Este miércoles se cumple un nuevo aniversario de la derogación de las leyes Punto Final y Obediencia Debida. En medio del resurgir negacionista, el abogado Alan Iud y la nieta restituida Claudia Poblete advierten: «Seguiremos dando las discusiones que haya que dar».

Un 21 de agosto del año 2003, el Senado de la Nación sancionó la anulación e inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que mantenían impunes a los represores de la última dictadura cívico-militar que habían cometido delitos de lesa humanidad. El secretario ejecutivo en el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, Alan Iud -y durante muchos años coordinador del equipo Jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo- y la nieta restituida Claudia Victoria Poblete Hlaczik, reflexionan sobre este momento histórico para los Derechos Humanos.

Negacionismo vs. conocimiento

Claudia Victoria Poblete Hlaczik cuenta que para ella “el mejor antídoto contra el negacionismo es el conocimiento: Hoy las generaciones tienen acceso a la información porque está muy a la mano. A través de esos mismos teléfonos celulares donde les llegan estas versiones negacionistas, están las otras versiones, y cuando uno las enfrenta son ineludibles. Eso es lo que me pasó a mí. Cuando me enfrenté a la verdad me di cuenta de que, claramente, me habían estado engañando todo el tiempo”.

En el año 1986 y 1987 se promulgan las leyes Punto Final y Obediencia Debida, respectivamente, durante el gobierno de Raúl Alfonsín. La Ley de Punto Final establecía un plazo de treinta días para realizar la denuncia y reclamar justicia por los delitos cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Una vez transcurrido ese lapso, los represores que no habían sido llamados a declarar antes de los sesenta días, quedaban impunes de los delitos que incluían desapariciones forzadas, secuestros, asesinatos, torturas, apropiaciones de menores y violaciones de decenas de miles de personas. La ley se sancionó un año después del Juicio a las Juntas Militares, dejando solamente punibles a los que habían sido juzgados y condenados hasta ese entonces: los dictadores Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini y Orlando Ramón Agosti.

Por otra parte, la Ley de Obediencia Debida establecía que aquellos militares de grado menor al de Coronel no podían ser juzgados por los delitos cometidos (exceptuando en casos de apropiación de menores y robo de inmuebles de las personas detenidas-desaparecidas). Alfredo Ignacio Astiz, Adolfo Donda y Antonio Domingo Bussi, fueron algunos de los represores y torturadores favorecidos por esas leyes de impunidad. Se sumaron en el año 1989 y 1990, los indultos del entonces presidente Carlos Menem que le perdonó la pena a los militares que habían cometido crímenes durante la dictadura de 1976.

Las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo en conjunto con los movimientos sociales defensores de los derechos humanos comenzaron un largo proceso de búsqueda de justicia que incluyó la denuncia de los crímenes de lesa humanidad en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También, comenzaron a realizarse juicios en España, Italia, Francia y Alemania, por aquellos ciudadanos, en principio de la nacionalidad de esos países, que habían sido víctimas de la dictadura en Argentina. Claudia Victoria Poblete Hlaczik explica: “Acá es la justicia ordinaria la que juzga a los represores y los condena. Eso es prácticamente único en los procesos, ya sea en los de Alemania, los de España -que es inexistente-, o en Chile. Argentina es reconocida mundialmente por eso. Es algo de lo que nos podemos sentir orgullosos”.

Posdictadura se refuerza la lucha territorial, en las calles, con los escraches y las movilizaciones; en particular, con la marcha masiva realizada a los 20 años del golpe de Estado. El abogado Iud cuenta que “Argentina se distingue porque tiene un movimiento de derechos humanos muy activo, muy sólido, liderado por las víctimas, los familiares, las madres, las abuelas, que han tenido un liderazgo y una persistencia que por ahí en otros países de la región no se ha visto”.

A fines del año 1996 se inicia la causa por el Plan Sistemático de Apropiación de Niños y Bebés. Como explica el abogado Iud: “Cuando se dicta el fallo del juicio a las juntas, había pocos nietos restituidos. Se conocía poco de la dinámica de apropiación de niños. Ya para fines de los noventa había muchos más casos resueltos y eso permitía afirmar que había existido una práctica sistemática de apropiación de niños que permitía atribuir la responsabilidad, ya no solo a los apropiadores a título individual, sino también, a los jefes de la fuerza”. En el año 1999, el juez federal Gabriel Cavallo dictó la anulación e inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en el caso del represor y torturador del centro clandestino de detención “El Olimpo” Julio Héctor Simón. En la causa se investigaba la apropiación de Claudia Victoria Poblete Hlaczik. “Yo me había criado con este matrimonio –cuenta la nieta restituida-, ellos siempre me habían dicho que yo era su hija pero yo ya a los veinte años me daba cuenta que no podía haber sido biológica de ellos por las edades que tenían”. Luego, recuerda: “Creía que eran sobreprotectores. En realidad, lo que pasaba es que no me dejaban ir sola a ningún lado, me llevaban, me traían. Yo lo vivía como sobreprotección pero la cosa es que cuando este juez viene y me cuenta esta posibilidad, a mí me resuenan todas estas pequeñas dudas que yo había tenido durante mi adolescencia y mi niñez, y decido ir a hacerme el examen de ADN”.

