La Boca resiste a los desalojos

La Boca resiste a los desalojos

Oct 6, 2024 | Comunidad, Destacado 3

Organizaciones sociales y partidarias realizaron un ruidazo para manifestarse en contra de los desalojos con que el Gobierno de la Ciudad ejecuta el barrio. “Quieren hacer un nuevo Puerto Madero”, advierten los vecinos.

Los vecinos del barrio La Boca convocaron a un ruidazo sobre la calle Necochea para reclamar por el derecho a la vivienda digna y exigir un alto al desalojo de las 20 familias que viven hace más de una década en un edificio de la misma calle. Participaron vecinos autoconvocados del barrio, algunos que habían sido desalojados recientemente o se encontraban en riesgo de serlo por los aumentos en el alquiler, expensas y servicios, y otros que se acercaron en solidaridad. También, estuvieron presentes representantes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, el Frente Patria Grande, La Boca Resiste y Propone y La Cámpora. Una de las vecinas perteneciente al Frente Patria Grande y que se encuentra ella misma en proceso de ser desalojada junto a sus seis hijos, uno de ellos con discapacidad, Tamara Manjón cuenta: “Hay 280 desalojos en curso que no solamente tiene que ver con conventillos sino con gente del barrio para el lado de Barracas que, por ejemplo, no está pudiendo pagar las expensas o el alquiler y los van a desalojar”.

La comunidad

Algunas plantas silvestres se abren paso entre las grietas en la fachada de las casas desalojadas. En plena emergencia habitacional en La Boca estas casas históricas se mantienen vacías. Con las puertas selladas y las ventanas abiertas, exponiendo el interior a la erosión del viento, la lluvia y el tiempo. Sobre el portón oxidado hay un cartel con letras rojas que alerta: “Hay niños, personas mayores. Vivienda digna”. Un hombre sentado en una silla sobre la vereda se tapa la cabeza con las manos. Está rodeado de lámparas, muebles y cajas. Vivía dentro de una de esas casas de la calle Necochea. Hoy vive en la esquina, a la intemperie, rodeado de sus pertenencias y al pie de la vivienda donde ya no puede entrar.

Agachado sobre el asfalto y protegido por la sombra de un árbol, se encuentra el vecino José Luis Rivas con su remera turquesa del Indio Solari. Escribe en una tela blanca con paciencia y pintura negra: “No al desalojo de  lxs vecinxs”. Rivas vive hace una década en el edificio que quieren desalojar, con su pareja y sus tres hijos. Cuenta que actualmente, todos los viernes se reúnen con abogados y las familias que se encuentran en la misma situación para ayudarse mutuamente. Con respecto a la comunidad barrial, dice que son “muy buenos vecinos. Siempre que se presentaba algo se contaba con unos, se contaba con otros”.

Las viviendas donde habitan Rivas y Manjón, se encuentra al lado de una lavandería con las paredes combinadas en azul y amarillo, que se mantiene abierta. Del lado de enfrente, está la cantina Rímini de 1966, cerrada y envuelta en rejas. El cartel azul, ya sin luz, todavía sobresale, aunque solo luce sus colores corroídos y pequeños destellos de óxido. En contraste con las viviendas envejecidas que van perdiendo su brillo y fundiéndose en un monótono gris amarronado, otras casas se llenan de murales, pañuelos verdes y banderas. Una Argentina y otra Whipala apenas se mueven por la ventisca. Hacia el sur, la calle tiene vista al puente rojo de Nicolás Avellaneda.

Suena Gilda en el parlante. Sobre las tres mesas ubicadas en medio de la calle están desparramadas hojas blancas, pinturas, gaseosas, un paquete de galletitas, otro de papas fritas y mates. Una de las vecinas pinta un cartel con témpera roja. 

Empieza a sonar la batucada, bajo el sol del mediodía, con bombos y tambores hasta opacar la cumbia que queda de fondo. Algunos vecinos bailan con pasos de murga. Varios acompañan con maracas o aplaudiendo. Otros ayudan a pegar los carteles del ruidazo. Sobre la baranda frente al edificio uno de los afiches recién pintados dice: “Somos 20 familias”. Una niña lleva una hoja en una mano con la frase “No a los desalojos” y un carpincho de peluche en la otra. Hay señoras mayores con bastón y chicos corriendo y jugando a la pelota. La escena atrae a los vecinos curiosos que pasean por la zona aprovechando el clima primaveral.

