“Hacemos del teatro un búnker de pensamiento crítico”

“Hacemos del teatro un búnker de pensamiento crítico”

Creada de manera colectiva, la puesta El Suceso pone en escena el vínculo entre arte, política, tecnología y poder, usando la ciencia ficción y el humor como vías para imaginar futuros posibles y repensar el presente.

El suceso es una obra de teatro musical que cruza la ciencia ficción con la consigna Memoria, Verdad y Justicia. Desde una mirada distópica, cuenta la historia de un grupo de artistas forzados a producir propaganda para un gobierno autoritario. A través de saltos temporales, la obra tensiona los avances tecnológicos frente a la democracia, revisita los mitos fundacionales de nuestra sociedad y reflexiona sobre el rol político del arte.

Creada por el colectivo Estudio QP durante una residencia artística en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti —poco antes de que fuera clausurado por el gobierno de Javier Milei en enero de 2025—, la obra forma parte de la 6º edición del ciclo Doce Veinticuatro, que promueve la creación colectiva, el pensamiento crítico y la acción frente a los cambios políticos y culturales contemporáneos.

“Nos interesaba convocar artistas que quisieran crear a partir de los archivos del Conti, no para representar, sino para repensar, investigar, reflexionar o problematizar cómo impacta en nuestro presente y futuro la relación entre lo artístico y la Memoria”, explica Catalina Lescano, curadora, productora y directora artística de Doce Veinticuatro. “Desde ahí crear: ese es nuestro impulso actual. Desanclar de las ideas o conceptos cristalizados”, señala.

Una creación colectiva

El suceso fue creada de manera colectiva: el ensayo se producía a la par de la escritura. “Muchas propuestas venían del trabajo corporal y de la improvisación”, cuenta Micaela “Coca” Amaro, integrante del colectivo. Luego, el equipo se dedicaba a “depurar, bajar, ajustar o marcar lo que había pasado en los ensayos”. Micaela Amaro, Teo López Puccio, Donna Tefa, Marcos Krivocapich, Lula Fenomenoide y Magrio González, integrantes de Estudio QP, son autores, actores y directores de la obra. Este tipo de creación colaborativa rompe con la lógica tradicional del mercado del arte, que “propone pensar obras de pocas personas y pocas cosas para tener más chances de venta. Nosotres creemos que tenemos que construir espacios de fuga a ese pensamiento hegemónico, con contranarrativas que llamen a la colaboración por sobre la competencia, a la escucha, a la discusión, a la cooperación”, reflexiona la curadora Lescano.

 

Distopía y Memoria

Uno de los núcleos de la obra es la tensión entre medios y democracia. Según Micaela “Coca” Amaro, actriz e integrante del colectivo, esa tensión aparece “ficcionalizada en un contexto actual donde las narrativas oficiales son distorsionadas o fabricadas por organismos de comunicación que operan bajo una lógica de espectacularización y control. Los medios ya no informan: construyen realidad”. También, El suceso busca exponer cómo los discursos mediáticos pueden deslegitimar luchas, “borrar memorias incómodas o instalar formas de negacionismo, contribuyendo a una fragilización del pensamiento crítico y del sistema democrático”, reflexiona Amaro.

También, en un contexto atravesado por discursos de odio, violencias sistemáticas y persecución a las disidencias, el humor es un elemento política en la obra. En Argentina y el mundo la violencia es consensuada por los ciudadanos. “Estamos naturalizando que caguen a palos a les jubilades todos los miércoles, que prendan fuego a lesbianas, que maten personas trans, que caguen a piñas a las maricas. Todo excede lo racional. El humor también es una clave para hablar de lo indecible, para sacudir”, agrega Lescano.

Así, la curadora Lescano considera fundamental “hacer del teatro un búnker de pensamiento crítico”. Aunque las distopías se proyectan hacia el porvenir, afirma que “este presente aceleracionista en el que el gobierno argentino quiere imponernos la idea de que hay que destruirlo todo, sobre todo la memoria, para construir un futuro ‘mejor’, nos hace tener la sensación de vivir en una distopía”. Así, este espacio creativo les permite anclarse en el presente y disputarlo “para defender el pasado y el futuro”, cuenta Lescano.

En tiempos en que la memoria es atacada por discursos negacionistas, los periodistas son censurados por el gobierno y la violencia es lenguaje común, El suceso plantea la necesidad de imaginar activamente otros futuros, deseados o indeseados. Mantener viva la memoria implica no solo preservarla, sino problematizarla, incomodarla, y transformarla en invención política. Entre la distopía y el deseo, entre el arte y la política, esta obra apuesta a escribir un futuro desde el escenario.

El suceso se estrenará el 13 de agosto a las 20 en el Ciudad Cultural Konex (Sarmiento 3131, CABA). Reservá tus entradas en este link.

Se estrenó la segunda parte de «La crisis causó dos nuevas muertes»

Se estrenó la segunda parte de «La crisis causó dos nuevas muertes»

El documental que aborda la construcción mediática de los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán ahora tiene su continuidad con las voces de dirigentes políticos y de organizaciones sociales.

