«El futuro es antineoliberal»

«El futuro es antineoliberal»

Nov 7, 2025 | Destacado 4, Vidas políticas

El sociólogo y politógo Emir Sader analiza la matanza de Río de Janeiro, el avance de Milei en Argentina y el futuro del bolsonarismo en Brasil. La geopolítica que viene.

La masacre policial de la semana pasada en el complejo de favelas Alemão y Penha, en Río de Janeiro, captó la atención de todo el mundo y dejó a la vista el regodeo de la ultraderecha en el continente por las represiones mortales. ANCCOM dialogó sobre el suceso y su trasfondo con el politólogo y sociólogo Emir Sader, quien analiza además la relación de los últimos tiempos entre Brasil y Argentina, determinante para el continente. “Todo avance de progreso de Latinoamérica se dio en alianza entre los dos países, un punto de inflexión de la historia reciente –dice–. No sólo Lula y Néstor (Kirchner), sino también con Dilma Rousseff y Cristina Fernández de Kirchner, entre otros”.

Desde esos tiempos fundacionales, explica, se consolidó una alianza que transformó el mapa político y económico del continente, impulsando una década de gobiernos progresistas. Hoy, sin embargo, la situación es otra. “Desde hace tiempo no había un desfase tan grande de políticas entre ambos países”, advierte. Mientras Brasil, bajo el liderazgo de Lula Da Silva, recupera niveles de empleo y consolida un modelo con horizonte social, “en Argentina se ve miseria, concentración de renta, desigualdad y exclusión social, cierre de empresas y pérdidas de puestos de trabajo”, y agrega que “el que más sufre lo que sucede en Argentina es Lula, por la relación que tuvo siempre con Cristina y con el pueblo argentino”.

En relación al reciente operativo policial en las favelas de Río de Janeiro, que dejó más de un centenar de muertos, lo describe con crudeza: “Fue un fracaso brutal. Basta decir que hay como 120 muertos y 85 presos, se vieron las fotos tremendas de los cadáveres en fila y no hay información de quiénes son. Lo que se sabe es que no ha sido un golpe muy duro en los narcotraficantes, porque esto es nacional, y tiene vínculos en otros sectores de la sociedad. Golpear las favelas es brutal, terrible, pero no es donde están los jefes de todo. Como dijo el ministro de Economía (Fernando Haddad), los jefes están hasta en Miami y están en lo que en São Paulo se llama la Feria Lima, donde está la sed empresarial de São Paulo”. Con esto también advierte sobre el costado político de la violencia: «Esto a su vez significó para la derecha lanzar un candidato –dice en referencia al gobernador bolsonarista Cláudio Castro–. Ellos no tienen candidato para competir con Lula, entonces a lo mejor es un nuevo héroe de la derecha, que dice que va a hacer nuevas operaciones en la región. Esto para los derechos humanos fue un fracaso. Sin embargo, las encuestas demuestran que a los sectores de opinión pública mayoritariamente les gusta. Él quiso proyectarse políticamente para ser senador el próximo año con un tipo de operativo que muestra una imagen para la gente de que han matado a traficantes”.

Consultado por la situación de Jair Bolsonaro, Sader fue tajante: “Bolsonaro está liquidado, está preso en domiciliaria y seguro irá a cárcel común al menos por un tiempo”. Pero sorprendido aclara que, aunque su líder esté preso, “el bolsonarismo sobrevive, es un misterio, hay que estudiarlo con los medios de comunicación, porque Bolsonaro no dejó ninguna herencia positiva de nada. Él sólo ganó porque habían tomado preso a Lula, entonces fue en una circunstancia muy anómala e irregular, sin embargo al igual que en varias partes del mundo, el bolsonarismo sobrevive, incluso en sectores medios y populares”. Su mirada se extiende hacia nuestro país y dice: “Si esta entrevista fuera al revés yo te preguntaría: ‘¿Explicame la victoria de Milei?’, sería algo similar. Por qué sobrevive una extrema derecha con un presidente que dice que entre la mafia y el Estado prefiere la mafia, y gana las elecciones”. “El que más sufre por lo que sucede en la Argentina es Lula”, repite.

Sader considera que Argentina atraviesa “un momento anómalo y extraordinario” dentro del continente. “Está aislada, porque sus aliados son Estados Unidos e Israel. Mientras tanto, Brasil, Chile, Uruguay y otros países tienen políticas muy distintas. Argentina no tiene por dónde circular regionalmente”, sostiene.

Y en el caso de Brasil, en un análisis del actual gobierno brasileño, Sader recuerda una conversación con el propio Presidente: “Cuando terminó el mandato anterior le pregunté a Lula: ¿qué había aprendido más? Y me dijo que no se podía gobernar sin mayoría”. Actualmente tienen un Congreso con minoría: “Hay muchas dificultades, cada iniciativa hay que negociarla, entonces, la pelea más grande va a ser elegir un gobierno mejor”, consideró. Además, combina el reconocimiento con la advertencia: “Aunque sea un gobierno muy positivo en el punto de vista de política social, es el peor Congreso que ha tenido Brasil hasta ahora”. El politólogo insiste en que el desafío central sigue siendo el mismo, romper con la hegemonía del capital financiero: “Y en Brasil aunque existan todos los avances del gobierno del PT, el capital financiero de carácter especulativo sigue siendo dominante en la economía, como es en Argentina. Hay que romper con eso, espero que sea un objetivo importante y fundamental del próximo gobierno. Como digo yo, salir del antineoliberalismo para el posneoliberalismo”.

El sociólogo amplía el foco para pensar en la geopolítica mundial: “Para quien vivió o conoció Brasil en la mitad del siglo pasado, con hegemonía total de Estados Unidos, esta mitad del nuevo siglo es fundamental porque es el período de decadencia de la hegemonía norteamericana”. El ascenso de China y el fortalecimiento de los BRICS marcan, según Sader, una nueva correlación de fuerzas global: “Mientras que el gran fenómeno político del siglo XXI son los BRICS, que es la alianza entre China, Rusia, Brasil y otros países, incluso ahora, China negocia con México, un país que siempre fue difícil de incorporar por sus fronteras”. Con respecto al país norteamericano aclara: “Estados Unidos con Trump tiene un gobierno que es suicida y se ven las consecuencias; Trump mismo tiene un nivel muy bajo de apoyo. La victoria electoral de Mamdani en New York es muy significativa, es un nuevo líder político, imagínese, la mayoría de la colonia judía votó a un musulmán, que nació en África. Y esto fue muy significativo para Estados Unidos, que aparezcan nuevos líderes, donde los demócratas se preparan para ganar, y donde al mismo tiempo, Trump no puede ser candidato de nuevo, él no está para las próximas elecciones. Es un período de declive acentuado de la hegemonía norteamericana en el mundo y de sus aliados también, como Europa, decadente y penetrada por la extrema derecha, y Japón muy rezagada con respecto a China, por ejemplo”.

