“Estamos pidiendo que la modernización se haga con la gente adentro”

“Estamos pidiendo que la modernización se haga con la gente adentro”

Oct 1, 2024 | Destacado 4, Trabajo

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ordenó el desalojo de la Feria Artesanal Vuelta de Rocha, en Caminito, barrio de La Boca, que hace 40 años que funciona allí. Los 120 trabajadores afectados se niegan a abandonar el lugar y llevan adelante medidas de protesta. Enfrentamiento con los gastronómicos.

La Feria Vuelta de Rochafue desalojadapor la policía porteñael 10 de septiembre último,de madrugada, para evitar las miradas tanto de turistas como de los propios artesanos. El subsecretario de Ordenamiento Urbano, Pedro Comín Villanueva, fue quien encabezó el operativo y dispuso, de manera inconsulta, el traslado de los puestos a la plazoleta de Bomberos de La Boca, donde vecinos y organizaciones realizan distintas actividades.

“La Policía llegó con un megaoperativo. No hubo violencia física hacia nosotros, pero agarraron las cosas y las trasladaron. Lo que pensaron que eran puestos viejos o rotos se los llevaron con ellos –denunció Darío Sánchez, delegado de la Feria Artesanal–. El conflicto comenzó en junio con una iniciativa del Gobierno para modificar el espacio que ocupaba la feria, seguido de un proyecto para correrla a la plazoleta de Bomberos”.

Actualmente, la plazoleta está ocupada por puestos vacíos, mientras que los artesanos se mantienen en Vuelta de Rocha, firmes en su negativa a moverse,puesto que el traslado a una zona alejada de los turistas reduce sus ingresos, y exigen que se cumpla con la Ordenanza 46.075 de 1992, que declara a la feria de Interés Municipal.

La relocalización en la plazoleta, además, resulta en la pérdida de un espacio público para los vecinos del barrio. “En esa plaza los chicos juegan a la pelota y los grupos de murga ensayan. Están sacando la feria de su lugar para que ocupe otro que no es nuestro”, afirma Lucía, una de lasartesanas afectadas.

Los trabajadores de la feria están organizados en dos agrupaciones: la Vuelta de Rocha I, que se encarga de ella jueves y viernes, y la Vuelta de Rocha II, que la ocupa sábados y domingos. De lunes a miércoles, hasta hace menos de un mes, había una administración conjunta.

David participa de la feria de Caminito hace siete años y es responsable de la organización de la Vuelta de Rocha I. “Yo vendía cuchillos en la feria de Morón. La oportunidad que me dio Caminito fue la de ampliar el rubro. Además de cuchillos, estaba haciendo tallado de madera, y me especializaba en mates”. Ante la imposibilidad de continuar trabajando en La Boca, tuvo que cambiar de sitio. “Ahora lo que estoy haciendo es ir a otras ferias. Volví a la plaza de Morón, donde trabajé como diez años. Ahí se vende a la gente del barrio, y las ventas bajaron desde la pandemia. Acá no, el movimiento es continuo, siempre hay gente”, comenta.

David participa de la feria de Caminito hace siete años y es responsable de la organización de la Vuelta de Rocha I.

Marta, que trabaja en Vuelta de Rocha hace 17 años, cuenta que el mismo día del desalojo los artesanos organizaron una asamblea y decidieron realizar medidas de protesta. Ante la orden del juez Gonzalo Ignacio Marconi, a cargo del Juzgado N° 11 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la ciudad, de prohibir la venta de artesanías en la Vuelta, colocaron telas donde estaban los puestos, junto con fotos de los trabajadores desalojados. Otro recurso que utilizan es el “ruidazo”:una vez por hora se reúnen en el centro de la feria para hacer sonar redoblantes y bombos en señal de reclamo.

Detrás del desalojo de la histórica feria, está el impulso del Gobierno de Jorge Macri a la construcción de unos decks para un paseo gastronómico, que sumado a las instalaciones de iluminación que se están haciendo, pretenden darle al barrio una vida nocturna atractiva para los turistas. El proyecto cuenta con el visto bueno de los dueños de bares y restaurantes, quienes tienen un enfrentamiento de larga data con los artesanos. Según estos últimos, los empresarios gastronómicos ya habrían recibido un subsidio del Gobierno de la Ciudad para construir los decks.

Marta Yane, comunera y vecina, señala como problema que el turismo en el barrio esté concentrado en unos pocos. “Hay aparentemente un proyecto del Ente de Turismo porteño que está planteando remodelar La Boca, hacer toda una puesta en valor, revivir las cantinas y la vida nocturna. Pero son burbujas de turismo cerradas, que en realidad no benefician al barrio ni a los comerciantes”.

Para Yane, la solución al conflicto no va a venir desde la resistencia. “La modernización nos va a llegar queramos  o no, porque estos tipos tienen todo para hacerlo. Lo que la mayoría de las organizaciones estamos pidiendo es que la modernización se haga con la gente adentro. Que las reformas no impliquen la expulsión del barrio. Ahora, si es venir a imponer desde afuera cómo debe ser el barrio donde uno vive, va a ser muy difícil”.

Según Guillermo, delegado de Feria Vuelta de Rocha, quienes impulsan esta transformación no son del barrio, no respetan su historia, ni conocen su dinámica interna. Natalia Quinto, integrante de la organización La Boca Resiste y Propone (LBRP), advierte que las reformas van en detrimento de la identidad barrial. “No quieren el histórico barrio de La Boca con una propuesta telúrica y cultural, quieren la romería gastronómica”, asegura.

Ante la falta de respuestas del Gobierno de la Ciudad, los artesanos, junto a vecinos del barrio, realizaron una asamblea con el objetivo de juntar firmas contra el traslado de la feria y la ocupación de la Plaza de Bomberos, en la cual los delegados leyeron un comunicado conjunto: “Nadie en el barrio conoce el Plan Integral Caminito. Nadie conoce las modificaciones del Código Urbanístico ni los incentivos desmedidos que están ofertando. Nadie en el barrio fue consultado sobre esta absurda decisión”, señalaron.

“Este problema que hoy nos junta a todos y a todas, no lo ocasionan las ferias, ni los artistas, ni Caminito, ni los vecinos. Este problema lo trae el jefe de Gobierno Jorge Macri, lo traen [el jefe de Gabinete] Néstor Grindetti y el ministro [de Espacio Público Ignacio Miguel] Baistrocchi, lo traen Pedro Comín, y un puñado minúsculo de cómplices que dicen ser vecinos, pero hace 40 años que ya no viven en nuestro barrio”, expresaron.

