La solidaridad funciona

La solidaridad funciona

El 2 de junio se celebra el Día del Bombero Voluntario en Argentina en homenaje a quienes arriesgan su vida sin esperar nada a cambio. ANCCOM visitó el cuartel de Villa Ballester para conocer cómo es la rutina, los desafíos y la vocación detrás del uniforme.

El 2 de junio se celebra la fundación del primer cuerpo de bomberos voluntarios del país, creado en 1884 en el barrio porteño de La Boca por iniciativa de Tomás Liberti, su hijo y otros vecinos del barrio, mayormente inmigrantes italianos. La iniciativa surgió luego de un incendio en la zona portuaria. Desde entonces, el país ha desarrollado una de las redes de voluntariado más importantes del continente, con más de 58.000 bomberos y bomberas distribuidos en más de 1.100 cuarteles a lo largo del territorio nacional.

ANCCOM se acercó hasta el cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Ballester y pudo conversar con Carlos Bonasera de 25 años, quién se sumó como bombero voluntario en 2023 y que además se desempeña como inspector de calidad en una fábrica de envases flexibles de José León Suarez.

Para Bonasera, ser bombero voluntario en la Argentina es, ante todo, un acto de vocación y de entrega. Pero con las ganas no alcanza: para ingresar al cuerpo de Villa Ballester se deben cumplir ciertos requisitos básicos: tener entre 18 y 38 años, estudios secundarios completos y superar una evaluación psicológica, física y médica. Luego comienza un proceso de formación técnica que incluye conocimientos en incendios, rescates, primeros auxilios, materiales peligrosos y más. El curso puede durar entre seis meses y un año, dependiendo de cada jurisdicción, y finaliza con un examen teórico-práctico y un juramento de servicio.

Bonasera entiende el desconcierto que algunas personas sienten con quienes se ofrecen a trabajar como voluntarios, más si eso supone ponerse en situaciones de riesgo. Él lo disfruta y es su vocación: “Nadie me cuestionó porque entienden que hago lo que me gusta y uno no puede pedirle a la gente que quiere que deje de hacer lo que los hace felices”.

Los bomberos voluntarios no solo actúan en caso de incendios, también están entrenados para asistir en accidentes de tránsito y rescates en altura, desde el romántico caso de bajar el gato de arriba del árbol hasta personas accidentadas.

Protocolo

El protocolo indica que los telefonistas del cuartel reciben la llamada, ya sea de las autoridades o de algún vecino que informa algún accidente o problema. Los bomberos que están al teléfono tienen que tratar de obtener la mayor cantidad de información posible acerca de lo sucedido, luego dan la alerta y avisan a quienes están haciendo la guardia. Se ponen la ropa de protección y se paran en una línea amarilla que hay al costado del camión, a la espera de la persona que va a ser la encargada del operativo.

El de mayor jerarquía y experiencia al momento de la llamada es quién elige con quién asistir al lugar del siniestro. La cantidad de bomberos que asisten a cada emergencia depende de la magnitud de lo sucedido, de la cantidad de choferes que hay y de la cantidad de gente que queda en el cuartel. Por lo general, cada camión sale con cuatro o cinco personas, para poder cubrir todos los roles que hay, pero varía. Los bomberos solo se tienen que vestir, todo lo demás que puedan llegar a necesitar ya está cargado en el camión a la hora de salir. En Villa Ballester tratan de que el camión arranque un minuto y medio después de recibir el aviso, luego de equiparse.

Los bomberos voluntarios del cuartel de Villa Ballester se dividen en cuatro grupos y cada uno debe hacer una semana de guardia cada mes. En esa semana, tienen que estar disponibles para actuar desde las 22 horas del domingo hasta las 22 horas del domingo siguiente.

Además, y a nivel individual, cada uno de ellos debe cumplir con 30 horas de servicio al mes. Al ser voluntarios y no percibir un salario por su labor, tienen que balancear su trabajo, con su vida personal y el servicio en los cuarteles.

En 2023, se sancionó una ley largamente esperada por el sistema: la jubilación especial para los bomberos voluntarios. Este régimen permite que quienes hayan prestado servicio activo durante al menos 25 años y tengan 50 años de edad puedan acceder a un derecho previsional. Para ello, deben estar debidamente registrados en el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV) y haber participado regularmente en entrenamientos, intervenciones y tareas comunitarias certificadas.

El cuartel de Villa Ballester cuenta además con una escuela de cadetes para chicos y chicas de 12 a 17 años que quieran sumarse a esta familia. Al igual que los adultos, deben cumplir una determinada cantidad de horas mensuales además de recibir la formación sobre el manejo de equipo y cómo deben actuar correctamente ante cada situación.

