Un miércoles de reclamo y presión

Un miércoles de reclamo y presión

Ago 7, 2025 | Destacado 4, Vidas políticas

Como todas las semanas, los jubilados se manifestaron frente al Congreso para exigir que se rechace el veto presidencial al aumento de haberes y la restitución de moratoria previsional. Los acompañaron distintos colectivos que demandaban a los diputados la aprobación de diferentes leyes que restituyan derechos cercenados. Mientras tanto, los legisladores votaron a favor de la Ley de Financiamiento Universitario y la de Emergencia Pediátrica.

Como cada miércoles tuvo lugar frente a un Congreso -vallado y militarizado- la marcha que llevan adelante los jubilados en reclamo de un aumento de los haberes previsionales. La jornada de hoy contó además con la adhesión de diversos sectores afectados por el avance de la motosierra sobre el sector público en el marco de una semana agitada en términos de agenda legislativa. El lunes el Gobierno vetó una ley aprobada por el Senado que estipulaba un aumento del 7,2% en las jubilaciones, el incremento del bono de $70.000 a $110.000, la restitución de la moratoria y la declaración de la emergencia en discapacidad. Ante ese escenario se llamó para el día siguiente a una movilización que culminó en represión en las inmediaciones del Congreso por parte de las fuerzas de seguridad de Patricia Bullrich personas con discapacidad y a sus familiares.

            Este miércoles, la convocatoria a una sesión especial en la Cámara de Diputados por parte de la oposición reavivó los reclamos contra el ajuste. El temario incluyó la Ley de Financiamiento Universitario, la Emergencia en Pediatría y el rechazo a los decretos presidenciales que vacían o eliminan organismos estatales como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Dirección Nacional de Vialidad. Los actores vinculados a estas áreas marcharon hoy junto a jubilados, gremios, organizaciones políticas y organismos de derechos humanos.

            Jorge Grimberg forma parte del plenario de trabajadores jubilados y todos los miércoles se reúne en el congreso para manifestar “lo que necesitamos los jubilados es, fundamentalmente, una jubilación mínima de un millón doscientos cincuenta mil pesos, que devuelvan los medicamentos al cien por ciento gratuitos y la moratoria, porque hay cientos de trabajadores en negro que no se van a poder jubilar”. Hace referencia a la ausencia de las centrales sindicales en el reclamo que lo convoca cada semana y en el escenario de ajuste que se enfrenta “Los jubilados lo entendimos hace mucho, hay que unificar las distintas luchas para poder parar este plan de ajuste, hambre y miseria”. Junto a sus compañeras sostiene una de las puntas de la bandera que se extiende sobre Avenida Rivadavia.

“Soy jubilada hace un año y medio, pertenecía al sector de salud, soy licenciada en Enfermería. Veo un ensañamiento muy grande de este gobierno hacia todos los sectores: jubilados, trabajadores, estudiantes, al pueblo. Eso es lo que me convoca”, dice Maria Coronel y señala un dato que reaparece en las conversaciones: la falta de acompañamiento, a pesar de que cada vez son más los sectores que se unen para reclamar. “Hoy hay un poco más de gente, más que otras veces pero no es suficiente”, reniega.

Mónica Dittmar integra el Archivo Popular de la Memoria y cuenta: “Los primeros miércoles de cada mes venimos a acompañar la marcha de los jubilados, pero esta vez lo hacemos con las banderas de derechos humanos. Hoy en particular se trata de defender los aumentos pero también la universidad pública y el Garrahan”.

Los gremios universitarios se hicieron presentes ante el tratamiento de la Lley de Financiamiento -aprobada al cierre de esta edición- que permitirá recomponer el presupuesto de las instituciones y los salarios de los trabajadores, siempre y cuando el gobierno no la vete.

Caterina Cartagena es no docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA hace 25 años, trabaja en dirección docente y es delegada de Apuba: “Estamos pidiendo presupuesto para funcionar. El ajuste está pasando a través de los salarios docentes y no docentes, en este momento están por debajo de la línea de pobreza, motivos nos sobran para estar hoy. Apostamos a que esta convocatoria vaya creciendo porque la ley, sin presión de afuera, Milei la va a vetar”.

