Con un festival, el domingo pasado la Comunidad Indígena Punta Querandí conmemoró un nuevo aniversario del inicio de la primera gran resistencia para salvaguardar de los proyectos inmobiliarios a los territorios sagrados y arqueológicos ubicado en el límite de Tigre y Escobar. Mirá las fotos de ANCCOM.
La transparente escena que trascendió de la “entrevista” de Jonatan Viale a Javier Milei, en pleno escándalo por la estafa a través de la criptomoneda $Libra, dispara un debate en torno al ejercicio del periodismo y la política de medios del gobierno libertario, un panorama que analizan los especialistas Diego de Charras, Martín Becerra y Sebastián Lacunza.
Un periodismo cada vez más subordinado a intereses económicos, un gobierno que avanza en el desguace de los medios estatales y una libertad de expresión cada vez más debilitada. En esta nota Diego de Charras, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y profesor de Derecho a la Comunicación; Sebastián Lacunza, periodista y exdirector de Buenos Aires Herald; y Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Información, investigador del CONICET y profesor en la UNQ y la UBA, analizan cómo la concentración mediática, la lógica de la rentabilidad inmediata y la retirada del Estado de la regulación de la comunicación configuran un escenario donde la información se convierte en una mercancía más. Un contexto en el que, como dejó en evidencia la grosera escena entre Jonatan Viale, Javier Milei y Santiago Caputo, lo presentado como una entrevista periodística puede ser, en realidad, un guión pactado.
En este contexto, la financiarización del periodismo refuerza una dinámica en la que la información queda supeditada a lógicas de poder. Lacunza afirma: «Estamos en un periodismo que, en buena medida, forma parte de sistemas de poder político y económico, por lo que pactar preguntas, respuestas y silencios es habitual, aunque no quiere decir que sea generalizado. Este caso reviste la gravedad y la excepcionalidad de que muy rara vez queda grabado el momento en que un presidente le dicta la pregunta a un entrevistador».
Según De Charras, el sistema mediático argentino se caracteriza por un altísimo nivel de concentración en la propiedad de los medios tradicionales, con algo más de diversificación en el streaming y en la producción de contenidos independientes en plataformas digitales. “En cuanto al contenido, se observa un proceso de polarización en el mundo periodístico, que ha perdido prácticamente toda pretensión de objetividad y se caracteriza por un posicionamiento cegado, muy marcado en un sentido u otro, con una alta predominancia de la línea editorial liberal o de derecha, en algunos casos de extrema derecha”, analiza De Charras.
El debate sobre la objetividad de los medios y la independencia se aclaró un poco durante la discusión sobre la Ley de Medios, según Lacunza. “Se polarizó el ejercicio del periodismo y tuvo consecuencias negativas, pero también generó un despertar social respecto a una mirada ingenua sobre el manejo de los medios -señala-. Se reconfirma que los medios están atravesados por intereses y pactos económicos y políticos, aunque esto no sea unívoco ni determinante”.
La fragmentación de las audiencias y su tendencia a consumir información que refuerce sus propias creencias es otro factor que explica la dinámica mediática actual. “Hay audiencias que no solo tienden a confirmar sus prejuicios, sino que también toleran tropelías y vandalismo de su propio sector político. El video de Viale y el fraude que activó Milei con su tweet no afectan al tercio de la población que tiene una decisión irrevocable”, agrega el exdirector del Herald.
Las consecuencias del escándalo están en pleno desarrollo. “Para Viale, representa un golpe a su credibilidad ante ciertos segmentos de la audiencia y del sistema político», explica Becerra. En cuanto a Milei, agrega: «Lo deja expuesto y desautorizado por su asesor Santiago Caputo, dando la imagen de alguien que no tiene plena autonomía en su discurso. Su investidura queda horadada en términos de capacidad y facultad de decisión propia».
