Debate artificial en el Congreso de la Nación

Debate artificial en el Congreso de la Nación

El diputado radical Rodrigo De Loredo pronunció un discurso escrito por un programa de Inteligencia Artificial. El legislador no quiso hablar con ANCCOM, pero sí lo hicieron dos especialistas que dilucidan el vínculo entre tecnología y política.

 En el Congreso de la Nación se presentó una nueva variante en la redacción de un discurso: la inteligencia artificial. El diputado Rodrigo De Loredo del Bloque Evolución Radical leyó un texto  con la finalidad de demostrar por qué los gobiernos «populistas» podrían desear controlar los poderes judiciales en sus Estados. Al finalizar su presentación, aclaró que no lo había escrito él, sino que era el resultado arrojado por el chat GTP-3, una herramienta de inteligencia artificial de Open AI.

 El primer discurso elaborado en el Congreso de la Nación por un programa de IA se escuchó en la Comisión de Juicio Político, donde se debatía la admisibilidad de los expedientes contra los integrantes de la Corte Suprema. Para argumentar a favor de los magistrados, el diputado cordobés optó por hacer uso de la herramienta informática y, según compartió en su cuenta de Twitter, le escribió: “decime un discurso político sobre el motivo de por qué los gobiernos populistas avanzan sobre el poder judicial”. Al terminar la lectura del texto que el chat GTP-3 redactó por él (¿no quería trabajar?), sostuvo: “Esto es el futuro, presidenta. Nos depara una inmensa cantidad de incertidumbres de lo qué vendrá, pero pareciera ser que el futuro, a ustedes, les tiene picado el boleto”. El diputado prefirió no responder al llamado de ANCCOM para dialogar sobre el tema. Tampoco ofreció la posibilidad que GTP-3· responda por él.

 “Lo de Rodrigo De Loredo fue una payasada”, afirmó Enrique Chaparro, especialista en seguridad de los sistemas de información. Según confirma, el Chat GTP-3 puede inventar fuentes, “si repasamos toda la literatura científica, hay una porción pequeña que está inventada, a veces porque los autores lo hicieron a propósito como una trampa o una broma hacia emisores o colegas”. De esta forma, Chaparro concluye que esta herramienta no tiene la capacidad de distinguir esas ironías o sarcasmos, por lo que acaba tomándolas como certezas e “inventa cosas”.

 “En los campos como son los de la política, donde se discuten ideas con evidencias y que tratan de posiciones respecto a cómo se quiere que sea el mundo en el futuro, es utópico pensar que un sistema de inteligencia artificial pueda resolverlo, lo que va a hacer es revestir de un barniz de verdad”, sostiene el especialista. Chaparro asegura que son posiciones que pueden poner, incorrectamente, a la inteligencia artificial como un agente de verdad absoluta. 

Por estas razones, Chaparro concluye diciendo que “la tecnología es política y expresa ideología”, desmintiendo visiones que postulan que estas herramientas no poseen sesgos y son imparciales. “La tecnología sirve a propósitos determinados, la neutralidad tecnológica es un mito”, asegura el especialista.

 Pablo Martín Fernandez, ex editor en InfoTechnology, actualmente en director ejecutivo y periodístico de Chequeado, comenta que esta herramienta informática “es una interfaz en el cual uno le pregunta cosas a una inteligencia artificial y esta responde de forma articulada, parecido a una persona”. Confirma que también se le puede pedir que haga cosas nuevas, como que escriba distintos tipos de textos.

 En cuanto al uso o imparcialidad de esta tecnología, Fernández asegura que “el problema es que no se sabe a qué información accede”. Al no transparentarse el tipo de fuentes que utiliza para brindar respuestas a sus usuarios, se construye una dificultad para reconocer los sesgos a los que podría verse sometida la inteligencia artificial. Fernández concluye que “la tecnología es política y sesgada. Está construida por organizaciones, personas y empresas”.

Por su parte, la página oficial de Chat GTP-3 admite que esta herramienta tiene limitaciones. Confirma que puede generar información incorrecta, producir instrucciones dañinas y contenido sesgado, reconociendo una limitación de conocimientos del mundo y de eventos luego del año 2021.

“La tecnología es desarrollada y utilizada por seres humanos, y como tal, puede estar influenciada por las perspectivas, valores y prejuicios de quienes la crean y la utilizan”, escribió el Chat GTP-3 ante una consulta de ANCCOM.

Al consultar con el mismo chat de inteligencia artificial si la tecnología puede ser objetiva, la herramienta lanzó una negativa, justificándose en que “la tecnología es desarrollada y utilizada por seres humanos, y como tal, puede estar influenciada por las perspectivas, valores y prejuicios de quienes la crean y la utilizan”. 

Cuando se preguntó al chat GTP-3 si se puede utilizar para discursos que se presentan en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, la herramienta confirmó que si bien tiene la capacidad de generar textos, “es importante tener en cuenta que el uso de este tipo de tecnología en la creación de discursos políticos puede plantear ciertas preocupaciones éticas y legales, especialmente si se utilizan para crear discursos engañosos o manipulativos”. 

 Esto propone repensar los propósitos con los cuales se puede usar la tecnología, ya que esta no brinda ideas imparciales y verdaderas, sino que responde a las intenciones de búsqueda de sus usuarios.