 “Acá hay muchas personas que están a cargo de familias y que tienen graves problemas de salud –señala Majón-. Hay personas muy grandes que ni siquiera tienen una pensión por discapacidad o una jubilación. ¿Cómo van a solventar un alquiler? ¿A dónde van a ir?” Además manifiesta que con los salarios bajos en relación al aumento de los alquileres y las tarifas, “no hay forma de pagar un alquiler. Para entrar los requisitos mínimos son garantía propietaria, seguro de caución, que tengas un laburo en blanco y que puedas pagar el alquiler. Con los montos que están pidiendo, son unos dos millones, es irrisorio que una de nuestras familias pueda pagar eso para acceder a un alquiler”.

La batucada fue deteniéndose para dar paso a las exposiciones. Uno a uno, los participantes fueron tomando el micrófono y contando su historia. Manjón manifestó: “Somos familias de La Boca. Nacimos acá, vivimos acá, nos desarrollamos acá, criamos acá y no queremos ser excluidos de nuestro barrio”. En consonancia con lo expresado por la vecina, el conductor del programa de stream Discasta, conventillero y artista popular de La Boca, Jony de la Silla, denunció la decisión del Gobierno de expulsar la histórica feria de artesanos Vuelta de Rocha de la Plazoleta de los Suspiros: “Al Gobierno de la Ciudad no le importa nada. Quieren hacer un Puerto Madero para acá y, en todo caso, si quieren hacer Puerto Madero es con nosotros”. Los autoconvocados respondieron a las intervenciones cantando “La Boca no se vende”.

Se defiende

En el año 2007 la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó la Ley 2240 que declara la emergencia urbanística y ambiental abarcando vivienda, servicios, equipamiento, espacios verdes y actividades productivas. A partir de esta ley se constituyó la Unidad Ejecutora del Programa de Recuperación Urbanística y Ambiental del Barrio de la Boca, con el objetivo de poner en práctica los programas, convenios y políticas públicas para favorecer el acceso a la vivienda digna. Los vecinos de la vivienda sobre Necochea piden una reunión con el Instituto de Vivienda de la Ciudad para poder generar esa instancia y encontrar una solución al conflicto presente.

En este sentido, Manjón explica: “La semana pasada nos dieron la sentencia de desalojo, la pudimos apelar. Ahora nos permitieron fundamentarla pero básicamente lo que nosotros queremos es que el juez nos de una mesa de trabajo con el IVC y también conseguir tiempo porque los tiempos son muy cortos y ya estamos a dos meses de fin de año y somos 20 familias que vamos a quedar en la calle”.

Natalia Quinto, de la organización La Boca Resiste y Propone, complementa: “El problema no es quedarse en esa casa en la condición en la que se encuentran sino poder solucionar su situación habitacional en el contexto de crisis habitacional de la ciudad, también de emergencia específica que tiene nuestro barrio” y continúa: “El gobierno tiene un programa de recuperación de La Boca a través de la Unidad Ejecutora y, al mismo tiempo, lleva adelante acciones que van absolutamente en contra con ese programa de recuperación”. También, hizo referencia a los desalojos impulsados desde el Gobierno de la Ciudad el 30 de julio y 26 de agosto de este año sobre la calle Pedro de Mendoza que dejó a 20 familias en la calle. Frente a la pregunta de por qué se llevan a cabo operativos de desalojo teniendo las herramientas necesarias para evitar llegar a esa instancia, responde: “Se decide así porque hay una creencia de que estamos en un tiempo donde ser cruel garpa” y sigue: “Creo que es desconocimiento, creo que es prejuicio, creo que es este momento político que propone la cancelación del otro”.

Majón invita a movilizar nuevamente el 10 de noviembre para visibilizar su situación y la de los vecinos del barrio. Responde que para dar respuesta al modelo de exclusión que el Gobierno busca imponer hay que seguir, “organizándose, generando consciencia, empatizando con el otro. Porque frente a esta crueldad deshumanizante que nos están planteando desde la ciudad y el gobierno nacional lo único que nos queda es salir de esto organizándose colectivamente”.

