La marca es lo de menos

La marca es lo de menos

Un estudio de la consultora KANTAR señala que el 54% de los porteños ha dejado de consumir alguna marca preferida para privilegiar mejores precios. Desconfianza con las ofertas de los supermercados.

Ofelia, una jubilada que busca precios de los trapos de rejilla en la góndola en un supermercado en el barrio porteño de Balvanera, declara  que siempre busca promociones y que “la marca es lo de menos, hay productos que no son de primera y son buenos igual. Importa la calidad”. Amalia Maretto, otra jubilada que está haciendo sus compras semanales en un súper de Vicente López, señala que hay algunas marcas que dejó de consumir: “Antes compraba Coca Cola. No era una cosa de todos los días, pero una de vez en cuando me llevaba”.

Esos casos muestran cómo el consumo minorista sufre las consecuencias de la crisis económica. Ocho de cada diez argentinos compran sus marcas preferidas sólo si están en promoción o descuento y algunos sectores han dejado de consumir ciertas categorías, según un informe de Grupo KANTAR al que accedió ANCCOM. Esta es una tendencia que persiste desde marzo, advertida en un estudio anterior realizado por la misma consultora.

En la encuesta desarrollada a principio de año, la principal conclusión fue que sólo 3 de cada 10 pudieron mantener sus hábitos de consumo sin tener que resignar categorías o acudir a alguna promoción. En esta edición del informe sobre el segundo trimestre del año, el dato negativo se mantiene. Pero, a la vez, los resultados sugieren una “recuperación segmentada”, según destaca Estefanía Lestanquet, Account Manager de KANTAR división Insights.

Mientras que jóvenes, residentes del interior del país y personas pertenecientes a niveles socioeconómicos altos declararon que continúan consumiendo sus marcas de preferencia a un nivel mayor que el primer trimestre, en adultos mayores y habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha visto una profundización en los cambios de hábitos de consumo.

En el caso particular de los adultos mayores, un 40% contestó que ha dejado de comprar algunos productos y no los ha reemplazado. Esto se relaciona, afirma Lestanquet, con otros estudios que señalan una caída de los ingresos de este sector.

En paralelo, un 54% de los porteños contestó que optan por opciones más económicas que sus marcas preferidas. Lestanquet remarca que este aumento puede explicarse con que en febrero la ciudad “todavía no se había ajustado”, pero que en el segundo trimestre se efectuaron los aumentos en servicios y transporte. “Quizá, ante gastos fijos más altos, se empieza a recortar en estas cosas”, comenta.

En este marco, los consumos del día a día son regidos por estrategias que tienen el objetivo de ahorrar la mayor cantidad de dinero posible. Lestanquet subraya que 7 de cada 10 encuestados “planifican sus compras en base a los descuentos y promociones que hay en ese momento”.

 

Los consumidores tienen como los mayores ofertantes de descuentos y promociones a los supermercados (un 54%) y a las aplicaciones de pago (un 39%), por encima de los bancos y de las propias marcas. En base a ello, programan y generan estrategias a la hora de realizar sus compras. Por ejemplo, Juan Regueiro, de 29 años quien hace sus compras en la ciudad bonaerense de Mercedes, asegura que  usa “Mercado Pago para todo. Por ejemplo, compro todos los miércoles que hay descuento en supermercados Día”.

Pero, a su vez, crece la desconfianza en los supermercados, marcas y bancos, reclamando una baja real del precio. “Observamos un consumidor que pide más transparencia. Las promociones son súper importantes, pero hay un paso más al pedir una baja real para poder acceder a algunos productos”, apunta Lestanquet.

En ese sentido, el 89% de los encuestados cree en alguna medida que los supermercados suben los precios antes de aplicar un descuento, mientras que el 71% siente que termina gastando más por tener que comprar más artículos para obtener algún beneficio.

En relación a esto, según el estudio, los consumidores le reclaman a los bancos los bajos topes de reintegro que implementan en el marco de sus promociones. Por otro lado, a las marcas les recriminan que tienen que comprar más productos para acceder a beneficios, como es el caso de las ofertas 2 x 1 o los descuentos a las segundas unidades.

“Obviamente, el contexto recesivo muestra estos hábitos y ésta mayor importancia de las promociones. Hay segmentos que dejan de consumir y no las reemplazan por otras, eso es un dato bastante fuerte y creo que va muy de la mano con el dato de pobreza que se conoció el mes pasado”, cierra Lestanquet.

Después de 46 años, comenzó el juicio por la masacre del Pabellón Séptimo

Después de 46 años, comenzó el juicio por la masacre del Pabellón Séptimo

Considerado como un crímen de lesa humanidad de la última dictadura militar, se investiga a tres responsables del Servicio Penitenciarios acusados por la muerte de 65 presos comunes y las heridas causadas a otros 88.

El pasado miércoles 9 se inició en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5 de la Ciudad de Buenos Aires el juicio contra los tres exintegrantes del Servicio Penitenciario Federal acusados por la muerte de 65 víctimas y las heridas graves de otras 88. Fue tras una requisa y una represión en la cárcel de Devoto en 1978. El caso llega a la instancia oral y pública federal porque en 2014 fue declarado crimen de lesa humanidad.

