La institucionalización de los trolls

La institucionalización de los trolls

En una clase abierta en la Facultad de Derecho de la UBA, Julia Mengolini narró el ataque sistemático que sufrió en redes y presentó con Juan Grabois su denuncia contra el presidente Milei y su granja de tuiteros por amenazas, intimidación pública, apología del delito y malversación de fondos.

En las últimas semanas, la periodista Julia Mengolini fue blanco de una campaña de ataques en plataformas digitales, que incluyó la difusión masiva de un video generado con inteligencia artificial en el que se la mostraba en una escena sexual junto a su hermano, siendo un material extensamente replicado por cuentas vinculadas al oficialismo. La causa cayó en manos del juez federal Lino Mirabelli, quien está al frente del Juzgado N.º 2 de San Isidro. Como primera medida, dispuso que la denunciante cuente con custodia las 24 horas. La fundadora de Futurock es representada por Grabois y el equipo de su organización, Argentina Humana. Juntos organizaron la exposición en la Sala Azul de la Facultad de Derecho, bajo el título “Inteligencia artificial y violencia estatal”.

A minutos de que se iniciara la conferencia, la circulación en la parte trasera de la planta principal de la Facultad se vio interrumpida por una extensa fila que cruzaba de punta a punta uno de los pasillos. La convocatoria, difundida por la protagonista en sus redes y en su programa de radio, superó ampliamente las expectativas. La Sala Azul, con capacidad para 180 personas, se desbordó por la llegada de alumnos, abogados, periodistas, docentes y figuras de la política nacional, como el senador Mariano Recalde, la diputada Natalia Zaracho y la Madre de Plaza de Mayo Taty Almeida, quien fue ovacionada al ingresar.

Mengolini tomó la palabra al inicio, luego de ser presentada como “la protagonista no querida de esta historia”. “Desde el gobierno de Milei, un sistema de trolls empezó a institucionalizarse, a perfeccionarse, a profundizar sus métodos, y llegó a este último episodio por el que estamos acá, con una crueldad inimaginable y una idea absolutamente siniestra”, comenzó diciendo la periodista. Acto seguido, explicó que lo que le hicieron fue crear “algunos videos con inteligencia artificial en donde me involucraban sexualmente con mi hermano, en paralelo con muchas amenazas”. Sobre estas últimas especificó: “Algunas me mandan al Río de la Plata, haciendo clara referencia a la época tal vez más terrorífica y oscura de nuestro país, y otras dicen simplemente, por ejemplo: ‘Hija de mil puta, te juro que te voy a secuestrar y vas a terminar tirada en una zanja’”.

Después de enumerar estas ofensas, las vinculó directamente con Javier Milei: “El Presidente de la Nación se montó sobre esto y me dedicó noventa y tres tuits, siempre haciendo alusión a una suerte de vuelto, de que me lo merecía”. “La difusión de estos videos, la saña, las amenazas y los retuits del presidente tenían el objetivo simple de hacerme sufrir, de torturarme”, sentenció con la voz quebrada, lo que generó fuertes aplausos y gritos de apoyo en el auditorio. “Soy feminista, soy peronista, soy un montón de cosas que a este gobierno le molestan, y el vuelto en realidad se trata de eso. No es conmigo, es con el pueblo argentino”, agregó.

Para finalizar, declaró que el objetivo de esta denuncia es sentar un precedente jurídico y social: “Hay que reconstruir los lazos sociales, porque esto no es una discusión política ni ideológica, ya es otra cosa. El ataque por parte del Estado nacional, con todas sus milicias digitales paraestatales, contra una persona es brutal, asimétrico, cruel”.

“Cuando uno se quiebra, tenemos que estar los demás. Estar para pelear, porque no vamos a ser sus víctimas, sino sus adversarios”, afirmó Grabois en su discurso. “Lo que le hicieron a Julia y a tantas otras compañeras fue infligir dolor. No solamente psíquico, físico. Duele en el cuerpo, incapacita”, manifestó y sentenció: “Acá hay un caso sin ningún precedente, en donde el propio Presidente de la Nación, jefe superior de las fuerzas de seguridad, en más de 100 oportunidades difunde o promueve —una broma en alusión a las explicaciones de Milei en el caso Libra— esta tortura”. Para el dirigente, hay una situación que se va generalizando, en la que el terror se instala en un sector de la dirigencia social, académica, periodística o cultural: “Las víctimas inmediatas de las agresiones, del aparato estatal y paraestatal que funciona alrededor del señor Javier Milei”.

Gabriela Gusis, docente de Derecho Penal y Criminología, calificó las acciones de las cuentas oficialistas como un “acto de violencia política con la intención de silenciar y advertir a las disidencias”. Esta violencia “siempre es ilícita”, ya que “usa mecanismos informales, medios no legales, humillantes, utiliza la crueldad”. Según ella, de esa manera se construye “una otredad a la que podemos odiar”. “Siempre se hace del mismo modo: primero te denigro, luego maximizo el ataque y, finalmente, agito la violencia explícita. No se prohíbe hablar, pero se castiga a quien habla”, subrayó. Gusis señaló que estas acciones constituyen un ilícito internacional según los tratados de derechos humanos y que la Ley Antidiscriminatoria (23.592) también prohíbe la incitación al odio político. Ante este escenario, recalcó que es necesario que no haya una neutralidad institucional frente al odio, y que el Estado “no puede convertirse en un agresor que usa herramientas tecnológicas para disciplinar”.

