«El best seller capta el humor social»

«El best seller capta el humor social»

¿Por qué un texto político se convierte en un éxito editorial? Ezequiel Saferstein se hizo esa pregunta para desarrollar su tesis doctoral, que después convirtió en… un libro.

Ezequiel Saferstein es Magíster en Sociología de la Cultura por el Idaes/Unsam y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires.  Además es investigador del Conicet en el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas (CeDInCI/Unsam) y docente de grado y posgrado en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). En ¿Cómo se fabrica un best seller político? La trastienda de los éxitos editoriales y su capacidad de intervenir en la agenda pública (Siglo XXI Editores) analiza aquella categoría de libros y su impacto en la sociedad.

 ¿Esta obra la escribiste con la intención de que sea un best seller político?

No, (se ríe). El libro es el resultado de una tesis de investigación de varios años del Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Hay una intención de proponer una mirada sobre la política, la cultura y el mundo editorial que tenga una llegada más amplia, a un público que le interesen las ciencias sociales, pero que no venga necesariamente de ese ámbito o no consuma artículos académicos.

 ¿De qué manera inciden en la agenda pública los best seller políticos?

Se instaló la idea de que la gente ya no lee o que los libros fueron reemplazados por otros medios, como la televisión o la radio, u otras plataformas de comunicación, como las redes sociales y los portales digitales. Lo que descubrí en mi investigación es que no hay tal reemplazo sino que el objeto libro sigue siendo un artefacto cultural relevante que pasó a convivir con otras plataformas. Los autores de best seller no son sólo autores de libros, también intervienen en otros espacios. Se arma un circuito donde diferentes medios de divulgación se van complementando y te encontrás, por ejemplo, a un autor de best seller político que conduce un programa de radio y, a su vez, escribe una columna los domingos en el diario. Así se conforma un dispositivo de comunicación potente, donde el libro se destaca entre las distintas plataformas y es valorado por la sociedad argentina. Un autor de libros gana un mayor prestigio dentro de este circuito comunicacional.

 Los lectores no suelen pensar que el libro que van a leer fue un fenómeno planificado para vender, como mencionas. ¿Creés que todo best seller cumple con ese requisito de ser construido con la intención de captar la atención de un segmento de la sociedad en un determinado momento histórico?

La dinámica del best seller es muy compleja y la demanda es contingente, no es unilateral. Defino como fenómeno planificado a esa búsqueda permanente del sector editorial, es decir la industria cultural y del entretenimiento, las empresas transnacionales y los editores, de encontrar el tema, el libro o el autor que terminará posicionándose en el mercado. Comercialmente se suele apostar a determinados autores que tienen una presencia importante o un piso de venta ya consolidado. En ese caso, sí es planificado porque no hay tanta sorpresa como sí la hay con autores poco conocidos que logran llegar a un best seller político. Las apuestas más conservadoras pueden ser con autores como Luis Majul o Marcos Aguinis, que tienen un segmento social garantizado y cuentan con mayor posibilidad de divulgación. Sin embargo, las grandes editoriales tienen muchísimos sellos y necesitan nutrirse de autores prestigiosos, como *escritores nobeles* de Literatura, que no suelen ser los que generan mayores ganancias, pero hacen a la complejidad de las grandes industrias culturales y le agregan valor a su catálogo.

 En el capítulo “El best seller sale a la calle” citas a la socióloga Eva Illouz, que realizó un estudio sobre el éxito de la novela Cincuenta sombras de Grey, quien afirma que “un best seller existe porque capta valores y actitudes, o bien dominantes o bien subyacentes, que transitan nuestro inconsciente social”. ¿Creés que esta habilidad o cualidad aplica también para los best sellers políticos?

 Sí, los best seller captan el humor social, algo que quizás se intuye pero todavía no está materializado, esa es la relevancia y habilidad de los editores. Sabemos que hoy las empresas de big data logran predecir consumos de la gente a través de la información que recogen los algoritmos y con ese conocimiento sobre el comportamiento de los consumidores se logran vender los productos. En el periodo que abordé, los editores siguen siendo muy valorados en tanto agentes sociales o intermediarios culturales que pueden identificar cuál es el tema, autor o libro que va a funcionar a partir de su “olfato” o capacidad de análisis editorial sobre la coyuntura y la audiencia de ese momento. Un ejemplo de esto son los libros publicados sobre los años ‘70 que se publicaron en pleno auge de las políticas de memoria, verdad y justicia del gobierno kirchnerista, que tienen una visión reaccionaria y, en algunos casos, cercana a la posición militar, como las obras de Carlos Manfroni y Victoria Villarruel, o los títulos publicados entre 2007 y 2009 por Juan Bautista Yofre. Son libros con un éxito editorial sin precedente, que se comercializaron en firmas muy grandes que lograron identificar un interés social y se convirtieron en best seller. Si lo miramos retrospectivamente, podemos observar que este éxito editorial fue incorporado en el gobierno que vino después, en 2015 con Macri. Un caso concreto fue el de Pablo Avelluto, ex director general de la editorial Sudamericana que se dedicó a estudiar y detectar las temáticas de la discusión política que circulaban en la sociedad, se constituyó como una figura clave de la gestión macrista. Ciertos temas y autores anticiparon lo que luego se hizo efectivo con el voto en el 2015. Esto es una muestra de que el mundo editorial es otra dimensión desde la cual se puede mirar el escenario político.