La Ciudad judicializa a un gremialista docente

La Ciudad judicializa a un gremialista docente

Oct 3, 2024 | Destacado 3, Trabajo

Terminaron de declarar los testigos en el juicio que inició la exministra de Educación, Soledad Acuña, al maestro Juan Manuel Di Vincenzo por denunciar las malas condiciones laborales durante la visita de un funcionario.

El jueves pasado se realizó en el Juzgado Nacional del Trabajo Nº 49, la última ronda de testigos en el juicio por el desafuero a Juan Manuel Di Vincenzo, sumariado junto al docente y dirigente Jorge Adaro por reclamar mejoras en las infraestructura de la Escuela 19 de Villa Soldati y manifestar por los docentes fallecidos en plena ola de contagios de la pandemia de COVID 19.

Pese a las malas condiciones de trabajo en el juzgado, el juicio se desenvolvió como estaba previsto. “Cinco personas en una habitación pequeña, en asientos incómodos, en la primera declaración tardaron dos horas por las fallas en los teclados”, detalló el acusado a ANCCOM. Al finalizar con el último testigo, en las calles esperaban por la conferencia de prensa las compañeras de la Escuela 19, junto con integrantes de ADEMyS, partidos de izquierda, legisladores y periodistas.

Un viaje al 2021

Como era usual en las prácticas que realizaba Fabian Capponi, el entonces Director General de Escuelas Estatales de la Ciudad de Buenos Aires, bajo el contexto de la pandemia del 2020, visitó la Escuela 19 de Villa Soldati, en donde los docentes se acercaron a comentarle respecto de las fallas de infraestructura, conectividad y malas condiciones de seguridad e higiene. “Solo recibimos ninguneos por parte de Capponi, quien se retiró de la escuela arrancando uno de los carteles que estaban en la puerta, informando a las familias sobre la situación de la escuela” contó Di Vincenzo y completó: “Volvió a las horas junto a dos personas más, filmando y sacando fotos con los celulares durante la salida de los alumnos de primer ciclo. Fue una situación de mucha tensión para las familias que no podían retirar a sus hijos, y por otro lado el funcionario y sus dos acompañantes querían volver a entrar a la Escuela. Se les pidió que se fueran, que sin permisos ni notificación no podían filmar, y terminamos logrando que se retiren”, recordó el delegado. 

Entre todos los reclamos por parte de los docentes, en marzo del 2021 la Defensoría del Pueblo junto a legisladores y un arquitecto visitaron la escuela de Villa Soldatti y abrieron un expediente en el cual decían que “el edificio es un riesgo para todas las personas que lo habitan y sugieren que se realice un arreglo integral o el traslado de la escuela a otro edificio, lo cual nunca sucedió”. Después de la visita del funcionario, la exministra de Educación porteña, Soledad Acuña, subió a su cuenta de X uno de los videos ilegales filmados sin ningún tipo de permiso por parte de una persona sin identificación, y lo usó para escrachar a los docentes. “No queremos este tipo de docentes en la educación, serán sancionados” expresó Acuña.

En ese contexto, la funcionaria había anunciado la suspensión del salario por 30 días a dos maestros e inició un proceso para quitarle los fueros sindicales a Juan Manuel Di Vincenzo y Jorge Adaro, en ese momento secretario adjunto del sindicato Ademys. A partir de esa situación, se generó un gran movimiento y se fueron realizando algunos arreglos en la escuela. No obstante, el sumario terminó con la desestimación de los argumentos del desafuero por todas las pruebas presentadas por los docentes. Di Vincenzo y Adaro son acusados por pegar carteles en la puerta, cantarle al funcionario Capponi al grito de “no sos bienvenido, no sos bienvenido” e increpar a un funcionario público.

En este marco, Di Vincenzo fue elegido de manera unánime como delegado por lo cual con la llegada de la notificación del sumario se desarrolló una pelea entre el Gobierno, que sostenía que en el momento del hecho aún no era delegado y, por parte de la Escuela, que dice que ya lo era. “La justicia termina dándonos la razón, y confirmando que al llegar la notificación ya era delegado”, motivo por el cual no se pudo aplicar la sanción. “Por eso me llevaron a un juicio de desafuero, llamado juicio de exclusión de tutela sindical, el cual comenzó en 2023”, explicó el delegado.

