Aniversario de un hito para las políticas de memoria, verdad y justicia

Aniversario de un hito para las políticas de memoria, verdad y justicia

Ago 21, 2024 | DDHH, Destacado 3

Este miércoles se cumple un nuevo aniversario de la derogación de las leyes Punto Final y Obediencia Debida. En medio del resurgir negacionista, el abogado Alan Iud y la nieta restituida Claudia Poblete advierten: «Seguiremos dando las discusiones que haya que dar».

Un 21 de agosto del año 2003, el Senado de la Nación sancionó la anulación e inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que mantenían impunes a los represores de la última dictadura cívico-militar que habían cometido delitos de lesa humanidad. El secretario ejecutivo en el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, Alan Iud -y durante muchos años coordinador del equipo Jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo- y la nieta restituida Claudia Victoria Poblete Hlaczik, reflexionan sobre este momento histórico para los Derechos Humanos.

 

Negacionismo vs. conocimiento

Claudia Victoria Poblete Hlaczik cuenta que para ella “el mejor antídoto contra el negacionismo es el conocimiento: Hoy las generaciones tienen acceso a la información porque está muy a la mano. A través de esos mismos teléfonos celulares donde les llegan estas versiones negacionistas, están las otras versiones, y cuando uno las enfrenta son ineludibles. Eso es lo que me pasó a mí. Cuando me enfrenté a la verdad me di cuenta de que, claramente, me habían estado engañando todo el tiempo”.

En el año 1986 y 1987 se promulgan las leyes Punto Final y Obediencia Debida, respectivamente, durante el gobierno de Raúl Alfonsín. La Ley de Punto Final establecía un plazo de treinta días para realizar la denuncia y reclamar justicia por los delitos cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Una vez transcurrido ese lapso, los represores que no habían sido llamados a declarar antes de los sesenta días, quedaban impunes de los delitos que incluían desapariciones forzadas, secuestros, asesinatos, torturas, apropiaciones de menores y violaciones de decenas de miles de personas. La ley se sancionó un año después del Juicio a las Juntas Militares, dejando solamente punibles a los que habían sido juzgados y condenados hasta ese entonces: los dictadores Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini y Orlando Ramón Agosti.

Por otra parte, la Ley de Obediencia Debida establecía que aquellos militares de grado menor al de Coronel no podían ser juzgados por los delitos cometidos (exceptuando en casos de apropiación de menores y robo de inmuebles de las personas detenidas-desaparecidas). Alfredo Ignacio Astiz, Adolfo Donda y Antonio Domingo Bussi, fueron algunos de los represores y torturadores favorecidos por esas leyes de impunidad. Se sumaron en el año 1989 y 1990, los indultos del entonces presidente Carlos Menem que le perdonó la pena a los militares que habían cometido crímenes durante la dictadura de 1976.

Las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo en conjunto con los movimientos sociales defensores de los derechos humanos comenzaron un largo proceso de búsqueda de justicia que incluyó la denuncia de los crímenes de lesa humanidad en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También, comenzaron a realizarse juicios en España, Italia, Francia y Alemania, por aquellos ciudadanos, en principio de la nacionalidad de esos países, que habían sido víctimas de la dictadura en Argentina. Claudia Victoria Poblete Hlaczik explica: “Acá es la justicia ordinaria la que juzga a los represores y los condena. Eso es prácticamente único en los procesos, ya sea en los de Alemania, los de España -que es inexistente-, o en Chile. Argentina es reconocida mundialmente por eso. Es algo de lo que nos podemos sentir orgullosos”.

Posdictadura se refuerza la lucha territorial, en las calles, con los escraches y las movilizaciones; en particular, con la marcha masiva realizada a los 20 años del golpe de Estado. El abogado Iud cuenta que “Argentina se distingue porque tiene un movimiento de derechos humanos muy activo, muy sólido, liderado por las víctimas, los familiares, las madres, las abuelas, que han tenido un liderazgo y una persistencia que por ahí en otros países de la región no se ha visto”.

A fines del año 1996 se inicia la causa por el Plan Sistemático de Apropiación de Niños y Bebés. Como explica el abogado Iud: “Cuando se dicta el fallo del juicio a las juntas, había pocos nietos restituidos. Se conocía poco de la dinámica de apropiación de niños. Ya para fines de los noventa había muchos más casos resueltos y eso permitía afirmar que había existido una práctica sistemática de apropiación de niños que permitía atribuir la responsabilidad, ya no solo a los apropiadores a título individual, sino también, a los jefes de la fuerza”. En el año 1999, el juez federal Gabriel Cavallo dictó la anulación e inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en el caso del represor y torturador del centro clandestino de detención “El Olimpo” Julio Héctor Simón. En la causa se investigaba la apropiación de Claudia Victoria Poblete Hlaczik. “Yo me había criado con este matrimonio –cuenta la nieta restituida-, ellos siempre me habían dicho que yo era su hija pero yo ya a los veinte años me daba cuenta que no podía haber sido biológica de ellos por las edades que tenían”. Luego, recuerda: “Creía que eran sobreprotectores. En realidad, lo que pasaba es que no me dejaban ir sola a ningún lado, me llevaban, me traían. Yo lo vivía como sobreprotección pero la cosa es que cuando este juez viene y me cuenta esta posibilidad, a mí me resuenan todas estas pequeñas dudas que yo había tenido durante mi adolescencia y mi niñez, y decido ir a hacerme el examen de ADN”.

