“En el hospital no sobra nadie”

“En el hospital no sobra nadie”

Los trabajadores del Posadas realizaron un paro para exigir la reincorporación de los 92 trabajadores de la salud despedidos por el gobierno de Javier Milei. Servicios críticos en el área de salud que dejan de prestarse.

Este jueves los dirigentes de la CICOP (Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires) realizaron un paro de 24 horas y una ronda en la entrada de la institución para reclamar por la reincorporación inmediata del personal del Hospital Posadas que fue despedido hace una semana como parte de las masivas cesantías que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei en el empleo público.

Desde las 8:30, trabajadores y profesionales de la salud de esta institución sanitaria participaron de la protesta a raíz de los despidos recientes. Fueron acompañados por vecinos, asambleas barriales y organizaciones políticas y sociales como centros de estudiantes y sindicatos. Todos se manifestaron unidos con el objetivo de visibilizar su apoyo y defensa del derecho a la salud pública. La FeSProSa (Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina) había decidido convocar a una Jornada Nacional de Lucha donde los gremios afiliados, a través de distintas acciones en diferentes provincias mostraron su apoyo y visibilización del conflicto. 

Además de los gremios presentes, las personas que llegaron se fueron sumando a la ronda con carteles en mano, en los que se podían leer mensajes como “En el hospital no sobra nadie”, “No a los despidos en el Hospital Posadas, salud pública y educación pública de calidad” e incluso nombres del personal de salud que había sido despedido en el último tiempo. La caminata fue desarrollándose por medio de aplausos, como una muestra del apoyo de distintos sectores de la sociedad.

Acompañaron la protesta los diputados nacionales Nicolás del Caño, Vanina Biasi y la diputada de PBA Laura Cano (todos parte del PTS-FITU). En busca de una solución al conflicto, la izquierda presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para repudiar estos despidos y exigir su reincorporación. Fue durante las rondas que se anunció, por medio de la CICOP, que el jueves próximo se hará una audiencia en el Congreso Nacional junto a diputados, sindicatos y sectores solidarios para seguir difundiendo la problemática. También se anunció un nuevo paro para el viernes 12. 

Las fuerzas federales entraron con motos y armas al Posadas debido a la multitudinaria movilización. Sin embargo, esto no afectó la realización la jornada de protesta ni el compromiso a seguir reclamando que todos los presentes demostraron.

Luis Mariano Sucher, uno de los despedidos del Hospital Posadas. 

Casi cien menos

La noticia de los despidos había llegado al personal el pasado viernes 28 de junio, siendo en total 92 miembros del Posadas a los que se les notificó de ello y de las no renovaciones de contratos. La preocupación fue creciendo tanto por los drásticos despidos como por los servicios que se ven afectados en áreas como fisiatría, emergencias, neumonología, clínica, kinesiología, enfermería, biología molecular aplicada al tratamiento del cáncer, radiología, hemoterapia y administración. 

 Ubicado en la localidad del Palomar, el Hospital Posadas surgió como iniciativa de la Fundación Eva Perón y fue proyectado por el doctor Ramón Carrillo, primer ministro de Salud que tuvo Argentina. Fue nacionalizado en 2007. Está cerca de la villa Carlos Cardel y el barrio Ejército de los Andes, conocido como “Fuerte Apache”. Por ende, dicha situación deja a una abundante comunidad de pacientes en una grave vulnerabilidad debido a sectores que están sin cubrir o servicios reducidos.

 Distintos gremios habían alertado previo a la realización de la jornada sobre las intenciones del Gobierno Nacional al realizar este tipo de ajustes, explicando cómo buscan desarticular la salud pública e implementar el sistema de «vouchers» que favorece a los privados. 

Despidos criminales

 Luis Sucher fue contratado hace 25 años en el hospital y es uno de los miembros del hospital que fueron despedidos. Es delegado de CICOP en el centro sanitario y en el último tiempo trabajaba en Posadas dentro del área de atención de los consultorios externos. En diálogo con Anccom, Sucher explicó la problemática evidente que se presenta en los intereses del gobierno frente a la salud pública. “En este gobierno si no se ven ganancias para el sector privado o a sus amigos dueños de las grandes prepagas consideran a la salud como un gasto”, dijo. Luego expresó que esto implica un ataque a la salud pública del país y a millones de personas que no tienen la posibilidad de tener una prepaga. “La salud pública es un derecho universal, y esto muestra un desprecio enorme por los sectores populares y por los trabajadores”, apuntó. 

 Por otra parte, Sucher enfatizó sobre la necesidad de movilizarse a través de la jornada y de visibilizar lo gravemente afectadas en que quedarían las condiciones del hospital. “Esto se va a resentir en un momento crítico, el conflicto se va a agudizar limitando muchísimo la atención de pacientes en el sistema sanitario. De por sí estamos entrando en un periodo de enfermedades respiratorias”, expresó. Y añadió que un hospital como el Posadas no puede soportar este tipo de recortes, explicando que “muchísimas personas de por sí se quedan sin trabajo o pierden la posibilidad de pagar una prepaga, por lo que terminan recurriendo al hospital público”. El contexto afecta a la salud preventiva, salitas y atención periférica que están diezmadas. “Es bastante crítico y criminal el despido de todos estos trabajadores. muchos de los cuales son médicos con responsabilidades y especialidades únicas no sólo en el hospital sino también en el país”, opinó el delegado. 