Sader considera que el liderazgo de Brasil y México es clave para consolidar un bloque alternativo en la región: “Sólo falta Argentina, que se debilita. Otros ejemplos son Uruguay, Honduras, Colombia, Venezuela que tienen gobiernos progresistas. Este es un siglo muy fuerte para América Latina».

Sader realiza un cierre reflexivo, de deseo aunque también de análisis: «La última década del siglo pasado, fue una década brutalmente neoliberal en América Latina, salvo Cuba. En esta mitad de siglo, América Latina es más progresista. El futuro es antineoliberal, ese modelo está decadente, y prometió cosas que no pudo entregar”.

Al final de la conversación, su tono se suaviza: “Espero volver pronto a Argentina”, dice con una sonrisa. Y quizás en esa frase sencilla se condense todo: la certeza de que, pese a las situaciones distintas de los países hermanos como Brasil y Argentina, América Latina sigue siendo un territorio donde el futuro y la esperanza, nunca se rinden del todo.

 

 

Oxígeno para el Garrahan

Oxígeno para el Garrahan

Nov 6, 2025 | Destacado 4, Trabajo

Después de seis meses de marchas y reclamos, los trabajadores del hospital lograron un 61 por ciento de aumento. Sin embargo, no pueden recuperar los cientos de profesionales que dejaron la institución.

Tras más de seis meses de intensa lucha por sus derechos, los trabajadores y trabajadoras del Hospital Garrahan lograron esta semana un aumento salarial del 61 %, retroactivo a octubre y acompañado por un bono vigente, en cumplimiento de la Ley de Emergencia Pediátrica, que el Gobierno se había negado a aplicar hasta ahora. El acuerdo, que beneficia a personal de planta, contratados, becarios y residentes, fue resultado de una presión gremial y judicial sostenida, que incluyó paros, asambleas y movilizaciones. En diálogo con ANCCOM, Norma Lezana, secretaria general de la APyT; Georgina Duarte, enfermera pediátrica y presidenta de la Asociación Civil de Profesionales y Técnicos; y Maximiliano Bares, delegado del hospital, reconstruyeron la lucha que convirtió al Garrahan en una causa nacional y comentaron acerca de los ataques que recibieron por parte de algunos periodistas en televisión nacional.

Dentro del Hospital Garrahan, el anuncio del aumento del 61 % se vivió con gran alivio después de meses de resistencia. La noticia corrió por los pasillos del hospital entre abrazos, lágrimas y aplausos. «Se vive como un triunfo histórico, una recomposición que nos da oxígeno después de tanto tiempo de angustia», expresó Lezana. «Está todo el mundo endeudado, pidiendo adelanto de sueldo, no pudiendo llegar a fin de mes o no pudiendo cargar la SUBE; se presentan situaciones sumamente desesperantes», recordó la médica, y afirmó que esta recomposición, aunque parcial, devuelve un poco de dignidad al equipo de profesionales que brindan atención pediátrica a los casos de mayor complejidad del país. «Nosotros lo vivimos como un campeonato del mundo», afirmó Maximiliano Bares, delegado gremial y compañero de Lezana. Sin embargo, esta alegría no fue compartida por todos. Ejemplo de ello fue la entrevista que Lezana sostuvo junto a su compañero Bares el martes pasado con el periodista Eduardo Feimann, quien entre gritos e insultos, los atacó por su lucha sindical.

Norma Lezana, secretaria general de la APyT.

Ambos fueron invitados al programa en LN+ para hablar del aumento. El periodista los interrumpió en reiteradas ocasiones, elevó el tono y terminó gritándole a Lezana: «¡No vengas a decir pelotudeces!», mientras Bares intentaba intervenir para defender a su compañera. El intercambio, reproducido en redes sociales y repudiado por amplios sectores de la sociedad, mostró con crudeza el nivel de hostilidad hacia los trabajadores que ostentan los sectores más allegados al gobierno. «Feinmann ejerce persecución política y baja una línea de odio que coincide con la del Gobierno», afirmó Lezana a ANCCOM, tras confirmar que el propio vocero presidencial Manuel Adorni había retuiteado el video en señal de aprobación. Para ella, lo ocurrido no fue un exabrupto, sino la expresión de un modelo que «descalifica a quienes defienden los derechos de las mayorías». Bares, que la acompañó en la entrevista, describió el comportamiento del conductor como violento y misógino, y reivindicó la templanza de su compañera ante el ataque.

Pese a las agresiones de Feimann, ambos señalaron la importancia que el apoyo de los medios tuvo como parte de la lucha que condujo a esta restitución salarial. «Nosotros reivindicamos mucho el acompañamiento que tuvimos de la mayoría de los medios de comunicación y los trabajadores de prensa, han sido muy solidarios con nosotros y han estado muy atentos, y eso son la mayoría. Después, tenés el ejemplo de Feinmann, que claramente tiene una línea política para bajar a la sociedad, para descalificar a los trabajadores que luchamos, a quienes defendemos los derechos de las mayorías», afirmó Lezana, concediendo poca importancia a los ataques y resaltando el apoyo de los medios en general. «Feinmann, fue violento, fue misógino, fue una bestia; pero en líneas generales hemos tenido con todos los laburantes de prensa, de la comunicación, un apoyo tremendo, incondicional, que eso es el reflejo y fruto de lo que hace el Garrahan y que hay un apoyo social increíble», sostuvo Maximiliano.

Desde su experiencia como enfermera pediátrica, Georgina Duarte, presidenta de la Asociación Civil de Profesionales y Técnicos, señaló que en los pasillos del Garrahan la alegría llegó como una mezcla de alivio y cansancio: «Fue una lucha muy grande, de más de medio año, y aunque este aumento no cubre todo lo perdido, es un gran logro, un buen primer paso». Duarte recordó que más de 300 profesionales abandonaron el hospital en el último año por los bajos salarios y que muchos no podrán volver, porque los concursos siguen cerrados. “Al menos nos ayuda a que no se sigan yendo, a sostener lo que queda», afirmó. «No alcanza para recuperar todo lo perdido, pero viene a poner un torniquete, a darnos oxígeno después de tanto tiempo con el salario congelado», señaló Lezana, explicando que este aumento, aunque simbólicamente significativo, no alcanza a superar la pérdida en el salario real de los trabajadores generada por la inflación.

