Despedidos con historia

Despedidos con historia

Tres historias de víctimas de la motosierra en el Estado, que reflejan la situación de más de 60.000 trabajadores. 

Desde el video de la motosierra en campaña a la realidad efectiva, Milei no mintió: la cantidad de despidos en diversas dependencias del Estado no ha dejado de aumentar desde que asumió. Si bien el dato exacto de la cantidad de trabajadores expulsados del Estado al día de hoy no es certero, el mismo presidente exclamó orgulloso: “Hemos echado a 50 mil empleados públicos. Eso es motosierra. Dimos de baja 10 mil contratos. ¡Eso es motosierra!».

Los tres primeros meses del año fueron críticos para los trabajadores de distintos organismos estatales. La proximidad de los vencimientos de contratos laborales de miles de empleados, junto con la escasez de información oficial, creó un clima de incertidumbre que fue la antesala a una ola de despidos masivos en los últimos días de marzo. Solo en el fin de semana largo de Semana Santa fueron despedidos 15.000 trabajadores.

ANCCOM dialogó con tres personas afectadas directamente por esta política de desguace del Estado, lo que implica un grave retroceso en relación a la protección de derechos fundamentales para la sociedad.

 

Niñeces, adolescencias y familias, más desprotegidas

 Adriana Ortega, licenciada en Trabajo Social, dedicó 23 años de su vida a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF). Hasta finales de marzo ejercía el rol de coordinadora de la Dirección Nacional para Adolescentes Infractores a la Ley Penal. Era interlocutora entre las provincias y el organismo central, llegando a tener a cargo la coordinación con 12 jurisdicciones. “No sólo hacíamos los relevamientos exigidos por organismos nacionales e internacionales, sino que diseñábamos planes según las necesidades de cada ciudad y región del país. Además se coordinaban convenios, proyectos y también trabajos con ONG”, declaró Ortega.

El SENAF es el organismo encargado de implementar políticas federales e inclusivas destinadas a promover los derechos de niñas, niños, adolescentes y personas mayores. “Trabajamos con poblaciones de extrema vulnerabilidad: niños abandonados, adultos mayores en situación de pobreza y abandono, mujeres que han sufrido violencia de género, adolescentes en situación de no adoptabilidad, menores y mayores víctimas de explotación sexual y laboral, entre otros. Hay muchísimo en la SENAF: los equipos fuimos abordando desde la asistencia directa y poniendo el cuerpo e incluso nuestros recursos económicos personales para mantener nuestro trabajo”, expresó la trabajadora social.

El miércoles 27 de marzo a las 20.40 llegó un mail a su casilla laboral que indicaba: “Por medio de la presente se le notifica que el contrato oportunamente celebrado con este organismo, en el marco de lo dispuesto por el Artículo 9 del Anexo de la Ley N° 25164, cuyo vencimiento opera el 31 de marzo del corriente año, no será renovado. Queda Ud. debidamente notificado”. “Es un mail que no tiene ni mi nombre, ni encabezado, ni tampoco una firma oficial. El día que lo recibí fue tirar a la basura 23 años de especialización. Es muy fuerte porque yo no puedo ir a ningún lado a realizar la labor que solía hacer porque es un trabajo específico del Estado”, manifestó Ortega.

De la SENAF fueron despedidas 326 personas y quienes quedaron, tienen un contrato “en revisión” hasta el 30 de junio. Se espera así otra oleada de despidos en el organismo. “Echaron personas que eran piezas clave para el funcionamiento de la SENAF. No fue un proceso de análisis cuidadoso, sino un recorte sin ningún parámetro ni criterio. Nadie de la nueva gestión nos pidió explicar nuestras tareas, no hubo evaluación mediante. Tuvimos la mala suerte de que el dedo haya caído en nuestro apellido”, denució la trabajadora social.

El desguace de la SENAF significa la desaparición de “un veedor y un organismo para controlar el accionar del Poder Judicial o de las fuerzas policiales sobre poblaciones muy vulnerables. Es una función que cumple el Estado, que debe ser fortalecida y no diezmada”, finalizó Ortega.

Retroceso en las políticas para las personas con discapacidad

En la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la situación no fue diferente. Guadalupe Bargiela, trabajadora del organismo, declaró: “Muchos se enteraron por un mail o por una lista en la puerta del edificio. Son 340 los despedidos a lo largo de todo el país. Dentro de ellos hay delegados sindicales, personas con discapacidad, personas con licencias psiquiátricas y de maternidad, algunos de planta permanente y otros con contratos de locación de servicios. Es un verdadero desguace del Estado nacional”. Bargiela trabajaba en ANDIS desde hacía cuatro años y se desempeñaba en el área de participación ciudadana, respondiendo mails a la comunidad.

ANDIS lleva adelante la junta evaluadora de discapacidad, que es el órgano controlador de todas las juntas de nivel provincial que emiten certificados de discapacidad y pensiones en todo el territorio nacional. “Además, se realizan talleres para la comunidad en el predio de la agencia, entre ellos clases de tango, escritura, deportes, etc. Otro punto nodal del trabajo de ANDIS es la promoción de la inclusión en todos los organismos estatales con capacitaciones para que estén preparadas para recibir a las personas con discapacidad”, declaró Bargiela sobre las tareas de la agencia. Ella misma es una trabajadora con discapacidad visual; sin embargo, derechos como éste que le garantizó a ella y tantos otros el derecho al trabajo, hoy se ven doblemente vulnerados.