De esta manera, se pudo probar la apropiación, a la vez que, la tortura y desaparición de sus padres: José Poblete y Gertrudis Hlaczik. La Cámara Federal confirmó la sentencia en el año 2001. Aunque limitado a este caso, el fallo sentó un precedente importante que permitió la apertura de otras causas similares y el juzgamiento de los autores de los hechos. “Lo que me empecé a dar cuenta es que de cierta forma había un paralelismo entre lo que había pasado en el país y lo que me había pasado a mí”, dice Claudia.

En 2003, la periodista y psicóloga social Patricia Walsh, hija del periodista y escritor desaparecido por la dictadura militar, Rodolfo Walsh, redactó y presentó en conjunto con otros diputados y diputadas, el proyecto de ley para la anulación de las leyes de impunidad. La misma es impulsada y promulgada, tras su sanción en el Congreso, por el presidente Néstor Kirchner y rectificada en el año 2005 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De esta manera, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida quedaron sin efecto, no solo en el caso del represor Julio Héctor Simón, sino también, extendiéndose a todos los casos que habían quedado impunes hasta esa fecha. Alan Iud, reflexiona: “Es un trabajo de construcción de memoria, de estrategia en el plano judicial, pero también en el plano de la movilización social, del trabajo territorial, político, con sindicatos, con escuelas, en todos los planos, que hizo que hubiera una demanda muy fuerte de justicia de toda la sociedad no solo del movimiento”.

Volver a dar las discusiones

“Lo importante es que esto es el fruto de una lucha colectiva, una de las cosas más grandes que nos legan las Abuelas, las Madres. Las Abuelas no buscan a un nieto, buscan a todos, a los de todas. De hecho, mi abuela (Buscarita Roa) sigue hace más de veinticuatro años en Abuelas a pesar de que me encontró a mí”, cuenta Claudia Poblete. “Nosotros estamos dispuestos a volver a dar todas las discusiones que haya que dar. No hay ningún problema”.

El gobierno de Javier Milei desfinanció políticas clave para el proceso de memoria, verdad y justicia y despidió masivamente a trabajadores que las llevaban adelante, desmantelando estructuras centrales para la defensa y promoción de derechos humanos, dejando en suspenso también políticas públicas para la preservación y funcionamiento de los espacios de memoria. Además de mantener un discurso expresamente negacionista desde la campaña electoral, formalizó recientemente el cierre de la Unidad de Investigación, dependiente de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI), un organismo que tiene la función de investigar el paradero de aquellas personas apropiadas durante la dictadura. A esto se le suma la reciente visita a los genocidas condenados por delitos de lesa humanidad en la cárcel de Ezeiza, por parte de seis diputados libertarios: Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo, Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci y Alida Ferreyra.

Iud expresa una fuerte preocupación, frente a la expresa intencionalidad de integrantes del gobierno libertario de buscar la impunidad para los genocidas de la nación: “La situación es muy preocupante porque hay un avance muy claro del gobierno contra las políticas de memoria, verdad y justicia en el terreno de de su implementación y también en el discurso público que es la gran diferencia con otros períodos anteriores complicados”. El especialista advierte: “La diferencia es que hoy hay un gobierno que trabaja, no solo erosionando las políticas en la práctica, sino también fundamentalmente sobre el consenso social. Está tratando de desarmar ese consenso”.

En sintonía con lo expresado por Iud, Poblete cuenta: “Estos discursos de ahora me resuenan porque fueron los que me criaron a mí”. En este sentido, refuerza que la lucha de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo se encuentra vigente, que no es algo del pasado y este momento permite dar cuenta de todo el trabajo incansable que se realizó para que pudiera ser posible el juzgamiento de los represores, como también la búsqueda y restitución de la identidad de los niños, niñas y bebés apropiados: “Los bisnietos y bisnietas de las abuelas (hijos e hijas de los nietos y nietas buscados) también tienen su identidad cambiada hasta que sus padres no la puedan conocer. Eso es lo que nosotros queremos reparar. Queremos que esas personas puedan saber quiénes son. Los invitamos a eso”. Y concluye: “Aunque las Abuelas están viejitas y cada vez pueden hacer menos, nosotros, nietos y nietas, hermanos y hermanas que buscan hermanos y hermanas vamos a seguir con esa tarea”.