Para presentar la denuncia, estuvo la abogada Camila Palacín, quien explicó que el escrito —de 70 páginas— está encuadrado en cuatro hechos diferentes: amenazas, intimidación pública, apología del delito y malversación de fondos públicos. Sobre esto último detalló: “Lo que decimos es que este aparato de hostigamiento que denunciamos no fue improvisado, sino que hubo funcionarios que usaron su tiempo, las oficinas del Estado y los equipos tecnológicos para reproducir mensajes de odio, editar imágenes y construir esta campaña. Recursos que deberían estar destinados a gobernar, y no a perseguir a una ciudadana”. Además, remarcó lo novedoso del uso de la inteligencia artificial y explicó cómo funcionaba dentro de la lógica del ataque: “La creación de imágenes y videos con IA fue un puntapié para comenzar a circular en redes la idea de que existía un video real, y con eso generar daño y provocar oleadas de amenazas”.

 

En el cierre de la conferencia, Grabois expresó desde el primer momento que su perspectiva era punitivista: “Nosotros queremos un juicio y un castigo severo a quienes participaron de esta acción criminal, que es mucha gente. Que los dispositivos electrónicos de estas personas sean secuestrados, y que los que tengan que estar en detención preventiva para no entorpecer la causa, lo estén. No podemos aceptar las garantías procesales. Muchos de los actores están identificados. Hay un par que tiene fueros, el resto no. Y esto nosotros lo tenemos absolutamente probado: fue planificado y aplicado con sistematicidad”. También recalcó la gravedad de que Milei esté involucrado en la agresión: “El que promovió los mensajitos que se convirtieron en amenazas directas al celular de Julia fue él. Este es uno de los casos que ponen de manifiesto una inhabilidad por la cual ese señor no puede ser más Presidente de la Nación. Tiene que tener un juicio político y hay que sacarlo a través de los mecanismos que nos da la Constitución”. Finalmente, tras citar otros casos, enfatizó: “Nosotros los abordamos rigurosa y sistemáticamente para ganar. No para llorar. La víctima puede llorar. Los abogados no: estamos para ganar. Y ganar es que sean condenados todos los responsables”.

«Los recortes en salud se van a la timba financiera»

«Los recortes en salud se van a la timba financiera»

El legislador nacional Carlos Castagneto, integrante de la Comisión de Salud de Diputados, critica el desguace del área que lleva adelante el Gobierno Nacional. Cuestiona el cierre del Instituto Nacional del Cáncer, el desfinanciamiento y los despidos de los hospitales, la salida de la OMS, los recortes de medicaciones para el VIH y una larga lista de medidas oficiales.

En un contexto donde se vulneran garantías básicas de la sociedad, el Poder Ejecutivo toma un rol relevante como el hacedor de decretos que pasan por el Congreso casi sin obstáculos. Este último tiempo, la salud ha sido una de las áreas en la cual el Gobierno ha puesto mayor énfasis por recortar. Por eso, ANCCOM entrevistó a Carlos Castagneto, diputado nacional de Unión por la Patria por la provincia de Buenos Aires desde 2015: tras dos reelecciones, este es su tercer período en la Cámara Baja. El legisladoar es contador público, fue director de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y se desempeña en la Comisión de Acción Social y Salud Pública.

 “Cuando Milei dice que es un topo dentro del Estado me parece que es una familia de topos, porque un topo solo no hace todo lo que han hecho, de lo que se jactan con alegría –señala Castagneto–. La perversidad del Gobierno es festejar con la desgracia ajena. Hay un montón de gente de bajos recursos a la que le daban los medicamentos por VIH: si vos dejás de tomar la medicación por sida, te morís. La eliminación del Instituto Nacional del Cáncer también es gravísimo, se muere la gente si no consiguen los medicamentos por su provincia, y las provincias están colapsadas porque no les pasan los fondos de coparticipación. Es abandono de personas, porque son enfermedades terminales”.

El diputado se refirió al Decreto 459/2025 del Poder Ejecutivo que aún no ha llegado al Congreso. En el mismo se establece, entre otras medidas, el cierre del Instituto Nacional del Cáncer, el cierre de Instituto Nacional de Prevención, Diagnóstico, Tratamiento e Investigación de Enfermedades Cardiovasculares, y la centralización de la administración de cinco hospitales en un nuevo organismo que lleva el nombre de Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES). “Sobre los hospitales públicos se presentaron un montón de proyectos que se han tratado, pero algunos no salieron en el Senado, otros no salieron en Diputados, y con tristeza porque se modificaron más de 300 leyes –puntualiza–. Y entre las leyes modificadas no hay un solo artículo o un solo párrafo que sea bueno para el pueblo. Fueron todas leyes en contra del pueblo”.

Sobre este decreto, Castagneto indica que es una medida atribuida a la Ley Bases, donde se dictan “un montón de emergencias para fusionar y escindir organismos públicos”. También afirma que hace tiempo viene degradándose la salud: “Primero quisieron hacer del Ministerio de Salud una secretaría y no pudieron, tuvieron que seguir manteniendo el Ministerio. Otro paso fue salir de la Organización Mundial de la Salud, un error tremendo porque es donde se imparten las bases y las condiciones de la salud a nivel mundial y te vas informando de nuevas vacunas, de nuevos sistemas, de todo lo que concierne al sector”.

El diputado remarca los programas que fueron cerrados por este gobierno y que conciernen a la salud, como el programa de VIH y el de tuberculosis, como también la falta de vacunas: “Además, dejaron sin efecto la Fundación de la Hemofilia, dejaron sin financiamiento el Instituto Nacional del Cáncer y se cerraron los hospitales SAMIC, que son el Hospital de Alta Complejidad El Calafate, el Hospital de Alta Complejidad Cuenca Alta, y el Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce. En estos hospitales se hicieron, por ejemplo, trasplantes de órganos. También estamos viviendo lo de Posadas y lo del Garrahan”.