Gisela Nomdedeu es del Instituto Nacional de Teatro (INT) y vino porque “se va a estar tratando en la Cámara de Diputados la derogación del Decreto 345 que afecta a diversos organismos de cultura que antes eran descentralizados y perdieron su autarquía para pasar de forma fusionada a la Secretaría de Cultura. Desde ATE estamos haciéndonos presentes para acompañar la sesión y que se derogue el decreto”. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) también fueron alcanzados por un decreto que les quita autarquía y pone en riesgo los puestos de trabajo. “Somos trabajadores del Estado y vemos cómo cada día se va destruyendo nuestra soberanía, en particular por el decreto que descentraliza en INTI, en INTA, vialidad. Estamos pasando una situación muy critica”, agrega.

            Daniel Sánchez es parte de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CONEA) y asegura: “Seguimos sosteniendo en condiciones muy malas sectores de trabajo que peleamos durante muchos años para que existan, aprendimos de la historia de nuestros compañeros haber recuperado Atucha II junto al Plan Nuclear. Tenemos la tarea de cuidar cada uno de los proyectos, si no lo han podido destruir es por la tenacidad de cientos de trabajadores. Estamos defendiendo el futuro del país en un presente en crisis”.

Cristian Hansen es empleado de Vialidad Nacional, organismo que enfrenta una posible disolución: “Somos 5000 trabajadores en todo el país que van a quedar en la calle, además de los perjuicios que ocasiona no tener a nadie que se ocupe de la conectividad, de las rutas, del mantenimiento, de unir los pueblos, del turismo.”

La defensa del Hospital Garrahan también integra el temario de la sesión parlamentaria a través de la Ley de Emergencia en Pediátrica. Paula Alfieri vino al Congreso junto a la agrupación Soy Garrahan, y afirma: “Meterse con el Garrahan es particularmente cruel. Ya se fueron más de 230 médicos que renunciaron por bajos salarios, ese vaciamiento se va notando dentro del hospital. Si no podemos proteger a las infancias y a las personas jubiladas somos una sociedad que está completamente rota”. Ella también nota una merma en la concentración, a la vez que señala la necesidad de transversalizar los reclamos. “Me defraudó un poco ver tan poca gente. Creo que todas las familias estamos atravesadas por las luchas que están hoy en la calle: jubilados, infancias, discapacitados. La batalla por los derechos es transgeneracional, por los de hoy y por los que vienen. Todas las personas se merecen un futuro digno”.

Crónica de unos vetos anunciados

Crónica de unos vetos anunciados

Ago 5, 2025 | Destacado 1, Vidas políticas

El presidente Javier Milei vetó la Ley de Aumento a los Jubilados, la que restituía la moratoria y también la Ley de Emerencia a la Discapacidad. Ahora, el Congreso tiene la posibilidad de rechazarlos, pero el gobierno trabajaba para evitarlo. Días clave mientras los actores sociales se movilizan para exigir sus derechos.

 

El presidente Javier Milei, tal cual había anunciado entre risas, firmó el fin de semana los vetos a las leyes 27791, 27792 y 27793 sancionadas por el Congreso Nacional, que significaban el aumento a jubilaciones y pensiones, restablecían la moratoria previsional y dictaban la emergencia en discapacidad. El freno del Ejecutivo, a través del Decreto 534/2025, fue publicado este lunes en el Boletín Oficial y es acompañado por las firmas de Guillermo Francos, Federico Sturzenegger, Sandra Pettovello, Patricia Bullrich, Mariano Cúneo Libarona, Luis Caputo y Luis Petri entre otros.

Para el gobierno, las normas sancionadas por ambas cámaras del palacio Legislativo son un atentado contra el equilibrio fiscal. Según el documento, las leyes mencionadas “no cuentan con previsión presupuestaria suficiente, han sido sancionadas de forma ilegítima y afectan de manera tangible los objetivos de política económica”. Ahora, las leyes vuelven al Congreso para ratificar o no la pluma del presidente. Mientras tanto todo vuelve a cero.

Según comentó a ANCCOM la diputada nacional de Unión por la Patria Lorena Pokoik, el veto presidencial “no es un hecho aislado ni un gesto administrativo, es parte de una política de poder que combina ajuste brutal, represión interna y sometimiento externo” y destacó que el modelo del gobierno avanza en dos carriles, “la demolición de derechos” y “la construcción de un aparato represivo para sostener ese ajuste a palos”.

Por otro lado, la legisladora dijo que “desde la oposición vamos a denunciar esta barbaridad que el gobierno con total impunidad viene llevando adelante, tanto en la utilización de decretos como de vetos, pasando por encima de la representación del Congreso Nacional”.