Los profesionales

En contraste a los voluntarios de Villa Ballester, los bomberos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están profesionalizados, se dedican exclusivamente a last areas socorro y perciben un salario por el cumplimiento de su trabajo. Además, los bomberos de la Ciudad, alternan entre 24 horas de guardia y 48 horas de descanso, mucho más que las 30 horas mensuales que deben cumplir los voluntarios. Por otra parte, en estos cuarteles no miran con buenos ojos que sus trabajadores quieran dedicar tiempo a otros empleos, estudios y cuestiones personales. En cambio, los voluntarios tienen en cuenta que sus miembros pierden tiempo de calidad con sus familias y amigos o que hasta por prestar servicio llegan tarde a sus trabajos remunerados, por lo tanto

A 140 años de la fundación del primer cuartel de bomberos voluntarios en La Boca, la red de voluntariado sigue creciendo gracias al compromiso de personas como Bonasera. Y también de la comunidad que colabora con donaciones en sus cuarteles cercanos. Porque detrás de cada sirena hay historias de entrega, solidaridad y trabajo en equipo que merecen ser acompañadas.

¡Abajo el telón!

¡Abajo el telón!

Alerta de las organizaciones de actores y directores argentinas ante el decreto que quita autonomía al Instituto Nacional de Teatro. La actividad en peligro.

Tras la victoria en las elecciones legislativas porteñas, el gobierno de Javier Milei incrementó la ofensiva sobre la cultura a través de los decretos 345 y 346/2025 publicados el jueves 22 de mayo, que transforman una serie de organismos en unidades organizativas integrantes de la Secretaría de Cultura. Entre los principales afectados se encuentra el Instituto Nacional de Teatro (INT), creado en 1997 a partir de la Ley N° 24.800 de promoción y apoyo a la actividad teatral. Bajo el argumento de que el carácter autárquico de la entidad derivó en un manejo ineficiente de los recursos públicos, la medida plantea centralizar su funcionamiento bajo la órbita de la Secretaría de Cultura, disolviendo el Consejo de Dirección para reemplazarlo por un Consejo Asesor ad honorem. Esto implica la eliminación de las representaciones provinciales y el carácter federal del Instituto, la pérdida de puestos de trabajo y el peligro de desaparición de espacios teatrales independientes.

Ante este escenario, la Asociación Profesionales de la Dirección Escénica Argentina,  (APDEA), la Asociación argentina de Teatro Independiente (ARTEI), Grupos Estables de Teatro Independiente (GETI), ESCENA y la Asociación Argentina de Actores (AAA) junto a numerosas organizaciones del sector teatral, convocaron a una conferencia de prensa bajo la consigna ¡No al fin del INT! este jueves 29 de mayo por la tarde. El evento tuvo lugar en el salón principal de AAA en la calle Alsina, a pocas cuadras del Congreso, y empezó con la transmisión de las intervenciones que tuvieron lugar el día anterior en la comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Disertaron Luciano Linardi, director del departamento de Cultura de ATE y trabajador del INT, Gonzalo Pérez (ARTEI) y Luis Rivera López, presidente de AAA, que también estuvieron presentes en la conferencia.

El clima de urgencia sentó la pauta de establecer un plan de acción que empezará con un abrazo al INT el domingo 1 de junio a las 12 hs. El consenso fue unánime: la pérdida de territorialidad, recursos y puestos de trabajo no supone una mera modificación sino la eliminación del Instituto. “Necesitamos una hoja de ruta a partir del domingo para recuperar la Ley Nacional de Teatro”, sostuvo Gonzalo Pérez y agregó que ARTEI presentará un amparo para frenar el decreto, “tenemos que estar en alerta permanente”.

 

En tono encendido, los discursos giraron en torno a una serie de puntos: la defensa de la cultura, la voluntad de unidad y el imperativo de sostener “una militancia activa, creativa”, como expuso Graciela Camino del colectivo Escena. Abierto el micrófono a las intervenciones, el actor Pablo Echarri fue uno de los que hizo foco en las posibles estrategia legislativas para lograr la derogación del decreto. Consultado por este medio, Echarri advirtió que el avance sobre el Instituto supone “un plan de retroceso del Estado en general, en particular de la cultura que es la herramienta de visibilización, el espacio de multiplicación de la identidad de los ciudadanos. Es como un golpe en el corazón de la democracia. Esgrimen razones de mala administración, no dan soluciones y sin embargo le quitan la descentralización y la autarquía y la mandan a ser una oficina comandada por un inútil”. Ante la consulta respecto cómo sigue la lucha el actor sostuvo: “hay que tratar de estar en la calle, en las convocatorias de abrazo y de defensa, de cuerpo entero; pero hay que estar muy atentos a las opciones legislativas porque es ahí donde se cuece el ajo”.

¿Dónde está Luciana?

¿Dónde está Luciana?

Luciana Muñoz Aguerre desapareció hace diez meses en la ciudad de Neuquén. Hay un solo detenido, pero es por falso testimonio. El Estado no da respuestas mientras su familia la busca.

Luciana Muñoz Aguerre desapareció el 13 de julio del año pasado en el barrio Gran Neuquén Norte. Cumplió 21 años a un mes de estar desaparecida. A casi un año de su desaparición, su familia todavía no sabe dónde se encuentra ni tiene acceso al estado de la causa judicial. Desde la policía neuquina afirman que están investigando pero Mirta Muñoz, abuela paterna de Luciana, declaró que no recibe información alguna y consideró que la búsqueda está estancada. Encima, mientras la familia la busca es hostigada por fuerzas policiales y de seguridad.

