“Éramos jóvenes que queríamos un mundo mejor” 

“Éramos jóvenes que queríamos un mundo mejor” 

El sobreviviente de la última dictadura Carlos Alberto Lafit declaró en el juicio que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Mansión Seré y RIBA. El tribunal innovó en el procedimiento judicial para que las víctimas de un represor fallecido puedan acceder a la verdad de lo sucedido con sus padres.

“Me dice que me agarre la cabeza. ‘Por qué’, le digo, ‘Porque te la voy a volar’”, contó que le respondió el guardia que lo había llevado del cuello hacia una habitación dentro del destacamento de Palomar, centro clandestino de detención identificado por el testigo Carlos Alberto Lafit, uno de los dos sobrevivientes que testimoniaron en la sesión N° 16 de la causa Mansión Seré IV y RIBA II, llevada a cabo este martes. Lafit, en aquellos años miembro de la Juventud Peronista y estudiante universitario, hizo caso omiso a la directiva del guardia: “Como una última rebeldía, de una juventud que venía cansada de tantas dictaduras militares, donde el mismo clima de época hizo que participáramos por el ideal de una sociedad más justa, no me agarré la cabeza”, reflexionó. Recuerda que esperó el tiro, pero el guardia nunca disparó: A cambio, fue llevado a una celda de dos metros por uno que utilizaban como sitio de castigo.

Sobre las circunstancias en las que fue secuestrado mientras salía de la universidad, recuerda que lo esperaba “una persona morocha, alta y corpulenta” acompañado de un muchacho con el ojo golpeado, que él reconoció: “Cuando salíamos del comedor universitario el chico nos pedía manzanas”, dijo. Se trataba de “Palomeque”, quien le confesó que por supervivencia, tuvo que entregar su nombre a los militares.

Ya detenido, uno de los episodios de tortura que recuerda Lafit fue la ocasión en la que un guardia pateaba en el piso a un compañero suyo: “Yo le dije al oficial que no lo patearan porque estaba dolorido desde antes, ‘¿Ah sí?, ¿vos sos el buen samaritano?’ me respondieron, y me empezaron a patear a mí, con esos botines con punta de plomo que usaban los militares”. Aferrarse a la religión lo rescataba, de a ratos, de tanto horror. “Sentí la presencia de Dios no por fanatismo religioso sino por creyente”, sostuvo el testigo y dijo: “Me quedó siempre ese interrogante de por qué otros compañeros tuvieron que sufrir, no aparecer, cuando yo tuve ese privilegio, que es un derecho en realidad, de estar vivo. Por eso estoy acá. Porque ese mismo corazón, con el que actuamos con sueños e ideales por una sociedad mejor, lo tenían ellos también. Queda ese dolor de por qué otros corrieron otra suerte”, admitió Lafit acerca de su liberación del cautiverio que duró casi dos meses.

Para finalizar su testimonio, dirigió unas palabras al tribunal y les agradeció “por seguir manteniendo esta línea de investigación porque esto no debe ocurrir más en nuestra patria, ni en ninguna parte del mundo. Fue un horror lo que vivimos. Las secuelas quedan en la memoria y el corazón. Solo éramos jóvenes que queríamos un mundo mejor”.

“Entiendo que en este contexto adverso quizás los testigos vuelvan a tener miedo», dijo María Eva Pérez.

En esta misma audiencia, el tribunal denegó la petición realizada por los abogados que acusaban a Juan Carlos Vázquez Sarmiento en torno a continuar como querellantes en el resto del juicio dado que el represor –uno de los juzgados en esta causas por los delitos de lesa humanidad- falleció hace unos días. En su lugar, se dispuso una “instancia especial” por fuera del actual proceso, novedad jurídica en Argentina en el marco del derecho a la verdad, en la que se abordarán las pruebas testimoniales y documentales que han sido recuperadas a lo largo del juicio para establecer la materialidad de los hechos en relación a la desaparición de José Manuel Pérez Rojo y Patricia Roisimblit, padres de Mariana Eva Pérez y Guillermo Pérez Roisimblit, que posiblemente acontezca tras la finalización de las audiencias previstas de la causa. “Será una audiencia con características especiales. El tribunal rechaza nuestro pedido pero toma nota de que las víctimas tienen derecho a reclamar una respuesta en base al derecho a la verdad y hacen una creación judicial para encontrar ese espacio”, explicó el abogado querellante Pablo Llonto, en diálogo con ANCCOM. A la vez reflexionó: “Está bueno que la justicia frente a situaciones nuevas como las que ocurren ahora encuentre caminos alternativos para dar respuesta a las víctimas. Son pequeños avances. Frente a las posiciones más negadoras de los derechos humanos que podrían concluir ‘se terminó, el acusado se murió y punto’ en este caso abren una puerta alternativa, en una creación jurisprudencial interesante, con estos mismos jueces”. En esta misma línea el abogado hizo hincapié en la importancia de que el proceso judicial continúe: “Por el derecho a la verdad que tienen las víctimas de exigirle al Estado que dé una respuesta respecto de un hecho que cometió el mismo Estado”.