Conquista moral

El Gobierno intentó relativizar la conquista de los trabajadores del Garrahan, sosteniendo que el aumento ya estaba previsto, y por lo tanto no es fruto de la lucha sindical. La reacción dentro del hospital ante tal afirmación fue de total indignación. Ante esto, Duarte no pudo contener las lágrimas de indignación. «Si hubiera estado previsto, lo hubieran dado antes de que se hubiera ido tanto personal, antes de tantos paros y reclamos. ¡Nos hubieran evitado tanto dolor! A eso lo llamo crueldad», afirmó entre sollozos, sintetizando el sentimiento compartido por cientos de trabajadores. Para la enfermera, la verdadera conquista no fue solo económica, sino moral: demostrar que frente a la indiferencia y el maltrato, la organización y la solidaridad siguen siendo la única respuesta posible.

El aumento del 61 % responde a la defensa de la Ley de Emergencia Pediátrica que el Congreso había aprobado y que el presidente Milei vetó en septiembre. Esta norma declaraba la emergencia en salud infantil por un año, garantizando fondos especiales para salarios, insumos e infraestructura. Su veto encendió la chispa del conflicto y puso al Garrahan en el centro de la escena política. «Este aumento es casi lo que corresponde si se aplicara la Ley de Emergencia», explicó Lezana, señalando que la presión gremial y judicial terminó forzando al Ejecutivo a cumplir con su propio marco normativo. Bares lo entiende como un paso importante de un camino aún inconcluso: «Una parte de la ley se implementó —el aumento—, pero falta el presupuesto; sin eso, no hay posibilidad de sostener la atención ni de frenar el vaciamiento». Para los trabajadores, esta victoria confirma que la salud pública solo sobrevive si se convierte en una causa común entre los trabajadores de la salud y la sociedad en su conjunto.

Lo que vendrá 

Mientras el aumento devuelve algo de alivio, en el Garrahan ya miran con preocupación la reforma laboral que impulsa el Gobierno. Los trabajadores perciben que la precarización ya empezó, incluso antes de que el Congreso la discuta. «En el hospital se está aplicando una reforma encubierta; se fueron trescientos profesionales y los reemplazan con contratos de locación, sin aguinaldo ni vacaciones». Esa modalidad, que convierte a médicos y técnicos en monotributistas prestadores de servicios, «es una forma de precarización», ya que «desarma los equipos y erosiona la estabilidad del sistema público»,  advirtió Lezana. Bares agregó que la única forma de enfrentar la reforma laboral que se avecina es manteniendo la unidad, no solo dentro del Garrahan sino entre todos los sectores golpeados por el ajuste: universidades, jubilados, personas con discapacidad. «Una parte del país lo votó, pero la otra mitad no. Y esa mitad es la que hoy sale a la calle, la que no va a permitir que nos quiten los derechos conquistados», afirmó Duarte, reflexionando sobre la aparente contradicción de una sociedad que aplaude las victorias obreras pero respalda en las urnas a quienes las amenazan.

Pese al triunfo, los trabajadores del Garrahan insisten en que la lucha no terminó. El aumento, dicen, fue una victoria parcial que no resuelve los problemas estructurales de la salud pública: la falta de presupuesto, la precarización y el deterioro de las condiciones laborales. Por eso, el próximo jueves 13 de noviembre a las 16 horas, convocan a un Cabildo Abierto en el hall central del hospital, con participación federal a través de Zoom. «La coordinación es fundamental», explicó Bares, al invitar a delegados de base, sindicatos, movimientos sociales, organizaciones civiles y políticas a sumarse al debate sobre el futuro de la salud y los derechos laborales. El objetivo, señalan, no es solo defender lo conquistado, sino mantener la unidad que permitió la victoria y construir nuevas formas de organización ante la amenaza de la reforma laboral. En palabras de Lezana, el mensaje que deja el Garrahan tras estos meses de lucha es claro: «Sí se puede ganar. Si los trabajadores nos unimos en la diversidad, nadie nos detiene».

Macri espió a los familiares de las víctimas del ARA San Juan pero no es culpable

Macri espió a los familiares de las víctimas del ARA San Juan pero no es culpable

Nov 5, 2025 | Destacado 4, Vidas políticas

La Corte Suprema sobreseyó al expresidente y, sin siquierla tratarla, convalidó la tesis de Casación que sostiene que la persecusión fue por una cuestión de seguridad nacional. Habla Luis Taglapietra, padre de una de las víctimas.

La Suprema Corte de Justicia confirmó que Mauricio Macri y los espías de la AFI no enfrentarán consecuencias legales por el seguimiento físico y el monitoreo cibernético a los familiares de los 44 marinos que perdieron la vida en el submarino ARA San Juan en 2017. De esta manera parece cerrarse un caso de espionaje estatal a la sociedad civil, algo expresamente prohibido por la Ley de Seguridad Interior.

 El submarino ARA San Juan desapareció en el Atlántico Sur el 15 de noviembre de 2017 con 44 marinos a bordo. El hecho trascendió a la prensa a la noche del día siguiente y fue informado oficialmente dos días después. En los días y semanas directamente posteriores a la desaparición del sumergible, la Armada y el Estado fallaron en informar y acompañar a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan.

Un año después, la nave fue hallada a 907 metros de profundidad por una empresa privada, muy cerca del punto donde había perdido contacto. El caso estuvo rodeado de sospechas de negligencia, contradicciones en los informes oficiales, conflictos internos en la Armada y tensiones con los familiares, que reclamaron transparencia y respeto hacia los marinos fallecidos.

En 2020 se confirmó que la AFI había espiado ilícitamente a los familiares de los tripulantes que pedían justicia. Cristina Caamaño, interventora del organismo desde 2019, halló en la sede de Mar del Plata tres discos con pruebas de seguimientos, fotos y grabaciones realizadas entre 2017 y 2018, cuando los familiares reclamaban públicamente. La Justicia determinó que esas actividades que tuvieron lugar durante el gobierno de Mauricio Macri no contaban con los permisos correspondientes. ANCCOM entrevistó a Luis Tagliapietra, abogado querellante en la causa y padre del teniente de corbeta Alejandro Damián Tagliapietra.

La Corte sobreseyó a Mauricio Macri en la causa en su contra por espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan. ¿Qué pensás al respecto como papá de Alejandro? ¿Y en tu rol como abogado y querellante?

 El espionaje se dio en medio de una situación particular. Nosotros, los familiares, empezamos a reclamar que se busque el submarino, ya que en los primeros días nos mintieron acerca de lo que verdaderamente había pasado. Nos fuimos enterando a través de los medios, que la situación era mucho más grave de lo que nos decían oficialmente. Al momento de constituirnos como querellantes en la causa judicial que investigaba los hechos, empezaron estas tareas de seguimiento ilegales que no tenían nada que ver con la seguridad del presidente, como se argumentó, y que fueron una verdadera invasión a la privacidad. No me puedo disociar porque la realidad es que yo siempre me moví de una manera más emocional que como profesional. Aunque ahora estoy más tranquilo y pienso todo de una forma más racional, en aquel momento actué de una forma muy emocional. Respecto de mi rol de padre, yo lo único que quería era encontrar a mi hijo y con vida. Yo no tomaba dimensión de lo que estaba pasando. Para marzo del 2018, el ciberataque que recibimos se volvió tan grotesco que hice la denuncia en Caleta Olivia. Y en ese interín, no solo pasó esto, sino que hubo falsas denuncias, falsos testimonios, pasaron muchas cosas…

 La causa fue a juicio en el 2020 porque la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia denunció el espionaje a los familiares del ARA San Juan. La primera vez que se trató el tema, la Cámara Federal no negó las tareas de vigilancia física y electrónica, sino que las justificó en nombre de la Seguridad Nacional y la seguridad del entonces presidente. ¿En qué se basa la justificación presentada? ¿Y por qué vuelven a sobreseer a los imputados?

