El Ecuador que viene

El Ecuador que viene

El nuevo gobierno del reelecto Daniel Noboa se presenta como una incógnita. Si bien en su discurso se muestra cercano a Trump y Milei, su programa de gobierno, según los analistas, es desconocido. Su campaña electoral se basó en propagar el miedo a la vuelta del correísmo.

 

La noche del domingo 13, luego de que se conociera que Daniel Noboa superaba por más de un millón de votos a Luisa González, había terminado con la candidata de Revolución Ciudadana acusando fraude al oficialismo, que hasta hoy no reconoce el resultado de las elecciones. El expresidente Correa, en tanto, también replica las acusaciones de su candidata.

Sobre estas denuncias, Edgar Zamora, politólogo ecuatoriano, doctor en Políticas Públicas, catedrático universitario y consultor de campañas, contextualiza resaltando que “hay sectores del correísmo acusando fraude, pero también tenemos algunos de los sectores de la derecha radicalizada afirmando que hubo fraude en la primera vuelta. Ningún sector presentó pruebas”. Sobre los fundamentos de la denuncia de González, recalca que “se han denunciado irregularidades de palabra. No se ha visto todavía una denuncia clara en donde se exponga que advirtieron patrones de irregularidades”.

Por su parte, Rebeca Morla, politóloga ecuatoriana especializada en comunicación electoral y de gobierno, subraya que “varias figuras del correísmo salieron ya a reconocer la victoria de Noboa” y que “parecería que al día de hoy González se ha quedado sola en la narrativa de fraude”.

De todos modos, también existen cuestionamientos sobre las extralimitaciones de Noboa en cuanto a su utilización de su puesto de poder para influir en el desarrollo de los comicios. Según Zamora, “hubo mucho sobrepasamiento con las leyes por su parte. Está prohibido utilizar recursos del Estado para actos proselitistas y los ministros participaron de muchos de ellos. Son muy válidas las críticas de Revolución Ciudadana como la de otros candidatos hacia el proceso electoral y sobre cómo estaba inclinada la cancha. Noboa tendría que haber pedido licencia por ley durante la campaña y no lo hizo”. Por su parte, Belén Espinel, docente de Relaciones Internacionales y Políticas Públicas de la ecuatoriana Universidad de las Américas, reafirma esto, destacando que “durante el proceso hubo cambios de ley que no estaban contemplados, se cambiaron reglamentos un mes antes de los comicios”.

Analizando la intención detrás del voto por parte de la ciudadanía, Zamora remarca que “no es un voto a favor del presidente, es uno de refugio ante lo que mucha gente considera el mal peor. Hay un ambiente en cada elección de que el domingo se define si el país se destruye o sobrevive. Así es como el sistema político lo transmite”.

Campaña del miedo

En este contexto, el gobierno explotó la narrativa de la campaña del miedo. “El correísmo se mantuvo en la idea de que Luisa es cercana a Correa y que con ella vuelve él, por lo que Noboa capitalizó miedos importantes, como el miedo a la persecución y el miedo a la desdolarización”, afirma Espinel.

Según Zamora, “el miedo está anclado a consignas muy fáciles de comunicar, como por ejemplo que es desdolarizador. Nunca ha hecho declaraciones en ese sentido pero sí ha participado en debates donde se cuestiona el dólar como moneda. También se acusa al correísmo como aliado de grupos de delincuencia y narcotráfico o como punta de lanza del chavismo en Latinoamérica. Esas ideas están muy instaladas desde que Correa dejó el gobierno, la derecha ha impuesto narrativas con mucha eficacia. Cualquier semilla que plantas para manchar al correísmo germina”. De esta manera, afirma, se dio el fenómeno de una gran transferencia de votos desde González a Noboa.

Sobre la historia breve pero intensa de Revolución Ciudadana en la vida política de Ecuador, Espinel la resume destacando que “en el 2006 llegaron al gobierno con un plantel de especialistas técnicos que llevaron a cabo cambios importantes en el país. Pero, en el segundo proceso, todo ello se vino abajo por temas de endeudamiento y corrupción. Queda el recuerdo de la segunda parte del correísmo en la que hubo mucha persecución. Está muy presente esta parte no muy positiva”.

Para Morla, “las vocerías del correísmo estuvieron desordenadas. Hubo varias intervenciones de Correa estableciendo la narrativa de la desdolarización o la pérdida de valor del dólar. La dolarización es algo que la ciudadanía defiende”.

Además, Zamora pondera que el correísmo continúa con su debilidad histórica en captar los votos de los sectores indígenas y más hacia la izquierda del país. Esta es la tercera elección consecutiva en la que Revolución Ciudadana no logra retornar al poder, dos siendo representado por González y la anterior contienda del 2021, cuando el candidato Andrés Arauz fue derrotado por Guillermo Lasso.

¿Quién es Noboa?