Hoy Neuquén es la provincia con la tasa más alta de feminicidios en el país y en muchos de ellos, no se hallaron culpables ni responsables. En el caso de Luciana, tanto su familia como las organizaciones que las acompañan aseguran que a Luciana la secuestraron. Ante la falta de respuestas, la familia está pidiendo que el caso pase a la justicia federal.

Como suele ocurrir en estos casos, la búsqueda es encabezada por Lila Aguerre, madre de Luciana, y su abuela Mirta, acompañadas por sus amigas, tías y activistas. “Nos gustaría que ya se supiera en todo el país y afuera también”, declaró Mirta. 

El pasado sábado 24 de mayo ella y un grupo de mujeres que se reunieron para seguir pidiendo la aparición de Luciana, hicieron una panfleteada en el puente de Cipolletti. Las que ponen el cuerpo en las manifestaciones están decididas a continuar pero se sienten intranquilas y poco seguras. “Nos tienen muy vigiladas. Ese día hicimos una protesta pacífica sin siquiera cortar el tránsito y nos mandaron patrulleros, estaba la Gendarmería y la policía provincial. No vamos a pintar ni vamos a romper nada, esa es la consigna que tenemos. Somos conscientes de que si hacemos eso van a decir que estamos locas. Nosotras no tenemos la culpa, nosotras no sabemos nada.”  Mirta sigue al frente de la lucha con la firmeza de una Abuela de Plaza de Mayo: “No voy a parar hasta que aparezca mi gorda. Queremos que aparezca viva y si no, queremos el cuerpo, para que termine este trago amargo que estamos viviendo”, expresó.

Buscándola sin parar

La madrugada en que desapareció, Luciana salió de su casa para encontrarse con Isaías Catalán, a quien había conocido por Facebook y que vivía en el Barrio Gran Neuquén Norte. Mirta reconstruyó los primeros días de angustia que vivió su familia tras no tener noticias de ella: “Luciana se perdió un sábado y el domingo a la noche anduvimos buscándola toda la noche, el lunes todo el día. El martes volvimos y ahí no paramos más”, relató visiblemente afectada. Desde entonces, la familia emprendió una pesquisa incansable por su cuenta: “Estuvimos preguntando, investigando, buscándola, porque no decíamos ‘se la llevaron’. Lo primero que pensamos fue que la gorda se había quedado a dormir en algún lado”.

La familia de Luciana consiguió en aquellos días una filmación que habría sido uno de los últimos registros en cámaras de seguridad de la chica. Allí, se la veía caminando apresurada y tropezando, en la intersección de las calles 8 de Diciembre y 1 de Enero, a las 7 de la mañana del día de su desaparición. “Vimos los videos y no la volvimos a ver más. Ahí empezamos a sospechar de todo”, contó Mirta.

Catalán aseguró haberla dejado a las 9, pero el horario no coincidía con las imágenes. “Ella no iba tranquila y no tenía que ir a ninguna parada: estaba a cuatro cuadras de su casa”, explicó su abuela. “Nunca nos dejaron ver las cámaras oficiales”, contó Mirta refiriéndose al domo de cámaras de seguridad ubicado en la rotonda donde habrían capturado a Luciana. 

Un detenido, cero pistas

La investigación tuvo un giro con la detención de Maximiliano Avilés, exnovio de Luciana, quien permanece como el único imputado en la causa. La fiscalía lo acusa de haber brindado falso testimonio y de riesgo de entorpecimiento de la investigación. Fue detenido el 28 de agosto de 2024, a 46 días de la desaparición, y atravesó distintas instancias: primero arresto domiciliario, luego prisión preventiva tras incumplir las condiciones del beneficio, y finalmente un retorno a la domiciliaria.

El Ministerio Público Fiscal sostiene que Avilés mintió en al menos dos oportunidades clave: una ante la Policía el 27 de julio, y otra el 23 de agosto ante la Fiscalía. Además, en uno de los allanamientos realizados en su domicilio, se hallaron rastros de sangre en el piso, un par de zapatillas y un palo de golf dentro de un vehículo. Si bien los análisis confirmaron que la sangre no era de Luciana, el hallazgo y las contradicciones en su testimonio mantuvieron la imputación en su contra.

“A Avilés lo tienen detenido por haber mentido, pero como si solo hubiera mentido en no haber tenido una relación amorosa con Luciana. Él dijo que hacía dos o tres meses que no la veía, pero Luciana estuvo en su casa el día que desapareció”, comentó Mirta sobre el joven. A pesar de las pruebas forenses que no vinculan directamente a Avilés con la desaparición, la justicia decidió sostener la investigación sobre él como única pieza del caso.