El juicio dio comienzo en la Sala SUM del TOF 5 con la presencia de familiares y sobrevivientes, entre ellos Juan Olivero, Hugo Cardozo y Roberto Montiel. Los jueces del tribunal, Nicolás Toselli, Adriana Palliotti y Daniel Obligado, mencionaron la presencia, en representación del Ministerio Público Fiscal, del fiscal general Abel Córdoba y sus auxiliares María Laura Grigera y Viviana Sánchez. Con relación a las partes querellantes se encontraron presentes por la Secretaría de Derechos Humanos los doctores Máximo Castex y Ezequiel Uriarte, y por la querella unificada en representación de las víctimas y de la Liga por los Derechos del Hombre se presentó Claudia Cesaroni y Natalia DAlessandro. 

Los imputados estuvieron conectados vía Zoom: el ex director del Instituto de Detención de Devoto, Juan Carlos Ruiz; el exjefe de la División Seguridad Interna, Horacio Martín Galindez y  el exjefe de la División Seguridad Interna, Gregorio Bernardo Zerda. Se hizo mención de un cuarto acusado, Carlos Aníbal Sauvage, exjefe del Cuerpo de Requisa, quien falleció en el año 2021 sin que pudiera dilucidar su responsabilidad en los hechos.

Al abrir  el juicio, Toselli dio lugar a las partes acusadoras para hablar y comenzó el fiscal Córdoba. “Los hechos se enmarcan dentro del contexto del plan criminal multidimensional, donde no se tratan por eventos aislados sino ocurridos en un contexto más amplio, judicialmente acreditado, de crímenes de lesa humanidad cometidos bajo la jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército”. En ese sentido, aclaró que el Servicio Penitenciario Federal no estuvo exento de participación en la represión durante la última dictadura militar. Junto a ello, el fiscal mencionó el proceso de militarización y alerta en que se encontraban inmersas las distintas fuerzas del país durante el año 1978: “No es casual que mediante la Ley 19594 del 24 de abril de 1972 las cárceles y otros establecimientos o instalaciones que albergaban detenidos, procesados o condenados por hechos de carácter subversivo, terrorista o conexo delitos de competencia de la Cámara Federal en lo penal de la nación o detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional fueran puestos bajo control operacional de las Fuerzas Armadas, ya que ello respondía a la política de Estado imperante”. 

Luego, Córdoba disertó sobre los hechos criminales ocurridos en el interior del Pabellón Séptimo de la Unidad Penitenciaria 2 de Devoto el 14 de marzo de 1978. “No se trató de la imposición de suplicios a través de los métodos convencionales, sino de una salvaje represión donde las personas que resultaron víctimas se encontraban privadas de libertad y se vieron en condiciones de encierro absoluto al alcance del fuego y las balas de los autores”, leyó Córdoba. “A raíz de lo que fue calificado como una insubordinación por parte de los alojados en el Pabellón Séptimo del complejo penitenciario durante la madrugada del 14 de marzo y con el objeto de amedrentar a estos y sacar del pabellón al interno Jorge Omar Tolosa, los funcionarios penitenciarios dispusieron la realización de una requisa integrada por un mayor número de efectivos que lo habitual, ingresando de manera inusualmente violenta al pabellón aproximadamente a las 08:15 de la mañana de aquel 14 de marzo”.

La masacre

El fiscal general siguió con la secuencia de los acontecimientos, al detallar que los internos comenzaron a defenderse del castigo de parte del personal penitenciario, arrojando distintos elementos que tenían a su alcance y utilizando las camas cucheta para resguardarse. El cuerpo de requisa retrocedió, y frente a ello, los reclusos amontonaron camas para impedir que reingresaran. Sin embargo, los penitenciarios comenzaron a utilizar gases lacrimógenos y a disparar con armas de fuego desde la pasarela de vigilancia hacia quienes estaban en el pabellón. Como respuesta a la represión, los internos apilaron sus colchones sobre las camas que habían sido previamente colocadas contra la reja de ingreso obstaculizando así la visión del personal penitenciario hacia el interior. En un momento dado, y por motivos que no pudieron esclarecerse, los colchones que estaban apilados contra la reja de ingreso se prendieron fuego y posteriormente comenzó a presenciarse un denso y tóxico humo negro. 

A pesar de ello, las autoridades presentes del Servicio Penitenciario Federal no auxiliaron a los reclusos ni impidieron que el fuego avance, sino que continuaron disparando contra ellos armas de fuego y lanzando gases lacrimógenos desde las pasarelas exteriores de la unidad y desde los patios del complejo. Una vez consumido el fuego y abiertas las puertas del pabellón, los sobrevivientes fueron obligados a salir y cuando se traspuso la puerta de ingreso fueron recibidos por una doble fila de agentes penitenciarios que los golpearon con objetos contundentes, dándoles golpes de puño y patadas a lo largo de un pasillo que se extendía desde la puerta del pabellón hacia otros calabozos. 

