La universidad sale otra vez a la calle

La universidad sale otra vez a la calle

Sep 26, 2024 | Destacado 2, Trabajo

Un paro docente de 48 horas preanuncia una nueva movilización masiva para la semana que viene. La comunidad universitaria exige recomposición salarial y aumento presupuestario. Malestar por la amenaza de Milei con vetar la Ley de Financiamiento y por el magro 6,8% de aumento que ofreció el gobierno.

Ante la emergencia salarial del personal docente y no docente, los sindicatos convocaron a un paro de 48 horas y una nueva marcha federal educativa el próximo 2 de octubre. La medida de fuerza es una respuesta en un contexto de ajuste y un casi congelamiento salarial. Por eso, los gremios exigen una recomposición salarial y una mayor asignación de partidas. “Por salarios dignos y presupuesto universitario” y “No al veto de la Ley de Financiamiento Universitario” son las consignas bajo las que la Asociación de Docentes y la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires, ADUBA y APUBA, convocaron a las movilizaciones, con una alta adhesión de sindicatos docentes del resto del país. 

Aunque la multitudinaria movilización del pasado 3 de abril logró actualizar las partidas universitarias de gastos de funcionamiento de las instituciones educativas durante el primer cuatrimestre, el rechazo al veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, el pedido de un aumento salarial para los trabajadores educativos y la denuncia de que el presupuesto para 2025 los recursos son insuficiente, impulsaron una nueva jornada de protesta. 

“Los motivos fundamentales de los paros de este año como de la marcha del 2 de octubre  es la recuperación de nuestro salario frente a una pérdida como nunca tuvieron”, afirma Ileana Celotto, secretaria general de AGD UBA, y continúa: “La pérdida salarial afecta enormemente a los equipos docentes y no docentes, y también a los de investigación. El 50% de la investigación argentina se realiza en universidades, el otro 50 en el CONICET. En ese sentido, con los bajos salarios que tenemos tanto los docentes como los no docentes, se está generando la renuncia de trabajadores. Tenemos una cantidad inmensa de docentes y no docentes que plantean dejar la dedicación exclusiva para pasar a una dedicación parcial que les permita dedicarse a otras actividades que les impliquen mejores ingresos”

En línea con esto, Darío Capelli, delegado en la Facultad de Ciencias Sociales del sindicato FEDUBA, dijo a ANCCOM: “La pérdida del salario docente en relación al costo de vida es de alrededor del 50 % desde que asumió el gobierno de Milei”, y agregó. “Tenemos una ley votada en ambas cámaras que actualiza el presupuesto universitario y nuestro salario con retrospectiva a diciembre de 2023, pero el presidente ya anunció que esa ley, al igual que con cualquier otra norma votada por los representantes del pueblo que no se ajuste a lo que él mismo llama déficit cero, lo va a vetar. Para que no se produzca ese veto, o para que en todo caso se revise en el Parlamento es que nos movilizaremos el 2 de octubre”.

La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en Congreso, permite una actualización mensual por inflación de los gastos salariales y de funcionamiento de las universidades, además de una recomposición retroactiva por el índice de inflación desde diciembre del año pasado. Ante esto, Milei contestó en X a través de su cuenta: “Veto total”.

Además de este paro de 48 horas, entre las medidas de fuerza  se prevén acciones de visibilización con clases públicas y charlas. Además, el martes 24 a las 10 horas se realizó un Abrazo al Hospital de Clínicas. Finalmente, las medidas culminarán con una marcha universitaria hacia las inmediaciones de Congreso el miércoles 3 de diciembre, como espejo de la movilización de abril.

«Los sujetos de la movilización no fueron solo los trabajadores y trabajadoras de la universidad”, afirmó Capelli sobre la convocatoria del primer cuatrimestre y completó: “El conjunto de la sociedad había tomado el problema universitario del acceso a la educación superior como un problema propio. En ese sentido, la sociedad en su conjunto se movilizó, no solo la comunidad académica. La sociedad organizada como comunidad académica, la sociedad que asume la universidad como un derecho colectivo”.