Tras tres años de la persecución a ambos docentes, en un contexto donde ninguno de los funcionarios está ya en el poder, el procesamiento continúa. “Es realmente injusto, indignante y vergonzoso pero tengo expectativas ya que contamos con un precedente, el de Adaro, lo cual suma muchísimo” concluyó esperanzado Di Vincenzo, en alusión a la absolución de su compañero, que fue confirmada el 11 de junio por la Cámara de Apelaciones del fuero laboral.

 

Los porteños privados de baños públicos

Los porteños privados de baños públicos

Oct 3, 2024 | Comunidad, Destacado 4

La Ciudad de Buenos Aires carece de sanitarios de libre acceso. En sus políticas de privatización de espacios de la comunidad, los gobiernos locales ignoran a las personas en situación de calle pero también a aquellos que caminan la City trabajar o pasear: nadie que no consuma tiene posibilidad de entrar a baños de bares, estaciones de servicio o hamburgueserías.

La problemática de las personas en situación de calle es extensa y compleja. La ausencia de baños públicos es uno de los síntomas de cómo los gobiernos porteños (ahora el de Jorge Macri, antes el de Horacio Rodríguez Larreta) desarrollan su política de desplazamiento de las personas excluidas hasta expulsarlas de la ciudad y también del avance privado sobre el espacio público. Ningún transeúnte de las calles porteñas, viva en una casa o en la vereda, tiene acceso a un sanitario si no paga una consumición en un bar o compra combustible en una estación de servicio.

Algunos baños públicos pueden encontrarse en estaciones de trenes o parques y plazas, pero se caen a pedazos o están cerrados. Así ocurre en el Parque Rivadavia, el Lezama, el Centenario y el Los Andes. Están clausurados y, en el mejor de los casos, no cuentan con mantenimiento ni algún tipo de cuidado. El único que funciona es el de Parque Avellaneda que está cogestionado con los vecinos. Nada de esto se asemeja a la ciudad de fines del siglo XIX, que ofrecía baños públicos con duchas como el que se ubicaba en la calle French.

Paola, integrante de la Asamblea Popular Plaza Dorrego, afirma que “todo lo que hace el Gobierno de la Ciudad, está en función del vecino que se queja de las personas en situación de calle, pero no hace nada para mejorar la calidad de vida a aquellos que no tienen donde vivir”. Horacio Ávila de la organización Proyecto 7, que trabajan con personas que duermen a la intemperie, completa: “Parece que ahora ‘público’ es una mala palabra”.

En la actualidad, hasta en las estaciones de servicio piden el ticket para ceder la llave que habilita el ingreso a los baños. Lo mismo ocurre con las cadenas de comida rápida y de cafeterías, las que brindan un código junto al ticket que posibilita el ingreso a los sanitarios.

Esta situación no afecta solo a las personas en situación de calle. Incluso quienes transitan la ciudad por trabajo, para realizar trámites o simplemente pasean están obligados a pagar una consumición para poder acceder a un servicio que es básico. Si bien está legalmente prohibido impedir el acceso a un baño, los comerciantes se excusan en el derecho de admisión y argumentan que les resulta costoso mantener la higiene de los sanitarios.

Las personas en situación de calle,  imposibilitadas de pagar un café en un bar, debieron desarrollar otras estrategias. Los baños de las iglesias suelen tener un día y horario determinado para la higiene. También en algunos comedores populares ofrecen esa posibilidad. “Si pegaste un laburo y querés verte un poco prolijo, no podés” comenta Ávila.

La Ciudad cuenta con un Dispositivo de Primer Acercamiento (DIPA), un centro de día donde la gente puede almorzar y realizar trámites. También tiene duchas disponibles. Pero es uno solo, no da abasto y están en Constitución, un lugar lejano e inaccesible para muchos de quienes viven en la vía pública.  “Como política de Estado -subraya Paola- se debe garantizar un lugar a donde la gente pueda ir,  no sólo unos baños químicos en algunas Comunas.”

La ausencia de baños públicos es concordante con los operativos de expulsión de las personas en situación de calle -que el Gobierno de Macri llama “de limpieza”- denunciadas por numerosas asociaciones civiles, asambleas barriales y organizaciones sociales. Sobre este punto, Ávila comenta que “la estrategia es echarlos para afuera”.