Quinto se pronunció en representación de las organizaciones: “A todos los funcionarios les decimos que el barrio de la Boca tiene 154 años de histórica tradición de lucha. Nosotros, a diferencia de Pedro Comín, pensamos que no tiene por qué dolerle a nadie, pero que si le va a doler a uno, nos va a doler a todos”.

“Abran los oídos y escuchen, porque acá sobran propuestas para arreglar lo que ustedes descomponen. Convoquen a los delegados, convoquen a la comunidad para solucionar esto –exigió–, porque no les pensamos regalar la plaza, ni las ferias, ni el arte, ni la historia, como para que la vendan como una postal estática”.

“Finalmente, al que le rezan es al dios dinero”

“Finalmente, al que le rezan es al dios dinero”

Oct 1, 2024 | Culturas, Destacado 4

La periodista Paula Bistagnino habla de «Te serviré», su investigación sobre el funcionamiento del Opus Dei, una organización definida como secta, partido político y multinacional, caracterizada por la manipulación espiritual y el apetito patrimonial.

“Los miembros célibes, que viven en las casas del Opus Dei, llamados numerarios o numerarias y las numerarias auxiliares, tienen una rutina diaria que comienza con el ‘minuto heroico’, que consiste en salir de la cama apenas suena el despertador, ponerse de rodillas en el piso, besar el suelo y decir, serviam en latín o acá en Argentina lo traducen como te serviré”. Lo explica Paula Bistagnino en Te serviré. Fe, poder y disciplina: el plan del Opus Dei para beneficiarse de una de las mayores fortunas de América del Sur, su nuevo libro, en el que reconstruye la historia de la familia Gianoli Gainza, que sirvió al desembarco de la organización en la región: empresas, herencias millonarias y sus propias vidas entregadas a una institución que los obligaba a vivir en la extrema pobreza.

En 2013 Bistagnino realizó la primera reunión con exnumerarios –exmiembros de la organización que vivieron aislados en “centros” bajo principios de obediencia, pobreza y castidad–, y luego de cinco años escuchando las historias publicó un primer artículo que le abrió la entrada a la historia de una de las familias más ricas de América del Sur. “Me llamó un grupo de abogados uruguayos en 2019. Lo que yo contaba en el artículo estaba documentado en una causa judicial por la herencia de la familia Giaonli Gainza”, cuenta la periodista oriunda de Bella Vista provincia de Buenos Aires, un barrio de herencia católica y militar, donde funciona “La Charca”, un centro de retiro que alojó en 1974 a monseñor Escrivá de Balaguer, el sacerdote español que fundó “La Obra”, el modo en que los miembros refieren, entre ellos, a la institución.

¿Qué es la Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei?

La definición del Opus Dei que mejor describe cómo funciona la organización me la comentó una exnumeraria: es una secta, partido político y multinacional a la vez. Tiene un condimento religioso muy fuerte que lo asocia con el término de secta por la manipulación espiritual principalmente. Eso está muy relacionado con otras dos cuestiones: la búsqueda de poder y la importancia del dinero para ellos. Y finalmente, la parte multinacional porque es una organización que trasciende fronteras, está en setenta países. Instalan franquicias y hacen funcionar su matriz más allá de la cultura, lengua e idiosincrasia del país.

Al ser consultada por la actualidad, ante el resurgimiento de movimientos y gobiernos de extrema derecha e ideas ultraconservadoras, Bistagnino considera que “esa idea de vida ellos la siguen sosteniendo, aunque es bastante difícil de aplicar en la sociedad actual. Les está costando sostener la pirámide de miembros que tenían: personas célibes, que quieran vivir casi en clausura, autoflagelarse, sin comunicación, separados por géneros y de su familia. Yo creo que el mensaje es cada vez más difícil de que cale en las personas, pero cuando no cala el mensaje, cala el negocio. El tejido de poder, económico y político, su acceso a la élite intelectual a través de universidades, eso sí lo siguen teniendo. Finalmente, al que le rezan es al dios dinero”.

“Hay una metáfora con la que el Opus Dei explica su visión: la sociedad es como una montaña; para dominarla hay que llegar a la cima y, desde allí, derretir la nieve hacia las bases. ‘El espíritu de La Obra es que sus socios varones ocupen cargos oficiales y, en general, puestos de dirección’, indicaba uno de los primeros reglamentos del Opus Dei”, cita en su libro Paula Bistagnino, sobre “la revolución de laicos que cambiaría al mundo, apóstoles que se mueven en medio del mundo bajo una apariencia similar a la de los demás, pero que llevan en sus vidas comunes una misión que nunca, por ninguna razón, deben manifestar”.

¿Cómo se investiga a una institución que no quiere ser reconocida o encontrada, por quienes no son sus miembros?

Como periodista lo que te moviliza, lo que te enciende la llama, tiene que ver con esa dificultad de recrear. Ellos tienen una oficina de comunicación pero nunca me dieron una entrevista, su respuesta siempre fue el silencio. De todas formas, en estos últimos años, no solo conmigo, sino que en el mundo, aparecieron muchos testimonios de personas que fueron parte del Opus Dei, así también como de otras organizaciones.

 

Lo primero que supo sobre el Opus Dei fue por “una tía que trabajaba en la escuela de mucamas”: refiere al Instituto de Capacitación Integral en Estudios Domésticos (ICIED), que funcionó entre 1973 y 2017, que prometía dignificar a la mujer y al trabajo doméstico. “Sin embargo, fue un tema que apareció tardíamente en mi investigación, cuando incluso ya estaba escribiendo el libro. Fue en 2020 que ellas, ya organizadas y con un abogado, se me acercaron para contarme sus historias” En 2021 la organización fue denunciada por 41 mujeres ante el Tribunal para la Doctrina de la Fe del Vaticano por trata de personas, reducción a la servidumbre y manipulación psicológica. “Es la denuncia más importante que tiene el Opus Dei desde su fundación en 1928”, relata Bistagnino, que reconstruye la metodología internacional de selección de adolescentes menores de edad provenientes de familias vulnerables económicamente y muchas veces extranjeras. Eran invitadas por supernumerarias –forma más común de pertenecer al Opus Dei, con vocacion de apostolado y deber de reproducción prolifera– bajo promesa de la “santificación de la vocación”. Así se transformaban en “numerarias auxiliares” o servicio doméstico y conformaban “un sistema en el que mujeres pobres servían a mujeres ricas y en el que entre todas hacían de los hombres la élite del Opus Dei”.