La filtración del crudo también expone una dinámica propia del negocio de los medios en la actualidad: la urgencia por generar contenido de alto impacto para maximizar ingresos en plataformas digitales. «Mi hipótesis es que la urgencia por generar material de alto interés, como una entrevista con el presidente y poder monetizarlos, promovió un descuido editorial”, explica Becerra.
“Algunos espacios periodísticos han tenido ciertas esferas de autonomía, aunque la independencia periodística, para mí, nunca existió como tal. Hubo momentos en los que esa pretensión de autonomía fue mayor, mientras que en contextos como el actual se ve fuertemente recortada y subordinada a los negocios económicos, cada vez más atravesados por la lógica de la financiarización y su expectativa de rentabilidad inmediata. Esto impacta directamente en la información y la comunicación, tratándolas como si fueran una apuesta más en la timba económica», analiza.
Milei apuesta por las big tech, lo que ha generado tensiones con los medios tradicionales. “Su predominancia en su agenda provoca molestia en los medios tradicionales, ya que acompaña su narrativa sobre periodistas ensobrados. Milei los involucra en lo que él llama la casta y los responsabiliza del estado deteriorado del país”, señala Becerra.
Esta tensión se suma a un conflicto más amplio, donde los medios tradicionales, en su mayoría conglomerados económicos, buscan mantenerse en el poder. Becerra añade que “cuando América se alínea con el gobierno y replica la línea de contenido político y opinativo de LN+, el conflicto puede atenuarse por intereses económicos contingentes gracias a concesiones y favores del gobierno”.
“Si se observan los grandes trazos de Clarín, TN, Canal 13 y Radio Mitre, se puede ver que las secciones de mayor audiencia, las principales notas de opinión y la tapa de Clarín, muestran una adhesión al gobierno que varía desde la leve disidencia hasta la militancia exacerbada. Esto es insoslayable, a pesar de que puedan existir intereses contrapuestos y medidas del gobierno que desagraden a Clarín o afecten su rentabilidad”, argumenta Lacunza.
Desregulación de la información
Según De Charras, una de las características del gobierno de Milei ha sido favorecer la concentración de medios, la privatización y sobre todo el ataque a los medios públicos. “Hemos visto un ensañamiento con la agencia de noticias Télam, con Canal 7 y con Radio Nacional”, señala.
“Milei reconfirmó la política de retiro absoluto del Estado de la regulación de la comunicación y de la información, lo que obviamente profundiza el dominio de quien ya ocupaba una posición hegemónica y que había sido prácticamente liberado de todas las ataduras por el Ejecutivo de Mauricio Macri”, señala Lacunza.
Para Becerra, “el desguace de los medios estatales reduce el federalismo y la circulación de contenidos fuera de las grandes ciudades. Se impone una lógica de lucro que marginaliza funciones sociales de los medios, tanto estatales como comunitarios, afectando la producción de contenidos federales, la experimentación con nuevos formatos y el mantenimiento de expresiones culturales como la música folclórica o clásica.”
“Hay un proceso de ataque y desmerecimiento a la producción pública de información, dejando a una parte importante de la ciudadanía sin medios clave y sin una perspectiva fundamental para la diversidad informativa. Si bien la información no debe limitarse a los medios públicos, su ausencia vulnera esa diversidad. Cuando la producción informativa queda exclusivamente en manos de medios comerciales, se ve sesgada por la búsqueda de intereses y ganancias, lo que representa una pérdida significativa para la sociedad democrática”, denuncia De Charras.
En este contexto, el gobierno ha instalado su «batalla cultural» como una confrontación abierta en la que el periodismo, en un sentido amplio, se ha convertido en uno de sus blancos. “Esto ha determinado que se atacara prácticamente sin distinción a periodistas de líneas más o menos progresistas, de centro-derecha o de derecha, casi sin distingo. Y eso ha hecho que muchos periodistas o muchos líderes de opinión le hayan reclamado que ese tipo de agravios llegara incluso a los periodistas o a las periodistas que pensaban de un modo similar al del Presidente de la Nación”, explica De Charras. “La represión y la criminalización de periodistas, como ataques constantes incluso a oficialistas, es verdaderamente novedoso y afecta gravemente la libertad de expresión”, concluye Becerra.