Sin embargo, la gestión de Noboa, luego de dos años de gobierno tras asumir en las elecciones anticipadas por la caída del gobierno de Lasso, adeuda mostrar resultados y una ruta clara. Según Morla, “es el tercer gobierno de derecha que no ha podido solventar ninguno de los problemas del Ecuador porque han priorizado el pago de la deuda”.

Zamora diagnostica que “las políticas de Noboa no están claras. En los últimos meses ha utilizado bonos asistenciales, y a la vez intentó un par de reformas vía consulta popular como por ejemplo flexibilizar el trabajo y regularlo por horas, como también volver a regularse por el CIADI, lo que funciona como protección para las inversiones extranjeras”. Espinel, por su parte, puntualiza que “no hay línea clara de, por ejemplo, lo que se hará en seguridad. Es todo una incógnita, no hay una certeza sobre lo que quiere hacer el presidente”.

Todo esto se basa sobre una indefinición identitaria por parte de ADN, movimiento encabezado por Noboa. Según Morla, “el movimiento del presidente se autodefine como de centroizquierda, pero la discusión pública lo coloca en la derecha. Esto permea la discusión de fondo sobre cuáles son las políticas reales. Hay una falta de claridad en cuanto a la postura ideológica del gobierno que al final del día genera un misterio sobre hacia dónde va a ir”.

En el plano internacional, también sobrevuelan indefiniciones sobre la postura que tomará el gobierno electo, salvo por las simpatías que ya ha manifestado por Donald Trump durante la gestión. Para Espinel, “Noboa no tiene una ideología marcada y no es tan predecible qué va a hacer. Puede que se acerque a (Javier) Milei y a Trump, pero no tiene un plan de política exterior ni interior. No creo que el presidente tenga un interés regional, por ejemplo no ha ido a la reunión de la CELAC».

Sobre una posible triada entre Noboa, Milei y Trump, Zamora afirma que “quizá puede haber un frente de articulación y formar un club de los que son los más amigos de Trump. Pero de ahí a que se puedan hacer más cosas me parece difícil, como por ejemplo que sean líderes a nivel regional. No son ese tipo de cuadros ni creo que Estados Unidos se encargará de ser sponsor de un hipotético armado de este estilo”.

Específicamente sobre las relaciones bilaterales con Argentina, señala que tanto el presidente argentino como el ecuatoriano “tienen características similares en cuanto a la intención de acercarse a Trump, pero no veo que puedan ser punta de lanza para ser influencia regional”. Además, indica que “si Noboa avanza con la reforma constitucional, se dará un proceso muy puertas adentro. Sí se mirará a EEUU para obtener financiamiento para solventar el déficit del funcionamiento del estado”.

En este terreno, es en donde Noboa desplegará su primer término completo. Para Morla, “empiezan cuatro años en los que el gobierno va a tener que demostrar. No va más la excusa de que tuvieron poco tiempo”.

Elecciones en Santa Fe y después

Elecciones en Santa Fe y después

Especialistas analizan la contienda electoral en la provincia santafesina donde se eligieron cargos comunales y convencionales constituyentes. El oficialismo se impuso con el 35 % de los votos aunque perdió electorado. Los especialistas advierten con preocupación la falta de participación ciudadana.

La provincia de Santa Fe se enfrenta a una reconfiguración de su esquema político provincial, tras la elección de convencionales constituyentes y a cargos comunales del domingo último. El oficialismo de la provincia se impuso con el 35,46% de los votos pero perdió medio millón de votos con respecto a los comicios del año 2023. A su vez, la oposición encontró en Juan Monteverde, quien hace dos años estuvo a un punto de ser electo como intendente de Rosario, a una figura a nivel provincial. ANCCOM dialogó con especialistas para comprender en profundidad lo que se viene para una de las regiones más populosas del país.

Los resultados

La contienda electoral tenía como su centro la conformación de la convención constituyente que reformará la constitución de la provincia. Allí, cada lista podía presentar un candidato para el distrito provincial y uno por departamento. En el caso del distrito único, el gobernador Maximiliano Pullaro se impuso con holgura por sobre Monteverde, candidato por Más Santa Fe. La Libertad Avanza, cuya lista fue liderada por el diputado Nicolás Mayoraz, tuvo una mala elección, superando sólo por dos puntos al armado local que llevaba como principal candidata a Amalia Granata, Somos Vida y Libertad.

Una de las grandes apuestas en esta convención por parte del oficialismo es permitir la reelección del primer mandatario provincial, cargo al cual solo se le permite un término sin reelección. Sobre esto, José Giavedoni, profesor de Ciencia Política en la UNR e investigador del CONICET, remarca que todo indica que irá por un segundo término.

Sin embargo, subraya que “el nombre de Pullaro jugando en una constituyente no es un punto atinado desde una perspectiva republicana. Es el gobernador, es parte de un proceso político y la convención supone pretender desprenderse de los avatares de la política partidaria porque debe discutir la norma fundamental”.

Sobre el resto de las performances, señala que Mayoraz fue uno de los “perdedores” de la elección y que, a pesar de haber tenido una buena noche como candidato provincial, Monteverde “intentaría nuevamente ir por la intendencia de Rosario”.