En cuanto a las designaciones de la nueva gestión para el instituto, Bargiela señaló: “Las personas que entraron no saben de discapacidad. En realidad, al gobierno no le importa la cuestión. Para darse una idea, el nuevo director ejecutivo del ANDIS es un penalista”, haciendo referencia a Diego Orlando Spagnuolo, abogado del presidente y ahora cabeza del organismo.

La falta de personal afecta directamente a las funciones del instituto; el desarrollo de programas de inclusión, la atención al público, la ayuda y el otorgamiento de certificados y pensiones son obstaculizados por las medidas del Poder Ejecutivo. “Están realmente vulnerando, más aún de lo que se venía haciendo, al colectivo de personas con discapacidad”, aclaró Bargiela.

Muchos de los trabajadores despedidos se agruparon para tomar medidas de lucha. “Trabajadores de ANDIS en lucha” es el nombre que toma la organización que denuncia la situación de los empleados de la agencia y que el 20 de abril llevará a cabo una asamblea para plantear esta situación que afecta de manera transversal al colectivo. “Seguiremos peleando, mientras que los derechos de las personas con discapacidad estén siendo vulnerados”, finalizó Bargiela.

¿Quién protegerá a los parques nacionales?

Ayelén Arcos es antropóloga y desde mayo del año pasado formaba parte del proyecto Paisajes, promovido por el Banco Mundial. Paisajes es un convenio con Parques Nacionales para la recuperación de medios de vida sostenibles y de paisajes con una mirada socioambiental, a desarrollar en distintas zonas a lo largo del país. Junto a una compañera, era la encargada de las evaluaciones de impacto social y ambiental de las iniciativas de Paisajes en la zona que abarca desde El Chaltén y Calafate (Santa Cruz) hasta Ushuaia (Tierra del Fuego). “Al ser un convenio entre Parques Nacionales y el Banco Mundial, el empleo corre por cuenta del Estado pero el financiamiento del proyecto y los sueldos van por el parte del Banco Mundial, un organismo internacional”, declaró Arcos.

Parques Nacionales también fue impactado por la ola de despidos, la desfinanciación y la falta de definición de autoridades del Poder Ejecutivo: “En “Paisajes”, donde nosotras trabajábamos, había dos obras sumamente importantes: dos edificios de incendios en el Parque Nacional Los Glaciares y en el Parque Nacional Tierra del Fuego. Para poder avanzar sobre esa licitación necesitábamos que alguien firme y no había tal firma, porque ni siquiera se habían definido autoridades”, explicó la antropóloga.

En cuanto a la situación previa a los despidos, Arcos detalló: “Nosotros la veíamos venir, porque el modus operandi es siempre el mismo: hay una especie de vaciamiento de tareas previa. Y, finalmente, como si fuera una profecía autocumplida, esa persona no está haciendo nada y esto justificaría su despido”.

La institución empleaba alrededor de 2.000 personas previamente a la asunción de Milei. “Antes de los despidos se calculaba que por cada funcionario de parque había 8.000 hectáreas. Hoy en día hay muchísima menos presencia. En esta tanda echaron a 80 personas y a mediados de año se pretende echar a 350 más. Es más de una cuarta parte del personal”, aclaró la antropóloga. De la cifra total, muchos eran especialistas que trabajaban en el proyecto Paisajes, aún cuando sus sueldos estaban financiados de manera externa al Estado.

La reducción de personal afecta al cuidado de la biodiversidad y el desarrollo sostenible de los Parques Nacionales. “Pareciera que quieren reducir a Parques a una institución de solo guardaparques y brigadistas, eliminando todas las funciones de conservación. Hay un gran área de estudio de la biodiversidad, encargados de prevenir y manejar incendios e incluso investigación sobre el impacto del cambio climático. Somos muchos velando por las funciones de conservación e investigación que deben tener los parques nacionales”, concluyó Arcos.

Estas historias se multiplican por miles, en muchas dependencias estatales. Mientras que no se logre detener esta política de achicamiento del Estado, cada vez más derechos correrán el riesgo de evaporarse, destruyendo en un instante lo que lleva un largo período conquistar. 

La Biblioteca Nacional se defiende

La Biblioteca Nacional se defiende

Escritores, intelectuales, gremialistas y trabajadores se reunieron en la explanada de la Biblioteca Nacional para reclamar por la reincorporación de los 120 despedidos y hacer un llamamiento en defensa de la cultura.

“¿En serio esto se soluciona despidiendo a 15 mil o 70 mil trabajadores?”, dijo Rodolfo Aguiar, titular de ATE, el martes 16 de abril en la explanada de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno cuando trabajadores y personalidades de la cultura se reunieron para exigir la reinciorporación de los 120 trabajadores despedidos de esa institución y hacer un llamamiento en defensa de la cultura.

La existencia de una biblioteca de libre acceso es de carácter imprescindible para el desarrollo social. Sergio Palazzo, diputado del Frente de Todos que se hizo presente en la Biblioteca, contó su propia experiencia: habiéndose criado en una familia de bajos recursos, siempre recurrió a la Biblioteca Nacional para poder acceder a libros escolares. Y sostuvo que si no fuese por la existencia de esta institución, su formación educativa no hubiese podido concretarse.

