Condenaron a tres policías de la Ciudad por gatillo fácil

Condenaron a tres policías de la Ciudad por gatillo fácil

Sep 18, 2024 | DDHH, Destacado 1

El oficial Ramón Pérez fue sentenciado a prisión perpetua mientras que las agentes Beatriz Manzanelli y Daniela López purgarán seis años de cárcel por haber asesinado al remisero Claudio Romano. La Policía porteña es la más letal del país.

De izquierda a derecha, Darí­o Ramón Pérez, Claudia Beatriz Manzanelli y Daniela López.

Luego de casi cinco años desde que la vida de Claudio Romano fue arrebatada a manos de tres agentes de la Policía de la Ciudad, este miércoles 18 de septiembre tuvo lugar la última audiencia del juicio oral y público que culminó con una condena a prisión perpetua y dos a seis años de cárcel. Sin embargo, los implicados quedarán libres hasta que se conozca el resultado de su apelación.             

Desde el mediodía, sentados en la sala del Tribunal Oral Criminal Nº 12, los allegados de Romano y de los tres policías acusados estaban expectantes por el veredicto. La querella de las abogadas de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), y los familiares y amigos de Romano, también.

El juicio a los oficiales Ramón Pérez, Beatriz Manzanelli y Daniela López contó con cuatro audiencias y 24 testimonios, entre testigos visuales, peritos y profesionales en calidad de consultores. El tribunal compuesto por Luis Oscar Márquez, Darío Martín Medina y José Pérez Arias, dio a conocer la sentencia que determinó cadena perpetua para Pérez -quien disparó la bala que terminó con la vida de Claudio Romano- por el delito de homicidio agravado por su condición de miembro de las fuerzas de seguridad. En tanto, sus compañeras López y Manzanelli recibieron la pena de seis años por el delito de lesiones graves. Luego, el juez José Pérez Arias dio la palabra a los imputados. Tanto Manzanelli como López y Pérez coincidieron en decir: “No tengo nada más para agregar. Agradezco al tribunal por haberme escuchado”.

Lucía Sánchez, pareja de la víctima, junto a la abogada y referente de Correpi Marí­a del Carmen Verdú.

Por unanimidad, los jueces resolvieron condenar al oficial Pérez por considerarlo el autor material y responsable de la muerte de Romano, a través de un abuso de su autoridad y el uso de arma de fuego. Por otro lado, coincidieron en que a las oficiales Daniela López y Beatriz Manzanelli, les corresponde una sentencia menor como autoras materiales penalmente responsables por agresiones agravadas por arma de fuego y abuso de sus funciones.

 Además, acordaron tomar medidas que endurecen sus condiciones de libertad hasta ser encarcelados, entre las que se incluyeron una intimación a que cada uno de los oficiales deba concurrir personalmente una vez por mes al tribunal para dar presencia y se estableció una captura inmediata ante el intento de salida del país, entre otras disposiciones. 

En el silencio que siguió a la lectura del veredicto, la doctora María Carmen Verdú y el padre de Claudio, Ramón Romano, compartieron un abrazo antes de abandonar la sala, donde el bloque defensor permaneció hasta unos minutos después.

Ramón Romano, padre del remisero asesinado.

“Me siento satisfecha con el resultado de Pérez pero también tengo una sensación amarga respecto de López y Manzanelli, que tienen seis años de condena, nada más. Dentro de todo, estoy bastante conforme”, comentó a ANCCOM Lucía Sánchez Cáceres, la novia de Claudio. Para ella, la hipótesis de la defensa, que alegó un intento de suicidio por parte de Romano, “fue decadente”.

Sandra Berthe, miembro de la querella y de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), junto a Verdú, compartieron los pasos a seguir en el proceso.“Este resultado no significa que no vayamos a apelar y buscar más años para las otras dos policías, que solo obtuvieron seis años por lesiones agravadas”, afirmó Berthe. “Supongo que desde la Fiscalía también se va a apelar. Nosotros consideramos que López y Manzanelli fueron coautoras, indispensables en el homicidio agravado”, agregó.

En consonancia con esto, Verdú afirmó: “Indudablemente, haber logrado la condena a prisión perpetua contra uno de los tres policías que fusilaron a Romano es un triunfo de la lucha organizada, de la persistencia de la familia, de la militancia de todo CORREPI, pero por el otro lado tiene la contracara de la leve condena para las dos mujeres, Manzanelli y Lopez, que en nuestra teoría del caso, al igual que en el caso de la fiscalía, consideramos coautoras y no simples ejecutoras de unas lesiones graves”. En ese sentido, anticipó: “Este será el contenido de nuestro recurso a la Cámara de Casación Penal, dentro de cinco días vamos a conocer los fundamentos del fallo. A partir de ahí, hay veinte días para presentar los recursos de Casación”.

