Un año de apuesta a la producción comunitaria

Un año de apuesta a la producción comunitaria

Los integrantes del Centro para el Desarrollo Productivo Papa Francisco, en el partido de Ituzaingó, cuentan cómo decidieron reunirse para trabajar y hacer frente a la crisis con un proyecto colectivo. El resultado: una cooperative textil, otra de reciclaje y una tercera de ceramistas.

“Adrián es el responsable textil, pero los jueves maneja el camión de La muchachita”, comenta Julián Aceituno, coordinador del Centro para el Desarrollo Productivo Papa Francisco, mientras fuma un cigarro sobre la calle Suboficial Perdomo del partido de Ituzaingó. Ahí, a pocas cuadras de la unión de la autopista Camino del Buen Ayre y Acceso Oeste, funcionan tres cooperativas: la de reciclado La Muchachita de Los Toldos, la Textil de Ituzaingó y la de cerámica Lesjade. Cada una con distintos oficios, distintos recorridos e historias, pero con un objetivo común: apostar al trabajo y a la producción como motor del crecimiento comunitario.

En el mes de junio el Centro para el desarrollo productivo Papa Francisco cumple un año de su inauguración. “Ante un contexto complejo de apertura de importaciones, este es un lugar de militancia y resistencia que sirve para demostrarle a la comunidad que estas formas de producir son viables y se pueden sostener en el tiempo», indica Aceituno. La pared que mira a la vereda exhibe un mural dedicado a la economía popular en tonos rojos y azules. Manos que trabajan telas, moldean vajillas y reciclan residuos envuelven una frase del sumo pontífice argentino que reza y resume lo que ocurre puertas adentro del polo productivo: «Desde las periferia olvidadas se crean soluciones dignas para los problemas acuciantes de los excluidos».

Después de un par de maniobras, el camión quedó estacionado de culata en la entrada del Centro: una construcción grande de ladrillos de hormigón y techos de chapa. Al ingresar por una puerta doble hoja color ladrillo y mirar hacia arriba se pueden ver los colores de la bandera argentina enrollados en la baranda del entrepiso donde funciona la cooperativa textil y, justo en la columna del medio, un cuadro blanco y negro de Evita recibe a todos con una sonrisa.  Contra el costado izquierdo, la escalera de madera por la que sube Adrían Mamami todos los días para trabajar. Ahí arriba se puede realizar de principio a fin el proceso de producción de una prenda de vestir. “El núcleo mínimo de trabajo es Adri y su familia. Cuando hay mayor demanda y aumenta el volumen de producción, se suma más gente”, indica Aceituno. En el fondo, la esposa de Adrián dobla buzos y los coloca en bolsas plásticas mientras su hijo, sentado en una máquina de coser, le da las últimas puntadas a un pantalón. “Ahora estamos produciendo uniformes para un colegio de Pilar”, comenta Mamani.

El espacio es amplio, luminoso y está colmado de hilos y retacitos de tela de diversos colores y texturas. Cuentan con numerosas máquinas de coser y una mesa de corte de diez metros de largo para trabajar a escala. Aceituno apoya su mano sobre la mesa y explica: «Acá se puede hacer todo. Se pone el rollo de tela, se extiende y se realiza el corte con la moldería correspondiente. Después se confecciona e incluso podemos estampar» y agrega: “La realidad es que hay una cantidad muy grande de talleres textiles familiares que funcionan en casas particulares en muy malas condiciones de trabajo. Nuestro propósito es que esos talleres salgan de las casas y que sean los centros textiles los que, al hacer todo el proceso de producción, puedan ofrecer las prendas directo a las fábricas, empresas y marcas, sin intermediarios”.

Un proyecto que está en marcha y dando frutos: a partir de un trabajo articulado entre el Centro para el desarrollo productivo Papa Francisco, la murga uruguaya Agarrate Catalina y Pirca producciones, la cooperativa textil de Ituzaingó confeccionó camisetas para colaborar de forma solidaria con la búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo. Al vivenciar esta experiencia colectiva que conjugó trabajo cooperativo, arte y memoria, Mamani comenta: “Nos llena de orgullo haber participado de esta iniciativa. Producimos varias tandas de remeras y tuvimos la posibilidad de entregarlas en persona a las Abuelas”.

“Este lugar es una muestra de que se puede dar respuesta a un problema de un sector que ya ni es explotado, sino que se autoexplota. Al tener la capacidad de absorber más producción, también podemos negociar mejores condiciones laborales”, indica Aceituno mientras tanto, justo debajo de sus pies, se escucha el pitido del montacargas moviéndose en planta baja: son los trabajadores de la cooperativa de reciclaje La muchachita de Los Toldos que cargan el camión que dejó estacionado Mamani en la entrada del Centro. “Cuando terminen de acomodar todo nos vamos para González Catán a realizar una entrega. La muchachita le vende cartón a una fábrica que produce maples de huevo”, acota Mamani entre el ruido de las máquinas y reflexiona: “Acá convivimos las tres cooperativas y entre todos tratamos de darnos una mano. En cierto punto funcionamos como una familia”.

En planta baja hay una radio prendida que musicaliza el ambiente: al ritmo de la cumbia, trabajadoras y trabajadores de La muchachita separan vidrio, cartón, plástico, papel y demás residuos sólidos. Entre bolsones y cajas se arman los pasillitos por donde circula el material que llega, se separa, luego se enfarda en la máquina compactadora y queda listo para su comercialización. “Trabajamos con varias empresas, algunas nos traen residuos para separar y a otras les vendemos el material para reciclar. También recolectamos de puntos verdes y de la zona abastecedora de Ituzaingó”, comenta Rodolfo Herrera, coordinador de La muchachita de Los Toldos, quien de muy chico empezó a cartonear en la calle y por su cuenta. “El proceso de organización de la cooperativa nos llevó mucho tiempo, esfuerzo y dedicación. Ya hace un año que estamos acá y es mucha la diferencia en cuanto a condiciones de trabajo porque tenemos herramientas, la vestimenta adecuada y los días de lluvia podemos trabajar sin mojarnos”, agrega Herrera y reconoce que el trabajo de todos los compañeros es necesario para que todo funcione.