De esta manera, se pudo probar la apropiación, a la vez que, la tortura y desaparición de sus padres: José Poblete y Gertrudis Hlaczik. La Cámara Federal confirmó la sentencia en el año 2001. Aunque limitado a este caso, el fallo sentó un precedente importante que permitió la apertura de otras causas similares y el juzgamiento de los autores de los hechos. “Lo que me empecé a dar cuenta es que de cierta forma había un paralelismo entre lo que había pasado en el país y lo que me había pasado a mí”, dice Claudia.

En 2003, la periodista y psicóloga social Patricia Walsh, hija del periodista y escritor desaparecido por la dictadura militar, Rodolfo Walsh, redactó y presentó en conjunto con otros diputados y diputadas, el proyecto de ley para la anulación de las leyes de impunidad. La misma es impulsada y promulgada, tras su sanción en el Congreso, por el presidente Néstor Kirchner y rectificada en el año 2005 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De esta manera, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida quedaron sin efecto, no solo en el caso del represor Julio Héctor Simón, sino también, extendiéndose a todos los casos que habían quedado impunes hasta esa fecha. Alan Iud, reflexiona: “Es un trabajo de construcción de memoria, de estrategia en el plano judicial, pero también en el plano de la movilización social, del trabajo territorial, político, con sindicatos, con escuelas, en todos los planos, que hizo que hubiera una demanda muy fuerte de justicia de toda la sociedad no solo del movimiento”.

 

Volver a dar las discusiones

“Lo importante es que esto es el fruto de una lucha colectiva, una de las cosas más grandes que nos legan las Abuelas, las Madres. Las Abuelas no buscan a un nieto, buscan a todos, a los de todas. De hecho, mi abuela (Buscarita Roa) sigue hace más de veinticuatro años en Abuelas a pesar de que me encontró a mí”, cuenta Claudia Poblete. “Nosotros estamos dispuestos a volver a dar todas las discusiones que haya que dar. No hay ningún problema”.

El gobierno de Javier Milei desfinanció políticas clave para el proceso de memoria, verdad y justicia y despidió masivamente a trabajadores que las llevaban adelante, desmantelando estructuras centrales para la defensa y promoción de derechos humanos, dejando en suspenso también políticas públicas para la preservación y funcionamiento de los espacios de memoria. Además de mantener un discurso expresamente negacionista desde la campaña electoral, formalizó recientemente el cierre de la Unidad de Investigación, dependiente de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI), un organismo que tiene la función de investigar el paradero de aquellas personas apropiadas durante la dictadura. A esto se le suma la reciente visita a los genocidas condenados por delitos de lesa humanidad en la cárcel de Ezeiza, por parte de seis diputados libertarios: Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo, Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci y Alida Ferreyra.

Iud expresa una fuerte preocupación, frente a la expresa intencionalidad de integrantes del gobierno libertario de buscar la impunidad para los genocidas de la nación: “La situación es muy preocupante porque hay un avance muy claro del gobierno contra las políticas de memoria, verdad y justicia en el terreno de de su implementación y también en el discurso público que es la gran diferencia con otros períodos anteriores complicados”. El especialista advierte: “La diferencia es que hoy hay un gobierno que trabaja, no solo erosionando las políticas en la práctica, sino también fundamentalmente sobre el consenso social. Está tratando de desarmar ese consenso”.

En sintonía con lo expresado por Iud, Poblete cuenta: “Estos discursos de ahora me resuenan porque fueron los que me criaron a mí”. En este sentido, refuerza que la lucha de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo se encuentra vigente, que no es algo del pasado y este momento permite dar cuenta de todo el trabajo incansable que se realizó para que pudiera ser posible el juzgamiento de los represores, como también la búsqueda y restitución de la identidad de los niños, niñas y bebés apropiados: “Los bisnietos y bisnietas de las abuelas (hijos e hijas de los nietos y nietas buscados) también tienen su identidad cambiada hasta que sus padres no la puedan conocer. Eso es lo que nosotros queremos reparar. Queremos que esas personas puedan saber quiénes son. Los invitamos a eso”. Y concluye: “Aunque las Abuelas están viejitas y cada vez pueden hacer menos, nosotros, nietos y nietas, hermanos y hermanas que buscan hermanos y hermanas vamos a seguir con esa tarea”.