 Por último, Sucher contó que si no se realizan las respectivas reincorporaciones los problemas se agravarán y se sentirán en todo el hospital. “Muchos de los profesionales que echaron tenían pacientes citados en los próximos dos meses. También enfermeros que cumplen tareas en áreas críticas, y al faltar personal van a sobrecargar a otros compañeros. Todo eso se va a sentir y va a poner en peligro la calidad de atención que requieren pacientes complejos”, explicó.

Visibilidad 

Elizabeth Correa fue contratada hace 22 años en el hospital y también es parte del personal que fue despedido el pasado viernes 28. Empezó en servicios generales en la parte de la cocina y luego se formó para ser Técnica Radióloga dedicándose en ese área en los últimos 8 años. Al consultarle por los servicios que más considera que se verán afectados, la radióloga contestó que “el sector de laboratorio, por ejemplo, en el que fue despedida la bioquímica que se encargaba de realizar los diagnósticos de leucemia y linfoma es uno de los más perjudicados. En kinesiología lo mismo, echaron a tres kinesiólogas”. Y que también hay sectores como el de asistencia social que están vaciados. “La verdad es que en todos los sectores hay mucha crisis y demanda. Tiene que haber una solución y en vez de echar gente deberían dar otra cobertura para que la calidad de la salud mejore” expresó Correa en diálogo con Anccom.

 La médica dijo tener mucha expectativa para las rondas que se hicieron el jueves. “De por sí la Asamblea que hicimos el martes para tratar este tema fue bastante masiva. Muchos compañeros se solidarizaron, compañeros que vinieron de otros lugares: ferroviarios, aeroportuarios, vinieron de otros hospitales. También tenemos mucha expectativa de que esa solidaridad sea mayor, que no nos dejen solos en este momento”, manifestó. Y se mostró agradecida porque sus compañeros del hospital demostraron muchas muestras de solidaridad, indignación y miedo a la vez, “que es entendible”.

 Por último, añadió la importancia de resolver el conflicto y el ataque a la salud pública como se hizo con la educación. “Nosotros apoyamos la lucha por la educación pública. Nos movilizamos cuando fue la marcha por las universidades, estuvimos apoyando en todo momento porque también nos parece importante que la educación tenga un lugar preponderante para la sociedad y que tiene que ser visibilizada esa lucha. Pretendemos que en nuestro caso también tome tal visibilidad y que la sociedad y la opinión pública también nos apoye como fue con la educación”. Para ella y sus compañeros esa lucha fue una inspiración enorme a la que pretenden llegar con la defensa de la salud, “porque la salud pública es igual de necesaria y debemos luchar por nuestros puestos laborales”. 

Milei avanza sobre la Secretaría de Derechos Humanos

Milei avanza sobre la Secretaría de Derechos Humanos

Trabajadores y trabajadoras del Estado se manifestaron en la puerta del Ministerio de Justicia frente a la ola de despido en esa dependencia del Estado. Mañana convocan a una olla popular en Plaza de Mayo.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizó una concentración el martes en la puerta del Ministerio de Justicia de la Nación para reclamar por los despidos y las políticas de vaciamiento del gobierno. “Desde la asunción de Cuneo Libarona en el ministerio de justicia 460 compañeros quedaron sin trabajo y ahora atacan áreas estratégicas como la política de Memoria, verdad y Justicia, los ex centros de detención y las políticas reparatorias para las víctimas del terrorismo de Estado por eso entendemos que en este momento hay una determinación del gobierno para atacar las políticas de Derechos Humanos y hacer que el negacionismo siga avanzando”, expresó Daniel Catalano Secretario General de ATE Capital en diálogo con ANCCOM

Los despidos continúan en el Estado y diferentes sectores gubernamentales se han visto afectados. En este contexto el área de Derechos Humanos es una de las más atacadas. “En este momento, 63 compañeros de la secretaría de Derechos Humanos han sido despedidos y los telegramas siguen llegando, así es la gestión de Cúneo Libarona, de Alberto Baños y de Javier Milei, insensible, cruel, que persigue a los trabajadores”, detalló Octavio Rampoldi, delegado de ATE de la Secretaría de Derechos Humanos.

Los trabajadores y trabajadoras invadieron el Microcentro porteño con cantos, bombos, trompetas y bengalas de humo a las 11:30 y se instalaron afuera del Ministerio que, para ese entonces, ya estaba cerrado y custodiado por personal policial. “Hoy venimos para decirle en la cara al ministro de Justicia que no vamos a aceptar ningún despido y que queremos la reincorporación ya de cada una y cada uno de los compañeros despedidos”, expresó Rampoldi.