El Estado abandona y encubre

En cada paso de la búsqueda, las respuestas del Estado no fueron sólo insuficientes, fueron obstáculos. Cuando la familia señalaba posibles lugares donde podía estar Luciana, la respuesta era siempre la misma: que no había orden judicial, que no se podía ingresar, que no correspondía verificar.

Las sospechas sobre casas vinculadas al narcotráfico, donde se decía que habían visto a Luciana, tampoco fueron atendidas. Una y otra vez, la familia y quienes las acompañaban veían cómo la información era descartada o simplemente no se investigaba. La sensación de que el caso estaba siendo silenciado se transformó en certeza. “No podemos descansar porque hay un Estado cómplice, que calla, que deja que todo pase, que garantiza impunidad a muchísimas personas”, contó a ANCCOM Paula Carbajal, docente y militante en Mujeres por la Libertad, una agrupación que acompañó a la familia de Luciana durante toda la búsqueda.

Desde el inicio, las tareas de búsqueda recayeron en mujeres: la familia, las amigas, las vecinas. Sin apoyo ni protección, con miedo. “Las amigas de Luciana ya se han apartado porque no ven nada serio. Porque sienten que si se perdió Luciana, se puede perder cualquiera”, explicó Mirta.

La justicia, en lugar de acompañar, cerró puertas. No hubo protección para quienes investigaron por su cuenta. No hubo transparencia en los procedimientos. “Queremos marcar que acá estamos, que no se van a llevar a cualquier piba como quieran y cuando quieran. Si el Estado es cómplice y se calla, vamos a organizarnos para que eso no pase más”, sentenció Paula.

Por otra parte, tampoco confían en la asesoría legal que tienen porque no eligieron a su representante ellas mismas, sino que un hombre le ofreció sus servicios directamente a Lila. “Llegó de la nada y a mí no me genera confianza”, aseguró Mirta. Investigando, encontró que se trataba de un abogado de la Uocra, Alfredo Cury. Ante los medios locales, el querellante se mostró muy comprometido con la causa pero puertas adentro siguió sin brindarle los datos más relevantes de la investigación. “Me es sospechoso porque nosotros le damos un nombre y él va a avisarle a esa persona que le van a hacer allanamiento. A nosotras no nos está cuidando.”, declaró Mirta.

Esta situación aumenta la vulnerabilidad de las mujeres que buscan a Luciana y debilita la fuerza con la que pueden hacerse oír ya que de algún modo las expulsa de espacios que les corresponden. “Mañana creo que va la madre a la fiscalía. Va con el abogado.Yo no voy a ir porque no me siento representada por él. Si no, iría.”, expresó Mirta. 

Sin embargo, la abuela sigue haciéndose escuchar, presentándose en medios locales y nacionales para contar su historia y reclamar a su nieta. “Estoy acá en Cipolletti porque vamos a hacer una radio abierta por el tema de todos los casos que están pasando en estas provincias, que están tan relacionados”, comentó Mirta, entendiendo que lo que le pasó a su nieta no es un caso aislado, sino parte de lo que definió como “una red de complicidad entre el narcotráfico y la prostitución, que se da acá en la ruta del petróleo”.

Según su abuela, Luciana quería construir otra vida, alejada de los consumos y los peligros de la calle. Había retomado sus estudios y más adelante pensaba estudiar abogacía. La joven cursaba en el CPEM 76, una secundaria vespertina de jóvenes y adultos. A pesar del tiempo transcurrido, en la escuela todavía nombran a Luciana. Ahí, los docentes y compañeros llevan adelante actividades de concientización sobre trata y desaparición de jóvenes, entretejiendo una mayor visibilización y contención entre los habitantes del barrio. 

Docentes y feminismo

En medio de la ausencia estatal y la falta de respuestas judiciales, un grupo de mujeres comenzó a tejer una red de acompañamiento, visibilización y sostén. Son docentes, muchas de ellas parte del colectivo Mujeres por la Libertad, con experiencia en acompañar causas de violencia machista desde mucho antes de que se hablara de feminicidios en los medios.

La historia de Luciana llegó al grupo a través de una vecina, amiga de la madre. Desde ese momento, el compromiso fue inmediato. No como profesionales, ni como especialistas, sino como mujeres que entendieron que la desaparición de una chica en un barrio atravesado por el narcotráfico y la pobreza no podía quedar en silencio. “Lo único que podíamos hacer era difundir, que todo el mundo supiera que Luciana estaba desaparecida”, contó Paula. “La docencia se ha convertido en una tarea de riesgo. Todo eso —los narcos, la venta, la pobreza— rebota en la escuela. Y ahí estamos, tratando de tejer redes, de crear lazos”.

Desde el sindicato, desde los espacios feministas, desde la calle y las marchas, Mujeres por la Libertad fue uno de los pocos brazos reales de acompañamiento para la familia. Para Mirta, la abuela de Luciana, no se trató solo de una ayuda logística: “Si no hubiera sido por ellas, yo hubiera estado sola luchando. Porque la madre por ahí se me queda, está abrumada. Entonces le digo, arrimate a mí. Entre las dos somos más”.