El aumento de los haberes jubilatorios era de 7,2 por ciento y el bono de hasta ciento diez mil pesos, lo que la diputada Pokoik consideró como “apenas un paliativo a la situación tremenda que están viviendo nuestros jubilados y jubiladas”. Y agregó que la imposibilidad de entrar en moratoria “teniendo en cuenta que hay muchísimas personas que han trabajado toda su vida pero con empleos no registrados y no han cumplido los años de aporte, deja a mucha gente fuera del sistema”. 

Con respecto a la discapacidad y la ley de emergencia, también vetada por el gobierno, la legisladora nacional afirmó que es “un sector que hoy está atravesando una situación muy complicada” y mientras tanto el gobierno argumenta que “para las iniciativas vetadas no teníamos financiamiento sólido y que comprometerían el equilibrio fiscal, lo cual es un disparate porque mientras veta estas leyes se reúne en la Rural a darle beneficios a los que más tienen” sentenció Pokoik. 

Por su parte Cristian Castillo, diputado nacional del FIT-U, consideró que se trata de “la continuidad de la política de este gobierno, que mientras le baja retenciones al capital agrario dice que no hay plata para los jubilados y para la discapacidad”. Además, el diputado afirmó que “hay que repudiar esos vetos y hacer todo lo posible para voltearlo”. 

“Tendría que haber paro y movilización convocados por la CGT y de esa manera hacerle sentir a todos los diputados y diputadas la fuerza de la movilización para poder revertir tanto el veto en las leyes jubilatorias como en la emergencia en discapacidad” afirmó Castillo.

 

Desde la Asamblea Discas en Lucha se emitió un comunicado en relación a las medidas llevadas a cabo por el actual gobierno, en el que afirman que cumplirán “con la promesa de hacerle frente a sus políticas de hambre y exterminio”. Además, confirmaron una movilización para este miércoles a las 15hs en la Plaza del Congreso, y en las plazas de todo el país, con el objetivo de defender la Ley de Emergencia en Discapacidad y en un claro apoyo a los jubilados que se concentran cada semana. En el documento, la asamblea afirma que “vetar estas leyes implica la intención de vetar nuestras vidas”. Laura Alcaide, militante disca e integrante de la Asamblea sostuvo que “la lucha conjunta va a resolver los problemas, hay que unificar las luchas porque todas las medidas nos atañan de conjunto”. Por otro lado, en referencia tanto a las personas con discapacidad como a los jubilados, consideró que “somos dos luchas de vanguardia no elitistas que nos oponemos fuertemente a este gobierno”. 

El movimiento de discapacidad esta semana va dividido. La Asamblea Disca se suma a los jubilados el miércoles, como lo hizo en su movilización anterior, mientras que El Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que contempla a todos los sectores patronales, convocó a una movilización para este martes a la mañana pero sin garantizar el paro, como sí sucedió con la histórica paralización de servicios del sector durante 5 días.

A partir del veto, las leyes deberán volver a la Cámara de Diputados y para rechazarlo serán necesarios los dos tercios de los votos de ambos recintos. Entre tejes y manejes, se esperan movimientos en el gobierno con respecto a las cajas de los gobernadores para lograr que el veto sea ratificado.

Al ser consultada por el posible tratamiento de los vetos en el Congreso, Pokoik respondió que “una posibilidad es que se trate cerca del cierre de las listas para las elecciones de octubre, donde esperamos que el debate gane fuerza y que logremos reunir consensos para poder dar vuelta estos vetos y que estos derechos lleguen a las personas que más lo necesitan” enfatizó la diputada de UxP.

Lo que se viene

Sobre la próxima sesión de la cámara baja, el temario a tratarse fue impulsado por los bloques de oposición de Unión por la Patria, Democracia Para Siempre, la Coalición Cívica y Encuentro Federal. Entre los temas a tratar está el financiamiento universitario, el veto sobre la emergencia en Bahía Blanca. El diputado Castillo dijo que espera “que efectivamente haya quórum y que nadie se levante antes de poder tratarlos”.

A su vez, la diputada Pokoik declaró que desde su bloque van a “impulsar los proyectos de los gobernadores sobre la de las ATN (Aportes del Tesoro Nacional), de los impuesto a los a los combustibles líquidos y la reactivación de la comisión investigadora por el caso Libra que todavía sigue trabado en catorce integrantes de un lado y catorce integrantes del otro, lo que impide definir la presidencia de la comisión y el oficialismo se resiste a que el pleno de la cámara pueda destrabar esa situación votándolo directamente en la cámara y es importantísimo para que pueda comenzar a funcionar”.

