de la escuela. No llueve, así que pudo prender el fuego para cocinar. Cuando llega la hora, despeja la mesa. El patio de Norma no es tan grande como para que los chicos pasen a tomar algo, así que su marido agarra la tabla de la mesa y Luis, con sus solidarios 20 años, la base. La mesa, con la comida, sale a la vereda, para compartirse.

Cabizbaja, con un buzo gris dos talles más grande, shorts deportivos finos y ojotas con medias, llega una chica de 17 años. Se lleva leche para los dos bebés que tiene en su casa y una bolsa con panificados. Tiene las rodillas huesudas al descubierto y la mirada de alguien a la que le han arrebatado más que el derecho a la comida. Le falta el brillo de quienes sueñan o incluso pueden imaginar una pequeña rebeldía. Los hombros se le caen por el peso de los estigmas: si pide es “negra”, si reclama se le suma “piquetera”.

Las personas que superan los 18 no suelen acercarse a pedir. Miran con recelo, a veces también con deseo, pero siguen de largo. Acompañan a sus hermanos más pequeños, pero se mantienen a una distancia. “Te da la cosa cuando sos grande, vergüenza. Yo te digo porque a mí también me pasaba. Es el orgullo de querer arreglarte solo. Cuando sos chico no lo tenés”, explica Luis. Una veinteañera manda a su hermana de 10 años a pedir. Los ojos de la nena dan con la altura de la mesa. Con el mentón hacia arriba, observa cómo Norma pone la leche en una botella y la boca se le abre. Incluso a la distancia, se nota que ya se imagina tomándola. La ensoñación se rompe cuando desde enfrente la hermana, que se siente demasiado mirada, la apura. En su casa son cuatro hermanos y hay que compartir.

Luis no deja de mirar hacia la calle que lleva a un barrio que está “más al fondo”, Las Palomas. Por esas calles, espera que venga El Gruñón, un chico de 7 años que desde que lo conoce tiene el ceño fruncido, una mirada turbia y una sonrisa que nunca asoma. El Gruñón todavía no sabe por qué, pero en menos de una década de vida está resentido con la sociedad que lo expulsa.

Sus nombres podrían ser cualquiera, son sólo algunos de los seis millones de chicos en situación de pobreza o de los dos millones bajo la línea de indigencia. Para el Ministerio de Capital Humano ellos ni sus necesidades importan. El Estado nacional no entrega ninguna mercadería: la deja pudrirse en galpones. De los 44 mil comedores y merenderos inscriptos en el Registro Nacional de Comedores (RENACOM), la ministra Sandra Pettovello sólo reconoce a 9 mil.

La Provincia de Buenos Aires trata de salvar la situación: a los merenderos les da harina, azúcar y artículos de limpieza y a las ollas populares, además conservas y alimentos secos. Según la medición de UNICEF hasta febrero, el 66% de las infancias de Argentina son pobres o están bajo el nivel de indigencia. En Bosques, otro barrio del distrito del conurbano sur, todos los jueves a la nochecita, Argentina Humana prepara una olla popular para setenta personas.

En julio el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), parte de Argentina Humana, lanzó una colecta para seguir manteniendo estos espacios de lucha contra el hambre en los barrios. “Lo que se obtiene en las colectas para la red de comedores y merenderos de Argentina Humana se destina para las secciones más desfavorecidas. Separamos al país en tres secciones. Jujuy y las provincias del norte son de la primera, porque allá no tienen ninguna ayuda provincial. Acá, con lo que aporta la provincia y lo que consiguen los compañeros, la olla se hace igual. No alcanza y hay que hacer malabares, sí, pero se hace igual”, explica El Gringo. Mientras tanto, los chicos del barrio y los hijos de las familias que van a la olla juegan con aros y platos de circo. Esta vez, el galpón donde funciona la olla, abre un sábado a la tarde para que, por un momento, los pibes sean sólo pibes.

Estela, una docente que ayuda en Bosques desde que empezó hace dos meses, recorre el salón ofreciendo leche chocolatada y hablando con las mamás de los chicos: cada momento es una oportunidad para armar un lazo con los vecinos. “Para algunos la olla es la única comida caliente del día.Yo ya viví esto en los noventa. Lo social es es una lucha eterna. Hay que construir lo político para que algo cambie. La olla es una herramienta política. No es para siempre. Esto es una organización política, si no ¿qué somos? La iglesia. No, nosotros no hacemos caridad”, determina. En la vereda de enfrente funciona una iglesia evangelista con un banner que todavía brilla como nuevo. La lona reza “Jesús es el camino” y acompaña con la foto de un águila y un león.

En el plano de la vida concreta, los leones con dientes ensangrentados acusan a quienes trabajan en los barrios de “gestores de la pobreza”. Sin embargo, Aníbal, un cartonero varelense organizado en la Federación de Cartoneros, Cartoneros y Recicladores (FACCyR), tiene, como su compañera, una visión totalmente opuesta. “Yo no quiero que mis compañeros sean cartoneros toda la vida. Yo quiero que aprendan un oficio, que tengan un laburo digno. Vos después de laburar tenés que tener condiciones para desarrollarte, no sólo comer, también poder vivir en tu propia casa, hacer tu vida. El trabajo y la formación son claves”, clama con vehemencia.