Minutos después del mediodía en un escenario improvisado en la vereda los oradores tomaron la palabra y procedieron a la lectura de comunicados y mensajes de adhesión y acompañamiento a la medida de fuerza por parte de diversas organizaciones sociales. La delegada, Nana González Rehermann expresó: “Desde marzo venimos peleando los despidos, ahora viene otra oleada fuerte y nos van a encontrar acá todos los días hasta recuperar a cada una y cada uno de nuestros compañeras y compañeros, vamos a ser la furia organizada”, y estalló el aplauso y el vitoreo.

La política de reducción del empleo público del gobierno, parece, continuará ya que es uno de sus principales objetivos. El lunes, en su habitual conferencia, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció como un logro “la eliminación de trabajadores estatales” y dejó claro que aún falta una tercera etapa de despidos. Marcelo Gil de la junta interna de ATE, Justicia y Derechos Humanos, precisó: “De acá a fin de año va a haber más recortes de personal porque hay contratos que se renuevan trimestralmente, lo que hace más fácil echar a empleados especializados con más de 20 años en áreas del Estado”. Ante este panorama, Catalano detalló el próximo movimiento del sindicato: “Este jueves vamos a hacer un paro con movilización a Plaza de Mayo en dónde realizaremos una olla popular multitudinaria para que la gente coma frente a la Casa de Gobierno y le reclamaremos a Milei que abra las mesas de negociaciones para que la gente vuelva a trabajar”.

 Luego del acto, cerca de las 13, comenzó la desconcentración de manera pacífica y ordenada con canciones de Los Redonditos de Ricota de fondo. Pese al contexto de ajuste y recorte los abrazos no eran de despedida.  “Nosotros no somos casta, no somos un número, somos familia, somos trabajadores que estamos comprometidos con las políticas públicas y abrazamos las banderas de Memoria Verdad y Justicia”, concluyó Rampoldi.

Despidos y represión, la saga continúa

Despidos y represión, la saga continúa

El Gobierno despidió a 285 trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, un organismo clave para el desarrollo nacional. Reprimió con palos y gases a los empleados estatales que exigían la reincorporación en la entrada de la sede de Villa Maipú. Hubo dos detenidos que por la tarde fueron liberados.

Trabajadores y trabajadoras del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) fueron reprimidos por las fuerzas policiales mientras se manifestaban pacíficamente en la puerta del organismo contra la cesantía de 285 contratos. La Policía de la Ciudad, bajo la dirección del ministro de Seguridad Waldo Wolff, utilizó palos y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, con el apoyo de un operativo de la Policía Federal motorizada coordinado por la ministra Patricia Bullrich. Desde ATE denuncian las detenciones ilegales de Sergio Melo y Damián Pereyra, trabajadores y militantes de la CTA Autónoma, que a última hora de la tarde fueron liberados.

“Enfrentamos un plan sistemático para destruir el Estado, en el que los nuevos desaparecidos son los trabajadores despedidos. No es que sólo se pretende ajustar con los despidos, quieren un Estado al servicio de las lacras, que no son más que cuatro o cinco grupos empresarios, que lucran con el esfuerzo de todos los argentinos y las argentinas”, denunció Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, en diálogo con ANCCOM.

La Asociación de Trabajadores del Estado convocó a la manifestación esta mañana a las 8 en el predio del INTI, en Villa Maipú, en el marco del paro de 48 horas iniciado el pasado viernes. Según Aguiar, llevan registrados 2.305 despidos en la Administración Pública Nacional en las últimas horas; al igual que en marzo, sostuvo, nuevamente se advierte una gran cantidad de cesantías en el interior del país. “Detrás de los despidos en el Estado hay políticas públicas que se desmantelan y derechos que pierde nuestra sociedad”, afirmó el secretario general.

Paola Franco, delegada de la junta interna ATE-INTI y trabajadora del organismo, dijo a este medio: “La semana pasada nos comunicaron la no renovación de 285 contratos monotributistas, que son compañeros que al día de hoy no pueden entrar a su lugar de trabajo, el contrato se venció el 30 de junio. Los despidos no fueron comunicados ni siquiera por mail, sino por un vox populi. Tuvimos varias negociaciones, pero siempre nos dijeron que no los renovarían”.

¿Qué es el INTI?

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial fue creado el 27 de diciembre de 1957 como parte de un conjunto de instituciones nacionales diseñadas para impulsar la inversión pública en ciencia y tecnología. Durante más de 65 años, el INTI ha asistido a la industria argentina mediante la generación y transferencia de tecnología, la certificación de procesos, productos y personas, y el aseguramiento de la calidad de bienes y servicios en todo el país. Además, el INTI es el Instituto Nacional de Metrología, un referente internacional en la materia y un actor clave en los ámbitos científico, legal e industrial.

“La policía nos viene a reprimir y nosotros somos los que les certificamos los chalecos antibalas”, remarcó Paola Franco. “Además de los puestos de trabajo, que son super importantes, se está desguazando la industria nacional. No nos pega solo a nosotros, le pega a la sociedad”, aseveró la delegada. 