Se estrenó la segunda parte de «La crisis causó dos nuevas muertes»

Se estrenó la segunda parte de «La crisis causó dos nuevas muertes»

Ago 4, 2025 | Culturas, Destacado 3, Vidas políticas

El documental que aborda la construcción mediática de los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán ahora tiene su continuidad con las voces de dirigentes políticos y de organizaciones sociales.

Compañeros, viejos amigos y familiares, se reúnen por la tarde del 31 de Julio en Santo Domingo al 2752, un espacio iluminado en el que se escuchan los saludos y hay alegría en el ambiente. Se huele un rico olor a empanadas y la gente se alista en sus asientos. En el salón principal de la Usina Mutual de Barracas se proyecta el estreno de la segunda parte del documental La Crisis Causó 2 Nuevas Muertes, dirigido por Patricio Escobar y Damián Finvarb. Luego de más de una década de estrenada la primera parte, donde mostraron cómo los medios hegemónicos encubrieron la masacre de Avellaneda, en la que fueron asesinados Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, decidieron darle un cierre a este relato con las voces de los exfuncionarios y del propio expresidente Eduardo Duhalde, para dar por comprobada la planificación de las acciones. También se pueden escuchar a los dirigentes piqueteros que evaluaron qué pasó en más de dos décadas con su movimiento. Comienza el documental y el  pasado se siente muy presente.

La cultura en peligro

La Usina Mutual de Barracas forma parte del Programa Cultural en Barrios de la Ciudad de Buenos Aires desde 1997. Es un espacio que ofrece talleres artísticos y de oficios, un lugar que preserva la cultura, entendida como un derecho para todos, en el que participan niños y adultos.

Pero este centro cultural atraviesa una situación crítica. El espacio se encuentra en lucha por la devolución de horas cátedra recortadas, la actualización salarial de sus trabajadores y trabajadoras, y la restitución de talleres eliminados por la nueva gestión del Ministerio de Cultura, encabezada por Gabriela Ricardes en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Referentes del centro cultural advierten: “Esto sigue en pie gracias a los trabajadores que luchamos por este programa. Somos los espacios que garantizamos el acceso igualitario a la cultura”. 

No fue una decisión al azar pactar el estreno de la segunda parte del documental en este Centro. Patricio Escobar, director de la película comentó: “Queríamos apoyar a los compañeros del espacio, ya que hay un recorte muy grande. Están vaciando el programa. Creíamos que era una forma de visibilizar el problema. Si vienen a ver el documental a su vez se enteran de esta problemática que no aparece en ningún medio” 

La Masacre de Avellaneda 

El 26 de junio de 2002 Maximiliano Kosteki, de 25 años, y Darío Santillán, de 21, estaban cortando el Puente Pueyrredón en una multitudinaria jornada de protesta en reclamo de planes sociales y fueron asesinados por el comisario Alfredo Fanchiotti y el cabo Alejandro Acosta. Este hecho fue conocido como la Masacre de Avellaneda. El diario Clarín al día siguiente de los asesinatos tituló:  «La crisis causó dos nuevas muertes». Esa tapa, evitó hablar de la represión estatal y desviar la responsabilidad política de los representantes políticos, principalmente el presidente Eduardo Duhalde y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá. Desde ese día, los amigos y compañeros de Kosteki y Santillán buscan justicia. Por la persistente lucha de los familiares junto con los movimientos sociales, Fanchiotti y Acosta fueron condenados a prisión perpetua por doble homicidio y siete tentativas de homicidio.

Los hallazgos del film son los testimonios de Duhalde, Solá, Atanasof, Matzkin, Laborde y Juan José Álvarez, que en una edición impecable ponen en evidencia omisiones, contradicciones y la implicación de los servicios de inteligencia en las semanas previas al fusilamiento de Darío y Maxi.