“Me da la sensación de que le cuesta al tribunal dar cuenta de esta omisión de no contemplar a las infancias como víctimas, ni a Guillermo [Perez Roisinblit] ni a mí. Solamente a los tres adultos involucrados. ¡Qué les cuesta reparar eso en un fallo por derecho a la verdad que nos incluya!”, reflexionó Mariana Eva Pérez, en diálogo con ANCCOM, en relación a la desaparición de sus padres. En la misma línea sostuvo: “No es que quiera seguir en este juicio porque me copa Montoneros Zona Oeste, ni soy una investigadora en temas de la Fuerza Aérea, sino porque al ser el ámbito de militancia de mis padres, es muy probable que se hable de personas o hechos que hayan estado relacionados con ellos o con su desaparición”, expresó y agregó: “Realmente no se está garantizando el acceso a la verdad si voy a depender de preguntarle a otras querellas qué se dijo, o esperar que se acuerden del caso de mis padres y pregunten, o que la fiscalía de los 133 casos que tiene se acuerde especialmente de los nuestros”.

En esta misma audiencia, el otro testigo decidió no hacer público su testimonio y resguardar su identidad, derecho al que pueden suscribir todas las víctimas. Llonto fue consultado acerca de las posibles razones por detrás de esta decisión: “Hay testigos que pueden sentir algún tipo de molestia en torno a la exposición de la imagen pública. También puede tener que ver con cuestiones relacionadas a todavía sentir miedo”, sostuvo el abogado. Además, hay una pregunta clásica que se realiza en los juicios: “¿qué daño ha causado todo esto a su familia?” y allí aparecen respuestas de comportamientos familiares, situaciones del pasado que generaron conflictos y daños concretos a la vida y a la salud mental de cada persona y sus entornos. En este sentido, Mariana Eva Pérez sostuvo: “Entiendo que en este contexto adverso quizás la gente vuelve a tener miedo lamentablemente, por lo que sería bueno que el tribunal les ofrezca a los testigos todas las posibilidades intermedias que hay entre que se transmita y no se transmita: se puede transmitir distorsionando la voz, no mostrando la imagen, no dando el nombre. Así podríamos tener acceso a los relatos, porque muchas de las personas están declarando por primera vez”.

La próxima audiencia de esta megacausa será el martes 25 y se llevará a cabo de forma virtual.

La fotógrafa de las luchas populares

La fotógrafa de las luchas populares

Se inauguró en el Centro Cultural Comunarte la muestra “Mujer y Derechos Humanos”, una serie de fotografías del archivo Hasenberg-Quaretti que destaca la persistencia y el protagonismo de las mujeres, de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo a la vitalidad actual del feminismo.

 “A mí me enamora ver a la gente comprometida con sus ideas. No hay ningún derecho que haya sido gratis, todos han sido conquistados con lucha: si no estamos en la calle, no logramos nada. Quienes nunca se han movilizado y reciben esos derechos, no tienen conciencia de lo necesario que es defenderlos. Por eso, retratar las luchas me parece fundamental: lo que hago es multiplicar y difundir la actividad de los militantes en las calles”, afirmó Mónica Hasenberg en referencia al valioso archivo que construyó durante su carrera como fotógrafa y que en parte expone en la muestra Mujer y Derechos Humanos en el Centro Comunarte.

En la primera habitación del Centro Comunarte, ubicado en la Comuna 5 de Capital Federal, reposan sobre la pared blanca de la izquierda unas 20 fotografías, las primeras en blanco y negro, y más adelante otras a color: la Asociación Civil Madres Víctimas de Trata, Abuelas y Madres de Plaza de Mayo anunciando la restitución de un nieto, el primer Día Internacional de la Mujer luego de la dictadura civicomilitar y personas que reclaman en la megacausa ESMA.

“Soy fotógrafa de las luchas populares. Saco personajes cuando están en situación, ya sea una marcha o una actividad política. Si bien las fotografías de la década del 80 tienen distintas temáticas, la actual es prácticamente de luchas sociales. Las imágenes de mujeres son una parte de mi archivo, un recorte. Quizás son pocas, pero muy simbólicas de las luchas que tenían ellas en aquellos años. Con esas fotografías pueden trazar paralelismos, cortes transversales en la historia o armar síntesis que resultan fundamentales. Por ejemplo, las luchas sindicales femeninas: con las imágenes podemos mostrar que antes eran muy pocas las mujeres y su protagonismo, nulo. Pero también nos muestran la evolución y los cambios que se dieron luego. Cómo la mujer ha tomado protagonismo estos años y cómo su poder hoy en la calle es totalmente evidente e indiscutible”, explica la artista.

En el segundo ambiente, de paredes blancas muy altas con ribetes celestes, un pizarrón señala “memotest feminsita”. Sobre tres mesitas se exhiben de a pares varios grupos de pequeñas fotos: pañuelos blancos y verdes, mujeres abrazadas y marchando con pancartas y carteles. El público comienza a llegar a la hora citada, se dispersan por el centro, conversan y pasan a las mesas del patio donde además funciona una cantina. Destaca la ausencia de jóvenes. Son apenas unos pocos, pero ninguno menor de 20 años.