Señaló que la Biblioteca debe defenderse por la amplia cantidad de archivos que custodia, mediante los cuales permite conocer y conservar la historia nacional, así como también por la diversidad de libros escritos por intelectuales y científicos de todas las corrientes del pensamiento argentino e internacional.

También se hizo presente en este acto la escritora Claudia Piñeiro, quien expresó su solidaridad con los trabajadores despedidos. “La biblioteca -subrayó- cuida, preserva y difunde el patrimonio bibliográfico y cultural de la argentina”. La autora de La viuda de los jueves agregó que esa tarea no se hace sola, se necesitan trabajadores que lo hagan con seriedad y profesionalismo, y señaló también que este pedido no es únicamente por los trabajadores sino también por el derecho de acceder a nuestra historia porque nos corresponde como ciudadanos. Piñeiro, además,  insistió que todo el material disponible en la biblioteca, siendo de gran valor, cree paradójico que a nuestro gobierno, caracterizado por los cálculos en sí, no pueda medir el valor de los archivos bibliotecarios.

A continuación, tomó la palabra la docente, activista por los derechos humanos e integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeida. Habló en nombre de todas las Madres y de todos los organismos que defienden los derechos humanos. Expresó un gran lamento ante la situación del país, señalando que casi todos los días se están llevando a cabo distintos actos en repudio de las medidas del presidente. De todas formas, pronunció palabras de aliento, pidiéndole a la gente que nunca abandone las luchas que nos competen como pueblo, porque “la única lucha que se pierde, es la que se abandona”

Para finalizar el acto, Aguiar exclamó que más de la mitad de esta crisis profunda que está atravesando el país “tiene que ver meramente con las medidas económicas que está impulsando este gobierno, no los anteriores, independientemente de la mirada que cada uno pueda tener”. Y agregó: “Pero yo nunca he visto otro camino a recorrer que no sea

la lucha en la calle y ahí nos tenemos que seguir juntando y uniendo. Todos unidos. Tenemos que ser capaces de preguntar ¿Qué hay detrás de los despidos? Con Milei nos damos cuenta que el Estado se fortalece o debilita depende de quién lo mire. Si lo miramos nosotros, están destruyendo el Estado de la gente, están debilitando el Estado de servicio del pueblo.”

Ya una semana antes de los despidos, efectivizados durante el feriado de Semana Santa, circuló una carta firmada por 21.000 intelectuales y personalidades de la cultura advirtiendo del riesgo que significaba el desmantelamiento de la institución cultural más antigua del país, que precede incluso a la conformación del Estado argentino.

¿Por qué a Milei le resulta tan fácil despedir a los empleados públicos?

¿Por qué a Milei le resulta tan fácil despedir a los empleados públicos?

Ana Castellani, la exsecretaria de Gestión y Empleo Público del gobierno de Alberto Fernández reflexiona tras el despido de 15.000 trabajadores del Estado en un fin de semana. Cuestiones de hecho, limitaciones legales y problemas típicos del empleo público.

Mientras que la marea de despidos en el Estado por parte del nuevo gobierno nacional sigue en aumento y los expulsados se reúnen para organizarse, aumenta la tensión que desemboca en represión y una creciente presencia policial. Este recorte súbito conlleva también el de numerosas funciones estatales.

La desvinculación forzada de 15.000 trabajadores del ámbito público abre una serie de interrogantes sobre el funcionamiento de la administración nacional. ¿Es realmente sostenible una ola de despidos masivos de este calibre? ¿Cuáles son las medidas de prevención de las que disponemos?

ANCCOM se reunió con Ana Castellani, ex-Secretaria de Trabajo de la gestión Fernández-Fernández, para discutir sobre el funcionamiento y las cuestiones de hecho que rodean este periodo marcado por la incertidumbre.

¿Qué posibilita este manejo de la cuestión pública dentro del marco legal? ¿Qué actitud frente a la construcción previa encontrás?
Milei en campaña fue muy claro sobre lo que pensaba del Estado, de las funciones que tenía que asumir: un ámbito de acción mucho más restringido que el planteado por cualquier otra fuerza política con anterioridad. También dejó en claro lo que pensaba del empleo público: se opuso, hasta formalmente, a la realización de concursos en el marco del programa de regularización de la dependencia.
Es importante aclarar que la relación de los despedidos era totalmente formal porque es una relación de dependencia, enmarcada en la Ley de Empleo Público. Son contratos de renovación anual, no una relación informal o de dependencia encubierta. El tema es que no tiene la misma estabilidad y ha sido una herramienta que los distintos gobiernos del siglo XXI han usado de forma excesiva.
Durante nuestra gestión, cuando hicimos el diagnóstico de la situación, identificamos un problema importante: 36 mil personas que trabajaban en la administración pública con contratos en renovación hace 5 años o más. Estos cargos, evidentemente no correspondían a un proyecto transitorio, sino para cumplir tareas sustantivas. Para eso diseñamos un plan de concursos ambicioso que quedó sin efecto con la decisión del gobierno de no patrocinarlo.

Hay mucha confusión con el tema de los concursos, una demanda genuina de las personas empleadas en el sector público, que después se utiliza como demanda política, pero que tiene un problema de implementación elemental: o vas por un DNU que los pase a planta para que venga otro presidente y los saque o vas a un proceso de concursos que lleva en el mejor de los casos un año.