El cuarto poder 

La primera parte del documental, estrenada en 2011, indaga en la responsabilidad de los medios de comunicación con todo lo relacionado a la Masacre de Avellaneda, cómo los programas de televisión venían preparando la atmósfera para que se de la represión y cómo encubrieron el suceso en favor de las fuerzas de seguridad del Estado. A partir de una secuencia fotográfica que mostraba con claridad cómo uno de los jóvenes era asesinado por la espalda, el film denuncia que esa información estuvo en manos de los grandes medios desde el primer momento, pero fue publicada recién 48 horas después. Durante ese lapso, se instaló una versión falsa: que las muertes se habían producido por enfrentamientos entre manifestantes. El documental se pregunta hasta dónde llega la responsabilidad de los periodistas en la construcción del encubrimiento.

Incluyó testimonios de editores, fotógrafos y periodistas que intentaron justificar la cobertura, como el fallecido Julio Blanck, editor en ese momento del diario Clarín (el diario más popular para los lectores argentinos) , quien calificó la tapa como “un error”. Ya desde la primera parte se intentó tener las declaraciones de los responsables políticos pero al final de la película una pantalla negra enumera los nombres de los funcionarios que rechazaron dar su testimonio.

La segunda parte, que se proyectó por primera vez en la Usina el 31 de julio, profundiza en la planificación de la represión del 26 de junio, a través de testimonios de los propios responsables políticos. A diferencia del primer film, enfocado en el rol de los medios, esta nueva entrega pone el foco en la responsabilidad del Estado y en lo que sucedió con los siguientes gobiernos en relación a los movimientos sociales hasta el día de hoy. Los hallazgos del film son los testimonios de los entonces presidente Edardo Duhalde, el gobernador Felipe Solá, el Jefe de Gabinete Alfredo Atanasof, el ministro de InteriorMatzkin, el intendente de Avellaneda Oscar Laborde y el secretario de Seguridad Juan José Álvarez, que en una edición impecable ponen en evidencia omisiones, contradicciones y la implicación de los servicios de inteligencia en las semanas previas al fusilamiento de Darío y Maxi.

2002 y 2025: contextos no tan alejados

La segunda parte del documental encuentra eco en el presente. A más de veinte años de la Masacre de Avellaneda, los paralelismos con la coyuntura actual son inevitables. Los movimientos sociales vuelven a ser estigmatizados, se endurecen las políticas represivas, y los recortes presupuestarios golpean de lleno a los sectores más vulnerables. Patricio Escobar, codirector del documental, sostiene: “Lamentablemente toda la primera parte del documental sigue vigente porque sigue habiendo periodistas que hablan de enfrentamiento en vez de hablar de represión, toman a los movimientos sociales como delincuentes o como planeros”.

En la marcha de los jubilados del 12 de marzo, Pablo Grillo fue alcanzado por un cartucho de gas lacrimógeno lanzado por la Gendarmería bajo las órdenes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Grillo se encontraba ejerciendo su labor como fotoperiodista. “Nosotros estábamos editando cuando pasó lo de Pablo, nos parece acertado agregarlo, creemos que es una película que se tiene que ver hoy”, relató Escobar 

El legado 

Alberto Santillán, padre de Darío, también estuvo presente en la proyección. A 23 años de la Masacre de Avellaneda, volvió a exigir justicia y a denunciar la impunidad política: “Seguimos peleando y los gobiernos se perfeccionan. Nadie ha tocado a los responsables políticos ni tampoco los va a tocar. Nosotros somos de la condena social, pero a veces es una contradicción. Más allá de que muchos de ellos terminaron siendo cadáveres políticos, siguen teniendo un gran poder en los demás gobiernos”. Con la voz quebrada, habló del dolor que le provoca ver las imágenes de su hijo asesinado, pero sostuvo que es necesario mostrarlas: “Así actuó el gobierno de Duhalde y de Felipe Solá. Todos los demás gobiernos siguieron mirando para otro lado”. 

Agradeció el acompañamiento colectivo que mantuvo viva la lucha durante más de dos décadas: “No camino solo, tengo grandes compañeros y amigos. Es difícil mantener esto hace 23 años, pero sigue presente. En casi todas las provincias se busca justicia por ellos”. Y cerró con una frase que conmovió a todos los presentes: “Amo a mi hijo, lo extraño. Tengo el orgullo de llamarlo hijo. No nos tenemos que quedar en cómo lo mataron, sino que tenemos que vivir y seguir pensando en cómo vivió Darío, él hablaba mucho del ‘hombre nuevo’, creo que él fue ese hombre nuevo ”.