Apatía política

La participación sobre el padrón fue del 55% del total. Sobre esto, Cecilia Lesgart, politóloga investigadora del CONICET, marca que “eran unas elecciones confusas por los distintos cargos que se jugaban en este caso y la ciudadanía mostró desinterés. Hubo una falta de información oficial sobre los cargos que se sometían a elección”.

Sobre este punto, Giavedoni señala que “las fuerzas deberían interrogar si es factible la reforma constitucional con menos de la mitad de los electores ejerciendo su voto. Porque, si a ese 55% le restás los nulos y en blanco, quienes decidieron positivamente fueron el 45%. En el 2001, a nivel nacional, hubo 73% de participación. Es un dato alarmante”.

Además, observa que hay una responsabilidad directa del gobierno de no haber logrado transmitir la importancia de esta elección. “Cuando se discute la norma fundamental, además de actores de los sectores políticos, se podría haber convocado a representantes de la sociedad civil. Podrían haber facilitado la socialización de la discusión y el conocimiento de lo que se votaba”, concluye.

A su vez, más de 100 candidatos se presentaron a más de un cargo en la misma elección. Sobre esto, Giavendoni señala que esto es evidencia de la dificultad de los espacios políticos de construir sus propios referentes, más allá de las propuestas.

Convención de derecha

Sobre la composición de la convención constituyente, Unidos para Cambiar Santa Fe liderada por el gobernador Pullaro y conformada por la Unión Cívica Radical, el PRO y el Partido Socialista, ganó en todos los departamentos y logró 33 bancas. “De todos modos, no consiguió lo que esperaban, que era una mayoría propia. No es el triunfo arrasador que esperaban, pero le sacó alrededor de 20 puntos a Monteverde”, marca Lesgart.

El peronismo provincial, tras la elección de Monteverde y la mala actuación de Marcelo Lewandowski por Activemos, la lista que representa el espacio del exgobernador Omar Perotti, puede enfrentarse a una reconfiguración. “Esta coalición encabezada por Monteverde está suscitando un acompañamiento consensuado. Habrá que ver si esto se sostiene para las elecciones definitivas de junio, pero para la convención la fuerza de Más Santa Fe logró 12 representantes. La lista de Lewandowski quedó rezagada detrás de la lista de La Libertad Avanza y Somos Vida y Libertad”.

Por lo tanto, en la convención, sumando las bancas del oficialismo con las bancas de las fuerzas de La Libertad Avanza y Somos Vida y Libertad, las expresiones del centro a la derecha contarán con 50 representantes sobre 69. Más allá de los 16 escaños logrados por las distintas expresiones del peronismo y los tres logrados por Frente de la Esperanza, liderada por la exboxeadora Alejandra “Locomotora” Oliveras, la izquierda no logró representación en la convención constituyente.

Sobre esto, Franco Cassasola, ex candidato a convencional constituyente del Frente de Izquierda por Rosario, subraya que hay una apatía muy grande, ya que fue la elección local con “menor participación del ‘83 hasta acá”. Además, señala que Pullaro quedó por debajo de su objetivo de llegar a 40 puntos y que en Rosario y en la capital se ubica por debajo de los 30. “Hay elementos de derechización pero esas fuerzas no logran consolidarse, más bien retrocedieron, tanto Pullaro como los votos que Milei consiguió en Santa Fe”, remarca.

Acerca de cómo su fuerza se va a aproximar a la convención habiendo quedado sin representación, remarca que “el rol del Frente de Izquierda será denunciar y convocar a la movilización para que estén consagrados algunos derechos que señalamos en la campaña, como el 82% móvil a los trabajadores estatales o la discusión del modelo productivo de la provincia. Al no estar el FIT, va haber distintos debates que no se van a dar. Inclusive en la lista más progresista como la de Monteverde, detrás de él hay mucha gente que tienen una concepción muy lejana a los sectores populares”.

 

 

Con chicanas y sin hacer mención a la estafa $LIBRA, Guillermo Francos defendió el curso del gobierno

Con chicanas y sin hacer mención a la estafa $LIBRA, Guillermo Francos defendió el curso del gobierno

El Jefe de Gabinete realizó su exposición destacando los logros económicos del gobierno de Javier Milei y evadió las preguntas sobre la inflación y el impacto en los salarios.

Luego de más de media hora de expectativa, en la que no se alcanzaba el quórum para dar inicio a la sesión, finalmente se obtuvo el número de 131 diputados presentes. Así, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se dispuso a leer un discurso que se extendió por un poco más de una hora y se basó en defender puntos claves del gobierno de Javier Milei como desregulación, desburocratización, el préstamo con el FMI, baja de la edad de imputabilidad y el plan macroeconómico. Sin embargo, manifestó que no iba a responder preguntas sobre el escándalo cripto que envuelve a Javier Milei y sus allegados y funcionarios.