Al finalizar la protesta, ATE y otras organizaciones sindicales llevaron a cabo una asamblea de trabajadores donde se decidió convocar a un plenario el miércoles para planificar las próximas acciones de lucha. Aguiar denunció el operativo policial como «absolutamente desmesurado», destacando que las armas destinadas a proteger al pueblo están siendo utilizadas en su contra. Añadió: «Si piensan que con todos estos policías nos van a dar miedo, les informo que no va a ocurrir. Todo lo contrario, acá no vamos a terminar destruidos nosotros, van a terminar destruidos otros». Posteriormente, los dirigentes de ATE se dirigieron a la Comisaría 4 de Parque Patricios (CABA) para exigir la liberación inmediata de los trabajadores detenidos durante la represión, quienes fueron liberados cerca de las 19 horas, confirmó Pablo Spataro, secretario general de la CTA Capital.

La persecución avanza

La persecución avanza

FOPEA ya registró en 2024 por lo menos 70 ataques a la labor periodística. El mayor instigador es el gobierno nacional. La criminalización del trabajador de prensa como estrategia disciplinadora y la matriculación profesional como herramienta de exclusión.

“El efecto es disciplinador para el resto del periodismo” sentenció Miriam Lewin, periodista y escritora, especialista en periodismo de investigación y actualmente defensora del público. Lewin analiza que, ante una seguidilla de ataques perpetrados contra comunicadores con gran reputación, lo que están buscando es lograr el amedrentamiento y aleccionamiento para la profesión periodística en su conjunto: “En general cuando desde el poder -de boca de algún funcionario o incluso del presidente- se genera algún ataque, el ejercicio de la libertad estará destinado solamente para quienes aprueban las medidas del gobierno o bien utilizada para lograr el lucro indefinido en el área de la actividad económica, sin ningún tipo de limitación o de restricción”, agregó la periodista.  

El Foro de Periodismo Argentino FOPEA, encargado de registrar los ataques contra el periodismo, denuncia un total de 70 casos de ataques contra la prensa en lo que va de 2024. Entre ellos, priman los agravios en la Ciudad de Buenos Aires donde se listan 38 casos. Le siguen en la lista las provincias de Buenos Aires y Corrientes. El foro viene llamando la atención acerca de varios aspectos que resultan alarmantes en torno a la agresión desplegada en los discursos del presidente de la nación Javier Milei y de todo su aparato gubernamental que estigmatiza y descalifica a los periodistas cada vez que pueden, con insultos degradantes tales como “mercenarios”, “corruptos”, “ensobrados” o directamente los acusan de ser cómplices del socialismo en su diatriba contra el comunismo. En cuanto a la clasificación de las denuncias registradas por FOPEA, en su mayoría son por ataques hacia la integridad y por discursos estigmatizantes hacia la profesión. Sin embargo, también hay casos por censura, por intimidación y por restricciones en el acceso a la información pública.

Lewin analiza con detenimiento cuáles fueron los ataques que más hicieron eco en el último tiempo: la reapertura de la causa judicial a Norberto Navarro por incitación a la violencia, la verbalización por el deseo de que se produzca la quiebra del Grupo Perfil ante el retiro de la pauta oficial, los insultos estigmatizantes hacia la profesión tildándola de “mercenaria” y la denuncia de parte del Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, contra los periodistas Darío Villarruel y Nancy Pazos por instigación al delito. Lewin considera que esta escalada de violencia contra la prensa, legitimada y accionada por el Gobierno, quiere provocar un efecto aleccionador sobre quienes recién se inician dentro del periodismo y no tienen la “espalda” para superarlo: “¿Qué pasa con un chico o una chica que recién ingresa en una redacción y que descubre una información que podría no ser del agrado del poder? Lo que se consigue es un efecto de autocensura -dijo la periodista  y agregó- cuando se los ataca a ellos, se está generando un efecto de autocensura en quienes recién empiezan o que no tienen capacidad de resistencia”.

En el mismo sentido, Darío Villarruel, periodista de Radio 10 y C5N, en diálogo con ANCCOM, declaró en torno a esta problemática y a su agravio particular: “Me imagino los pibes jóvenes, los productores, ante cualquier cosa que quieran decir estarán pensando: ‘Uy, ¿si digo esto y me hacen una denuncia?’”. El periodista enfatizó en la motivación que hay detrás de este ensañamiento contra la prensa: “El único fin es amedrentar, disciplinar, hacer que no hablen los que tenemos que hablar, con un gobierno que toma medidas, lamentablemente en su totalidad, siempre en contra de la gente”. En referencia a su caso, reflexionó que no le ha tocado vivir una situación semejante en sus 40 años de profesión: “La verdad que en ningún gobierno tuve ni una carta documento, ni una demanda por calumnias e injurias”, destacó.

Villarruel analizó la particularidad de este gobierno desde varias aristas: “Es un Poder Ejecutivo muy particular, con un presidente que dijo que es el topo del Estado, que viene a destruirlo; que es una organización criminal cuando él es el jefe del Estado”. A su vez, sostuvo que “todo lo que pasa con la persecución y lo que pasó en la marcha, de salir a detener personas que no habían hecho nada, tiene que ver con una forma de concebir la ‘no política’, porque la política en serio es deliberación, acuerdos y debates”.