La segunda parte del film no solo fue hecha para conmemorar a Kosteki y Santillán sino también para aprender del pasado. En tal sentido, muestra lo que quedó en pie de aquella militancia, por caso la bloquera que Anccom recorrió a finales de junio, y otras actividades culturales y territoriales que resisten en los barrios de la zona sur del conurbano, tal como pretendían los MTD que las iniciaron hace más de 20 años.

Las funciones son en La Usina Mutual Cultural de Barracas, Santo Domingo 2752, los días 1, 2, 3, 9, 15, 16, 17, 30 y 31 de agosto. (Entradas por Alternativa Teatral)

¿Se puede pensar en una producción alimenticia estatal?

¿Se puede pensar en una producción alimenticia estatal?

Jul 30, 2025 | Culturas, Destacado 3, Vidas políticas

“Empresa Nacional de Alimentos, una respuesta soberana” el documental dirigido por Juan Pablo Lepore y protagonizado por Rafael Klejzer, invita a debatir la creación de una fábrica estatal para combatir el hambre.

Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en Argentina 11.337.979 personas se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Dentro de ese conjunto 2.451.657 personas se encuentran bajo la línea de indigencia “¿Saben cómo se mide la indigencia? Evaluando si tenés o no para comer”, explica Klejzer durante los primeros minutos de la película Empresa Nacional de Alimentos, una respuesta soberana, dirigida por Juan Pablo Lepore. Estos datos se vuelven más abrumadores cuando se tiene en cuenta que algo así ocurre en un país que se encuentra dentro de los principales productores de alimentos a nivel mundial. Por eso la propuesta del documental es la creación de una “Empresa Nacional de Alimentos” (ENA) que permita poner el foco en la producción, la distribución y la comercialización de la comida en Argentina.

Aunque suele repetirse que Argentina produce alimentos para 400 o incluso 650 millones de personas, existen controversias sobre esa afirmación. Según un informe del Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación (CEPEA), esa cifra parte de una visión engañosa: las exportaciones están altamente concentradas en las cadenas de maíz y soja, que representan tres cuartas partes del total. El problema es que al menos dos tercios de esas exportaciones (especialmente en forma de harina de soja y maíz) no están destinadas al consumo humano directo, sino a alimentar animales en otros países: peces, pollos, cerdos o vacas. Desde esta perspectiva, lo que Argentina produce no son alimentos en sentido estricto, sino calorías que no se traducen en una dieta saludable ni accesible para la población local. El documental interpela directamente esta lógica y expone con claridad los intereses que sostienen estas proyecciones.

¿Cómo se construyó y quienes planifican el modelo agroalimentario argentino? ¿Quiénes toman las decisiones sobre el uso del suelo y definen los precios de los alimentos? Detrás de esas preguntas emergen nombres que, aunque silenciosos, inciden de forma decisiva en la vida de millones: las multinacionales Glencore, Viterra, Bunge, y grupos nacionales como Vicentin, Pérez Companc (Molinos Río de la Plata) y Luis Pagani (Arcor), entre otros.

 

Planificar la Argentina

¿Cómo se puede lograr que el Estado sea el actor que planifique, controle y asegure la alimentación de la población en cada rincón del país? ¿En qué país soberano las multinacionales saben qué entra y qué sale por los puertos, pero el Estado no?

A partir de la recuperación de experiencias locales como el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) creado en 1946, durante el primer gobierno de Juan Perón, conversaciones con diferentes trabajadores, académicos, empresarios, funcionarios y militantes, el documental aborda diferentes aristas de la problemática alimentaria y deja asomar los distintos matices entre las miradas de los entrevistados que comparten sus experiencias, siempre desde una mirada comprometida con la soberanía nacional.

El documental también presenta experiencias concretas de intervención estatal que lograron resultados positivos en la región. Uno de los casos destacados es el de la Compañía Nacional de Abastecimiento (CONAB) en Brasil y otro el de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) en Bolivia, donde la participación directa del Estado en la producción y distribución de alimentos permitió reducir la inflación y garantizar el abastecimiento interno.

A nivel local, el film muestra el ejemplo de Agroandina, una empresa pública de la provincia de La Rioja que, pese a las dificultades del contexto, logra sostener precios accesibles en productos importantes y demostrar que otro modelo de comercialización es posible.