A su turno, la auxiliar Grigera destacó que fueron recapitulados otros eventos relevantes previos a la jornada del incendio. Sin embargo, expresó la necesidad de analizar en profundidad el último episodio: qué se hizo y qué no de parte del servicio penitenciario. “No realizó ninguna maniobra encaminada a extinguirlo”, leía Grigera, en alusión al fuego.

Para fundamentar la acusación hacia las autoridades del penal, Grigera fue leyendo distintos testimonios de sobrevivientes que habían declarado en un sentido similar las circunstancias de los hechos, entre los apellidos mencionados estaban Ciardello, Olivero, Cardozo, Rica, Olivera, Gaitán, Montiel, Vera, Vergara, Cinelli, Berti, Romero, Mantilla, Medina, Díaz y Quintero. “Muéranse cachivaches”, “muéranse como ratas” y “muéranse de a poquito”, fueron las palabras que recuerdan algunos de ellos, y que ayer fueron leídas en la audiencia.

Los acusados

Tiempo después, fueron mencionadas las conductas descriptas y probadas que se le atribuyen a Ruiz, Galindez y Zerda (habiendo mencionado también a Sauvage). Éstas son la imposición de tormentos reiterados en 153 ocasiones, de los cuales 65 se encuentran agravados por la muerte de las víctimas. Juan Carlos Ruíz deberá responder en calidad de autor mediato ya que era quien tenía el poder de mando sobre el personal que intervino en las torturas y por ser la máxima autoridad presente en el día de los hechos en la unidad carcelaria. En tanto, Horacio Galíndez y Gregorio Zerda son señalados como coautores, porque las acciones sólo podrían haberse llevado a cabo bajo expresas órdenes del director y máxima autoridad del instituto penal.

Dicha acusación se fundamentó al mostrar -a través de testimonios y documentación- que una vez comenzado el incendio, las autoridades presentes dejaron avanzar el estrago con el objeto de someter a los internos a un castigo ilegal. Y una vez apagado el fuego, torturaron a los sobrevivientes. “Ya culminado el mismo sometieron a los sobrevivientes a graves castigos físicos que se prolongaron durante todo el recorrido desde el pabellón séptimo hasta los calabozos a los que fueron arrojados” leyó Grigera.

Torturas

Tras un cuarto intermedio, la abogada Claudia Cesaroni presentó una síntesis del requerimiento de elevación a juicio. “Esta causa fue reabierta a partir de la insistencia de un sobreviviente, Hugo Cardozo, y de la determinación del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos en el año 2011. Nosotras somos parte de un equipo jurídico que trabaja activamente de modo militante por la defensa de los derechos de las personas privadas de libertad en aquel momento y en el presente”, expresó. Esa insistencia se concretó en la presentación ante la justicia federal en marzo de 2013. 

“Fuimos a pedir que esta causa se reabra, porque había sido archivada por la justicia ordinaria en 1979. A partir de eso se fueron sumando otros sobrevivientes, familiares, así como también expresas políticas que estaban en la cárcel de Devoto en ese momento y que fueron testigos de esa masacre”, explicó Cesaroni. También añadió que cada acción jurídica que fue y vaya a ser llevada a cabo será en el marco de la lucha colectiva por la memoria, verdad y justicia. A criterio de la abogada y criminalista, el Servicio Penitenciario fue parte del aparato de terror de la dictadura.

Más adelante, tuvo la palabra Natalia D’Alessandro, también abogada querellante, quien continuó con la lectura del resumen del requerimiento, reconstruyendo los hechos de las acciones iniciales al motín a partir del conflicto de la televisión con el interno Tolosa. En ella, se contó específicamente todo lo que vivieron los presos durante el incidente, incluyendo las lastimaduras, lo que sintieron al salir, pisar a otros fallecidos y saber que los continuarían golpeando a pesar de estar quemados. “La violencia fue inusual, aún para quienes estaban acostumbrados a recibir palos como parte de la rutina”, leía la abogada. 

Luego Cesaroni retomó la palabra. Entre sus declaraciones estuvo la necesidad de contrastar la versión oficial avalada por Sauvage, un planteo basado en que los presos fueron los que causaron el incendio a partir de una pelea realizada entre ellos. Sin embargo, cuando se le preguntó si se sabía quiénes habían sido los responsables de la acción dada, el exjefe del Cuerpo de Requisa contestó que no reconoció a los actores. Esta versión fue altamente cuestionada por la querella debido a dejar incógnitas sin resolver, entre ellas, cómo podía ser que ningún guardia haya presentado lesiones, o bien, por qué no se realizó ninguna tarea efectiva de parte de las autoridades para frenar el fuego. 

Al rato, Cesaroni, conmocionada,  mencionó a todos los fallecidos y gravemente heridos durante la masacre. 