Elina Gianoli Gainza fue la numeraria más importante de la organización: referente, líder, santa y heredera de una enorme fortuna. La menor de los cinco hermanos Gianoli Gainza, fue la única que pasó toda su vida en distintos centros del país cumpliendo con el “Plan de Vida” de La Obra. “Las personas son complejas, yo intenté mostrar todas esas caras, como autoridad, como persona, con su fe y vocación, su carisma y cercanía con los miembros que la conocieron –cuenta Bistagnino–. Pero también es una persona acusada de cometer delitos que le costaron el vínculo con su familia de sangre –el Opus Dei se vuelve la verdadera familia de sus miembros, que se alejan de su familia de sangre o biológica–. Elina, por momentos, puede parecer una victimaria y otros una víctima de eso mismo. Porque, finalmente, ella dejó su vida ahí adentro”. La periodista reconstruye su historia a partir de testimonios de aquellos que convivieron con Elina en los distintos centros: “Donde la mayoría era milicia, Elina era familia”, cita en su libro a una exnumeraria. “Evidentemente, ella les servía por muchas razones: era muy simpática, tenía un gran carisma que le permite atraer gente, era una lideresa, ¿no?”, aunque aclara que esta palabra les parecería “horrible” a la organización ultraconservadora.

Posterior a la publicación del libro hubo un “giro de guion”, debido a una revocatoria sobre el testamento de María Luisa Gianola Gainza, hermana de Elina, declarada incapaz, de la cual era curadora legal, aunque la justicia uruguaya comprobó que el dinero fue maniobrado, mucho antes de dicha declaración. “Su último testamento, estimado en decenas de millones de dólares, que también podrían ser cientos, irá a las arcas de la Asociación Legal y Técnica de Montevideo. Solo con esto, la familia Gianoli Gainza sería la mayor benefactora del Opus Dei en el mundo, en toda su historia”. Son estas últimas palabras del libro de Bistagnino las que le valieron un comunicado en el que el Opus Dei la acusa de publicar información falsa, que “eligió no verificarla o, deliberadamente, omitirla”. De cara a futuras novedades la periodista promete será “incorporada en un epílogo por supuesto y voy a publicar artículos sobre la información nueva que aparezca” sobre esta causa judicial.

“Es una institución que funciona como una matriz en la que las personas ingresan y son manipuladas, sometidas –sosiene Bistagnino–. Y en ese sentido mi juicio apunta contra los comportamientos de esa institución y no de las personas. Hasta ahí llega mi trabajo, el periodismo. Después está la instancia judicial, de la que yo no formo parte”. Cuando en un artículo adelantó parte de esta investigación, el vicario regional del Opus Dei, Juan Lavallol, indicó que estaba obsesionada con La Obra: “No tengo ninguna obsesión con el trabajo: me gusta, me apasiona el periodismo, pero no tengo ningún tipo de obsesión con el Opus Dei. Sé que no es la única institución que tiene este tipo de prácticas. Es mi tema de investigación y nada más”. Para intentar quitarle seriedad a su trabajo le achacaron que dijera que “combate a la Iglesia igual que a la astrología”. “Es que cada vez que me preguntan de qué signo soy, yo digo que no me hablen de signos ni de Dios”, concluye Bistagnino.

Un fallo histórico contra la represión a la protesta

Un fallo histórico contra la represión a la protesta

Sep 26, 2024 | DDHH, Destacado 4, slider

La Corte ratificó el fallo que condena a Enrique Mathov y Rubén Santos por los asesinatos de los manifestantes del 19 y 20 de diciembre de 2001. Por primera vez irán presos responsables políticos de una represión. ¿Mensaje para Bullrich? Habla la viuda de una de las víctimas.

A casi 23 años de la represión policial del 19 y 20 de diciembre de 2001, la Corte Suprema de Justicia confirmó las condenas del entonces secretario de Seguridad Enríque Mathov y Rubén Santos, jefe de la Policía Federal, dos de los máximos responsables políticos de los asesinatos de manifestantes que reclamaron en las calles contra el gobierno de Fernando De la Rúa. Pocas horas después, ambos ex funcionarios quedaron detenidos en el Hospital Central Penitenciario de Ezeiza. ANCCOM habló con María Arena, la viuda de una de las víctimas, quien considera que ese fallo es histórico porque nunca antes hubo responsables políticos presos por reprimir la protesta social.

A más de ocho años de que la Justicia condenara en primera instancia a los responsables de la represión policial del 19 y 20 de diciembre de 2001, la Corte Suprema dejó firmes las sentencias. Esto significa que ambos funcionarios encontrados culpables cumplirán su pena tras las rejas, salvo que obtengan el beneficio del arresto domiciliario.

En medio del regreso de la represión de las protestas sociales, con las fuerzas de seguridad que golpean a jubilados y gasean a niñas de 10 años, el máximo tribunal del país mantuvo la pena de 4 años y 3 meses de prisión para el exsecretario de Seguridad Interior del gobierno de Fernando de la Rúa, Enríque Mathov; y del entonces jefe de la Policía Federal Argentina, Rubén Santos, a 3 años y 6 meses de cárcel. 

Las condenas fueron por los crímenes de tres de las personas que habían salido a las calles de la Ciudad de Buenos Aires para reclamar contra el gobierno de la Alianza, que horas después terminaría con la renuncia del entonces presidente y su salida en helicóptero de la Casa Rosada.

Aquellas víctimas de la brutal represión fueron Diego Lamagna, Carlos Almirón y Gastón Riva. Todos ellos, con diferentes orígenes e historias de vida, salieron de sus casas para protestar contra un gobierno que había agravado la crisis económica y social, que había comenzado en la década del 90 con el menemismo, y tenía al país atrapado en niveles de pobreza y desempleo altísimo.

A más de dos décadas, María Arena aún recuerda todo como si hubiese sido ayer. Ella estaba casada con Riva, uno de tantos jóvenes que vio las imágenes de la Policía avanzando contra los manifestantes y decidió acercarse a participar y, en un gesto de solidaridad, ayudar con su moto a quienes habían quedado envueltos en los gases lacrimógenos. Nunca volvió a su casa. Lo que llegó después fue hacerse cargo de tres hijos que habían perdido a su padre, y también motorizar una lucha en calles y tribunales para que la muerte de su compañero no quedara impune. Tanto tiempo después, la condena de Mathov y Santos demuestra que aquel derrotero no fue en vano.

“Cuando pusieron la fecha para el juicio yo creía que nunca iban a ir presos. Sobre todo que hace cuatro años fue la condena”, sostiene la mujer en relación al fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, que en junio de 2020 había confirmado las sentencias emitidas por el Tribunal Oral Federal Nº 6. “Durante todos estos años vivimos distintas situaciones, incluso la resignación. Suena horrible, pero es que pasaron 23 años, mucho tiempo. Aún así, nunca perdimos la esperanza, pero no pensamos que de sopetón iba a llegar la decisión de la Corte, que estuvo todos estos años sin expedirse”, revela. La resolución del máximo tribunal no solo significa la confirmación definitiva de las penas para los responsables, sino también que ambos deberán cumplir sus sentencias tras las rejas, un hecho inédito para Argentina y la región, donde los funcionarios responsables de este tipo de hechos suelen salir impunes.