 Hubo una acumulación de denuncias. En lo personal, denuncié por primera vez en marzo de 2018, durante una jornada en donde se tomó una audiencia testimonial que duró muchas horas. Había que dejar el teléfono afuera, apagado, en un sobre cerrado y firmado, para evitar que alguien los manipule. Cuando terminamos esa jornada y al encender mi teléfono, vi que tenía varios mensajes de Google, 5 o 6, de que habían ingresado a mi cuenta de correo electrónico desde direcciones IP del sudeste asiático. Estaba con el fiscal general de Caleta Olivia al lado e inmediatamente hice la denuncia. Aporte toda la data que tenía, pero la investigación no avanzó demasiado porque la prueba era difícil de hilvanar con la trama de espionaje. Después se sumaron a la causa la doctora Arias y la doctora Carreras, en representación de otros familiares. Todos empezamos a darnos cuenta de que, desde un principio, desde diciembre del 2017, nos pasaban cosas que no eran normales con nuestros teléfonos celulares. Individualmente, pensábamos que era un problema del teléfono de cada uno y después nos dimos cuenta que nos pasaba a todos.

Esas denuncias quedaron abiertas, con las pericias estancadas hasta que el juez federal de Dolores, el doctor Ramos Padilla, recibe información de un allanamiento en las oficinas de la AFI de Mar del Plata que se había realizado para otra causa totalmente diferente, la del D´Alessio Gate [una organización criminal dedicada al espionaje ilegal, la extorsión y la manipulación mediática]. En este allanamiento en la AFI de Mar del Plata, la interventora secuestró computadoras y una que tenía los discos rígidos borrados contenía las pruebas del espionaje que nos habían realizado.

Al peritarse, se recupera el material y la información digital que tenían y era nuestra. Con ese material, la doctora Camaño hace esta nueva denuncia que se une a la nuestra y termina en el procesamiento de Macri y demás imputados. La postura que establece que el espionaje ilegal se realizó en pos de la seguridad nacional no solo es contraria a la verdad, sino que es contraria a la ley porque, en el hipotético caso de que efectivamente un miembro de la AFI pensara que nosotros podíamos representar un riesgo para la seguridad del presidente, tendrían que haber hecho la debida denuncia ante un juez federal para que nos investiguen. Eso no pasó en por lo menos un año, que fue lo que duró la producción de este material ilegal que se encontró, porque puede haber habido mucho más material privado nuestro que se borró eficientemente. Y nosotros estamos seguros de que había más material en otras jurisdicciones de la AFI y otras agencias involucradas en el espionaje, como los servicios de inteligencia de la Armada. Las pruebas encontradas lo fueron por pura casualidad y aún así demostró que la vigilancia ilegal fue tan indiscutible que los jueces federales y luego lo de Casación no pudieron desconocerlo. Ante la imposibilidad de desconocerlo, inventaron esta argucia de que lo hicieron por una cuestión de seguridad nacional.

En 2021, el juez federal Martín Bava dijo que el espionaje se había realizado para anticiparle al entonces presidente cuáles serían los reclamos de las familias. ¿Te parece una apreciación adecuada?

 Con la investigación en ciernes, el juez se vio obligado a trazar motivos. De la prueba surge claramente que mucha de la información que recabaron se utilizó para eso, para ver cuál sería nuestro curso de acción. Esto quedó en evidencia en las transcripciones que se mandaban a la Casa Rosada. Yo entiendo que es irracional que el presidente usara el aparato de inteligencia nacional para intentar quedar bien con nosotros y anticiparse a nuestros pedidos porque, realmente, nunca hizo ese intento. Nunca quiso congraciarse o satisfacer nuestros requerimientos. No creo que haya sido únicamente para anticiparse a nuestros pedidos. Es más, considero que eso fue algo secundario o terciario del cual tomaron provecho, pero no el motivo principal.

 Incompetencia intencionada

 La realidad es que hubo muchas idas y venidas con la causa y, en 2020, cuando esta se elevó a la Cámara de Casación, el fiscal federal José Agüero Iturbe opinó que había más interés en sobreseer a Macri que en investigar qué había pasado con las víctimas. Me gustaría que me cuentes más al respecto.

Después de lo que significó el procesamiento de Macri y de todas las autoridades y miembros de la AFI, por supuesto, las defensas apelaron. Cuando la causa por espionaje va a la Cámara Federal, que fue la primera que intervino, se sentaron las bases de cómo terminaría la cuestión. Ahí determinan que las tareas de espionaje se hicieron porque las pruebas son indiscutibles, pero bueno, era en pos de la “seguridad nacional”. Eso es una barbaridad, porque va en contra de lo que dijeron los propios responsables de la seguridad del presidente Macri. El equipo de la Policía Federal y la Casa Militar no recibieron los informes con nuestros datos. Además, nos confirmaron que nosotros no estábamos dentro de lo que ellos consideraban personas riesgosas para la seguridad.

Es ridículo lo que ha hecho la Corte. En la tercera y última instancia, en el Máximo Tribunal, ni siquiera se tomaron el trabajo de analizar la causa. Mi planteo lo rechazan por el artículo 280, que entiende que la casación no es materia para la Suprema Corte porque esta última se encarga de cuestiones constitucionales y de revisar condenas firmes. Yo entiendo que nuestra causa describe una situación violatoria del Artículo 19 de la Constitución Nacional, que vela por nuestra vida privada e intimidad. La otra querella la rechazaron por no utilizar la cantidad de líneas y la tipografía que exige la corte.

De todos modos, lo importante es que no quisieron expedirse sobre el fondo de la cuestión y los comentarios del señor fiscal en 2020 reflejan eso: que la preocupación estuvo en encontrarle una vuelta de tuerca para hacerlos zafar porque las pruebas recogidas, ya que seguro hay más que no se han descubierto, son tan contundentes que era imposible discutirlas.

Todo tiene que ver con todo

Todo tiene que ver con todo

Nov 4, 2025 | Culturas, Destacado 4, Entrevistas

En su último libro, «Neoliberalismo, neofascismo y crisis climática», José Seoane analiza cómo se imbrican las categorías que dominan la actualidad geopolítica. El mundo que muere y el que está naciendo.