La sesión comenzó con cierto malestar de los diputados con Guillermo Francos por la demora con la que se entregaron a los legisladores las respuestas del Jefe de Gabinete. Miguel Angel Pichetto fue quien encabezó la queja: “nos mandaron a las 12 del mediodía las respuestas a los bloques. Fueron notificados los periodistas antes que nosotros. Si vamos a hacer la tarea de repreguntar, me parece que hubiera sido conveniente que se hubieran manejado con tiempo. Ninguno de los diputados pudo leer con tiempo las respuestas”. A lo largo de la sesión, fueron varios los diputados de diferentes bloques que expresaron su descontento ante la demora en las respuestas.

En un pasaje de su discurso, Francos sostuvo que “según el INDEC, en enero de este año, el índice de salarios registró un aumento promedio del 2.9, ubicándose 0.7 puntos por encima de la inflación, que fue del 2.2. En los últimos doce meses, los salarios aumentaron un 117%, con una diferencia favorable de 32,5 puntos respecto de la inflación acumulada en ese periodo”. Sin embargo, el desglose de este índice muestra que en el primer mes del año, el sueldo promedio del trabajador asalariado privado aumentó un 2,2% -empatando con la inflación- y el de los empleados públicos incrementó solo un 0,9%, lo que significa una pérdida del poder adquisitivo del 1,3%. Por su parte, el diputado Christian Castillo, del bloque Frente de Izquierda y Trabajadores (FIT), señaló: “El día de ayer, el diario La Nación, no La Izquierda Diario, señala que las paritarias muestran una caída de casi el 7% en el primer trimestre del año. Estamos frente a una pérdida categórica de los salarios. Cuando la inflación venía rondando entre 2,2 y 2,7%; los salarios aumentaban entre 1 y 1,5%. Diga la verdad, no nos tome por estúpidos. El consumo cayó un 5,4% en la compra de artículos esenciales. O los diarios mienten o usted está trayendo datos de otro país”.

Pablo Juliano, integrante del bloque Democracia Para Siempre, cruzó al Jefe de Gabinete por el aumento de productos esenciales y por haberlo omitido en su discurso: “¿Usted sabe cuánto está el maple de huevo o un kilo de carne, lo que sale viajar en colectivo, cuando todo el mundo necesita mínimo dos colectivos para moverse en el AMBA?”. En su turno de responder, Francos decidió eludir la pregunta, como lo hizo varias veces a lo largo de la tarde, con una chicana: “Soy productor, sé lo que sale un maple. Lo vendemos a 5.000 pesos y en el comercio está a 8.000. Usted me preguntó si sabía cuánto salía un maple y yo le respondo”. En diálogo con Anccom, Juliano tuvo la posibilidad de responderle al funcionario del gobierno nacional: “En primer lugar me parece que el jefe de gabinete sigue gastando más tiempo en su actividad privada que en el resto, porque no dijo nada del precio de la carne o del colectivo. Esto marca una tendencia, el gobierno elige qué contestar, armar su propio relato y alejarse de la realidad del día a día. Este tipo de situaciones en las que vienen a buscar el videito para TikTok son tristísimas”.

En el último y tercer bloque de preguntas llegó el turno para los legisladores de Unión Por la Patria, quienes centraron sus preguntas en temas como la posible modificación del método de medición de la inflación, el congelamiento de la obra pública, el préstamo del FMI y la “ilegalidad” del acuerdo por no haber pasado por el Congreso y el precio del dólar. Sobre este último tema, Juan Marino sostuvo: “Milei atacó en reiteradas ocasiones a quienes sostenían que había un atraso cambiario, catalogándolos de mandriles, y decía que si el dólar podía ir a 600. Mintió. Ahora el FMI dice que hay un atraso cambiario de entre 15 y 25 por ciento, desmintiendo a MIlei y dándole la razón a los mandriles”. Otra vez, Francos decidió responder con un tono provocativo, alegando: “Estoy con un problema de acidez gástrica. No sé si es físico o si es producto de los discursos que acabo de escuchar de Unión por la Patria. Debe ser gástrico. Escuché de todo”. Generando así el enojo de todo el bloque peronista.

Finalmente, cerca de las 22 horas, Francos dio por culminada la primera parte del informe, teniendo que regresar el próximo martes. Los diputados de la oposición le reclamaron que, junto a él, se haga presente el Ministro de Economía, Luis Caputo y que, en dicha ocasión, se disponga a contestar preguntas sobre el caso $LIBRA.

Jóvenes y trabajo en negro

Jóvenes y trabajo en negro

En Argentina más de la mitad de los jóvenes trabaja en la informalidad. El fenómeno no solo afecta su estabilidad laboral sino que pone en jaque su futuro y la sostenibilidad del sistema previsional. ¿Qué factores impulsan esta tendencia y cómo impacta en la economía del país?

Un 37% de las personas ocupadas en la Argentina trabaja en negro, según el último informe de la Distribución del Ingreso del INDEC. Cinco millones de los dieciocho millones de trabajadores argentinos están empleados bajo relación de dependencia pero no tienen ART, aportes jubilatorios y la garantía de obtener vacaciones pagas y aguinaldo.