Líderes mundiales se reunieron en Francia para discutir la regulación de la nueva tecnología. A su vez, cientos de intelectuales participaron de una contracumbre para advertir sobre los riesgos laborales y ambientales que conlleva.
Tras la finalización de la Cumbre de Acción sobre Inteligencia Artificial (IA) realizada en París el lunes y martes de la semana pasada, ANCCOM dialogó con el politólogo e investigador del Conicet, Emilio Taddei, quien se encontraba en Francia al momento de su realización. En simultáneo, trabajadores e intelectuales, entre los que se cuentan el filósofo Eric Sadin, desarrollaron una contracumbre para pensar el impacto social de la IA
¿Qué conclusiones podemos obtener de la cumbre? ¿Qué podemos esperar del desarrollo de esta tecnología en los próximos años? “En general, la conclusión que salió de la cumbre es la inversión en el sector militar como el corazón del desarrollo de la IA”, afirmó Taddei y continuó: “Esta es una expresión más del seguidismo que Europa viene haciendo a la política de Estados Unidos”.
Cumbre oficial
“La intención del presidente francés Emmanuel Macrón es ubicarse a la punta de la promoción de la IA en Europa”, aseguró Taddei que vio la realización de la cumbre como parte de una tendencia geopolítica vinculada con la llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos. El especialista también se refirió a la presencia de grandes empresas estadounidenses que fueron a París a hacer lobby. “El objetivo era presionar a favor de una desregulación creciente que permita un desarrollo no controlado de la IA”, señaló el investigador.
Una de las conclusiones de la cumbre es el lugar central que ocupa el complejo militar-industrial en el desarrollo de la IA. Para Taddei esto se explica, entre varias razones, por las políticas de seguridad estadounidenses que protegen al sector militar de posibles regulaciones. “En el campo de la política de defensa las cosas son menos claras y la intervención del Estado es más difusa”, explicó.
Otra de las razones tiene que ver con el interés económico de la industria armamentística y militar que comenzaron a incorporar esta tecnología en la producción de armamento. “En un periodo muy corto se está demostrando que el gran interés por la IA tiene que ver con el desarrollo de la industria y el complejo militar industrial de Estados Unidos”, aseguró el investigador.
Taddei advirtió que debido al rápido avance tecnológico, los sindicatos están muy atrasados a la hora de discutir condiciones de trabajo en el nuevo terreno.
Contracumbre
En simultáneo a la cumbre oficial, en el Palacio de la Concordia, a menos de un kilómetro de distancia, se realizó una contracumbre sobre IA con fuerte presencia sindical donde estuvo Taddei. Allí se discutió la necesidad de empezar a desarrollar estrategias para frenar el avance descontrolado de la IA y los potenciales conflictos que esta puede traer al mundo laboral, como puede ser una reducción de puestos de trabajo que serían reemplazados por la nueva tecnología. El investigador argentino, por su parte, advirtió que debido al rápido avance tecnológico, los sindicatos están muy atrasados para discutir condiciones de trabajo en este terreno.
Otro de los temas más discutidos en contrapunto con la cumbre oficial fue el anuncio de Macrón de un subsidio escalonado en los próximos diez años de 109 mil millones de euros destinado al desarrollo de inteligencia artificial en Francia. La paradoja es que esto ocurre al mismo tiempo que se producen recortes drásticos en gasto público en relación a la educación, la salud y la cultura: “La posibilidad efectiva de llevar adelante esa transferencia de recursos estatales va a depender mucho de la dinámica social en Francia”, afirmó Taddei que calificó al gobierno de Macrón como “políticamente débil”.
Conclusiones
La realización de la cumbre parece apuntar hacia el desarrollo de la inteligencia artificial a través de subsidios y desregulaciones, y un apoyo por parte del gobierno francés a las políticas norteamericanas. Debido a esto es posible esperar en los próximos años un avance aún más rápido de esta tecnología.