Jose Seoane es doctor en Ciencias Sociales, licenciado en Sociología y profesor en la Facultad de Ciencias Sociales (FSOC) de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Hace años se dedica al estudio de las transformaciones neoliberales y los ciclos de conflictividad social en la región. Durante el último tiempo se centró en el abordaje de la cuestión ambiental. En su último libro Neoliberalismo, neofascismo y crisis climática analiza la situación actual y la relación necesaria entre esos tres fenómenos.

En el libro hablas de “neoliberalismo catastrófico”, ¿qué distingue a esta etapa en relación al neoliberalismo de los años noventa?

La diferencia con los años noventa es clara: en dicha década el proceso de globalización neoliberal registraba un flujo de capitales del norte hacia el sur en el marco del proceso de privatizaciones y desregulación. En la etapa actual ese flujo de capitales no tiene la misma potencia en términos del crecimiento económico y modernización productiva. La idea de lo catastrófico resulta de un diálogo con esa etapa de la historia mundial del siglo XX, el periodo de entreguerras. Dialogando con ese período, la dimensión catastrófica actual refiere a una dinámica de crisis multidimensional, lo que algunos llaman “policrisis”. El término designa esta época sombría y de crisis del neoliberalismo, incapaz de tener siquiera un relato esperanzador respecto del futuro sobre el que solo parece proponer un mundo distópico como conclusión de este ciclo de transformaciones.

Desde el título, el libro conecta nociones como neocolonialismo, neofascismo y crisis climática. ¿Considerás que son fenómenos inseparables?

Sí, están entrelazados. Son las diferentes dimensiones que integran esta crisis civilizatoria, o como propone el libro una “crisis del capitalismo moderno colonial”. Son dimensiones que se relacionan y retroalimentan. Por ejemplo, la crisis climática supone un proceso de colapsos climáticos locales progresivos, que es lo que estamos percibiendo y sufriendo en estos momentos con una amenaza sobre la continuidad de la vida en muchas regiones del planeta en un futuro próximo. Y esa dinámica de catástrofe y de crisis es en cierta medida la que construye las condiciones de la emergencia de estos neofascismos, de promoción de la violencia como un nuevo ordenador de las relaciones sociales, de la aparición del racismo y de la xenofobia. Por otra parte, estas extremas derechas portan una narrativa respecto de la crisis climática que se llama habitualmente negacionismo climático, que niega las causas sociales del cambio climático y en ese sentido exaspera la propia dinámica de la crisis porque priva de toda capacidad de respuesta e intervención social y estatal sobre la misma.

El 10% de la población de más altos ingresos a nivel mundial es responsable de aproximadamente el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que el 50% de la población más pobre es responsable de solo el 10%.

José Seoane

¿La crisis climática atraviesa a todos por igual?

No, las poblaciones de menores ingresos, y sobre todo las mujeres, los niños y los ancianos son los sectores que sufren más la crisis climática. Por eso, se trata de una doble injusticia: los responsables de la crisis son fundamentalmente los sectores de más altos ingresos, un modo de producción sostenido en el uso de los combustibles fósiles y gobernado por una serie de corporaciones a nivel internacional. Recordemos que el 10% de la población de más altos ingresos a nivel mundial es responsable de aproximadamente el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que el 50% de la población más pobre es responsable de solo el 10%. Ahí aparece con claridad que la desigualdad social también impacta en la crisis climática, que existe una responsabilidad muy diferenciada. Y esta injusticia se expresa nuevamente también en relación con sus efectos y consecuencias, porque la crisis golpea sobre todo a los sectores de bajos ingresos y a los países más pobres o menos industrializados que tienen menos recursos para afrontar estas catástrofes.

Existe un desafío de acá en más que tiene que ver con la necesidad de revertir el desencantamiento de los países subdesarrollados y convencer a los países desarrollados de que tienen más responsabilidad sobre la situación actual. ¿Creés que en el contexto actual se podría llegar a un acuerdo en ese sentido?

Los primeros acuerdos internacionales sobre el cambio climático se remontan a la década de los años noventa. Ya la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que fue adoptada en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992, lo dejó expuesto con mucha claridad: las responsabilidades son comunes, pero diferenciadas; y de facto el protocolo de Kyoto (fue el primer acuerdo internacional sobre cambio climático) supone una serie  de compromisos y obligaciones de los países industrializados en términos de reducir sus emisiones y de garantizar una transición ecosocial. Un principio validado en el campo de las Naciones Unidas. Pero, bajo las olas neoliberales siguientes ese principio ha ido diluyéndose y los compromisos asumidos por los países industrializados no se cumplieron, incluso en términos del financiamiento de la transición ecosocial en el Sur Global.

 

Mirando a América Latina, ¿qué aprendizajes dejan los ciclos de lucha que analizás en el libro, desde el zapatismo hasta las protestas más recientes en Haití o incluso en Argentina?

Me interesó desarrollar dos grandes ciclos de lucha, el que va desde el año 1994 hasta el 2006 (período en el cual se gestan las condiciones sociales para la llegada de los gobiernos progresistas populares o transformadores en América Latina). Y un ciclo más reciente, que empieza en 2018 con las revueltas masivas en Haití y se proyecta luego regionalmente. Esos dos grandes períodos, aportan no solo la memoria sobre la posibilidad de resistir y de transformar, sino que también nos brindan elementos programáticos y horizontes estratégicos que son centrales para orientar una política de transformación en América Latina. Entre estos horizontes, en relación a la cuestión ambiental y la crisis climática, no se puede dejar de mencionar la contribución de los movimientos indígenas. Hoy mismo se despliega un paro nacional territorial prolongado impulsado por las organizaciones indígenas y territoriales en Ecuador. Estos movimientos han propuesto una perspectiva alternativa a la del capitalismo moderno colonial respecto de la relación sociedad-naturaleza, por ejemplo con la idea del buen vivir. Esta referencia plantea una relación con el ambiente y la naturaleza diferente, que no considera a la naturaleza como un objeto, sino que postula una relación basada en la reciprocidad, la interdependencia, la ecodependencia, la coproducción.

¿Qué esperás que el libro aporte a la conversación, no solo académica, sino también del público en general?

El libro propone pensar esta dinámica de las crisis para poder considerar y postular alternativas e intervenir socialmente. Sobre ello, podemos reescribir esa idea que plantea Gramsci de que hay un mundo viejo que está muriendo y un nuevo mundo que está naciendo. Efectivamente ese mundo nuevo está en proceso, está gestándose actualmente, nos encontramos ya en el contexto de una transición, lo que está en discusión es cuál va a ser la dirección de dicha transición, si sigue su rumbo catastrófico de colapsos o se encamina hacia la emergencia de alternativas. Allí apunta el libro, poder brindar algunas herramientas para considerar esa intervención, examinar los aportes del pensamiento social de los que disponemos y de las experiencias populares para intervenir desde el campo social sobre el rumbo que adopte esta transición, hacia dónde queremos ir.