Finalmente, D’Alessandro brindó unas últimas palabras en homenaje y respeto por los familiares, allegados y sobrevivientes presentes. “Deben considerarse las circunstancias en que fueron cometidos los hechos imputados así como que los mismos fueron perpetrados por agentes del Estado, todos ellos miembros del Servicio Penitenciario Federal, quienes utilizaron en todo momento medios violentos en contra de las víctimas, las cuales se encontraban detenidas bajo su custodia”, leyó. “Por todo ello, solicitamos que en primer lugar, se tenga por realizada la síntesis del requerimiento de elevación a juicio y se juzgue la masacre del Pabellón Séptimo entre el 13 y 14 de marzo de 1978 en el que 65 presos llamados comunes, fueron asesinados mediante el humo, el fuego, las balas y los golpes, y otros 88 sufrieron torturas brutales, como un crimen contra la humanidad, se asignen responsabilidades y se impongan las penas correspondientes. Porque como dicen los familiares que se han reunido para realizar este recorrido en demanda de memoria, verdad y reparación, mientras no haya justicia, el fuego seguirá quemando”, finalizó 

Posteriormente Toselli dio por formalmente cerrado el debate y concluyó la jornada, realizando un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles a las 10 horas. 

La universidad pública se defiende

La universidad pública se defiende

Los estudiantes de las facultades de Filosofía y Letras y Psicología de la UBA tomaron el lunes sus casas de estudios para exigir a los diputados que ratifiquen la Ley de Financiamiento. Enseguida se sumaron los de Ciencias Sociales y también los de otras universidades de distintos puntos del país. Mirá las fotos de ANCCOM.

Las Facultades de Sociales y Psicología en la vigilia previa al tratamiento de la Ley. Mirá la Galería. 

Menos gritos y más palabras

Menos gritos y más palabras

Bajo el lema “El silencio” se llevó a cabo la 16° edición del Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires en 16 espacios de la ciudad, para poner en valor la lectura y la palabra.

El Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires (FILBA) es una organización privada sin fines de lucro, que se creó en 2009 con el fin de promover la literatura en todas sus formas y a diferentes tipos de lectores, a través de actividades libres y gratuitas. En un contexto de un fuerte desmantelamiento cultural por parte del Gobierno nacional, la 16° edición del FILBA —que tuvo como temática central el silencio— llegó para satisfacer la necesidad literaria de miles de aficionados, que llenaron cada uno de los 16 espacios de la ciudad donde se llevó a cabo el festival.

“Lejos de ser un llamado a silenciarnos de manera imperativa, de censurarnos o de autocensurarnos, es una búsqueda de aquel silencio que comunica y que permite también poder escucharnos”, expresó la directora del FILBA, Amalia Sanz, en el discurso inaugural de esta nueva edición. “Estamos en una época de mucho ruido, de gritos, de reproducciones de mentiras, de opiniones sobre todo, y ese ruido no deja escuchar lo importante y lo peligroso también”, agregó Sanz.

El penúltimo día del FILBA —que tuvo lugar desde el jueves 26 hasta el domingo 29 de septiembre— constó de múltiples actividades en diversos espacios culturales de la ciudad. “Vivir entre lenguas” se desarrolló el sábado 28 en la Microgalería del Centro Cultural 25 de Mayo; un espacio emplazado en una casa antigua del barrio de Villa Crespo, con paredes intervenidas y salas pequeñas desbordadas de expresiones artísticas en múltiples lenguajes.

Media hora antes del inicio de la primera actividad, el patio interno, con paredes descascaradas, intervenidas con graffitis y plantas que emergen de ellas, ya estaba repleto. En él, decenas de personas con bebidas en mano mantenían conversaciones en diversas lenguas —inglés, francés, italiano, portugués y claro, español— mientras aguardaban el comienzo de “Traducciones homofónicas”. Esta primera actividad tuvo lugar en la sala más próxima a la puerta de entrada, en la que, con una atmósfera íntima y cercana con el público, el autor haitiano, Makenzy Orcel, y el poeta esloveno, Aleš Šteger, leyeron textos propios en su idioma original. Las traducciones fueron llevadas a cabo por los poetas argentinos Ezequiel Alemian y Andi Nachón, aunque no se trató de traducciones literales, sino “homofónicas”, en las que los autores dieron su propia interpretación de los poemas utilizando palabras fonéticamente similares..
Fiel a su estilo, el espacio contaba con una pequeña barra en la que los asistentes podían comprar comida y bebidas entre actividad y actividad. En la pared que se encontraba justo detrás, se podían leer las iniciales “KDA”. “Significa ‘Kiosco De Artistas’ —contó Camila, la joven que atendía en la barra—, es un proyecto que nació en el año 2002  con la intención de agrupar a distintos artistas argentinos que no tenían un espacio para exponer y comercializar sus obras”.

La segunda actividad de la noche tuvo lugar en la sala más grande de la Microgalería. Al ingresar, todos los asistentes se sentaron en el suelo, sin que nadie se los pidiera. Tres mujeres esperaban al fondo de la sala, alumbradas por una luz cálida y tenue. Tras unos segundos esperando a que todos se ubicaran en sus lugares y guardaran silencio, la primera de las tres mujeres, Lucía Pietranera, se puso de pie. Sin emitir sonidos y a través de la lengua de señas, se dirigió al público para dar inicio a la performance. La siguieron la bailarina y profesora Tania Dick, y la escritora francesa Mónica Zwaig. Las tres, ahora paradas frente al público, comenzaron a leer anécdotas sobre cómo sus vidas se vieron atravesadas por la lengua.
“Tuve insomnios tratando de entender a Los Redondos o a Spinetta. Ahora esa época ya pasó. Ahora cuando no entiendo, no sufro más”, contó Zwaig, quien se mudó a Argentina en el 2007 y aprendió a hablar castellano asistiendo a los juicios de lesa humanidad. “Tengo que hacer un esfuerzo para que los taxistas no descubran mi acento y quieran dar vueltas más largas para cobrarme de más”, agregó la escritora, refiriéndose a los problemas que atraviesa diariamente al tener que hablar en una lengua distinta a su lengua de nacimiento. Luego de unos minutos y muchas emociones distintas por parte del público, la performance terminó y las escritoras fueron despedidas con aplausos fuertes, aplausos mudos y algunas lágrimas.