Correpi cosecha condenas

El caso Romano constituye otro capítulo en los enfrentamientos y búsquedas de justicia contra representantes de la Policía de la Ciudad, la cual es definida desde la organización como “la fuerza más represora letal del país que supera, en proporción a la cantidad de efectivos, el índice de letalidad de la Policía bonaerense o santafesina”. Entre otros casos seguidos por Correpi, se destacan la condena a prisión perpetua del policía Adrían Otero por el asesinato de Cristian “Paragüita” Toledo en Barracas, la condena a la oficial Melina Luján San Roque a tres años y ocho meses de prisión domiciliaria por el homicidio de Dylan Santucho en San Martín, y la reciente condena a 18 años de prisión del también policía de la Ciudad Camilo Andrés Farías por el fusilamiento de Yair Ayala en Monte Grande.

“Los efectivos de las fuerzas de seguridad deben actuar según la ley, no pueden tener una conducta excesiva por el hecho de ser policías. Las vidas de la familia y afectos de Romano quedaron en pausa desde entonces. Los oficiales Manzanelli, López y Pérez, hasta hoy continúan con su vida habitual”, dijo la fiscal María Ángeles Ramos en su alegato de cierre.

“A Yoni lo mató la policía”

“A Yoni lo mató la policía”

Jun 13, 2024 | DDHH, Destacado 5, slider

Yonathan Domínguez, de 35 años, murió mientras era detenido por federales cerca de la estación González Catán, mientras sufría un episodio de paranoia. La familia reclama que la causa sea investigada como “homicidio” y acusa a la Bonaerense de encubrimiento.

El viernes 5 de abril estuvo despejado, pero hacia la noche, todo se nubló para la familia de Yonathan Domínguez. “Hablamos por teléfono y me mandó esta foto una hora antes viajando en el tren”, cuenta Sandra, su mamá, mientras acerca el teléfono: un joven de 35 años sonríe con una remera del club Boca Juniors. Antes de bloquear el teléfono, acaricia con el pulgar la cara digitalizada.

Cerca de la plaza de González Catán, localidad de La Matanza, esa misma sonrisa recibe a las personas que pasan por la calle. En una casa con el escudo del club River Plate, un mural celeste atrapa la mirada: Yonathan con la remera de Argentina, inmortalizado en la felicidad del día que el país ganó la tercer copa mundial. “Guardamos como recuerdo tu sonrisa en la mente y tu amor en nuestras almas/ Yoni por siempre”, implora la pared. Adentro, la hermana mayor de Yonathan prepara el mate.

“Sabemos que los exámenes toxicológicos van a dar positivo, pero mi hermano no muere por una sobredosis”, sostiene la hermana mayor, Angela, con los ojos en llamas. Aquel viernes, Yonathan estaba volviendo del trabajo con su compañero Pablo después haber consumido un poco de cocaína. En el camino empezaron a compartir una lata de cerveza y se bajaron en Querandí, una de las estaciones del tren Belgrano Sur, para ir al baño. Mientras estaban esperando el próximo tren, Yonathan sufrió un episodio de paranoia.

– Toda la vida tuvimos miedo de esto. Una cosa era que le agarrara acá, que nosotras sabíamos que era manejable, y otra que le pasara esto afuera… Y le pasó. Por eso, no lo pudimos proteger – dice Sandra mirando el cuadro con una foto de su hijo.

– Mi hermano empezó a tener esas alucinaciones o esos ataques de pánico porque las drogas ya empiezan a afectar… Y cada vez son peores, encima. Sentíamos eso – Angela suspira y vuelve a tomar aire para poder seguir-, pero después todo el mundo puede dar testimonio de lo que era mi hermano. Tenemos un vecino que una de las últimas veces que mi hermano tuvo ese ataque, que fue en la calle y él lo vio y ustedes salieron – mirando a la mamá y a Aldana, la hermana menor- lo calmaron. Listo, entró a su casa y se quedó. Jamás él se metió con ningún vecino, simplemente corría y pensaba que lo iban a matar.

– Nosotras no creemos que haya estado agresivo en la estación porque era nuestro único varón de la casa -traga su amargura Aldana- y nosotras, siendo mujeres y con menos fuerza, siempre lo supimos manejar. Si él hubiera sido agresivo, alguna vez tendría que haber sido violento.

El tren se acercaba a la estación y Pablo llamó a Yonathan, que se apuró a cruzar las vías. Con otra persona que estaba en el andén intentaron subirlo, pero no podían. El tren se paró y salieron tres policías federales. Pablo pensó que los iban a ayudar.

Los federales lo levantaron, pero lo tiraron al piso, en seco. El delirio se vuelve premonitorio: “Me van a matar”, desgarraba Yonathan a los gritos. En sus ojos, desesperación. En los ojos de Pablo, terror. Afónico, también gritaba: “¡Eh! ¡No lo toquen! ¡Tiene un ataque de pánico! ¡No lo toquen!”. Los federales lo llevan forcejeando a la otra punta de la estación, imperturbables.

– Si colaborás, no te va a pasar nada – amenazó con tono grave uno de los oficiales.