En la primera actividad de este año sobre DDHH que el Centro Comunarte organiza, con la sala llena, le ceden el micrófono a la psicóloga y exdocente Alicia Piatti de Quieto. “Los trámites que ven ahí los hicimos todos entre nosotras”, relata la esposa del detenido desaparecido Carlos Quieto mientras hace circular entre el público distintos papeles y documentos. Embarazada de seis meses de su hija Lucila Quieto, presentó un habeas corpus, cartas y distintas denuncias sobre la desaparición de su marido, incluso visitó a la Iglesia. “Luego comencé a ir a reuniones con mi beba de un mes. Allí la mayoría eran madres y padres porque mis compañeras del barrio estaban desaparecidas. En una última reunión plantearon ir a la plaza, y allí fuimos. No querían mujeres jóvenes ni hombres por miedo a que los llevaran”.

Mónica Hasenberg tomó el micrófono y en la misma línea que su predecesora continuó: “Realmente creían que a las mujeres las iban a poder dominar, pero si les daban la orden de no estar paradas, ellas rondaban. Cuando no podían estar en grupos grandes, se enlazaban de a dos. Existía una resistencia muy característica de las mujeres. Y acá -dice mientras señala las fotografías exhibidas- tenemos un montón de fotos que retratan ese protagonismo y fuerza para hacer, para no olvidar”.

En entrevista con ANCCOM, Hasenberg explicó cómo comenzó a retratar las manifestaciones y luchas sociales. “Tuve una época en que me volcaba más a la publicidad y hacía mucho laboratorio. Esos fueron mis inicios, pero con los años mi elección fue otra”, relata la hija del también fotógrafo Werner Haisenberg. “Un día fui a una marcha. Si bien tenía algunos amigos a los que habían chupado y luego liberado (es decir, estaba al tanto de lo que sucedía), cuando vi a las madres, me conmovió tanto que me puse a llorar. Desde entonces fui todos los jueves, incluso estando embarazada. Yo iba con la máquina de fotos disimulada en un bolso. En esa época levantaba la cámara, sacaba la foto y la volvía a  guardar rápido. Quizás esas primeras imágenes no tienen una relevancia fotográfica, sino más bien testimonial. Luego, a las marchas grandes íbamos con un mayor el equipo de cámaras y juntos”, dijo, en referencia al trabajo que realizó con su compàñero Brenno Quaretti.

Aquel trabajo hoy se conoce como archivo Hasenberg-Quaretti y consta de 45.000 negativos de fotografías analógicas tomadas entre 1979 y 1989 que la fotógrafa junto a sus hijos donó al Estado argentino luego de la muerte de Quaretti. De ellas, solo unas 6.000 habían sido digitalizadas personalmente, pero luego de la donación, el archivo completo está en proceso de digitalización por un equipo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA en un Programa de Extensión Universitaria. Hasenberg también promete donar su archivo digital posterior a la década del 80.

Fue a partir del 2004, cuando comenzó con la digitalización, que encontró fotos que no recordaba que las tenía. “Por ejemplo, las fotos que tomé del primer 8 de marzo luego de la dictadura, son las únicas que por el momento han aparecido, ojalá existieran más”.

En 2013 inauguró una primera muestra en Plaza Almagro con ocho banners, que nunca dejaron de circular por escuelas, centros culturales y universidades. Actualmente son 20 y se encuentran en una gira patagónica que inició en Bariloche y espera que “recorran distintas localidades del sur del país sin apuros y sin volver a Buenos Aires pronto”.

En la muestra se esperaba la presencia de Lucila Albertina Quieto “fotógrafa de la ausencia” que, aunque de una forma diferente de Hasenberg, preserva la memoria a través de la fotografía. Nació cuatro meses después de la desaparición de su padre, y la imposibilidad de una foto juntos la llevó a crear la imagen imposible. Con superposiciones y montajes manifiestos que denuncian la falta, posa ante la proyección de una foto de su padre y toma una nueva, donde aparecen los dos. Este trabajo luego lo replicó con otros hijos de desaparecidos y sus padres.

Entre el público presente destacaron que la muestra Mujeres y Derechos Humanos “transmite fuerza, si bien me devuelve a un momento doloroso, pero en el cual teníamos mucha fuerza para luchar”. También agradecieron “por hacer visibles cosas que no podíamos ver quiénes no vivíamos en Buenos Aires, eran épocas en que se ocultaba”. No faltaron vitoreos de “30.000 compañeros detenidos desaparecidos, presente, hoy y siempre” e incentivos a acompañar las manifestaciones de cada miércoles que frente al Congreso reúne a los jubilados.

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Centro Cultural Comunarte, Castro Barros 236, CABA. La muestra se puede visitar de lunes a viernes de 14 a 21 y los sábados de 11 a 14.

 

“Los femicidios son la punta del iceberg de la violencia de género”

“Los femicidios son la punta del iceberg de la violencia de género”

Cada 27 horas se registró un crimen de género en el país, según el informe de La Casa del Encuentro. Las especialistas Claudia Pekar y Raquel Vivanco alertan sobre la desidia del gobierno, que redujo programas, eliminó el Ministerio de las Mujeres e impulsa la derogación de la figura legal del femicidio.