Castagneto advierte sobre el peligro que conlleva para la administración pública que se fusionen cinco hospitales. “Lo que le sacan es la administración propia de cada hospital –dice–. Cada uno tiene su administración; y esta medida los volverá más burocráticos, tardarán más tiempo para que puedan dar su prestación. Es justamente al revés, porque ellos tienen esta idea de sacar la burocracia”. La administración de cada hospital no es un costo en relación a lo que representa, plantea: “Cada vez más gente va al hospital público, porque cada vez menos gente tiene prepaga, y cada vez más gente no tiene trabajo. Si vos tenés un tomógrafo, por ejemplo, y se te quema la lámpara, vos tenés una administración propia y vas a comprar la lámpara y la ponés. Ahora, si tenés que ir al nivel central y el nivel central tiene que priorizar esa luz, tarda mucho más tiempo. Además, es daño por daño en sí, porque si vos me decís que se achica eso pero se hace un nuevo hospital, te lo puedo entender; pero achicar para llevarse la plata en la timba financiera, no”.

Además, destaca el riesgo que conllevan estos cambios en cuanto a los despidos: “Si hay un servicio administrativo propio en cada hospital, ¿esa gente qué va a hacer? No van a ir a un nivel central, van a achicar personal todos lados. Están achicando personal y se jactan de la alegría de haber achicado personal del Estado”. 

En este sentido, el diputado remarca que en esto responde a un contexto mucho más complejo: “Como ocurre en salud pasa en un montón de temas, creo que este año el Gobierno nacional ha desarmado un montón de presencia del Estado. Quizás uno no sabe todo lo que hace el INTI con la industria, la apoyatura, la capacitación y la formación; y lo mismo con el INTA con el campo, tiene un trabajo muy importante. Te podría hablar también de Vialidad Nacional, hoy vas a una ruta y nadie es responsable de que te pase algo. No hay mantenimiento, no hay obra y no hay tampoco proyección de obra de infraestructuras viales. Consideramos que todo se fue a la timba financiera, esto es cantado con la Ley Bases”.

Este escenario también se traduce a su trabajo como legislador. Indica que, dentro del Congreso, lo que más tristeza le genera son las actitudes de colegas: “Vos escuchás algunos discursos dentro del recinto y parece que van a votar en contra de esa ley, o ese proyecto que viene del Ejecutivo que es malo para el pueblo, y después lo terminan votando. Cuando uno jura, tiene que jurar por el partido que entró. Y para mí, cambiar, o irse del partido por el que entraste es fallarle al voto. A vos te votaron por un proyecto, por una ideología política, o porque dijiste algo que a la gente le gustó. Ahora, después llegás y te cambiás, yo creo que eso es traición hacia al que te votó. Si este gobierno hubiese presentado buenos proyectos, uno por ser opositor no tenés que negarte a todo. Si hay buenos proyectos, lo tenés que votar, yo siempre lo digo. Pero este gobierno presentó proyectos negativos para el pueblo”.

“Si algo se ha destacado la Argentina fue por la salud y la educación pública –señala Castagneto–. Y hoy esto se está perdiendo. Fijate lo que pasa con las universidades, lo que pasa con las escuelas públicas, cómo han dejado financiar el Fondo de Incentivo Docente. Cada proyecto de ley o ley que pudimos sacar en favor del pueblo fue vetado por el Presidente; lo hizo el año pasado con el financiamiento a las universidades, y con el aumento a las jubilaciones”. Al parecer, Milei hará lo mismo con el aumento a los jubilados y la Ley de Emergencia de la Discapacidad aprobadas la semana pasada.

“La verdad el Congreso está funcionando solamente para aprobar las leyes del Ejecutivo, el resto no se está tratando”, denuncia con firmeza. “El Presidente ya le dio la espalda al Parlamento el día que asumió. No entró y nos trató de ratas. No quiere al Congreso. Se maneja por decreto, y está equivocado totalmente, porque hay tres poderes y el Ejecutivo no es el dueño de todos los poderes. Y el Poder Judicial lamentablemente no actúa con justicia, sino juega a la política como si fuera un partido político más. Entonces, todas las causas que son contra los gobiernos nacionales y populares se mueven. Las causas que van contra los que realmente le hacen mal al país y regalan los recursos naturales, esas causas no se mueven. Entonces también hay que hacer una reforma en lo judicial”.

Sobreseen a seis manifestantes enjuiciados por protestar en Chubut

Sobreseen a seis manifestantes enjuiciados por protestar en Chubut

Dos legisladores radicales los habían denunciado cuando fueron increpados por votar el RIGI. Después de diez meses de estigmatización y criminalización fueron absueltos.

Protesta frente a la Legislatura de Chubut el pasado 15 de agosto. Foto: Gentileza Anibal Aguaisol

Los seis manifestantes denunciados por dos diputados radicales tras las protestas contra la adhesión de Chubut al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) fueron notificados de su sobreseimiento en una causa judicial que, desde el inicio, había sido denunciada como armada y persecutoria.

A pesar de la contundencia de la resolución, que se emitió el pasado 30 de junio, los medios provinciales que durante el proceso promovieron el escarnio público contra los acusados, optaron por no difundir la noticia del fin de la persecución penal. Los manifestantes esperaron un tiempo antes de dar a conocer la resolución judicial, con la esperanza de que los medios se hicieran eco por sí mismos. Como esto no ocurrió, decidieron finalmente comunicarlo públicamente.