“Nunca pensé que iban a cumplir efectivamente las sentencias. Vamos a ver por cuánto tiempo, porque Mathov tiene edad para pedir prisión domiciliaria, pero lo cierto es que lo detuvieron y van a hacer lo mismo con Santos cuando regrese de España”, sostiene Arena, que es locutora y productora periodística. (N.d.R: al momento de la entrevista, el extitular de la Policía Federal ya se entregó y está detenido junto a Mathov en Ezeiza). “La sensación es un poco rara. En tantos años una va pensando, sufriendo, desilusionándose, teniendo esperanza, pasan tantas cosas. Igualmente, no deja de ser un día histórico, porque no existía condena a responsables de una represión en democracia”, apunta.

A pesar del alivio de que tras tantos años de lucha se haya llegado a una condena, a los familiares de las víctimas les queda una sensación agridulce, ya que la primera plana de la política -con el expresidente a la cabeza- salieron indemnes por la letal represión de diciembre de 2001. “Lamentablemente, nunca se llevó a juicio a Fernando de la Rúa. Se murió totalmente impune y esa es una espina que te queda, aunque yo creo que la condena social es fundamental y no creo que haya mucha gente que pueda defenderlo”, asegura. Pasaron más de dos décadas pero Arena tiene la memoria intacta. “Aun así, no me olvido de algunos radicales que en su momento firmaron una solicitada en el diario La Nación defendiendo a Mathov”.

Atención Bullrich

Un detalle del fallo de la Corte es que llegó en un momento en el que la represión policial volvió a ser una tendencia de las últimas manifestaciones populares. Docentes, jubilados, movimientos sociales e, incluso, hasta niñas de 10 años han sido víctimas de la acción de las fuerzas de seguridad lideradas por la ministra Patricia Bullrich, otrora integrante del gabinete de la Alianza a principios de este siglo. “La historia es cíclica. Sobre todo si el Poder Judicial tarda 23 años en poner preso a un tipo que mandó a matar gente. Inclusive, todavía hay juicios a los genocidas de la última dictadura habiendo pasado ya 40 años”, reflexiona Arena. “La Justicia favorece a que estas cosas vuelvan a suceder, junto al delicado trabajo de los medios de comunicación, que van tapando y olvidando”, agrega. “Cuando vos le das carta blanca a un gobierno, la utilizan y es lo que están haciendo. En realidad, la mitad de un pueblo le dijo ‘sí, toma, acá tenés el sillón de Rivadavia, sentate y goberná’ a un hombre que está totalmente desquiciado y siempre lo demostró. Una locura”, analiza.

En medio del clima de inestabilidad del gobierno de La Libertad Avanza, la Corte -que suele hacer uso de los tiempos para publicar sus resoluciones- confirmó un fallo que podría ser interpretado como un mensaje para la Casa Rosada. “Yo no sé que pensar”, reconoce Arena. “A veces pienso: ¿será un aviso de que no se puede hacer cualquier cosa? Después digo ‘no, es la Corte. Son estos jueces que conocemos bien’. Me parece que sí fue una jugada política, pero no sé a qué quisieron jugar”, dice.

El otro hecho llamativo fue que tan rápidamente se procediera a la detención de los dos funcionarios condenados, algo que generalmente suele demorar, ya sea por inacción de las autoridades o por falta de cooperación por parte de los propios condenados. “Me resorprendió, Mi abogado ya me había preparado para que espere que se resistan. Pero bueno, insisto en que no sé cuánto tiempo estará detenido”, advierte. “La foto de él (por Mathov) entrando con el bolsito a entregarse es realmente muy significativa”, reconoce. “Tantas veces pensé que estábamos perdiendo tanto tiempo de nuestras vidas y se lo quitaba a mis hijos para seguir con esto, para buscar justicia. Este es el momento en el que me doy cuenta de que todo eso no fue en vano”, dice Arena. Y se despide.

«Es fundamental que nos vean como sujetos de derechos y no como objetos de desecho»

«Es fundamental que nos vean como sujetos de derechos y no como objetos de desecho»

Sep 26, 2024 | Comunidad, Destacado 4

El veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria y la represión a quienes se manifestaron en contra pone en agenda un tema que espera solución hace por lo menos una década. El 64 por ciento de los adultos mayores cobra el haber mínimo y junto a los niños son quienes más personas aportan al 52,9% de pobres que acaba de anunciar el INDEC.

En los últimos diez años, cada gestión gubernamental que asumió implementó reformas previsionales, pero todas resultaron insuficientes en un contexto de crisis económica. Tanto los proyectos que se decían inclinados a la justicia social como aquellos que priorizan el equilibrio fiscal no lograron evitar que en la actualidad más de cinco millones de jubilados y pensionados se encuentren debajo de la línea de pobreza.

En 2005, el gobierno de Néstor Kirchner habilitó el proceso de moratoria que permitió que ingresaran al sistema jubilatorio más de 2,5 millones de personas que no alcanzaron los 30 años de aportes por trabajar en la informalidad o porque sus empleadores retuvieron pero no realizaron los aportes previsionales que ordena la ley. En 2008, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner eliminó el sistema de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) y estatizó todas las jubilaciones, y en 2014 impulsó una nueva moratoria, que expandió la cobertura previsional al 95% de las personas en edad de jubilarse.

En el año 2008, durante el gobierno de CFK se sancionó la ley de movilidad jubilatoria que establecía una actualización de los haberes dos veces al año, con una fórmula que combinaba la evolución de los salarios con la recaudación impositiva. A partir del 2014, la inflación se aceleró y comenzó a afectar negativamente los haberes más bajos.

En diciembre del 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri se sancionó la reforma previsional que actualizaba los haberes trimestralmente contemplando el 70% de la inflación y el 30% la variación de los salarios. Federico Zirulnik, economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), afirmó en diálogo con ANCCOM que “gran parte de la caída del poder adquisitivo de los jubilados se debió a este cambio de fórmula jubilatoria, porque al momento de aplicarla omitieron un trimestre”. A lo largo del mandato macrista, la inflación acumuló un 300% y las jubilaciones perdieron el 20% de su capacidad de compra.