Compañeros, viejos amigos y familiares, se reúnen por la tarde del 31 de Julio en Santo Domingo al 2752, un espacio iluminado en el que se escuchan los saludos y hay alegría en el ambiente. Se huele un rico olor a empanadas y la gente se alista en sus asientos. En el salón principal de la Usina Mutual de Barracas se proyecta el estreno de la segunda parte del documental La Crisis Causó 2 Nuevas Muertes, dirigido por Patricio Escobar y Damián Finvarb. Luego de más de una década de estrenada la primera parte, donde mostraron cómo los medios hegemónicos encubrieron la masacre de Avellaneda, en la que fueron asesinados Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, decidieron darle un cierre a este relato con las voces de los exfuncionarios y del propio expresidente Eduardo Duhalde, para dar por comprobada la planificación de las acciones. También se pueden escuchar a los dirigentes piqueteros que evaluaron qué pasó en más de dos décadas con su movimiento. Comienza el documental y el  pasado se siente muy presente.

La cultura en peligro

La Usina Mutual de Barracas forma parte del Programa Cultural en Barrios de la Ciudad de Buenos Aires desde 1997. Es un espacio que ofrece talleres artísticos y de oficios, un lugar que preserva la cultura, entendida como un derecho para todos, en el que participan niños y adultos.

Pero este centro cultural atraviesa una situación crítica. El espacio se encuentra en lucha por la devolución de horas cátedra recortadas, la actualización salarial de sus trabajadores y trabajadoras, y la restitución de talleres eliminados por la nueva gestión del Ministerio de Cultura, encabezada por Gabriela Ricardes en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Referentes del centro cultural advierten: “Esto sigue en pie gracias a los trabajadores que luchamos por este programa. Somos los espacios que garantizamos el acceso igualitario a la cultura”. 

No fue una decisión al azar pactar el estreno de la segunda parte del documental en este Centro. Patricio Escobar, director de la película comentó: “Queríamos apoyar a los compañeros del espacio, ya que hay un recorte muy grande. Están vaciando el programa. Creíamos que era una forma de visibilizar el problema. Si vienen a ver el documental a su vez se enteran de esta problemática que no aparece en ningún medio” 

La Masacre de Avellaneda 

El 26 de junio de 2002 Maximiliano Kosteki, de 25 años, y Darío Santillán, de 21, estaban cortando el Puente Pueyrredón en una multitudinaria jornada de protesta en reclamo de planes sociales y fueron asesinados por el comisario Alfredo Fanchiotti y el cabo Alejandro Acosta. Este hecho fue conocido como la Masacre de Avellaneda. El diario Clarín al día siguiente de los asesinatos tituló:  «La crisis causó dos nuevas muertes». Esa tapa, evitó hablar de la represión estatal y desviar la responsabilidad política de los representantes políticos, principalmente el presidente Eduardo Duhalde y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá. Desde ese día, los amigos y compañeros de Kosteki y Santillán buscan justicia. Por la persistente lucha de los familiares junto con los movimientos sociales, Fanchiotti y Acosta fueron condenados a prisión perpetua por doble homicidio y siete tentativas de homicidio.

Los hallazgos del film son los testimonios de Duhalde, Solá, Atanasof, Matzkin, Laborde y Juan José Álvarez, que en una edición impecable ponen en evidencia omisiones, contradicciones y la implicación de los servicios de inteligencia en las semanas previas al fusilamiento de Darío y Maxi.

El cuarto poder 

La primera parte del documental, estrenada en 2011, indaga en la responsabilidad de los medios de comunicación con todo lo relacionado a la Masacre de Avellaneda, cómo los programas de televisión venían preparando la atmósfera para que se de la represión y cómo encubrieron el suceso en favor de las fuerzas de seguridad del Estado. A partir de una secuencia fotográfica que mostraba con claridad cómo uno de los jóvenes era asesinado por la espalda, el film denuncia que esa información estuvo en manos de los grandes medios desde el primer momento, pero fue publicada recién 48 horas después. Durante ese lapso, se instaló una versión falsa: que las muertes se habían producido por enfrentamientos entre manifestantes. El documental se pregunta hasta dónde llega la responsabilidad de los periodistas en la construcción del encubrimiento.

Incluyó testimonios de editores, fotógrafos y periodistas que intentaron justificar la cobertura, como el fallecido Julio Blanck, editor en ese momento del diario Clarín (el diario más popular para los lectores argentinos) , quien calificó la tapa como “un error”. Ya desde la primera parte se intentó tener las declaraciones de los responsables políticos pero al final de la película una pantalla negra enumera los nombres de los funcionarios que rechazaron dar su testimonio.