Los hechos se remontan al 15 de agosto de 2024, cuando la Legislatura chubutense aprobó la adhesión al RIGI. Aquel día se desarrollaron jornadas de protesta frente al edificio legislativo, como expresión de rechazo a esa medida. En ese contexto, durante un cuarto intermedio, los diputados radicales Luis Juncos y María Andrea Aguilera se dirigieron a un bar cercano. Un grupo de manifestantes los reconoció y se acercó a interpelarlos sobre su voto afirmativo.

El intercambio, que fue grabado en video por los asistentes y transmitido en vivo por redes sociales, no implicó agresiones ni amenazas físicas. Sin embargo, horas más tarde, ambos legisladores presentaron una denuncia por supuestas amenazas y violencia, la cual fue luego ampliada por el vicegobernador Gustavo Menna, quien ni siquiera se encontraba presente durante los hechos.

Los seis imputados fueron Aníbal Aguaisol, Iván Marín, Noelia Silva, Bettina Granillo, Vilma Pérez y Luis Alejandro González. Todos ellos tienen una trayectoria reconocida en la defensa del ambiente, la educación pública, los derechos humanos y la comunicación alternativa. 

La maquinaria de la criminalización

Desde un inicio, la causa estuvo atravesada por una clara intención de disciplinamiento. En una primera instancia, el Poder Judicial impuso una orden de restricción de acercamiento a 500 metros de los legisladores, a la Legislatura y, en un caso llamativo, a la hija menor de edad de la diputada Aguilera, quien habría estado presente durante el altercado. Sin embargo, las pruebas fílmicas descartaron de forma contundente que la menor haya sido objeto de agresión alguna, como denunciaban los diputados. Incluso la fiscalía no consideró esa parte en la acusación formal.

Vilma Pérez contó que incluso la madre de la menor implicada habría ofrecido durante el proceso judicial que se la someta a una cámara Gesell, un método de interrogación y observación utilizado comúnmente durante procesos judiciales cuando se tiene que tomar declaración de niños, niñas y adolescentes. “Esa diputada, esa madre, entregó a su hija haciéndola mentir. La expuso públicamente, siendo una adolescente, con todos los riesgos que eso implica. Esa niña está criada para mentir, para conseguir todo con mentiras”, comentó.

“Era ridícula la restricción porque no podíamos entrar a Rawson”, comentó a ANCCOM Bettina Granillo, docente jubilada y una de las denunciadas. Vive en Trelew, ciudad vecina a la capital, y relató que, tras la imposición de la medida, sufrieron persecución policial, restricciones a su vida cotidiana y limitaciones para manifestarse libremente.

Pocos días después, la medida fue reducida, ya que afectaba las condiciones laborales de los imputados. Algunos de ellos son comunicadores y periodistas, lo que les impedía incluso cubrir manifestaciones en la Legislatura y ejercer su libertad de expresión. La fiscalía reconoció que la policía estuvo presente durante todo el hecho y no actuó, lo que contradecía la idea de una situación violenta.

Foto: Gentileza Anibal Aguaisol

El doble estándar judicial

El pasado 3 de julio, en otra causa emblemática, hubo sentencia en la causa en la cual un grupo de manifestantes había denunciado torturas policiales tras ser detenidos durante una protesta. Inicialmente, se los amenazó con costas judiciales por más de 10 millones de pesos, cifra exorbitante e intimidante. Finalmente, sólo uno de los implicados fue condenado a pagar una suma considerablemente menor (alrededor de 500 mil pesos).

Este contraste evidencia cómo la justicia actúa bajo presión y de manera tendenciosa, exagerando las acusaciones iniciales y, luego, recortándolas en silencio cuando las pruebas o la opinión pública lo exigen. Pero el daño ya está hecho: los imputados atraviesan procesos largos, con persecución judicial y policial, obstáculos a sus posibilidades laborales, estigmatización pública y amenazas que afectan su vida cotidiana durante años.

“No hay sanción para quienes nos denuncian falsamente”, remarcó Iván Marín, periodista independiente y uno de los acusados. “Los medios hegemónicos, en términos generales, están alineados con el extractivismo, reproducen la voz del gobierno de turno y nos usan como ejemplo para disciplinar la protesta”.

Un mes después del episodio en el bar, Marín fue detenido nuevamente mientras cubría una manifestación de empleados estatales. Ya regía la reducción de la medida de restricción, y él se encontraba cumpliéndola. “Los policías me dijeron que tenía que estar a 500 metros, me detuvieron igual. Obviamente volví a salir en todos los medios como un violento, cuando no había hecho nada”, denunció.

Poner el cuerpo tiene su costo

Además de ser activistas, muchos de los imputados ejercen oficios vinculados a la comunicación, a la docencia y el acompañamiento social. Y es precisamente allí donde la persecución también actúa: afectando sus medios de vida y estigmatizando su rol social.

Aníbal Aguaisol es psicólogo, docente universitario y fotógrafo independiente. Cámara en mano, viene documentando desde hace más de una década las luchas sociales y la criminalización de la protesta en Chubut. “La denuncia que nos hicieron se enmarca en una serie, un proceso de criminalización de la protesta donde el poder de turno se articula con una justicia genuflexa y una prensa cómplice”, dijo.

“Yo creo que mi trabajo tiene que ver con la forma que encontré para que se intersecten mi militancia con la fotografía”, reflexionó Aguaisol. “La fotografía tiene una potencia enorme para mostrar una realidad que está invisibilizada por los discursos hegemónicos”, completó.