«Hay una visión muy idealizada de pensar que todo se organiza solo y no, no es así. El rol de la militancia es muy importante para generar organización, discutir decisiones y acompañar estos procesos. Ninguno podría solo, en cambio al estar todos juntos, este proyecto es posible y viable de sostener. Hay todo un laburo detrás de articulación con la comunidad», señala Aceituno quien, al ser uno de los responsables del Movimiento Evita en Ituzaingó, pone en valor el trabajo de todos sus compañeros de militancia y agrega: «Es importante que el Estado también acompañe estas experiencias colaborativas y comunitarias. Actualmente, esto lo estamos sosteniendo contra viento y marea. Imaginate que con un poco de viento a favor, podríamos generar muchos más puestos de trabajo». Todo listo y preparado, Mamani pone en marcha el camión, Herrera se sube a su lado en el asiento del acompañante y parten rumbo a González Catán.

El sol de otoño se mete sin permiso por la puerta entreabierta de la cooperativa de cerámica Lesjade, un proyecto que empezó a tomar vida en pandemia y hoy cuenta con un equipo de trabajo conformado por mujeres ceramistas. Con sus manos y minuciosa creatividad, se encargan de amasar, moldear, colar, emprolijar, hornear, encerar, esmaltar y volver a hornear vajilla de gres, un tipo de cerámica cocida a alta temperatura. Sentada en la mesa de trabajo y rodeada de utensilios, Nicole Montaña emprolija una taza, mientras tanto su compañera, Sandra Grunfeld, hace equilibrio arriba de un banquito. Con ambas manos y sumo cuidado, acomoda una fuente en la parte más alta de los estantes donde exhiben la vajilla. La elaboración artesanal hace que ninguna pieza sea igual a la anterior, se trata de modelos únicos e irrepetibles.

 

Alicia Callegaro viste un delantal que lleva bordado “El barro de la patria grande”, habla por teléfono con un cliente y revisa el calendario que está colgado en la pared. Ella es la responsable de coordinar el trabajo en Lesjade. Principalmente producen vajillas personalizadas para cafeterías y casas de té de la zona y también organizan seminarios y talleres para difundir el oficio y formar ceramistas. Luego de finalizar la llamada, Callegaro explica: “Es un orgullo vivir de esto, porque este es un trabajo habitualmente invisibilizado ¿Alguna vez te pusiste a pensar de dónde viene la taza que usas para desayunar? ¿O en qué condiciones se produjo el plato en el que comes todos los días?”. Junto a sus compañeras también destaca la importancia de los lazos que se generan en la cooperativa: “Nos repartimos las tareas, pero compartimos las alegrías y las tristezas. Así todo se hace más llevadero”.

El Centro para el Desarrollo Productivo Papa Francisco es la suma de historias de vida, trayectorias colectivas y luchas organizadas en el seno de la economía popular. Con avances y retrocesos está de pie, activo y en movimiento. «Más allá de las personas que trabajan acá, esto es un proyecto político y una muestra concreta de que podemos hacer un trabajo cooperativo a partir de la organización en comunidad», concluye Callegaro.

Una planta de hidrógeno verde oscuro

Una planta de hidrógeno verde oscuro

Vecinos y vecinas de Colón, Entre Ríos, y Paysandú, Uruguay se oponen a la construcción de una refinería de 400 hectáreas que impactaría sobre el medio ambiente y la actividad económica de la región.

Los habitantes de Paysandú y Colón comparten inquietudes por un megaproyecto que transformará sus playas, el turismo y por ende, su economía. Las playas vírgenes del país uruguayo pasarán a ser la sede de una planta de hidrógeno que modificará también las vistas que tiene por el momento la ciudad entrerriana, convirtiéndose así, según los vecinos, “en el patio trasero de esta fábrica”.

En Paysandú, Uruguay, la multinacional HIF Global, quiere construir una planta de hidrógeno verde que ocuparía 442 hectáreas. Sin embargo, tanto los vecinos de Paysandú como los de Colón, Entre Ríos, se han pronunciado en contra debido a la falta de contemplaciones sobre el impacto que causaría en las zonas aledañas.

Leonardo Belassi, del colectivo Paysandú Soberano, explicó a ANCCOM que la instalación de la multinacional en Paysandú podría revertir la mejora en la calidad del Río Uruguay. La ciudad sufrió años de contaminación industrial, y estaba recuperando sus playas y su zona costera, con potencial para el turismo. Belassi advirtió que esta nueva actividad industrial podría significar una «afectación gravísima» al disfrute del río y al desarrollo turístico de la región.

El gobierno uruguayo, sin embargo, mostró un fuerte interés en este proyecto, que se enmarca dentro de la llamada hoja de ruta del hidrógeno verde en el país vecino. El apoyo no se vio replicado por los vecinos de Paysandú, que juntan firmas para expulsar a la empresa de la región junto con otras asociaciones de Colón. “En la Constitución –explica Balassi- hay un artículo que prevé que cada departamento tiene la posibilidad de convocar a una iniciativa la cual su población decida sobre un determinado tema”. Para que ello ocurra, sus habitantes deben recolectar quince mil firmas y ya cuentan con cerca del 80%.           