También se puede comenzar a predecir sus posibles efectos: la supresión de puestos de trabajo y el impacto ambiental debido al mayor gasto energético, fueron las problemáticas que más se mencionaron en el encuentro sindical que presenció Taddei. No se vieron como un problema lejano, propio de historias de ciencia ficción, sino como algo para lo que hay que prepararse en el corto plazo.
Ante esta situación, Taddei se manifestó sobre la falta de preparación para contrarrestar este fenómeno, y advirtió: “Será un desafío para los sindicatos pensar en maneras para que esta ofensiva pueda ser mitigada”.
Cientos de jubilados se manifestaron frente al Congreso Nacional y en distintos puntos del país para reclamar que vuelva la gratuidad de los medicamentos y un aumento en sus haberes. También juntaron firmas para proyectos legislativos.
“Hay que construir un gran frente que derrote a Milei y posibilite construir una relación diferente con esta vergüenza de Congreso de la Nación que permite que el presidente pueda gobernar por decreto como un déspota”, manifestó Hugo Godoy, el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-Autónoma), con micrófono en mano. Se dirigía a unos cuantos jubilados, un puñado de jóvenes, algunos diputados de la oposición y referentes de sindicatos como la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que estaban concentrados sobre la Avenida Entre Ríos, en la plaza que está frente al Congreso nacional. Quienes no habían sido invitados pero estuvieron presentes de todos modos, aunque sin escudos en alto, fueron los oficiales de la Policía Federal Argentina (PFA), que formaron una hilera humana para que los manifestantes no cortaran la calle. Otro grupo de oficiales hizo lo mismo en la puerta del Congreso.
El motivo de la concentración fue el “Jubilazo Federal”, que se hizo este jueves 13 de febrero por la tarde en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en diferentes provincias del país y cuya convocatoria estuvo a cargo de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y de la CTA-Autónoma. Consistió en reunir firmas de ciudadanos de a pie para pedir al Estado una vuelta atrás a la reciente política implementada por PAMI —la obra social estatal de los jubilados—, que redujo la cantidad de afiliados que pueden acceder a la cobertura del 100% de medicamentos como Aciclovir (antiviral), Benznidazol (antiparasitario), Ceftriaxona (antibiótico) y Clobetasol (corticoide), entre otros.
Si bien el beneficio se mantiene para los afiliados con ingresos menores a una jubilación mínima y media, que no tienen una prepaga, que no cuentan con más de una propiedad a su nombre y que no posee un auto de menos de 10 años de antigüedad, lo cierto es que para acceder a la cobertura del 100% de esos medicamentos deben realizar un trámite en el sitio web de PAMI o acercarse a una de sus sucursales con el DNI más una receta médica que indique el diagnóstico y solicitar un “subsidio por razones sociales”. Para eso, los jubilados deben tener acceso a una computadora e Internet o estar en condiciones físicas de trasladarse hasta una sede.
“Hay una enorme cantidad de jubilados y jubiladas que han interrumpido sus tratamientos de alto costo. Están poniendo a ancianos y ancianas al borde de la muerte”, dijo a ANCCOM Hugo Yasky, el secretario general de la CTA, mientras detrás de él se formaba una fila no muy larga de personas que se acercaban a una mesa para dejar su firma en una lista de reclamos. “Además, hay una barrera cultural —agregó Yasky—. No todos los adultos mayores están en condiciones de llenar un formulario a través de una computadora. Son todas trabas que van poniendo premeditadamente, porque saben que, de hecho, cada formulario es un filtro”.
En determinado momento tomó el micrófono Leopoldo Moreau, diputado nacional de Unión por la Patria (UP), y dijo que “el Gobierno de Miei tiene como enemigos a los adultos mayores no solamente porque han sido objeto de un brutal ajuste sino porque además el Gobierno considera a los adultos mayores como un segmento de la sociedad prescindible o que debe ser hundido en la pobreza estructural. Nosotros vamos a acompañar esta lucha. Ya hemos presentado más de un proyecto vinculado a la necesidad de una prórroga de la moratoria previsional”.