Aquel día, Aguaisol llegó con su cámara minutos después del inicio del cruce con los diputados. Para entonces, la menor ya se había retirado, sin embargo, también se le impuso una restricción de acercamiento al colegio de la niña. “Además coordino un grupo de hombres que han ejercido violencia de género”, contó. “Fue una paradoja enorme que alguien que trabaja para erradicar la violencia haya sido denunciado como violento. Me dolió mucho. Esa denuncia, que ahora sabemos que es falsa, manchó mi nombre”.

Aníbal Aguaisol es psicólogo, docente universitario y fotógrafo independiente. Documenta desde hace más de una década las luchas sociales en Chubut. Deslizá para ver algunas de coberturas. 

Vilma Pérez, activista mapuche, docente con más de 35 años de trayectoria y directora de una escuela, también fue blanco de la difamación. “Trabajo con chicos en situación de vulnerabilidad. Imaginate lo que fue para mí ver que todos los medios decían que una directora había maltratado a una nena y no la dejó salir del lugar”, comentó. “Había una radio comunitaria filmando en vivo, había vecinos grabando: se ve todo, desde que entramos hasta que nos fuimos”. Y agregó: “No les importa que sea mentira, el vicegobernador Menna y la diputada Aguilera iniciaron esta causa sabiendo que mentían. Lo hacen para dañarnos públicamente. Yo quedé como la ‘docente mapuche terrorista’ que golpeó a una niña”.

El caso de Noelia Silva es particular. Ella, en su labor social y periodística, ha estado presente en la inmensa mayoría de las causas sociales, lo que la ha convertido en protagonista de muchas de las denuncias. 

“Me gustaría aclarar que soy la única persona que está en todas las denuncias que hizo el Estado desde 2019 hasta hoy, eso me preocupa”, explicó. “Hay un video en el que le hago una pregunta a un diputado y Menna, desde la presidencia de la Legislatura, me hace callar y me dice que me van a imputar”. La imputación efectivamente llegó una semana después.

Además de las causas personales, Silva también sufre el silenciamiento institucional hacia el medio en el que trabaja, Radio Sudaka, un espacio comunitario que difunde noticias desde una perspectiva alternativa. “En la Legislatura no nos dejan ingresar al palco de prensa, no nos dejan hacer preguntas”, denunció. “Es como estar totalmente marginados de todo lo que es la esfera comunicacional en la zona. Y no hay medios que cuenten ninguna de las cosas que cuenta el nuestro”.

Sobre esto reflexionaron algunos de sus compañeros. “Hay una lógica en la que el Gobierno Provincial persigue y restringe a los pocos medios que no reproducen su visión”, comentó Iván Marín, periodista independiente que fue despedido por uno de los diarios más importantes de la provincia por tomar un megáfono durante una protesta que terminaría con daños al edificio de aquella redacción.

“No podemos permitir que se vulneren derechos que se ganaron con tanta lucha, con tanta militancia popular”, comentó Pérez. Y reflexionó: “No podemos tener la actitud de ´ya está´. No está nada. Si no salimos a contar lo que nos pasa, todo queda encerrado en estos kilómetros de territorio y no se conoce, y más aún cuando los medios hegemónicos callan o negocian”.

En el nombre del tío

En el nombre del tío

Simón Martínez Lepratti fue electo presidente del centro de estudiantes de su escuela, en el Gran Rosario. Es el sobrino de Claudio «Pocho» Lepratti, una de las víctimas mortales que dejó la represión del gobierno de Fernando de la Rúa el día que renunció. Inspirado en él, León Gieco escribió «El ángel de la bicicleta».

Simón Claudio Martínez Lepratti ganó las elecciones del Centro de la Escuela 398 Malvinas Argentinas en Funes, Santa Fe. El estudiante, de solo 16 años, continúa con el legado familiar: es el sobrino de Claudio Pocho Lepratti, inmortalizado en una canción por León Gieco como “El ángel de la bicicleta”, una de las víctimas emblemáticas del gobierno de Fernando de la Rúa, que abandonó la Casa Rosada dejando más de tres decenas de muertos a manos de distintas fuerzas policiales. El joven militante dice que trabaja para desestigmatizar la educación pública, visibilizando la crisis que está sufriendo por el desfinanciamiento, y a la vez generando espacios de escucha para sus compañeros de colegio.

 

Valores de familia

Simón es hijo del dirigente gremial Gustavo Martínez y de Celeste Lepratti, quien se abocó a la lucha en contra del gatillo fácil y a la militancia feminista, llegando a ser concejala en Rosario. Ella falleció en diciembre de 2022 por una enfermedad. A su hermano, Claudio “Pocho”, también apodado “Hormiga” por su trabajo perseverante y atento a lo pequeño, lo mató la Policía de Santa Fe de un tiro en la garganta en la ciudad de Rosario, durante la represión a la rebelión popular que emergió el 19 y 20 de diciembre de 2001. “Bajen las armas que aquí solo hay pibes comiendo”, había gritado antes de que lo hicieran caer desde el techo del comedor popular en el que ayudaba y asistía. Pocho era conocido por moverse a todos lados en su bicicleta, que se volvió un símbolo de la lucha popular y quedó inmortalizada en la canción de Gieco. «Voy a cubrir tu lucha más que con flores. Voy a cuidar tu bondad más que con plegarias», canta Gieco. Y de algún modo, eso es lo que está haciendo su sobrino, manteniendo viva la solidaridad a través de acciones, yendo a contracorriente en una actualidad en la que priman el individualismo y “la desconexión con lo que le pasa al otro”, en palabras de Simón. “Cada uno está muy centrado en su burbuja, por la situación actual del país, por los algoritmos de las redes sociales, todo eso obviamente que sí afecta y fragmenta a la población”, observa el joven, que dice ver esta tendencia aún más entre las nuevas generaciones.