 “El conjunto de demandas que hicieron que la sociedad se movlizara en defensa de la universidad no fue atendido por el gobierno -comenta Capelli-. Sólo una de esas demandas y de manera parcial, y con eso el gobierno salió a decir que las universidades ya no tenían motivos para protestar. Todo lo que tiene que ver con actualización de los salarios o la garantía salarial, no fueron atendidos. Solo se actualizó en parte el presupuesto para los gastos de funcionamiento. Y esto en parte, porque en realidad, para que la facultad garantice su funcionamiento adecuado, debe actualizar los salarios de sus trabajadores, sobre todo tomando en cuenta el índice inflacionario.”

 Con la alta adhesión al paro y ante la gran convocatoria que se espera para la marcha universitaria de la próxima semana, el gobierno nacional convocó el mismo jueves 26 a paritarias a las 16 en el Palacio Pizzurno. Este llamado, según un comunicado de AGD UBA, fue un intento fallido de sofocar las movilizaciones. El gobierno ofreció solo un aumento de 6,8 % para octubre, y nada para noviembre y diciembre, es decir, menos de una décima parte de lo que se reclama por la pérdida de poder adquisitivo desde diciembre de 2024. En esta reunión, además, el Secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, ratificaron el veto del presidente a la Ley de Financiamiento Universitario y el ajuste para el presupuesto del próximo año.

 “Por lo pronto, vamos a la marcha del miércoles 2 y veremos el escenario. Desde nuestro sindicato, creemos que hay que profundizar las medidas si no hay respuesta”, concluyó Celotto.

 Por otro lado, Capelli agrega: “Nosotros así no podemos continuar. La licuación de nuestros salarios incide no solo en nuestras vidas, la organización de nuestro hogares, sino que incide negativamente en decisiones de carácter pedagógico, como comprar un libro o pagar una fotocopia.”

«Es fundamental que nos vean como sujetos de derechos y no como objetos de desecho»

«Es fundamental que nos vean como sujetos de derechos y no como objetos de desecho»

Sep 26, 2024 | Comunidad, Destacado 4

El veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria y la represión a quienes se manifestaron en contra pone en agenda un tema que espera solución hace por lo menos una década. El 64 por ciento de los adultos mayores cobra el haber mínimo y junto a los niños son quienes más personas aportan al 52,9% de pobres que acaba de anunciar el INDEC.

En los últimos diez años, cada gestión gubernamental que asumió implementó reformas previsionales, pero todas resultaron insuficientes en un contexto de crisis económica. Tanto los proyectos que se decían inclinados a la justicia social como aquellos que priorizan el equilibrio fiscal no lograron evitar que en la actualidad más de cinco millones de jubilados y pensionados se encuentren debajo de la línea de pobreza.

En 2005, el gobierno de Néstor Kirchner habilitó el proceso de moratoria que permitió que ingresaran al sistema jubilatorio más de 2,5 millones de personas que no alcanzaron los 30 años de aportes por trabajar en la informalidad o porque sus empleadores retuvieron pero no realizaron los aportes previsionales que ordena la ley. En 2008, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner eliminó el sistema de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) y estatizó todas las jubilaciones, y en 2014 impulsó una nueva moratoria, que expandió la cobertura previsional al 95% de las personas en edad de jubilarse.

En el año 2008, durante el gobierno de CFK se sancionó la ley de movilidad jubilatoria que establecía una actualización de los haberes dos veces al año, con una fórmula que combinaba la evolución de los salarios con la recaudación impositiva. A partir del 2014, la inflación se aceleró y comenzó a afectar negativamente los haberes más bajos.

En diciembre del 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri se sancionó la reforma previsional que actualizaba los haberes trimestralmente contemplando el 70% de la inflación y el 30% la variación de los salarios. Federico Zirulnik, economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), afirmó en diálogo con ANCCOM que “gran parte de la caída del poder adquisitivo de los jubilados se debió a este cambio de fórmula jubilatoria, porque al momento de aplicarla omitieron un trimestre”. A lo largo del mandato macrista, la inflación acumuló un 300% y las jubilaciones perdieron el 20% de su capacidad de compra.