“La intención de esta película tiene una contracorriente pues muchos dicen: ‘Che, cuando volvamos o cuando haya un gobierno popular vamos a hacer las cosas’. Ya lo dijeron y no lo cumplieron. Entonces, por el contrario, para que llegue un gobierno popular tenemos que hablar de otras cosas. Hace mucho tiempo que venimos hablando de soberanía alimentaria y hay experiencias concretas en ese sentido, pero también llegamos a la conclusión de que si el Estado no trabaja en materia de soberanía alimentaria, a baja escala (los productores locales) no podemos hablar de soberanía alimentaria. Es imposible hablar de esto sin el poder político que te da el Estado”, sentencia Klejzer.

 

Cine militante

En un contexto en el cual el gobierno nacional abandona a las personas a través del desfinanciamiento de programas destinados a la seguridad alimentaria, al Cine Nacional y criminaliza a los movimientos sociales, como señala Laura Bitto, productora de la película, este film se esgrime desde la fusión de diversos sectores que piensan en una Argentina próspera para la mayoría de su población e invita a discutir, a partir de la tradición del cine documental, una propuesta concreta: la creación de una Empresa Nacional de Alimentos.

El documental es la séptima película de Juan Pablo Lepore y se realizó de manera conjunta con el Movimiento Popular La Dignidad y el Centro de Estudios para la Soberanía Popular Mariano Moreno. Sin dudas se trata de una herramienta potente para fomentar el debate acerca de la creación de la ENA, en un país que es productor de alimentos y donde gran parte de su población sufre hambre. Para eso la intención es que se genere una distribución más amplia en ferias, escuelas, sindicatos, organizaciones políticas y sociales.

El preestreno de Empresa Nacional de Alimentos, una respuesta soberanatendrá lugar el 1º de agosto a las 19 en el Multiespacio Palacio El Victorial (Piedras 722, CABA). Su estreno oficial será un mes después, el 1º de septiembre a las 18 en la Sala Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación (Corrientes 1543). Para coordinar la proyección del documental se puede contactar a su director Juan Pablo Lepore via Instagram (@Juanpablolepore)

La noche en que los caballos entraron a la universidad

La noche en que los caballos entraron a la universidad

Jul 29, 2025 | Destacado 5, Vidas políticas

Este martes que se cumplen 59 años de La Noche de los Bastones Largos, cuando la policía de la dictadura de Onganía intervino las facultades de la UBA y expulsó a palazos a docentes, autoridades y estudiantes. Así lo recuerdan los protagonistas.

Un mes después del derrocamiento al presidente Arturo Illia, la dictadura militar del teniente general Juan Carlos Onganía, intervino violentamente las universidades nacionales la noche del 29 de julio de 1966. La madrugada terminó a palazos y detenciones de alumnos, profesores y decanos de la Universidad de Buenos Aires. Hoy, a casi 60 años después, exalumnos y docentes reflexionan sobre el pasado dictatorial, y el presente democrático de la vida política universitaria.

En su momento, la violencia fue justificada por el gobierno de facto como respuesta a la toma de las instituciones por parte de los estudiantes, en acción de repudio al Decreto-Ley Nº 16.912. La medida disolvía el gobierno tripartito de estudiantes, profesores y graduados en las casas de estudio, al mismo tiempo que sometía a rectores y decanos al Ministerio de Educación. Esto pretendía desarticular la autonomía aprobada por el Estatuto Universitario en 1958, bajo la premisa de que las facultades eran el centro de la rebelión y la cooptación ideológica comunista. Junto con el decreto, Onganía determinó un plazo de 48 horas para que las autoridades educativas aceptaran el nombramiento de los interventores. Pero las fuerzas represivas del nuevo gobierno dictatorial irrumpieron mucho antes de que pudieran cumplirse las primeras 24 horas.

“Me acuerdo de haber entrado al aula gritando: “¡La cana, la cana!”, dice Ricardo Chorny mientras su café se enfría. Con 86 años recuerda ese instante y vuelve a ser un joven que nunca dejó de militar. “Esa noche había una asamblea en Arquitectura, que funcionaba en uno de los galpones al lado de la Facultad de Derecho”. “Yo salí del aula para ir al baño, y en ese momento vi que entraba la policía. Nos corrieron, alguno ligó un palazo, pero no fue tan violento como en Exactas”, cuenta. “Nos escapamos. Al día siguiente, intentamos hacer otra asamblea, pero vino la policía montada. Se agachaban para pasar por la puerta y nos corrieron por la Facultad a caballo”.