 Recordando el legado familiar, Simón reivindica los valores que le fueron transmitidos: “Nací en una familia que ya tenía su historia y que me marca en ese sentido, desde chico ya estaba involucrado en este entorno. Tanto mis hermanos o mi familia en general como yo siempre hemos tenido esa forma de pensar que tal vez no la encontrás en todos lados.”

 

Hacer política “de abajo hacia arriba”

Según Simón, uno de los principales objetivos del Centro de Estudiantes es “dejar una base establecida para los chicos que vienen después”. La importancia de tener una organización presente se evidenció durante la pandemia, período en el cual la escuela no tuvo un centro de estudiantes activo. Además, consideran fundamental poner el foco en visibilizar las problemáticas que tienen los alumnos, desde una actitud de receptividad y escucha y construyendo una organización que Martínez Lepratti describe como “de abajo hacia arriba” y no al revés. Dentro de estos conflictos menciona “la estigmatización del colegio”, que es desprestigiado o subestimado solo por el hecho de ser una institución pública. 

Simón levanta la bandera de la educación pública y considera que “hay que defenderla en todos los niveles, primario, secundario y universitario”. Sin embargo, muchas veces esta lucha se encuentra con dificultades, ya que cada vez menos chicos encuentran valor en la enseñanza. “Es un gran esfuerzo transmitir la importancia de la educación y terminar el curso siendo los mismos que empezamos. Es más difícil todavía cuando es verdad que hay un atraso en los contenidos educativos, un deterioro a nivel edilicio y fallas en la contención que se le da a los estudiantes. Estas falencias no se pueden demeritar”. Entre los problemas más graves que tienen los alumnos de Malvinas Argentinas el joven señala “las adicciones, los conflictos entre parejas y los embarazos no deseados”. Sin embargo, Simón reconoce que hay docentes que buscan hacer la diferencia desde adentro: “Los directivos y profesores realmente se ponen las pilas para que se aplique la Educación Sexual Integral y para enseñar de la mejor manera posible”.

 

Centros de Estudiantes en diálogo

Este martes, un día antes del feriado por la Independencia, la Federación de Centros de Estudiantes de Rosario convocó una reunión que incluyó a las comisiones de varias ciudades circundantes para poner en común sus experiencias y perspectivas, invitando entre otros a los directivos del Centro que ahora preside Lepratti. Simón celebró la iniciativa ya que implica una reorganización de parte la Federación, lo que puede ayudar no solo a Rosario sino también a Funes, Villa Gobernador Gálvez y San Lorenzo, importantes localidades que la rodean y conforman el área metropolitana.

Nacido en Rosario pero criado en Funes, Simón se siente más funense que rosarino. Si bien la ciudad creció y ya no es un pueblo, en la zona céntrica se mantiene la sensación de que “todos se conocen entre todos”, lo que no se da tanto en otras zonas. “En el centro hay quienes recurren siempre a los mismos lugares, a los mismos locales, pero más allá de eso Funes se ha expandido un montón en los últimos años”, describió.

 

“Lo hacemos por una causa con un sentido más grande”

El Centro de Estudiantes de la Escuela 398 Malvinas Argentinas está conformado principalmente por mujeres, tiene un sistema de organización horizontal y contiene una gran diversidad de perspectivas dentro de su conducción. “Hemos tenido que tomar ciertas decisiones que tal vez no estábamos todos del todo convencidos, pero lo hacemos por una causa que tiene un sentido más grande.”, afirmó Lepratti.  “Cuando hay que tomar una decisión importante nos reunimos todos y votamos, no nos juntamos unos pocos a decidir”, explica Simón en cuanto a la conducción de la comisión. Además, expresó que “hay diferentes opiniones y posiciones políticas, lo que nos une son las ganas de ayudar a los chicos”, enfatizando en el objetivo común de hacer que la escuela esté mejor, que más puedan seguir estudiando y que se le dé lugar a los reclamos que tienen los estudiantes. Simón considera que “la política tendría que ser más así, más abierta a diferentes opiniones y posiciones políticas” y resalta la importancia de lograr acuerdos, aun frente a la diversidad de perspectivas, ya que esto es lo que habilita la posibilidad de generar una construcción y acción conjunta, sin tantas trabas. “Aunque el Centro es un organismo político, intentamos no partidizarlo, porque hay gente que piensa muy distinto a lo que pienso yo o a lo que piensan mis compañeros y estamos todos dentro de la Comisión”. El recién nombrado presidente también contó que varios de los miembros del Centro tenían “una relación personal previa”, la mayoría se conocían desde antes y eso también ayudó mucho a que la dinámica fuera colaborativa.

 

Construir desde la escucha

Para Simón su rol más importante como presidente es “escuchar y también reconocer las falencias”, tomando lo que funcionó y lo que no como un punto de partida desde el cual construir en conjunto. “Creo que lo que intento yo es aprender de lo que sucedió y de ahí tal vez sacar una idea o un proyecto”, afirma. Sin embargo, también comprendió que la visibilidad puede conllevar críticas que van más allá de lo personal “aunque realmente en la última nota que me hicieron no dije nada muy drástico y recibí mensajes igual, ya entendí que para los trolls no depende de mí ni de lo que diga”, expresó.