La segunda parte, que se proyectó por primera vez en la Usina el 31 de julio, profundiza en la planificación de la represión del 26 de junio, a través de testimonios de los propios responsables políticos. A diferencia del primer film, enfocado en el rol de los medios, esta nueva entrega pone el foco en la responsabilidad del Estado y en lo que sucedió con los siguientes gobiernos en relación a los movimientos sociales hasta el día de hoy. Los hallazgos del film son los testimonios de los entonces presidente Edardo Duhalde, el gobernador Felipe Solá, el Jefe de Gabinete Alfredo Atanasof, el ministro de InteriorMatzkin, el intendente de Avellaneda Oscar Laborde y el secretario de Seguridad Juan José Álvarez, que en una edición impecable ponen en evidencia omisiones, contradicciones y la implicación de los servicios de inteligencia en las semanas previas al fusilamiento de Darío y Maxi.

2002 y 2025: contextos no tan alejados

La segunda parte del documental encuentra eco en el presente. A más de veinte años de la Masacre de Avellaneda, los paralelismos con la coyuntura actual son inevitables. Los movimientos sociales vuelven a ser estigmatizados, se endurecen las políticas represivas, y los recortes presupuestarios golpean de lleno a los sectores más vulnerables. Patricio Escobar, codirector del documental, sostiene: “Lamentablemente toda la primera parte del documental sigue vigente porque sigue habiendo periodistas que hablan de enfrentamiento en vez de hablar de represión, toman a los movimientos sociales como delincuentes o como planeros”.

En la marcha de los jubilados del 12 de marzo, Pablo Grillo fue alcanzado por un cartucho de gas lacrimógeno lanzado por la Gendarmería bajo las órdenes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Grillo se encontraba ejerciendo su labor como fotoperiodista. “Nosotros estábamos editando cuando pasó lo de Pablo, nos parece acertado agregarlo, creemos que es una película que se tiene que ver hoy”, relató Escobar 

El legado 

Alberto Santillán, padre de Darío, también estuvo presente en la proyección. A 23 años de la Masacre de Avellaneda, volvió a exigir justicia y a denunciar la impunidad política: “Seguimos peleando y los gobiernos se perfeccionan. Nadie ha tocado a los responsables políticos ni tampoco los va a tocar. Nosotros somos de la condena social, pero a veces es una contradicción. Más allá de que muchos de ellos terminaron siendo cadáveres políticos, siguen teniendo un gran poder en los demás gobiernos”. Con la voz quebrada, habló del dolor que le provoca ver las imágenes de su hijo asesinado, pero sostuvo que es necesario mostrarlas: “Así actuó el gobierno de Duhalde y de Felipe Solá. Todos los demás gobiernos siguieron mirando para otro lado”. 

Agradeció el acompañamiento colectivo que mantuvo viva la lucha durante más de dos décadas: “No camino solo, tengo grandes compañeros y amigos. Es difícil mantener esto hace 23 años, pero sigue presente. En casi todas las provincias se busca justicia por ellos”. Y cerró con una frase que conmovió a todos los presentes: “Amo a mi hijo, lo extraño. Tengo el orgullo de llamarlo hijo. No nos tenemos que quedar en cómo lo mataron, sino que tenemos que vivir y seguir pensando en cómo vivió Darío, él hablaba mucho del ‘hombre nuevo’, creo que él fue ese hombre nuevo ”.

La segunda parte del film no solo fue hecha para conmemorar a Kosteki y Santillán sino también para aprender del pasado. En tal sentido, muestra lo que quedó en pie de aquella militancia, por caso la bloquera que Anccom recorrió a finales de junio, y otras actividades culturales y territoriales que resisten en los barrios de la zona sur del conurbano, tal como pretendían los MTD que las iniciaron hace más de 20 años.

Las funciones son en La Usina Mutual Cultural de Barracas, Santo Domingo 2752, los días 1, 2, 3, 9, 15, 16, 17, 30 y 31 de agosto. (Entradas por Alternativa Teatral)

¿Se puede pensar en una producción alimenticia estatal?

¿Se puede pensar en una producción alimenticia estatal?

“Empresa Nacional de Alimentos, una respuesta soberana” el documental dirigido por Juan Pablo Lepore y protagonizado por Rafael Klejzer, invita a debatir la creación de una fábrica estatal para combatir el hambre.

Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en Argentina 11.337.979 personas se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Dentro de ese conjunto 2.451.657 personas se encuentran bajo la línea de indigencia “¿Saben cómo se mide la indigencia? Evaluando si tenés o no para comer”, explica Klejzer durante los primeros minutos de la película Empresa Nacional de Alimentos, una respuesta soberana, dirigida por Juan Pablo Lepore. Estos datos se vuelven más abrumadores cuando se tiene en cuenta que algo así ocurre en un país que se encuentra dentro de los principales productores de alimentos a nivel mundial. Por eso la propuesta del documental es la creación de una “Empresa Nacional de Alimentos” (ENA) que permita poner el foco en la producción, la distribución y la comercialización de la comida en Argentina.