Cuando tenía 11 años, en otro neoliberalismo, murió su papá y tuvo que salir a la calle a ganarse el mango y hacerse de un oficio. Después de un tiempo, armó una cooperativa de herrería para que gente como él pueda formarse y vender su trabajo. “Tenés que asegurar tu sustento, eso es lo primero, después ves si querés militar o hacer otras cosas”, sintetiza con la firme dureza de años de buscar cartón bajo el sol picante y la humedad de la noche. En su voz, firme, se cristaliza el deseo de que la dignidad se haga costumbre: que los pibes que juegan con los aros puedan soñarse en un futuro mejor y que la política lo posibilite con transparencia y garantía. En sus ojos está la convicción de que a nadie más le roben, como a él, el derecho a una infancia con comida, risas y juegos.

El personal del Garrahan bajo la línea de pobreza

El personal del Garrahan bajo la línea de pobreza

Los trabajadores del hospital pediátrico hicieron un paro de 24 horas. Piden salarios dignos, mejores condiciones laborales y mayor presupuesto.

Técnicos y profesionales del área de salud del Hospital Garrahan realizaron un paro de 24 horas en reclamo de mejoras salariales. La medida de fuerza, que tuvo un acatamiento total, se extendió desde las 7 del miércoles 3 hasta las 7 del día siguiente.

Según Norma Lezana, médica nutricionista especializada en pacientes diabéticos, delegada y vocera de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), es una burla lo que el gobierno de Javier Milei quiere darle a los trabajadores de la salud, “un aumento de un dos o tres por ciento”, cuando desde el gremio están pidiendo una recomposición del 100 por ciento y así llegar a un monto mínimo de 1.400.000 pesos.

“Es una vergüenza que funcionarios de altos cargos se sigan subiendo el sueldo como si nada, con desfachatez, mientras que los trabajadores del área de salud, tanto del Garrahan como de los diferentes centros hospitalarios del AMBA y el resto de las provincias, siguen teniendo un salario por debajo de la línea de pobreza”, manifestó Lezana, en diálogo con ANCCOM.

Un profesional de la salud, refirió Lezana, cuenta con formación académica específica y sigue especializándose a lo largo de su carrera, tomando cursos para estar cada vez más preparado.“Que el Gobierno no valore el esfuerzo y la capacidad en el área de salud, también hace que los jóvenes profesionales estén un tiempo y luego renuncien, en busca de mejores oportunidades salariales, ya sea en clínicas privadas o fuera del país. Esto es una pérdida lamentable y una fuga de cerebros”, agregó con angustia en su voz.

La protesta del personal, que dio comienzo al paro, tuvo lugar en las afueras del Garrahan, sobre la calle Combate de los Pozos, durante la mañana del miércoles. En una muestra de compañerismo y unidad, participaron trabajadores de las distintas especialidades –nutrición, radiología, kinesiología, neurología, neonatología, farmacia, lactarios–, así como de enfermería y mantenimiento, entre otros.

La convocatoria incluyó a referentes políticos, sociales y sindicales que se acercaron para manifestar su apoyo y la presencia de un grupo de cantantes líricos que transmitieron fuerza y esperanza a los trabajadores.

Fundado en 1987, el Hospital Garrahan, de gestión compartida entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, es el centro pediátrico de referencia en salud pública, gratuita y de alta complejidad de la Argentina y de la región. El sistema funcional del establecimiento se basa en el cuidado del paciente, lo que significa que su estructura de servicios debe satisfacer las necesidades médicas, de enfermería y de todos los sectores, ya que cada uno brinda atención de calidad en cada etapa de la enfermedad, con equipos de trabajo constituidos para realizar las diferentes tareas asistenciales.

El Garrahan asegura a toda la población un acceso público e igualitario, ya que sus pacientes no solamente pertenecen al área metropolitana, sino también del resto del país.

Los trabajadores continuarán luchando por los que consideran un reclamo justo, por salarios dignos, mejores condiciones laborales, y que el Gobierno otorgue un mayor presupuesto a la salud pública y valorice la labor de cada uno de los profesionales, entre los que se cuentan los del sector de enfermería, que aún no es considerado como profesional.

A lo largo de las 24 horas de paro, el hospital funcionó con guardias mínimas similares a los días domingos y feriados.Tras la protesta del miércoles por la mañana, los trabajadores culminaron la jornada de lucha con un semaforazo, sobre la calle Pichincha, vestidos con sus ambos y delantales blancos, sosteniendo pancartas y carteles, acompañados por ciudadanos comunes que se acercaron en solidaridad. Al final del día, los representantes gremiales se reunieron en una asamblea para evaluar la medida y los próximos pasos.