 Cabe señalar que detrás el Chat GTP-3, elegido por el diputado De Loredo, existe (entre otros desarrollos paralelos) una historia de poderosos para su diseño. Entre sus principales fundadores se encuentran Elon Musk y Sam Altman, siendo el primero el actual dueño de Twitter y el responsable de echar a casi la mitad de su personal. Al mismo tiempo, Musk está siendo vigilado por toda Sudamérica al insistir en intervenir países del tercer mundo para obtener recursos naturales como el litio; esto mismo sucedió cuando el influyente digital promovió el golpe de Bolivia y fue denunciado por Evo Morales en la misma plataforma.

 En otras palabras, el discurso del diputado De Loredo habría sido escrito por un sistema informático financiado por el grupo de personas más influyentes del mundo digital. Sus principios centrados en las ganancias y no en los derechos humanos y políticos, obliga a repensar la democracia y que hacen los representantes del pueblo justo a 40 años de su retorno. 

¿Sequía o ecocidio?

¿Sequía o ecocidio?

Tres especialistas analizan el creciente fenómeno de las sequías bajo perspectivas que escapan al dominante enfoque de la merma de la renta agropecuaria: contaminación, desmontes, aumento global de la temperatura, lagunas que desaparecen, incendios, destrucción de ecosistemas. “Nuestra casa está en llamas”, advierten los activistas.

Las sequías fueron noticia en todo lo que va del año, aunque para muchos no sean noticia en un sentido más sustancial. Que siempre las hubo, dicen. Cuando los grandes portales de noticias hablan sobre ellas, lo que salta directamente a la vista es cómo la escasez de agua golpea a la producción agropecuaria, cómo amenaza al PBI, cómo parece ir a reducir las exportaciones y a desmoronar el rendimiento económico agrícola y ganadero.

Cuando el Estado habla sobre la sequía, cosa que estuvo haciendo, y mucho, anuncia respuestas: subsidios, beneficios crediticios y otras medidas para compensar la pérdida de ganancias que genera la falta de agua. Pero, parece, la falta de agua hace otras cosas, y tiene razones más profundas que el fenómeno de La Niña o el simple “siempre pasó”.

El fenómeno de La Niña nos antecede y es un fenómeno “natural, por así decirlo”. Eso el activista ambiental César Massi lo sabe muy bien. Pero “una cosa es una Niña hace un montón de años y otra cosa es la Niña ahora con un terreno mucho más degradado, con incendios, con desmonte, con otro tipo de temperatura, porque ahora la temperatura es claramente más elevada, el planeta se va calentando. Así que el efecto de la sequía obviamente se va magnificando”, explica.

En la misma línea, el sociólogo José Seoane aporta que “aunque aparentemente son fenómenos que tienen una historia anterior, hay una intensificación de ellos en un contexto de elevación de la temperatura global”. En términos prácticos, lo que nos está pasando parece ser idéntico a lo que dice la frase que repiten cada vez más activistas: “Nuestra casa está en llamas”.

En el norte de Santa Fe, como seguramente en muchas otras partes del país, las vacas se mueren bajo el sol, tiradas por el campo, de hambre o de sed, después de intentar beber lo que deja el goteo de los camiones que transportan agua limpia. Pérdida de ganado, le llaman. La vegetación se seca, la diversidad de la flora amenaza con desaparecer. “Los pastizales no alcanzan a cumplir su ciclo biológico”, alertan desde el INTA. Las lagunas El Palmar y El Cristal, reservorios de vida de animales y plantas, desaparecieron por completo, al igual que muchos otros cuerpos de agua en todas partes.

“En algunos casos es un daño que a veces no se revierte, porque las poblaciones de algunos peces son escasas, las de otros animales también. En los bajos submeridionales hay especies en extinción que dependen de lagunas que hoy están secas hace tres años”, advierte Massi.

Mientras tanto, en Corrientes ya ardieron miles de hectáreas por los incendios que comprometen a los Esteros del Iberá y la provincia está en situación de sequía extrema. Otro tanto pasa en Salta, donde los habitantes de Tartagal viven sin agua potable hace semanas, con temperaturas que muchas veces superan los 40 grados. La sequía golpea a casi todas las provincias del país mientras se multiplican los incendios forestales como el que consume al Parque Nacional Los Alerces. Y no es sólo acá, es en todo el mundo, porque el calentamiento global es precisamente eso: un fenómeno global que no tiene nada de natural ni de accidental.

¿Por qué hay sequía?

“La sequía que viven Argentina y otras partes de América Latina hoy se reproduce en las sequías dramáticas que atraviesan particularmente el cuerno del África, con una hambruna y una amenaza de la muerte de miles de personas, y con sequías similares que están aconteciendo en China. Es un fenómeno global que está vinculado al cambio climático, que justamente lo que supone es una elevación de la temperatura de la Tierra y la intensificación de los fenómenos meteorológicos”, explica Seoane.

El sociólogo recuerda que el “incremento sostenido de la temperatura mundial” que se intensificó en las últimas décadas tiene dos razones principales: “Una es la emisión de gases de efecto invernadero, particularmente el dióxido de carbono vinculado al uso de los combustibles fósiles, pero la otra es la destrucción de las selvas y los bosques nativos que son la forma natural que tiene el planeta para reatrapar este dióxido de carbono y transformarlo en oxígeno”.

A continuación, Seoane enumera una serie de datos que estuvo revisando previo a la conversación: “El propio Ministerio de Ambiente reconoce que entre 1998 y 2020 se deforestaron siete millones de hectáreas en la Argentina. Un informe reciente de la FAO ubica a la Argentina entre los países con mayor deforestación entre 1990 y 2015. Una ONG ambientalista refiere que en el noroeste argentino se han deforestado más de 110 mil hectáreas en 2021”, pasando por encima de la siempre ignorada Ley de Bosques.