“Durante la pandemia no había donde lavarse las manos” recuerda el referente de Proyecto 7 y subraya: “No te convertís en un animalito por vivir en la calle, no vas a hacer tus necesidades delante de otro, es una cuestión de intimidad”. No obstante, ante la imposibilidad de recurrir a otro lado, muchas veces es la misma vía pública que se convierte en un baño a cielo abierto. Por esa razón, la ausencia de sanitarios públicos no es solo un problema de quienes no tienen un techo para vivir. Impacta también en la salud colectiva y en la higiene urbana.

Las grandes estaciones de trenes, por su parte, resultan lugares muy complejos. Por Constitución, Retiro y Once transitan multitudes, los baños no están en condiciones aceptables y, a veces, son utilizados para negocios non sanctos. “Las personas en situación de calle -señala Ávila- no van a esos lugares porque no están buenos. Además, no tienen ningún tipo de mantenimiento o cuidado, antes quizá había alguien ganándose unos pesos, lo limpiaba y daba papel higiénico. Los baños se tapan, se rompen y no hay mantenimiento del ferrocarril. En esos baños la gente no entra, los evita”.

En Montevideo hay baños públicos que son manejados por personas en situación de calle. Surgió de un proyecto, las personas se turnan y ganan un salario que les permite alquilar una habitación. En Colombia la idea no prosperó. En Buenos Aires, ni siquiera se presentó un proyecto similar para debatir.

 

Esta nota fue publicada también en la edición de octubre de la revista Hecho en Buenos Aires.

 

Menos gritos y más palabras

Menos gritos y más palabras

Oct 1, 2024 | Culturas, Destacado 5, slider

Bajo el lema “El silencio” se llevó a cabo la 16° edición del Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires en 16 espacios de la ciudad, para poner en valor la lectura y la palabra.

El Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires (FILBA) es una organización privada sin fines de lucro, que se creó en 2009 con el fin de promover la literatura en todas sus formas y a diferentes tipos de lectores, a través de actividades libres y gratuitas. En un contexto de un fuerte desmantelamiento cultural por parte del Gobierno nacional, la 16° edición del FILBA —que tuvo como temática central el silencio— llegó para satisfacer la necesidad literaria de miles de aficionados, que llenaron cada uno de los 16 espacios de la ciudad donde se llevó a cabo el festival.

“Lejos de ser un llamado a silenciarnos de manera imperativa, de censurarnos o de autocensurarnos, es una búsqueda de aquel silencio que comunica y que permite también poder escucharnos”, expresó la directora del FILBA, Amalia Sanz, en el discurso inaugural de esta nueva edición. “Estamos en una época de mucho ruido, de gritos, de reproducciones de mentiras, de opiniones sobre todo, y ese ruido no deja escuchar lo importante y lo peligroso también”, agregó Sanz.

El penúltimo día del FILBA —que tuvo lugar desde el jueves 26 hasta el domingo 29 de septiembre— constó de múltiples actividades en diversos espacios culturales de la ciudad. “Vivir entre lenguas” se desarrolló el sábado 28 en la Microgalería del Centro Cultural 25 de Mayo; un espacio emplazado en una casa antigua del barrio de Villa Crespo, con paredes intervenidas y salas pequeñas desbordadas de expresiones artísticas en múltiples lenguajes.

Media hora antes del inicio de la primera actividad, el patio interno, con paredes descascaradas, intervenidas con graffitis y plantas que emergen de ellas, ya estaba repleto. En él, decenas de personas con bebidas en mano mantenían conversaciones en diversas lenguas —inglés, francés, italiano, portugués y claro, español— mientras aguardaban el comienzo de “Traducciones homofónicas”. Esta primera actividad tuvo lugar en la sala más próxima a la puerta de entrada, en la que, con una atmósfera íntima y cercana con el público, el autor haitiano, Makenzy Orcel, y el poeta esloveno, Aleš Šteger, leyeron textos propios en su idioma original. Las traducciones fueron llevadas a cabo por los poetas argentinos Ezequiel Alemian y Andi Nachón, aunque no se trató de traducciones literales, sino “homofónicas”, en las que los autores dieron su propia interpretación de los poemas utilizando palabras fonéticamente similares..
Fiel a su estilo, el espacio contaba con una pequeña barra en la que los asistentes podían comprar comida y bebidas entre actividad y actividad. En la pared que se encontraba justo detrás, se podían leer las iniciales “KDA”. “Significa ‘Kiosco De Artistas’ —contó Camila, la joven que atendía en la barra—, es un proyecto que nació en el año 2002  con la intención de agrupar a distintos artistas argentinos que no tenían un espacio para exponer y comercializar sus obras”.