Ese reclamo fue otro de los motivos por los que la CTA y la CTA-Autónoma realizaron el “Jubilazo Federal”. Resulta que en 2023, bajo el Gobierno de Alberto Fernández, se sancionó la Ley 27.705 —titulada “Plan de Pago de Deuda Previsional”—, que permitía que las mujeres de 60 años y los hombres de 65 que no tenían realizados los 30 años de aportes requeridos para jubilarse lo pudieran hacer a través de la compra, a un precio determinado, de los aportes que les hacían falta para completar los años solicitados por el régimen previsional. Dicha ley tiene fecha de caducidad el 23 de marzo de 2025 y el Gobierno actual anticipó que no la extenderá. “Estamos pidiendo la prórroga de la moratoria para poder transitar un tiempo que nos permita establecer este sistema, porque Argentina es un país que estructuralmente tiene una gran cantidad de trabajadores que están en negro, que no van a acceder nunca a la jubilación si no hay moratoria y que son víctimas de una anomalía social”, comentó Yasky a esta agencia.
Después del 23 de marzo de este año, quienes no tengan cumplidos los 30 años de aportes ya no accederán al plan de pagos y solamente podrán solicitar una Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de una jubilación mínima y se va actualizando según la Ley de Movilidad. “La PUAM va a ser un problema porque va a tener niveles de indigencia —advirtió Yasky—. Es el 80% ahora, pero a medida que las cuentas no les cierren, la van a ir bajando. Como este Gobierno tiene como objetivo, además, privatizar el sistema jubilatorio, sabemos que los que cobren la PUAM van a formar parte de los primeros contingentes que van a quedar absolutamente a la intemperie. Hay que pelear para que el sistema sea justo y les reconozca el derecho a jubilarse a través de la moratoria”.
Mirta Romeo, una jubilada que asistió a la jornada convocada por las dos CTA, contó a esta agencia que ella no cobra la jubilación mínima sino una superior “pero eso no quiere decir que uno no esté presente para los demás”, aseguró. Por su parte, Luciano Quiroga, otro jubilado presente, dijo que “andan diciendo que la gente se jubila sin haber aportado nunca, pero en realidad el que no aportó fue el patrón”.
Con el testimonio de Silvia Amar, se reiniciaron las audiencias por la megacausa Mansión Seré IV y RIBA II que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención de la Zona Oeste del Gran Buenos Aires. La declaración complicó al imputado José Juan Zyska.
“Cuando bajamos de la camioneta esperamos el tiro. Nos dijeron ‘no miren para atrás y caminen’. Ahí fue el gran miedo: nos agarramos de la mano con mi compañera, empezamos a caminar despacio y dije ‘acá nos matan’. Cuando sentimos que la camioneta se alejaba empezamos a correr”, expresó Silvia Beatriz Amar, única testigo de la jornada, en la sesión testimonial de este martes 10 con la que se reanudó el proceso judicial de la megacausa Mansión Seré IV y RIBA II. Luego de un periodo feria judicial el proceso iniciado en agosto del año pasado avanza en la búsqueda por verdad y justicia en un contexto adverso para los Derechos Humanos.
El día de su secuestro, Amar llegó al comercio donde trabajaba con su compañero: una casa de copias en La Plata. Allí los encontró a él y a un cliente con las manos en alto contra la pared. A la fuerza, la ubicaron en la misma posición. Mientras un hombre vestido de civil la interrogaba, otros inspeccionaron el local buscando objetos de valor. A la pareja la subieron a una camioneta: “Fue un viaje eterno en el que fue violada una de mis compañeras por la persona que nos custodiaba atrás”, sostuvo Amar en torno al traslado desde su lugar de secuestro hacia el centro clandestino de detención. “Cuando entramos a la camioneta ya había dos personas, amigos nuestros. El recorrido duró cerca de una hora y media. Pararon a buscar a otro matrimonio y a un estudiante de Abogacía”, relata la víctima, que intentó escapar durante una de estas paradas, pero tras el intento fallido recibió un culatazo en la cabeza: fue así que tomó consciencia de la presencia de armas.