 Por nombrar sólo algunos títulos: Robo para la corona (Horacio Verbitsky, 1991), Argentinos (Jorge Lanata, 2002), Fuimos todos (Juan Bautista Yofre, 2006), Operación traviata: ¿quien mató a Rucci? La verdadera historia (Ceferino Reato, 2008), El dueño (Luis Majul, 2009) y Sinceramente (Cristina Fernández de Kirchner, 2019)…la característica en común de estos éxitos editoriales es que tienen un discurso opositor al gobierno de turno. ¿Sólo es posible un best seller político que tenga un tinte contrahegemónico?

Es cierto que los autores que los principales best seller políticos apuntan a un discurso contrario al gobierno de turno. Cuando salió Robo para la corona (Horacio Verbitsky, 1991) toda la editorial Planeta ofrecía libros que hablaran sobre la corrupción del gobierno menemista. Durante el gobierno de Macri, el principal best seller fue Sinceramente (Cristina Fernández de Kirchner, 2019) con un discurso “opositor” se presentó como un elemento que permitió repotenciar la figura de Cristina y fue una herramienta para la campaña presidencial de 2019. Los editores coinciden que los libros antikirchneristas venden mejor por el segmento social que compra esos libros.

 

Más allá de la construcción de estos artefactos culturales para distintos públicos, ¿los lectores argentinos están preparados para consumir una lectura política desintencionada de las tendencias sociales y con los intereses puestos en la búsqueda de la verdad y no en un fin meramente lucrativo?

Sí, hacia el final del libro cierro un poco con esa idea. Gran parte de esos libros, de los best seller políticos, se escriben muy rápido. Hay una idea de que es preferible que salga rápido y con menor calidad porque son temas muy coyunturales. Existe la tensión entre el fin comercial y la búsqueda de incidir en una época. Pero también se pueden encontrar obras con un mayor tiempo de elaboración en editoriales de menor tamaño, como la editorial Marea o en la colección especial de Siglo XXI, Singular, que se publicaron varios libros que tienen una relación distinta con la coyuntura y otra pretensión de profundidad, como sucedió con Gabriel Vommaro o Paula Canelo, entre otros. Las editoriales tienen que hacer ese balance entre el tiempo de publicación y la calidad del libro, y esto último puede repercutir en su éxito.

El recinto y la plaza

El recinto y la plaza

El presidente Alberto Fernández abrió el período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Qué dijo el presidente y cómo lo vivieron los manifestantes que se movilizaron en su apoyo.

Cada 1º de marzo, el Presidente de la Nación realiza la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura, dando inicio a un ciclo que se cerrará el 30 de noviembre del mismo año. Con un discurso que rozó casi las dos horas de duración; acompañado por la vicepresidenta Cristina Fernández y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; frente a un recinto con presencia de ministros, jueces, diputados, senadores y figuras de la política local; Alberto Fernández protagonizó la ceremonia número 140 que sucede anualmente en el Congreso de la Nación.

Mientras tanto, en las calles, miles de personas se movilizaron a la plaza del Congreso para brindarle apoyo al máximo gobernante; en su mayoría, agrupadas en el bloque del Frente de Todos. Con mayor presencia se anunció el Movimiento Evita, acompañado por la Juventud Peronista, la UTEP, el Movimiento de Trabajadores Organizados, el SUTEP, la Agrupación 17 de noviembre, el sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias, Barrios de Pie, Pueblo Unido, el Movimiento de Unidad Peronista, la UTEDYC y el Movimiento de Unidad Popular. Quien ya había pronunciado que no asistiría a la marcha fue La Cámpora, lo cual pone en evidencia el marcado distanciamiento que aleja a la agrupación kirchnerista del presidente.

Con voz firme, Fernández recorrió los acontecimientos del último año de gestión, cuyos ejes decisivos fueron la campaña de vacunación y la progresiva recuperación macroeconómica. Un tema central de la exposición fue el anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sobre el cual afirmó: “No resuelve el problema de la deuda externa, pero da un paso importante en esa dirección. Se iniciarán los pagos en 2026 para terminar en 2034”. En este marco ocurrió el momento de mayor tensión dentro del Palacio del Congreso, cuando el mandatario señaló que el inminente acuerdo con el FMI no debería paralizar la investigación judicial sobre la legalidad de la deuda contraída. En ese momento, la reacción del bloque del Pro fue abandonar la Asamblea.