El libro se consigue en librerías o a través de la Editorial El colectivo https://editorialelcolectivo.com/producto/neoliberalismo–neofascismo–y–crisis–climatica/

Las hermanas Villalba llevan una semana en huelga de hambre

Las hermanas Villalba llevan una semana en huelga de hambre

Nov 3, 2025 | DDHH, Destacado 4

Presas en Paraguay, las tres acusadas de pertenecer a una organización terrorista reclaman por las condiciones de reclusión. A la vez, los organismos de derechos humanos denuncian que deberían ser liberadas. Se esperan resoluciones de organismos internacionales a favor de ellas.

Este lunes 3 se cumplen los primeros siete días de la huelga de hambre que llevan adelante las presas Carmen Villalba, Laura Villalba y Francisca Andino en Paraguay. Ellas, junto a sus familiares, acumulan más de 20 años de persecución política por parte del Estado paraguayo. Desde hace más de un año, cuando fueron trasladadas al penal Martín Mendoza de Emboscada, de máxima seguridad, a unos 39 km al norte de la ciudad de Asunción, en Paraguay, las tres mujeres han permanecido confinadas en lo que el Estado paraguayo ha denominado «el nuevo modelo carcelario»: celdas individuales de 2 x 2 metros, en confinamiento absoluto, en condiciones que, según denuncian los organismos de derechos humanos, violan todas las normas internacionales para el tratamiento de personas privadas de su libertad. Ante esto, las reclusas han iniciado una huelga de hambre a través de la cual reclaman un trato digno y el derecho a leer. Allí, en medio del silencio de un sistema diseñado para romper su espíritu, ellas transforman la lectura y el estudio en una forma de rebeldía, y el hambre en un grito de protesta.

Tras su más reciente visita a Carmen Villalba el pasado viernes 31 de octubre, el abogado defensor de las tres reclusas, Salvador Sánchez, comunicó el estado de salud de las detenidas, así como los motivos y la evolución de la huelga que comenzaron el 28 de octubre. Según explicó, las reclusas decidieron adoptar esta medida ante las condiciones de confinamiento a las que se ven sometidas desde hace más de un año. «Evidentemente, lo que se busca es enloquecerlas a través de la tortura», calificó el abogado, y condenó el incumplimiento del Estado paraguayo a las recomendaciones realizadas por el Comité de Desaparición Forzada. Sánchez señaló que las tres detenidas se encuentran «lúcidas» pero debilitadas, alimentándose únicamente con agua y azúcar para contrarrestar los mareos y náuseas propios del ayuno. Informó, a su vez, que Carmen Villalba fue revisada por un médico forense del Poder Judicial de la Cordillera, quien emitió recomendaciones al Estado para garantizar un seguimiento sanitario adecuado durante la protesta. El abogado advirtió que las secuelas más graves podrían presentarse en las próximas semanas, por lo que llamó a la solidaridad internacional a mantenerse atenta al estado de salud de las reclusas y a ejercer presión sobre las autoridades paraguayas. 

Pese a lo extremo de las circunstancias, Sánchez destacó que las tres mujeres «están bien, fortalecidas por el espíritu de la solidaridad internacional», y que mantienen su decisión de continuar la huelga sin una fecha prevista de finalización. Añadió que la defensa continuará las gestiones judiciales y administrativas necesarias «para garantizarles el derecho a la vida, a la integridad física y a la salud» dentro del penal.

La misma historia

El Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) surgió a comienzos de los años 2000 como una organización insurgente campesina que se presentaba como heredera de las luchas sociales en contra de la dictadura de Alfredo Stroessner, el régimen más largo y represivo del Cono Sur. Sin embargo, desde su aparición, el gobierno paraguayo utilizó su existencia como excusa para militarizar el territorio, perseguir a dirigentes campesinos y criminalizar toda forma de organización popular. Esa política de persecución se ha mantenido hasta hoy, bajo lo que muchos organismos humanitarios describen como una continuidad institucional del stronismo. En nombre de la «lucha contra el terrorismo», se han desplegado violentos operativos militares, detenciones injustificadas y juicios plagados de irregularidades. En este contexto se inscribe la historia de las Villalba, una familia campesina que, tras años de desplazamientos y hostigamiento por parte del Estado, se ha convertido en símbolo de la represión contemporánea en Paraguay.

El 2 de septiembre de 2020, dos niñas de 11 años de edad, Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, ambas argentinas, fueron asesinadas durante un operativo militar al norte del país. El gobierno paraguayo calificó el hecho como un «éxito» militar contra el EPP, mientras las organizaciones de derechos humanos denunciaban infanticidio y ejecución extrajudicial. Las niñas no estaban armadas, no eran militantes ni combatientes. Habían cruzado la frontera para conocer a sus padres. Meses después, la hija de Carmen Villalba, Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, apodada cariñosamente «Lichita», desapareció en circunstancias aún no esclarecidas. Organismos de derechos humanos siguen investigando su desaparición. La tragedia familiar continuó con la detención de Laura Villalba, hermana de Carmen, en diciembre de ese mismo año. Laura, enfermera y madre de cuatro hijos, nunca formó parte del EPP. Fue arrestada mientras buscaba a su sobrina Lichita. El Estado la acusó de «terrorismo» y la condenó a 31 años de prisión en un proceso plagado de irregularidades. Desde entonces, la causa Villalba se ha transformado en un emblema de la criminalización del disenso y la lucha contra el autoritarismo en un país que no ha logrado romper con su pasado dictatorial.

Tras las rejas 

«Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción», cantaba Francisca Andino tras el muro enrejado que la separa de sus visitantes. Así lo recuerda la periodista y militante argentina Claudia Korol, una de las pocas personas que ha podido ingresar al penal de Emboscada, donde se encuentran detenidas Carmen Villalba, Laura Villalba y Francisca Andino. Sus visitas, autorizadas tras superar innumerables obstáculos burocráticos, le permitieron conocer de primera mano las condiciones extremas en las que viven las tres mujeres, la fuerza con la que enfrentan su encierro, así como escuchar y comprender sus demandas. 

Aislamiento total

Las tres reclusas han sido sometidas a un régimen de aislamiento absoluto desde hace más de un año. Permanecen encerradas 24 horas al día en celdas individuales de 2×2 metros, con cámaras que vigilan cada uno de sus movimientos, sin contacto entre ellas ni con otras personas. La única visita regular que pueden recibir es la de su abogado cada quince días. «La familia no puede acercarse, ya que todos se encuentran perseguidos o refugiados fuera del país», explica Korol. Las Naciones Unidas califican la situación de las reclusas como «tortura». «Estaban con un uniforme rojo, que es el color de las personas caracterizadas como de máxima peligrosidad. Para trasladarlas desde su celda hasta el lugar donde se hacen las visitas, les cubren el rostro con una capucha y llevan las manos esposadas atrás de la espalda». Korol explica que el uso de las capuchas reutilizadas puede representar un riesgo debido a brotes de tuberculosis registrados en esa prisión.