La segunda actividad de la noche tuvo lugar en la sala más grande de la Microgalería. Al ingresar, todos los asistentes se sentaron en el suelo, sin que nadie se los pidiera. Tres mujeres esperaban al fondo de la sala, alumbradas por una luz cálida y tenue. Tras unos segundos esperando a que todos se ubicaran en sus lugares y guardaran silencio, la primera de las tres mujeres, Lucía Pietranera, se puso de pie. Sin emitir sonidos y a través de la lengua de señas, se dirigió al público para dar inicio a la performance. La siguieron la bailarina y profesora Tania Dick, y la escritora francesa Mónica Zwaig. Las tres, ahora paradas frente al público, comenzaron a leer anécdotas sobre cómo sus vidas se vieron atravesadas por la lengua.
“Tuve insomnios tratando de entender a Los Redondos o a Spinetta. Ahora esa época ya pasó. Ahora cuando no entiendo, no sufro más”, contó Zwaig, quien se mudó a Argentina en el 2007 y aprendió a hablar castellano asistiendo a los juicios de lesa humanidad. “Tengo que hacer un esfuerzo para que los taxistas no descubran mi acento y quieran dar vueltas más largas para cobrarme de más”, agregó la escritora, refiriéndose a los problemas que atraviesa diariamente al tener que hablar en una lengua distinta a su lengua de nacimiento. Luego de unos minutos y muchas emociones distintas por parte del público, la performance terminó y las escritoras fueron despedidas con aplausos fuertes, aplausos mudos y algunas lágrimas.

La última actividad de la noche —y una de las más esperadas— fue en la misma sala de la antigua casa. Nuevamente, el espacio quedó repleto de personas —y también se sumó un gato— que se sentaron en el piso a la espera de la “Lectura al unísono”, protagonizada por Kim Thúy, Verónica Jordan, Eugenia Zicavo, Ana Prieto y Luciana Barbieri. Fue la autora vietnamita Kim Thúy quien rompió el hielo y comenzó a narrar en francés su historia de vida y la influencia que la lengua tuvo en ella, cuando a los 10 años huyó junto a su familia de la guerra que transcurría en su país para finalmente instalarse en Quebec, Canadá. La siguieron las otras cuatro mujeres, quienes continuaron con la narración de la historia de Kim en distintos idiomas: español, inglés, italiano y portugués. Cada algunos minutos, la lectura se veía interrumpida por una campana y un breve silencio, que parecía separar la narración en capítulos. Cerca del final, las cinco mujeres leyeron el relato al unísono. El recital de voces que hablaban distintas lenguas, paradójicamente, dificultó la comprensión.  Luego, siguió un nuevo silencio. La lectura había terminado. El público, conmovido, despidió a las mujeres con una cálida y prolongada ovación.

 

 

“Llegaron, patearon la puerta y sacaron a la gente”

“Llegaron, patearon la puerta y sacaron a la gente”

Sep 25, 2024 | Comunidad, Destacado 4

Veinte familias fueron desalojadas violentamente en La Boca, en un operativo que pasó por encima de una medida cautelar y que se realizó sin que el decreto que lo ordenaba estuviera aún publicado en el Boletín Oficial. Según los vecinos, en el barrio se producen dos desalojos por semana y hay 200 casas en riesgo de desalojo.

Nancy, una de las vecinas desalojadas, junto a la puerta de la que era su casa.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires desalojó a 15 familias de la casa donde vivían, en la calle Necochea y Pedro de Mendoza, en el barrio de La Boca. El hecho, ocurrido el lunes 26 de agosto pasado, fue una continuación del desalojo comenzado días antes, el 30 de julio, en cumplimiento de un decreto del jefe de Gobierno Jorge Macri.