La última actividad de la noche —y una de las más esperadas— fue en la misma sala de la antigua casa. Nuevamente, el espacio quedó repleto de personas —y también se sumó un gato— que se sentaron en el piso a la espera de la “Lectura al unísono”, protagonizada por Kim Thúy, Verónica Jordan, Eugenia Zicavo, Ana Prieto y Luciana Barbieri. Fue la autora vietnamita Kim Thúy quien rompió el hielo y comenzó a narrar en francés su historia de vida y la influencia que la lengua tuvo en ella, cuando a los 10 años huyó junto a su familia de la guerra que transcurría en su país para finalmente instalarse en Quebec, Canadá. La siguieron las otras cuatro mujeres, quienes continuaron con la narración de la historia de Kim en distintos idiomas: español, inglés, italiano y portugués. Cada algunos minutos, la lectura se veía interrumpida por una campana y un breve silencio, que parecía separar la narración en capítulos. Cerca del final, las cinco mujeres leyeron el relato al unísono. El recital de voces que hablaban distintas lenguas, paradójicamente, dificultó la comprensión.  Luego, siguió un nuevo silencio. La lectura había terminado. El público, conmovido, despidió a las mujeres con una cálida y prolongada ovación.

 

 

“Acá están nuestras placentas, no elegimos el territorio por turismo”

“Acá están nuestras placentas, no elegimos el territorio por turismo”

En el segundo día del juicio que investiga a siete mujeres mapuche acusadas de tomar terrenos en Villa Mascardi, declaró la machi de la comunidad. El lunes serán los alegatos.

En la segunda jornada del juicio contra mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, acusadas de usurpar un predio de alrededor de siete hectáreas en Villa Mascardi, a unos 35 kilómetros de San Carlos de Bariloche, en Río Negro, en la sede del Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional. El juez Hugo Greca resolvió no permitir declarar a la machi Betiana Colhuan como testigo. Sin embargo, los abogados pidieron que lo hiciera bajo la figura del amicus curiae y así pudo ser escuchada su palabra. Habló sobre la importancia espiritual del cuidado del rewe que se encuentra en Villa Mascardi. “No elegimos el lugar por un negocio inmobiliario o turístico sino porque toda la vida estuvimos vinculados con ese territorio, y hoy ahí están las placentas de los hijos que parí”, declaró.

Este juicio corresponde con los sucesos ocurridos en noviembre de 2017, el desalojo policial de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por supuesta usurpación en terrenos en Villa Mascardi, San Carlos de Bariloche, a partir de la denuncia de Parques Nacionales. A pesar que durante el gobierno  de Alberto Fernández se había llegado a un acuerdo entre las partes en el que se determinó el compromiso del Estado a reconocer el rewe, lugar en el que se realizan tareas espirituales y de sanación, como sitio sagrado para esta comunidad, en el Parque Nacional Nahuel Huapi.

En la causa están imputados Yéssica Fernanda Bonnefoi, Johana Colhuan, Gonzalo Coña, Luciana Martha Jaramillo, María Isabel Nahuel, Romina Rosas y Mayra Aylén Tapia. Mientras que la machi, Betiana Colhuan, fue sobreseída en el primer día del juicio por ser menor de edad en el momento de los hechos. Uno de los primeros temas que se abordó en la jornada fue el testimonio de Colhuan. Contrario a lo que pedía la querella, el juez decidió llevar este debate de forma abierta, para que pueda ser atendido públicamente.

La defensa de la Gremial de Abogados y Abogadas de la Argentina pidió que se incorporase a Colhuan como testigo de la causa, permitiendo que la misma declarase bajo juramento y detallase los eventos ocurridos el 23 de noviembre de 2017, cuando las fuerzas policiales llevaron a cabo un gran dispositivo de desalojo en el lugar en el que se encontraba viviendo la comunidad. Para la defensa, este testimonio era esencial para la construcción de su alegato, entendiendo que era fundamental contar con los relatos de Colhuan.

La machi es la guía y sanadora del pueblo mapuche, ella se encarga de las cuestiones del espíritu de los miembros de su comunidad, además de, como es el caso particular de Colhuan, la salud de los mismos.

En tanto, la parte querellante alegó que la incorporación como testigo de Colhuan no resultaría conducente por haber sido sobreseída el día anterior por ser menor de edad durante el momento de los hechos, y por no haber sido ofrecida en tal carácter al momento de la citación al juicio.