Aunque suele repetirse que Argentina produce alimentos para 400 o incluso 650 millones de personas, existen controversias sobre esa afirmación. Según un informe del Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación (CEPEA), esa cifra parte de una visión engañosa: las exportaciones están altamente concentradas en las cadenas de maíz y soja, que representan tres cuartas partes del total. El problema es que al menos dos tercios de esas exportaciones (especialmente en forma de harina de soja y maíz) no están destinadas al consumo humano directo, sino a alimentar animales en otros países: peces, pollos, cerdos o vacas. Desde esta perspectiva, lo que Argentina produce no son alimentos en sentido estricto, sino calorías que no se traducen en una dieta saludable ni accesible para la población local. El documental interpela directamente esta lógica y expone con claridad los intereses que sostienen estas proyecciones.

¿Cómo se construyó y quienes planifican el modelo agroalimentario argentino? ¿Quiénes toman las decisiones sobre el uso del suelo y definen los precios de los alimentos? Detrás de esas preguntas emergen nombres que, aunque silenciosos, inciden de forma decisiva en la vida de millones: las multinacionales Glencore, Viterra, Bunge, y grupos nacionales como Vicentin, Pérez Companc (Molinos Río de la Plata) y Luis Pagani (Arcor), entre otros.

 

Planificar la Argentina

¿Cómo se puede lograr que el Estado sea el actor que planifique, controle y asegure la alimentación de la población en cada rincón del país? ¿En qué país soberano las multinacionales saben qué entra y qué sale por los puertos, pero el Estado no?

A partir de la recuperación de experiencias locales como el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) creado en 1946, durante el primer gobierno de Juan Perón, conversaciones con diferentes trabajadores, académicos, empresarios, funcionarios y militantes, el documental aborda diferentes aristas de la problemática alimentaria y deja asomar los distintos matices entre las miradas de los entrevistados que comparten sus experiencias, siempre desde una mirada comprometida con la soberanía nacional.

El documental también presenta experiencias concretas de intervención estatal que lograron resultados positivos en la región. Uno de los casos destacados es el de la Compañía Nacional de Abastecimiento (CONAB) en Brasil y otro el de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) en Bolivia, donde la participación directa del Estado en la producción y distribución de alimentos permitió reducir la inflación y garantizar el abastecimiento interno.

A nivel local, el film muestra el ejemplo de Agroandina, una empresa pública de la provincia de La Rioja que, pese a las dificultades del contexto, logra sostener precios accesibles en productos importantes y demostrar que otro modelo de comercialización es posible.

“La intención de esta película tiene una contracorriente pues muchos dicen: ‘Che, cuando volvamos o cuando haya un gobierno popular vamos a hacer las cosas’. Ya lo dijeron y no lo cumplieron. Entonces, por el contrario, para que llegue un gobierno popular tenemos que hablar de otras cosas. Hace mucho tiempo que venimos hablando de soberanía alimentaria y hay experiencias concretas en ese sentido, pero también llegamos a la conclusión de que si el Estado no trabaja en materia de soberanía alimentaria, a baja escala (los productores locales) no podemos hablar de soberanía alimentaria. Es imposible hablar de esto sin el poder político que te da el Estado”, sentencia Klejzer.

 

Cine militante

En un contexto en el cual el gobierno nacional abandona a las personas a través del desfinanciamiento de programas destinados a la seguridad alimentaria, al Cine Nacional y criminaliza a los movimientos sociales, como señala Laura Bitto, productora de la película, este film se esgrime desde la fusión de diversos sectores que piensan en una Argentina próspera para la mayoría de su población e invita a discutir, a partir de la tradición del cine documental, una propuesta concreta: la creación de una Empresa Nacional de Alimentos.

El documental es la séptima película de Juan Pablo Lepore y se realizó de manera conjunta con el Movimiento Popular La Dignidad y el Centro de Estudios para la Soberanía Popular Mariano Moreno. Sin dudas se trata de una herramienta potente para fomentar el debate acerca de la creación de la ENA, en un país que es productor de alimentos y donde gran parte de su población sufre hambre. Para eso la intención es que se genere una distribución más amplia en ferias, escuelas, sindicatos, organizaciones políticas y sociales.

El preestreno de Empresa Nacional de Alimentos, una respuesta soberanatendrá lugar el 1º de agosto a las 19 en el Multiespacio Palacio El Victorial (Piedras 722, CABA). Su estreno oficial será un mes después, el 1º de septiembre a las 18 en la Sala Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación (Corrientes 1543). Para coordinar la proyección del documental se puede contactar a su director Juan Pablo Lepore via Instagram (@Juanpablolepore)

Los celulares expulsados de la escuela

Los celulares expulsados de la escuela

Las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires restringen el uso de dispositivos tecnológicos a los alumnos. La decisión tiene antecedentes en otros lugares del mundo. ¿Es posible permitirles la entrada a las aulas de manera más sana sin cancelarlos?