 

Personas desechadas como basura

Personas desechadas como basura

Ago 20, 2024 | Culturas, Destacado 3

Un informe presentado en la Facultad de Ciencias Sociales registró más de 300 agresiones directas a personas sin techo por parte de policías o vecinos durante el último año. Historias de despojos a los que menos tienen.

El Registro Unificado de Violencias describe la violencia sistemática que reciben las personas en situación de calle.

“Ser pobre no es ser delincuente”, dice uno de los carteles que acompañan a una alguien que está recostada sobre un colchón dentro de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y que tiene puesto un sobretodo gris, un gorro y guantes de lana. A la persona en cuestión le faltan unas zapatillas y un montón de otros derechos. En verdad, no es alguien de carne y hueso, pero bien podría serlo. Se trata de un muñeco que representa a quienes no tienen una casa donde vivir. “Son personas, no basura a ser limpiada”, dice otro de los carteles que lo rodean. Lo han puesto en el hall de entrada de la las organizaciones sociales englobadas dentro de la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle como parte de las acciones por el Día Latinoamericano de las Luchas de las Personas en Situación de Calle, que se conmemora cada 19 de agosto desde hace veinte años.

“Este informe habla del valor de la vida, de lo que no se puede mercantilizar. Tenemos más fuerza cuando estamos unides. Gracias por elegirnos”, dice Soraya Giraldez, la directora de la carrera de Trabajo Social, a las organizaciones sociales que han venido a contar los resultados del tercer informe del Registro Unificado de Violencias hacia Personas en Situación de Calle (RUV). Al lado de Giraldez está sentada Florencia Montes Páez, militante del colectivo “No tan distintes” y autora del libro Acompañar es político. Ensayo transfeminista sobre la situación de calle, que es quien ahora toma la palabra. “Es una violencia sistemática”, dice para referirse a las injusticias que constantemente atraviesan los sin techo por vivir en la intemperie y no tener ayuda estatal.

Dentro de un rato Jorgelina Di Iorio, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que también está presente, contará que al tercer informe del RUV lo elaboraron las agrupaciones que forman parte de la Asamblea Popular junto con integrantes de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Dirá que el documento se hizo a partir de relatos contados por los sin techo entre el 16 de agosto de 2023 y el 15 de agosto de 2024, los cuales fueron escuchados por las organizaciones sociales, y también a partir de noticias referidas a la problemática que fueron publicadas en medios de comunicación nacionales dentro de ese lapso. 

El ambiente de la Facultad se volverá espeso cuando Di Iorio describa los tres tipos de violencia más comunes que suelen recaer sobre quienes viven en la calle. Dirá que el hostigamiento, robo, maltrato o desplazamiento forzado del espacio público que realizan las fuerzas de seguridad y otros funcionarios públicos constituyen la violencia institucional, que los ataques físicos perpetrados por ciudadanos de a pie, motivados por un simple rechazo a quienes viven en la calle, conforman la violencia social y que las lesiones físicas graves que se producen por vivir a la intemperie, como las enfermedades o la mismísima muerte, constituyen la violencia estructural. Pero más se tensará el aire invernal que circula por el hall de entrada de la facultad cuando Di Iorio diga, con ese tono de voz que tienen quienes ya llevan muchas calles recorridas, que del informe surgieron como resultados que entre agosto del año pasado y el de ahora hubo 121 situaciones de violencia estructural, 104 de violencia institucional y 95 de violencia social. Todo eso lo dirá con mucha contundencia dentro de un rato. 

«Ponen quince policías para un pobre loco que está arriba de un colchón y te cagan a palos si no se los querés dar, pero para los transas ponen dos policías no más», dice El Punky, que vive en la calle.

Por su parte, El Punky, que vive en la calle, le dirá a esta agencia que “visibilizar violencias está muy bueno, pero no alcanza”. Explicará que ser un cartonero no registrado en una organización como el Movimiento de Trabajadores Excluidos tiene consecuencias. Contará que el Gobierno de la Ciudad determinó que “a los cartoneros que no están en una cooperativa se les tienen que retirar los tachos, porque privatizaron la basura. Mandan milicos con seis meses de registro nacional a laburar, que no saben lo que significa una orden de cateo —dirá El Punky—. Mandan gente ignorante a tener un fierro, que te bardea y te tortura en la calle. Ponen quince policías para un pobre loco que está arriba de un colchón y te cagan a palos si no se los querés dar, pero para los transas ponen dos policías no más, porque los transas son los que pagan las campañas políticas de este país”. 