La Fiscalía estuvo de acuerdo con el alegato de la defensa, entendiendo de todas formas los riesgos que puede implicar el testimonio bajo juramento de Colhuan al haber sido sobreseída, al implicársele todas las generalesl de la ley y por ser una de las imputadas su madre. A pesar de que entendían lo fino del límite y el extremo cuidado que se debía tener con un eventual testimonio de la machi, la Fiscalía decidió no oponerse al mismo.

A pesar de ello, el juez finalmente tomó la decisión de no permitir a Betiana Colhuan prestar testimonial bajo juramento. Pero sí determinó que la misma iba a presentarse al final de la jornada en calidad de amicus curiae, para poder explicar la cosmovisión mapuche, el rol que cumple una machi y el significado espiritual de un rewe.

Durante esta segunda jornada de juicio, declararon  nueve testigos en total, entre ellos algunos empleados del parque, efectivos policiales, y algunos miembros del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina que participaron del operativo en el cual falleció Rafael Nahuel.

El relato de la machi

Betiana Colhuan hizo un emocionado relato sobre la cosmovisión mapuche. Comenzó contando en qué consiste su rol, que le fue designado por una anterior machi, Teresa Painequeo, antes de que ella naciese, y se describió como la guía espiritual de su pueblo. Ella se formó durante muchos años para poder ejercer una labor que le fue asignada, para cumplir un rol sagrado que en los últimos años “se había terminado de este lado (de la cordillera de los Andes), los machis ceremoniales fueron encarcelados y asesinados”. Ella también debe llevar a cabo las cuestiones de la salud física y espiritual de su pueblo, y contó que también se formó para ello atendiendo a la “medicina occidental” y tomando algunas prácticas convencionales para ayudar a sus compañeros. Además, explicó que en esta comunidad en particular hubo un proceso de fortalecimiento espiritual y el levantamiento de un rewe de una machi que llegó a orillas del Lago Mascardi, una ceremonia que se realizó antes incluso de que ella naciera.

 El rewe es una especie de altar sagrado en el cual cada comunidad mapuche genera un vínculo con la tierra y con sus antepasados, un lugar de suma importancia cultural. Al haber sido edificado en ese contexto, el rewe de esta comunidad en particular, también tiene propiedades de sanación, “es un lugar donde se vincula la salud de las personas”, declaró Colhuan.

Acerca del territorio de Villa Mascardi, contó que su abuelo ya había sido cuidador allí, y que se encargó de cumplir ese rol durante toda su vida. ”No somos dueño del territorio, no pretendemos serlo, esos son títulos de un Estado, nosotros lo que buscamos es tener un vínculo con esa tierra y cuidar ese espacio, protegerlo”. A su vez también comentó que su pueblo, si bien ya no está en esos terrenos, sigue teniendo el vínculo con ese espacio, estrechamente vinculado con su espiritualidad. Para la machi, “perder ese lugar es perder mi vida, si dejo ese rol voy a morirme, es mi ser, mi existencia”, y por esa razón ella sigue visitando recurrentemente ese espacio. Y por ese motivo es que también dijo que su comunidad estaba dispuesta a ceder muchas cosas, que no querían ser dueños de un título de propiedad, y que simplemente lo que querían era poder tener acceso a ese lugar.

Finalmente, y ante el apuro del juez para que haga su testimonio en sólo veinte minutos, Colhuan cerró con un emotivo relato sobre lo que ha vivido ella y su pueblo: “Una quiere ser fuerte, pero yo soy de carne y hueso, he sufrido mucha violencia por parte de la sociedad, he estado encarcelada, he estado expuesta a un montón de cosas, y voy a seguir siendo mapuche hasta el día que me muera”.

Decisiones políticas

Otra de las declaraciones más importantes de esta jornada fue la que prestó la guardaparques del Parque Nacional Nahuel Huapi, Marcia Lorena Urbinati. Ella fue la primera agente en presentarse tras el acto de recuperación de terrenos por parte de la comunidad, que se dio lugar el 14 de noviembre de 2017.

Urbinati, en un extenso relato que duró más de una hora, declaró que fue señalada por el entonces intendente  del parque Damián Mujica para que se acerque al lugar en el que, como le había avisado el cuidador de un hotel de la zona, había un grupo de personas generando ciertos disturbios.

“Me dijeron que estaban recuperando una tierra, que no se iban a ir y que estaban por llegar cientos de ellos”, comentó la guardaparques, y relató que fue acompañada del brigadista Oscar Montenegro y escoltada por un móvil policial que se quedó sobre la ruta, fuera del campo de visión del grupo para evitar cualquier tipo de conflicto. Ambos, Montenegro y el oficial que se hizo presente ese día, también declararon en la misma jornada.

Urbinati narró que en la zona encontró a un grupo de personas completamente tapados y encapuchados, con las manos en los bolsillos, y acompañados de un grupo de niños, que se alinearon en frente de ella y su compañero para recriminarles su presencia. “Me trataron de huinca genocida (término despectivo para personas que no son de la comunidad), y a él le gritaban traidor porque pertenece a otra comunidad”, señaló. Montenegro, como él mismo aclaró más tarde, es miembro de la comunidad wiritray, que tiene su territorio en cercanías de la Lafken Winkul Mapu.