Raquel Márquez, miembro del Concejo Superior de la Confederación General de Jubilados, Pensionados, Retirados y Adultos Mayores del país manifestó: “El gobierno de Macri comenzó la debacle. Enterró las conquistas previsionales y de seguridad social impulsadas por los Kirchner”. Entre exigencias del FMI y el intento de disminuir el déficit fiscal, se redujeron las prestaciones de salud del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), se eliminaron medicamentos de la cobertura total del PAMI, se recortaron subsidios a los servicios públicos y a los centros de jubilados, se quitaron los programas que permitían acceder a descuentos en alimentos y comercios y redujeron el presupuesto para las residencias geriátricas.

Márquez recordó: “Cuando Alberto Fernández asumió, dijo que si debía elegir entre los bancos y los jubilados optaría por estos últimos. Lamentablemente no pudo cumplir con las metas que pretendía”. Cuando llegó al poder, Fernández suspendió la fórmula de movilidad de Macri y otorgó aumentos discrecionales hasta marzo del 2021, cuando comenzó a regir el nuevo cálculo de haberes con actualización trimestral que sumaba el 50% de la recaudación tributaria de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el 50% de la variación salarial. Las jubilaciones mínimas fueron complementadas con bonos extraordinarios en un intento de reducir el impacto de la inflación, y su caída real fue de 0,4%, mientras que los haberes más altos sufrieron una caída del poder adquisitivo hasta del 35%.

 La canasta básica de un adulto mayor ronda los 800.000 pesos y los haberes mínimos apenas alcanzan para cubrir la canasta básica de un adulto, valuada en 300.000, la cual no contempla la alimentación específica del grupo etario, ni los gastos médicos.

Actualmente la canasta básica de un adulto mayor ronda los 800.000 pesos y los haberes mínimos apenas alcanzan para cubrir la canasta básica de un adulto, valuada en 300.000, la cual no contempla la alimentación específica del grupo etario, ni los gastos médicos. Según la Defensoría de la Tercera Edad, más de cinco millones de jubilados son pobres y más del 64% de los adultos mayores perciben el haber mínimo. Mónica Gómez, jubilada, dijo: “Es una vergüenza, no sé quién puede vivir con tan poca plata. Hay cierta edad donde te volvés invisible y los jubilados siempre somos los últimos, cobramos una miseria. Gano la jubilación mínima y más o menos me arreglo porque no alquilo y mis hijos me ayudan con los gastos, pero hay mucha gente sola o con familias que están peor que ellos”.

En marzo de este año el presidente Javier Milei estableció a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) la actualización mensual de los haberes en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC). El pasado 11 de septiembre se aprobó el veto del jefe de Estado a la Ley de Movilidad Jubilatoria, y rechazó agregar al cálculo vigente un aumento del 8,1% y un mínimo superior al valor de la Canasta Básica Total (CBT) de un adulto multiplicada por 1,09. A su vez, el gobierno confirmó que el bono extraordinario quedará congelado en $70.000 hasta nuevo aviso. Márquez sostuvo: “El veto hizo que no se nos otorgaran 17.000 miserables pesos que no nos alcanza ni para pagar un medicamento. Es criminal. Hablo de genocidio social porque nos están desapareciendo a través de la eliminación de remedios y el aumento de los alimentos de tal manera que la gente no pueda afrontar lo que tiene que comer con lo que gana”.

Zirulnik afirmó que el problema del modelo vigente es que congeló los haberes en términos reales en el piso de los últimos 10 años. También destacó que el gobierno podría haber optado por otras medidas para preservar el equilibrio fiscal, por ejemplo, aumentar el Impuesto de Bienes Personales en lugar de ajustar a jubilados y recortar programas sociales destinados a aliviar su carga económica.

La combinación de inflación crónica, un alto nivel de informalidad laboral, políticas de ajuste fiscal y la ineficacia de las fórmulas de movilidad jubilatoria hacen que la pobreza, que afecta a las personas de la tercera edad que perciben los haberes mínimos e intermedios, sea estructural.