Yonathan seguía gritando. Con cada vocal que exhalaba, imploraba. Uno de los federales le puso la rodilla en el cuello mientras otro le ataba las manos. Otra vez, una reducción violenta.

De repente, se hizo silencio. Los últimos segundos de vida de Yonathan quedan conservados en el fondo de un audio de Pablo. El compañero le estaba avisando a la pareja de Yonathan lo que estaba pasando. Ella con su beba de cuatro meses en brazos y su suegra se habían puesto en camino.

– Ahí, ahí está todo. Gracias, Dios – alcanzó a decir Yonathan.

Cuando Pablo volvió a mirar, se espantó. Los federales acababan de ponerle las esposas.

– ¡Eh! ¿Qué le pasa a mi amigo? Tiene espuma en la boca y los ojos abiertos.

Los policías se miraron. “Uh, cagamos”, espetó uno de ellos.

De un folio, Sandra saca el informe de la autopsia.  Subraya con una lapicera roja donde dice que hay hemorragias en la cabeza, el cuello y el tórax. “El mecanismo de producción de estas lesiones es compatible al golpe o choque con o contra elemento duro y contundente. La muerte de Yonathan Fabián Domínguez fue producida por mecanismo violento y a consecuencia final de un paro cardio-respiratorio traumático”, explica la pericia en mayúsculas, remarcando la brutalidad de su muerte. La causa está caratulada como “Averiguación de causales de muerte”, pero la familia reclama que se cambie a “Homicidio culposo, agravado por la función policial”.

– Es imposible que ellos no pudieran calmarlo o manejar esa situación porque nosotras lo hacíamos y somos mujeres. Es más, nunca tuvimos la necesidad de que estemos todas, Él se calmaba después de unos minutos, pedía que no lo toques. Sabemos claramente que él no era agresivo en esos estados. Se quiso zafar de las esposas, sí, porque él toda la vida trabajó, nunca quiso quedar preso- agrega Aldana, masticando bronca resignada.

– Mirá lo que es: toda la familia es policía, la hermana policía… Y él le tenía pavor a la policía. Porque él dice que a todos los pibes que veía con problemas de adicciones, la policía los maltrataba -a Sandra se le escapa un presente y con los ojos vidriosos pareciera ver a su hijo hablándole-. Y terminó muriendo en manos de la policía.

Angela, policía de la Bonaerense, a cada mate le echa una cucharadita de azúcar. En este momento, sobran amarguras.

– Como mi hermano quiso zafarse, le pusieron una traba y él cayó seco al piso. Supongo que esa hemorragia interna que tiene él acá es porque cae: no tenía mano para atajarse.  La técnica si querés reducir a alguien es siempre amortiguar el golpe.

La hermana policía busca en su teléfono las imágenes del velatorio. Desde que llegó a la escena del crimen, tuvo que anteponer su función a cualquier emoción. Se detiene en las fotos que hizo de las manos de su hermano.

– Mi hermano muere cuando lo están esposando. La derecha es la primera mano que esposan, acá está el moretón. Pero, en la izquierda -dice mientras desliza a la siguiente foto-, ya no hay nada. Los moretones se hacen cuando estás vivo.

En el lado derecho, la autopsia marca las hemorragias y es donde el video que hace Pablo muestra que los policías hicieron presión. Angela recuerda igual la reducción de George Floyd: con la rodilla en el cuello, la asfixia cierra el paso. Pero, sin ir más lejos, en agosto del año pasado, mataron de esta forma a Facundo Molares en el Obelisco.

– Quisieron tapar todo. No pensaron que iba a llegar una hermana policía y que no le iba a importar que dijeran ‘vos tenés que entender que estaban trabajando’. Trataron de encubrir. Pregunto quién está a cargo y le digo que quiero que se abra investigación.Ya estaban haciendo todo mal – subraya Angela con el abismo de estar dispuesta a dejar el último suspiro de aire en la mirada.

Cuando llegó al lugar, Sandra vio cómo le estaban haciendo RCP al cuerpo de su hijo, pero ya sabía que estaba muerto: “se notaba en la cara de horror. Tenía la boca abierta con espuma, los ojos abiertos, estaba golpeado… Yo pregunté ‘¿qué le pasó? Porque él me había mandado una foto y estaba bien’. No me contestaron -Sandra se ahoga en sollozos-. Me dijeron que estaba descompensado y después nos trataron como delincuentes porque se llenó de policía como si nosotros íbamos a romper la estación y nada que ver somos trabajadores, no estamos acostumbrados a hacer esas cosas”.

También vio que los policías de la Bonaerense y los de la Federal entraban y salían de la carpa donde habían puesto el cuerpo. Cuando entraron, las heridas de Yonathan estaban limpias: no había rastros de sangre, pero sí lastimaduras. Una vez que el médico decretó la muerte, dejaron que Sandra entre a despedirse y lo toque. Al recordarlo, el labio y las manos de la madre temblaban. A la Policía Científica le notificaron que “un pibe se murió de sobredosis”.