Ana Castellani

Y Milei trunca ese proceso…
Milei retoma el manual de los noventa. No es como el macrismo que consideraba que había ingresado militancia al sistema que había que purgar, la grasa militante. El Estado, que hoy tiene 76 organismos descentralizados, según ellos no tiene que existir y hay que echar gente bajo distintos contratos. Si están bajo el régimen de Ley de Contrato de Trabajo, hay que indemnizarlos. Por eso es más fácil ir contra los llamados Artículo 9, porque son los de menor costo económico. Sencillamente se desvinculan por cese de contrato, más allá de que después haya embargos colectivos y acciones individuales. Pero eso no pasa con todas las reparticiones: había gente vinculada hace 30 años y fue desvinculada a las apuradas, sin ningún registro ni análisis.

Parece que la idea es barrer con todo y después ver cómo seguir… ¿Cómo hacer para seguir avanzando ante tanta incertidumbre?

Lo que pase en empresas regidas por la Ley de Contrato de Trabajo es una cosa. Necesitás pasar por el Congreso. Lo de una dependencia de un ministerio es otra cosa, porque se enmarca en el empleo público. Es muy importante aclarar que no se pone a la gente en la planta de la Administración Pública Nacional. La Ley estipula que solo se ingresa a la planta permanente por un mecanismo de selección abierto, donde el mérito y la idoneidad es evaluada mediante un proceso ya construido. El concurso, en el mejor de los mundos, lleva un año desde que se empieza a armar el expediente que inicia el proceso y su cierre con una designación. No es sencillo colocar a una persona en planta permanente. Hay mucha confusión con eso, porque es una demanda genuina de las personas empleadas en el sector público, que después se utiliza como demanda política, pero que tiene un problema de implementación elemental: o vas por un DNU presidencial que los pase a planta para que venga otro y los saque o vas a un proceso de concursos que lleva tiempo. No hay una varita mágica de pase a planta en la Ley Marco del Empleo Público. Si bien todo empleado público tiene garantizada la estabilidad en la Constitución, cuando tenés un marco regulatorio que establece que cualquiera de las partes puede prescindir de la otra y que presenta la posibilidad de indemnización, se presenta esta inestabilidad. La política de Milei la usa para recortar las funciones del Estado.

 

¿Es esta inestabilidad parte de la irregularidad del marco legal que le da lugar a este tipo de discursos, que estigmatizan el trabajo público?
Acá no hay ningún criterio. Se ha despedido a gente que trabajaba. Nadie puede creer que todas estas personas a las que se está despidiendo efectivamente no iban a trabajar o eran militantes. Como el empleo público es muy vasto y heterogéneo la ciudadanía solo registra que uno hace un trámite y no sabe si es de la nación, provincia o municipio. El empleado público de nación es particular: un 57% de ellos tienen estudios superiores, un porcentaje más alto que los del sector privado, y realizan tareas que requieren de alto grado de profesionalidad. El sistema político tiene que decidir el tipo de administración pública que necesita y cómo sostenerla a lo largo del tiempo. Por ejemplo, al dejar el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) sin conducción, toda la oferta que dejamos construida para la capacitación queda sin implementar, porque nadie la firma y no puede ponerse en marcha.  Entonces no se quiere hacer un Estado más eficiente si no se aprovechan los recursos ya armados. No le interesa mejorar el Estado, sino privarlo de sus funciones.

¿Cuáles son los sectores más golpeados? ¿Cuáles consideras que eran más predecibles?

En primera instancia, Milei gobierna lo nacional. Indirectamente, que no manden fondos a las subdependencias también afecta el salario de sus trabajadores, pero no es una acción directa. La única herramienta federal con la que puede afectar trabajadores públicos de otros sectores es mediante la capacitación federal y eso está totalmente parado. Esta estrategia de no-gobierno es una forma de dejar morir a distintos organismos.

La ciencia y tecnología es uno de los sectores más atacados que todavía no pueden cerrar porque se crearon por ley o por decreto. Además porque tienen demasiado prestigio como para ir contra ellos de forma abierta en esta primera etapa. Pero la desfinanciación, la designación de una dirigencia de baja jerarquía, los deja sin forma de conseguir nada.

La Agencia de Promocion Cientifica y Tecnologia venía mejorando mucho a nivel instrumentos, pero ahora no está funcionando y el sistema científico queda en órbita de un Ministerio de Capital Humano que es un experimento raro, un amalgama de funciones de Trabajo, Educación, Cultura, Mujeres, Género y Diversidad, un mega ministerio imposible de gobernar, puesto a cargo de gente sin antecedentes. Esto va a presentar un problema severo para hacer que se implementen medidas desde él.

Todo gobierno tiene problemas para coordinar la acción del Estado pero este caso es realmente inédito, con muchos cargos aún sin designar y altísima cantidad de renuncias a cargos políticos de autoridad. Esto no pasó nunca, es una inestabilidad de rotación del cuadro inusitada. No es gratis cargarte gente de 15 o 20 años de antigüedad, porque cumplen funciones específicas de una trayectoria al interior del Estado. Eso explica la cantidad de errores de gestión. Esto habla de una fragilidad en la administración de la cosa pública que va a ir en aumento con el correr del tiempo.