El operativo avanzó sobre las propiedades situadas en los números 1476, 1480, 1488 y 1492 de Necochea. “Vinieron a las siete de la mañana con un operativo de vallas, también con mucha policía, no dejando pasar a la abogada de las familias. Tampoco permitieron que familiares o vecinos puedan acceder o ayudar a la gente a sacar sus pertenencias”, cuenta Tomás Lerner, militante barrial presente en el desalojo. “Fue muy violento por la cantidad de policías, por el maltrato, por cómo secuestraban las pertenencias de las personas sin orden judicial”.

“En 37 años que estoy en el barrio no vi algo igual”, comenta Alberto, quien residía en Necochea 1488 junto a su familia. “No trajeron una ambulancia ni personal médico, como es requerido en estos casos. Tampoco había personal femenino para tratar con las mujeres. Se llevaron detenidas a una mujer embarazada y a otra discapacitada”, afirma.

“Hubo gente que no llegó a sacar las cosas, porque estaban apurados”, agrega Marta Yane, integrante de la Junta de la Comuna 4 y responsable del área de Vivienda. “Los muebles que sacaba la policía los subían a los camiones. Suben las cosas y después te dan un papel, un remito de lo que subieron, para que cuando consigas lugar para vivir, vayas al depósito a buscarlas. La realidad es que mirábamos los papeles y faltaban cosas. No figuraba el microondas, el plasma. Eso pasa en muchos desalojos”, denuncia.

Vecinos de la cuadra muestran su apoyo a las familias desalojadas.

Para entender mejor lo sucedido, hay que retrotraerse al 30 de julio, fecha en la que tuvo lugar el primer desalojo, ordenado por decreto. “Al momento de concretarse todavía no estaba publicado en el Boletín Oficial. No había manera de saber que iba a suceder –explica Lerner–.  El 30 de julio vinieron con un operativo de más de doscientos policías con camiones, pudieron avanzar sobre cinco domicilios en el día”.

Ante el decreto, los vecinos interpusieron una medida cautelar para que el Gobierno acredite la utilidad pública del inmueble. El juez Juan José Albornoz, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Nº 3 de CABA, ordenó a la administración de Jorge Macri la acreditación correspondiente, frenando, hasta entonces, el avance sobre el resto de los domicilios de Necochea.

Existen dos razones válidas para llevar adelante un desalojo por decreto: que exista un riesgo para las familias dentro del inmueble o que tenga utilidad pública. El Gobierno acreditó la utilidad pública a través de una orden de expropiación realizada por el intendente Osvaldo Cacciatore, durante la última dictadura cívico militar, para el ensanchamiento de la Avenida Pedro de Mendoza. Si bien el proyecto quedó caduco, la expropiación se concretó en 1997.

El 23 de agosto, Albornoz levantó la medida cautelar y habilitó el desalojo únicamente para los domicilios afectados por la utilidad pública, que comprendía a los que tienen frente en la avenida y a los localizados en Necochea 1488 y 1492. La razón esgrimida es que ambos formaban parte de una misma propiedad que ocupaba la esquina. La casa se fue vendiendo por partes con los años, pero es una única estructura. De hecho, para acceder a la planta superior de Pedro de Mendoza se puede ingresar únicamente por Necochea 1488.

El día 26 de agosto, y a pesar de las órdenes de Albornoz, la policía ingresó sobre Necochea 1480 y 1476 con intención de desalojar a los residentes. “El juez durante esa mañana expresó en dos oportunidades, con dos resoluciones, que no estaba bien lo que estaban haciendo, que estaban incumpliendo su resolución y que estaban entrando en desobediencia. El Gobierno de la ciudad decidió avanzar igual”, subraya Lerner.

“Lo novedoso es que hicieron un desalojo administrativo, que normalmente se usa cuando hay peligro de derrumbe”, señala Marta Yane. “En 40 años nunca vi un desalojo administrativo porque sí. En un desalojo administrativo no tenés juicio previo, no tenés oportunidad de defenderte, no tenés tiempo para buscarte otra cosa, que fue lo que pasó acá: llegaron, patearon la puerta y sacaron a la gente”.