Márquez enfatizó la necesidad de modificar la percepción sobre los jubilados: “Es fundamental que se nos vea como sujetos de derechos y no como objetos de desecho. Hay que poner a las personas de la tercera edad en el lugar del trabajador, no como un viejito meado que está por morirse.Un jubilado es una persona, con todos los derechos a la dignidad en la vida”. Concluyó refiriéndose a las medidas implementadas por el gobierno de Milei: “Pretenden que perdamos todo tipo de confort mínimo. Este tipo de políticas nos destrata, nos maltrata, nos margina, y nos excluye cuando todos somos seres humanos que estamos acá para aportar a la vida. La jubilación no es un gasto, es una inversión social”.

«La realización de películas argentinas tiende a cero»

«La realización de películas argentinas tiende a cero»

Sep 26, 2024 | Destacado 4, Trabajo

Cae el empleo en la industria cinematográfica actual a partir de las nuevas políticas que redujeron el financiamiento a las producciones audiovisuales.

Como consecuencia del desfinanciamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y de la crisis económica que atraviesa el país, la producción cinematográfica nacional descendió a niveles mínimos y miles de puestos de trabajo corren peligro. La actividad entró en un tobogán luego de la resolución 16/2024 del organismo, emitida el mes de marzo, que congeló la asignación de financiamiento a proyectos audiovisuales, y tras el decreto 662/2024 del 27 de julio, que reglamentó que cada proyecto debe contar, como mínimo, con un cincuenta por ciento de financiamiento propio para recibir algún incentivo económico.

“La realización de películas argentinas tiende a cero en un sentido cuantitativo. Nosotros, los distribuidores, lo notamos porque si no hay largometrajes no tenemos trabajo”, remarca Manuel García, presidente de la Cámara Argentina de Distribuidores Independientes de Cine. En consecuencia, resalta que “es un impacto progresivo si comparamos el año anterior con este, en donde la cantidad de obras se reduce. Si no hay una política cultural activa, el 90% del cine nacional no va a tener posibilidades de hacerse”.

Desde su rol, destaca que los estrenos que se están dando este año son producciones que se realizaron durante la gestión anterior. Más allá de películas financiadas por plataformas de streaming internacionales, en este momento “no se está filmando nada”.

Así lo percibe Ramsés Tuzzio, director de Orégano: La Familia Fracaso, película independiente recientemente estrenada en el Cine Gamount: “Se producen muchas menos películas a nivel comercial y estas deben buscar otras alternativas para financiarse”.

Esta caída deja sus efectos en el mercado laboral del sector. Según Tuzzio, “el trabajo y las producciones cayeron mucho. Varios perdieron su trabajo o directamente no consiguen empleo exclusivamente en producciones audiovisuales, teniendo que mutar a otros rubros”.

Un informe del INCAA publicado en septiembre del 2023, anotició un crecimiento del 45% del trabajo registrado en la industria entre 2007 y 2022. Según el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina, el año pasado se registraron 28.565 puestos de trabajo y se realizaron 79 largometrajes de ficción. Este número de películas y empleos corren peligro y la oferta laboral ya se ve afectada.

Corina Safer trabaja como sonidista desde hace seis años en producciones audiovisuales y es su principal fuente de ingreso. Más allá de que subraya que la gran mayoría del empleo disponible es por relaciones y contactos, resalta que “del año pasado para atrás era un mercado laboral grande”.

Sin embargo, lamenta que hoy la situación “es un desastre: Hay una falta de trabajo angustiante, se vio disminuida la oferta de forma abrupta en unos pocos meses. Conozco gente grosa que está trabajando de Uber o de otras cosas por fuera del sector. Estamos todos en números rojos, hicieron mierda la industria». En ese sentido, señala que antes con sus ingresos vivía bien, dándose algún que otro gusto, pero que ahora tiene que ajustarse, restringiendo consumos por la falta de flujo de ingresos y de trabajo.

García detecta que la situación actual de la industria cinematográfica es similar a la que atravesó en la pandemia: “Hay mucha gente calificada con trayectoria en producción, técnica, actores y actrices sin trabajo. Todo eso está volviendo a pasar, pero ahora con la diferencia de que no hay un Estado presente que ayude y las políticas que se prometen a futuro no permiten pensar que esto pueda revertirse”, remarcó.