Estas estadísticas empeoran al poner el foco en los trabajadores más jóvenes: según un informe de la Secretaría de Trabajo de la Nación, el 57% de los trabajadores de entre 18 y 24 años se encuentra en condiciones de informalidad. ¿Cómo se interpreta esta profundización generacional del fenómeno?

Los jóvenes en particular “son el grupo más vulnerable en términos de inserción e informalidad laboral», afirma Matías Maito, politólogo y director del CETyD (Programa de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo) de la UNSAM. Algunas de las explicaciones posibles son que los jóvenes suelen cambiar de trabajo con frecuencia, que cuentan con poca experiencia “y la suma de estos factores hacen que muchos empleadores consideren que su productividad no justifica el costo de tenerlos en blanco”.

Blanco sobre negro

A menudo se justifica la gran cantidad de trabajo no registrado con la idea de que los empleados informales ganan más «en mano». Se piensa que los empleadores les pagan un salario más alto por lo que “ahorran” o que estos trabajadores complementan sus ingresos con planes sociales, como la AUH o pensiones por discapacidad. Sin embargo, esta idea es errónea: los trabajadores registrados ganan, en promedio, mucho más que los informales. De hecho, en el tercer trimestre de 2024 y según el INDEC, el salario promedio de los trabajadores registrados fue de $781.652, mientras que el de los informales fue de $315.720, casi un 60% menos.

Entonces, ¿cuáles son los incentivos para la informalidad laboral? Aunque muchos la categorizan como “Pan para hoy, hambre para mañana” hay casos en que se promueve.

María Fernanda es un ejemplo de estas situaciones no tan excepcionales. Ella tiene 23 años y renunció a su trabajo “en blanco” en una inmobiliaria para poder operarse la mandíbula. Trabajaba en relación de dependencia y de manera registrada, lo que le permitía acceder a todos sus derechos laborales, incluida una obra social.

«Sigo trabajando en la misma empresa, la misma cantidad de horas y con casi los mismos beneficios como aguinaldo, vacaciones pagas y licencia médica, sólo que ahora no tengo los aportes jubilatorios», explica. ¿Por qué prefirió eso? María Fernanda ya había iniciado el proceso para una operación, se había hecho todos los estudios y hasta tenía la fecha de la cirugía confirmada, pero cuando estaba gestionando los últimos trámites para los materiales quirúrgicos a través de su obra social laboral, descubrió que no le cubrirían los gastos.

La única alternativa para poder operarse era renunciar a su empleo registrado y volver a figurar como estudiante desempleada, para que la obra social de su papá, que es analista de software, la cubriera nuevamente. No le costó mucho tomar esa decisión, ya que el departamento de Recursos Humanos de su empresa le garantizó que “podría volver a estar en blanco cuando lo deseara». Sin embargo, por el momento, y para evitar tener que pagar las consultas médicas postoperatorias, prefiere seguir trabajando de manera no registrada.

Para Maito “no hay ningún incentivo real para trabajar en blanco, porque no se realizan los aportes a la seguridad social y no tenés protección si te ocurre algún accidente laboral” y coincide con María Fernanda en que, “las personas que trabajan en negro no lo hacen porque tengan algún incentivo” o porque en verdad lo prefieran, “sino porque no tienen oportunidades mejores”.

Teresa tiene 29 años, un hijo de 9 y es mesera. Ella cuenta que “en su momento”, hizo la cuenta y “no me convenía estar en blanco porque iba a dejar de figurar como alguien sin aportes y no iba a poder cobrar la AUH (Asignación Universal por Hijo)”. Su compañero de trabajo, Lautaro, de 22, tampoco quiso la formalidad “por sí el día de mañana entro como playero en la YPF”. De esta manera evitaba los trámites de renuncia que podrían retrasar un trabajo en blanco que, aunque exigente, permite muy buenas condiciones laborales.

Se cae el sistema

Este tipo de situaciones, aunque comunes entre los jóvenes, no solo afectan a los trabajadores individuales, sino que también ponen en riesgo a un sistema previsional que ya es sumamente deficitario. El sistema de jubilaciones en Argentina es de reparto, es decir que los aportes de los trabajadores activos financian los haberes de los jubilados. Si la informalidad sigue creciendo y gran parte de las personas económicamente activas continúa sin hacer aportes, entonces el sistema previsional se seguirá volviendo cada vez más ineficiente.

“Los trabajadores no registrados sí contribuyen a estos sistemas, porque pagan impuestos”, aclara Cirmi Obón, economista y presidenta de la asociación civil Futuros Mejores. “En todos los países del mundo, como la cuenta de los sistemas previsionales no da porque gastan más de lo que recaudan, las jubilaciones se terminan financiando con impuestos generales”. Esos impuestos generales son regresivos, como es el caso del IVA, y por eso “pesan más en el bolsillo de quienes menos tienen. Insisto: los pagamos todos, incluidos quienes no aportan a la seguridad social”, cuenta.