Otro punto destacado del discurso fue acerca del rechazo del presupuesto planteado para el año corriente por parte de la oposición. “Dicen que los peronistas manejamos el Congreso como una escribanía –recordó-, pero lo cierto es que en estos casi cuarenta años de democracia el Congreso Nacional sólo ha dejado sin presupuesto a Cristina en el 2010 y a mí este año”. Sobre esta cuestión se expresó Gabriel, quien asistió de manera individual a la plaza: “Tengo mucha incertidumbre por lo que vaya a pasar porque a la persona que el pueblo elige para pensar en el bien común del país no lo dejan actuar, desde la oposición le ponen trabas constantemente”.

En más de una ocasión, los aplausos de parte de la Asamblea Legislativa interrumpieron el discurso de Alberto Fernández en señal de aprobación, los cuales se vieron replicados en las calles. Sin embargo, el difícil panorama que atraviesa el país en términos socio-económicos no pasa desapercibido para los mismos defensores del gobierno. Una de las asistentes al acto, Claudia del Movimiento Evita, dijo: “La actualidad del país es complicada. Espero que este año las cosas cambien: que haya más trabajo y que mejore la situación para las mujeres y los niños”. Con ella coincidió Laura, trabajadora asociada a la UTEP, quien sostuvo: “No estoy muy conforme; falta mucho trabajo, faltan oportunidades. A mí me gustaría estar trabajando en lugar de estar aquí marchando. Espero que este año haya más salida laboral”.

Anticipando futuras discusiones, el Presidente anunció que no habrá una reforma provisional y tampoco laboral. También, que se acabaron los tarifazos. Sobre los planes sociales, la intención es reconvertirlos en empleo formal para poder comenzar a prescindir de ellos. Acerca de la inflación, se animó a decir que “es el gran problema que tienen los argentinos y las argentinas en este momento” y que será atacada desde todos los frentes.

Mientras el presidente mencionaba las distintas áreas en donde se trabajó y se espera continuar trabajando, la cámara que tomaba las imágenes que en simultáneo eran transmitidas en una pantalla frente a la plaza, enfocaba a los referentes de cada sector: el ministro de la Producción Matías Kulfas, Martín Guzmán su par de Economía, Juan Cabandié por Desarrollo Sostenible, Carla Vizzotti por Salud, Matías Lammens por Turismo, Elizabeth Gómez Alcorta por Género y Diversidad, entre otros.

Para finalizar su presentación, Fernández eligió una cita del escritor Charles Dickens con la que describir de forma poética lo que -en sus palabras- es el momento bisagra que estamos viviendo: “Era el mejor de los tiempos y era el peor de los tiempos; la edad de la sabiduría y también de la locura; la época de las creencias y de la incredulidad; la era de la luz y de las tinieblas; la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación…”. Habrá que ver qué tiempos trae el 2022.

¿Por qué la clandestinidad de las drogas mata?

¿Por qué la clandestinidad de las drogas mata?

Este jueves 10 de febrero la procuración bonaerense confirmó un extraño hallazgo en la cocaína que mató a 24 personas y dejó al menos otros 75 internados. Se trata de carfentanilo,  un opiáceo de uso veterinario inmanejable para el corte de drogas por su potencia y difícil dosificación. “Necesitamos que hablen más los ministros de Salud que los de Seguridad”, dice Emilio Ruchansky, editor adjunto de de THC.
La semana pasada el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, pidió a todos los consumidores de cocaína que descarten las dosis compradas en las últimas 24 horas por una sorpresiva ola de muertes que comenzó en los barrios vulnerables de la zona de San Martín y partidos cercanos. Esas declaraciones pusieron nuevamente en agenda los debates sobre el control de daños y la despenalización de las adicciones, a la que los especialistas llaman “consumos problemáticos». ANCCOM habló con la autora de Narcosur, Cecilia González, el editor de la revista THC, Emilio Ruchansky, y el neurólogo Carlos Magdalena para saber qué hay detrás de los títulos altisonantes.   

La trama de la cocaína adulterada muestra una regularidad: las fuerzas de seguridad siempre eligen primero perejiles para salir del paso,  y en otros casos avanzan sobre figuras ya conocidas como Joaquín “El Paisa” Aquino, al que la bonaerense le habría plantado la droga del caso conocido como “Puerta 8”, según declaró el detenido. Por ahora, la información conocida es que Aquino fue capturado junto a otros siete sospechosos por tenencia armas y unas 15 mil dosis de cocaína con envoltorio similar al de la cocaína adulterada. Según el periodista especializado en drogas Federico Fahsbender, este personaje opera bajo las órdenes de dos capos ahora  presos: Max “Alicho” Alí Alegre y Blas “El Gordo” Gómez. 

Ayer, las pericias publicadas por la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires y la mencionada fuerza policial determinaron que la sustancia presente en ella era carfentanilo, un opioide sintético de acción rápida,  derivado del fentanilo, 20 veces más potente, que se usa como analgésico y sedante en animales de gran porte.