En la práctica, ese acompañamiento fue completo: emocional, político, cotidiano. Desde un llamado para preguntar cómo está hasta una escucha profesional. “Yo tuve que buscar a una mujer de esas agrupaciones, que es psicóloga. Le dije que me tratara porque no me quiero poner chapita. Y ella me atendió, sin problemas”, recordó Mirta.

En un barrio golpeado, donde la justicia se retira y la policía amedrenta, el rol de estas docentes organizadas se convirtió en una trinchera. Un espacio donde la lucha por Luciana no solo se sostiene, sino que insiste en convertirse en memoria activa y en demanda colectiva.

 

Los rappi del mundo, uníos

Los rappi del mundo, uníos

Los trabajadores de plataformas de reparto se manifestaron este miércoles frente a la Secretaría de Trabajo para que sea reconocido oficialmente su sindicato. «No somos colaboradores, somos empleados», argumentan.

Los trabajadores del Sindicato de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SiTraRepA) nuevamente se autoconvocaron este miércoles 28 de mayo en las puertas de Callao 114, donde se ubica la Secretaría de Trabajo. Allí solicitaron que avance el pedido de reconocimiento legal como sindicato de base que iniciaron en junio del 2021. Después de tres años, a mediados del 2024, recibieron un dictamen favorable por parte de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales. Sin embargo, hasta la fecha, no han terminado de ser autorizados para operar como una organización gremial. Es un paso necesario para poder, a su vez, demandar la protección laboral que las empresas como Rappi, Pedidos Ya, Uber y Cabify les vienen negando.

El despliegue logró uno de sus objetivos: Belén D’Ambrosio, secretaria general del Sindicato y Ramiro Manini, su asesor legal, fueron recibidos por el Director Nacional de Asociaciones Sindicales. Ambos recibieron una actualización acerca del estado del trámite que autoriza al sindicato para operar. Pese a todo, el trámite se encuentra en pausa desde 2024.

Cuando salieron del edificio, Ramiro Manini tomó el micrófono y contó: «Hace más de un año que venimos buscando una audiencia de los trabajadores de reparto por aplicación con la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales. La hemos conseguido con esta enorme movilización que hicimos hoy. Nos comunicaron que nosotros tenemos un dictamen técnico favorable al reconocimiento del sindicato, pero hubo observaciones por parte del Departamento Jurídico del Ministerio. Ahora ellos se comprometen a notificarnos de esas observaciones, que es algo que deben hace meses, y que no habían hecho hasta que nosotros nos movilizamos.»

En la manifestación se sumaron líderes sindicales, repartidores (en su mayoría, de aplicaciones de pedidos de comida y que trabajan en bicicleta) y militantes del MAS (Movimiento al Socialismo). Su reclamo es el mismo que sostienen desde sus inicios: que las plataformas dejen de funcionar como ¨empresas fantasmas¨ y que admitan la relación laboral. “Para combatir la exposición que sufrimos como trabajadores de las calles necesitamos que el sindicato sea autorizado legalmente, para así conseguir que las plataformas nos den un seguro de trabajo o ART,  aportes, obra social, para dejar de estar tan precarizados”, cuenta Leila Argüello, encargada del Área de Ayuda Social del SiTraRepA.

La crisis económica y social se profundiza y los afiliados siguen sin cobertura y sin ningún tipo de protección laboral por dos motivos: primero porque la gente tiene menos plata y los repartidores notan que ha “bajado mucho la demanda de pedidos en los últimos meses”, como aseguró uno de los manifestantes, y, segundo, porque “cada vez somos más. Hay más repartidores y eso hace que tengamos que trabajar más horas para ganar la misma cantidad de dinero que antes”, agregó otro con su mochila de delivery al hombro. Todo esto sumado a que, como cuenta otro repartidor, “las empresas siguen pagando entre 1000 y 2000 pesos cada entrega y ya no ofrecen tantas promociones o extras para cuando llueve o en los horarios pico”.

            No se trata únicamente de ser reconocidos legalmente como un sindicato, sino de lo que esto les permitiría: tener las herramientas gremiales para reclamar a las empresas de plataformas sus derechos. Gustavo trabaja como repartidor los siete días de la semana. Pasa, en promedio, 14 horas diarias en su bicicleta. Es de Caballito, pero su aplicación lo pasea por toda la ciudad. Gana entre 20 y 25 mil pesos diarios los días buenos, pero su ingreso bruto oscila entre los 100 y los 130 mil pesos semanales. Se dedica a esto desde hace seis años, cuando perdió su trabajo anterior, y hace cuatro que es parte del SiTraRepA.

Tobías trabaja para Rappi, hace envíos en bicicleta cuatro o cinco días a la semana porque tiene que cuidar de sus hermanos. Cobra 15 mil pesos diarios o 70 mil semanales, aunque “muchas veces recibe más propinas que sueldo”. Todos los repartidores coinciden en que necesitan organizarse para que las empresas se hagan cargo de ellos y comiencen a considerarlos sus empleados. Quien está al micrófono, en medio de los tambores, lo expresa claramente: “No somos socios, colaboradores, ni empresarios, ni autónomos: somos trabajadores”.