La tendencia a trabajar en negro responde a los desincentivos empresariales que trae tener un empleo registrado: las cargas impositivas a los empresarios y los aportes jubilatorios reducen la ganancia, pero su reducción también pone en riesgo el acceso a la jubilación de estos jóvenes en el futuro, especialmente en este contexto en el que se eliminó el sistema de moratorias. Pero el Estado también tiene un rol, porque desde hace tiempo que “tiene grandes dificultades de fiscalización y no consigue que el trabajo registrado sea una prioridad”, explica Maito.

Es común escuchar el reclamo empresarial por una reducción de las cargas laborales argumentando que eso permitiría un aumento en el empleo en blanco. Sin embargo, la experiencia histórica indica que el empleo crece junto con la economía y desciende durante las crisis independientemente de las condiciones laborales. “De hecho, la ONU, en un documento de 2024, recomienda a las naciones que no se pongan a bajar estos impuestos”, cuenta la economista.

Cirmi Obón, pensando en el camino a recorrer, aclara: “Un desafío que tenemos por delante es ampliar la noción de contribución, pensar que la cuenta del Estado es una sola y modificar los sistemas jubilatorios para que contemplen cómo se va modificando la vida de las personas mayores, la diversidad del trabajo”; y, se podría agregar a esta lista, la situación de más de la mitad de los trabajadores jóvenes de la Argentina. Porque, como dice Cirmi Obón, “el trabajo no solo hoy es, en gran parte, informal sino que histórica y globalmente ha sido más informal que formal”.

La prevalencia del trabajo en negro entre los jóvenes refleja una serie de desafíos estructurales, tanto en el mercado laboral como en las políticas públicas. Aunque la informalidad parece ofrecer una solución a corto plazo para quienes no encuentran alternativas, no es sostenible, especialmente en un sistema previsional que depende de la contribución regular de los trabajadores. Para cambiar esta situación, será necesario que el Estado ajuste las leyes laborales, y mejore la fiscalización, lo cual será clave para enfrentar los desafíos económicos del futuro. Pero también, es necesario el crecimiento económico, ya que es el índice que más se corresponde con el aumento del trabajo registrado.

Perseguida por solidarizarse con el pueblo mapuche

Perseguida por solidarizarse con el pueblo mapuche

Liberaron -bajo prisión domiciliaria- a la joven activista que estuvo detenida durante 50 días en una comisaría de Esquel por solidarizarse con la comunidad mapuche tehuelche de Chubut.

Victoria Núñez Fernandez estuvo más de 50 días detenida en la comisaría 1º de Esquel, en el marco de la causa armada por los incendios en la Patagonia, donde también otros defensores ambientales, rescatistas y brigadistas, fueron falsamente acusados. Al ser liberada fue recibida por los abrazos de sus compañeras de la Lof Pillan Mahuiza, que militan la campaña colectiva que pide su absolución “no es una libertad completa, sino que sigue criminalizada”. Esto es porque, si bien la justicia de Chubut considera que no existe riesgo de fuga, debe permanecer bajo arresto domiciliario hasta la próxima audiencia del 12 de mayo.

“Lo que se está criminalizando es la solidaridad de alguien que no es mapuche, pero se acerca a la comunidad y pone su vida al servicio de esa comunidad”, dice Lucía Cavallero, referente del colectivo #NiUnaMenos, al referirse a esta mujer de 37 años oriunda de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. “Me hace acordar a Santiago Maldonado, a esas personas que deciden dedicar su vida al trabajo político de crear alianzas y unidad”, agrega. Todo indica que tuvo algún efecto positivo la conferencia de prensa que exigió la libertad Victoria, con la consigna “la solidaridad no es delito”. Allí se hizo presente un amplio abanico de organizaciones y personalidades: estuvieron Moira Millán, weichafe del lof Pillán Mawiza, Nina Brugo, de la Campaña por el Aborto Legal y de la CTA; María Elena Nadeo de la APDH; y las diputadas Mónica Macha (Unión por la Patria), Mónica Schlotthauer, Vanina Biasi, Mercedes Trimarchi y Celeste Fierro (FIT-Unidad). También estuvo Enrique Viale, de la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas, y activistas de distintos espacios como la Asamblea Antifascista LGBT y la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones (BFS). 

Vic, como es conocida en la comunidad, fue detenida el 11 de febrero de 2025, cuando el juez federal penal de ejecución de Esquel, Criado, ordenó 12 allanamientos simultáneos en comunidades mapuche tehuelche de Chubut en un contexto de incendios forestales que se presumen intencionales, que gobiernos provinciales y nacional han usado para criminalizar al pueblo mapuche tehuelche acusándoles de ser responsables de estos. Victoria fue la única detenida bajo los cargos de “coautoría de atentado en la estancia Amancay, en la localidad de Trevelin; participación en una asociación ilícita; y disturbios en la vía pública”. Se había dispuesto la prisión preventiva por el plazo de sesenta días y que la medida se cumpla en un calabozo de la Comisaría Primera de Esquel, destinado a la detención de mujeres, salvo que la defensa pública requiriera el traslado al centro penitenciario para mujeres, en Trelew.