La testigo reconoció similitudes físicas entre el imputado Zyska y el hombre que la interrogó en su lugar de secuestro y que violó a su compañera en el traslado.
Un punto de gran importancia de la declaración ocurrió cuando la testigo reconoció similitudes físicas entre el imputado Zyska y el hombre que la interrogó en su lugar de secuestro y que violó a su compañera en el traslado. El tribunal recurrió a declaraciones previas en las que la Amar, a partir de un conjunto de fotografías, ratificó sus palabras: “Coinciden la cara poseada, el bigote y la tez morena”.
Aunque durante sus días de cautiverio Amar no debió padecer sesiones de torturas, sí fue testigo de los gritos de horror de otros detenidos: “Escuchábamos las voces de compañeros torturados”, subrayó. Recordó simulacros de fusilamientos y ruidos de aviones y trenes que llegaban a la habitación.
La testigo no dejó de destacar las consecuencias psicológicas y físicas que afrontó luego de su liberación. Hizo hincapié en el periodo en que le tocó esperar por su novio, quien siguió en cautiverio por un prolongado tiempo más: “La eterna espera para ver si aparecían nuestros compañeros. Nos decían ‘quedate tranquila que va a aparecer’ pero luego cambiaban a ‘lo vas encontrar en una zanja’. Siempre tuvimos la esperanza de que los íbamos a volver a ver”.
Al finalizar el testimonio, Martha Ibarra, referenta de la Asociación Civil Moreno por la Memoria y querellante de la causa, dialogó con ANCCOM sobre el desarrollo de la megacausa y adelantó que luego de 24 declaraciones quedan aún otras 10. Sostuvo que aunque el juicio estuviera previsto con un desarrollo de dos años son varios los motivos que prolongan la extensión, entre ellos, la alternancia de audiencias cada quince días o la prestación declaratoria de un único testimonio, sumados además entre ellos los testigos de concepto. Puntualizó además que “conocer la modalidad de cada audiencia con pocos días de antelación dificulta la organización y presencia de la juventud en la sala” sector que se siente que debe ser interpelado a concurrir y ser testigo de los avances de las causas.
Por otra parte, en torno al vaciamiento en las áreas destinadas a la defensa, construcción y conservación de Derechos Humanos, vapuleados en el último tiempo por el actual gobierno libertario, Ibarra declaró que “sin trabajadores no hay memoria y es justamente lo que el gobierno nacional está gestando”. Y agregó: “Que los juicios de lesa humanidad continúen aún con este gobierno que reivindica la dictadura y niega los 30.000 marca independencia del Poder Judicial. Pero lo que sí logró el gobierno de Milei es vaciar de trabajadores la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en vez de garantizar con los recursos la continuidad de las políticas públicas de memoria, verdad y justicia. Los Espacios de Memoria -referencia física que otorga mayor sustento a los testimonios de los sobrevivientes, materialidad y prueba de los crímenes allí perpetrados- también están siendo vaciados de trabajadores y recursos”.
De los cinco imputados de la causa, Juan Carlos Herrera, José Juan Zyska, Ernesto Rafael Lynch, Julio Cesar Leston y Juan Carlos Vazquez Sarmiento, este último no estuvo presente lo que dio lugar a que en el inicio de la jornada se realizara un cuarto intermedio para debatir acerca de su inasistencia. Un informe de la unidad penitenciaria de Ezeiza alega un estado de salud deteriorado física y psicológicamente, por lo que la Defensa solicitó la suspensión del juicio para el imputado. El pedido fue denegado por la jueza María Claudia Morgese Martin, aunque reevaluará la situación del imputado en el devenir de las próximas jornadas.