            La movilización cubre dos carriles de Callao. Cuando aparece la Policía de la Ciudad, con trajes para ejercer el protocolo antipiquetes, comienza a limitar el avance de los manifestantes. La secretaria de prensa del SiTraRepA remarca la importancia que ellos le dan a la calle: “No quedarnos en la vereda, ocupar la calle, que es nuestro lugar de trabajo, es defender nuestro reclamo y nuestro derecho a huelga”.

            Los uniformados de la Policía de la Ciudad no responden preguntas, simplemente restringen el espacio de los manifestantes a un carril. Los tres policías de la Federal, responsables de la Seguridad de la Secretaría por ser un órgano nacional, están al lado de la puerta y son quienes dan órdenes a los de la calle. Uno de los tres cuenta que la Secretaría tuvo la voluntad de atender el reclamo y concederles una reunión a los dos miembros del SiTraRepA que están dentro del edificio, a pesar de que no tenían turno.

Los demás manifestantes esperan el resultado de la reunión con Aquino, el Secretario Nacional de Asociaciones Sindicales hasta que Manini sale y cuenta el resultado. Sobre próximos pasos a seguir, Manini, remarca: «A partir de esto vamos a seguir peleando por el reconocimiento del sindicato y todos los pasos que haya que dar para que los trabajadores de reparto por aplicación tengan un reconocimiento sindical y posteriormente laboral también”.

Organizarse gremialmente no es un capricho ni un trámite más para los integrantes del SiTraRepA: es la única forma de sentarse a la mesa con las plataformas que los contratan, les dan órdenes a través de un algoritmo y les pagan como si no tuvieran gastos o riesgos. Sin sindicato no hay voz y sin voz, las empresas siguen silenciando cualquier reclamo con un click.

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Esas raras tierras ricas

Esas raras tierras ricas

De repente, en la geopolítica empezó a discutirse la propiedad de las tierras raras. Pero, ¿qué son? ¿Para qué se necesitan? ¿Qué rol podría asumir Argentina en el escenario global?

Las tierras raras aparecen cada vez más en los titulares y análisis de la geopolítica, pero para muchos no está claro a qué refiere ese nombre que engloba a varios elementos poco conocidos de la tabla periódica: los lantánidos (lantano, cerio, praseodimio, neodimio, promecio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio, lutecio), el escandio y el itrio. Se caracterizan por contar con propiedades físicas y químicas similares entre sí que los hace estar juntos en el ambiente, lo que dificulta su separación. Aunque desde el siglo XX se las llama “raras” porque se pensaba que eran poco abundantes y no se conocía su utilidad, hoy se sabe que están presentes en casi toda la corteza terrestre pero su extracción no resulta simple.

Como explica el geólogo especialista en tierras raras y profesor e investigador de la Universidad Nacional de Salta, Mauro de la Hoz, ‘’son muy comunes en la naturaleza; lo raro es encontrar yacimientos minerales donde estén concentradas, algo que facilita su extracción. Las encontrás distribuidas por todos lados y unidas a otros elementos, por lo que separarlos es costoso. Las tierras raras son metales, entonces lo que se requiere es de un proceso metalúrgico para poder extraerlos de los minerales en los que se concentran’’.

Pablo Rolando, geólogo y profesor de la Universidad Nacional de Río Negro, destaca la importancia estratégica de estos elementos: “La relevancia está en su papel clave para la tecnología. Son fundamentales para la producción de celulares, pantallas, catalizadores, imanes, para la industria armamentista y, sobre todo, para el cambio que se está dando en la matriz energética; un aparato eólico para generar energía necesita una tonelada de tierras raras. Es difícil su reemplazo, por eso están categorizadas como minerales críticos’’.

De la Hoz explica que ‘’fueron los países asiáticos quienes descubrieron cómo cada uno de estos elementos químicos tenía características muy particulares que sirven para crear materiales que se conocen como supermateriales. Al hacer aleaciones, mezclar algunos elementos químicos comunes con tierras raras, podés obtener superconductores, superimanes que son los que se necesitan hoy para cualquier aparato tecnológico. Todos los días sale un celular nuevo y para lograr que cada aparato nuevo sea cada vez más pequeño o más potente, dependes de estos elementos químicos’’.

Guerra comercial

Según el último informe del Servicio Geológico de Estados Unidos, China concentra 44 millones de toneladas de tierras raras. Además se posiciona como el mayor productor mundial al procesar reservas propias como de otros países gracias a su avanzada tecnología  de separación. Estados Unidos, en cambio, cuenta con apenas 1,9 millones de toneladas descubiertas. Otros países que explotan este recurso son Rusia, Australia, Tailandia, Madagascar y nuestro vecino Brasil. En el marco de las disputas comerciales, China suspendió la exportación de tierras raras a Estados Unidos; este país depende de la potencia asiática para abastecer el 70% de su consumo. El interés de anexar Canadá, expresado por Donald Trump en sus discursos también se puede relacionar a la búsqueda de nuevos yacimientos: el informe del Servicio Geológico estadounidense establece un estimado de 14 millones de toneladas de estos elementos en territorio canadiense todavía por explotar. 