La audiencia del 7 de abril fue ante el juez penal de Esquel, Jorge Criado, quién no permitió el ingreso a la sala de la prensa a las organizaciones y personas autoconvocadas. Gracias a la geolocalización de su camioneta, la defensa de Victoria, a cargo de Valeria Ponce, probó que el día del incendio en la estancia Amancay ella se encontraba en la localidad de Corcovado a unos 80 kilómetros de distancia. Sin embargo, la Fiscalía solicitó la continuidad del arresto domiciliario por su presunta participación en el incendio de maquinaria y camiones de la estancia ubicada sobre la Ruta 71 en jurisdicción de Trevelin. Fundaron su pedido en el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Ponce se opuso y el juez concluyó que no hay elementos que acrediten el riesgo de fuga. Para el juez, sólo existiría riesgo de entorpecimiento procesal y para cautelarlo dice que es suficiente con que la imputada no salga de la ciudad de Esquel, salvo expresa autorización judicial, ni regresar al lof Pillan Mahuiza. 

Un día antes de los allanamientos, el gobernador de Chubut Ignacio Torres se refirió a las comunidades mapuche como “terroristas del fuego”. Para la campaña que pide la absolución de Victoria, la declaración del gobernador estableció “un pretexto para los allanamientos y una criminalización explícita y un mensaje repudiablemente racista”.

Vía redes sociales (Instagram) Moira Millán compartió que “es urgente y necesario pronunciarnos desde todo espacio, organización o movimiento que defiende los derechos, para que todes sepan, no solo que es inocente de los cargos que se le imputan, sino que está siendo víctima de un montaje mediático y causa armada para criminalizar la solidaridad al pueblo Mapuche Tehuelche y la defensa de la vida en la Patagonia”. Durante la conferencia de prensa se mostraron ejemplos de cómo ciertos medios tradicionales hicieron un montaje mediático en donde tratan a las comunidades mapuches de falsas, se los nombra como intrusos y/o terroristas.

Victoria es una persona disidente que en el año 2020 llegó al Lof Pillañ Mawiza, ubicada en Corcovado, Chubut, para participar de un encuentro organizado por el Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Tras esa experiencia tomó la decisión de quedarse y el lof decidió adoptarla como un integrante más.

“Mendoza es hija del agua”

“Mendoza es hija del agua”

Liberaron a dos activistas detenidos por protestar en contra de la megaminería en Mendoza.

Los ambientalistas Federico Soria y Mauricio Cornejo fueron liberados el jueves 3 en el Polo Judicial de Mendoza, luego de haber sido detenidos por manifestarse en contra de la minería a cielo abierto en la zona. Ambos integran la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata y están acusados de terrorismo y amenazas tras incidentes ocurridos en la apertura de una oficina de la Cámara de Proveedores Mineros en esa ciudad.
La jueza Claudia Tula ordenó que la causa sea elevada a la justicia federal debido a la incompetencia del fuero provincial, y resolvió la liberación de los imputados.
El fiscal Juan Manuel Sánchez había pedido la prisión preventiva de Soria, quien estuvo hasta ayer en la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Es.Tra.Da). Cornejo ya había sido detenido en febrero, pero desde el 19 de marzo se encontraba en prisión domiciliaria.
“Tiene que resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo cual la causa queda empantanada y no sabemos cuándo se va a volver a retomar”, informó el activista ambientalista, ahora en libertad condicional bajo fianza, a través de un video publicado en redes sociales. Tanto Soria como Cornejo fueron denunciados por Edgardo Vera por supuestas amenazas a él y a su familia. El comerciante y representante de la Cámara fue atacado en una manifestación antiminera espontánea realizada el 24 de enero y sufrió el intento de incendio de su local. El mismo día, dos personas fueron detenidas por los actos de violencia. Sin embargo, Vera luego apuntó a los dos referentes de la Asamblea de Uspallata.

A las acusaciones de amenazas se agregó la calificación legal de la protesta como terrorismo, tomando el artículo 213 bis del Código Penal, que establece “una pena por integrar una agrupación temporal o permanente que tenga por su objetivo imponer la ideología por la fuerza o el terror”, según la explicación de Marcelo Romano, abogado y ambientalista. “Esto es inédito. La figura de este artículo no tiene antecedentes en la provincia de Mendoza y solo fue aplicada a nivel nacional en la dictadura del ‘76.” , afirmó el abogado defensor de Soria, Alfredo Guevara. “No somos terroristas los que defendemos el agua”, clamó a través de un megáfono Romano en las afueras del Polo Judicial. “Se cayó la farsa del Ministerio Público Fiscal”, agregó en un video publicado en su perfil de Instagram, minutos después de la liberación.