La historia es conocida: al llegar a los hospitales de la Provincia, las víctimas sufrían de dificultad respiratoria y depresión del sistema nervioso central. Tras esta situación, el gobierno de Axel Kicillof emitió un alerta preventivo destinado a los consumidores. Un boliche del barrio “Puerta 8” -pegado al CEAMSE y la Ruta 8-  fue identificado como el punto de venta de la cocaína envenenada.

“El Gobierno provincial hizo bien en tratar de reducir daños y pedirle a los usuarios que no consumieran la cocaína que habían comprado pero el resto fue show: detenciones y operativos para la tribuna”,  afirma Cecilia González, periodista y autora de Narcosur. La sombra del narcotráfico mexicano en la Argentina. “Si no cambian las políticas de drogas todo seguirá igual, o peor”, asegura.

Por otra parte, Emilio Ruchansky, Coordinador del Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis, editor adjunto de la revista THC e integrante del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica (CECCA), señala que la cifra que dio Berni no lo escandaliza ya que las últimas estadísticas disponibles -del 2017- hablan de un consumo de cocaína del 5% y de opioides sin prescripción médica de 6,2%, y agrega que al ser un tema de salud, le interesaría escuchar más a los ministros de Salud que a los de Seguridad. 

Carlos Magdalena, neurólogo infantil, especialista en el uso de cannabis medicinal sostiene que hay que ver lo sucedido con perspectiva histórica ya que no se trata de un hecho aislado y agrega que ”la gente que murió es víctima de un Estado ausente, la falta de políticas públicas y por dejar estos asuntos, sólo en manos de las fuerzas de seguridad”.

Además, sostiene que el consumo de sustancias -legales e ilegales- es algo que todo el mundo hace, pero se tapa: “Se asume que está o se niega. Si ocurre esto último, pasan estas cosas. Cuando el Estado regula, todos estos efectos se minimizan”.

El consumo en números

En el 2019, en nuestro país, el Sedronar publicó que el consumo de sustancias generó 13.182 muertes: el 80,8% fueron generadas por tabaco y el 17,9% por alcohol, todas drogas legales y aceptadas socialmente. Mientras tanto el consumo de estupefacientes causó el 1,1% de los fallecimientos junto al uso indebido de otras sustancias de un 0,2%.

En el mundo, la ONU afirma que las medidas relacionadas al covid-19  aumentaron las crisis económicas y el sentimiento de aislamiento social, y como consecuencia se incrementó el consumo de drogas. Además, prevé que los países de bajos y medios ingresos aumentarán su uso un 43% y un 10% respectivamente, para el 2030; en tanto, los  de altos ingresos disminuirán un 1%.

Argentina, un país de tránsito

“Las categorías de país productor, consumidor o tránsito se han difuminado en todo el mundo por la expansión acelerada del narcotráfico”, explica González, y agrega que la imponen informes internacionales. Por otra parte, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes sigue considerando a Argentina país de tránsito.

A diferencia de nuestro país, “México es país productor de amapola y marihuana, y de tránsito para cocaína que comenzó una supuesta guerra contra el narcotráfico en 2006, provocando como  resultado casi 100 mil desaparecidos, más de 350 mil asesinados, cientos de miles de desplazados y más organizaciones criminales”. Como agravante, explica que comparte frontera con Estados Unidos, que es el país que más consume drogas en todo el mundo y agrega: “Cada país juega diferentes roles, y a nivel global, Argentina está muy lejos de ser un país protagonista. Lo son Estados Unidos, México, Afganistán, Colombia, Perú, Bolivia, incluso Brasil. Uruguay y Portugal por sus  políticas novedosas”. 

Emilio Ruchansky junto a Raúl Zaffaroni.

Despenalizar es visibilizar

La Ley 23.737, sancionada en 1989, dice que tanto la tenencia como el narcotráfico y el tráfico de estupefacientes, son delitos. Los mismos fueron incorporados al Código Penal, endureciendo las penas.

Existe la creencia de que hablar de despenalizar y regular es promover el uso de las drogas y, según los que estudian en profundidad el tema, resulta todo lo contrario. A lo largo de los años, se ha demostrado que la prohibición generó la comercialización ilegal y las convirtió en una mercancía cara. El uso no médico, el uso adulto o recreativo, tiene que ver con una cuestión meramente privada. La despenalización se refiere a la no condena de la tenencia para el consumo personal de una droga. 

“Acá no estamos hablando de posicionamiento morales, sino que estamos viendo un análisis histórico, real, palpable de lo que es la realidad cotidiana desde la humanidad en sus comienzos hasta ahora. Hacer un juzgamiento moral es no entender cómo funcionan las cosas»,  aclara Magdalena.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó a través del fallo Bazterrica (1986) y el fallo Arriola (2009), retomando que penar la tenencia personal es anticonstitucional ya que se viola el artículo 19 de la Constitución Nacional que dice que las conductas privadas que afecten a terceros no son punibles. Por otro lado, cuenta Ruchansky que la ONU, en una visita de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), le ha recomendado a la Argentina que despenalice. “La despenalización es un paso en la dirección correcta hacia la regulación. Se puede regular una droga particular pero no sería correcto, sería discriminatorio porque el Estado tiene que estar ahí para ayudar a la persona que consume”, asegura.