Aunque ya suena a información repetida, la realidad detrás de estas estadísticas es menos abstracta de lo que podrían sonar un par de números: “La destrucción de los bosques y selvas nativos es una de las principales contribuciones al cambio climático”, resume Seoane. Estas son “las causas reales” de la destrucción que atestiguamos.

“La sequía puede ser circunstancial, a lo mejor el año que viene tenemos Niño y nos sobra el agua”, agrega Massi. “Pero la relación de nuestra forma de producir y consumir con lo que le pasa al planeta es total, sobre todo en América Latina”, donde la deforestación es una constante.

“Los bajos submeridionales han sido canalizados, tienen una red extensa de canales que hoy se están llevando la poca agua de napa que hay, por ejemplo, con una idea fantasiosa de poder duplicar la carga ganadera”, ilustra el activista para señalar la estrecha relación que existe entre nuestro modelo de consumo y la crisis climática. “Las sequías y las inundaciones son circunstanciales, pero la crisis climática está patente entre nosotros”, asegura.

Malena Blanco, cofundadora de Voicot, organización defensora de los animales, se refiere al papel protagónico que tiene el sistema de producción de alimentos en el cambio climático: “La sequía que está padeciendo gran parte de la Argentina está relacionada a la producción agrícola, a la forma en la que se produce en este planeta”.

Blanco explica, a grandes rasgos, que este modelo sacrifica la biodiversidad para dar paso a los “cultivos de soja que están destinados a alimentar al ganado”, con lo cual “se genera un avance hacia el calentamiento global y eso hace que estemos como estamos”. Para la activista, “las sequías están completamente relacionadas” con las mismas personas cuyas ganancias el Estado pretende proteger con sus “soluciones” y sus compensaciones económicas: los empresarios agrícolas y ganaderos.

La muerte de animales y de vegetación, el grave daño en la salud de un montón de comunidades que tienen que vivir los días más calurosos en los últimos tiempos muriendo de sed y el deterioro irreversible del lugar en el que todos vivimos son realidades que no agotan sus causas en la carencia de agua. Malena Blanco asegura que, aunque esta sequía no nos hubiera golpeado, nuestro problema, en lo sustancial, seguiría siendo el mismo: “El sistema está manejado por humanos que se creen por fuera de toda la naturaleza”.

Blanco ilustra su punto refiriéndose a los animales muertos por falta de agua: en este caso, “en vez de ser el cuchillo cortando la garganta, o el mazazo en la nuca, o el perno cautivo”, la razón de la muerte es la sed: “Los animales, en vez de morir en los mataderos, mueren de sed en el campo”.

“La mayor cantidad de los mamíferos de la Tierra son justamente animales de granja. La biodiversidad y los animales salvajes desaparecen al mismo ritmo al que crece la ganadería: mientras más humanos haya en la Tierra hay más repetición de este mismo sistema que ofrece este tipo de producción y este tipo de comida, este tipo de deseos”, evalúa Blanco.

La cofundadora de Voicot explica que “el sistema de producción necesita ser rápido y barato, y que “por eso se crían un montón de animales que son matados de una forma muy de fábrica, uno tras otro”, como “cosas desarmándose en un matadero” en el marco de una “cosificación total”. Para alimentar a esos animales sacrificados en masa, hace falta grano. “Y para cosechar ese grano, este sistema necesita espacio. Y para tener ese espacio, este sistema necesita talar. Y talan bosques, queman humedales, que son unos grandes colaboradores del equilibrio en el planeta Tierra, junto con los mares”, expone la activista, y concluye: “Los destruyen para plantar en su gran mayoría soja, en la Argentina el 80% de la soja está destinada a alimentar al ganado”.

«En algún momento tiene que caer la ficha de que esto es sistémico: va a llegar el tiempo en que no van a alcanzar los recursos para subsidiar a todo el mundo que pierda su producción por los efectos del clima», dice Massi.

El papel del Estado

Los anuncios de “medidas de alivio” de parte del Estado tienen el mismo espíritu que sus cantos al “desarrollo” y el “progreso”: la prioridad siguen siendo, entre otras cosas similares, el crecimiento del PBI, el volumen de las exportaciones y el cumplimiento de las metas del FMI. Es decir, el sostén y fortalecimiento del mismo modelo productivo.

“En el contexto de la crisis económica que padecemos se suele enarbolar, incluso por diferentes gobiernos de distintos signos, la salida extractivista como la gran solución a los problemas de la Argentina”, recuerda Seoane. “Y la salida extractivista no sólo no garantiza una mejora en el nivel de vida de la población, sino todo lo contrario: además es factor central del deterioro socioambiental”, completa antes de concluir que “sin duda hay que pensar las alternativas en otra dirección”.

Antecedentes y proyectos reales tenemos: “Las propias organizaciones que son numerosas e importantes, de la agricultura familiar, de lo que se llama hoy la economía popular, incluso de los técnicos y científicos que trabajan vinculados a estas problemáticas, de los campesinos, de los movimientos indígenas, todas estas organizaciones han planteado propuestas alternativas para construir un camino de salida frente a esta lógica extractivista”, ejemplifica el sociólogo.