Los habitantes de Colón, también han expresado su preocupación por la instalación de la empresa que estaría frente a sus costas, a sólo dos kilómetros del lugar. Carlos Seratti, integrante de la organización Somos Ambiente, comentó que el problema con este tipo de industrias es dónde y bajo qué condiciones geográficas se realiza. En Colón hay una actividad importante y sobresaliente con respecto al turismo que se vería afectada. “Primero porque hay una modificación estética. Todo lo que está enfrente, que ahora son áreas naturales, va a cambiar y se va a instalar una refinería que ocupará un tercio de la superficie de la ciudad de Colón. Es como si fuera una ciudad más, iluminada con toda la tipología de una industria. Tanques, cañerías, iluminación de noche, en fin, chimeneas”, describe. Los vecinos denuncias que la nueva instalación afectará la economía de gran parte de los habitantes de la cuidad que viven del turismo. A esto se le suma una afectación a la biodiversidad de la zona, que ya sufrió sus primeros cambios debido a los procedimientos de barrido que realizó la empresa en la zona.

Pese a todo, HIF Global colocó en sus documentos como área de influencia directa el territorio uruguayo hasta la orilla del Río Uruguay, explicando que se corresponde con un ambiente rural y con baja presencia de viviendas, donde no se identifican sitios sensibles, tales como: escuelas, hospitales o centros recreativos en un radio a tres km de la planta. Sin embargo, estas afirmaciones parecen contrastar con la realidad si se tiene en cuenta que Colón es una ciudad balnearia, con una población de 58 mil habitantes, a menos de dos kilómetros de distancia.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, le envió el 11 de marzo una carta al presidente de la Mancomunidad Tierra de Palmares e intendente de la ciudad de Colón, Jose Luis Walser, donde le manifiesta el respaldo del Gobierno provincial en la solicitud de relocalización del proyecto de la planta, que es el pedido que defienden también las distintas asociaciones ambientalistas de la zona.

Desde ambos lados de la frontera, según los activistas consultados, hay un desconocimiento generalizado sobre la instalación de la empresa. Esto es debido  al secretismo que ha rondado el proyecto desde sus comienzos, dado que se les negó a los vecinos el derecho de acceso a la información pública.

En el 2024, el Movimiento por un Uruguay Soberano denunció al Poder Ejecutivo antes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el “incumplimiento” de no brindar la información correspondiente al memorándum de entendimiento que se firmó con HID Global. El secretario de presidencia, de la gestión de Luis Lacalle Pou, Rodrigo Ferrés, explicó en su momento que esta sería la mayor inversión privada de la historia, la que alcanzaría la cifra de seis mil millones de dólares y generaría alrededor de tres mil puestos de trabajo en su etapa de construcción. La justicia falló a favor de la organización.

Con respecto a la generación de puestos de trabajo en Uruguay, surgieron ciertas inquietudes debido a la visita de representantes de la empresa Techint E&C en la zona de Colón para consultar sobre la disponibilidad hotelera para alojar a cerca de 1.500 trabajadores argentinos, si bien no se confirmó que la empresa Techint E&C esté colaborando con HIF Global en el proyecto de Paysandú, se sabe que ambas empresas trabajaron juntas en el proyecto de combustibles sintéticos en Chile en el 2024.

“Esto pone en riesgo la buena convivencia que existe entre Paysandú y Colón –señala Belassi-, porque son dos ciudades que desde hace muchos años saben lo que significa la una para la otra. Hay mucha relación, hay familias ensambladas entre las dos ciudades, hay buena vecindad”. Por otro lado, los representantes de las organizaciones a ambos lados del río comentaron sus intenciones de buena voluntad y disposición para que este conflicto se solucione de manera pacífica.

La empresa producirá en la planta además del hidrógeno verde, metanol, que es un compuesto tóxico, venenoso e inflamable, que combustiona con mucha rapidez, tiene la particularidad de evaporarse con la temperatura ambiente y aumentar su volumen 400 veces. “Si se escapan 1000 o 1500 litros o metros cúbicos de metanol acá enfrente es una bomba de tiempo para nuestra población”, explica Belassi.

El acuerdo entre el Gobierno uruguayo y la empresa, que se concretó en el gestión del expresidente Lacalle Pou y estuvo cargado de secretismos y arbitrariedades. Leonardo lo confirma ya que, en las votaciones que dieron paso a que se apruebe el proyecto, dos ediles hicieron gestiones para que recibiera a un integrante de su grupo y a otro de Somos Ambiente. A pesar de ello, lo hicieron a puertas cerradas y aunque estas sesiones en su regularidad se graban y transmiten por Youtube, se cortó la emisión justo cuando ellos expusieron sus argumentos, lo cual generó que solo los ediles se enteraran del perjuicio de la colocación de la planta y se restringiera así, la difusión de la postura de gran parte de los vecinos y vecinas.

Frente al cambio de Gobierno, con la asunción de Yamandú Orsi se abrieron expectativas. El nuevo presidente, se reunió con la empresa para negociar este acuerdo considerando algunos aspecto sociales, económicos y ambientales, además de incluir la opción de que Ancap, una empresa pública estatal, pueda participar del proyecto.

 

Mientras tanto, algunos de los vecinos de Colón juntan firmas para pedir la relocalización de la planta y los de Paysandú piden directamente expulsar a la multinacional de la región. Leonardo Belassi adelantó que el 15 de junio realizarán un festival de música donde junto a artistas locales, se manifestaran contra la refinería. Mientras tanto, los habitantes de la región uruguaya siguen esperando la visita del Ministro de Ambiente para expresarle sus inquietudes.

Discapacitados en emergencia

Discapacitados en emergencia

Esta madrugada, la Cámara de Diputados votó la media sanción de la Ley de Emergencia para las Personas con Discapacidad. Durante el día, una movilización estuvo expectante de lo que sucediera en el Congreso. Ahora viene el Senado. De todas formas, Milei anticipó su veto.

Cerca del mediodía del miércoles, familias e instituciones reclamaron frente al Congreso la sanció de la Ley.

La situación de emergencia en discapacidad es un hecho cada vez más difícil de tapar. El sector, que no es ajeno a los ajustes de la administración nacional, viene siendo uno los más golpeados y las acciones del gobierno van desde la baja de pensiones y el despido de trabajadores estatales con discapacidad hasta el desmantelamiento de la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad).