Desde el comienzo del año escolar 2025 los estudiantes de las escuelas secundarias porteñas han adoptado un nuevo hábito en su rutina diaria. Al comienzo del día los alumnos dejan sus celulares en un casillero con su nombre y lo guardan ahí hasta el horario de salida o hasta que su profesor les indique que deben usarlo para una actividad. Esto forma parte de las pautas establecidas por la resolución aprobada por el Gobierno de la Ciudad en agosto del año pasado que regula el uso de los dispositivos electrónicos en el Nivel Inicial, Primario y Secundario en escuelas públicas y privadas.

Bluma Hastenreiter Patron, docente de una escuela privada del barrio de Colegiales, cuenta que las restricciones afectan tanto a alumnos como profesores y explica en qué casos se podría eximir esta regla: “Si en alguna actividad puntual se necesita el uso del celular, lo tenemos que avisar con anticipación a través del mail institucional con una explicación pedagógica de porque lo vamos a utilizar y después los directivos nos lo tienen que aprobar”.

Ignacio Budano es docente de la Escuela 14 del Distrito 12 y ha coescrito una interesante nota sobre el problema de las pantallas en el aula. En diálogo con ANCCOM, cuenta que tanto en la primaria como en el Nivel Inicial de esa escuela, los alumnos no pueden llevar sus celulares a la escuela y en caso de que lo lleven se les pide que lo dejen con los docentes y se les vuelve a entregar a la salida. “En general se trata de chicos que no tienen que avisar a sus padres que salieron de la escuela porque los vienen a buscar, así que no es necesario el uso de celulares y es preferible que no los usen”, añade.

Estas restricciones responden a una demanda de ayuda por parte de los docentes, los equipos directivos y las familias, ante una situación que los desborda: chicos que se duermen en el aula, apuestas online en clase, casos de ciberbullying, entre otros problemas que afectan directamente al ambiente de aprendizaje.

“Lo que muchas escuelas piden es más apoyo y contención y no simplemente dar líneas o directrices, sino también la necesidad de la formación docente en entender qué es lo que está dentro de cada dispositivo, de cómo funcionan las plataformas”, afirma Ezequiel Passeron de la organización no gubernamental Faro Digital.

 

Tras el primer semestre completo desde la aplicación de la nueva ley, los docentes cuentan que estas medidas fueron recibidas al principio con alguna dificultad por chicos muy ansiosos y muy nerviosos, como si algo les faltase. “Ahora los veo más tranquilos, veo que juegan a las cartas y al tutti frutti en los recreos, cosa que antes no pasaba. Se fueron adaptando de a poco”, cuenta la docente de Colegiales.

El caso europeo

Argentina está lejos de ser el único caso que propone aulas preferentemente sin pantallas. Por ejemplo, en España se decidió limitar el uso del celular en las escuelas. Durante el último ciclo lectivo hubo una progresión en las restricciones según los distintos niveles, con una prohibición taxativa en el Nivel Inicial y una regulación más laxa a los alumnos más avanzados, pero manteniendo su utilización únicamente para uso educativo y bajo supervisión del docente.

Passeron, que vive hace varios años en Cataluña, explica cómo se reguló el uso de dispositivos electrónicos en las escuelas de esa región durante el último año: “Cada escuela tiene autonomía para tomar sus propias decisiones. Hay una regulación estatal, pero en un contexto donde las escuelas tienen la posibilidad de diseñar sus políticas educativas, sobre todo en lo que tiene que ver con la tecnología”.

Al parecer, los resultados de las medidas han resultado positivos en Cataluña porque se planteó para el próximo ciclo lectivo hacer una prohibición total de su uso en todos los niveles educativos. Pero no es el único caso: cada vez más comunidades en España están adoptando medidas más duras respecto del uso del celular extendiendo la restricción a los recreos y las actividades extraescolares.

El caso español sigue la línea de Francia que regula el uso del celular en las escuelas desde 2018. En otros países europeos como Escocia, varias escuelas han colocado “estaciones de bloqueo» donde se guarda el celular hasta el fin de la jornada escolar.

Un ejemplo cercano

En cuanto a nuestro continente, Brasil se ha posicionado como la punta de lanza en materia de regulación de dispositivos electrónicos en las escuelas, con la promulgación de una ley que afecta a alumnos de entre 4 y 17 años. La norma, que tiene como objetivo “salvaguardar la salud mental, física y psíquica de los niños y adolescentes” prohíbe el uso de celulares tanto en las aulas como en los pasillos, con la distinción de que cada escuela tiene la posibilidad de decidir si los alumnos guardan sus teléfonos en las mochilas, en casilleros cerrados con llave o en cestas designadas.

Esta restricción se debe a una gran preocupación por parte del equipo docente y directivo por una fuerte dependencia al celular por parte de los alumnos que se extendió especialmente durante la pandemia. “Cuando los estudiantes volvieron a la presencialidad, no tenían mucho interés en las clases, con dificultades para prestar atención y menos dispuestos a la interacción cara a cara”, cuenta desde la ciudad de Bahía Marta de Souza França, docente de enseñanza media, según su experiencia con alumnos de entre 14 y 17 años. “Por eso se han creado estrategias que apunten a una convivencia más intensa con la presencialidad, implementando durante los recreos actividades tanto con juegos de mesa como el ajedrez o las damas, como juegos deportivos como voley o fútbol en ronda”, añade.