La mirada de los especialistas indica que hoy la legalidad o ilegalidad de una droga no se basa en la peligrosidad de esas sustancias. El alcohol es mucho más peligroso que el cannabis o que la hoja de coca pero hay que reconocer que las sustancias llevadas al mercado negro cambian el escenario.

En este momento, la prohibición, penalización y persecución hace que caigan  “los ladrones de gallinas, el menudeo, los pobres, mientras que las segundas y primeras líneas, no”, explica el neurólogo. “Generar políticas públicas que despenalicen  el consumo de sustancias y las regule es un Derecho Humano”, agrega Magdalena .

La despenalización no es un viva la pepa

Ruchansky explica que ninguna droga lícita o ilícita, puede ser considerada un producto más. “No pueden tener publicidad, promoción y patrocinio. No puede haber acceso irrestricto a eso”. Sostiene que la regulación debe indicar una edad mínima y control sobre la publicidad para no dejar en manos del mercado  “como pasó con el tabaco”. Además destaca que la regulación es muy importante porque “corta el efecto góndola” porque menor cantidad de gente tendría contacto con el mercado clandestino y menor acceso a sustancias más nocivas. También asegura que hoy la policía regula ilegalmente el tráfico de drogas: “No se vende, sin tener un acuerdo con la policía” ya que las drogas le dejan muchísima ganancia en el mercado local. “Las fuerzas de seguridad usan la ley de drogas para meter presos a pibes y a pibas de barrios populares para hacer números porque no se van a investigar a sí mismos”. 

Por su parte,  Magdalena sostiene que hay que entender que las sustancias deben ser reguladas, desde la atenuación del daño y desde el concepto de salud.

En ese sentido, Ruchansky explica que “reducción de daños y riesgos” es una noción con muchos años, impulsada en Países Bajos y Suiza. “Cuando una persona no puede o no quiere dejar de consumir una sustancia, eso no implica que haya que tirarla a la basura. Hay que poder testear una pastilla, saber si tiene éxtasis o no para que la persona la pueda tirar, dar información, dar jeringas a quienes hagan uso inyectable o un kit para esnifar como ha pasado en Rosario hace un tiempo”, para evitar riesgos y daños que conlleva el uso de esa droga. “Es una cuestión humanitaria. Está incluída en la ley de salud mental y adicciones como una estrategia posible y deseable”, concluye Ruchansky.

El Estado atiende cuando quiere

El Estado, en tanto actor principal en este complejo escenario, puede ser una moneda de dos caras: intenta buscar posibles soluciones o profundiza las desigualdades y los problemas. Las imágenes difundidas estos últimos días de policías entrando a barrios vulnerables y derribando puertas, señalan que el enfoque jurídico policial fue el predominante. El consumo de drogas, bajo un prisma que lo reduce a una cuestión de seguridad, queda privado de una observación más amplia y pertinente por parte del Estado. 

La penalización del consumo, amparada por la ley, no sólo criminaliza sino que posibilita otro gran problema: la persecución policial. Esta, suele producirse en barrios carenciados, como si solo en ellos ocurriera el consumo problemático, reproduciendo así una nueva discriminación por parte de las instituciones estatales. Este tipo de intervención, basada en los mismos prejuicios, ilumina sólo a ciertos consumidores y opaca a otros. Tal como plantea José Garriga Zucal, Doctor en Antropología social (UBA), investigador del CONICET y docente de la Universidad Nacional de San Martín, cuando la representación de que un efectivo abordaje del problema es sólo derribar bunkers, y cuando el imaginario del búnker es sólo una casilla en la villa, «no sólo se termina persiguiendo judicialmente a los que consumen sino a los pobres que consumen». 

El caso de estos últimos días con la cocaína adulterada y las trágicas consecuencias, puso nuevamente en la superficie la pregunta sobre el rol del Estado. Pensarlo en términos de ausencias o presencias es algo confuso y equívoco, porque las instituciones estatales, para bien o para mal, siempre están. “Cuando se habla de un Estado ausente es mentira, el Estado está presente con la policía reprimiendo y armando causas a pibes y pibas en los barrios populares”, sostiene Ruchansky. Se trata entonces de asignarle un nuevo papel al Estado, uno que le permita regular de forma legal y en donde la salud pública adquiera una verdadera relevancia en las decisiones y acciones. En este contexto, para Emilio “el Estado debería abrir los hospitales y testear, poner los cromatógrafos a disposición. Actuar rápidamente y tener un sistema de alertas, contacto más fluido con usuarios y usuarias. Por eso hay que abrir la atención. Uno de los principios de la reducción de daños es que el sistema de salud se adapte a los usuarios, no al revés”. De este modo, si el Estado testea “tendría un mapa de las sustancias que están circulando en tiempo real y no cuando se decomisan que ya es tarde”.