Según Chorny, este tipo de enfrentamientos, aunque riesgosos, eran habituales para los estudiantes “en el corazón de la resistencia”, como él lo llama: “Estábamos continuamente en la calle”. Chorny, militaba y estudiaba arquitectura, con apenas 20 años, integraba la Federación Universitaria Argentina, y participaba de numerosos “gestos” de rebeldía contra el régimen militar. Marchas relámpago, panfletos y “monedazos” eran algunas de tantas formas de mostrar el descontento: “Aprovechábamos cualquier situación que podíamos. Dejar la mano del decano colgada al momento de la entrega de diplomas, o decir unas palabras por los compañeros que estaban presos”.

“Cuando uno es joven es más inconsciente, y nosotros hacíamos cosas muy osadas”, reflexiona el arquitecto Carlos Vales en el estudio de su casa. Las paredes están cubiertas de libros, e incluso un par de bibliotecas, se elevan hasta el segundo nivel de la propiedad. En 1966, Vales tenía veinte años, no militaba en ningún partido, pero participaba de las asambleas y de las acciones de protesta: “Íbamos a la estación retiro y nos sentábamos en los andenes a tener clase. Cuando la gente bajaba del tren no podía salir porque estábamos tapando la salida. ¡Podrían habernos agarrado a palazos ahí mismo! Era una época de muchos enfrentamientos. Había facciones universitarias contrarias, y a veces se agarraban a tiros. Tuve amigos a los que les quedó en la pierna la cicatriz de una bala”, cuenta Vales, y continúa: “Ir a la facultad era peor que ir a la conscripción; yo no vi volar un tiro cuando fui a la colimba”.

En 1970, Marta Slemenson, integrante del Instituto Torcuato Di Tella, realizó una investigación recuperada por el periodista Sergio Moreno que dio nombre a los hechos de La noche de los bastones largos. Según Slemenson, en la Universidad de Buenos Aires renunciaron 1.378 docentes, es decir el 22,4% del total. En Exactas, las dimisiones llegaron al 77,4 % del plantel docente y al 51,3 % de los profesores titulares; en Filosofía y Letras al 68,7 % de sus docentes; y en Arquitectura al 47,7 %.

“Ese día tenía entrega, dejé mis trabajos y salí de la facultad. Unos minutos después llegó la policía y me enteré cuando llegué a casa”, comenta Vales. “Habían echado a los profesores y nosotros esperábamos las notas. No teníamos quién nos corrigiese. Nos encontrábamos como delincuentes con los ayudantes de cátedra en un bar o una casa para corregir los trabajos”, asevera. Vales aún conserva la libreta universitaria que le fue entregada ese fin de cuatrimestre. Un comité con el que los alumnos nunca tuvieron contacto resolvió sellar las planillas vacías, sin calificación, en las que solo se lee “Promovido”.

Para Norberto Fernández Lamarra, licenciado en Ciencias de la Educación, que ya se desempeñaba como docente a fines de 1960, la violencia repartida por la policía dejó marcas, no solo en la vida de los alumnos y docentes golpeados, sino que dejó heridas mucho más severas: “Estas medidas sobre la educación tuvieron un efecto no solo inmediato, sino también a largo plazo. Se trataba de un nivel de investigación y desarrollo que aún no hemos recuperado. El vaciamiento se siente en el país, no solo en la universidad”, afirma.  

Oscar Alpa, actual rector de la Universidad de La Pampa, y presidente del Consejo Interuniversitario reflexiona: “Lo que estamos recordando en esta fecha no se refiere solo a lo ocurrido en un momento no democrático y violento de nuestra historia, sino que nos muestra que la discusión de fondo es otra: ¿cuál es el modelo de país que queremos?, ¿Estamos logrando la formación que queremos?”.

En comparación con la actualidad, Fernández Lamarra reconoce: “Estamos atravesando un período muy duro que está afectando fuertemente el funcionamiento actual y futuro de las finanzas nacionales. Es posible que en no mucho tiempo veamos jóvenes que sean afectados por estas políticas, dejando la universidad, imposibilitados de recibir una buena formación, o que no puedan hacer investigación”, advierte. Si bien siempre hubo disputas por el presupuesto universitario, la actualidad tiene características especiales. “Se trata del congelamiento de los salarios frente a una inflación, que existe, pero se niega”. Y agrega: “Lo más contradictorio, es que se trata de un gobierno elegido democráticamente”. Pese a que la represión en las universidades no es física, seis décadas más tarde, los mecanismos de control, desprestigio y desfinanciamiento se convierten en las nuevas armas.