Para él, la política “compensatoria” del Estado es necesaria para los pequeños productores, la economía familiar y la agricultura campesina, de muy bajos recursos. Sin embargo, se trata de “una respuesta parcial” y es necesario “avanzar en una normativa socioambiental efectiva que controle las causas que inciden sobre el cambio climático y la elevación de las temperaturas”.

Por su parte, Massi tampoco cree que la sequía “se pueda solucionar con parches, porque los daños de la crisis climática cada vez van a ser más evidentes y en algún momento tiene que caer la ficha de que esto es sistémico: en algún momento no van a alcanzar los recursos para subsidiar a todo el mundo que pierde su producción por los efectos del clima”.

En cambio, “lo que sí serviría es sentarse a discutir cuáles van a ser las condiciones de producción, cuál es el panorama climático a largo plazo, si es que se puede predecir, y empezar a buscar algunas soluciones como por ejemplo protegerse del viento, hacer cortinas, gestionar mejor el agua”, propone el ambientalista.

“Tenemos que ser consecuentes con ese mundo que queremos”, reflexiona, finalmente, Malena Blanco. “¿Yo estoy creando con mis acciones ese mundo?”, se cuestiona a modo de conclusión, no sin antes remarcar que la respuesta a esa pregunta tendrá que ser una construcción colectiva.

Nuevas herramientas contra el ciberdelito

Nuevas herramientas contra el ciberdelito

A seis años de sumarse a la Convención de Budapest, Argentina firmó el Segundo Protocolo Adicional del convenio para mejorar las herramientas de investigación del ciberdelito. El peligro de las “cuentas zombies” y otras trampas que debemos conocer.

El ciberdelito aumentó en la Argentina y las entidades financieras se vieron vulneradas en más de una ocasión. A seis años de integrar el principal acuerdo global para combatir la ciberdelincuencia, este 16 de febrero de 2023 se firmó la adhesión de la Argentina al Segundo Protocolo Adicional del Convenio de Budapest de la Unión Europea. De esta forma, se avanza en materia legal para prevenir tanto el lavado de dinero como las estafas que afectan a los usuarios, quienes ven corrompidas sus claves de acceso y son noticia a diario. En diálogo con Anccom, Marcos Salt, abogado especializado en asuntos penales y Andrés Piazza, Director del Instituto de Desarrollo Digital de Latinoamérica y el Caribe, abogado y consultor, explican los alcances de la legislación argentina y el crecimiento exponencial del delito informático.

Las modalidades de ciberdelito se diversifican con el paso del tiempo y cada vez más personas son víctimas de estafas, a veces sin enterarse. En el mundo digital los factores de verificación no alcanzan para cubrir en su totalidad la seguridad de los datos. Así sucedió con el caso de un individuo en La Plata, quien buscó construir una casa propia y solicitó un crédito Procrear  por la suma de $5.300.000. Luego de hacer pagos por el terreno, depositó el sobrante de dinero en una cuenta del Banco Hipotecario. Tras dejar cargando unas horas el celular, el usuario de la aplicación móvil del banco volvió a ingresar en su cuenta y descubrió que el mismo día se le había sustraído $2.780.000, sin mediar ninguna situación de robo de datos, ni phishing (suplantación de identidad, por su traducción). 

Once meses de mediaciones con la entidad bancaria le llevaron a la jueza María Cecilia Tanco tomar la decisión, que llegó el pasado 19 de noviembre de 2022, cuya sentencia ordenó responder por el valor de las las cuotas robadas a la víctima, permitiéndole mantener ese préstamo y no afectando negativamente su economía y la de su entorno familiar.

Este caso dejó una importante jurisprudencia donde la justicia falló a favor del usuario. 

A su vez, en la Argentina la ley de delitos informáticos modifica la ley del Código Penal y se adecúa a los estándares internacionales propuestos por  la Convención de Budapest, el primer instrumento internacional que trata de manera específica aspectos relacionados con el ciberdelito, al cual adscribe la Argentina desde el año 2017, mediante la Ley 27.411.

Este 16 de febrero de 2023, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, firmó la adhesión de la Argentina al Segundo Protocolo Adicional del Convenio de Budapest de la Unión Europea. Esta herramienta permitirá reducir el tiempo de las investigaciones de los ciberdelitos.

En diálogo con Anccom poco antes de la ratificación de este nuevo instrumento, Marcos Salt, abogado especializado en asuntos penales y consultor del Consejo de Europa en proyectos vinculados a la problemática de los delitos informáticos y obtención de evidencia digital en procesos penales, señaló que la Argentina tiene un atraso importante en la legislación procesal. En esta se contempla principalmente a la prueba física, pero “todo el sistema penal, no solamente los delitos informáticos, requieren de prueba digital o prueba obtenida en entornos digitales”, afirmó Salt. 

El estudio de casos de ciberdelitos se complejiza tras no contar con una legislación que acompañe adecuadamente la investigación de la prueba. “Se trabajan por analogía las normas pensadas para la prueba física. Obliga al sistema penal, a jueces, fiscales y abogados a imaginar e interpretar esas normas que han quedado desactualizadas”, explicó. 

En este proceso la eficacia de las investigaciones y las garantías individuales se ven afectadas, “porque tenemos la posibilidad de que el Estado, en su afán de investigar, empiece a llevarse puestas garantías individuales, haciendo que las investigaciones se metan demasiado en la intimidad, más allá de lo que debería estar permitido para la investigación de un delito”, enfatizó el abogado.