Ella declaró que “mi intención era dejar que dijeran todo lo que tenían que decir y escuchar qué era lo que pretendían, para ver cómo actuar”, pero al ver que la situación empezaba a ser cada vez más violenta, tomó la decisión de retirarse del lugar sin entablar diálogo con el grupo.

A partir de ese suceso, según narró Urbinati, la situación se fue volviendo cada vez más compleja, y “cambió la realidad del lugar”. Narró otros hechos de violencia sufridos, y dijo que ella en lo posible trataba de evitar pasar por ese espacio si no era necesario, pero que recurrentemente tenía que hacerlo porque en esa zona se abastecían de combustible, había lugares de uso público como campamentos educativos y también vivían otros vecinos. También comentó que se vio obligada a retirar todo el ploteo de los vehículos oficiales y a no utilizar su uniforme “para no ser identificada”.

“Mi impresión es que estaba el lugar tomado”, comentó también Urbinati, explicando que en ocasiones la agrupación hacía uso de la ruta, que a veces la deshabilitaban, y que incluso cortaban el suministro de energía. Sobre este último hecho, sin embargo, fue consultado un empleado de la Cooperativa de Electricidad Bariloche, que fue el encargado de ir al lugar a solucionar uno de los tantos problemas eléctricos que se narraron, y si bien declaró que no lo dejaron pasar con todo el equipo que había llevado ni con las otras tres personas que lo acompañaban, pudo acercarse y determinar que había un cable cortado. Cuando se le consultó si sabía que había provocado el corte, declaró simplemente que podía haberse debido a árboles o ramas que caen sobre las líneas con frecuencia.

Por su parte, Montenegro también declaró, y comentó que si bien no forma parte de muchas de las costumbres de su pueblo porque se alejó de la mayoría de ellas, fue instruido por su comunidad para ser parte querellante de la causa por “decisiones políticas de las que no participo”. Aclaró también que, a diferencia de su ya fallecida hermana, él no es autoridad wiritray, y que ni siquiera puede hablar el idioma, sólo entender algunas frases.

El lunes 30 de septiembre será la tercera y última jornada, en la que se conocerán los alegatos finales, pero la sentencia del juez Hugo Greca podría ser emitida a posteriori y por Internet.

 

Un fallo histórico contra la represión a la protesta

Un fallo histórico contra la represión a la protesta

La Corte ratificó el fallo que condena a Enrique Mathov y Rubén Santos por los asesinatos de los manifestantes del 19 y 20 de diciembre de 2001. Por primera vez irán presos responsables políticos de una represión. ¿Mensaje para Bullrich? Habla la viuda de una de las víctimas.

A casi 23 años de la represión policial del 19 y 20 de diciembre de 2001, la Corte Suprema de Justicia confirmó las condenas del entonces secretario de Seguridad Enríque Mathov y Rubén Santos, jefe de la Policía Federal, dos de los máximos responsables políticos de los asesinatos de manifestantes que reclamaron en las calles contra el gobierno de Fernando De la Rúa. Pocas horas después, ambos ex funcionarios quedaron detenidos en el Hospital Central Penitenciario de Ezeiza. ANCCOM habló con María Arena, la viuda de una de las víctimas, quien considera que ese fallo es histórico porque nunca antes hubo responsables políticos presos por reprimir la protesta social.

A más de ocho años de que la Justicia condenara en primera instancia a los responsables de la represión policial del 19 y 20 de diciembre de 2001, la Corte Suprema dejó firmes las sentencias. Esto significa que ambos funcionarios encontrados culpables cumplirán su pena tras las rejas, salvo que obtengan el beneficio del arresto domiciliario.

En medio del regreso de la represión de las protestas sociales, con las fuerzas de seguridad que golpean a jubilados y gasean a niñas de 10 años, el máximo tribunal del país mantuvo la pena de 4 años y 3 meses de prisión para el exsecretario de Seguridad Interior del gobierno de Fernando de la Rúa, Enríque Mathov; y del entonces jefe de la Policía Federal Argentina, Rubén Santos, a 3 años y 6 meses de cárcel. 

Las condenas fueron por los crímenes de tres de las personas que habían salido a las calles de la Ciudad de Buenos Aires para reclamar contra el gobierno de la Alianza, que horas después terminaría con la renuncia del entonces presidente y su salida en helicóptero de la Casa Rosada.

Aquellas víctimas de la brutal represión fueron Diego Lamagna, Carlos Almirón y Gastón Riva. Todos ellos, con diferentes orígenes e historias de vida, salieron de sus casas para protestar contra un gobierno que había agravado la crisis económica y social, que había comenzado en la década del 90 con el menemismo, y tenía al país atrapado en niveles de pobreza y desempleo altísimo.