En una actualidad cada vez más signada por el individualismo, Simón sigue el camino de los que vinieron antes que él, construyendo un espacio de diálogo que trabaje por el bien común de los estudiantes y por recuperar la sensibilidad ante lo que le pasa al otro.

Di Tullio denunciará por golpistas a los tuiteros de Milei

Di Tullio denunciará por golpistas a los tuiteros de Milei

La senadora de Unión por la Patria el lunes irá a los tribunales para denunciar penalmente a los usuarios libertarios que postearon mensajes que instigaban a bombardear el Congreso y a armar milicias que se levanten contra los legisladores.

En una encendida intervención en el Senado, el jueves 10 de julio la legisladora nacional Juliana Di Tullio anunció la presentación de una denuncia penal contra varios usuarios de la red social X (ex Twitter), a quienes acusó de realizar apología del delito, intimidación pública y amenazas, tras difundir mensajes que incitan a la violencia institucional y el quiebre del orden democrático nacional.

«Este Gobierno tiene un ejército en las redes sociales pagado con la nuestra, con la de los jubilados, la de los discapacitados y la de los gobernadores», comenzó señalando Di Tullio, visiblemente indignada por la proliferación de publicaciones que hacen referencia a  cerrar el Congreso mediante el uso de la fuerza.

La senadora comenzó a leer una serie de tuits publicados por cuentas afines al oficialismo que promueven abiertamente el uso de la fuerza para clausurar el Congreso Nacional. “Hay un tuitero, El Trumpista se llama, les voy a leer su tuit, dice: ‘El Javo debería armar milicias populares, entregando milicias a ciudadanos para facilitar el cierre del Congreso’. A nosotros nos están hablando, eh, nos hablan a nosotros”, afirmó.

Luego mencionó otros ejemplos preocupantes: “También está El Gordo Dan, que publicó: ‘Los tanques a la calle ya, es ahora’. Y Fran Fijap: ‘Hay que dinamitar todo el Congreso, con diputados y senadores adentro’”. La legisladora también describió otro mensaje aún más gráfico: “Después salió otro que se llama Gordo Edición, la voy a describir, porque no la puedo leer… Es nuestro recinto, con todos los senadores y senadoras de la Nación, y una explosión de una bomba. Y le dice: ‘Sí, Javeto’, que los bombardeen”.

A raíz de estos mensajes, Di Tullio anunció que presentará una denuncia penal en conjunto con su bloque, Unión Ciudadana, por los delitos de intimidación pública, apología del delito y amenazas. “Yo voy a hacer una denuncia penal, este bloque va a hacer una denuncia penal por intimidación pública, por apología del delito, por amenazas, porque la verdad es que es inaceptable”, sostuvo con firmeza.

Pero la senadora no se limitó a cuestionar el discurso violento en redes sociales; sino que también apuntó contra la persecución política a dirigentes opositores, dando nombre a la situación de Eva Mieri, concejala por el Frente de Todos en el partido bonaerense de Quilmes, quien fue detenida en una cárcel de máxima seguridad en el marco de una causa judicial.

Di Tullio se refirió a la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, lleva la causa contra Mieri: “La jueza federal Arroyo Salgado, que dice, o lo presume, que tiró bosta en una vereda de propiedad del diputado Espert. ¿Saben dónde está Eva Mieri? En una cárcel de máxima seguridad. ¿No les preocupa? A mí sí”.

Terminó concluyendo con un fuerte mensaje político e institucional: “Deberían todos rechazar que una concejala electa por el pueblo de Quilmes, por presunciones de una jueza, esté presa en una cárcel de máxima seguridad en este país que es ejemplo en defensa de los derechos humanos. ¡Una vergüenza nacional e internacional!”.

La intervención de Di Tullio generó repercusión inmediata tanto dentro como fuera del recinto, poniendo en el centro del debate el rol de las redes sociales en la reproducción de discursos violentos y el deber del Estado de garantizar la convivencia democrática.

Este viernes, ya se radicó una denuncia en los tribunales federales de Mendoza a través de dos abogados de la jurisdicción. La presentación está en la fiscalía federal de Alejandra Obregón. Allí acusan a Daniel Parisini –alias Gordo Dan– y Franco Iván Jeremías Antunes Puchol –Fran Fijap por intimidación pública, instigación a cometer delitos y apología del crimen. El lunes, Juliana Di Tullio se presentará en los tribunales para denunciar a los tolls libertarios.

Un piñón al mentón del Gobierno

Un piñón al mentón del Gobierno

En un día con varios temas sensibles a tratar y con muchas personas expectantes afuera del Congreso, la Cámara Alta aprobó por unanimidad la Emergencia en Discapacidad. También se dictó la ley que aumenta los haberes jubilatorios y la moratoria previsional. Además, los legisladores rechazaron al veto de la ley que establece un fondo de emergencia para Bahía Blanca y dieron media sanción al proyecto que obliga al gobierno a distribuir entre las provincias los Aportes del Tesoro Nacional retenidos y parte de lo recaudado por Impuesto a los Combustibles Líquidos. Todo al revés de lo que la Casa Rosada quería. Milei promete vetar las iniciativas.

No era un día fácil para el gobierno pero le salió peor de lo que esperaba: el Senado aprobó una serie de leyes muy sensibles para el gobierno: aumento para los jubilados, restitución de la moratoria previsional, además de dar la media sanción que faltaba para la Ley de Emergencia en Discapacidad. También se rechazó el veto presidencial al fondo de emergencia para Bahía Blanca. El presidente Javier Milei, desde la Bolsa de Comercio, anticipó que vetará todas las leyes que pongan en peligro el equilibrio fiscal. También acusó a la vicepresidente Victoria Villarruel de traidora por ser parte de la sesión. Horas antes ya se habían cruzado acusaciones en las redes con la ministra Patricia Bullrich.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, consideró que lo que ocurrió en el Senado fue “un golpe institucional” y amenazó con judicializar las leyes, lo que da cuenta de que el golpe del Congreso dolió en el Gobierno.