Refiriéndose a los delitos, Salt sostiene que “el delito se muda hacia el lugar donde es más sencillo y más fácil. No solo por su lugar de comisión, sino también para encubrir su accionar”. La complejidad para comprender la prueba digital todavía supone un problema en el desarrollo de una investigación. 

Sobre la firma del Segundo Protocolo Adicional del Convenio de Budapest, Marcos Salt compartió en su Twitter que se trata de un “Gran paso para mejorar las herramientas de cooperación internacional para persecución del ciberdelito y obtención de prueba digital en extraña jurisdicción”.

Con respecto a los fraudes informáticos que suponen una afección a la privacidad de los datos y a la propiedad financiera de los usuarios, el Director del Instituto de Desarrollo Digital de Latinoamérica y el Caribe, abogado y consultor Andres Piazza

afirma que los estafadores “son entidades u organizaciones criminales sofisticadas. Van probando, con que acierten un 5% de los 20 que tratan de estafar por día, ya tienen éxito”, confirmando que el ciberdelito crece en complejidad y volumen. Además, el abogado reflexiona: “hay más necesidades de incrementar las capacidades públicas y privadas para la prevención. Porque no solamente es ley, si no que es política de seguridad de la información”. 

Andres Piazza también destaca que “falta bastante desarrollo en las capacidades organizacionales de las propias empresas y de las instituciones financieras”, confirmando que aún poseen falencias a resolver. El abogado llama la atención sobre el peligro de las “cuentas zombies”, que son aquellas que muchos usuarios dejan olvidadas y sin uso. En diálogo con Anccom, asegura que están recibiendo muchos casos en donde algunos estafadores sacan un crédito o realizan transferencias hacia una segunda cuenta que es de otro estafado, alguien a quien le tomaron el control de la cuenta para usarla de zombie.

 

Con respecto a estos casos, Piazza asegura que se podría encontrar el origen, porque se puede ver la transacción financiera, pero que “para las instituciones financieras suele ser más complejo saldar el problema, por lo que simplemente indemnizan al cliente”. 

 

Dentro del ciberdelito se contemplan “estafas, robos de datos personales, de información comercial estratégica, suplantación de identidad, fraudes informáticos, ataques como cyberbulling, grooming, phishing cometidos por ciberdelincuentes que actúan en grupos o trabajan solos”, como lo presenta el Ministerio de Justicia y Desarrollo Humano. En el caso de los fraudes financieros y sustracción de bienes económicos, Andrés Piazza enfatiza que “la ley debería tener mejor instrumentado el sistema de la cadena de responsabilidades y las formas de hacer valer reclamos”.

 

Con la nueva firma del Segundo Protocolo Adicional del Convenio de Budapest, se propone mejorar en la cooperación internacional, facilitar la provisión de pruebas electrónicas y establecer medios eficaces para obtener información sobre los abonados y datos de tráfico, según informan desde el Ministerio de Seguridad.

 

Vale recordar que con la pandemia se multiplicaron los delitos informáticos. Más allá de las recomendaciones que realiza el propio gobierno y cada institución financiera, se sigue registrando un elevado porcentaje de casos. El Equipo de Respuesta ante Emergencias Informáticas Nacional (CERT, del inglés), dependiente de la Secretaría de Innovación Pública, publicó el informe anual de incidentes informáticos de 2021 –últimos datos oficiales–. Se registraron un total de 591 incidentes informáticos, cifra que superó en un 261% a la del año 2020. Como confirma el reporte, el fraude representó el 56% del total de incidentes reportados. A su vez, en esta cifra se detectaron delitos como el uso no autorizado de los recursos, los derechos de autor y el phishing.

 

Cara y ceca de un instituto hecho billete

Cara y ceca de un instituto hecho billete

El Banco Central anunció la próxima impresión de billetes de dos mil pesos, en los que aparecerá el Instituto Malbrán como reconocimiento por su tarea enfrentando al coronavirus. Los trabajadores del Malbrán piden que el reconocimiento también sea en el salario.

 

El pasado 3 de febrero, el Banco Central publicó un comunicado en el que daba a conocer la impresión del nuevo billete de dos mil pesos, donde figurarán imágenes de la primera médica argentina, Cecilia Grierson, el sanitarista y exministro de Salud Ramón Carrillo y el Instituto Malbrán, en conmemoración al “desarrollo de la ciencia y de la medicina en la Argentina”.

Con esta acción, la entidad monetaria tuvo un gesto de reconocimiento a quienes trabajan dentro del Instituto Malbrán ya que “los y las profesionales que hoy cumplen tareas en esta institución fueron los responsables de realizar los análisis y detectar los casos de coronavirus durante los tiempos más duros de la pandemia”.

Flavio Vergara, técnico en Virología en el Malbrán, vocal del Consejo Directivo y director, en ATE Nacional, del Departamento de Negociación Colectiva, consideró este acto como un reconocimiento de dos facetas en donde la primera “es la de un gobierno popular que efectivamente identificó a la institución como señera en la salud pública que se hizo muy visible producto de lo que fue la pandemia de covid-19”. 