En sintonía a lo anterior, Lewin puntualizó acerca de la intención que tiene este gobierno por silenciar a quien represente una voz por fuera del discurso que intentan instalar y señala la relación que hay entre el hostigamiento a periodistas y la represión a manifestantes: “Es grave que el amedrentamiento sea contra periodistas, hay quienes cubrían manifestaciones, protestas sociales, que fueron detenidos y heridos. Y esto tiene, además, un efecto disciplinador para el resto de los manifestantes, porque si se la agarran contra un periodista ‘¿qué no me harán a mí?’”. Y destacó especialmente la labor de los reporteros gráficos, constantemente expuestos en las coberturas de las manifestaciones y fuertemente agredidos en las últimas marchas.

“Lo que hay que tener en cuenta es que la intimidación y el amedrentamiento no son solamente hacia los periodistas sino hacia la movilización popular”, coincidió Fabián Waldman, periodista de FM La Patriada y columnista de Diputados TV. Consideró que esta serie de medidas ligadas al acallamiento son propias de un gobierno de corte antipopular que no tiene resultados económicos favorables que publicitar:  “Lo que están haciendo contra la prensa es tratar de silenciar a aquellos que ofrecen una alternativa a la visión que ellos muestran. Lo que tratan de hacer, a todas luces, es opacarla y oscurecerla”, expresó el periodista acreditado en Casa Rosada y víctima de un hostigamiento verbal permanente del vocero presidencial Manuel Adorni al que resiste con mucha entereza y altura profesional.

Al cierre de esta edición se conocía la publicación en el Boletín Oficial una nueva disposición que obliga a los periodistas a matricularse en el Ministerio de Trabajo. Los requisitos busca restringir la libertad de expresión a todo tipo de periodista que ejerza su tarea en un medio comunitario y social, entre otros peligrosos derivados.

 

Usinas del trolls furiosos

Lewin introdujo otro elemento en este análisis. Encuentra una ruptura, un antes y un después, a partir del intento de magnicidio a Cristina Kirchner. Ve en ese acontecimiento un quiebre para la naturalización y la perpetuación de la violencia: “Fue la comprobación absolutamente indiscutible de que la violencia que circula por las redes sociales y por las plataformas puede trasladarse al mundo real”. Para la periodista, el entramado que posibilita este escenario de violencia semántica, verbal e institucional se originó de dos maneras: de forma vertical, por parte del presidente de la nación que deliberadamente la incentiva y llama a los periodistas “mentirosos y calumniadores seriales”, y por otra parte, con la aparición de una gesta de usinas de “trolls” que tienen como central las redes sociales y que constituyen una arista fundamental en la construcción del poder de La Libertad Avanza. “El presidente no se restringe: se sigue comportando como un twittero furioso”, analizó Lewin acerca del manejo de las redes sociales por parte de Javier Milei y agregó: “Es un usuario de los medios que puede decir cualquier cosa, sin tomar consciencia de que ahora tiene otra investidura y que es el presidente de todas y todos los argentinos”.

Por su parte, Waldman destacó que el despliegue de esta ofensiva vía redes sociales está articulado por parte del gobierno nacional como política comunicacional: “El gobierno tiene su propio equipo de trolls constituido en su equipo de comunicación digital”. El periodista subrayó el hecho de que quien ose decir algo que atente contra el discurso libertario recibe su dosis de odio y crueldad: “A través de estos nuevos medios de comunicación, generan las corrientes de ideas y las ‘verdades’ que después se comunican y se traslucen en lo que a diario dicen muchos de aquellos que le hacen el aguante al gobierno”. Graficó metafóricamente la forma particular en la que operan: “Trabajan en forma de cardumen; alguno de los referentes más importantes se dirige hacia algún posteo de alguien a quien quiere ‘aniquilar’ y detrás de él corren el resto de las pirañas para seguirlo”.

El silenciamiento de los medios públicos

En torno al intento de obstaculización del derecho a la información y a la libertad de prensa, Lewin se refirió a la de intervención de los medios públicos, como la TV Pública y Radio Nacional y, especialmente, a la Agencia Nacional de Noticias Télam, de la que con una justificación fuertemente ideologizada han dispensado a sus trabajadores. Para la periodista: “El cierre de Télam es absolutamente inaceptable y realmente genera un enorme perjuicio. Además, el cierre de las corresponsalías implica una mirada porteñocéntrica. Y decir ‘¡para qué queremos una agencia de noticias si está twitter!’ es directamente una burrada con perdón de los burros”, agregó la periodista haciendo referencia a los dichos de Ramiro Marra, legislador de la Ciudad de Buenos Aires por La Libertad Avanza.                            