Muchas organizaciones se congregaron desde temprano en las inmediaciones del Congreso Nacional a la espera del tratamiento de la Ley de Emergencia para el sector y los resultados. Dentro del recinto, hubo quórum, los diputados comenzaron con otros temas que incluían el incremento excepcional a jubilados y pensionados y al cierre de esta edición la Ley de Emergencia seguía en espera.

El proyecto fue redactado por Daniel Arroyo e incluye la voz de diferentes sectores. Uno de los fuertes de la norma es que cambia el concepto de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral a Pensiones No Contributivas para Personas con Discapacidad y por Contexto Social. La carátula anterior marca que las personas no están preparadas para trabajar, que están fuera del sector productivo y está en sintonía con el sistema capacitista que viene denunciando las personas con discapacidad. Además, establece el pago del Salario Mínimo Vital y Móvil para las personas que se emplean en los Talleres Protegidos, que actualmente reciben por su trabajo apenas 28 mil pesos por mes. 

Prestadores en discapacidad realizaron un paro y concentración el pasado jueves. 

En cuanto a las pensiones, el texto aprobado establece que seguirán siendo el 70 por ciento de una jubilación mínima, actualmente en 304 mil pesos.

Liliana, mamá de Ignacio que tiene el trastorno del espectro autista, contó: “Estamos desde temprano por el proyecto de emergencia en discapacidad, por nuestros hijos, sus terapias y los prestadores. No conseguimos acompañantes, terapistas ni psicólogos por la miseria que les pagan.” A su vez, denunció que “en la Ciudad de Buenos Aires están desmantelando la educación especial. Comenzó con Larreta cerrando escuelas bajo el falso paradigma de la inclusión plena, cuando hay pibes que no pueden estar incluidos”. Agregó que “le cerraron las escuelas a los jóvenes mayores con discapacidad, los expulsaron sin acreditación de saberes cuando estuvieron 10 años en la escuela. No hay ningún espacio de formación permanente para el adulto con discapacidad, les están sacando las prestaciones que necesitan, no les pagan a los centros terapeúticos. ¿Qué va a ser de nuestros hijos?”, concluyó la madre. 

Al ser consultada sobre la Ley, Laura Alcaide, de la Asamblea Discas en Lucha, manifestó que “nosotres apoyamos la Ley pero es algo paliativo”. Además destacó que “la unión de las luchas de jubilados, transfeminismos, el sector de ciencia, el Garrahan, implica una lectura política global de coyuntura sobre lo que está sucediendo, vamos a levantar nuestras banderas al lado del resto”.

Desde el colectivo de discapacidad, la abogada Lorena Aguirre instó a seguir luchando: “Tenemos que unir fuerzas, poner nuestras corporalidades en las calles, hay que ocupar el territorio, alzar la voz y seguir dando batalla. La Ley es un punto de partida, podemos ir por más”.

Luis Mariano Sucher, uno de los despedidos del Hospital Posadas. 

Un sistema no capacitista

El jueves 29 de mayo se unieron en el Congreso diferentes áreas del sector de discapacidad. La Jornada Federal de Lucha reunió a más de cinco mil personas y se realizaron movilizaciones en todo el país en el marco del paro de 5 días de los prestadores de servicios. “Fue un paro histórico surgido desde las bases, que unió a todo el sector, es algo que sólo este gobierno logró”, resumió Alcaide.

Sin embargo, también denunció: “Cuando se une el sector prevalece la voz de otres. Les prestadores luchan por su sueldo, lo cual está perfecto, yo lucho por el sueldo de les trabajadores, las familias luchan por lo que implica cuidar a una persona con discapacidad, pero ninguno habla sobre la verdadera autonomía de las personas con discapacidad, sobre el derecho al trabajo y a la participación política”. Además agregó que “las personas con discapacidad no se sienten convocadas a luchar”, que están “vulnerabilizadas por un gobierno en el encierro y doblegadas a una condición de inferioridad”, sentenció la referente del colectivo disca.

 Alcaide concluyó: “En este sistema capacitista somos ciudadanos de segunda porque la gente que dice defender nuestros derechos también nos invisibiliza”.

 

Cuentas pendientes

Si bien los sectores implicados destacan que el proyecto de ley reconoce la emergencia del área de discapacidad, aún queda mucho por hacer. El acceso al trabajo y a la participación política son las dos grandes deudas que tiene el estado con las personas de este colectivo. Al respecto, Laura Alcaide afirmó: “Sin participación política de las personas con discapacidad no se pueden elaborar políticas públicas que sean acordes con la necesidades de las personas usuarias”.

La discapacidad no es sólo pensiones y terapias. Alcaide enfatizó: “Les discas exigimos mucho más que eso, y lo primero es la autonomía. Para eso necesitamos tener acceso al trabajo”. La integrante de la Asamblea Discas en Lucha contó que “el 90 por ciento de discas está desempleado, si lo comparamos con el 40 por ciento de desocupación general, ¿cuál es la brecha?”. El 10 por ciento restante está bajo el empleo protegido y cobran 28 mil pesos por mes, otros están empleados en el Estado que no cumple el 4 por ciento del cupo que debería ser garantizado.

En el abordaje global también son las prestaciones las que garantizan la autonomía. “Tener un sistema de apoyo con profesionales que aborden nuestras corporalidades de manera interseccional e interdisciplinaria es lo que estamos necesitando para tener una vida digna. Que quede claro, no estamos exigiendo una Ley de Emergencia lo que exigimos es una vida digna”, sentenció Alcaide. 

Más afuera que en la calle

Más afuera que en la calle

El gobierno nacional publicó un decreto en el que anuncia que dejará de asistir a las personas sin techo. Toda la responsabilidad queda ahora en manos de provincias y municipios.