Bajo este escenario, se requiere repensar categorías y acciones. En este sentido, para Garriga Zucal “el Estado tiene dos manos, dos formas de intervención: una vinculada a la salud y otra vinculada a la seguridad. Cuando el Estado prioriza la intervención policial ante la problemática del consumo de drogas ilegalizadas, muchas veces, olvida sus otras formas de intervenir. La intervención policial, desde un enfoque de la seguridad, es necesaria, sí. Pero sólo en algunos casos. De poco sirve derribar un bunker si los que consumen van a seguir comprando. Importa, obvio, que a la policía y a la justicia siempre se les escapen los vendedores. Pero lo que más importa es que se reproduzcan los y las consumidores y ese no es un tema de seguridad”.

Sin duda, un enfoque que priorice la salud como forma de intervención, necesita de más Estado y no más policías.

La hambruna del libro

La hambruna del libro

¿Qué son las barreras lectoras? ¿Qué establece el Tratado de Marrakech y cuál es su situación en Argentina? Una ley sin reglamentar que podría mitigar la exclusión.

La Unión Mundial de Ciegos (UMC) representa a los 253 millones de personas ciegas o con deficiencias visuales. Según esa organización, ​más del 90% de los materiales que se publican son inaccesibles para quienes tienen ese tipo de dificultad. Es decir, menos de un 10% se encuentra en condiciones de poder ser aprovechados y disfrutados. ¿Cuáles son los mecanismos de acceso para las personas que tienen otras discapacidades y atraviesan distintas barreras lectoras?  

Virginia Inés Simón es Coordinadora del Observatorio del Tratado de Marrakech  (TM)  en América Latina y forma parte de la Red Iberoamericana de Expertos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otras actividades. De acuerdo con Simón, “las brechas de acceso a la lectura, la «hambruna del libro», no está en la condición de discapacidad de las personas, sino en las barreras de accesibilidad que ellas atraviesan.  

¿Esto qué significa? Gabriela Troiano, ex diputada nacional del Partido Socialista, agrimensora y docente en la Universidad Nacional de La Plata, lo explica: “Cuando quedé con discapacidad visual tuve que aprender a escanear los libros que necesitaba, pasarlos por OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres, por su traducción del inglés), todo el procedimiento para hacer accesible un texto, que lleva muchísimo tiempo. En ese momento no había una Comisión de Discapacidad dentro de la Universidad, menos en la Facultad de Ingeniería, todo era muy a pulmón. Me tuve que comprar un escáner, que lo costeé con mis recursos, con el esfuerzo familiar, y así pude mantener mi actividad”.  

Las barreras lectoras son múltiples, señala Troiano. Por ejemplo, si una persona sorda no tiene un docente que le hable claro y de frente para leer sus labios, necesita acceder al material de lectura a través de un videolibro en lengua de señas. Otro caso, una persona con discapacidad intelectual no puede ejercer el acto “convencional de lectura”, sino que necesita de un texto de lectura fácil que brinde un sistema de escritura adaptado. 

Tratado de Marrakech

Ante la diversidad de situaciones y necesidades, el TM surgió para intentar cambiar estas realidades. Fue adoptado el 27 de junio de 2013, en Marrakech (Marruecos), y forma parte de un cuerpo de tratados internacionales sobre derechos de autor administrados por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). El objetivo principal es crear un conjunto de limitaciones y excepciones obligatorias, en beneficio de las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso.  

Este tratado internacional multilateral requirió la firma de 20 países para su entrada en vigor, lo cual ocurrió el 30 de septiembre de 2016, con la adhesión de Canadá. En la actualidad, hay 61 países contratantes en todo el mundo. En América Latina, ya lo suscribieron Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Perú. Allí se establece que las leyes nacionales deben permitir que los beneficiarios, las bibliotecas y otras organizaciones puedan hacer y distribuir copias accesibles, sin la necesidad de pedir permiso a los titulares de derechos cuando éstas no se encuentran disponibles en el mercado. El TM convierte en legal la distribución, es decir, el envío y recibo de documentos accesibles entre países a través del intercambio transfronterizo.  

¿Quiénes son los beneficiarios del TM? Aquellos que padecen distintas discapacidades que interfieren con la eficacia de la lectura de material impreso. “Se contemplan aquellos con discapacidades intelectuales, neuro divergencias”, explica Simón. “Podemos hablar de esclerosis lateral amiotrófica, autismo, síndrome de down, dislexias. Cualquier discapacidad que implique no poder ejercer el acto «convencional de la lectura»: sostener un libro con las manos, pasar la hoja”, agrega. La especialista destaca que el TM se convierte en una herramienta para cumplir los derechos consagrados en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), porque garantiza el acceso a la lectura en el marco de la educación inclusiva. En este sentido, se habla del derecho a la lectura convencional a través de dispositivos de lectura fácil, procesos de acceso a la información independientes del soporte digital, subtítulos, formato Daisy (Sistema de Información Digital Accesible), narración oral o interpretaciones en lengua de señas.  