En diálogo con ANCCOM, el abogado también miembro de la Asociación Civil Moreno por la Memoria, Sebastián Taiariol, se refirió al nuevo intento del genocida y apropiador de bebés Vázquez Sarmiento de ser declarado inimputable: “Estimamos que no se encuentra acreditada la indisposición que argumenta su defensa”. Previamente accedieron a las autorizaciones concedidas al imputado durante el año pasado para realizar consultas clínicas y pericias psiquiátricas de las cuales “no surge diagnóstico concluyente sobre la imposibilidad física o psíquica para ser parte de este juicio”.
La siguiente audiencia de la causa se llevará a cabo el 21 de febrero a las 9 horas.
Mientras arden 20.000 hectáreas de Río Negro, Chubut y Neuquén, acusaron a tres brigadistas que voluntariamente apagaban las llamas. Represión a los vecinos que se manifestaban en su solidaridad.
Cuando apenas pudieron ser controlados los incendios en Puerto Madryn, Parque Nacional Nahuel Huapi y Lanín, ahora arde la Comarca Andina. El fuego ya arrasó con más de 20.000 hectáreas en la Patagonia. En Río Negro van 8.000 en Los Manzanos y 2.700 en Mallín Ahogado, mientras que en Chubut fueron 3.500 hectáreas en Epuyén y 3.200 en Atilio Viglione. En la provincia de Neuquén, se quemaron 3.700 hectáreas del Parque Lanín. El fuego en El Bolsón comenzó en la zona del Cajón del Azul, entre los lagos Puelo y Escondido, y ante la falta de recursos para sofocarlo se expandió en pocas horas abarcando 2.000 hectáreas, lo que puso en peligro al pueblo de Mallín Ahogado. Sin embargo, la pesadilla de los pobladores, que emprenden ellos mismos el combate contra el fuego, no termina con la pérdida de sus casas y su hábitat, por estas horas están siendo acusados de haber iniciado las llamas los mismos brigadistas que intentaban apagarlas, y los vecinos que salieron a solidarizarse con ellos fueron atacados por patotas parapoliciales. Hay dos mujeres que siguen detenidas, y a uno de los presos le dictaron prisión preventiva.
“Metieron presos a tres pibes que estaban colaborando para apagar el fuego y se los llevaron como supuestos responsables de los incendios de Mallín Ahogado”, dice Soraya Maicoño, referente mapuche de El Bolsón. “Realmente la situación está cada vez más caótica, la fiscalía no atiende a nadie. Se está usando esto como excusa para hablar de terrorismo y así militarizar la Comarca Andina. Acudió mucha gente afuera de la comisaría 12 de El Bolsón, pero apareció una patota de ‘gauchos’ armados con cuchillos y palos, la policía no hizo nada, urge armar una comisión de derechos humanos, de diferentes ciudades que puedan observar lo que está pasando. Lo digo como vecina, como mapuche y como madre”, agregó. “Sí decís que el fuego fue intencional ellos lo usan a favor, y entonces mandan a quemar más todavía, como ayer (por el martes 4) incendiaron tres lugares distintos”, informó. Maicoño, quien es además locutora y titiritera, se refiere a los recientes seis focos nuevos que se iniciaron en El Guadal.
Los detenidos fueron Nicolas Heredia, Tomás Anarella y Fabián Pazos, brigadistas autoconvocados, conocidos por todos en la Comarca Andina, que estaban ayudando a apagar el incendio. Ante lo que los vecinos consideraron que es una falsa acusación muchos de ellos fueron a la comisaría a reclamar por la libertad de los tres acusados. Sin embargo, en esa manifestación espontánea aparecieron hombres con vestimenta de gauchos a caballo que arremetieron contra estas personas y lastimaron a algunas, ante la mirada pasiva de los policías.