Raquel Márquez, miembro del Concejo Superior de la Confederación General de Jubilados, Pensionados, Retirados y Adultos Mayores del país manifestó: “El gobierno de Macri comenzó la debacle. Enterró las conquistas previsionales y de seguridad social impulsadas por los Kirchner”. Entre exigencias del FMI y el intento de disminuir el déficit fiscal, se redujeron las prestaciones de salud del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), se eliminaron medicamentos de la cobertura total del PAMI, se recortaron subsidios a los servicios públicos y a los centros de jubilados, se quitaron los programas que permitían acceder a descuentos en alimentos y comercios y redujeron el presupuesto para las residencias geriátricas.

Márquez recordó: “Cuando Alberto Fernández asumió, dijo que si debía elegir entre los bancos y los jubilados optaría por estos últimos. Lamentablemente no pudo cumplir con las metas que pretendía”. Cuando llegó al poder, Fernández suspendió la fórmula de movilidad de Macri y otorgó aumentos discrecionales hasta marzo del 2021, cuando comenzó a regir el nuevo cálculo de haberes con actualización trimestral que sumaba el 50% de la recaudación tributaria de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el 50% de la variación salarial. Las jubilaciones mínimas fueron complementadas con bonos extraordinarios en un intento de reducir el impacto de la inflación, y su caída real fue de 0,4%, mientras que los haberes más altos sufrieron una caída del poder adquisitivo hasta del 35%.

 La canasta básica de un adulto mayor ronda los 800.000 pesos y los haberes mínimos apenas alcanzan para cubrir la canasta básica de un adulto, valuada en 300.000, la cual no contempla la alimentación específica del grupo etario, ni los gastos médicos.

Actualmente la canasta básica de un adulto mayor ronda los 800.000 pesos y los haberes mínimos apenas alcanzan para cubrir la canasta básica de un adulto, valuada en 300.000, la cual no contempla la alimentación específica del grupo etario, ni los gastos médicos. Según la Defensoría de la Tercera Edad, más de cinco millones de jubilados son pobres y más del 64% de los adultos mayores perciben el haber mínimo. Mónica Gómez, jubilada, dijo: “Es una vergüenza, no sé quién puede vivir con tan poca plata. Hay cierta edad donde te volvés invisible y los jubilados siempre somos los últimos, cobramos una miseria. Gano la jubilación mínima y más o menos me arreglo porque no alquilo y mis hijos me ayudan con los gastos, pero hay mucha gente sola o con familias que están peor que ellos”.

En marzo de este año el presidente Javier Milei estableció a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) la actualización mensual de los haberes en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC). El pasado 11 de septiembre se aprobó el veto del jefe de Estado a la Ley de Movilidad Jubilatoria, y rechazó agregar al cálculo vigente un aumento del 8,1% y un mínimo superior al valor de la Canasta Básica Total (CBT) de un adulto multiplicada por 1,09. A su vez, el gobierno confirmó que el bono extraordinario quedará congelado en $70.000 hasta nuevo aviso. Márquez sostuvo: “El veto hizo que no se nos otorgaran 17.000 miserables pesos que no nos alcanza ni para pagar un medicamento. Es criminal. Hablo de genocidio social porque nos están desapareciendo a través de la eliminación de remedios y el aumento de los alimentos de tal manera que la gente no pueda afrontar lo que tiene que comer con lo que gana”.

Zirulnik afirmó que el problema del modelo vigente es que congeló los haberes en términos reales en el piso de los últimos 10 años. También destacó que el gobierno podría haber optado por otras medidas para preservar el equilibrio fiscal, por ejemplo, aumentar el Impuesto de Bienes Personales en lugar de ajustar a jubilados y recortar programas sociales destinados a aliviar su carga económica.

La combinación de inflación crónica, un alto nivel de informalidad laboral, políticas de ajuste fiscal y la ineficacia de las fórmulas de movilidad jubilatoria hacen que la pobreza, que afecta a las personas de la tercera edad que perciben los haberes mínimos e intermedios, sea estructural.

Márquez enfatizó la necesidad de modificar la percepción sobre los jubilados: “Es fundamental que se nos vea como sujetos de derechos y no como objetos de desecho. Hay que poner a las personas de la tercera edad en el lugar del trabajador, no como un viejito meado que está por morirse.Un jubilado es una persona, con todos los derechos a la dignidad en la vida”. Concluyó refiriéndose a las medidas implementadas por el gobierno de Milei: “Pretenden que perdamos todo tipo de confort mínimo. Este tipo de políticas nos destrata, nos maltrata, nos margina, y nos excluye cuando todos somos seres humanos que estamos acá para aportar a la vida. La jubilación no es un gasto, es una inversión social”.

Una decena de proyectos de ley busca regular las apuestas deportivas online

Una decena de proyectos de ley busca regular las apuestas deportivas online

Sep 26, 2024 | Comunidad, Destacado 4

El problema de la ludopatía se incrementó exponencialmente con las nuevas tecnologías. ¿Podrán los legisladores ponerle freno? ¿Quiénes están detrás de estas poderosas empresas?

De un momento a otro, las plataformas que ofrecen la posibilidad de apostar dinero en diferentes eventos deportivos se multiplicaron de manera exponencial. Ante los riesgos que conllevan, el Congreso busca ponerle un freno con una veintena de iniciativas de todo el arco político.

El bombardeo es constante. Solo basta que cualquier persona encienda la TV, la tablet o su teléfono celular -en una época donde los consumos se diversificaron- para acompañar a su equipo predilecto en una fecha del torneo local o en un encuentro de un certamen internacional. Cuando un hincha se dispone a ver el partido de fútbol de su cuadro o de la Selección nacional tiene frente a sí una avalancha de anuncios de casas de apuestas deportivas. Las publicidades, los carteles estáticos en el propio estadio, los PNT de los comentaristas de la transmisión, los banners en medio del partido, las publicaciones en redes sociales. Los avisos con la cara del arquero de la Selección. Incluso, los anuncios en las camisetas de los clubes o el nombre del torneo que se está disputando. Todo está impregnado de las casas de apuestas deportivas online.

Estos negocios que nacieron en Europa y aterrizaron en el país en la pospandemia coparon el escenario bajo la promesa de diversión y dinero fácil, con el aval de estrellas del deporte y el espectáculo a los que patrocinan. Sin embargo, por detrás de esa fachada esconden una alarmante falta de límites para el ingreso y el riesgo de perderlo todo para muchas familias. La posibilidad de acceder es casi tan simple como la de perder dinero en un instante. No existen muchas barreras para jugar de manera online, ya que se puede ingresar dinero fácilmente desde cuentas bancarias o billeteras virtuales con solo hacer un click. Justamente, esta última opción es una de las causas de la otra cara de la moneda: la creciente cantidad de menores de edad que acceden a los sitios de apuestas y endeudan a sus padres. 