“La aparición de la institución en el billete causó impacto en el conjunto de los trabajadores del Malbrán. La noticia enseguida invadió los grupos de WhatsApp de los compañeros y las compañeras y todo el mundo dijo: ‘Mirá, qué bueno, aparecemos’. Pero inmediatamente surge esta cuestión: ‘Qué bueno que nos reconozcan, qué importante que esto pase, cuánto de bueno sería poder cobrar muchos de esos billetes en el salario’”, señaló el directivo en diálogo con ANCCOM

 

Debajo de la línea de pobreza

Hoy, un trabajador del instituto en el sector de mantenimiento gana entre 80 y 100 mil pesos. Su salario equivale, promediando, a 45 de los billetes donde figurará la entidad para la que trabaja. Por su parte, un administrativo que recién ingresa gana 110.117,40 pesos brutos. Según el INDEC, la Canasta Básica al 17 de enero de 2023 tiene un valor de 152.515 pesos. Ambos empleados se ubican por debajo de la línea de pobreza.

“En esta última paritaria tuvimos un aumento del 116 por ciento para los que menos reciben, y más de 150 por ciento para quienes más reciben de aumento. De todas formas, eso es estar por encima de la inflación:pero igual no te alcanza. Cada vez que la inflación le gana al salario se arrima un poco para que no se descalabre todo, pero nunca es ganancia”, detalló el dirigente. 

 Los salarios en bruto del resto de las y los trabajadores a partir del 1º de enero de 2023 (cumpliendo presentismo) divididos por categoría se encuentran en los siguientes montos:

 Técnico (D Grado 0 + Función Específica Científico Sanitaria): $ 171.995,64 

  • Técnico (C Grado 0 + Función Específica Científico Sanitaria + Capacitación Terciaria): $ 226.626,40 
  • Profesional Asistente Grado 1 + Suplemento Científico Sanitario: $ 279.872,65 
  • Profesional Superior Grado 10 + Suplemento Científico Sanitario: $ 730.325,69

 “Durante la pandemia nos estuvimos moviendo para que nos reconozcan por la tarea científica, porque nosotros como Malbrán éramos reconocidos como salud solamente y no como ciencia. En ese momento, conseguimos que nos reconozcan con una especie de adicional de salario científico que era el 45 por ciento del salario. No era mucho, pero fue el inicio. Ahora eso aumentó al 60 por ciento, los profesionales cobraron un 30, pudimos meter un montón de mejoras. Logramos regularizar a varios compañeros y pasarlos a plantas permanentes. Este mes empiezan casi 300 concursos de profesionales, que es prácticamente la totalidad de los que tenemos contratados. Entre mayo y junio estaríamos regularizando a todos los profesionales que tenemos en la casa. Y además, tenemos también otra tanda de concursos para pasar a plantas los laburantes que son de otro convenio colectivo, que no son profesionales”, indicó Vergara.

Del presupuesto cero al compromiso 

Si bien durante la pandemia fueron señaladas ciertas condiciones en las que trabajaban los empleados del instituto, como las largas jornadas laborales y obras sin terminar, algunos problemas persisten. No obstante, hoy existe un nivel de inversión en obra de infraestructura sin precedentes. 

“Tenemos un presupuesto para equipamiento muy alto, que actualmente se divide en 50-50 entre salario y equipamiento de infraestructura y funcionamiento. Si bien la expectativa es la construcción de nuevas y grandes obras, siguen coexistiendo con laboratorios viejos que están laburando en malas condiciones. Hasta que no se concreten esas obras, se sigue trabajando en un lugar que está mal”, explica Vergara y da un ejemplo: el Laboratorio de Virus Respiratorio, fundamental en la pandemia por su responsabilidad primaria, todavía sigue siendo el mismo que durante el contexto epidémico. “Ese lugar -continúa- tiene un nivel de hacinamiento complejo, donde de las nueve personas que trabajan ahí, siete lo hacen de manera precaria”.

Ahora bien, las condiciones de trabajo en cuanto a insumos de bioseguridad, que son los que garantizan el cuidado durante la actividad, actualmente se encuentran cumplidas. Si bien, a raíz del “presupuesto cero” del macrismo, en la pandemia existieron algunas dificultades, la situación se pudo regularizar: “Hay un compromiso altísimo”. 

Los avances sobre un reconocimiento material del instituto Malbrán y sus trabajadores se chocan con una historia de vaciamiento y desguace económico e ideológico que presenta un problema en términos de pérdida de capital intelectual. “Por los salarios o por las condiciones, no se puede retener a la gente, entonces algunos se van: unos afuera, otros al ámbito privado y muchos se van a universidades u otras instituciones”. A lo largo del tiempo, la supervivencia de la institución se debió a una resistencia sólida y organizada. 

 

El recorrido de una resistencia sistemática

En sus 106 años de historia, el Malbrán atravesó muchas crisis, entre las que sobresalen la dictadura militar de los años setenta, los gobiernos neoliberales de la década de 1990, el desfinanciamiento del macrismo y la reciente pandemia del covid-19. Por sus laboratorios pasaron importantes figuras de la ciencia como los tres primeros Nobel de la Argentina, Bernardo Houssay, César Milstein y Luis Federico Leloir.

“El derrotero institucional se caracteriza por dejar a la deriva a una institución pública que se ve todo el tiempo sujeta a los vendavales de los ajustes y de las persecuciones. Sin embargo, la institución sobrevivió, además de porque hubo gobiernos que trataban de impulsar políticas, porque hubo una resistencia sistemática y organizada de parte de las y los trabajadores”, explicó el vocal. 

Con la dictadura, el Malbrán se vio embestido no tanto a la persecución, sino fundamentalmente al silenciamiento. Si bien no había trabajadores que tuvieran reconocidos niveles de militancia como para ser perseguidos, algunos fueron amenazados, aunque no desaparecidos. “Lo que sí hubo es un plan sistemático de desguace”, subraya. 