La motosierra de derechos de Javier Milei y su equipo de gestión arrasó con un punto clave en una Argentina con hambre: mediante el Decreto 373/2025, con las firmas del Presidente, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello;  el Ejecutivo nacional restringió sus funciones a “regir, supervisar, coordinar y, eventualmente, asistir o financiar a las jurisdicciones locales”. La autoridad de aplicación de la ley pasará a ser la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente de Capital Humano.

El decreto también modifica las políticas relativas al acceso a una vivienda digna. Mientras que la ley de 2021 establecía que el Estado nacional debía encargarse de garantizar ese derecho, ahora será labor de cada provincia: «Las jurisdicciones locales, en coordinación con la autoridad de aplicación, deben elaborar e implementar políticas públicas de vivienda, inclusivas e integrales, tendientes a crear las condiciones para el goce efectivo del derecho de acceso a una vivienda digna para las personas en situación de calle o en riesgo de situación de calle”, dice el documento.

“El viejo estigma de las organizaciones sociales (supuestamente corruptas) es el principal argumento de los libertarios para la descentralización de esta responsabilidad estatal”. De esto habla Horacio Ávila, de Proyecto 7, una asociación civil para el abordaje integral, multidisciplinario y colectivo de las problemáticas de las personas en riesgo y situación de calle: “Pone como excusa que las organizaciones se quedan la plata y no cumplen el objetivo, que somos las que más laburamos en esto. Un Estado ausente que hoy se hizo a un lado y le sacó el espíritu a esta ley que costó casi 13 años aprobar”.

Reflexionando sobre lo que implica las modificaciones realizadas, Ávila expresa con tristeza: “De un plumazo nos ponen de nuevo en un lugar donde prácticamente no van a existir políticas públicas sobre la problemática de la situación de calle, la cual está siendo producida, irónicamente, por este mismo gobierno. Entonces, encima de que la generan, obstaculizan la ayuda. Es más de lo mismo que viene pasando con las personas con discapacidad, los jubilados, la cultura y todo lo que tenga que ver con derechos humanos y cuestiones populares”.

La noticia fue como un balde de agua fría. “Veníamos abocados a la organización del Tercer Censo Popular, que lo hacemos a mediados de junio, en CABA. Teníamos la cabeza y la energía puesta en eso, pero el Decreto nos sorprendió a todos”, confesó Ávila.

Ávila comenta que aún no está definido qué se hará al respecto. “Desde lo judicial, pensamos presentar un amparo, y obviamente movilizarnos para reclamar. Por el momento estamos hablando con compañeros, organismos de Derechos Humanos, diputados para encontrar la forma de solucionar esto”.

Los cambios en el sistema de asistencia se oficializaron este lunes a través de la publicación en el Boletín Oficial del decreto 373/2025, que modifica la Ley Nº 27.654 de 2021, aunque ya habían sido anticipados por el Ministerio de Capital Humano el viernes pasado, a través de una publicación en redes sociales.

 «De noviembre 2023 a noviembre 2024 se ha registrado un incremento del 23,22%” de las personas en situación de calle. Además, entre el año 2017 y el año 2024, la suba es incluso más devastadora: de un 152%», subraya Marino.

Catalina Marino, coordinadora del Programa de Derecho a la Ciudad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que promueve el acceso igualitario a la vivienda y al hábitat, y trabaja para revertir la segregación socio-urbana y garantizar el ejercicio efectivo e integral de derechos en el espacio urbano, se comunicó con ANCCOM para profundizar la perspectiva de las personas que día a día trabajan por los que menos tienen. “Junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Ministerio Público de la Defensa de CABA, desde ACIJ elaboramos el documento Personas en Situación de Calle en la Ciudad de Buenos Aires”, con el objetivo de poder aportar un análisis más sofisticado de lo que es la situación de calle actualmente en la Ciudad. A pesar de que los números que presentan las organizaciones comunitarias que trabajan con el tema no son los mismos que los que presenta el Gobierno de la Ciudad, se ve claramente, y en esto hay un consenso, que es un fenómeno en aumento: de noviembre 2023 a noviembre 2024 se ha registrado un incremento del 23,22%”. Además, entre el año 2017 (en que se tuvo disponible el primer registro) y el año 2024, la suba es incluso más devastadora: de un 152%.

Marino cuenta que en la Ciudad de Buenos Aires se tiene un enfoque bifronte, explicado en la primera página del informe: “Frente al agravamiento de la problemática, la estrategia de la nueva gestión del GCBA tiene un abordaje bifronte caracterizado, por un lado, por una política de fuerte tinte punitivo y estigmatizante, ilustrada por el paradigma oficial de “orden y limpieza”, que incluye la remoción de personas en situación de calle del espacio público, detenciones, y violencia institucional; y, en paralelo, un aumento presupuestario para dispositivos destinados a brindar alojamiento transitorio y una mejor segmentación de sus prestaciones, que aun así no logran trascender la fragmentación del abordaje y la cronificación de las intervenciones de emergencia”.

“Por cómo se ha manejado el presupuesto y los avances que se han dado (como el aumento de Centros de Integración Social, los cambios en la red de atención y la suma de dispositivos móviles), evidentemente en la Ciudad es una prioridad de la gestión, pero aun falta una política integral. Las medidas terminan siendo positivas pero insuficientes”, agrega la coordinadora, haciendo referencia a otro punto importante que también se menciona en el documento del que formó parte: “El abordaje actual, por su propio diseño, dista de proveer condiciones de alojamiento definitivo, que redunda en la cronificación de la situación de emergencia y de una respuesta estatal que se pensó transitoria. Esta falta de integralidad en el abordaje se explica fundamentalmente por una ausencia total de políticas de acceso a la vivienda adecuada en la ciudad, que no ha previsto programas para la provisión progresiva de soluciones habitacionales definitivas para la población general, ni ha evaluado programas de producción alternativos a través de cooperativas, alquiler social, o movilización de viviendas ociosas”.