«Yo vi que las tres adelgazaron bastante desde la visita anterior. Francisca Andino, que tiene 65 años, tiene problemas de asma y tendría que estar más cuidada y más atendida en algún momento porque ya le costaba caminar. La tuvieron que llevar en algunas ocasiones en silla de ruedas», comenta Korol a propósito de las condiciones de salud con las cuales las reclusas iniciaron su huelga de hambre.

Organismos internacionales de derechos humanos como el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y el Comité contra la Tortura de la ONU, así como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos ya han advertido que este tipo de encierro constituye una forma de tortura psicológica y puede generar secuelas irreversibles en la salud mental y física de las personas detenidas.

Derecho a estudiar

La abogada argentina Laura Taffetani, representante internacional de las tres presas políticas, explicó que la segunda demanda, el derecho a estudiar y acceder libremente a materiales de lectura, es de crucial importancia para las reclusas, ya que el estudio constituye una parte fundamental de su vida, de su lucha, y es una expresión de dignidad y fortaleza. «Son las primeras mujeres en toda la historia del Paraguay que estudiaron dentro de la cárcel y se recibieron», remarca Taffetani haciendo alusión a los títulos profesionales en psicología que tanto Laura como Francisca recibieron hace poco más de dos semanas, tras haber cursado sus estudios universitarios desde la prisión. «Además, son excelentes alumnas», añade Taffetani. Laura también es enfermera recibida, y Carmen se encontraba cursando el segundo año de Derecho, en el momento en que fue trasladada a la prisión Martín Mendoza. 

Tanto Carmen como Francisca sueñan con cursar estudios de Doctorado en Psicología; sueño que se ha visto truncado por su confinamiento. A pesar de contar con la autorización de la universidad, las autoridades no les permiten continuar con sus estudios. Desde que se encuentran recluidas bajo este nuevo régimen, no se les permite leer nada más que la Biblia, y sus materiales de estudio y de lectura les han sido decomisados. «Tienen un listado de 10 libros de literatura, que tienen que ser aprobados a ver si los pueden leer o no. Mientras tanto, ellas están sin hacer nada, encerradas 24 horas, sin leer, sin hacer ningún tipo de actividad», explica Taffetani.

Francisca además es monja y está presa, acusada de haber participado del secuestro de Cecilia, hija del expresidente paraguayo Raúl Cubas. Debido al régimen al que está sometida, no se le permite cumplir con los rituales que su ordenamiento le exige. Con motivo del sexto día de huelga, el sacerdote Rodolfo Viano, cura de la organización Opción por los Pobres, y perteneciente a la orden franciscana, a la cual también pertenece Francisca, envió un saludo de apoyo a las reclusas.

En el contexto de un gobierno represivo y autoritario, estas reclusas han utilizado sus estudios y su devoción por el desarrollo personal como una herramienta de lucha y una expresión de dignidad. «Son mujeres muy dignas, dan mucha fuerza a nuestros pueblos. Y eso es lo que castigan», sostiene Taffetani. 

Derecho a estudiar

«El reclamo es el derecho a participar en la investigación internacional que se está llevando adelante en torno a la desaparición de Lichita y no se lo permiten», sostiene Taffetani. Además, insiste en que el confinamiento de las tres es injustificado y obedece puramente a razones de persecución política.

«Laura Villalba nunca debió estar presa porque a ella terminaron acusándola de incumplimiento de deberes familiares. Es decir, le mataron a su hija y a su sobrina, pero según las autoridades, la culpa la tiene ella porque llevó a las chicas ahí a conocer a sus padres. Y la acusaron de terrorismo cuando Laura nunca perteneció a la organización. Ella es lo que se conoce como un familiar no beligerante», aclara Taffetani. 

«Carmen sí participó en la organización del Ejército paraguayo del pueblo, y cumplió una condena por eso. Pero al cumplirse su condena, le inventaron una causa nueva y le sumaron 17 años más, por lo que ella tampoco debería estar ahí. Y Francisca también pertenecía al EPP, pero ella en realidad ya tendría las condiciones para estar en libertad condicional y se la han negado», explica Taffetani en relación a las irregulares condenas que enfrentan actualmente las otras reclusas.

Los motivos de la reclusión

Laura Taffetani afirma que las condiciones de confinamiento que sufren actualmente las reclusas podrían ser una represalia ante la intervención de los organismos internacionales de derechos humanos. «Hay una represalia y un ensañamiento, porque lo real es que ellas ya vienen con una resolución de Naciones Unidas, del Comité de Derechos del Niño, que declaró responsable al gobierno del Paraguay del asesinato de las dos niñas. Y todo esto vino justamente en forma casi paralela a que se publicara la resolución. Entonces, empezaron todas estas medidas en su contra. Prontamente va a salir del Comité de Derechos Humanos, en relación con el caso de Laura Villalba, y también saldrá del Comité de Desaparición Forzada. Entonces, todo esto también tiene que ver con el porqué de que ellas estén en estas condiciones actualmente», sostiene la abogada de derechos humanos.

Taffetani concluye con una invitación para entender el caso de estas reclusas desde una perspectiva más amplia, teniendo en cuenta el contexto geopolítico actual de Latinoamérica. La abogada advierte sobre una peligrosa tendencia que se viene esparciendo entre los gobiernos de derecha de varios países de la región. «Hay que entender que todas estas cosas tienen que ver con cosas que están pasando internacionalmente. Esta cuestión de agrupar al narcotráfico con las organizaciones que protestan contra un gobierno, dentro de lo que ellos llaman “terrorismo”. Y entonces, a todas las personas que pertenecieron a organizaciones que decidieron tomar el camino de la lucha armada se las clasifican de la misma manera que clasifican a los narcotraficantes. A todos los ponen en el mismo lugar como “terroristas”. Según esta lógica, es lo mismo Al-Qaeda que una organización en Latinoamérica que decida luchar por la soberanía de su país con armas ante un gobierno dictatorial. Y esto es muy peligroso». Taffetani afirma que esta tendencia se viene utilizando en países como El Salvador, Perú, Paraguay y ahora en Argentina, con ejemplos como el de Facundo Jones Huala, un hombre mapuche acusado de terrorismo por reivindicar la lucha del pueblo mapuche desde su poesía. 