Entre 1976 y 1977, la viruela fue erradicada del mundo. En ese entonces, el Malbrán producía la vacuna que fue utilizada en todo el planeta, la misma que se utilizó en Inglaterra cuando se produjo un brote en Inglaterra tras la fuga del patógeno. En la vuelta de la democracia, ya no quedaba ningún laboratorio de producción de vacunas en pie. “Desguazaron todo, desaparecieron las máquinas, la gente que laburaba o se fue o migró o quedaron ahí. Esto hace a una institución que construía soberanía, que construía salud, valga el doble ejemplo, conciencia nacional”, contó Vergara. 

“Hubo que remar desde lo que había quedado para volver a instalar una idea de que la salud pública era un valor y que la institución tenía un prestigio histórico que podía sobrevivir. Era todo una cuestión difícil de hacer, había que pasar la posta de la mística institucional que se iba pasando de generación en generación”, continuó. 

En ese contexto, el alfonsinismo no logró constituir un escenario propicio. Si bien hubo algunas mejoras, luego se desbarató todo con un ajuste. Y, seguidamente, se siguió agudizando con la llegada del menemismo: “Fue una situación catastrófica. El ajuste fue brutal y hubo 101 despidos sobre un total de 750 trabajadores. Eso dio origen a la organización de una toma en el Malbrán que duró seis meses”, recordó el paritario. 

Durante ese semestre, la lucha de los trabajadores del Malbrán fue coexistente con la Carpa Blanca docente, con la diferencia de que si bien también contaban con mucho apoyo, eran alrededor de 200 personas las que se organizaban. Fue en ese tironeo de duros meses que pudieron poner en valor la importancia estratégica de la institución, que se discuta: “No aparecimos en el billete, aparecíamos en las paradas de colectivos. Nadie sabía qué era ese edificio viejo que estaba todo roto hasta ese momento”, rememoró Vergara y seguidamente, el triunfo de esa toma.

Al terminar el mandato macrista el presupuesto del instituto estaba dividido en un 90% destinado a salario y un 10% disponible para funcionar. Esta cifra no es la expresión de salarios altos sino que refleja la falta de dinero para la actividad científica. En este marco el Malbrán inició la pandemia. “El microscopio  electrónico estaba roto, las máquinas no andaban, teníamos problemas edilicios de todos los estilos, con situaciones salariales catastróficas. Los trabajadores habían perdido un 65 por ciento del poder adquisitivo del salario, como casi todo el mundo pero un poco más”. 

 “Evidentemente hay una mística institucional que atraviesa a los integrantes que forman parte de ella y la engrosan. Eso hace que se sobreviva a momentos de vaciamiento económico e ideológico, porque hay una llama encendida por abajo que no puede brillar afuera pero que en algún momento aflora. La mística se da cuando hay un grupo humano que cree en los colectivos y en un proyecto de salud. Si bien el presupuesto es fundamental, sin ideología de lo que tenés que hacer, sin conocimiento y sin compromiso, no alcanza”, concluyó. 

Perú duele

Perú duele

ANCCOM recorrió las calles del centro de Lima y habló con los manifestantes que se animaron a hacerlo. El país sigue en tensión y la represión continúa. La presión popular será determinante para los próximos acontecimientos.

“La mayoría de los medios nos tildan de terroristas. Al contrario: acá hay un terrorismo de Estado”, protesta Delgado, una estudiante de provincia que vino hasta Lima para ser parte de la marcha y prefiere no dar su primer nombre por seguridad. “Esta prensa es una basura. Hay infiltrados que se meten para producir el enfrentamiento. Los medios tienen un guion, pero los testigos que están ahí cuentan lo que realmente está sucediendo”.

Desde que asumió el expresidente Pedro Castillo, hubo diferentes investigaciones sobre supuestos casos de corrupción contra él y su familia. Su gobierno duró desde el 28 de julio del 2021 hasta el 7 de diciembre de 2022, cuando el Congreso de la República lo sacó por “incapacidad moral» con 101 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones. Su cargo pasó a ser ocupado por la vicepresidenta Dina Baluarte. Las marchas en su contra se intensificaron a partir de ese momento, la represión también: ya suman, por lo menos, 58 los manifestantes muertos desde diciembre pasado.

ANCCOM recorrió la zona céntrica de Lima que rodea el Palacio de Gobierno y la plaza central, donde no está permitido manifestarse. En la zona habló con la gente para intentar comprender qué hay más allá del cerco mediático. Así encontró que las personas que tratan de llevar una vida “normal”, como si no hubiera manifestaciones, se muestran renuentes a tocar temas políticos, más aún si la consulta proviene de un periodista. Quienes sí se atrevieron a hablar, dieron su versión de cómo ven la situación política, social y económica actual.

En el centro de Lima, en el cruce de las avenidas Alfonso Ugarte y Bolivia, a tres cuadras de la Central Operativa de Investigación (DIRINCRI) que se suele vallar cada vez que hay una manifestación, cerca de las 20:30, miles de manifestantes se hacen presentes. “La policía nos reprime, nos provoca nos detiene brutalmente y nos patea las piernas. Hay videos que lo muestran. Esto no es justo”, continúa Delgado. Minutos después, su padre se acerca para decirle que no debe dar explicaciones a desconocidos: que primero demuestren que no son de Perú porque «podrían ser soplones del Estado o la prensa».