Por su lado, las “entidades autorizadas” son aquellas reconocidas por el gobierno para proporcionar a los beneficiarios educación, formación pedagógica, lectura adaptada o acceso a la información, sin ánimo de lucro. Bajo este concepto quedan comprendidas todas las bibliotecas, centros de información, academias o instituciones que trabajan en servicios de acceso a la información. Una de sus obligaciones es “determinar -advierte Simón- que las personas a las que sirven son beneficiarios, prestar servicios únicamente a esas personas, desalentar la utilización indebida de los ejemplares y ejercer la «diligencia debida» en el uso de los ejemplares de las obras”. Asimismo, son las encargadas de realizar el intercambio transfronterizo.  

El rol de las bibliotecas como entidades autorizadas es central. Continúa Simón: “Su labor misional es brindar acceso democrático a la información para todas las personas, con o sin discapacidad. A través del TM son fuente de acceso a más derechos”. Por otra parte, Troiano destaca que: “Están en cada rincón del país. Es el lugar más cercano a la persona con discapacidad, y no está librado al poder económico que ella tenga, si tiene o no celular o computadora. La biblioteca está disponible para todos en igualdad de condiciones”. 

¿Qué pasa en Argentina?

Se aprobó el 3 de diciembre de 2014, fue ratificado el 15 de abril de 2015, y entró en vigor -como se señaló- el 30 de septiembre de 2016. Al igual que en todos los países parte, la implementación se encuentra determinada por los cambios legislativos en materia de Propiedad Intelectual a nivel local, para hacer vinculantes las disposiciones contenidas en el tratado.  

El 16 de diciembre de 2020 se promulgó y publicó en el Boletín Oficial la Ley Nº 27588 que modifica la Ley de Propiedad Intelectual Nº 11723. “La modificación del artículo 36 implica el alcance amplio en el concepto de personas beneficiarias. Se incluye a quienes tienen discapacidades sensoriales, auditivas, es decir, alude a personas con discapacidades que transitan barreras lectoras. Además, se regula el intercambio transfronterizo. Significa que en nuestro país, cualquier entidad autorizada, puede intercambiar obras con formato adaptado con otras entidades autorizadas en otros países que también implementan el tratado”, cuenta Simón.  

Actualmente, las entidades autorizadas pueden adaptar textos sin infringir derechos de autor y las personas beneficiarias pueden ver disminuidas sus brechas de acceso a la información. Sin embargo, esto requiere de la regulación del repertorio nacional, a cargo de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, y que el registro de entidades autorizadas sea voluntario y no obligatorio, regulado por la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA). “Aquí no hay una acción de observancia para determinar si efectivamente se reduce la hambruna del libro”, destaca Simón. Así, la DNDA aún tiene pendiente la reglamentación de la ley, la cual estipula de qué manera se van a llevar a cabo ciertas disposiciones contenidas en la norma.  

“Con un espíritu crítico, mientras cuento cuántos países latinoamericanos implementan el tratado, pregunto: ¿Realmente se está disminuyendo la hambruna del libro que experimentan las personas con discapacidades que transitan barreras lectoras?”, aventura Simón. Troiano, como una persona beneficiaria del TM, responde: “No tenemos beneficios tangibles y diferenciales de cómo veníamos antes. Al no reglamentarse la ley, no se están produciendo formatos accesibles, no se está pudiendo hacer el intercambio transfronterizo, porque hay países que requieren de muchas autorizaciones, como la certificación internacional de discapacidad. Lo que establece el tratado debe tener un criterio bien amplio, porque sino terminas obstruyendo el acceso a los materiales accesibles”.

Un modelo social

“Está centrado en un cambio de paradigma, en donde la discapacidad no es de la persona, sino que es una cuestión social”, afirma Troiano. Para incluir a todos los ciudadanos, la sociedad debe cambiar. A partir de este modelo transformador, las personas con y sin discapacidad deben tener las mismas oportunidades en igualdad de condiciones. De acuerdo con la ex diputada, el TM es un elemento esencial para cumplir con los derechos y obligaciones de la persona establecidos en la CDPD. 

El Modelo Social de Discapacidad (MSD) puede incluir a todos. Simón explica con dos ejemplos: “Pensemos en una biblioteca escolar. Hay compañeras y compañeros docentes que adaptan libros de cuentos convencionales, los pasan a un compact y los generan al braille con un punzón. Así, niños y niñas con y sin discapacidad visual comparten el mismo cuento, al mismo tiempo. Otro ejemplo, los videolibros en lengua de señas permiten que niños y niñas con discapacidad auditiva, accedan a los dispositivos de narración oral en igualdad de condiciones, al mismo tiempo, con niños y niñas sin discapacidad. A través de la narración oral, se cumple con la alfabetización informacional en la primera infancia como mecanismo imprescindible para el desarrollo lector en la niñez. Hay igualación de derechos y equiparación de oportunidades”.  