Asimismo, Claudia Korol comenta acerca de la influencia del gobierno de Javier Milei en el caso de la familia Villalba: «La familia Villalba, hasta que subió Milei y Patricia Bullrich, vivía en Argentina y tenía refugio concedido por ACNUR. El gobierno de Milei le levantó el refugio y por eso se tuvieron que ir de Argentina». El levantamiento del asilo político por parte de ACNUR y el Estado argentino generó el desplazamiento forzado de toda la familia Villalba fuera del país, incluyendo a la madre de las hermanas Villalba de 80 años, y 12 niños y niñas que dependían de su cuidado.

Pros y contras de la boleta única

Pros y contras de la boleta única

Oct 30, 2025 | Destacado 4, Vidas políticas

En estas elecciones se estrenó, a nivel nacional, el sistema de la BUP. ¿Qué resultados dio? ¿Qué problemas solucionó y cuáles aparecieron? ¿Qué habrá que modificar?

En las elecciones legislativas del pasado domingo se utilizó, por primera vez a nivel nacional, un nuevo sistema para ejercer el voto: la Boleta Única de Papel (BUP), una sola hoja donde los ciudadanos pueden encontrar toda la oferta electoral de su distrito. La BUP fue muy bien recibida por la Comisión Nacional Electoral y es un método que ya se había utilizado para elecciones de los cargos provinciales en Córdoba, Mendoza y Santa Fe.

La BUP fue entregada a los votantes por las autoridades de mesa, quienes la firmaban luego de verificar su identidad. La opinión general de los sufragantes fue que esta boleta era fácil de usar -más allá de alguna que otra duda acerca de cómo doblarla- y ecológica, porque hubo menos desperdicio de boletas partidarios no utilizadas.

Esta nueva papeleta agilizó considerablemente el escrutinio luego de que terminaran los comicios. Guadalupe Delgado Gómez, presidente de la mesa 7588 de la Escuela Gral San Martín, en la localidad de San Javier, Córdoba, contó que “en veinte minutos habíamos contado todas las boletas”, pero que las personas de mediana edad, “de treinta y largos en adelante, no sabían cómo votar y tuve que explicar mucho”.

Más barato y mejor

El sistema es más económico, porque el costo de imprimir las boletas va por cuenta del Estado y este se encarga de diseñarlas y enviarlas a prensa. Antes, con el sistema de boleta partidaria, el Estado otorgaba una suma a cada partido que se presentaba, para que estos se encargaran de su impresión, lo que permitía que existieran partidos que sólo buscaban acceder a fondos estatales. Se soluciona, además, el problema del robo u ocultamiento de boletas y la necesidad de que el elector pida a sus autoridades de mesa que las repongan (revelando así, a quién quería votar).

Esto último fue de especial importancia para Andrés Snitcofsky, diseñador gráfico y periodista que participó en la presentación del proyecto de ley de la BUP en Diputados y en su diseño inicial. En diálogo con ANCCOM explicó que: “el problema de la boleta partidaria era que los votantes no contaban con todas las opciones y eso vulneraba el único momento en el que podían ejercer su soberanía”. ¿A que se refiere? La prioridad es que los electores puedan votar de manera libre y secreta. Libre, porque tienen acceso a toda la oferta de candidatos; y secreta porque no se sienten presionados a votar de cierta manera y no temen que se conozca su elección personal, característica que tampoco resguardaba el voto electrónico.

En algunas provincias en lugar de una sola boleta se encontraron con más. Es el caso de Santiago del Estero, con tres boletas únicas: una hoja con todos los candidatos para cada uno de los cargos que se elegían (gobernador, diputados y senadores), lo que disminuyó en gran medida los votos en blanco para la elección de los cargos de la segunda y tercera categoría. Así, los votantes sabían que a cada una de las tres hojas le correspondía una marca. Esta fue la forma que encontraron en esa provincia para simplificar aún más el nuevo sistema que, según Snitcofsky, “vino para quedarse”.

En los demás distritos, en especial en aquellos donde se podía ejercer el voto multipartidario, o sea que se podía votar a un partido para senadores y a otro para diputados, hubo un ligero aumento en los votos en blanco. Esto se debió a que la gente no estaba informada y marcaba solo la casilla superior, sin elegir candidatos o partido en la segunda categoría. Desde la Justicia Electoral, como exdiputada nacional y actual prosecretaria parlamentaria del Senado de la Nación, Dolores Martínez indica que “a nivel nacional, no aumentó significativamente el voto en blanco y el voto nulo; solo que la BUP, ya usada en algunas provincias con anterioridad, viene arrastrando algunos errores involuntarios que devienen en votos en blanco para algunas categorías”.

Según Snitcofsky, esto ocurre por la falta de educación e instrucciones claras por parte del Estado a la hora de incorporar una nueva forma de votar: “se podría haber puesto un spot a circular que expliqué cómo votar hace tres meses. También hubiera estado bueno que se explicara el uso de esta nueva boleta en las escuelas porque, históricamente, los hijos y los votantes jóvenes les enseñan a sus padres y abuelos”.

Esto coincide con lo que expresó la presidenta de mesa cordobesa, Guadalupe Delgado Gómez, al decir que quienes votaban por primera vez y los chicos de “veintipocos” no expresaron mayor dificultad. Sí hubo afiches y en algunas escuelas, pantallas con un vídeo que mostraba cómo marcar la boleta y cómo doblarla.

 

Desde lejos no se ve

Los críticos de la BUP expresaron que estas eran ilegibles y, por lo tanto, poco inclusivas con las personas mayores y quienes tuvieran una discapacidad visual. Martínez, prosecretaria del Senado, aclaró que las “críticas son totalmente válidas”. Además, aseguró que “trabajamos en garantizar su accesibilidad”, lo que se verifica en los hechos, ya que en todos los distritos había una plantilla braille que se entregaba junto con la boleta a las personas con discapacidad visual.

Respecto de la ilegibilidad y las quejas por el tamaño del texto de las boletas, “era parte de la experiencia y de empezar a utilizar esta nueva herramienta que pone más énfasis en el color y el logo del partido político al que queremos votar”, declaró Matínez.

Snitcofsky plantea algo similar: “la BUP busca retomar la cultura partidaria argentina y eliminar esta tendencia reciente a que los partidos cambien de nombre y logo cada elección”. Un ejemplo de esto es que los partidos asociados al peronismo no se presentan bajo la consigna de PJ o Partido Justicialista, sino que en las últimas tres elecciones han adoptado los nombres de Frente de Todos, Unión por la Patria y Fuerza Patria. Mientras que el Pro (Propuesta Republicana) se presentó dentro de Compromiso para el Cambio y, no hace mucho, de Juntos por el Cambio.

Se podría decir que para saber a quién votar, los argentinos tienen que comenzar a asociar a las agrupaciones políticas con insignias y consignas que se mantengan en el tiempo. La cuestión del diseño, al igual que la educación cívica acerca de cómo votar, son pendientes que al Estado le quedan por mejorar.