Josias Correia Neto, también docente de enseñanza media en Bahía, cuenta : “Se generó un problema, principalmente porque los chicos abusaban de la inteligencia artificial para hacer las actividades y usaban los celulares para copiarse en las pruebas, lo que dificultaba a que el proceso de educación fluya como debería”.

Las normas establecidas por la ley apuntan a generar un ambiente educacional más sano tanto dentro como fuera del aula con estrategias para brindar apoyo a los docentes y abordar los problemas de salud mental asociado al uso abusivo de los teléfonos celulares a través de la concientización sobre los riesgos del uso inmoderado de los aparatos. 

Un uso problemático de la tecnología

Aunque no hay datos concluyentes para afirmar que el uso de los celulares sea el responsable directo de los problemas de salud mental entre los más jóvenes, lo que los docentes repiten es que cada vez hay más chicos con patologías diversas que hace que no puedan sostener hábitos mínimos en la escuela. “Estamos hablando de cuestiones mínimas, de no escaparse del comedor o del aula”, relata Budano sobre su experiencia como docente de primaria en la Escuela 14 del Distrito 12. “También hay un problema de ansiedad importante, siempre están preguntando lo que vamos a hacer antes de empezar y les agarra bastante desesperación cuando usamos las computadoras”, añade.

En la misma línea, varios docentes alzaron la voz sobre problemas de motricidad entre los alumnos más chicos “En primaria se ve a muchos chicos que no saben usar la tijera y que no saben picar papel”, cuenta la docente de Colegiales, Hastenreiter Patron. En la misma sintonía, Budano afirma: “Hay un retraso importante en la motricidad, esto lo manifiestan mucho los profesores de Educación Física, que en algunos casos está un poco perdida”. Por otro lado, el docente señala que se ve un retraso en la adquisición del lenguaje en el Nivel Inicial. “Muchas compañeras nos cuentan que ellas veían cierta adquisición de lenguaje en sala de tres y hoy ya no se ve”, subraya .

Los especialistas señalan a la interacción social como la base del aprendizaje del lenguaje, por lo que es peligroso que el uso prolongado del teléfono reemplace estos momentos de interacción que fomentan la adquisición del lenguaje. En consonancia con lo anterior, la Sociedad Argentina de Pediatría desaconseja la exposición de todo tipo de pantallas a niños menores a dos años y recomienda limitar el uso de dispositivos electrónicos durante toda la primera infancia.

Budano también observa una dificultad muy grande para la concentración entre sus alumnos, mientras menciona varios casos de chicos que se duermen en clase porque se quedan despiertos hasta tarde usando el teléfono. Estos problemas escapan de las paredes del aula y pueden deducirse del uso abusivo de los celulares por parte de los jóvenes. 

Mucho por investigar

El neurocirujano francés, Michel Desmurget lleva varios años haciendo un trabajo de divulgación sobre el impacto negativo en la salud producto del consumo de pantallas durante el tiempo de ocio. El especialista destaca que si bien existen usos de pantallas que pueden resultar un buen “alimento cognitivo”, en general los que priman son los menos estimulantes y le roban tiempo a otros muchos más enriquecedores como la interacción social, la lectura, tocar un instrumento o hacer un deporte. El resultado es que se afecta el sueño por el exceso de estímulo, la salud sobre todo por el sedentarismo, el rendimiento escolar, la inteligencia y la capacidad de concentración. “Estas herramientas dañan el cerebro, deterioran el sueño, interfieren con el lenguaje y el éxito académico, perjudican la concentración, aumentan el riesgo de obesidad y mucho más”, resume el neurocirujano.

Ante esta situación, los especialistas creen que a los chicos se los ha dejado muy solos, desamparados en la arena de la virtualidad. Passeron desde su experiencia en Faro digital, expresa una necesidad de “construir nuevas formas pedagógicas para crear instancias educativas que les permitan a pibes y pibas acercarse un poco más a cómo funcionan las plataformas digitales entre las cuales convivimos. No podemos tirarle la inteligencia artificial a los pibes y esperar que aprendan en soledad”.

Por su parte, resultados de las pruebas Pisa 2022 mostraron que, mientras el uso abusivo de las pantallas puede generar distracciones y reducir la capacidad de atención de los alumnos, un uso moderado, por otro lado, puede ayudar a un mejor desempeño. Esa regulación es, justamente, la que Desmurget destaca como muy complicada. Un libro reciente llamado La generación ansiosa que recopila información de distintos rincones del mundo destaca el desgaste que produce a la vida familiar el tira y afloje constante entre niños y jóvenes por un lado y los adultos por el otro, si es que estos últimos no están también absorbidos por las pantallas.