– Yo supongo que empezó la mentira desde que llamaron al 911 y después la tuvieron que seguir. Cuando termina de trabajar la Policía Científica, pido permiso para despedirme de mi hermano porque ya habían levantado todo lo que tenía como prueba- exclama sin poder contener las lágrimas Angela.

En enero, en otra localidad de La Matanza, la policía mataba a otro joven, Lucas Acosta, de 21 años. Angela recuerda enardecida haber charlado el caso con colegas y estudiantes. Cada día que pasa está más decepcionada con la institución. Antes del asesinato de su hermano, tenía esperanzas de formar con una perspectiva de derechos humanos a los nuevos policías. Según el conteo provisional de CORREPI, desde diciembre ya son 76 casos de asesinatos vinculados a la violencia represiva.

“Teníamos miles de proyectos, terminar la casa, criar a las nenas, ir de vacaciones, comprar un auto y que digan que se quiso suicidar es mentira. A mí me arruinaron la familia- solloza Micaela, la pareja de Yonathan desde hacía quince años, con la bebé en brazos-. Hacía tratamiento por las drogas, hacía terapia. Yo sé cómo era mi marido porque vivía conmigo. Era una persona muy trabajadora. Siempre luchó por estar bien”.

Tenían tres hijas juntos: una de diez, otra de ocho y la beba que ahora tiene seis meses. “Me encuentro sola con mis tres nenas y no sé qué hacer. Estoy a la deriva y digo ¿qué sigue ahora, qué sigue? ¿qué le voy a decir a mi hija que no conoció a su papá? – cuenta desesperada Micaela, haciendo pausas para respirar por su boca-. Me arruinaron la familia, con todo lo que nosotros luchábamos. A él lo mataron con todos los golpes que dice la autopsia porque a las 20 le mandó una foto a la madre y no tenía nada eso.”

Sandra se apresura y toma la palabra: “Aparte él siempre volvía. Cuando estaba en consumo no venía hasta que se le pasaba, pero llegaba. A él no lo dejaron volver”. Frunciendo la boca y con los ojos vidriosos, Micaela afirma: “Si yo no le mandaba ese mensaje a Pablo nosotros no íbamos a ver, nos íbamos a enterar cuando ellos quisieran”. Con la suegra, coinciden: “No íbamos a tener ninguna herramienta para la investigación. Ellos pensaron que era un adicto más que murió, que no tenía familia. Se manejaron mal de entrada. Tenga lo que tenga era una persona, era una persona querida”. Hasta abril, había una sola mujer en esa casa que había visto un cuerpo abierto por una investigación. Ahora, todas manejan la jerga de la criminalística y hacen rifas y empanadas para poder costear un abogado.

15 años sin Luciano Arruga

15 años sin Luciano Arruga

Ene 29, 2024 | DDHH, Destacado 2

Se cumplió un nuevo aniversario del secuestro del adolescente que se negaba a robar para la policía. Una marcha lo recordó y exigió justicia.

El acto de homenaje finalizó con la ya tradicional quema de un patrullero de cartón como forma de denuncia y repudio al accionar policial que derivó en la desaparición del adolescente.

 

En la tarde de este sábado 27, bajo el sol intenso de enero, familiares, amigos y militantes de agrupaciones sociales, políticas y antirrepresivas marcharon desde avenida General Paz y Mosconi hasta la plaza Luciano Nahuel Arruga, para recordar los 15 años desde la desaparición forzada del adolescente de 16 años que era hostigado por los policías de Lomas del Mirador por haberse negado a robar para ellos.

Arruga había nacido el 29 de febrero de 1992, era fanático de River y trabajaba en una fundición. Estuvo desaparecido desde el 31 de enero de 2009 hasta el 17 de octubre del año 2014. Con la intensa tarea de difusión de la familia, mientras peleaba para que jueces y fiscales buscaran a Luciano, el país comenzó a conocer la historia de este joven que había sido detenido por la policía bonaerense en una esquina cerca de su casa en el barrio 12 de Octubre. Estuvo desaparecido y su cuerpo apareció cinco años después, enterrado en el Cementerio de la Chacarita, registrado como un NN. Había llegado al hospital Santojanni luego de haber sido atropellado por un auto en General Paz y Mosconi. Su familia cree que fue obligado a cruzar esa vía rápida por los propios uniformados que lo habían secuestrado.

Este fin de semana, diferentes agrupaciones, familiares, amigos y vecinos de Luciano marcharon para volver a pedir el esclarecimiento del crimen con la consigna “sin justicia siempre habrá fuego». La hermana de Luciano, Vanesa Orieta, habló a la multitud que caminaba con sus banderas ocupando varias cuadras: “Es un momento más para recordarlo, pero también es un momento más para poder cristalizar que llevamos 15 años de organización y de lucha intentando llegar a la verdad y a la justicia”. Micrófono en mano, mientras caminaba al lado del camioncito de sonido, agregó: “Por más que la resistencia sea nuestro motor, no corresponde que tengamos que poner tanto el cuerpo para poder saber qué pasó con un joven que se negó a robar para la policía, para conseguir condenas a los responsables materiales y políticos”.