Anarella y Pazos ya recuperaron su libertad porque no había ninguna evidencia para justificar su detención, pero para Heredia el viernes 7 se llevó a cabo una audiencia por cargos. Fue la primera vez que el abogado Rubén Marigo, de la APDH, pudo ver la causa que investiga el delito de tentativa de incendio. “La situación es muy compleja, hay una verdadera cacería de brujas, a Heredia lo acusan de un delito excarcelable pero de manera muy extraña le dieron un mes de prisión preventiva”, dijo el letrado a ANCCOM sobre la causa que impulsan los fiscales Francisco Arrién y Martín Lozada, en el juzgado de Ricardo Ganduglia. Hay otras dos mujeres detenidas en esta misma causa, alojadas en la comisaría 27 de Bariloche. “Esto se convirtió en un caso político”, sentenció Marigo.
Garantías suspendidas
“La policía se negó a intervenir, cuando comenzaron los ataques directos, donde hirieron a una compañera y nos golpearon a muchas otras, buscamos refugio dentro de la comisaría, pero nos sacaron a patadas, insultos y palazos. Nos cerraron la puerta y nos dejaron a merced de la patota”, dijo Marianela Saavedra a esta agencia. “La policía suspendió todas nuestras garantías constitucionales para que nos hicieran lo que hicieron. Los vecinos lograron sacarnos de ahí, con la excusa de que querían linchar a los acusados de los incendios”, agregó.
Diversos testimonios vinculan a la patota con un terrateniente de la zona, el empresario británico Joe Lewis, que es quién cerró el acceso público al Lago Escondido, y a la Municipalidad de El Bolsón. Victor Hugo Araneda, quien encabeza a esta patota, trabaja en el 911 policial.
Toda esta tierra arrasada por el fuego coincide con que se agregó a la Ley Bases el Artículo 517, que deroga la Ley 27.604, que prohibía la venta o cambio de uso de suelo de superficies incendiadas durante 60 años para fines agropecuarios o inmobiliarios. Además, desde el pasado 30 de diciembre, mediante el decreto presidencial 1136/2024 que modificó la Ley de Ministerios, el Sistema Nacional de Manejo del Fuego pasó a estar a cargo del Ministerio de Seguridad, dirigido por Patricia Bullrich. Ahora el Plan Nacional de Manejo del Fuego se encuentra disminuido por presupuestos devaluados e insuficientes para afrontar la crisis climática. La asistencia del Estado se limitó a dos aviones hidrantes, un helicóptero y brigadistas con contrataciones temporales, lo cual provoca que los equipos de combate no puedan concentrarse en uno de los grandes focos sin desatender al resto. A modo de ejemplo, el plan de gestión ante incendios presentado por los vecinos nunca fue tratado en la Legislatura rionegrina, y para las 65.000 hectáreas que comprende la Comarca hay solamente seis guardias medioambientales.
En su libro El colapso ecológico ya llegó (Siglo XXI, 2020), Maristella Svampa y Enrique Viale afirmaron que “el negacionismo responde a una matriz ideológica ultraliberal y conservadora, que objeta el rol regulador del Estado. (…) Desde esta perspectiva, cualquier intervención reguladora del Estado supone un atentado contra la libertad de mercado y, por ende, contra la libertad individual. No es casual que los sectores ultraconservadores defensores del libre mercado vean en el ecologismo un renacimiento del socialismo por otros medios. Las demandas de los ecologistas, que exigen al Estado la instrumentación de políticas públicas destinadas a regular las emisiones de gases de efecto invernadero, son entendidas como una nueva trampa asociada al comunismo”.
Al gobierno de Javier Milei le calza perfecto esta definición. El Ejecutivo nacional Promueve discursos de odio y acusa de “zurdo hijo de puta” a todo aquel que considere necesario el uso de políticas públicas. El gobierno también busca crear constantemente un enemigo interno a quien acusar, para el común de la sociedad. Si no es la comunidad LGBT+, son los estudiantes universitarios, los científicos, los investigadores del CONICET, los jubilados o los pueblos indígenas. Todos señalados como el virus woke. Son el árbol que el gobierno usa para tapar lo que ocurre en el bosque.