Por eso es que el Congreso puso el foco en su regulación. Tal es así, que actualmente hay más de una decena de proyectos de legisladores de todo el espectro político, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, que buscan marcar límites a un negocio que nació de un día para el otro y se transformó en una bola de nieve difícil de frenar.

Un negocio redondo

Las apuestas deportivas online aterrizaron en Argentina entre finales de 2020 y principios de 2021. En ese momento, el país salía de a poco de la larga cuarentena por la pandemia de coronavirus y el fútbol volvía a las canchas. El gobernador bonaerense Axel Kicillof, entonces, retomó una licitación que había impulsado su antecesora, la macrista María Eugenia Vidal, y le adjudicó el negocio a siete licenciatarios antes de que terminara el año en que el aislamiento preventivo fue moneda corriente. Por su parte, el entonces jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, hizo lo propio casi al unísono.

De esta forma, siguieron los pasos de otras provincias como Chaco, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe, San Luis y Tucumán, que ya habían habilitado este negocio. “Las necesidades financieras de la Ciudad y la Provincia aceleraron la puesta en funcionamiento del online, en medio de una despreocupación general por el tema de la ludopatía”, había cuestionado en su momento el defensor del pueblo adjunto de Buenos Aires y experto en la materia, Walter Martello, en declaraciones al portal ElDiarioAR.

Con la luz verde por parte de las autoridades, el universo de las apuestas deportivas online se disparó. Está presente en la camiseta de varios de los equipos que compiten en la Liga Profesional de Fútbol -cuyo nombre comercial es el de una casa de apuestas-, con River y Boca a la cabeza y los casos de Newell’s, Rosario Central y Racing, entre otros. Incluso, hasta la Selección campeona del mundo y bicampeona de América tiene una empresa del rubro como main sponsor.

¿Quiénes están detrás de estas compañías? La gran mayoría son firmas extranjeras -muchas radicadas en paraísos fiscales como Malta- que se asociaron con las que ya llevan años trabajando en el mundo de los casinos a nivel nacional. Betsson, que es sponsor de Boca y Racing, es una sociedad entre la firma del mismo nombre y Casino de la Victoria, perteneciente al expresidente del club de la ribera y dirigente radical, Daniel Angelici, junto a su socio Daniel Mautone.

Betwarrior, patrocinador de la Selección nacional, pertenece a DAGMA, la firma del titular del Hipódromo de Palermo y el Casino Flotante, Federico Miguel de Achával -padre del homónimo intendente de Pilar-; Inverclub, compañía del “Zar del Juego” Ricardo Oscar Benedicto; y la española Nortia, de la familia Lao Hernández, presente en los Panamá Papers.

Codere, que abona doce millones de dólares al año para estar en el pecho de la camiseta de River, es de la empresa española homónima, que tiene en su poder la mayoría de los bingos de la provincia de Buenos Aires. En tanto que Betano, que posee el “naming” del torneo de primera división del fútbol argentino, es propiedad de un grupo griego registrado como Insipia LTD y está asociada a Atlántica de Juegos S.A., operadora del Casino de Chivilcoy y propiedad del mencionado Mautone, socio de Angelici.

El panorama de Argentina no es un caso aislado a nivel regional o mundial. La publicidad de apuestas online acompaña a varios equipos y seleccionados de Sudamérica como Ecuador, Colombia, entre otros. La misma situación ocurre en Europa, donde estas industrias patrocinan a más de una decena de clubes en Italia, España e Inglaterra, por citar solo algunos casos.

El caso británico es paradigmático, ya que en su momento casi la totalidad de los conjuntos que compiten en la Premier League -uno de los certámenes más prestigiosos del fútbol mundial- contaba con patrocinadores de casinos online de dudoso origen. Por eso mismo, la propia competencia anunció que a partir de la temporada 2025/2026 quedará terminantemente prohibido llevar a esas empresas en el pecho de la camiseta. Un caso testigo que el Congreso de la Nación busca replicar.

“Cada celular es un casino”

El diputado nacional santafesino Eduardo Toniolli, del bloque de Unión por la Patria, es uno de los legisladores que impulsa un proyecto de ley para limitar la publicidad de apuestas deportivas online en los partidos de fútbol y en las competencias deportivas que se transmiten en vivo.

El expediente, que lleva la firma de otros 27 integrantes del bloque opositor en la Cámara Baja, establece no solo la prohibición de publicidad en TV, Internet y redes sociales, sino que también elimina su aparición en estadios, vallas publicitarias y camisetas de los clubes de fútbol.

Por otra parte, también prohíbe la “promoción y el patrocinio de pronósticos deportivos” así como los famosos “bonos de bienvenida”, una suma de dinero de regalo para apostar que muchas veces terminan siendo el anzuelo para los apostadores.

“Nosotros presentamos una iniciativa a partir del laburo que veníamos haciendo en la materia de legislación comparada, para analizar de qué manera podíamos abordar el tema que aparecía en comentarios, en referencias cotidianas que teníamos en las visitas a distintas instituciones educativas, deportivas, juveniles, de nuestra ciudad y nuestra provincia, de Rosario y de Santa Fe”, explica Toniolli a ANCCOM. “Siempre aparecía el juego online como una preocupación en todas estas instituciones en la referencia de padres, madres, docentes, alumnos, jóvenes en general en relación a que, sobre todo después de la pandemia, hubo una especie de explosión de la actividad”, agrega el diputado.

“Creemos que lo que le ha dado mayor potencia y penetración a estas plataformas es sin duda la transmisión masiva de eventos deportivos, en particular de fútbol, por lo que representa para los argentinos, por la masividad que tiene. También están la publicidad, las redes sociales y los influencers, pero ninguna alcanza la dimensión que tiene la batería de publicidades que se da por las transmisiones deportivas”, insiste. El proyecto, presentado en el inicio del año legislativo, actualmente está en el plenario de comisiones de Adicciones, Infancia y Familia y Salud y se estima que en breve podría obtener dictamen en ese ámbito para ser tratado en el recinto.

“El corazón del planteo es buscar la normativa que limite la publicidad masiva de este tipo de plataformas de apuestas. Hay un fenómeno que se viene dando que produce la conjunción, por un lado, de la aparición de las billeteras virtuales y por el otro, de estas plataformas que de alguna manera hacen que los límites infranqueables que existían hasta ahora con el juego ya no lo sean”, sostiene. “Una persona menor de edad no puede entrar a un casino físico o apostar en una casa de lotería, pero esos obstáculos hoy son fácilmente superables a través de estas plataformas. En ese marco, nosotros entendemos que la publicidad masiva es quizás la herramienta más potente que tiene esta plataforma para convertir cada celular en un casino”, resalta. En ese sentido, la intención es seguir un camino similar al que se transitó con la prohibición de la publicidad de cigarrillos y productos de tabaco amparado en razones sanitarias para combatir lo que se conoce como ludopatía. Es decir, la adicción al juego.