En los dos primeros meses del año se registraron 55 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, y 1 de un varón adulto, según el nuevo informe del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, dirigido por La Casa del Encuentro. De las víctimas, 51 hijas e hijos quedaron sin madre, el 55% de ellos menores de edad. Además, el 59% de los agresores eran pareja o expareja, y el 68% de las mujeres fueron asesinadas en su hogar. Buenos Aires sigue siendo la provincia con más casos (24), seguida por Santa Fe (9), Mendoza y Chaco (4).
“Lamentablemente esta cifra ­–que con mínimas diferencias se repite años tras año–, no sorprende a quienes trabajamos en violencia de género, porque sabemos que esta problemática está muy enraizada en nuestra sociedad. El femicidio es la expresión más violenta de la violencia física, pero es sólo una de los tipos en que se despliega la violencia machista, además de la violencia sexual, psicológica, económica patrimonial, simbólica y política”, señala Claudia Pekar, abogada especializada en género, voluntaria en la Casa del Encuentro y cofundadora de Generando Consultora.
Ante la falta de cifras oficiales, los datos recopilados mensualmente por distintos observatorios evidencian que los femicidios son una realidad innegable, a pesar de la postura del gobierno de Javier Milei. Raquel Vivanco, directora general y fundadora del Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven”, que también publicó su informe sobre femicidios, menciona que en lo que va del año se registró un femicidio cada 27 horas. Al respecto, afirma: “Los femicidios son la punta del iceberg de la violencia de género. Por eso, el término femicidio tiene una dimensión política, utilizada para denunciar y visibilizar la gravedad de la violencia machista'».
Dicha tipificación, impulsada por la Casa del Encuentro, fue incorporada como agravante del homicidio en 2012 gracias a la lucha del movimiento feminista, que logró instalar un cambio de paradigma. “’El inciso 12 del artículo 80 del Código Penal incorpora el femicidio vinculado, que ocurre cuando se mata a alguien cercano a la mujer –hijos, madre, nueva pareja– con el objetivo de hacerla sufrir, o cuando alguien es asesinado al interponerse para defenderla'», explica Pekar.

«Ser mujeres o personas LGBTIQNB+ no implica ningún privilegio; por el contrario, somos asesinades por nuestra identidad. La tipificación del femicidio, la Ley de Identidad de Género y el Cupo Laboral Travesti Trans no son un ‘curro’, sino herramientas fundamentales para proteger a colectivos históricamente vulnerados, cuya implementación es responsabilidad del Estado», afirma Vivanco.
Sobre esto, Pekar apunta que si bien vivimos en una sociedad violenta, la violencia de género es un fenómeno específico y sistemático, cuya tipificación en el Código Penal responde a su frecuencia y a su arraigo en un patrón cultural. «La reforma del artículo 80 amplió el alcance de la pena más grave, la prisión perpetua, para incluir a exparejas y relaciones sin convivencia, antes excluidas. No se trata de negar otras violencias, sino de reconocer que el femicidio es un problema mundial, con cifras alarmantes en países como México, que registra diez casos diarios”.
Y agrega: “Argentina asumió compromisos internacionales al firmar la Convención CEDAW en 1979 y la de Belém do Pará en 1994, que exigen erradicar, sancionar y prevenir la violencia contra las mujeres. La tipificación del feminicidio y la Ley 26.485 responden a esos acuerdos, traducidos en políticas nacionales para combatir esta problemática».
Si bien desde el Observatorio informan que las estadísticas de femicidios se han mantenido a lo largo de los años, lo que vemos es que la violencia hacia mujeres y diversidades se profundiza en contextos adversos como el actual. “La negación de su existencia, sumada al desmantelamiento y desfinanciamiento de los espacios estatales destinados a la protección, asistencia y prevención, pone en peligro constante a mujeres, niñas, niños, adolescentes y diversidades, exponiéndolos a las distintas violencias tipificadas en la ley 26.485”, advierten desde La Casa del Encuentro. En esa línea, Vivanco subraya: “El desempleo creciente y el ajuste económico llevado adelante por Milei impactan especialmente en mujeres y diversidades, que muchas veces no cuentan con los recursos necesarios para salir de situaciones de violencia. La falta de autonomía económica es determinante para pensarnos libres de todo tipo de violencia”.

Una de las políticas que intentaba abordar esta necesidad, aunque de manera limitada, era el plan Acompañar. Este programa otorgaba un subsidio equivalente a un salario mínimo durante seis meses a mujeres y disidencias en situación de violencia, permitiéndoles encontrar un camino hacia la autonomía. “Muchas mujeres no pueden irse de sus casas porque no tienen recursos, ya que una de las formas de violencia es la económica-patrimonial. El Estado, al menos, reconocía esa necesidad. Ahora, las solicitudes aprobadas han caído drásticamente en comparación con gestiones anteriores”, sostiene Pekar.

Además, advierte que la consecuencia inmediata del desfinanciamiento y desmantelamiento de políticas de género es la falta de recursos y espacios de asistencia. “La eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad refleja la poca importancia que este gobierno le da a la violencia de género. Se han reducido dispositivos clave como la línea 144, que funciona las 24 horas brindando contención y asesoramiento, pero con menos operadores tras los despidos”.

Más allá del recorte de políticas, Claudia también alerta sobre el impacto de los discursos negacionistas y de odio que se han fortalecido con este gobierno. “No solo se desfinancian programas, sino que se instalan discursos que minimizan la violencia de género y refuerzan la homofobia y la lesbofobia. Ya hubo varias víctimas de crímenes de odio en lo que va de 2024 y comienzos de 2025, y esto es parte de ese contexto”.