La creciente demanda y la competencia global por la monopolización de los avances tecnológicos en telefonía, industria armamentista y hasta el desarrollo de la llamada ‘’energía verde’’, posicionaron a las tierras raras como un recurso estratégico ya que son indispensables, como mencionaban Rolando y De la Hoz, al no existir hasta el momento un sustituto que tenga o supere sus cualidades. China lleva la delantera gracias a su desarrollo tecnológico y décadas de ventaja en exploración y explotación.

La dificultad de extraer tierras raras para el cambio de matriz energética es expresado por De la Hoz con una paradoja: ‘’Si tuviéramos que hacer la transición energética como plantean los especialistas en menos de 50 años, se necesitaría hacer minas en todo el planeta para sacar la cantidad necesaria de tierras raras y otros metales para generar ese cambio. La raza humana se extinguiría en tres o cuatro generaciones ya que para producir una sola turbina eólica se necesita una tonelada de tierras raras. Hay campos donde existen cien generadores’’. Es decir que para De la Hoz la propuestas actuales por el cambio de matriz resultan también contraproducentes porque para su construcción se necesitan de diversos metales que deben extraerse mediante una acelerada explotación minera.

‘’La única forma de lograr este cambio cuidando el planeta es mediante el reciclado de metales de los aparatos tecnológicos, lo que se conoce como minería urbana. Es una de las mejores alternativas porque podes recuperar y reutilizar las tierras raras sin necesidad de una explotación minera. La compañía Apple creó un robot que le permite recuperar de cada 100 mil aparatos, 33 kg de tierras raras, que es muchísimo», explica el especialista.

¿Y Argentina dónde está?

Hasta el día de hoy, no hay ninguna explotación activa de tierras raras en Argentina y la etapa de exploración aún es muy incipiente. Como se mencionó anteriormente, se sabe que en el país hay presencia de estos metales pero lo realmente relevante es su concentración y la viabilidad de su explotación. Sin embargo, la información disponible hasta el momento es escasa.

“Durante diez años no se habló de otra cosa que no fuera el litio. Nosotros acá tenemos una zona en Salta, que es la región del Nevado de Cachi, donde hay litio en roca pero en poca cantidad. Lo que sí hay, es un potencial enorme en tierras raras”, recuerda De la Hoz. “Venían muchas empresas a explorar esas zonas y yo les proponía que, además del litio, explorarán tierras raras. Pero me decían que no les interesaba, que solo querían litio porque estaba de moda y creían que se iban a hacer millonarios con eso”. Ahora se pasó de una fiebre por el litio a una nueva fiebre por las tierras raras.

Uno de los principales obstáculos en Argentina es la falta de información geológica detallada. Para iniciar cualquier proceso de exploración, es fundamental contar con un conocimiento profundo del ambiente, solo así es posible identificar con precisión las regiones que cuentan con mayor potencial de contener este tipo de depósitos. En comparación, la información geológica disponible es significativamente menor a la de Brasil o Chile.

De la Hoz señala: “Nosotros todavía, a nivel nacional, no tenemos cubierto todo el territorio con hojas geológicas elaboradas por el Servicio Geológico Minero Argentino. Vos te vas a Canadá o a Estados Unidos y tenés hojas geológicas a escala 1-10.000, con un nivel de detalle tremendo. En Brasil, las universidades hacen convenios con el Servicio Geológico Brasileño para que el trabajo final de los egresados sea un relevamiento geológico. Entonces, con cada camada de recibidos, se va integrando una nueva área al conocimiento del país”.

Además Rolando, quien realizó un doctorado en Brasil, nos cuenta que existen programas llamados doctorados ‘’sandwich’’, en donde los geólogos brasileños estudian dos años en su país y dos años en el exterior donde se forman para luego traer la expertise de un laboratorio externo. Estos testimonios nos demuestran la existencia de un gran incentivo impulsado tanto por el Estado como por los privados en el conocimiento y tratamiento geológico, lo que a su vez impulsa la actividad minera.

Los proyectos mineros son procesos largos y complejos, que requieren cumplir con una amplia gama de normativas, especialmente ambientales. A esto se suma otra dificultad central en el contexto argentino: la inestabilidad económica. Al tratarse de inversiones de largo plazo, el sector privado prioriza escenarios donde haya mayor previsibilidad. Como explica Rolando: “La minería es una actividad de alto riesgo, porque nada te asegura que un depósito mineral se transforme efectivamente en una mina. Como son procesos largos, los inversores necesitan tener la tranquilidad de que pueden proyectarse en el tiempo”. Sin embargo, según De la Hoz, “en los últimos seis, siete años, esta situación empezó a cambiar. Las provincias comenzaron a demostrar que tienen una seguridad jurídica importante, que las reglas de juego se mantienen”.