 

La emergencia en discapacidad

Como todos los jueves en que era posible el tratamiento en Diputados de la Ley de Discapacidad, confirmada la fecha de sesión en la Cámara Alta, la vigilia se hizo sentir. Frente al Congreso de la Nación, desde temprano se congregaron personas con discapacidad, familiares y trabajadores del sector en una nueva manifestación por la Ley de Emergencia en Discapacidad. 

Para aprobar esta norma, el voto en la Cámara de Senadores fue unánime. La Ley de Emergencia en Discapacidad pasó con 55 votos afirmativos, 0 negativos y 0 abstenciones, con la ausencia del oficialismo libertario y sus aliados del Pro. Además, fallaron los intentos oficialistas de boicotear la sesión aduciendo su nulidad, denunciando un golpe de Estado, apagando monitores y otros manotazos de ahogado. Como ya contaba con media sanción de la Cámara Baja la ley quedó aprobada.

Ante los resultados de este arduo conflicto, al ser consultada por ANCCOM, Laura Alcaide integrante de la Asamblea Discas en Lucha, comentó: “La Ley de Emergencia en Discapacidad es un punto de partida en nuestras luchas. Después de organizarnos desde abajo, de sostener cinco días de paro de los trabajadores, y hacer cuatro marchas federales en un montón de puntos del país, nos encontramos con mucha fuerza y mucha organización. Sabemos que este proyecto logró unirnos en la lucha aunque no sea el que nos garantice todas las condiciones de vida necesarias. Y aún con la situación que nos aqueja, sabemos que las demandas de las personas con discapacidad y nuestro sector han tomado visibilidad”.

Mientras tanto, el presidente desde la Bolsa de Comercio manifestó su profundo rechazo a casi la totalidad de las medidas tratadas en el recinto, como la mejora en las jubilaciones y la vuelta de la moratoria, “vamos a vetar, y si se cae, vamos a judicializar”, afirmó el  mandatario en su discurso en la BCBA.

La votación de esta Ley fue a las 18:44 y en la Plaza de los Dos Congresos corría la alegría pero también se vigorizaba la fuerza: “La realidad es que no podemos quedarnos con este logro. Vamos a exigir que Javier Milei no vete la ley, lucharemos otro tanto si se judicializa. Pero fundamentalmente vamos a exigir que todas y cada una de las leyes de nuestro marco normativo de avanzada se cumplan. Levantaremos cada vez más alto nuestras banderas, que no son solamente el cumplimiento de nuestras terapias, el sostenimiento de nuestras pensiones, sino también el acceso al trabajo, a la educación, la cultura y la salud. Básicamente nuestra exigencia es por vidas dignas” enfatizó la militante disca Laura Alcaide.

“Nuestra calidad de vida no es estrictamente la aprobación de una ley, por lo cual nos seguiremos encontrando en las calles”, resaltó Alcaide entre alegre y combativa.

iMás golpes al gobierno: aumento de jubilaciones

Otro de los temas calientes del día fue el tratamiento del aumento a jubilados y pensionados y la restitución de la moratoria previsional. En este caso, el Senado aprobó en general el 7,2 por ciento de aumento para los jubilados, elevó el bono de 70 mil a 110 mil pesos con 52 votos a favor, 4 abstenciones y 16 ausencias, entre las que se sumaban al bloque oficialista algunos aliados que proclamaron la invalidez de la sesión por no haber sido convocada formalmente por la presidente de la Cámara Alta, Victoria Villarruel. Sin embargo, al momento de la votación en particular de la extensión de la moratoria, los porotos cambiaron. Se aprobó con 39 votos afirmativos, 14 negativos y 1 abstención. De los 9 legisladores de la UCR que habían apoyado el aumento, 8 votaron en contra de la prórroga a la moratoria previsional y el restante, Martín Lousteau se abstuvo. No fue el único cambio en la votación por artículo por artículo, donde hubo otras bajas.

 

Emergencia en Bahía Blanca

El Senado también rechazó con 51 votos afirmativos el veto presidencial a la declaración de Emergencia Social, Económica, Sanitaria, Ambiental y Urbana en el municipio de Bahía Blanca. La iniciativa que le propone al Ejecutivo destinar una partida extraordinaria de 200 mil millones para asistir a la ciudad devastada por el temporal, había sido aprobada por 230 votos afirmativos en Diputados. Además, la declaración de emergencia establece la suspensión por 90 días de juicios y procedimientos de cobro de acreencias vencidas ante esta situación garantizando la tranqulidad de familias, comerciantes y productores.

Sobre el cierre de la sesión, los senadores también dieron media sanción al proyecto de ley que obliga al Poder Ejecutivo a distribuir en las provincias los recursos retenidos correspondientes a los Aportes del Tesoro Nacional y de los impuestos a los combustibles líquidos, que tienen una asignación específica destinada al mantenimiento de las rutas y que el gobierno embolsó para sostener el déficit fiscal.

La Cámara Alta aprobó todo lo que el gobierno no quería por primera vez desde que Milei es presidente. ¿Será un cambio definitivo en la relación con los gobernadores o solo una escaramuza para medir la relación de fuerzas?