En contraste, la abogada destaca la labor crucial de organizaciones como la Casa del Encuentro, que lleva más de 20 años brindando asistencia integral y gratuita a mujeres en situación de violencia, sin importar su ubicación. “Además de la atención presencial en la Ciudad de Buenos Aires, la Casa del Encuentro ofrece apoyo a través de llamadas y encuentros virtuales, brindando recursos a mujeres que no saben qué hacer, por dónde empezar ni qué derechos tienen».

Vivanco subraya que frente al odio y la crueldad del gobierno de Milei, la respuesta debe ser colectiva, y que la solidaridad es nuestra principal herramienta. «Le oponemos a este proyecto deshumanizante, un proyecto de vida y de felicidad. Este 8M paramos y volvemos a las calles para defender nuestras conquistas y afirmar que nuestras vidas tienen valor.», concluye.

De mamá a funcionaria

De mamá a funcionaria

Mara Recondo se involucró en la temática de la discapacidad a partir de su experiencia como madre de Francisco. Hoy, ocupa el cargo de Directora General de Discapacidad y Accesibilidad en la Municipalidad de Bahía Blanca. ¿Cómo influye su experiencia de vida? ¿Cómo se gestiona cuando el gobierno nacional quita pensiones y restringe derechos?

Francisco, de 23 años, vive en Bahía Blanca. Tiene una discapacidad cognitiva y es usuario de silla de ruedas. Sólo se comunica a través de gestos. Mara Recondo comparte con ANCCOM, que los primeros años de su hijo estuvieron marcados por el paradigma médico rehabilitador. “Empezamos rehabilitándolo para que sea lo más normalito posible y que esté incluido en la sociedad. Me volví su terapista ocupacional, psicóloga, abogada y neuróloga. Después entendí que Fran quería a su mamá, no todo eso”, confiesa. Junto con su esposo Hernán, aprendieron cómo acompañarlo. “Cuando dejé de esperar que Fran hiciera lo que tenía que hacer una persona para estar incluido en la sociedad y empecé a acompañarlo, descubrí a un Fran maravilloso”. Recondo reconoce: “Su vida no es fácil, porque los entornos no son accesibles. Sin embargo, él logró ser feliz y nosotros con él”.

Recondo se involucró como mamá activista, luego formando parte de una cooperadora de discapacidad y más tarde, creando el Observatorio de Discapacidad en Bahía Blanca. El año pasado, fue convocada por el actual intendente Federico Susbielles, para ocupar el puesto de Directora General de Discapacidad y Accesibilidad en la Municipalidad de Bahía Blanca (MBB). A un año de asumir este cargo, contó su experiencia a ANCCOM, sus motivaciones y desafíos. Mientras la Agencia Nacional de Discapacidad de Argentina (ANDIS), bajo el gobierno de Javier Milei, publicó una resolución usando términos como “idiota” o “imbécil” para describir a las personas con discapacidad intelectual -una medida de la que rápidamente debió retractarse- desde la MBB se trabaja de manera comprometida para abordar la temática de la discapacidad.

¿Quién era Mara Recondo antes de ser la mamá de Francisco?

A los 19 años trabajé en una empresa donde uno de los dueños era una persona sorda. Con él desarrollé un vínculo cercano. Me juntaba con él a tomar el té, me leía los labios y me enseñó algunas señas. La discapacidad ya empezó a rondar en mi vida. Mi sueño era formar una familia. Con Hernán nos casamos y al poco tiempo quedé embarazada de Magalí. Dos años más tarde, nació Fran, y seis años después, Lara. Hay una Mara antes y otra después de Fran: como persona, mujer y profesional.

 

¿Cómo fue lo de Francisco?

Con Fran tuve un embarazo y un parto impecables. Pero a los tres días lo internaron casi muerto, había sufrido una convulsión por hipoglucemia. Yo sabía que algo no estaba bien. Tenía dificultad para alimentarlo por lactancia y pedía que me escucharan, pero me decían que tenía depresión postparto. A los días, Fran no tenía tono muscular y lo metieron en una incubadora con oxígeno. El médico le tomó la glucemia y no había azúcar en su sangre. Allí comenzó la odisea para salvarlo. Nos dieron un diagnóstico devastador: Fran tenía hipertrofia cardíaca severa. Sus paredes cardíacas eran del grosor de las de un adulto, algo impensable en un bebé de tres días. No sabían si su corazoncito iba a resistir la noche. Entramos con Hernán y pusimos nuestras manos en su corazón, como queriendo curarlo. Hice un pacto con Francisco: “Vos pelea acá adentro, que yo peleo afuera”. Y Fran se quedó. El martes siguiente, el grosor de las paredes de su corazón se redujo considerablemente, y para el miércoles ya era un corazón normal. El médico sale y dice: “¿Usted cree en los milagros? Ahí adentro hubo uno”. Después fue otra instancia. Fue a casa sin secuelas cardíacas, y vinieron las secuelas neurológicas. Nos confirmaron la lesión cerebral que afectaría su campo visual. A los 6 meses, le diagnosticaron Síndrome de West, que en cada convulsión mata neuronas. Logramos contener esas convulsiones rápidamente, eso permitió que Francisco tuviera menos daño. Sin embargo, hoy vive con disminución visual y parálisis cerebral.