A su vez, la falta de trabajo y la ausencia de legislación laboral en el área afecta negativamente las condiciones laborales de los trabajadores. Julieta Muriel es asistente de producción de efectos visuales y destaca que, si bien en esta línea hay una buena oferta de trabajo, “es un mercado muy demandante y bastante precarizado. Es el único rubro que no tiene un sindicato. En otros hay un tarifario con el cual uno se puede regir, pero este no es el caso. Una regulación sería clave para mejorar las condiciones y el flujo de trabajo”, recalcó.

Asimismo, Safer cuenta que hay gente que se aprovecha de la crisis en el sector: “Por la necesidad que existe ahora, están acortando un montón los presupuestos y muchas veces se ofrecen salarios de hace dos años atrás. Por la necesidad de trabajo, la gente los agarra”.

Al mismo tiempo, también está siendo afectada la posibilidad de exhibición, luego de la desreglamentación de la cuota de pantalla nacional en cines comerciales. El Decreto 662/2024 también le otorgó únicamente al presidente de la institución, Carlos Pirovano, la facultad de fijar dicha cuota, aunque no especificó el mecanismo o criterio para hacerlo. Esto termina de generar un caldo de cultivo esquivo para la industria audiovisual nacional, atentando contra el financiamiento de las producciones independientes y limitando sus posibilidades de exhibición.

Según García, “no se produce y lo que está producido no tiene un impacto público. Las herramientas que tiene el cine argentino para ser exhibido las eliminaron. Es extraño porque se supone que esta era la gestión que se quejaba de que el cine argentino no tenía audiencia”. En esa línea, subrayó que la situación es una especie de profecía autocumplida por parte de la política cultural por parte del gobierno: “Decían que nuestro cine no tenía audiencia y hoy está mal financiado y está mal promovido. El cine argentino está siendo sometido a una muerte lenta”.

 

 

“Cobramos por debajo de la canasta básica”

“Cobramos por debajo de la canasta básica”

Sep 26, 2024 | Destacado 3, Trabajo

Médicos residentes de hospitales públicos dependientes de Nación realizaron un paro de 48 horas y se movilizaron a la sede del Ministerio de Salud en reclamo de un aumento salarial. Tras meses de protestas y ante la indiferencia oficial, anticipan la continuación del plan de lucha.

La marcha y la medida de fuerza –del 25 al 26 de septiembre inclusive– fue convocada por una asamblea que concentra a todas las residencias que dependen del Ministerio de Salud de la Nación. “Somos más de 15 hospitales con algunas otras instituciones. Incluso algunos hospitales que no están en Provincia de Buenos Aires ni en la Ciudad, sino en otras jurisdicciones”, explica Elián Salis, residente de clínica médica del Hospital Posadas. “Conformamos esta asamblea hace tiempo, no sólo con el aumento salarial como reclamo, sino también en defensa de la salud pública, en un contexto donde vemos que se está llevando adelante un ajuste considerable en recursos y, principalmente, en la cuestión salarial”.

A través de un comunicado, los médicos residentes del Garrahan expresaron su preocupación por la crisis en el sistema médico público e informaron su decisión de ir al paro y a la movilización. “Desde abril hemos advertido sobre esta situación y fuimos  adoptando medidas de fuerza de manera escalonada. A raíz de esas acciones y sucesivas negociaciones, se logró el compromiso de una recomposición salarial a través de un bono no remunerativo desde julio de 2024, con la promesa de incorporarlo al salario a partir de enero del próximo año. Sin embargo, a la fecha, dichas promesas no han sido efectivizadas y se ha interrumpido el diálogo con las autoridades, lo que nos obliga a retomar las medidas de fuerza”.

“Nos habían prometido un 35 por ciento de aumento entre junio y julio, que nos venían pateando, diciendo que requería de algunos trámites de aprobación. Íbamos a hacer el paro de 48 horas sin guardia, ahí fue cuando se pudo movilizar la última firma que nos faltaba para conseguir el aumento prometido”, señala Matías, residente del Garrahan. “Dos horas después de que nos comunicaron que la firma final ya estaba, terminaron dando el aumento de baja porque no estaban los fondos suficientes”.