 

¿Cómo te parece que le llega al resto de la población? ¿Ves posibilidades de un juicio político?
Es un panorama malo, pero no desolador. Las cosas buenas que tiene la Argentina son activos que no hay que destruir. En esa medida se puede construir arcos de alianza en los reclamos. Por lo demás, el mercado laboral que tenemos ya tenía problemas y ahora empieza a tener otros mayores. La gente no está mejor, eso es objetivo. En algún momento, ya pedís un resultado y sin un sendero de mejora que te dé un horizonte de posibilidad, no vas a resistir mucho.Ahí es que todo esto que fue gracioso y llamativo y le permitió a Milei llegar se vuelve totalmente en su contra: las canchereadas de los funcionarios, los paseos, los premios, los aviones… todo alimenta la indignación. Si no se resuelven los problemas materiales, es difícil que el gobierno consolide el marco de apoyo. Yo lo veo totalmente frágil. Ellos sostienen que esa fragilidad es una virtud. Yo creo que no es una virtud la fragilidad en una fuerza política, es una flaqueza del estilo de liderazgo. Si a eso le sumás la falta de trayectoria, la no posibilidad de articulación y la dinamización de estas articulaciones lo único que les queda es ir a por todo rápido, desatar un “ahora o nunca”. El fracaso de la administración se paga con disconformidad social. El juicio político vendrá después. Si vos echas 11 mil o más empleados estatales, eso se derrama en problemas sobre el sector privado, sobre todos los trabajadores. Toda esa gente entra a competir con vos por un puesto de trabajo y también baja su nivel de consumo. Estabilizar lo macroeconómico no sirve si no tenés un mercado laboral dinámico, porque solamente le sirve a los que están adentro, quienes quedan afuera del mercado laboral, ¿cómo compran alimentos?

 

¿Considerás que algún sector que no conoce el trabajo formal dio pie a este avance a nivel ideológico ?

Si en algún punto hubo sectores que tuvieron funcionamientos que habilitaron esto, no creo que esta sea la solución. Al menos debe acompañarse de cierto armado legal, porque este proceso habilita una gran cantidad de movimiento, pero deja a mucha gente desempleada en una economía ya frenada. La república tiene sus contrapesos, pero ahora no están funcionando como uno esperaría porque todavía hay una idea de que el presidente cuenta con el aval popular. No hay que estar urgido, esto no es el club del helicóptero. Independientemente de cómo le vaya en el gobierno, la llegada de Milei instala ideas muy distintas a las que creíamos parte de la identidad nacional. Esto no es un fenómeno exclusivo de Argentina. Es un fenómeno mundial, donde se corren los límites de lo posible en materia discursos. La fragilidad de la democracia que no ha sabido dar respuestas al resto de problemas cotidianos de la ciudadanía abre el juego político. Todo es cuesta arriba en la gestión. Hoy estás en el mejor momento, mañana estarás peor. La gestión es ardua y cada vez se hace más compleja. Argentina, a diferencia de otros países de la región, sigue teniendo un montón de mecanismos de solidaridad y construcción colectiva como los sindicatos. Por eso se los ataca tanto. Sin tener una visión idílica de ellos, obviamente también son conflictivos, los sindicatos son una forma poderosa de organización colectiva. Eso y los demás sectores que se organicen para hacer frente, son acciones muy importantes. La gente necesita ocuparse con tranquilidad de su vida familiar, doméstica, cotidiana. Ir a trabajar, ir al colegio, hacer un asado cada tanto, juntarse con sus amigos. Pero entre tantos paros, escasez y otros malestares, es todo palo y nada de zanahoria.

La Argentina no es una sociedad suicida. Cuando está peor, sabe decir “Ya basta”. Siempre ha sido así. No pudo la dictadura desmantelarla, con todo lo que se hizo. Así y todo se sigue dando pelea. Imagínate con un gobierno que cada dos años tiene que ver como reválida en las urnas. Ni este ni ningún otro.

«¿Está Télam?»

«¿Está Télam?»

Bajo el título “Fotoperiodismo de necesidad y urgencia”, la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA organizó un encuentro con trabajadores de Somos Télam, ARGRA y SiPreBa para debatir acerca de la importancia de la Agencia Nacional de Noticias.

Periodistas, fotorreporteros, docentes y estudiantes, convocados por el apagón de Télam, debatieron la importancia de los medios públicos y de una comunicación democrática y con pluralidad de voces. Bajo el título “Fotoperiodismo de necesidad y urgencia”, el encuentro se realizó el pasado viernes 12 de abril en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

El 14 de abril de 1945, Juan Domingo Perón determinó la creación de la que años después se convertiría en la mayor agencia de noticias de Latinoamérica. A 79 años de su fundación, Télam se ha consagrado como la principal proveedora de información periodística para más de 800 abonados y nueve millones de usuarios que consultan diariamente su página web.

“Es importante pensar en los procesos represivos que los reporteros gráficos están sufriendo actualmente, porque tienen un rol fundamental en el relato cotidiano contemporáneo de los conflictos que atravesamos como sociedad”, afirmó la directora de la carrera de Ciencias de la Comunicación y anfitriona, Larisa Kejval. De hecho, uno de los ejes de la charla fue el ataque violento a trabajadores de prensa acaecido el pasado 10 de abril, en el que un grupo de periodistas y reporteros gráficos fueron reprimidos por la policía en una manifestación de movimientos sociales en reclamo de comida.