 

¿En qué momento abriste la mirada en que había otras personas como Francisco?

Surgió de entender que nosotros pudimos construir para darle a Francisco las herramientas que necesitaba. Sería valioso compartir lo que aprendimos, para que otras personas no tuvieran que pasar por lo mismo. Me involucré en la cooperadora buscando recursos y más tarde, formé parte de la Escuela 509, donde Francisco estuvo desde los 3 hasta los 17  años. A medida que avanzaba, acceder a los derechos de Fran se iba haciendo más difícil. Tuvimos que recurrir a la justicia. La obra social no deja de ser un comercio y el proceso de dilación de trámites es una estrategia. Con el apoyo de un abogado, nos empoderamos para defender los derechos de Fran.

Después, creé el Observatorio, un espacio abierto, plural y participativo, donde la voz de las personas con discapacidad tiene un rol activo. Siempre fui firme en que la política debía ser con ellos, no para ellos. Hace un año y medio, el actual intendente me convocó para ser parte de su gobierno. Lo conocía porque siempre mostró interés por la discapacidad. Su visión sobre políticas públicas es crear una dirección transversal a todas las áreas. Hoy tenemos un enfoque de acompañamiento, no de asistencia. Es más amplio, involucra la intervención de múltiples áreas. Nos estamos moviendo de un paradigma médico rehabilitador a uno social.

Cuando me propusieron el cargo, lo pensé. Llevaba 22 años pegada a Fran y ahora tendría que estar fuera de casa 10 horas al día. Le dije a mi familia: “Siento que tengo que subirme a este tren. No solo es por Fran, es por otros Franes en la ciudad”. Así que acepté. Mi meta es dejar políticas públicas firmes, que las personas conozcan sus derechos y accedan.

Uno de los desafíos es desarrollar una política de empleabilidad para personas con discapacidad. Queremos involucrarnos desde la selección de personal hasta concientizar al sector productivo para fomentarla: en Bahía Blanca, el 86% de las personas con discapacidad está desempleado.

Mara Recondo

¿Qué medidas están llevando adelante? ¿Qué desafíos encontraron?

Uno de los desafíos es desarrollar una política de empleabilidad para personas con discapacidad. Queremos involucrarnos desde la selección de personal hasta concientizar al sector productivo para fomentarla: en Bahía Blanca, el 86% de las personas con discapacidad está desempleado. En la ciudad hay casi 16 mil personas con discapacidad. Digo “casi” porque estamos desarrollando la base de datos. Muchos de ellos no salen de sus casas, nuestro objetivo es acercarnos a ellos, empezando por los barrios más populares. El mayor requerimiento de las personas con discapacidad que hemos atendido, un 48% (alrededor de 2.500 personas entre mayo y diciembre), es el acceso a sus derechos.

Actualmente, el municipio tiene 33 personas con discapacidad en planta permanente. Estamos evaluando a cada uno para identificar qué ajustes razonables necesitan, adaptar el trabajo para que sea lo más autónomo posible para ellos, sin demandar un esfuerzo excesivo al empleador. Un ejemplo es el de Yanina, una trabajadora que es usuaria de silla de ruedas,  no tiene brazos y escribe con los dedos de los pies. Le compramos un teclado inalámbrico que puede usar con los pies y unos auriculares con micrófono para que se comunique con los proveedores. Esta inversión mejoró significativamente su calidad de vida y su desempeño. Queremos replicar esta experiencia en las empresas para que se animen a contratar. La inclusión fomenta la convivencia con la diversidad en el equipo de trabajo, creando un ambiente empático y positivo.

A lo largo de 2024, trabajamos cinco ejes que continuaremos este año. El primero es la capacitación. Ofrecemos formación en perspectiva de discapacidad para agentes municipales. Capacitamos a 980 personas y dimos cursos de lengua de señas nivel 1 y 2, con 72 personas certificadas en ambos niveles. El segundo eje es la accesibilidad comunicacional. Para los colectivos, diseñamos pictogramas para personas con autismo, que indican cómo saludar, usar la tarjeta SUBE, buscar asiento y bajarse del colectivo. Esa secuencia los organiza y les da autonomía. Además, trabajamos en la accesibilidad del medio físico. Hicimos accesible el Parque Independencia con una nueva rampa y en todos los eventos públicos instalamos plataformas elevadas. También creamos un consejo de políticas de accesibilidad, donde participan instituciones de personas con discapacidad y organismos del Estado. Este viernes tendremos la reunión número 14 en la que continuaremos trabajando en un programa de fortalecimiento de los talleres protegidos. El año pasado, acompañamos a tres instituciones de discapacidad con una inversión de 96 millones de pesos.

 

 

¿Cómo se vive la gestión peronista en Bahía Blanca, teniendo en cuenta las diferencias con el gobierno nacional?

Es muy difícil. Fui a la Agencia Nacional de Discapacidad en Buenos Aires a obtener información sobre el estado de las pensiones para personas con discapacidad. Hoy, las personas que tramitan su pensión no contributiva no tienen forma de saber en qué instancia se encuentra su solicitud. Es una negación de derechos. La gestión nacional está evaluando eliminar pensiones no contributivas. Existe una ley que regula estas pensiones desde 1997, hubo resoluciones posteriores que ampliaron derechos. Hoy cobran $280.000 de pensión no contributiva. Ayuda pero no les resuelve la vida. Hubo irregularidades pero es importante que se controle manteniendo el derecho vigente.