«La causa judicial que investiga la desaparición forzada se mantiene en etapa de instrucción», denunció Vanesa Orieta, la hermana de Luciano Arruga.

Una vez en la plaza, Orieta diálogo con ANCCOM: “La causa judicial que investiga su desaparición forzada se mantiene en etapa de instrucción, llevamos años denunciando la impunidad ahí y también en el juicio político que emprendimos por las responsabilidades de un juez y dos fiscales, Gustavo Banco, Roxana Castelli y Celia Cejas”. Para ella, es un momento de “poder visibilizar la realidad que sufren niños, niñas, adolescentes y jóvenes cuando no acceden a sus derechos, y cuando esto repercute sobre sus cuerpos a través de la represión”.

La hermana de Luciano reiteró un concepto que había mencionado durante la marcha. “Violencia institucional es la falta de acceso a derechos fundamentales por parte de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Es necesario no desvirtuar con palabras livianas una problemática que se llama represión estatal, que implica graves violaciones a los derechos humanos, por hostigamiento, fusilamientos y desapariciones forzadas”.

Respecto del momento político actual, Orieta apuntó que “todos los gobiernos constitucionales llevaron adelante políticas represivas, por eso tenemos que seguir ocupando las calles exigiendo verdad y justicia por cada persona afectada por la represión estatal. Tenemos que llegar a esa sociedad que pide más patrulleros para decirle que eso no soluciona nada, y no tiene que ver con la democracia”. Y agregó: “Hoy nos toca luchar contra este gobierno de Milei que viene por todo. Algo no hicimos, hay que hacer memoria, fueron 30 mil, el fantasma genocida sigue presente en democracia, o acaso no es violación de los derechos humanos la desaparición forzada, el encarcelamiento, las torturas, las muertes. Por eso seguiremos luchando para que haya un cambio de raíz”

Familiares de otras victimas de la violencia policial acompañaron a la familia Arruga en el acto de homenaje.

Muchos Lucianos

La marcha tuvo el acompañamiento de varias familias que sufrieron la represión estatal, padres y madres que perdieron a sus hijos y estuvieron presentes para pedir justicia por todas las víctimas que sufrieron hechos similares. Según cifras de la Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), hubo más de 9.000 personas asesinadas por gatillo fácil, muertes en encierro, fusilamientos y desapariciones desde 1983.

Luego de la caminata durante la cual gritaron varias veces “Luciano presente, ahora y siempre”, la mamá de Marcelo “Peca” Rivero, Estela, también diálogo con ANCCOM: “Estamos pidiendo justicia por mi hijo, van a ser 37 años. Siempre vamos a estar presentes, porque es la forma de que haya justicia algún día y esperamos justicia para otros pibes”. Peca tenía 17 años cuando fue asesinado por la policía bonaerense en el Barrio Central.

En el escenario de la plaza del barrio 12 de Octubre, que lleva el nombre de Luciano, la familia de Arruga agradeció por la participación de las personas que se acercaron, y a los medios comunitarios que los vienen acompañando en esta década y media. Uno de los tres hermanos de Luciano, Sebastián, dijo: “Estoy agradeciendo a todos los que se tomaron su tiempo para poder estar acá, concientizando a un barrio que en un momento fue ajeno a las problemáticas que sufría esta familia. Nos encargamos de poner el nombre de mi hermano en lo alto y pedir justicia y esclarecimiento por lo que pasó con él”. Minutos antes su mamá había dicho que está orgullosa de sus hijos, Sebastián acaba de terminar la secundaria y era la primera vez que hablaba. “A Vanesa ya la escucharon, y Mauro está finalizando su carrera”, apuntó.

Fue el principio del emotivo cierre del acto, entre abrazos y lágrimas. Luego vino el show de la cantante y compositora de hip hop Sara Hebe, que hizo bailar a todos y todas. Y finalmente se produjo la tradicional “quema del patrullero”, que en esta oportunidad incluyó algunas maquetas con el nombre de instituciones, que ardieron en el centro del espacio público, tomado esa noche por la evocación de la memoria de Luciano Arruga.

 

 

La peor herencia de la dictadura | Estuve ahí

La peor herencia de la dictadura | Estuve ahí

Dic 18, 2023 | DDHH, Destacado 5, Entrevistas, Novedades, slider, Vidas políticas

María del Carmen Verdú, presidenta de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), describe la construcción de la lucha contra el gatillo fácil y las muertes bajo custodia del Estado. Recuerda los primeros tiempos en que los organismos de Derechos humanos les daban la espalda y cuenta cómo finalmente comprendieron que era la continuidad de la represión militar. Walter Bulacio, Miguel Bru, el soldado Carrasco, José Luis Cabezas, Petete Almirón, Mariano Ferreyra, Jorge Julio López, Santiago Maldonado y Facundo Astudillo Castro entre una infinidad de casos que dan cuenta de una de las deudas más horrorosas de la democracia.