Un potencial por explorar

‘’Hoy quizás encontrás concentraciones que parecen bajas para el mercado internacional y no justifican abrir una mina, pero no sabés cómo va a cambiar la tecnología de tratamiento, ni los precios en cinco o seis años”, explica De la Hoz. “Eso ya pasó con el litio: antes no era rentable y ahora es estratégico. Por eso lo que hay que hacer en Argentina es explorar, generar información, saber qué hay y en qué cantidades. La minería está atravesada por muchos factores, sociales, ambientales, legales, técnicos que ralentizan el proceso. En la exploración, no alcanza con un estudio superficial; hay que perforar, entender en tres dimensiones el depósito y evaluar si es viable extraerlo. No es lo mismo una mina que dure cinco años que una que dure veinte. El secreto está en explorar todo lo posible, no solo tierras raras, sino también otros metales’’.

A pesar de que la minería ha estado presente tanto en la agenda política como en el discurso mediático, lo cierto es que Argentina aún no cuenta con una tradición minera consolidada que le permita, en el corto plazo, asumir un rol estratégico en la explotación de tierras raras. El verdadero desafío radica en que exista una decisión política clara por parte del Estado para generar las condiciones que impulsen la exploración, fortalezcan la investigación científica y garanticen un marco jurídico y económico estable para atraer inversiones. Pensar la minería como una oportunidad concreta para el desarrollo económico del país requiere planificación, conocimiento y una mirada de largo plazo.

La UBA volvió a reclamar en la calle

La UBA volvió a reclamar en la calle

Una multitudinaria manifestación de estudiantes, docentes y no docentes de la Universidad de Buenos Aires marchó desde Plaza Houssay hasta el Palacio Pizzurno para reclamar por los recortes de salarios y presupuestos. Paro de 24 horas para este viernes.

Este jueves 22 de mayo, docentes, no docentes y estudiantes universitarios volvieron a pronunciarse masivamente en defensa de la educación pública y en reclamo de un aumento presupuestario y una suba salarial. “Marchamos una vez más porque sabemos que no somos la primera generación universitaria en defender los ataques de un gobierno nacional a la educación pública y que tampoco seremos la última en hacerlo”, indicó Agostina Olivera, presidenta del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. “El año pasado les dejamos claro que el conjunto de la sociedad argentina está convencida de que el derecho a la educación superior debe ser garantizado por el Estado nacional, le guste a Javier Milei y a Sandra Pettovello o no”, agregó.

La convocatoria fue a las 12.30 en Plaza Houssay, y desde allí los manifestantes se movilizaron hasta a Secretaría de Educación que funciona en el Palacio Pizzurno. La protesta exigía un aumento urgente del presupuesto tanto de docentes y no docentes, que se mantienen casi sin actualización desde 2023. En este tiempo, los sueldos de docentes y no docentes universitarios han sufrido un fuerte deterioro debido a la inflación y la falta de actualización de las partidas presupuestarias destinadas a las universidades nacionales.

En este contexto, los incrementos salariales fueron insuficientes para mantener el poder adquisitivo frente al aumento sostenido de precios que se experimenta en la Argentina de Javier Milei. A este árido escenario se le sumó el congelamiento del presupuesto universitario desde 2023, lo que restringe aún más la capacidad de las universidades para garantizar condiciones laborales dignas.

Este jueves, se encontraron en Plaza Houssay diferentes gremios docentes y no docentes como  FUBA (Federación Universitaria de Buenos Aires), APUBA (Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires), ADUBA (Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires) y FEDUBA (Federación de Docentes de las Universidades), además de varios centros de estudiantes como el CECSo (Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales),  CEFyL (Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras), CECEN (Centro de Estudiantes de Ciencias Exactas y Naturales), CENBA (Centro de Estudiantes del Nacional Buenos Aires), CEFADU (Centro de Estudiantes de Arquitectura, Diseño y Urbanismo) y CEADU (Centro de Estudiantes de Artes Dramáticas de la Universidad Nacional de las Artes), entre otros gremios, organizaciones y agrupaciones.

Entre otras figuras que se encontraron en la movilización, se hizo presente Emiliano Yacobitti, dirigente de la Unión Cívica Radical y actual vicerrector de la Universidad de Buenos Aires. “Estoy acá para reclamar por el salario de los trabajadores, de los profesores, de los docentes y no docentes. Por la baja de las becas, la no actualización por inflación. El que conoce y camina las universidades y da clases se da cuenta de que cada vez hay menos alumnos porque no pueden llegar, los docentes tienen cara de cansados porque tienen otro trabajo después del horario. Si seguimos así, a la larga esto va a afectar en la calidad de la educación pública”, reflexionó el dirigente.

Esta movilización se refuerza con el paro para este viernes 23 de mayo, una medida de fuerza dispuesta por gremiales docentes y no docentes para seguir reclamando salarios dignos y presupuesto universitario de calidad.