El pasado 1° de marzo, durante la Asamblea Legislativa, el presidente Javier Milei anunció el cierre de la agencia, la cual sería intervenida por personal policial días después. Hasta hoy, los cientos de trabajadores dispensados de sus labores llevan a cabo un acampe fuera de ambas sedes de la agencia. Desde el apagón, aseguran, la soberanía informativa ha sido puesta en riesgo.

Alfredo Luna, parte del colectivo de trabajadores Somos Télam y delegado del SiPreBa, estuvo presente el día que la policía procedió al vallado de la agencia: “Es difícil de entender lo que estamos viviendo. Télam no es solo nuestro lugar de trabajo, sino nuestro lugar de pertenencia. Lo que sentí más violento fue entrar a la página de la agencia y ver un cartel que dice ‘Página en reconstrucción’. Hoy sigo entrando al portal, esperando, por las dudas. Vamos a seguir acampando pacíficamente fuera de las dos sedes, resguardando nuestro patrimonio, que es el de todos”.

Igor, reportero gráfico de ARGRA, en diálogo con ANCCOM, expresó: “Es muy importante estar acá para ver cómo nos encontramos en la calle ante la represión que viene impulsando el Gobierno hacia los periodistas. Por otro lado, hay que resaltar la importancia de los medios públicos y las agencias como Télam, que permite que miles de medios locales e internacionales compren radio cables y difundan una material informativo impresionante. Esto crea la posibilidad de que Argentina tenga soberanía en términos de comunicación”.

“El fotoperiodismo permite contar lo que está sucediendo en la calle constantemente con una imagen –agregó–, a través de las fotografías se puede construir en un futuro un archivo para documentar lo que fue sucediendo a lo largo de la historia. Ningún período es ahistórico, todo se enmarca en la construcción de una historia colectiva y para que nosotros podamos entender lo que sucedió, por ejemplo en la época de la dictadura, las imágenes son clave para difundir ese relato”.

Por su parte, Victoria Gesualdi, fotoperiodista de Télam y una de las coordinadoras del equipo fotográfico de ANCCOM, subrayó la importancia de entender la situación de los medios en una coyuntura de represión y precarización: “Para pensar qué hacer con Télam, que es sin duda la mayor expresión de memoria y patrimonio visual que tenemos, hay que entender que en un contexto de precarización estructural de los medios la lógica de un periodismo con función social y comprendido como un servicio público, está totalmente en jaque. La circulación de las imágenes hoy compite con fuentes como Twitter o Instagram en una trama de inteligencia artificial. En esa coyuntura hay que poner en valor lo que implica la agencia pública de noticias y el producir imágenes desde una perspectiva federal y soberana como sucede en Télam”.

Analía, fotógrafa de Télam, explicó para todos el funcionamiento del área de fotografía: “Télam produce entre 200 y 300 fotografías por día, 90 mil por año. Somos 51 fotoperiodistas de todo el país, con 21 corresponsalías, una de ellas en la Antártida, registramos lo que sucede en cada provincia. Todo el material se sube a la cablera y se concentra en un inmenso archivo, que hoy se encuentra inhabilitado. Esta labor es fundamental para la identidad de un país, y para brindar información en y desde las localidades. ¿Qué cubrimos? De todo. En los inicios de la agencia únicamente se cubrían actos políticos, con el paso del tiempo hemos llegado a cubrir todo tipo de áreas y temáticas. Télam, entonces, como medio público, garantiza la circulación de información de interés público no sometida a presiones políticas o comerciales. ¿Para quién producimos? Para los más de 800 abonados, y para toda la ciudadanía”.

Durante la mesa de editores de pequeños portales y revistas que se llevó a cabo en el marco de la jornada, todos remarcaron el valor que tiene, para sus medios, el cuerpo de imágenes que componen el famoso archivo. La pregunta que la mayoría de ellos hacían en el lugar de los hechos, era: “¿Está Télam?”. La presencia de la agencia les garantiza a cientos de medios la posibilidad de cubrir lo que ellos llegaban, y Télam siempre está, a lo largo y ancho de todo el país. Hoy, sin su archivo, ¿qué información circula?

El MOCASE denuncia que el agronegocio se cobró otra vida

El MOCASE denuncia que el agronegocio se cobró otra vida

Fabián Martínez fue asesinado de un tiro por integrantes de un grupo que intentaba desalojarlos. Detuvieron a integrantes de la Banda de los Padilla, que fueron filmados mientras lo ejecutaban.

Fabián Martínez, miembro del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, fue asesinado el 5 de abril en el paraje San Francisco, provincia de Santiago del Estero. Hay once detenidos, miembros de la banda de Jonathan Padilla, que según miembros del MoCaSe-VC (Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina) tiene vínculos con la empresa Porta Hnos. Con un video como prueba que muestra el momento del ataque, los acusados fueron detenidos.