Troiano remarca que el Estado debe hacerse responsable de las cuestiones de acceso, y  agrega: “Si nosotros no tenemos una cartilla escrita en braille, o los mismos prospectos de los medicamentos, uno no puede ni decidir, ni tener una vida autónoma e independiente si no hay algunas cuestiones de accesibilidad que no están resueltas”. Las discapacidades dejan de existir si se eliminan las barreras, concluye.  

De acuerdo con las especialistas, se han registrado avances en términos de accesibilidad lectora para personas con discapacidad. Sin embargo, aún queda un largo trayecto por recorrer. La efectiva implementación del TM en Argentina es un pendiente para garantizar el derecho de acceso a la información en igualdad de condiciones para personas con y sin discapacidad, y así poder reducir la hambruna del libro. 

 

Un cuerpo argentino y federal

Un cuerpo argentino y federal

¿Cómo es el estudio antropométrico que se realiza en todo el país para poder implementar la Ley de Talles?

Es el centro neurálgico de la ciudad de Morón, hay vendedores ambulantes; olor a comida chatarra; padres y madres buscando sus niños en el colegio; gente corriendo porque suena la barrera de la estación y el tren se les va; la catedral descansa justo enfrente del edificio municipal y al lado de una estatua de San Martín, plantada en el medio de la plaza, hay niños jugando a la pelota. 

Nadie imaginaría posible estar en ropa interior justo en el medio de ese caos de un viernes al mediodía.

-¿Qué es lo que hacen ahí? – Una mujer le pregunta a otra que acaba de salir de un container puesto en el medio de la plaza central que funciona de frontera entre lo que pasa adentro y afuera.

-Es el Estudio Antropométrico Argentino, lo podes hacer ahora si querés.

¿Pero te tenés que quedar en ropa interior?

Si, pero no pasa nada. Nadie te ve. Deberías ir, esta bueno porque es para una buena causa.

– Bueno, voy a hacer unas compras y veo ¡gracias!

“El primer relevamiento federal de la morfología y las medidas de los cuerpos argentinos”, dicta el folleto que viene dentro de la bolsa que brindan como souvenir. El Estudio Antropométrico Argentino (EAAr) se realiza para cumplimentar la Ley N° 27521, más conocida como la Ley de talles, aprobada en diciembre 2019 y reglamentada dos años más tarde, en mayo pasado, con el decreto 375/2021. El principal objetivo de este estudio es alimentar, a través del relevamiento morfológico por rango etario, género y región, al Sistema Único Normalizado de identificación de Talles de Indumentaria (SUNITI). Este será el encargado de garantizar un sistema de talles que deberán usar todos los comerciantes y fabricantes de indumentaria, incluyendo zapatos y ropa de trabajo. 

Adentro del cubículo te reciben con amabilidad, el lugar parece un consultorio médico del futuro. Al costado izquierdo está la balanza con el tallímetro, en el derecho se encuentra el sensor y detrás de la cortina negra, la gente que lo maneja. Hay que desvestirse, atarse el pelo bien tirante para evitar confundir al sensor, pesarse, medirse y colocarse erguidamente dentro del aparato y esperar el “Listo” de las personas detrás de la cortina. En solo quince segundos, las 16 cámaras infrarrojas son capaces de realizar 400 mediciones en un solo escaneo.

– ¿Tenes algún problema de salud?

– ¿Consideras que tu alimentación es saludable?

– ¿Haces deporte? ¿Con qué frecuencia?

– ¿Conseguís ropa habituada a tu talle? ¿Y calzado?

– ¿Tenés casa propia, alquilada o prestada?

– ¿En cuál de estos rangos se encuentran los ingresos de todas las personas de tu casa? 

Estas y otras preguntas forman parte de la entrevista que hacen en una carpa, justo al lado del container, y que es necesaria antes de hacer el estudio. Los datos recogidos a través de esta entrevista y de las mediciones formarán parte de la primera base de datos nacional de medidas antropométricas (que se renovará cada diez años), creada por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, más conocido como INTI. “Este es un proyecto importantísimo en muchos aspectos, principalmente para establecer parámetros de medida para cada talle porque en nuestro país está la Ley de Talles, pero no dice cuánto tiene que medir cada talle”, subraya Andrea, la entrevistadora y empleada del INTI que trabaja en el sector de textiles. “No pertenezco al proyecto, pero ayudo porque me parece muy importante”, agrega. 

En Argentina se cuenta con dos de estos escáneres de alta complejidad. Actualmente uno se encuentra en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina, más precisamente. Mientras que el otro tiene como destino la ciudad de Neuquén. El objetivo es llegar a las 6.500 personas escaneadas a lo largo y ancho de país haciendo posible un estudio morfológico federal que permitirá sacar parámetros desde los cuerpos norteños a los patagónicos. Y, con esta información, que todos y todas las argentinas puedan conseguir ropa acorde a las características de cada cuerpo.