Sin embargo, sí tuvieron tiempo para planificar un desalojo con tiempo y de manera que los vecinos no queden en la calle de un día para otro. Cuenta Alberto que hace ocho meses fueron del Gobierno de la ciudad a hacer un censo al edificio. “Venían de mañana, por lo que la gente que trabajaba o salía no se encontraba. También dijeron que en el inmueble existía un peligro de derrumbe. Los vecinos pusimos plata para hacer arreglos y pintar el frente. Esa gente no vino nunca más, hasta el 30 de julio”.

Natalia Quinto, miembro de la organización barrial La Boca Resiste y Propone, que acompañó a las familias durante el desalojo, sostiene: “El Gobierno de la Ciudad, pudiendo planificar, ya que este desalojo podían hacerlo en el momento que quisieran, decidió en lugar de fijar un plazo para la relocalización, hacerlo de manera sorpresiva, volviendo los recursos ineficientes. Si el seguro de caución subsidiado y las cuotas acumuladas para ingresos a alquileres hubiesen estado antes, permitiendo un plazo para la búsqueda de lugar, estamos seguros que la mayoría hubiera resuelto de otra manera y se hubiese evitado esta dramática situación que no deja ganancia a nadie”.

Hoy la propiedad se encuentra completamente tapiada. Los ingresos al inmueble desde la avenida fueron bloqueados con paredes de ladrillo, en tanto que las puertas que dan a Necochea fueron selladas con cemento. Sobre esta calle permanece un volquete con restos de muebles que los vecinos no pudieron sacar a tiempo. En la terraza de la casa se colocó una cerca electrificada, aparentemente para evitar ingresos desde Sanchetti, el edificio contiguo.

En total fueron 20 las familias desalojadas, que resolvieron la situación como pudieron, de manera transitoria, alojándose en casas de amigos o familiares. Algunas se tuvieron que ir a provincias o a distintas localidades. “Hay toda una parte de las familias que tienen menores que están resguardados por un amparo de la asesoría tutelar y obliga al Gobierno a darles un subsidio habitacional mejorado –explica Tomás Lerner–. Pero para ello hay que conseguir un alquiler con determinadas características, para que el Gobierno de la Ciudad lo financie”.

Alberto y María residían con su familia en Necochea al 1488. Cuando fueron desalojados tuvieron que separarse. Ellos están parando en un hotel, mientras que su hija se está quedando de prestado con su nena a pocas cuadras.

Gladys vivía junto a su hija y su nieta en Pedro de Mendoza 1477, donde también atendía un kiosco. Luego de que fueron corridas de su casa, ella se presentó en la Dirección General de Atención Integral Inmediata, al igual que otros vecinos, para solicitar un subsidio habitacional. El pedido de Gladys fue rechazado por no contar con la documentación necesaria. Actualmente, ella y su familia se están alojando en una iglesia. “¿Y a mí quién me paga la plata que puse para arreglar el techo?”, reclama.

Para recibir el Subsidio 690, los solicitantes deben presentar un presupuesto de alquiler emitido por el dueño directo o por el hotel donde pretenden alojarse. “En caso de ser de dueño directo, debe figurar: la dirección del inmueble, fotocopia de factura de servicio (AYSA o ABL) y los datos del propietario (nombre y apellido, DNI y teléfono)”, según se informa en la página oficial del Gobierno de la Ciudad.

Los desalojos son moneda corriente en La Boca. Según Marta Yane, solamente en el barrio se están llevando a cabo dos por semana, y existen unos 200 domicilios que corren riesgo de atravesar esa situación. “Tiene que ver con la construcción de las 10 torres de 145 metros que quieren hacer en lo que era la vieja ciudad deportiva de La Boca. Se quiere convertir La Boca en San Telmo. El problema es que La Boca tiene muchos vecinos históricos, es un barrio con mucha identidad y con mucha vida cultural, entonces la resistencia es mayor. Pero recién se está empezando a armar esto”.

 “Todo está relacionado con el proceso de extractivismo del suelo urbano que es el modelo de desarrollo que el PRO lleva adelante en la ciudad –expresa Natalia Quinto–. No hay posible proceso de especulación inmobiliaria que se lleve adelante sobre un suelo ocupado. Estos días escuchamos que el mercado se mueve, es por la generación de expectativas para los inversores de que nada los va a detener en el aumento del precio del suelo”.