“Hace un montón que cortaron el diálogo, cuando nosotros siempre estuvimos dispuestos. La última respuesta había sido esta promesa que nunca se hizo efectiva. Meses de espera, de paciencia. De creerles, básicamente”, dice Clara, residente del Garrahan. “Lo que queremos es que (Mario) Russo nos escuche para así poder conseguir lo que estamos pidiendo”, agregó, en referencia al Ministro de Salud de la Nación y de quien depende la decisión por el aumento salarial.

Los residentes movilizaron ayer a las 9.30 desde el Garrahan y recorrieron marchando el trayecto que separa al hospital de la sede del Ministerio. Llegaron escoltados por la policía y por agentes de tránsito de la ciudad y se concentraron en la base del edificio de Moreno y Lima.

Un cordón policial se formó entre los convocados y las puertas del Ministerio. Del otro lado de la calle aguardaban estacionados un carro hidrante y dos camionetas de la Federal. Los efectivos no permitieron cortar la Avenida 9 de Julio, por lo que los médicos recurrieron a otras maneras de llamar la atención, como la ocupación de la senda peatonal cuando el semáforo se teñía de rojo o el uso de carteles con consignas como “900 mil mínima, plata hay” o “Como mal, duermo mal, cobro mal”.

 “Este es el primer paro que tenemos sin guardia”, agrega Matías. “Eso repercutió un montón porque los residentes somos una pata muy importante en los hospitales. A pesar de eso, contamos con el apoyo de los médicos de planta del hospital.”

“Lo que tiene de particular el Garrahan es que también se están sumando médicos de planta al reclamo, es decir que hay otros profesionales que forman parte de la institución que se están plegando a defender al hospital frente al recorte y el ajuste”, señala Elián.

Juan Pedro, residente del Garrahan involucrado con el reclamo, explica la razón por la cual decidieron que el paro incluya a las guardias médicas: “La medida fue para visibilizar realmente la labor de los residentes”.

 

 “El contexto es de un deterioro sustantivo del poder adquisitivo. Si comparamos nuestros salarios con el de residencias de otras jurisdicciones, los nuestros son los peores pagos”, apunta Elián Salis. “Un residente de primer año a nivel nacional cobró el último mes $721.000 en un contexto donde el trabajo asciende a casi 12 horas diarias con guardias de 24 horas cinco o seis veces al mes. La diferencia es considerable si lo comparamos con un residente de Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, incluso a veces teniendo una menor carga horaria, estaba cobrando por arriba de los $950.000”.

“Hasta el momento seguimos cobrando por debajo de la canasta básica familiar”, denuncia Elián. “Si no hay respuesta, probablemente vayamos a una nueva medida de fuerza la semana que viene, en conjunto con otros sectores como los universitarios, los docentes de los colegios medios y otros trabajadores de la salud, para confluir en una gran manifestación en defensa de la salud y de la educación pública”.

Los universitarios abrazaron al Clínicas

Los universitarios abrazaron al Clínicas

Sep 25, 2024 | Destacado 1, Trabajo

 En una semana signada por las medidas de fuerza para visibilizar el conflicto universitario, miles de integrantes de la comunidad se manifestaron frente al hospital escuela para exigirle al gobierno de Javier Milei mayor presupuesto y aumento salarial para los docentes y los no docentes.

Sindicatos, agrupaciones sociales, estudiantes, docentes y no docentes de diferentes facultades de la Universidad de Buenos Aires, se unieron esta mañana en Avenida Córdoba 2351, para brindarle su apoyo a una de las instituciones más importantes del país, como lo es el Hospital de Clínicas. La movilización se realizó bajo la consigna de abrazo a la institución y abogó por dos claras deudas del gobierno: salarios dignos y presupuesto universitario.