¿Pueden todos los municipios y provincias hacerse cargo de una problemática que la ciudad más rica del país todavía tiene irresuelta? , consulta ANCCOM a Marino: “La Ciudad cuenta con dispositivos que no se encuentran en otros municipios o provincias, y, al no haber una política integral de abordaje a nivel nacional, seguro sea bastante difícil para el resto hacerle frente. El nivel de alcance de ciertos dispositivos no existe en todas las jurisdicciones”.

Con este decreto el Gobierno nacional se opone a la normativa que el mismo Estado se comprometió a cumplir. Es una situación que no debería perderse de vista, ya que llama la atención incluso a nivel internacional: el Relator sobre una Vivienda Adecuada, Balakrishan Rajagopal, y el Relator Especial sobre la Pobreza Extrema, Olivier De Schutter, de Naciones Unidas, enviaron una comunicación al Gobierno argentino donde expresan su “grave preocupación” por las “medidas e intervenciones discriminatorias” que se llevan adelante en la Ciudad de Buenos Aires contra las personas en situación de calle e integrantes de la economía informal. Afirman además que “sugieren un patrón de criminalización” de estas personas, en lugar de abordar sus “problemas socioeconómicos sistémicos proporcionando acceso a una vivienda adecuada, asistencia social, programas de empleo y vías para que los vendedores realicen la transición al mercado laboral formal”.

Le siguen echando nafta al subte

Le siguen echando nafta al subte

El sindicato de los Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) denuncia que persisten filtraciones de hidrocarburos en las Líneas E y C debajo de la 9 de Julio.

Bajo el cruce de las Líneas E y C del subte porteño, una zona permanece clausurada por las filtraciones de hidrocarburos de la estación de servicio de Shell que queda justo encima, a nivel del suelo, en la avenida Lima. Aunque instalaron sensores de explosividad y sistemas de ventilación, el foco de contaminación sigue estando ahí después de casi medio siglo y se propaga hacia las napas freáticas.

“Se nota la suspensión de fluidos en el agua, porque no es agua sola, hay combustible. La bautizamos con el nombre de ‘bomba naftera’ por su olor”, cuenta un empleado que prefiere no revelar su nombre. “Hacía rato que no iba a ese cuarto y lo vi muy deteriorado, es terrible, las fotos son determinantes”, agrega.

La historia comienza en 1979, cuando un operario fue herido luego de encender una luz en ese sector que, debido a la acumulación de gases, desató una explosión. Esto derivó en el cierre de esas partes, incluyendo los pasillos de combinación entre ambas líneas de subte que se ubicaban en los andenes, inaugurados en 1966, y explica por qué actualmente se pasa de un tren a otro subiendo hacia un entrepiso y volviendo a bajar al otro andén.

El trabajador recuerda el derrotero judicial: “En 1991 ya había una denuncia de SBASE (Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado) por la filtración de fluido de combustible, en 1997 sé que hubo una resolución que condenaba a Shell en la Cámara de Apelaciones Civil, en 1999 se ratificó esa condena que obligaba a remover la tierra y eso nunca se hizo eso, a pesar que hay otro fallo en el 2019”. En esa sentencia judicial, se condena a Shell a crear un plan para remediar el daño ambiental y pagar multas en caso de retraso

Roberto “Beto” Pianelli hoy es Secretario General de la Asociación Gremial de losTrabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP). En 1994 comenzaba a trabajar justo en ese lugar y relata: “Cuando yo entré, había un juicio de la Defensoría del Pueblo que llevaba varios años y la contaminación ya había tomado toda la 9 de Julio y parte de San Telmo, es decir, iba para el lado del río”.

“El dictamen era que había que levantar la tierra, descontaminar y volver a ponerla. Eso tenía una implicancia concreta, que había que cerrar no solamente la 9 de Julio, sino también las dos líneas de subte, la E y la C. La tierra había que trasladarla a la ciudad de Santa Fe, porque el proceso de descontaminación no se hacía acá. Obviamente, eso nunca se hizo”, señala el metrodelegado.

Francisco “Pancho” Ledesma, el Secretario de Salud Laboral del mismo sindicato, agrega que “hay todo un sistema que se modernizó sobre el tema de explosividad y que le hace mediciones periódicamente, pero nosotros lo que quisiéramos es que hagan una obra y saquen los tanques que están filtrando, porque también perjudica a todas las napas”.

Al respecto, comenta que desde Shell “dicen que mientras no haya indicadores que muestren explosividad, no se puede hacer la obra. El dueño del predio y el de la estación tienen mucha plata, lo podrían hacer. Es más una dejadez y que no les importa el medio ambiente”.

Sobre la filtración en sí, menciona que “siempre se está midiendo que sea muy bajo el tema del gas, por eso se ventea, pero también hay momentos donde crece la cantidad de combustible derramado, debe haber momentos en donde hay más presión y sale. Si a eso le agregas que a veces se rompen caños, entonces se anega y se mezcla. Puede ser nafta, gasoil o kerosene, que son los que provee la estación de servicio”.

Pianelli relata que “en el andén de la estación de Independencia en la Línea E, del lado que va para Plaza de los Virreyes, hay como una jaula, un lugar con rejas. Esa era la recaudación donde se entregaban los cospeles. Nosotros todas las mañanas íbamos ahí para retirar las fichas y el dinero para la boletería. Antes de llegar al final del andén ahora hay un cuadrado que llega hasta el techo, eso era una bajada, había una reja y una escalera que bajaba hacia el túnel. Ahí arriba había como un caño de donde iba cayendo la nafta, la pérdida estaba ahí. Caía sobre esa escalera e iba al túnel. Para que no se vea eso, se hizo ese cuadrado que hay ahora y se cerró hasta arriba”.