“La pandemia catalizó de alguna manera la digitalización de gran parte de nuestra vida cotidiana, un montón de trámites, etc. Por otra parte también hizo muy fuerte en una situación crítica a nivel económico que no es nueva, cierta cultura del éxito fácil, de que la realización personal puede estar a la vuelta de la esquina a través de un click, en un escenario crítico. Ahí aparece algo muy disponible, muy a la mano del conjunto de la población que son estas plataformas. La conjunción de factores ha hecho que esto explotara”, opina Toniolli.

Y esa explosión tuvo un efecto colateral, que es la cantidad de menores que acceden a apostar de manera online. Incluso, en muchos casos, con el dinero de sus padres, que de repente descubren que están endeudados.

“Toda la legislación vigente hasta la aparición de estas plataformas virtuales intentó separar el acceso al dinero, dinero físico en este caso, de la cercanía a los casinos. Se prohibió que haya cajeros dentro de los casinos, como había en algún momento, incluso en las afueras de los mismos. Para precisamente dar algún grado de distancia del retiro de dinero, físico en este caso, y la posibilidad de apostar”, detalla el legislador. “Todo eso ha sido básicamente un retroceso enorme, al producto de que al alcance de un click está la posibilidad de contar con recursos líquidos, especialmente con la casa de apuestas”, cuestiona.

Por lo pronto, la intención es que este año se termine con una ley que prohíba la publicidad masiva del juego online en todo el país. Por la cantidad de proyectos que hay en el mismo sentido, existe cierto optimismo en que podría suceder.

“Nosotros estamos dispuestos a negociar todo lo que haya que negociar, salvo esta idea de la limitación o prohibición de la publicidad masiva, porque entendemos que es el corazón de la iniciativa que queremos construir. Digo esto porque aparece muy fuerte un discurso distinto a este que es el de incluso algunos legisladores y sectores de la comunicación que pretenden instalar que el problema es exclusivamente el de las casas de apuestas ilegales”, advierte Toniolli. “Por supuesto que eso es un agravante, porque estamos hablando de empresas que no aportan, pero entendemos que tras las apuestas legales e ilegales el problema de la ludopatía sigue existiendo”, agrega.

No obstante, el legislador del peronismo cree que se podrá llegar a un acuerdo con las otras fuerzas políticas: “Entiendo que podríamos estar cerca en algunos puntos concretos y llegar a un acuerdo. Veremos que pasa en las próximas semanas”, cierra.

En la Argentina, el 44 por ciento de los jóvenes entre 15 y 29 años realizó, al menos una vez, una apuesta online.

Sin grieta

Mientras en el Congreso prolifera la cantidad de proyectos para regular las apuestas deportivas online, en los últimos meses se desarrolló la campaña Apostar no es un juego, que incluye una iniciativa para ser debatida en el ámbito legislativo y la combina con un estudio que indaga en las causas y consecuencias de una problemática creciente como la ludopatía juvenil.

Martín Romeo es quien está a cargo de la investigación, que tiene una fuerte presencia en redes sociales, donde se comparte el testimonio de muchos de los jóvenes que atravesaron esta situación.

Puntualmente, entre marzo y julio se realizó una encuesta con más de 9.000 respuestas espontáneas de jóvenes de entre 15 y 29 años desde las 24 provincias y 360 localidades ubicadas a lo largo y ancho del país. Algunos datos derivados de las respuestas son alarmantes: el 44% de los encuestados alguna vez hizo una apuesta deportiva, mientras que el 80% tienen amigos que invierten dinero en estas plataformas online. Por otra parte, se estima que los menores involucrados en esta problemática apuestan dos de cada tres pesos que reciben de sus padres.

“El propósito de la investigación es construir una evidencia empírica que permita, por un lado, visibilizar el problema con mayor precisión, porque Argentina no tiene estadísticas oficiales respecto a este consumo problemático de apuestas en línea. En Argentina, se estima que 7 de cada 100 personas tienen algún trastorno ligado a las apuestas, eso en el universo de adolescentes y jóvenes es un problema mucho mayor”, explica el investigador, en diálogo con ANCCOM.

“No es un fenómeno exclusivamente argentino, hay un problema de incidencia. Es decir, que la problemática está muy extendida o está más extendida dentro del universo juvenil. Los pibes desarrollan más rápidamente ese consumo problemático, no porque se quieran autoflagelar, sino por el masivo acceso que tienen a la tecnología”, agrega.

“También hay un clima de época e intercultural de querer soluciones rápidas, de tener poca paciencia para conseguir determinados objetivos o logros, que en muchos casos lleva a adolescentes a querer, por la vía de las apuestas, resolver a veces algunas carencias”, sostiene Romeo, que es profesor adjunto de la materia Técnicas de Investigación en Opinión Pública en la Facultad de Ciencias Sociales (FSOC) de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Una de las conclusiones de las personas entrevistadas para la investigación pone en tela de juicio la constante publicidad sobre apuestas deportivas y el rol de algunos comunicadores, conocidos popularmente como influencers, que las publicitan sin prestar atención a los riesgos que pueden ocasionar.

“Hay montón de testimonios reales de pibes y pibas que se quejan de la agresividad que tienen las publicidades y, sobre todo, de los influenciadores, o líderes de opinión, que invitan a apostar sin advertir de los riesgos, sin prestar atención a las edades”, resalta el docente. “La publicidad es extremadamente agresiva, está apoyada sobre personas famosas o personas públicas que son, de alguna manera, reconocidas por los pibes y que ven en ellos un camino a seguir. Hay muchos que terminan apostando porque dicen ‘como lo recomienda tal, no puede ser malo, porque él no recomendaría algo malo’”, analiza.

“En un partido de fútbol tenés un tsunami de incentivos a apostar. Por ejemplo, mientras el VAR  está revisando una jugada, te aparece una opción de apuesta de si va a ser penal o no y se desvirtúa”, agrega. “La ludopatía no es un problema actual. Siempre existió y antes la gente jugaba en los casinos, o apostaba en las carreras de caballos. La novedad de esto es la disponibilidad de poder apostar durante las 24 horas. Antes si querías ir a un casino, cuando llegabas a la puerta había alguien que te pedía el documento y miraba si eras mayor de edad. Por otra parte, en un momento el casino cierra. Eso hoy no pasa”, sostiene.