Otro tema es la falta de entrega de pasajes de larga distancia para personas con discapacidad. La plataforma no está habilitada y la Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRP) no actúa. Cuando no hay una política pública nacional, debemos reforzar la política pública municipal. En algunos casos no podemos resolverlo.

La gestión peronista, luego de una Bahía Blanca radical de toda la vida, se la ganó Federico con su política de cercanía. Cuesta entenderlo porque nunca hubo política pública integral. En el pasado las instituciones enfrentaron solas muchos desafíos. Todavía persiste esa mentalidad de trabajar de manera aislada. Cuando tenés una persona con discapacidad en tu familia estás tan ocupado en su bienestar y cómo resolver las cuestiones inherentes a eso que es difícil pensar en otros y colectivamente.

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En una de las organizaciones de las que Recondo formó parte, CILSA, reciben donaciones destinadas a proporcionar sillas de ruedas y recursos a niños y niñas.

Las otras identidades que restituye la CONADI

Las otras identidades que restituye la CONADI

Judith Alexandre fue separada de su madre al momento del parto en la década del 70. No resultó apropiada por razones políticas; sin embargo, fue víctima de una red de tráfico de bebés que jugó un papel clave en la práctica de apropiación de niños antes y durante la última dictadura militar.

Judith Alexandre nació en 1977 y en el momento del parto la separaron de su mamá. La partera que atendió el nacimiento y firmó la partida con información falsa estaba casada con un militar. Allí puso que era hija biológica del matrimonio que la crió e inició su apropiación. Su madre no estaba vinculada de ninguna manera a los movimientos políticos de la época. “La identidad es algo muy difícil de entender y de definir porque cuando la gente habla de ella habla desde lo que sabe”, explica Alexandre en diálogo con ANCCOM y agrega: “¿Cuál es tu identidad? Lo que vos sabés: que venís de una familia así, que naciste en tal lugar… Esa información es la que va forjando tu identidad. Ahora, cuando vos tenés una realidad como la mía, ves que es mucho más que eso, abarca otros aspectos hasta inconscientes y te diría otros que son muy difíciles de transmitir a quien nunca la perdió”.

El robo de bebés fue una práctica usual inserta en la sociedad argentina preexistente a la última dictadura militar. Las redes de tráfico de niños existían ya como un comercio consolidado que hizo que esto fuera posible de sostener durante tantos años. Hay quienes consideran que fue una condición de producción necesaria para lo que sería más tarde la apropiación de bebés por cuestiones políticas. La complicidad de la sociedad civil, de la Iglesia, de funcionarios del Poder Judicial, de la salud y de las Fuerzas Armadas resultaron fundamentales para llevar adelante esta práctica. En todos los casos, anularon la identidad de miles de niños y niñas y los privaron de vivir con sus legítimas familias, de sus derechos y de su libertad.

La Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) atiende a personas nacidas entre los años 1975 y 1983, que dudan sobre su identidad. La Comisión es quien solicita al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) la realización de los análisis de ADN para ver si existen vínculos de parentesco con personas desaparecidas durante la última dictadura militar. El Banco, es el lugar donde se almacenan los perfiles genéticos de las familias que buscan a los bebés apropiados en dictadura y a las personas con dudas sobre su origen, allí se analiza si existe alguna coincidencia con los perfiles genéticos registrados. Este proceso puede demorar varios meses para determinar si hay una coincidencia, y en casos donde no la hay, puede extenderse durante años, mientras se espera que surjan nuevas muestras genéticas que puedan confirmar un vínculo con personas desaparecidas.

Este trabajo es posible gracias al descubrimiento del índice de abuelidad, creado gracias a la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo en 1984 para identificar a los hijos e hijas de desaparecidos. Sin embargo, desde 2019, la CONADI habilitó otro área que se ocupa de recibir a mujeres que tuvieron un parto durante estos años y que o bien, dieron a su bebé voluntariamente, les dijeron que su bebé había nacido muerto, o fueron forzadas a entregarlo. En su mayoría son mujeres que transitaron embarazos adolescentes, se encontraban en situaciones de vulnerabilidad o estaban solas al momento del parto. Sus hijos, en los papeles, son hijos de otras familias.

Alexandre se acercó en 1996 a Madres de Plaza de Mayo, habiendo cumplido 18 y pensando que, solo así, podrían darle la atención que necesitaba. Allí la recibieron, la contuvieron y la orientaron para iniciar la búsqueda. Por entonces, las Abuelas de Plaza de Mayo habían lanzado su convocatoria a jóvenes que dudaran de su identidad. En 1997, acompañada y aconsejada por Madres, Alexandre se acercó a Abuelas y luego de abrir su legajo en CONADI incorporó su muestra de ADN al Banco Nacional de Datos Genéticos, esperando un llamado telefónico que le diera información sobre lo que ella buscaba. Durante años, la única información que poseía era que -hasta ese momento- su perfil genético no incluía con el de ninguna de las familias de desaparecidos que conformaban el Banco. Pero ella siguió buscando.