En el mismo sentido, Waldman dijo:“El discurso de Milei es que las redes sociales están para reemplazar a las agencias de comunicación y a los medios, dejando de lado todo lo que significa la investigación y el análisis”. Waldman analiza que de esta manera se afianza una noción de la información y de la comunicación un tanto ridiculizada: “La imposibilidad de recorrer un camino para llegar a una conclusión que no esté afectada por una fake news, es efectivamente sobre lo que cabalgan”, agregó. Para el periodista, esta estructura de los medios de comunicación solo potencia el monopolio y la concentración en detrimento del verdadero acceso a la información plural y federal y además “produce la orfandad de muchísimos comunicadores y la imposibilidad de acceder a noticias e información de cada uno de los puntos del territorio, cosa que vimos con la nevada al sur del país en los últimos días”, puntualizó en torno al vaciamiento y eliminación de fuentes de información de vital importancia.

“Puede existir un negocio, el de privatizar o venderlos”, dijo Darío Villarruel, quien no ve solo un intento de silenciamiento en el accionar del gobierno sino la posibilidad de promover un negocio similar al construido en otros momentos de la reciente historia argentina: “Me hace acordar mucho a la época de los noventa cuando el presidente Carlos Menem les dio los medios públicos a algunos privados, que siguieron en manos privadas, que a veces juegan a favor de determinados gobiernos, los sostienen o los voltean”, sostuvo.

Lewin también enfatizó sobre el silenciamiento que significa la ”mentirosa” suspensión de pauta oficial: “Es una enorme restricción a la capacidad de supervivencia de los medios más pequeños. Hay empresas que siguen pautando, pero no en los medios pequeños que necesitan como el agua para sobrevivir de estos aportes públicos. Porque no existe la posibilidad de que las pymes barriales, los almacenes, las tiendas, pongan publicidad en esas emisoras, porque están pensando si pagan la boleta de la luz o cierran directamente por la retracción brutal que surge a partir del ajuste. Entonces es condenar a muerte a estos medios”.

“Somos personas, no somos un gasto”

“Somos personas, no somos un gasto”

El reclamo universitario contra el ajuste continúa después de la gran marcha. Esta vez, una concentración frente al exministerio de Educación rebajado a Secretaría exteriorizó el reclamo por la actualización de los salarios de docentes y no docentes, que representan el 90 por ciento del presupuesto universitario.

La marcha federal universitaria del 23 de abril expresó de forma masiva el apoyo a la universidad pública. 

El edificio del exministerio de Educación, ahora rebajado a Secretaría, está en reforma. En la plaza de enfrente, este martes al mediodía, docentes y no docentes universitarios repiqueteaban los bombos. Algunos comenzaban a cantar “Pettovello, Pettovello/ no te lo decimos más/ queremos salario digno/ ¡Paritaria libre ya!”.

A dos meses de la multitudinaria marcha en defensa de la universidad pública, las casas de estudios superiores siguen en alerta. “Estamos pidiendo un aumento de un 40 por ciento: no se abre la mesa de diálogo, nos convocan y no se presentan, y nos imponen una paritaria que no es libre. Este último mes nos impusieron un 4 por ciento. Entonces no nos dejan otra que empezar a tomar medidas. Parece que somos un número: ‘lo importante es reducir el gasto’. Somos personas, no somos un gasto”, afirmó Cinthia del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires. Girando para mirar a sus compañeros, denunciaba el miedo de muchos de no llegar a sostener el alquiler. “Nos sobra mes al final del sueldo”, satirizaba un cartel.

El ajuste llega al hospital: endeudado por los tarifazos, sin insumos para tratamientos y diagnóstico. En las universidades, el presupuesto para gastos de funcionamiento, que representa menos del 10% de la universidad, “ lo prometieron pero no está llegando. Se corre riesgo presupuestario todavía. Tenés el otro 90 por ciento del problema universitario que son los sueldos de trabajadores no docentes y docentes de todo el país. Si vos precarizás eso, no dignificás el trabajo en las universidades nacionales que es tan central”, explicó José Gabriel de la Asociación gremial de Docentes de la Universidad Técnica Nacional (FAGDUT).

“Ellos tienen que pagar el costo. No nosotros, ¿entendés?”, apuraba un señor canoso señalándole la Secretaría de Educación a otro. Ambos llevaban una pechera de los docentes tecnológicos. Al lado de ellos, los referentes de los diferentes gremios formaban una fila. Uno de ellos agarró un micrófono. Antes de empezar la lectura de la carta que iban a presentar desde el Frente Sindical de Universidades Nacionales al secretario de Educación Carlos Torrendell, rugió: “No hay universidad de calidad si no hay salarios dignos para los trabajadores. Por eso, aunque no le guste, se van a joder”.

La nota llamaba a la convocatoria de paritarias, pero antes detallaba la situación actual: “Los derechos fundamentales de los trabajadores y las trabajadoras docentes y no docentes se ven gravemente vulnerados. Además, se obstruye toda posibilidad de diálogo respecto de la crisis salarial. Esta situación lleva a que un porcentaje importantísimo de docentes y no docentes no alcancen la canasta de la pobreza -a su alrededor, la plazoleta se alzó en silbidos-, hecho que nos preocupa y que debe resolverse a la brevedad”.