40 AÑOS – COMUNICACIÓN Y DEMOCRACIA (1983 – 2023)

ANCCOM –junto a la Carrera de Ciencias de la Comunicación y a la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA- lanza Estuve ahí, un ciclo de entrevistas audiovisuales a los protagonistas de estos 40 años de democracia que celebra la Argentina.

 

La serie recorre los temas más trascendentes que tejieron la trama social desde 1983: los derechos humanos, la vida política, el mundo del trabajo, la economía, la deuda externa, la vivienda, los pueblos originarios, el campesinado, las luchas de género y diversidades, el ambientalismo, la cultura y el mundo de la comunicación, entre muchos otros.

Cada conversación constituye un verdadero diálogo intergeneracional entre los jóvenes periodistas de la agencia y aquellos que escribieron la historia.

Estrenamos todos los lunes! La primera, que estará disponible el próximo 28 de agosto, será a Estela Barnes de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

Entre los entrevistados se pueden mencionar a Adolfo Pérez Esquivel, Estela Carlotto, León Arslanián, Héctor Recalde, Federico Pinedo, Gustavo Grobocopatel, Mercedes Marcó del Pont, Daniel Arroyo, Dora Barrancos, Myriam Bregman, Juliana Di Tullio, Ana Castellani, Noemí Brenta, Luis Felipe Noé, Daniel Divinsky, Eduardo Longoni, Moira Millán, el padre Pepe Di Paola, Flavio Rapisardi, Emilce Moler, Manuel Goncalvez, Gervasio Muñoz, Enrique Viale y Damián Loreti, por mencionar solo algunos.

Créditos

ANCCOM
Equipo Audiovisual: Eduardo Morales – Jairo García – Noelia Pirsic
Producción Periodística: Diego Rosemberg, Sebastián Comellini, Clarisa Veiga, Ángel Berlanga, Cecilia Chervabaz, Esteban Magnani, Guillermo Wulff, Alejandro Cánepa, Horacio Cecchi, Adriana Meyer, Federico Corbiere.
Producción Fotográfica: Victoria Gesualdi y Leandro Teysseire.
Redes y Contenidos Digitales: Julio Alonso y Estefanía Hernández.
CEPIA
Florencia Mendes, Javier Ildarraz, Gustavo Intrieri, Nadia Rebrij, Florencia Canosa, Juan Lescano, Jorge Pinola.
Autoridades CCOM
Larisa Kevjal – Directora
Dolores Guichandut – Secretaria Académica | Sebastián Ackerman – Coordinador Técnico | Yamila Campo – Coordinadora Centro de Prácticas
Equipo de trabajo
Lucía Thierbach, Grisel Schang, Paula Morel, Emilia Silva y Sebastián Comellini
«Las desapariciones en democracia no reconocen grieta partidaria»

«Las desapariciones en democracia no reconocen grieta partidaria»

Dic 28, 2022 | Destacado 4, Entrevistas

La periodista Adriana Meyer, autora del libro «Desaparecidos en democracia», analiza la violencia institucional. Desde la asunción de Raúl Alfonsín, hubo 218 casos de personas sobre las que no se supo más sobre su paradero y las fuerzas del Estado son sospechosas.  Entrevista publicada el 5 de abril de 2022.

Al momento de la publicación del libro Desaparecer en democracia, en septiembre de 2021, eran 218 las víctimas de desaparición forzada en todo el país desde la vuelta de la institucionalidad al país, una lista que se inauguró solo 14 días después de la asunción de Raúl Alfonsín, en diciembre de 1983. Algunas historias tuvieron repercusión mediática, entre ellas, las de Natalia Melmann, Marita Verón, Jorge Julio López, Luciano Arruga, Santiago Maldonado y Facundo Astudillo Castro; otras,  como las de Paola Andrea Caruso y Nicolás Escobar, pasaron casi inadvertidas. La autora del volumen publicado por Marea, la periodista y docente Adriana Meyer, recorre  todos los casos registrados por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y analiza en profundidad el entramado de esta problemática.

¿Qué la motivó a escribir el libro?

Con los casos de Luis Espinoza y Facundo Astudillo, quienes perdieron la vida con la excusa del cuidado en pleno ASPO, sentí que algo fallaba y me surgió la necesidad de escribir este libro, por ellos y por todas las personas desaparecidas en democracia.

De acuerdo a su análisis de las desapariciones forzadas a lo largo de estos casi 40 años de gobiernos constitucionales, ¿qué diferencias y similitudes encontró entre las desapariciones de la dictadura y las cometidas en democracia?