El trabajo de investigación que lidera Romeo va de la mano con un proyecto de ley de la diputada nacional bonaerense Constanza Alonso, de Unión por la Patria, que también busca ponerle un límite a la publicidad de las apuestas deportivas con la evidencia de las encuestas y del documento definitivo, que verá la luz el próximo mes. “Hay un montón de proyectos presentados que son con mayor o menor agresividad contra la publicidad, inclusive contra los sitios legales. La verdad es que esto atravesó prácticamente todo el arco político. Así como en muchos temas hay grandes diferencias, acá no hay grieta”, asegura Romeo. “Hay un consenso general de que algo hay que hacer con este tema. Existen legislaciones anteriores que son un faro, como lo que sucedió hace muchos años con las leyes antitabaco, que en definitiva está a la vista que los resultados en el largo plazo fueron positivos”, sostiene.

“Es una batalla difícil porque del otro lado hay empresas muy grandes, con muchísimo dinero. Lo importante es que no hay forma de resolver un problema si primero uno no lo reconoce, y por suerte está arriba de la mesa. Ahora habrá que trabajar en las soluciones, que seguramente siempre van a ser parciales y habrá que ir ajustando las legislaciones para ir cada vez encapsulándolos más y restringiéndolos, porque en definitiva el daño es bastante grande, y no es un tema menor”, concluye.

«La realización de películas argentinas tiende a cero»

«La realización de películas argentinas tiende a cero»

Sep 26, 2024 | Destacado 4, Trabajo

Cae el empleo en la industria cinematográfica actual a partir de las nuevas políticas que redujeron el financiamiento a las producciones audiovisuales.

Como consecuencia del desfinanciamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y de la crisis económica que atraviesa el país, la producción cinematográfica nacional descendió a niveles mínimos y miles de puestos de trabajo corren peligro. La actividad entró en un tobogán luego de la resolución 16/2024 del organismo, emitida el mes de marzo, que congeló la asignación de financiamiento a proyectos audiovisuales, y tras el decreto 662/2024 del 27 de julio, que reglamentó que cada proyecto debe contar, como mínimo, con un cincuenta por ciento de financiamiento propio para recibir algún incentivo económico.

“La realización de películas argentinas tiende a cero en un sentido cuantitativo. Nosotros, los distribuidores, lo notamos porque si no hay largometrajes no tenemos trabajo”, remarca Manuel García, presidente de la Cámara Argentina de Distribuidores Independientes de Cine. En consecuencia, resalta que “es un impacto progresivo si comparamos el año anterior con este, en donde la cantidad de obras se reduce. Si no hay una política cultural activa, el 90% del cine nacional no va a tener posibilidades de hacerse”.

Desde su rol, destaca que los estrenos que se están dando este año son producciones que se realizaron durante la gestión anterior. Más allá de películas financiadas por plataformas de streaming internacionales, en este momento “no se está filmando nada”.

Así lo percibe Ramsés Tuzzio, director de Orégano: La Familia Fracaso, película independiente recientemente estrenada en el Cine Gamount: “Se producen muchas menos películas a nivel comercial y estas deben buscar otras alternativas para financiarse”.

Esta caída deja sus efectos en el mercado laboral del sector. Según Tuzzio, “el trabajo y las producciones cayeron mucho. Varios perdieron su trabajo o directamente no consiguen empleo exclusivamente en producciones audiovisuales, teniendo que mutar a otros rubros”.

Un informe del INCAA publicado en septiembre del 2023, anotició un crecimiento del 45% del trabajo registrado en la industria entre 2007 y 2022. Según el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina, el año pasado se registraron 28.565 puestos de trabajo y se realizaron 79 largometrajes de ficción. Este número de películas y empleos corren peligro y la oferta laboral ya se ve afectada.

Corina Safer trabaja como sonidista desde hace seis años en producciones audiovisuales y es su principal fuente de ingreso. Más allá de que subraya que la gran mayoría del empleo disponible es por relaciones y contactos, resalta que “del año pasado para atrás era un mercado laboral grande”.

Sin embargo, lamenta que hoy la situación “es un desastre: Hay una falta de trabajo angustiante, se vio disminuida la oferta de forma abrupta en unos pocos meses. Conozco gente grosa que está trabajando de Uber o de otras cosas por fuera del sector. Estamos todos en números rojos, hicieron mierda la industria». En ese sentido, señala que antes con sus ingresos vivía bien, dándose algún que otro gusto, pero que ahora tiene que ajustarse, restringiendo consumos por la falta de flujo de ingresos y de trabajo.

García detecta que la situación actual de la industria cinematográfica es similar a la que atravesó en la pandemia: “Hay mucha gente calificada con trayectoria en producción, técnica, actores y actrices sin trabajo. Todo eso está volviendo a pasar, pero ahora con la diferencia de que no hay un Estado presente que ayude y las políticas que se prometen a futuro no permiten pensar que esto pueda revertirse”, remarcó.

A su vez, la falta de trabajo y la ausencia de legislación laboral en el área afecta negativamente las condiciones laborales de los trabajadores. Julieta Muriel es asistente de producción de efectos visuales y destaca que, si bien en esta línea hay una buena oferta de trabajo, “es un mercado muy demandante y bastante precarizado. Es el único rubro que no tiene un sindicato. En otros hay un tarifario con el cual uno se puede regir, pero este no es el caso. Una regulación sería clave para mejorar las condiciones y el flujo de trabajo”, recalcó.

Asimismo, Safer cuenta que hay gente que se aprovecha de la crisis en el sector: “Por la necesidad que existe ahora, están acortando un montón los presupuestos y muchas veces se ofrecen salarios de hace dos años atrás. Por la necesidad de trabajo, la gente los agarra”.

Al mismo tiempo, también está siendo afectada la posibilidad de exhibición, luego de la desreglamentación de la cuota de pantalla nacional en cines comerciales. El Decreto 662/2024 también le otorgó únicamente al presidente de la institución, Carlos Pirovano, la facultad de fijar dicha cuota, aunque no especificó el mecanismo o criterio para hacerlo. Esto termina de generar un caldo de cultivo esquivo para la industria audiovisual nacional, atentando contra el financiamiento de las producciones independientes y limitando sus posibilidades de exhibición.

Según García, “no se produce y lo que está producido no tiene un impacto público. Las herramientas que tiene el cine argentino para ser exhibido las eliminaron. Es extraño porque se supone que esta era la gestión que se quejaba de que el cine argentino no tenía audiencia”. En esa línea, subrayó que la situación es una especie de profecía autocumplida por parte de la política cultural por parte del gobierno: “Decían que nuestro cine no tenía audiencia y hoy está mal financiado y está mal promovido. El cine argentino está siendo sometido a una muerte lenta”.