“A mí me decían: `Pero ¿vos qué buscas? ¿a tu mamá?´ Y cuando ya creciste y pasaste los 20 es como hasta vergonzoso. Decís: «No, yo no busco una mamá, ya tuve una mamá -recuerda-. Porque no buscás una mamá desde ese lugar, que venga y te críe, pero sí buscás tu verdad, necesitás esa información”, explica Alexandre.

Sin saber qué la esperaba, en el medio hizo una carrera profesional, trabajó y tuvo cuatro hijos, el tiempo pasó, pero ella nunca dejó de buscar. “Me daba paz saber que estaba buscando porque también hubo momentos en los que decía que ya estaba, que no buscaba más y después me sentía mal conmigo misma. Entonces me decía que no era una opción en mi interior no buscar”, confiesa. Veintidós años más tarde, en 2019 y a partir de la apertura de la nueva área de CONADI, recibió el llamado que tantos años estuvo esperando. Del otro lado también la estaban buscando, se encontró con una mamá y dos hermanas que la recibieron con los brazos abiertos.

Su mamá de crianza, Elsa, falleció en noviembre de 2018, su papá había fallecido 10 años antes. Y se encontró con su mamá biológica, Adriana, el 20 de agosto de 2019. “Quieras o no, yo no estuve ni una vez para el Día de la Madre sin mamá”, cuenta con una sonrisa. “Lamento que mi mamá Elsa no haya podido vencer esa barrera comunicacional y prestarse a este diálogo en algún momento. Pero bueno, se plantaba de una forma y me decía como que era una desagradecida por estar preguntándole y pidiéndole. Se ponía en un lugar que generaba que no pudiésemos compartir eso que era una necesidad mía y que no era nada malo, ni en contra de ella. Pero no lo pudo entender”, comparte Judith. “Es lo que decía respecto a la identidad, entiendo que es difícil de entender porque para quien no lo carece o no se lo quitan o no lo pierde de alguna manera, no lo siente como algo valioso, no llega a entender cómo nos atraviesa y nos acompaña en todo”.

María Laura Rodríguez trabaja en el Área de Presentación Espontánea de Abuelas de Plaza de Mayo en donde se encuentran cientos de casos así por año. “La identidad no es solamente lo biológico, es centralmente la verdad y es realmente lo histórico. Nunca la identidad es solamente un ADN en común”, comenta en diálogo con ANCCOM. El proceso de Alexandre va de la mano de la construcción de este derecho social. A pesar de que no haya tenido coincidencias de ADN durante muchos años, siguió buscando y construyendo ese derecho desde su subjetividad y desde la apertura social.

Haciendo un repaso por los últimos años de su trabajo, Rodríguez plantea: “Creo que pudimos explicarnos que había apropiación de bebés por razones políticas, robo de bebés y torturadores malos, pero no pudimos asumir como sociedad que también comprábamos bebés porque éramos madres a cualquier precio porque era el mandato de la mujer -agrega-. Por otro lado, en lugar de acompañar a mujeres en situaciones de vulnerabilidad que quizá querían ser madres, se las dejaba en un lugar que parecía que era más egoístas si maternaban que si daban en adopción”.

La reflexión sobre el pasado, la lucha de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo y de otras asociaciones vinculadas con los derechos a las infancias, puso en evidencia que el Derecho a la Identidad debía ser explicitado para que fuera considerado un derecho humano fundamental, y, por lo tanto, una responsabilidad del Estado garantizarlo.

En 2005 se sancionó la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Así, la construcción social del Derecho a la Identidad pasó a estar garantizada por la legislación. La misma dice: “Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un nombre, a una nacionalidad, a su lengua de origen, al conocimiento de quiénes son sus padres, a la preservación de sus relaciones familiares de conformidad con la ley, a la cultura de su lugar de origen y a preservar su identidad e idiosincrasia. Los Organismos del Estado deben facilitar y colaborar en la búsqueda, localización u obtención de información, de los padres u otros familiares de las niñas, niños y adolescentes facilitándoles el encuentro o reencuentro familiar.”

La historia de Judith Alexandre es solo una de las miles que existen en nuestro país de casos de apropiación de bebés. Ella sostiene que “la identidad debe ser un tema que se aborde socialmente, comenzando desde la educación, y se trabaje de diversas maneras para que finalmente se observe”. Esto es parte de la historia de nuestro país y el Derecho a la Identidad es parte de una conquista social que se dio a lo largo de tantos años de lucha, preguntas y resistencia.

Judith agrega que Ana le resonaba como si fuera parte de su nombre desde chica. Cuando se reencontró con su mamá Adriana -y hace hincapié en que el nombre termina en “Ana”- lo vinculó con lo se venía imaginando desde la infancia. Cuenta al respecto: “Ahora sigo usando Judith, pero hay un par de personas que me llaman Anita. Judith Alexandre es mi nombre legal pero Anita también lo uso. Hasta me define mejor porque pasé toda la vida buscando y Anita es parte de esa búsqueda”.

Quince años de acampe

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Con un festival, el domingo pasado la Comunidad Indígena Punta Querandí conmemoró un nuevo aniversario del inicio de la primera gran resistencia para salvaguardar de los proyectos inmobiliarios a los territorios sagrados y arqueológicos ubicado en el límite de Tigre y Escobar. Mirá las fotos de ANCCOM.