Cuando terminó la lectura, desde el escenario improvisado, los dirigentes levantaron una copia al aire y cruzaron la calle, dirigiéndose decididos a la puerta. En las ventanas de la Secretaría se reflejaban las banderas blancas y celestes. Dos agentes protocolares les cortaron el paso y les indicaron con una timidez acartonada que fueran a otra puerta. Con las espaldas erguidas, los delegados gremiales cruzaron en comitiva la Plazoleta Jardín de los Maestros.

Uno de ellos le pasaba el brazo por el hombro a un compañero mientras decía “la semana pasada estaba hablando con los gremios de ese sector y se sorprendían porque nosotros estamos unidos… Y sí, imaginate. No somos ingratos”. La universidad de los trabajadores es, por definición, solidaria. Los representantes de los siete gremios del Frente Sindical entraron a firmar, sosteniéndose la puerta.

En otro sentido van las políticas del gobierno nacional. Leandro Espósito, secretario general de la Asociación del Personal de la Universidad de Lomas de Zamora (APULZ) advertía: “Se han cerrado cátedras porque a los alumnos les cuesta llegar a la universidad por el aumento del boleto, cuesta llegar y no se llega al mínimo de alumnos en las aulas. Se prevé que el próximo cuatrimestre se va a agudizar la crisis en las universidades”. Su cara se arrugaba con preocupación: a menos oferta, menos acceso y más exclusión. “Se está hipotecando el futuro de la Argentina, eso es lo que no se ve en la sociedad pero se está hipotecando el futuro de nuestros jóvenes”, sintetizó.

Los referentes volvían a la plazoleta hablando entre ellos. Un cálido aplauso un día de frío invernal los recibió. En las rejas del monumento, estaba colgada la bandera de los trabajadores de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo (UNMa). Fabián Marcaida, no docente de esta universidad, apuntó la particularidad de su lucha: “Aparte del ajuste salarial y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, la Universidad de las Madres tiene un problema adicional: hace seis meses no se cobran los sueldos”.

La Secretaría de Educación y la Subsecretaría de Políticas Universitarias no autorizaron la transferencia de los fondos asignados por el presupuesto nacional para esta universidad recientemente creada. “Tenemos toda la planta docente y toda la planta no docente de la universidad sin cobrar sus sueldos desde diciembre del año pasado”, añadió Fabián.

A su lado, Ricardo Aguirre, un docente de la UNMa asiente. “Eso hace peligrar obviamente a las trayectorias educativas de más de dos mil estudiantes que están cursando y son regulares de esta casa de estudios. La falta de presupuesto hacia nuestra universidad que es una persecución ideológica profunda y es odio hacia la historia de las Madres y hacia la universidad”, recalcó.

Desde la Unión de Docentes Argentinos (UDA) encendieron un pote de humo celeste. Todas las banderas se hilaron en un clamor: “Universidad/ de los trabajadores/ y al que no le gusta/ se jode/ se jode”.

Las cooperativas gastronómicas resisten

Las cooperativas gastronómicas resisten

Nacieron en la crisis del 2001 ocupando y poniendo a producir sus restaurantes cuando sus empleadores los dejaron en la calle. Ahora, enfrentan la caída del consumo y los tarifazos con esa experiencia a cuestas.

«El trabajo está muy caído, después de la pandemia no se terminó de acomodar”, cuentan desde La Robla

Según el último registro nacional de empresas recuperadas por sus trabajadores realizado en 2021, en el país existen más de 400 organizaciones de este tipo, en una extensa gama de rubros, entre ellos el gastronómico. Los Cabritos, La Robla y Pizzería 1893, tres experiencias porteñas, cuentan cómo atraviesan la caída del consumo y el aumento de las tarifas.

Las empresas gastronómicas recuperadas tienen experiencia en sobreponerse y adaptarse, ya que la gran mayoría de ellas se formó en momentos de gran incertidumbre. Jorge Jaian, secretario de la cooperativa Los Cabritos, parrilla ubicada en el barrio de Mataderos, comenta: “Cuando se clausuró el local, el desánimo y la falta de perspectiva nos hacían sentir que íbamos navegando en un barco sin timón, no sabíamos qué iba a pasar. Al formar la cooperativa en 2015, ese cambio produjo una reacción positiva en nosotros. Nos costó mucho, pero pudimos sacar el negocio adelante”.

En la misma línea, Carlos Delucca, secretario de la cooperativa que lleva adelante de La Robla, restaurante ubicado en el microcentro porteño, remarca que muchos no entienden cómo funciona una cooperativa de trabajo, por eso muchas veces se genera desconfianza y se vuelve complicado alquilar un local. ”Cuando nos mudamos en 2015 tuvimos que plantar bandera. Nos costó mucho acceder al local porque al dueño no le cerraba demasiado que fuéramos una cooperativa, tenía cierta desconfianza, hay un preconcepto enorme respecto al trabajo cooperativo, no lo entienden bien”, señala.

Y el contexto económico actual no es la excepción. El aumento constante de precios y la caída del consumo las obliga, nuevamente, a ponerse al hombro la difícil tarea de sacar adelante el negocio en una realidad adversa.“Sentimos una disminución del trabajo y estamos tratando de adaptarnos, lo que implica una mayor atención, un mayor compromiso con el tema de la mercadería, que no se desperdicie, achicar los costos, todo lo hacemos en función de que la fuente de trabajo siga existiendo”, remarca Jaian.