En coincidencia con su compañero cuenta que “nosotros entrábamos y había un olor a gasolina que te mataba. Eso ha ido cayendo durante 20, 30 años o más… La estación nunca se cerró porque es la Shell más importante y la que más vende en Argentina”. Desde ANCCOM verificamos también que en el andén de la línea C hacia Retiro, en la punta hacia el sur, hay un reja desde la que, si bien no se ve claro, se puede sentir el aroma a hidrocarburos. “Ese tipo de problemas han generado, por ejemplo en San Pablo, que voló una estación de servicio por ese mismo tema. Imaginate que podía llegar a volar toda la 9 de Julio”, resalta el secretario general.

Aunque los niveles de explosividad se controlan, el riesgo sanitario para quienes trabajan o pasan a diario por allí sigue presente. En palabras de Ledesma: “Más allá de que es una estación neurálgica porque es combinación con dos líneas, justo ahí baja mucha gente y es muy transitada. Ahí la empresa tiene la oficina para los pases de los jubilados, que hacen filas para ese trámite en el pasillo. Por la cantidad de gente te puede faltar el oxígeno, porque encima está como quemado por los hidrocarburos, y se ha descompuesto alguna persona mayor. La gente está de paso… pero los jubilados están mucho más tiempo”.

Esa filtración no es un caso aislado, afectando la Línea D había otra a una cuadra de Av. Scalabrini Ortiz y Av. Santa Fe, en la esquina de esta última y Aráoz “pero eso entró en juicio, tuvieron que sanear todo lo que es el suelo y ahora hicieron una torre, ya no tiene vestigio de ser estación de servicio, esa también estuvo muchos años. La concesionaria perdió, tuvo que pagar y además tuvo que sanear el lugar. Creo que el lugar donde iban los tanques ahora es parte del estacionamiento bajo suelo de este edificio, que es una torre muy moderna”, recuerda el secretario de salud laboral.

Y hace un tiempo detectaron otra sobre la misma Línea E, ocasionada por la YPF de Av. Directorio entre Thompson y Del Barco Centenera, en el límite entre los barrios Caballito y Parque Chacabuco. Los trabajadores de allí sintieron un fuerte olor, la estación de servicio fue cerrada y, a partir de eso, se dio la reducción del mismo.

“Se rompió un tanque y se pusieron medidores de explosividad, se hacen controles e inspecciones. Nosotros hicimos presentaciones en la Policía de Trabajo, que depende de la Secretaría de Trabajo de la Ciudad, pero ahí sí avanzan con una obra para poder, con todos los recaudos del caso, sacar lo que sería el tanque ese que está bajo tierra y poner otro, obviamente, que no tenga ese problema, y sanar parte de la napa que fue contaminada”, destaca Ledesma.

“El reclamo lo presentamos en la Defensoría del Pueblo, en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y a SBASE para que todas esas entidades actúen cada uno desde su incumbencia sobre la Shell, la YPF y sobre los dueños de los predios, porque es como que alquilan el predio. En el de la YPF nos dio resultado, pero en el de Shell no”, añade.

ANCCOM intentó comunicarse con SBASE y la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad (APrA) pero no obtuvo respuesta. Por su lado, YPF respondió que la estación de Av. Directorio al 800 “pertenece a un operador” pero sin precisar cuál.

En su caso, Shell se intentó desvincular al contestar que vendieron las estaciones de servicio y la refinería a Raizen, una empresa que les pertenece junto a la brasileña Corsan que hace unos meses anunció que pretende vender sus activos de la Argentina e incluso habría conseguido interesados en los últimos días.

Contactados por ANCCOM, Raizen se limitó a responder que están “ejecutando un plan de remediación aprobado judicialmente”. Mientras tanto, la zona sigue clausurada, el hedor todavía se siente y la contaminación continúa latente.

Denuncian torturas contra las hermanas Villalba, detenidas en Paraguay

Denuncian torturas contra las hermanas Villalba, detenidas en Paraguay

Integrantes de la Campaña Internacional en Solidaridad con la Familia Villalba realizaron una radio abierta frente a la embajada paraguaya. Exigieron que cesen los tormentos a Carmen y Laura, la aparición de Lichita y reclamaron justicia por los asesinatos de las niñas Lilian y María.

Organizaciones sociales y por los derechos humanos se reunieron frente a la embajada paraguaya en Buenos Aires para denunciar la situación de las presas políticas en el país vecino. Las hermanas Carmen y Laura Villalba y su compañera Francisca Andino se encuentran en el penal de Minga Guazú y, de acuerdo a la denuncia de los manifestantes, están siendo víctimas de abusos desde el mes de octubre. Además, se cumplieron 54 meses de la desaparición forzada de Carmen Elizabeth “Lichita”, hija y sobrina de las Villalba, y continúa el reclamo por el doble infanticidio de Lilian Mariana y María Carmen en 2020.

“Las condiciones de aislamiento absoluto que transcurren en pequeñas celdas desde su traslado a ese penal el 12 de octubre de 2024, la pérdida del derecho al estudio y al trabajo, la falta de comida adecuada, de agua potable suficiente, las abusivas requisas diarias, las dificultades o la imposibilidad de recibir visitas, vuelven su vida cotidiana una tremenda tortura”, detalla la carta dirigida a la embajadora de Paraguay en Argentina, Helena Felip Salazar, y firmada por los cientos de activistas y organizaciones que integran la Campaña Internacional. La misma fue leída al comienzo de la jornada por María José Cano, directora de Derechos Humanos de la CTA Autónoma, y luego entregada al personal de la embajada, que la recibió a través de una abertura entre los chapones con los que la policía valló el edificio.

A principios de este mes, las Villalba recibieron una sanción por “resistirse” a las requisas de los días 2 y 3 de mayo. Según relata la carta, durante esas requisas las mujeres fueron esposadas, encapuchadas y manoseadas en sus genitales. Luego de este hecho, su situación se agravó: se les prohibió recibir visitas, restringieron la comunicación con su defensa y se limitó aún más su acceso a comida y agua. “Le solicitamos que de manera urgente transmita nuestra denuncia a los responsables del funcionamiento del sistema penitenciario paraguayo, porque debe sancionarse al personal que maltrata a las detenidas física y psicológicamente”, continúa.