A más de dos décadas, María Arena aún recuerda todo como si hubiese sido ayer. Ella estaba casada con Riva, uno de tantos jóvenes que vio las imágenes de la Policía avanzando contra los manifestantes y decidió acercarse a participar y, en un gesto de solidaridad, ayudar con su moto a quienes habían quedado envueltos en los gases lacrimógenos. Nunca volvió a su casa. Lo que llegó después fue hacerse cargo de tres hijos que habían perdido a su padre, y también motorizar una lucha en calles y tribunales para que la muerte de su compañero no quedara impune. Tanto tiempo después, la condena de Mathov y Santos demuestra que aquel derrotero no fue en vano.

“Cuando pusieron la fecha para el juicio yo creía que nunca iban a ir presos. Sobre todo que hace cuatro años fue la condena”, sostiene la mujer en relación al fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, que en junio de 2020 había confirmado las sentencias emitidas por el Tribunal Oral Federal Nº 6. “Durante todos estos años vivimos distintas situaciones, incluso la resignación. Suena horrible, pero es que pasaron 23 años, mucho tiempo. Aún así, nunca perdimos la esperanza, pero no pensamos que de sopetón iba a llegar la decisión de la Corte, que estuvo todos estos años sin expedirse”, revela. La resolución del máximo tribunal no solo significa la confirmación definitiva de las penas para los responsables, sino también que ambos deberán cumplir sus sentencias tras las rejas, un hecho inédito para Argentina y la región, donde los funcionarios responsables de este tipo de hechos suelen salir impunes.

“Nunca pensé que iban a cumplir efectivamente las sentencias. Vamos a ver por cuánto tiempo, porque Mathov tiene edad para pedir prisión domiciliaria, pero lo cierto es que lo detuvieron y van a hacer lo mismo con Santos cuando regrese de España”, sostiene Arena, que es locutora y productora periodística. (N.d.R: al momento de la entrevista, el extitular de la Policía Federal ya se entregó y está detenido junto a Mathov en Ezeiza). “La sensación es un poco rara. En tantos años una va pensando, sufriendo, desilusionándose, teniendo esperanza, pasan tantas cosas. Igualmente, no deja de ser un día histórico, porque no existía condena a responsables de una represión en democracia”, apunta.

A pesar del alivio de que tras tantos años de lucha se haya llegado a una condena, a los familiares de las víctimas les queda una sensación agridulce, ya que la primera plana de la política -con el expresidente a la cabeza- salieron indemnes por la letal represión de diciembre de 2001. “Lamentablemente, nunca se llevó a juicio a Fernando de la Rúa. Se murió totalmente impune y esa es una espina que te queda, aunque yo creo que la condena social es fundamental y no creo que haya mucha gente que pueda defenderlo”, asegura. Pasaron más de dos décadas pero Arena tiene la memoria intacta. “Aun así, no me olvido de algunos radicales que en su momento firmaron una solicitada en el diario La Nación defendiendo a Mathov”.

Atención Bullrich

Un detalle del fallo de la Corte es que llegó en un momento en el que la represión policial volvió a ser una tendencia de las últimas manifestaciones populares. Docentes, jubilados, movimientos sociales e, incluso, hasta niñas de 10 años han sido víctimas de la acción de las fuerzas de seguridad lideradas por la ministra Patricia Bullrich, otrora integrante del gabinete de la Alianza a principios de este siglo. “La historia es cíclica. Sobre todo si el Poder Judicial tarda 23 años en poner preso a un tipo que mandó a matar gente. Inclusive, todavía hay juicios a los genocidas de la última dictadura habiendo pasado ya 40 años”, reflexiona Arena. “La Justicia favorece a que estas cosas vuelvan a suceder, junto al delicado trabajo de los medios de comunicación, que van tapando y olvidando”, agrega. “Cuando vos le das carta blanca a un gobierno, la utilizan y es lo que están haciendo. En realidad, la mitad de un pueblo le dijo ‘sí, toma, acá tenés el sillón de Rivadavia, sentate y goberná’ a un hombre que está totalmente desquiciado y siempre lo demostró. Una locura”, analiza.

En medio del clima de inestabilidad del gobierno de La Libertad Avanza, la Corte -que suele hacer uso de los tiempos para publicar sus resoluciones- confirmó un fallo que podría ser interpretado como un mensaje para la Casa Rosada. “Yo no sé que pensar”, reconoce Arena. “A veces pienso: ¿será un aviso de que no se puede hacer cualquier cosa? Después digo ‘no, es la Corte. Son estos jueces que conocemos bien’. Me parece que sí fue una jugada política, pero no sé a qué quisieron jugar”, dice.

El otro hecho llamativo fue que tan rápidamente se procediera a la detención de los dos funcionarios condenados, algo que generalmente suele demorar, ya sea por inacción de las autoridades o por falta de cooperación por parte de los propios condenados. “Me resorprendió, Mi abogado ya me había preparado para que espere que se resistan. Pero bueno, insisto en que no sé cuánto tiempo estará detenido”, advierte. “La foto de él (por Mathov) entrando con el bolsito a entregarse es realmente muy significativa”, reconoce. “Tantas veces pensé que estábamos perdiendo tanto tiempo de nuestras vidas y se lo quitaba a mis hijos para seguir con esto, para buscar justicia. Este es el momento en el que me doy cuenta de que todo eso no fue en vano”, dice Arena. Y se despide.