Historial criminalizador

Sin embargo, la criminalización de la protesta no comenzó en enero de este año, sino que “es una práctica común y corriente desde que asumió Alfredo Cornejo como gobernador en diciembre del 2015. Nosotros tenemos más de 300 imputados por participar en manifestaciones públicas”, según explicó Guevara.
La manifestación en la que Vera fue atacado se dio en el contexto del rechazo al proyecto de la minera San Jorge, perteneciente al grupo Solway, para la extracción de cobre en la localidad de Uspallata. Los disturbios iniciaron con la llegada de columnas de la UOCRA, a favor de la minería. Los asambleístas allí presentes denunciaron ataques de parte de estas personas y uno de ellos, Flavio González, resultó herido. Los responsables de ese ataque y los sufridos por Vera fueron identificados en el acto y se abrieron los expedientes correspondientes, pero estos no avanzaron. El intento de incendio sería producto de una “rencilla vieja” con otro comerciante que no pertenece a la Asamblea por el Agua, de acuerdo a las declaraciones de González en MDZ Radio. Un día después, el 25 de enero, Soria y Cornejo son denunciados.

“Se han presentado los chats privados, los chats del grupo, de la Asamblea, donde tanto Federico Soria como Mauricio Cornejo de ninguna manera convocan o se puede inferir que tienen algo que ver con los hechos de violencia. Estas pruebas acreditan que los señores que cometieron estos actos de violencia el 24 de enero, el intento de incendio y el que golpeó a Vera, no forman parte de la Asamblea de Uspallata.”, afirmó Alfredo Guevara en diálogo con Anccom.
El proyecto San Jorge afectaría no solo el acceso al agua potable de la población, sino también la calidad de la misma y la posibilidad de generar empleo en la región, ya que la falta de agua impacta sobre la actividad agrícola en general y vitivinícola en particular. “Venimos de fuertes sequías y la minería metalífera requiere millones de litros de agua. Además, sabemos que este tipo de actividad requiere químicos como el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico, que son altamente contaminantes para los ríos. El otro punto que nos preocupa es el desarrollo sustentable, que sea con inclusión y no hipotecando el futuro de las próximas generaciones ”, explicó Jorge Difonso, diputado provincial de Mendoza.

Este avance sobre los recursos naturales en la zona sucede en el contexto de promoción de la explotación de los mismos a nivel nacional, con la implementación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Este proyecto ofrece incentivos cambiarios, fiscales y aduaneros y quita restricciones a sectores de agroindustria, minería, energía, tecnología, infraestructura, gas y petróleo. De este modo, se vulneran potencialmente áreas naturales, exponiendo al medio ambiente y a sus habitantes a la contaminación. “El RIGI no contiene en su fundamentación un análisis respecto de si las actividades productivas que incentiva realmente comprometen o no a las generaciones futuras y al goce y disfrute de un ambiente sano”, asegura un documento firmado por las Asambleas Mendocinas Por el Agua Pura (AMPAP).

En la región, la Asamblea de Vecinos propone la creación del Área Protegida Uspallata-Polvaredas, de la que Soria es autor intelectual, para asegurar la protección del ambiente y la calidad de vida de su población. “Ese es un proyecto que incluso el mismo gobierno, cuando era oposición, lo firmó y lo presentó y ahora lo niega.”, afirmó Difonso. Además, el diputado provincial entrevistado por Anccom hizo hincapié en “la impunidad que está reinando en Mendoza”, debido a la concentración de poder político y judicial en la figura del gobernador Alfredo Cornejo. De hecho, Difonso afirmó que “las dudas y preocupaciones de la población se centran en los controles de la actividad minera”, debido a la existencia de funcionarios que pasaron del cargo público a la nómina de las empresas y viceversa. La misma dinámica se dio luego de la modificación del Código Procesal Minero, a favor del sector empresarial de esta rama de la industria. Luego de su aprobación, “varios de los empresarios mineros pasaron a tomar cargos públicos. Esta práctica es moneda corriente ”, informó el diputado.

Otro caso emblemático se dio en septiembre del año pasado, cuando vertidos de petróleo en el área de Lunlunta contaminaron las aguas del río Mendoza. “YPF hizo caso omiso a esto. Y tenemos el antecedente contundente de que la Ministra de Ambiente de Mendoza era a la vez directora de YPF, es decir, ella controlaba a la empresa para la cual trabajaba”, aseguró Difonso.

Las detenciones de Soria y Cornejo se inscribieron en “un alto nivel de corrupción en la provincia”, expresó Romano. El diputado Jorge Difonso declaró que “las garantías institucionales están en juego en Mendoza”. El mismo Federico Soria llamó a los vecinos autoconvocados “a no tenerle miedo al gobierno, a sus instituciones y a sus grupos paraestatales violentos, y sobre todo a continuar defendiendo el Área Protegida Uspallata-Polvaredas, que fue la razón por la cual yo terminé preso”, a través de un video publicado en sus redes sociales horas después de su liberación. A su vez, las manifestaciones públicas en defensa del agua continúan, reflejando que la opinión pública de los mendocinos sigue estando a favor de la protección de los recursos naturales. En palabras de Marcelo Romano: “Los ciudadanos tenemos en claro que Mendoza es hija del agua”.