Pese a la crisis,  la Pizzería 1893 se resiste bajar la calidad de sus proveedores para achicar costos.

En esta situación inflacionario, que ha obligado a recortar gastos porque que la plata no alcanza, las salidas a comer afuera se convierten en algo más que prescindible. Las cooperativas gastronómicas lo sienten más que nunca y, por ello, muchas de ellas se ven obligadas a no abrir ciertos días de la semana en los que no hay tanto trabajo. “Hay días que no se justifica abrir, por ejemplo el lunes o el martes a la noche, porque hay muy poca gente en la zona. El trabajo está muy caído, después de la pandemia nunca se terminó de acomodar”, enfatiza Delucca.

No es fácil trasladar los aumentos de la mercadería a la carta. Las cooperativas hacen un gran esfuerzo por mantener precios competitivos y razonables, y aplicar los aumentos indispensables, para no perder clientes. Esto se traduce muchas veces en una pérdida de rentabilidad, al tener que absorber los aumentos. Por este motivo, generalmente, se encuentran en un rango de precios mucho más bajo que otros negocios del mismo rubro. A la caída de la convocatoria de los comensales, la inflación y la poca venta, se suma el aumento de las facturas de luz y agua, que para los comercios de estas características alcanza los 800.000 pesos por mes.

Para las cooperativas, la calidad de sus productos es muy importante a la hora de diferenciarse y posicionarse dentro del mapa gastronómico de Buenos Aires, y por eso hay costos que no se pueden achicar. Ernesto De Arco, tesorero de la Pizzería 1893, situada en el barrio de Villa Crespo, explica: “No buscamos precios en algunos insumos porque no queremos que cambie nuestro producto, queremos que la pizza siga siendo igual. La mozzarella, que es lo principal y la clave de la pizza, la seguimos comprando al mismo proveedor”. De Arco señala que sí cambiaron proveedores de otros productos que hacen al trabajo cotidiano en la pizzería. “Somos clientes de muchas cooperativas a las que les compramos, desde la papelera Patria Grande, productos de limpieza a la cooperativa Burbuja Latina, y productos de almacén a la cooperativa RECOOP”.

“Sentimos una disminución del trabajo y estamos tratando de adaptarnos» afirman desde Los Cabritos.

A pesar de lo difícil de la situación, las cooperativas gastronómicas resisten. “Todos viajamos en el mismo barco, entonces tratamos de buscar precios, de conversar con los proveedores, de encontrarle la vuelta para que podamos seguir”, reflexiona Jaian. “Estamos tratando de llevarla de la mejor manera posible como cualquier otro restaurante, haciéndole frente a este mal momento que estamos atravesando no sólo nosotros como cooperativa sino cualquier persona del común”, comenta Delucca.

En este marco, el apoyo de los clientes no es una cuestión menor. Muchos de ellos eligen las cooperativas no sólo por la calidad de los productos, sino también por la buena atención.Tanto es así que, por ejemplo, Los Cabritos recibió el reconocimiento de ser una de las diez mejores parrillas de la ciudad, en una encuesta organizada por el gobierno porteño, en 2018. Por su parte, De Arco señala que la clientela de 1893 es muy fiel y al formar la cooperativa, sumaron aún más comensales ya que la pizza a la piedra y a la parrilla se volvió muy conocida en el barrio.

Es muy importantepara las empresas gastronómicas recuperadas el contacto entre sí, para poder apoyarse mutuamente. Jaian, Delucca y De Arco concuerdan en que en los primeros momentos de la formación de las cooperativas fue crucial el apoyo de AléAlé, una cooperativa gastronómica creada en 2013. Todas recibieron asesoramiento de parte de aquellay gracias a esta ayuda pudieron continuar.“El entonces presidente de la cooperativa vinoa charlar con mis compañeros y a convencerlos de que se podía. Fue súperimportante para que ellos tomen la confianza y crean que este proyecto podía darse”, recuerda De Arco. Tambiénles prestaron el espacio de cocina de su restaurante para que pudieran vender las pizzas por delivery.

Por su parte, Jaian señala que sin su ayuda hubiera sido más que difícil abrir el negocio, ya que tenían muchas urgencias y carecían de experiencia: “Nos pusimos en contacto con ellos y nos ayudaron mucho, nos contactaron con las personas que nos podían ayudar y así empezamos el proceso de convertirnos en una cooperativa”. Delucca rememora que en su momento también hablaron con los compañeros de AléAlé y tuvieron una reunión con una abogada del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), que les indicó cómo proceder.

Este acompañamiento y ayuda fue tan importante, que ahora ellos sienten la misma responsabilidad de ayudar a otro restaurante que esté pasando por la misma situación. “Seremos nosotros quienes vayamos, los apoyemos y les digamos: ‘No se dejen pisotear, no se vayan a casa sin nada, quédense acá dentro y peleen por lo que les corresponde’, concluye De Arco.