Presiones de mercado

Este debate, obviamente, no se da en un vacío, sino en un contexto donde hay muchos intereses en juego. Por ejemplo, esta semana Microsoft anunció una inversión de cuatro mil millones de dólares en capacitación en IA destinada a escuelas, universidades y organizaciones sin fines de lucro. Fernando Bordignon, profesor asociado en la Universidad Pedagógica Nacional y formado en ciencias de la computación, denuncia que “a partir del asentamiento de las plataformas con una explosión en pandemia, el mercado privado tecnológico ve en la educación una fuente potente de ingresos. Entonces hay una presión externa muy grande del mercado privado tecnológico para que la educación siga siendo un negocio”.

El objetivo de estas empresas es introducir estas herramientas de tecnología de la información y la comunicación en el aula para el uso de los docentes y alumnos. “Hay imaginarios que no condicen con lo que pasa realmente dentro del aula, hay productos creados por estas empresas para la educación que después no sirven para nada”, subraya Bordignon.

Passeron, no obstante, cree que el solucionismo de sacar al celular del aula representa “una utopía falsa” y reconoce a la escuela como un lugar privilegiado para pensar la cultura digital, a la vez que expresa la importancia de “darle la autonomía a cada centro educativo para que, conociendo a la comunidad e incorporando y debatiendo las voces de las familias, los estudiantes y los docentes, puedan tomar decisiones al respecto”.

Teniendo siempre en cuenta que estas decisiones, por el carácter fugaz y siempre cambiante del mundo digital, no serán finales y deberán rediscutirse en las condiciones que plantean estas nuevas tecnologías: minuto a minuto.

Jubilados contra el veto

Jubilados contra el veto

Agrupaciones de jubilados, acompañados de organizaciones sociales, volvieron a marchar este miércoles a Plaza de Mayo para repudiar el veto anunciado por el presidente Javier Milei a la ley aprobada en el Congreso que actualiza sus haberes y repone la moratoria previsional. Mirá las fotos de ANCCOM.

A 24 años del crimen de su hija, los Melmann siguen exigiendo justicia

A 24 años del crimen de su hija, los Melmann siguen exigiendo justicia

A la adolescente de 15 años la asesinaron en febrero de 2001. Cuatro policías fueron condenados por el crimen y se espera el análisis de muestras de ADN de otros seis para dar con el último culpable que aún está en libertad.

El 4 de febrero de este año se cumplió el 24° aniversario del crimen de Natalia Melmann en la ciudad de Miramar. El pasado 8 de julio se llevó adelante la extracción de sangre de tres exagentes de la Policía Bonaerense que se encontraban en funciones la noche del hecho, para ser cotejadas con el único ADN no identificado de los cinco encontrados en el cuerpo de la joven. Los oficiales citados por pedido de la fiscalía eran seis, pero la mitad se rehusó a presentarse. Siguen las demoras para dar con el quinto involucrado.

La mañana del martes 8, la familia de Natalia se hizo presente en la Asesoría Pericial del Poder Judicial de Mar del Plata para asistir a la toma de muestras. “Esto es algo que venimos esperando hace 24 años”, declaró Gustavo Melmann, padre de la joven. El ADN se encuentra en el expediente desde 2001. Sin embargo, no había sido investigado hasta ahora. “Hay un montón de investigaciones que nunca se hicieron. No hubo voluntad de hacerlo”, agregó.

En un principio, la fiscal de la causa Ana María Caro solicitó la obtención de pruebas de ocho efectivos, entre ellos Enrique Diez, quien frecuentaba la casa a la que la adolescente fue llevada por última vez y a quien se le extrajo la muestra durante el verano. Las demás extracciones estaban pactadas para el 3 de abril. Sin embargo, por un recurso presentado fuera de término por la defensa, dos oficiales fueron excluidos y la fecha se restableció tres meses después. “Se los excluyó no solo sin argumento, sino resolviendo en un recurso extemporáneo. Es un manoseo y una dilación que no tiene sentido”, afirmó Josefina Rodrigo, abogada de los Melmann Calampuca, en diálogo con ANCCOM.

Los abogados de los expolicías ausentes, Cristian Pelaez y Patricia Perelló, adujeron que no estaban dadas las garantías para la realización de la pericia, dado que había una manifestación fuera del establecimiento y fueron insultados al llegar. La presentación de los recursos se hizo una vez finalizada la jornada, por lo que los tres apuntados, al no asistir, incumplieron con la orden judicial. Ante este hecho, tanto la fiscal Caro como Rodrigo exigieron al juez de garantías Daniel De Marco que se los obligue a comparecer por la fuerza pública el próximo 15 de agosto, la nueva fecha fijada por la justicia marplatense. 

 A su vez, no se permitió que los padres de Natalia, Gustavo y Laura Calampuca, estuvieran en la sala en el momento de la extracción, su derecho como familiares directos de la víctima y partícipes del proceso. Melmann apuntó a Perelló y denunció la existencia de tráfico de influencias en el Poder Judicial de la ciudad costera, así como un desinterés por avanzar con la causa de su hija. “No se respeta el derecho a presenciar todas las partes de un juicio. Este fue un crimen de Estado. Eran policías que estaban en funciones ese día en la comisaría y es el Estado el que tendría que haberse ocupado de investigar y tomar las medidas para extraer de la sociedad a semejantes criminales y de alguna manera dar una reparación a la familia, cosa que nunca hicieron. Siempre tuvimos que estar atrás para poder hacer justicia”, aseveró.