Por otro lado, un taxista aclara que “no puede dejar de trabajar porque tiene que alimentar a su familia”. Vive “al día” y no está de acuerdo con las protestas. “Los que participan en la marcha rompen las calles y hacen destrozos. Se tiene que reponer y son millones de soles”, opina. En el transporte público uno de los pasajeros cree que “el Estado está vendiendo al país a las empresas extranjeras y debería revisar los contratos que van a ser renovados. Si las condiciones no son más favorables para el Perú, no deben continuar en el país. Y eso es lo que pesa hoy. Hay muchos intereses económicos de por medio”, dice.

En una agencia de viajes está Juana, de 38 años. Viene con sus cuatro hijos y su nieta desde el estado de Trujillo, Venezuela, y va rumbo a Chile. Todo su viaje es por vía terrestre: cuenta que se encontró con numerosas rutas cortadas y manifestaciones. “Desde que cruzamos la frontera entre Ecuador y Perú tuvimos muchos problemas porque somos novatos en estas cosas. A medio camino los manifestantes tiraron piedras a los buses. Ya en la segunda traba que tuvo el bus nos tuvimos que bajar y caminar para luego tomar otro transporte. En ese ínterin tuvimos que usar los alrededores como baño y comer golosinas”, cuenta Juana.

La ruta se complicó cada vez más y la agencia no se responsabilizó de la situación; por eso ella y otros quince venezolanos debieron pagar una combi. El costo normal es de 100 soles hasta Lima, pero debido a la situación política les cobraron 205 soles, poco más de 50 dólares. Juana se muestra sorprendida de que Dina Baluarte considere a los manifestantes como, “personas que no tienen oficio”. Esto le recuerda a Venezuela donde, según ella, desde el gobierno afirmaban que quienes marchan son de la oposición porque, en realidad, “todo está bien”: “Las personas se manifiestan porque la situación no está bien. La presidenta no quiere soltar el poder por intereses propios”, reflexiona.

Un abogado de unos 30 años, quien prefiere que no se le identifique, asegura que en Perú hay mucho abuso por parte de las empresas multinacionales y las leyes siempre favorecen a los que están en el poder. Los trabajadores no tienen el conocimiento suficiente para que se le reconozcan sus derechos. Según él, “los que marchan no tienen un argumento sólido y se necesita que en los centros de estudio se hable más de estos temas porque, en parte, todo esto tiene que ver con el cambio de Constitución», agrega.

En el céntrico Parque Juana Alarco de Dalmet los manifestantes de provincia se juntan alrededor del mediodía para almorzar en una olla popular. Percy Chino Quispe, un joven del departamento de Cuzco, explica: “Dina Baluarte había dicho que si Pedro Castillo se iba, ella también se iría. Ahora lo que queremos es que cumpla su palabra, que renuncie. Ahora han sacado las fuerzas armadas y es como si estuvieran trayendo un asesino para que nos maten. No hay terroristas: si hubiera hace rato declararíamos la guerra. Nosotros estamos marchando sin armas. Baluarte está engañando al pueblo. Ya no queremos más muertes, queremos que renuncie y tengamos nuevas elecciones”. Para este joven el Ejército está “infiltrado”: se visten de policías y eso no está permitido.

Al ser consultado, un policía dice que va a opinar como peruano, no como policía: “Definitivamente esto no debería estar sucediendo. Si bien es cierto que los problemas no son de este año, sino de años atrás, los reclamos son justos y válidos, pero no es la forma. Tampoco tienen claro qué es lo que quieren los manifestantes. Ellos quieren cerrar el Congreso, una nueva Constitución. Pero qué quieren cambiar, no lo saben”. Para él debe haber un diálogo entre el gobierno y las provincias para ordenarse.

Hay más de 100 policías en los cruces de 9 de Diciembre y Vía Expresa, frente al hotel Sheraton, cuando nuevamente se acercan miles de personas con pancartas que dicen, entre otras cosas: “Joven estudia, no seas policía”, “Mi lucha es por mi patria, el pueblo ya lo sabe”, y “La sangre derramada, jamás será olvidada”. Para entonces, el policía que hablaba como ciudadano, es convocado por sus superiores y solo alcanza a concluir: “Que se sienten los líderes con el gobierno y lleguen a una conclusión de un punto neutro”. Para este policía los manifestantes intentaron realizar atentados en los aeropuertos de Arequipa, Cuzco y Puno, y quemar comisarías.

Las marchas son pacíficas pero cada tanto se producen enfrentamientos, que algunos consideran producto de las infiltraciones de provocadores. Las opiniones sobre los manifestantes, como pudo verse, son variadas. La mayoría de los manifestantes son de Puno, Cusco, Cajamarca y otras provincias del sur de Perú. De Lima también hay, pero se perciben menos, probablemente porque quienes acampan no son de la ciudad y su presencia es más visible.

El domingo 29 a horas de la noche, la presidenta en ejercicio dio un mensaje a la Nación afirmando que su “deber es proteger a todos los peruanos, salvaguardar la seguridad del país y garantizar la paz social”. Para Baluarte depende del Congreso de la República que se adelanten las elecciones. En el caso que no se de, el Poder Legislativo debatirá una reforma constitucional para que las elecciones generales sean este 2023. La primera vuelta en octubre y la segunda vuelta, si es necesario, en diciembre. Seguramente la presión popular en las calles será fundamental para acelerar los tiempos.