Martínez, padre de cuatro hijos, fue baleado por el grupo armado conocido como “la Banda de los Padilla», encabezado precisamente por Jonathan Padilla. El conflicto comenzó el 28 de marzo, cuando miembros de esa banda ingresaron en un lote de uso comunitario con motivo de cercar el campo. “Los compañeros estaban pastando los animales y hablaron con los miembros de la banda pacíficamente. No estaba Padilla en ese momento, y acordaron sacar a los animales para que pudieran cercar con la condición de que dejaran abierto el portón para que el ganado pudiera entrar y salir libremente”, explicó una de las testigos, miembro del MoCaSe-VC, que no se identificó por razones de seguridad.

El 4 de abril, luego de que el grupo armado terminara de alambrar el predio, varios campesinos, entre los que se encontraba Martínez, se acercaron a buscar a los animales que habían quedado dentro del cerco. Según la testigo, en medio del diálogo con los miembros de la banda, llegó Padilla en una camioneta. “Vino muy agresivo diciendo que ya nos había dicho que nos fuéramos de acá. Nunca nos imaginamos que nos iban a agredir. A un compañero le pegaron con una máquina tira alambre en la espalda y y Fabián, para defenderlo, les pega un garrotazo en la cabeza. Ahí Padilla se altera y pide una escopeta que se la facilita Alejandro Palavecino, y nos dice ‘los voy a cagar matando a todos’. Le pega un tiro a Fabián y el resto de compañeros se dispersan hacia el monte”.

La testigo comentó que Padilla volvió a la camioneta con su banda para ir a buscar al resto de los campesinos. Al no poder encontrarlos, volvieron al lugar donde se encontraba el cuerpo de Fabián y lo remataron de un segundo tiro.

El dirigente de Patria Grande Juan Grabois afirmó que lo ocurrido es el “modus operandi” clásico para desalojar campesinos. “Se inventa un pseudotítulo, se contrata una banda de ‘alambradores’, ‘inspectores’, ‘puesteros’ y los campesinos muchas veces no pueden resistir. Una vez usurpada la tierra, estas empresas criminales desmontan todo destruyendo la biodiversidad del espacio. Así, se incorpora un nuevo territorio al modelo del agronegocio sojero o vacuno, la especulación inmobiliaria u otras actividades predatorias que crecen descontroladamente”, describió en un artículo de elDiarioAr. Grabois consideró que ante la resistencia campesina, “siempre hay algún juez dispuesto a dar por válidos títulos falsos o encontrar algún ribete estrambótico en la ley para justificar decisiones inconstitucionales. Si esto no se da y las empresas criminales no consiguen una homologación judicial o el apoyo de algún politiquero local, no dudan en matar.”

Agronegocio con banca

La Banda de los Padilla es conocida en la zona norte de Santiago del Estero por perseguir y violentar con armas de fuego a las comunidades campesinas e indígenas para usurpar las tierras y ponerlas al servicio del agronegocio. Si bien las comunidades han realizado las denuncias correspondientes a la justicia, el grupo continúa actuando libremente. “Estos son los territorios en disputa con el agronegocio. Santiago ahora es una zona muy codiciada porque tenemos mucho territorio y está muy dispersa la cantidad de familias campesinas en los departamentos del norte”, dijo en diálogo con ANCCOM Roger Almaraz, miembro del Área de Comunicación del MoCaSe Histórico. Según explió, Padilla ya habría tenido otros tres conflictos con el MoCaSe en los últimos años, y afirmó que este grupo armado es enviado por empresarios de Porta Hnos., productora de bioetanol, con el objetivo de ocupar y arrebatar las tierras. “Anteriormente ya había habido intentos por parte de la banda armada de sacar a la comunidad de ahí. Es un empresario que quiere usurpar las tierras, porque un campesino no va a tener una banda armada para repeler a otros campesinos”, agregó Almaraz. Para él, “el norte es el único pulmoncito que nos queda de Santiago respecto a los bosques nativos. El atropello permanente de esta banda armada no es de ahora, los venimos denunciando desde hace mucho tiempo por sus iniquidades. Esto viene desde Lictor Padilla, el padre de Jonathan. Era parte de la fuerza policial y ha sido exonerado por corrupción. Cuando salió, comenzó a trabajar para los empresarios que encuentran resistencia en el sector. Los contratan para hacer este trabajo sucio de amedrentar, cercar”.

Almaraz indicó que “se hacen desalojos silenciosos. Sospechamos que tienen una banca en algún lado, porque se han realizado operativos, allanamientos, los han detenido y al tercer día están afuera. Se nos cagan de risa. Todos los hijos de Padilla forman parte de la banda”.

En consonancia con esto, Darío Aranda, periodista especializado en agronegocio y docente de la Carrera de Comunicación de la UBA, afirmó a ANCCOM que “el asesinato de Martínez tiene directa relación con el avance de la frontera agropecuaria. No es algo nuevo, es algo que sucede hace más de 20 años. No es casualidad que en los últimos años se hayan dado por lo menos cuatro asesinatos de campesinos: Sandra Eli Juárez, que era una madre campesina, falleció de un paro cardíaco ante una topadora; Cristian Ferreyra, en 2011, asesinado también y Miguel Galván, también integrante del MoCaSE Vía Campesina, fue asesinado de manera similar”. Aranda reflexionó que “esto es algo que como pasa lejos de las ciudades muchas veces no se ve o no se quiere ver. Por un lado, nosotros decimos que el agronegocio, este modelo de transgénicos y agrotóxicos, se va cobrando vidas. Y al mismo tiempo, hay dos actores que son totalmente cómplices de este modelo. Uno es el Poder Judicial. En Santiago del Estero nunca se condenó a los autores intelectuales, a los empresarios, a los sectores políticos, por los asesinatos que han sucedido”. En este sentido, el especialista afirmó que “el Poder Judicial es totalmente cómplice de esta avanzada territorial. Y el otro factor fundamental es el poder político. Santiago del Estero es un feudo donde Gerardo Zamora gobierna hace casi 20 años, y donde nunca ha hecho nada para proteger a los campesinos, a los pueblos indígenas, que se cumplan las leyes, sus derechos, sino que al contrario, ha dado vía libre por acción u omisión para que avancen las empresas a sangre y fuego. “