La línea de tiempo 

Natalia Melmann tenía 15 años cuando, el 4 de febrero de 2001, fue raptada y asesinada por agentes de la Policía Bonaerense. La adolescente fue capturada en las calles de Miramar por Gustavo “Gallo” Fernández, un exconvicto con antecedentes penales, subida a una camioneta por la fuerza y trasladada a una casa en el barrio de Copacabana, donde fue violada, torturada y finalmente estrangulada con uno de los cordones de sus zapatillas. Su cuerpo fue hallado cuatro días después, sepultado entre hojas en el vivero Florentino Ameghino. La autopsia reveló la presencia de múltiples moretones, quemaduras, fracturas y un golpe en el cráneo, así como los rastros genéticos de cinco individuos diferentes.

Tres de ellos coincidieron con los perfiles de los oficiales Oscar Alberto Echenique, Ricardo Aselmini y Ricardo Alfredo Suárez, que fueron condenados a cadena perpetua en octubre de 2002 por los delitos de “rapto, abuso sexual con acceso carnal agravado por la pluralidad de personas y homicidio agravado”. Fernández recibió una pena de 25 años que luego fue reducida a 10, por actuar como “entregador”. Su ADN no se correspondía con ninguno de los hallados en el cuerpo de la menor. 

Otro de los investigados en ese primer juicio fue Ricardo Panadero, que, pese a una coincidencia superior al 90% entre sus datos genéticos y los encontrados en el cuerpo de Natalia, fue sobreseído. La familia apeló esa decisión y logró que se inicie el proceso nuevamente, lo que resultó en un nuevo sobreseimiento. Finalmente, en 2019 el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires ordenó que sea juzgado nuevamente y en 2023 fue condenado a reclusión perpetua por privación ilegal de la libertad, abuso sexual agravado y homicidio doblemente agravado.

Los primeros tres condenados están próximos a cumplir su sentencia. Dos de ellos, Anselmini y Echenique, recibieron la autorización para tener salidas transitorias. La familia Melmann Calampuca y parte de la comunidad de la ciudad costera denunciaron que no son controlados, que no se les colocó ningún dispositivo de monitoreo y que violaron las condiciones del permiso en reiteradas ocasiones. El próximo 12 de agosto se realizará una audiencia para tratar el pedido de libertad condicional por parte de ambos.

Tuvo que pasar casi un cuarto de siglo para que se investigara el quinto ADN. Y el proceso no termina con la obtención de las muestras. El cotejo puede llevar hasta cinco meses y, en caso de que una coincida con la prueba recabada en 2001, se debe determinar el rol del quinto hombre en el crimen para que sea juzgado. “A Natalia no le dieron ninguna oportunidad. La tiraron como basura. No sólo le quitaron la vida a ella, sino la felicidad a toda la familia. Nunca más pudimos ser felices. Y todavía seguimos esperando, a la justicia no le interesa”, sentenció Gustavo. Tanto él como la madre de “Naty”, como aún la llaman cariñosamente, están cerca de cumplir 70 años. Llevan gran parte de su vida luchando por justicia y esta parece no llegar nunca.

La abogada Rodrigo informó que, mientras esperan la llegada de la nueva fecha fijada para la obtención de muestras, ya se presentó una queja ante el Tribunal de Casación para que se vuelva a incluir a los dos policías excluidos de las extracciones y se garantice el pedido original de la fiscal. Los ocho efectivos son considerados sospechosos por la función que cumplieron en el momento en que se cometió el crimen, irregularidades durante la indagación y los vínculos que tenían entre sí y con los condenados. Entre los que sí acataron la medida y asistieron a la Asesoría Pericial se encuentra el excomisario Carlos Grillo, investigado en el primer juicio por encubrimiento, ya que fue quien se encargó de la investigación los primeros días que la joven estuvo desaparecida y ocultó información en su declaración oficial. 

“Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”, dice la conocida frase atribuída al filósofo romano Séneca. La familia de Natalia manifestó en múltiples ocasiones no solo su descontento con el accionar judicial, sino el dolor que sienten con cada nueva traba que aparece. Fueron ellos quienes se cargaron el proceso al hombro y, con la ayuda de sus abogados, hicieron avanzar la causa en cada ocasión. Gustavo aseguró que lo seguirán haciendo, por amor a Naty. “La amamos muchísimo, seguimos luchando por ella. No sé si existirá algo después de la muerte, pero quisiera volver a verla, abrazarla y pedirle disculpas porque esa noche no pude estar para salvarla”, expresó. Pasan los años, las décadas, y la impunidad continúa. La justicia no será tal hasta que todos los implicados sean identificados y condenados y los Melmann Calampuca finalmente puedan descansar.