La desaparición forzada en democracia no tiene sistematicidad en el sentido estrictamente cuantitativo, es decir que el número de víctimas es mucho menor: hasta el momento se han registrado alrededor de 218 casos, mientras que la última dictadura dejó 30.000. Con el período constitucional abierto en 1983, los secuestros pasaron a ser más ocultos, probablemente porque la sociedad no lo toleraría, a diferencia de lo que ocurrió en manos del terrorismo de Estado. Ahora bien, este delito es sistemático en cuanto a la metodología que utiliza, que es muy similar a la de la dictadura: los golpes, las torturas y los asesinatos. En las comisarías es cotidiano encontrar a la policía torturando pibes y a un porcentaje de ellos los desaparecen porque “se les fue la mano”. 

La desaparición forzada en democracia no tiene sistematicidad en el sentido estrictamente cuantitativo. Ahora bien, este delito es sistemático en cuanto a la metodología que utiliza.

Adriana Meyer

¿Por qué sostiene que “las desapariciones en democracia no reconocen grieta ideológica o partidaria”?

No se puede pensar la desaparición forzada simplemente como un hecho aislado. Se trata de un delito complejo sostenido por una política estatal represiva que es común a todos los gobiernos, no hay diferencias ideológicas. Recuerdo que en la tercera marcha por Santiago Maldonado en Plaza de Mayo, Norita Cortiñas me hizo abrir los ojos cuando dijo: “En todos los gobiernos hubo desaparecidos, que cada uno se haga cargo”. Si observamos los números, cada administración tuvo una cantidad de desaparecidos proporcional al tiempo que estuvo en el poder.

¿De qué se trata esa política estatal represiva?

El Estado es parte del delito de desaparición forzada con los múltiples recursos que utiliza para dificultar que se puedan esclarecer los casos. Me refiero a una cadena de encubrimientos de todo el aparato estatal: el policía mata y desaparece el cuerpo porque sabe que tiene al fiscal que lo va a encubrir y al juez que le va a permitir participar de las primeras investigaciones, en lugar de apartarlo inmediatamente. Es lo que hicieron el magistrado Alberto Baños y el fiscal Santiago Vismara en la desaparición de Arshak Karhanyan, cuando dispusieron la intervención de la Policía de la Ciudad en las pesquisas iniciales. Lo mismo ocurrió cuando el fiscal (Nota de la r: Santiago Ulpiano Martínez) dejó que la Bonaerense realizara toda la primera parte de la instrucción durante la búsqueda de Facundo Astudillo Castro.

¿No es una irregularidad que una fuerza de seguridad investigue un caso en el cual se encuentra sospechada?

Exacto. El Artículo 194 bis, incorporado al Código Penal de la Nación por la Ley 26.679 de Delitos contra la Libertad, sancionada y promulgada en 2011, que tipificó el delito de desaparición forzada, establece expresamente que “el juez, de oficio o a pedido de parte, deberá apartar a las fuerzas de seguridad que intervengan en la investigación cuando de las circunstancias de la causa surja que miembros de las mismas pudieran estar involucrados como autores o partícipes de los hechos que se investigan, aunque la situación sea de mera sospecha”. Por otra parte, existe una acordada de la Corte Suprema que prohíbe taxativamente a La Bonaerense investigar delitos cuando ella es sospechosa.

¿Cómo sigue la cadena de encubrimientos?

El otro eslabón de la cadena de encubrimientos son los forenses y las morgues. Lo pudimos observar cuando el médico Gustavo Lafourcade, que le realizó la primera autopsia a Florencia Magalí Morales,  no informó sobre las múltiples lesiones que presentaba el cuerpo y que podían revelar las torturas a las que había sido sometida. También cuando el fallecido forense José Patitó estimó que Luciano Arruga tenía entre 25 y 35 años, antes de que lo sepultaran como NN en el cementerio de Chacarita. Pero el pibe tenía 16 años. Entonces, ¿cómo lo iban a encontrar? Por si fuera poco, no mencionó la rotura de costillas, que era la prueba de que había sido torturado antes de su desaparición. Las morgues judiciales son un agujero negro donde el encubrimiento no es una excepción, sino la regla, por eso se repiten tanto estos casos. Como dijo la experta Virginia Creimer: “Cuando entra un NN, un pibe pobre, no miran el cuerpo destrozado, lo dejan pasar de largo”.

¿Qué casos le impactaron especialmente?