Por el momento, hay 11 detenidos, incluyendo a Jonathan Padilla, en el marco de los conflictos entre los empresarios de la agroindustria y los miembros de las comunidades campesinas e indígenas del noroeste argentino por la tenencia de tierras. Desde el MoCaSe acompañan a la familia de Martínez mientras piden justicia, el desarme de los grupos armados y que dejen de matarlos.

Disparen a la prensa

Disparen a la prensa

Otra vez, cronistas y fotógrafos resultaron heridos en la represión ejercida por el Gobierno ante una protesta de los movimientos sociales. Balas de goma, gases y cámaras rotas.

Este miércoles varios movimientos sociales marcharon hacia la 9 de Julio y avenida Belgrano y ocuparon las calles que rodean el exministerio de Desarrollo Social, en reclamo de alimentos para comedores y merenderos suspendidos desde diciembre, y en rechazo a la baja de beneficiarios del plan Potenciar Trabajo. Durante la manifestación, hubo una docena de detenidos y varios trabajadores resultaron heridos por la represión ejercida por parte del personal de la Policía de la Ciudad y de la ciudad con tanques hidrantes y balas de goma. Cómo ocurrió en anteriores protestas desde que asumió el Gobierno Javier Milei, cronistas y fotógrafos fueron un blanco predilecto.

 El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) en conjunto a la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) publicaron en sus redes sociales un mensaje de repudio a  las agresiones que sufrieron periodistas y reporteros gráficos. “Repudiamos la represión frente al exministerio de Desarrollo Social. Otra vez, atacaron directo a la prensa con balazos de goma”, indicaron. «Nos solidarizamos con Diego Ricciardelli de Crónica TV, Antonio Becerra de la Agencia de Noticias Red Acción (ANRed), Antú Divito Trejo de La Retaguardia y con todos los heridos», añadieron.

Antonio Becerra Peoraro, reportero gráfico de la Escuela de ARGRA y colaborador en la ANRed, fue uno de los reprimidos. En diálogo con ANCCOM, Becerra señaló que la represión de la policía fue un “momento salvaje” en el que “uno intentó cubrir la manifestación pese al accionar de la policía totalmente brutal, con balas de goma, gas pimienta, los camiones hidrantes, la verdad es que fue una vergüenza”. Alterado por lo ocurrido, dijo que perdió su equipo de trabajo porque una bala de goma le pegó en su brazo y también impactó en la pantalla de su cámara.

A pesar de todo, Becerra afirmó que seguirá trabajando. “Como reportero gráfico, creo que la mejor forma de ejercer este oficio es poniendo el pecho, independientemente de cuál sea la coyuntura, como trabajador de prensa lo importante es registrar todo lo que suceda de la mejor manera”.

Paula Acunzo, es reportera freelancer y también padeció las balas de goma y los gases. “Fue muy violento, de alguna manera lo esperaba ya que todas las manifestaciones que cubrí fueron así. Vi a gente que estaba paseando con sus hijos de casualidad y tuvieron que correr con bebés a upa. Una señora que entró en pánico, compañeros heridos gravemente”, relató a ANCCOM. “A mí me lastimaron, fue atroz y violento. Había gas en el agua del hidrante”, describió.

Acunzo dijo que desconoce el plan del Gobierno pero para su entender hay algo “sistemático de generar violencia y terror para desmovilizar y destruir los vínculos de comunidad y colectividad de resistencia”. A ella la moviliza para seguir luchando “la esperanza de un país donde no haya pibes excluidos socialmente, donde no se los lleve a como única solución posible el consumo o la muerte, donde todos tengan tierra, techo, trabajo, salud y educación”.

Florencia Fosatti, periodista y locutora en Radio Continental, contó a ANCCOM lo que vivió: “Lo único que pensaba era querer correr, bronca, dolor e inseguridad. Iba gritando por todos lados ‘prensa’ para que no me hagan nada. En medio del tumulto me quedé en medio de la gente. Cuando quise escapar no había posibilidad, recibí todos los golpes. Lo viví con mucho miedo y lo único que pensaba era en salir de ahí. Viví varias represiones en la calle y ninguna fue tan salvaje como esta”.

Sin embargo, la cronista explicó que seguirá cubriendo este tipo de movilizaciones. “Quiero un periodismo libre, donde no censuren ni se naturalice el odio al periodista por ser de un medio u otro” señaló. “Me moviliza que podamos caminar por las calles, ser prensa y poder contar libremente lo que nos pasa y no tener autoridades en el Estado que festejan cuando a un periodista lo reprimen”, remarcó.