La jornada de visibilización logró unir a miles de personas con el objetivo de evidenciar cuáles son las problemáticas por las que atraviesan la educación y salud pública. Letreros, banderas, guardapolvos hospitalarios y cuerpos deseosos de encontrar respuestas para cambiar el panorama que se vive, fueron las piezas clave para abrazar al hospital desde las 10 de la mañana.

Aplausos, gritos, pancartas y bombos, se hicieron presentes en las calles. Los cánticos que se escucharon con fuerza e hicieron temblar a cualquiera que no formara parte de la comunidad académica fueron:  “Sin salarios dignos, no hay salud y educación públicas”.

Una de las personas con las que ANCCOM tuvo la posibilidad de dialogar en la movilización fue Ileana Celotto, secretaria general de la Asociación Gremial Docente AGD-UBA, quien expresó su preocupación por el presente que les toca afrontar e indicó: “Estamos peleando durante todo este año para que la universidad siga estando de pie, necesitamos una universidad estatal, pública, gratuita y laica. Esto implica tener presupuesto para funcionar, para investigar, para hacer docencia y extensión, pero también para salarios de docentes y no docentes”.

Por su parte, María Fonseca, quién es enfermera en el Área de Control de Infecciones en el Clínicas y que a cargo de ese sector hace más de 25 años, dijo: “Estoy movilizándome porque la situación salarial es terrible, ya es insostenible. No nos alcanza para nada y a eso hay que sumarle que el hospital no tiene los insumos necesarios para la atención de los pacientes. Muchas veces se compran cosas que no son de tan buena calidad y se terminan rompiendo, lo que repercute en los pacientes, ya que hay que retirarles el dispositivo y colocarle otro, con el sufrimiento que eso conlleva, lo que supone más trabajo para los médicos, para los enfermeros y es insostenible esta situación”.

En tanto, Sebastián Rodríguez, trabajador no docente de la Universidad de Buenos Aires, cuando se le consultó porque se hizo presente, explicó: “Tenemos que abrazar a la salud pública y a la educación pública, porque sin salarios dignos la UBA no funciona. Invitamos a toda la comunidad universitaria y a la sociedad en general a que nos apoyen, porque la universidad es el desarrollo para un país mejor, el desarrollo para el futuro de nuestros hijos y de la vida de los ciudadanos. Sin educación y sin salud pública, no hay un país en desarrollo”.

Por otro lado, Celotto se mostró confiada de que las diferentes acciones que se vienen desarrollando en los últimos meses van a conseguir las soluciones deseadas. “Esperamos una pronta respuesta del gobierno, lo vamos a lograr porque la universidad se lo merece y nosotros que la sostenemos, también. Tengo una fe absoluta, a pelearla”, estableció.

Sin embargo, la espera es muy larga. Fonseca,  además de enfermera es madre de un niño con discapacidad y argumentó  sobre lo que debe enfrentarse con el actual gobierno. “No estoy de acuerdo con la política de ajuste que está haciendo Milei, nos está asfixiando y personalmente, me siento como que en nuestro país somos ciudadanos de segunda, los que trabajamos en el Hospital de Clínicas y en toda la universidad”, afirmó.

La trabajadora agregó: “El sueldo no alcanza para nada. Solo tengo este trabajo porque a mi nene lo tengo que acompañar más al tener una discapacidad y me replanteo si vuelvo a tener un segundo trabajo para poder dedicarle las comodidades que él necesita o estoy en casa. Es difícil la decisión.”

Fonseca explicó, además, el por qué llevar a cabo ciertas acciones en el Clínicas resulta complejo. “Venimos haciendo varias medidas para que nos escuchen, como paros sin concurrencia. Pero la realidad es que esto repercute también en los pacientes. Este hospital, siempre se caracterizó por ser emblemático, de reconocimiento a nivel de lo que es la salud pública, la mayoría de los pacientes concurren a este hospital porque no tienen la solución en otras instituciones y tratamos de brindarle lo mejor.”

Celotto adelantó algunas de las propuestas en materia de movilización que llevarán adelante en los próximos días: “En todas partes va haber acciones. Nos nucleamos alrededor de nuestras unidades académicas para convocar con todo al 2 de octubre, nos movilizamos y convocamos a toda la población a salir a defender nuestra universidad.”