La radio debió realizarse sobre la calle, ya que las fuerzas de seguridad bloquearon la vereda. “Nos tienen miedo. Yo le diría a la embajadora que no nos tenga miedo, que más bien le tenga miedo a su conciencia y a la pertenencia a un gobierno infanticida”, señaló el padre Rodolfo Viano, una de las últimas personas que pudo visitar a las detenidas en Paraguay. En su intervención ante el micrófono, expresó la preocupación de Laura por la salud mental de sus compañeras en el penal y destacó la fuerza de Andino, que insiste en que no deben dejar de luchar. Viano remarcó que los padecimientos de las tres mujeres son los mismos que sufren las otras diez presas con las que comparten pabellón.

Elsa Oshiro, integrante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), también visitó a las mujeres en Minga Guazú y dio más detalles sobre las pobres condiciones a las que están siendo sometidas. “Carmen me dijo que ella piensa que están siendo parte de un experimento. Como dice la carta: ver hasta dónde pueden resistir. Están tratando de quebrarlas. Hace un mes que no sabemos nada de ellas, están aisladas completamente”, contó. En febrero de 2025, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Paraguay emitió un informe en el que indica los daños irreversibles que puede provocar el aislamiento solitario pasado un periodo de 15 días. Carmen, Laura y Francisca ya llevan un mes.

 

Años sin paz

La situación actual de las Villalba se inscribe en un historial de persecución política más amplio, que inició por la participación de la familia en la lucha campesina en Paraguay y la asociación de algunos de sus miembros con el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), grupo insurgente de ese país. El 2 de septiembre de 2020, las Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC) del gobierno del entonces presidente Mario Abdó Benítez irrumpieron en el campamento del EPP en el que se encontraban Laura, su hija y sus sobrinas, que habían viajado a Paraguay a conocer a sus padres. En el operativo fueron capturadas y luego asesinadas las niñas Lilian Mariana y María Carmen, de 11 años. Las demás escaparon a la selva, donde el 30 de noviembre vieron a Carmen Elizabeth, hija de Carmen apodada “Lichita”, por última vez. Laura salió en su búsqueda y se encontró con un retén militar, luego fue detenida e imputada por “violación del deber cuidado, educación y violencia familiar y terrorismo”. Hoy está cumpliendo una condena de 31 años junto a su hermana Carmen, quien había completado su castigo en 2021, pero continúa privada de su libertad.

Este “ensañamiento”, como lo llamaron algunos de los oradores, también traspasa la frontera. En octubre de 2024, el gobierno de Javier Milei le quitó el estatus de refugiados a los miembros de la familia que residían en distintas partes del AMBA, lo que los obligó a abandonar el país e instalarse en Venezuela, donde ahora intentan reconstruir su vida. En abril del mismo año, habían allanado sus hogares y detenido a Rosa, Tania y Myriam, hermana de las Villalba y madre de Lilian, una de las niñas asesinadas por el Estado paraguayo.

Un nuevo Plan Cóndor

En conversación con ANCCOM, Hermes Grance, integrante del Partido Comunista paraguayo en Argentina, habló sobre la existencia de un proyecto de persecución política no solo en Paraguay, sino en toda la región. “En Paraguay hay una estigmatización, una criminalización total de los que luchan. A la familia Villalba la han perseguido políticamente y, actualmente, con el gobierno que tenemos en la Argentina, tenemos seria preocupación de que esa persecución se agrave y se extienda a los que estamos militando en esta campaña”, señaló.

“Esto que está sucediendo en Paraguay no es casual. Es un nuevo Plan Cóndor que vuelve a unir a las derechas latinoamericanas en un plan sistemático de represión, tortura y exterminio”, afirmó María Elena Naddeo, referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Además, tanto Naddeo como Juliana Cabrera del Partido Obrero hicieron énfasis en la arremetida de la gestión de Milei contra las políticas de memoria, la salud y la educación pública, los jubilados y los migrantes.

El pasado jueves 29 el Poder Ejecutivo nacional publicó un decreto que modifica el régimen migratorio. Con la nueva normativa, se establecen controles más estrictos para el ingreso al país, para obtener la nacionalización y se limita el acceso a las prestaciones de salud y educación pública superior. “No es solo contra la colectividad paraguaya, no es solo el Estado paraguayo. Hay una unificación, un proyecto contra nuestros pueblos. Tenemos que decirlo y elevar nuestras voces”, dijo Grance sobre el DNU.

Celia González, miembro de la comisión de Derechos Humanos de la Villa 21-24, donde viven muchas comunidades de migrantes, elevó su voz directamente hacia la embajada. “Los embajadores pónganse las pilas, que acá están sus compueblanos sufriendo con nosotros la injusticia de todos ustedes”, clamó contra las vallas.

También participaron de la radio abierta la periodista Claudio Korol, quien se encargó de coordinar la actividad, la exderenida-desaparecida Mabel Careaga -hija de Esther Ballestrino de Careaga, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo—, Eduardo Soares de la Gremial de Abogados y Abogadas, Claudio Medina, secretario de DDHH del gremio docente Ademys, y Brian Carlson, artista estadounidense, que pintó a las hermanas Villalba y a Francisca Andino.

A la espera de una respuesta al nuevo pedido de visita para el miércoles 4 de junio, los presentes cantaron por las mujeres detenidas. “¡Libertad! ¡Libertad, a las presas por luchar!”. El viernes toda la región se hizo eco de esa demanda, con actividades en los consulados de Paraguay en Montevideo, Uruguay, y Foz de Iguazú, Brasil. La Campaña Internacional en solidaridad con la familia Villalba mantiene viva la esperanza que sus propias compañeras presas les transmiten, así como el grito de justicia por las niñas asesinadas y la aparición con vida de Lichita.