El caso de Alejandrito Flores, de 5 años, desaparecido el 16 de marzo de 1991 en la ciudad cordobesa de Río Cuarto. El nene le había pedido a su mamá, Rosa Arias, ir a ver la televisión a casa de una tía que vivía cerca y al cruzar la calle lo atropelló un patrullero. Los agentes, en lugar de llevarlo a un hospital y buscar a la familia, tomaron el cuerpo y acudieron a unas enfermeras amigas, quienes intentaron reanimarlo pero no pudieron. Alejandro murió y los policías decidieron desaparecerlo. Rosa lo buscó por mucho tiempo, se contactó con la Correpi e incluso fue al programa ‘Gente que busca gente’. Los restos óseos del chiquito aparecieron, 17 años después, en una alcantarilla ubicada a 300 metros del lugar de los hechos, gracias a un verdulero que los encontró de casualidad. Otra historia terrible es la de los hermanos Gorosito en la ciudad entrerriana de Paraná. A Elías Gorosito, de 20 años, la policía lo subió a un patrullero el 13 de febrero de 2002 y desde entonces no se sabe nada de él. Elías corresponde al 30% de desaparecidos cuyos cuerpos aún no han sido encontrados. Lionel murió en 1996 bajo custodia policial pero quisieron instalar la versión del suicidio. Por su parte, Jonathan fue detenido en 2002 por estar “borracho” y apareció muerto en una comisaría. Estamos hablando de toda una familia víctima de violencia institucional a la que el Estado no le debe una respuesta, sino tres. Un año y medio después, también en la provincia de Entre Ríos, la policía detuvo a Víctor Balbuena, de 20 años, y a sus amigos a la salida de una bailanta de la ciudad de Concordia. En la comisaría los golpearon y torturaron por horas, y luego decidieron tirarlos en un arroyo. Balbuena murió, pero los otros pibes sobrevivieron y lograron correr hasta encontrar a una vecina, ella los ayudó y pudieron hacer la denuncia. En uno de los peritajes realizados, encontraron un pelo de Víctor en el baúl del patrullero, lo que complicó la situación de los policías. Es uno de los pocos casos de desaparición forzada donde los responsables fueron llevados a juicio y sentenciados a prisión perpetua. En su defensa, los acusados dijeron: “OK, cometimos ese error, pero nuestros superiores hacen cosas peores”.

¿Qué podría decir de la violencia institucional durante la cuarentena?

Dos investigadores del CONICET publicaron un artículo optimista que hablaba de la “policía del cuidado”, pero los hechos demostraron que esa policía no existe. De las 411 muertes a manos de las fuerzas de seguridad, el 70% ocurrieron en la primera etapa del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO)). Esta cifra evidenció que un objetivo noble terminó convirtiéndose en la excusa perfecta para el empoderamiento de las fuerzas represivas, cuyo resultado fue un número exponencialmente alto de muertes y de todo tipo de violaciones a los derechos humanos.

¿Cómo son reguladas las facultades policiales?

Existen normativas de orden supralegal y disposiciones de los organismos internacionales que tienen el objetivo de prevenir las detenciones arbitrarias, que son el paso previo a las torturas y las muertes en las comisarías. En 2003, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sentenció al Estado por el caso de Walter David Bulacio, ordenándole derogar todas las normativas policiales que permiten estas prácticas abusivas, pero no se cumplió. Aún existen leyes y normas de menor jerarquía, utilizadas con frecuencia por los agentes, que generan las condiciones para las aprehensiones arbitrarias y el hostigamiento. Tal es el caso de las reglas de la Policía Federal, que datan de 1955 y 1979, y el Estatuto de la Policía Bonaerense, de la época de Ramón Camps. Hoy, se pueden llevar a un pibe si así lo deciden, por la cara, por no tener documentos, por sospechas. Si eso no cambia, van a seguir habiendo desaparecidos.

 

¿Sirvieron las iniciativas de León Arslanián, exministro de Seguridad bonaerense?

Las purgas que hizo  en la Bonaerense no fueron muy eficaces. Cuando anunció que iban a echar agentes, ese mismo día recibió llamados de casi 50 intendentes del Conurbano. ¿Qué nos está diciendo esto? Que el poder político necesitaba a esa policía. Sinceremos el debate: ¿A quién le sirve este sistema que se carga a jóvenes? ¿Qué mensaje da en los barrios que un pibe que se niega a robar para la policía, termine muerto o desaparecido? Estamos hablando de una fuerza corrupta desde antes de la dictadura. Rodolfo Walsh llamaba a La Bonaerense como la policía del “gatillo fácil” y la “mano en la lata”.

¿Las desapariciones en democracia están en la agenda política?

La izquierda siempre la tuvo en cuenta y actualmente el gobierno nacional también está teniendo una actitud positiva. En febrero pasado, cuando se cumplieron tres años de la desaparición de Arshak Karhanyan, Alberto Fernández y los diputados del Frente de Todos, Victoria Montenegro y Leandro Santoro, visitaron a Vardush Datyvian, la mamá del joven. Ella les agradeció el gesto porque sirvió para visibilizar el caso, pero aún no ha logrado que la reciba Horacio Rodríguez Larreta.

Cuando usted afirma que “desaparecen personas porque pueden”, ¿qué piensa que hace falta para cambiar esta situación?

Los familiares de las víctimas, los organismos de derechos humanos y algunos políticos están luchando contra la impunidad del poder del aparato estatal. Teniendo en cuenta esto, hay que reconocer que tenemos una enorme deuda en materia legislativa, necesitamos una ley integral contra la violencia institucional. En cuanto a las morgues, los expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) plantean la necesidad de crear un registro nacional de personas fallecidas sin identificar y un banco nacional de datos de personas desaparecidas, así como la unificación en todo el país del sistema de procesamiento y protocolos para recolectar esa información.