Ahora, mientras Montes Páez les recuerda a los presentes por qué se conmemora el Día Latinoamericano de las Luchas de las Personas en Situación de Calle, los integrantes de la agrupación Amigos en el Camino reparten alfajores y café a los sin techo que han venido a la facultad también a contar sus experiencias de primera mano. Mientras las personas llenan sus panzas con una merienda caliente repartida con cariño (¿quizá la única comida del día para muchas de ellas?), Montes Páez cuenta que el 19 de agosto de 2004 ocurrió en Brasil lo que se conoce como la “Masacre de Sé”. Ese día, a la noche, quince personas que dormían en la calle fueron atacadas por personal de seguridad hasta el punto de provocar la muerte de siete y ocasionar lesiones graves en las otras ocho. Ese momento quedó grabado para siempre en la memoria latinoamericana y se convirtió en un caso testigo de la violación a los derechos humanos de los sin techo. De ahí que todos los años se recuerda esa tragedia y muchas otras invisibilizadas a través de la efeméride. 

Pero no hace falta ir a Brasil ni viajar al 2004 para saber que situaciones así ocurren todo el tiempo y en todos lados. De hecho, a la presentación del tercer informe del RUV vino a hablar también la jueza Natalia Ohman, que cuenta que hace un mes anuló, por considerarlas arbitrarias y violatorias de la intimidad, 125 detenciones y requisas a personas en situación de calle hechas sin orden judicial en distintos barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Resulta que la policía local, para justificar su proceder, había argumentado que las personas portaban “armas no convencionales”, entre las que se encontraban un destornillador, una varilla, un cuchillo Tramontina, un cúter, una tijera y un gancho. Según las actas de contravención, los motivos de las detenciones y requisas habían sido “actitud sospechosa”, “merodeo” y “control poblacional”. Los detenidos habían sido intimados por la policía a despojarse de esos objetos o se les imputaría el delito de desobediencia, lo que también fue anulado después por Ohman. 

“Muchos de esos objetos son para cortar comida y cartón”, aclara Cintia Bernardo, que sabe del tema porque vive en la calle desde hace tres años. En una charla con ANCCOM, Bernardo cuenta que se dedica “al cartoneo y algunas changas” y que suele recurrir a la ayuda de organizaciones sociales como “No tan distintes” y “Abrigar derechos” para subsistir. Dice que el mayor hecho de violencia institucional que experimentó en la calle ocurrió hace un mes. “Me secuestraron el carro”, dice refiriéndose al carrito que usaba para juntar cartón y después venderlo. Cuenta que un día estaba descansando en la Plaza Garay porque la noche anterior se la había pasado juntando desechos. Aclara que en la zona hay mucha competencia con las cooperativas de recicladores urbanos, por lo que a veces necesita duplicar sus esfuerzos para poder quedarse con suficiente cartón como para vender más tarde. “Según los de Espacio Público e Higiene Urbana no podemos estar a las doce del mediodía descansando en una plaza. Yo quería pedirles que no me secuestraran el carro porque había dos policías que lo tenían. Les saqué las manos de la forma más pacífica que pude y terminé en el piso con esposas”, relata Bernardo. Cuenta que, al vivir en la calle, hace pis en un balde para no ensuciar el espacio público ni provocar las quejas de vecinos y que, como defensa, se los revoleó. “Un oficial me dijo ‘Mirá lo que me hiciste’, por dos gotitas de pis que tenía en el uniforme. Mi respuesta fue angustiante porque el carro es mi sustento diario —dice Bernardo—, y en las cooperativas de recicladores no hay cupos. Me sacás mi herramienta de trabajo y no me das otra, me estás incitando a que yo tome otras medidas para mantenerme, como la prostitución, la venta de drogas o robos”. ¿Y hay manera de recuperar el carro? “Para que me lo devuelvan me piden que presente un ticket de compra, y eso no existe. Yo lo compré en una villa, a un pibe que no se quería dedicar más a cartonear. No tengo un ticket”, dice. Un rato antes, una mujer de entre el público había opinado sobre los despojos que se dan habitualmente en la calle. “En la Rosada hay un monstruo que defiende la propiedad privada, pero ¿por qué nadie respeta la propiedad privada de los sin techo?”, había preguntado al aire la señora, pero nadie supo qué decirle. 

Pobres niños

Pobres niños

Ago 15, 2024 | Comunidad, Destacado 3

Las encargadas del cuidado de las primeras infancias de la UTEP se movilizaron para denunciar el ajuste del gobierno de Milei a los programas que contienen a las niñeces. Más de 30 espacios están en peligro de cierre y un millón y medio de chicos saltean una comida diaria.

Las trabajadoras del cuidado de las infancias de la economía popular aglomeradas en la UTEP se movilizaron a la puerta de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) a cargo del Ministerio de Capital Humano, para denunciar el desfinanciamiento a los espacios dedidacos a las niñeces y adolescencia a nivel federal, el recorte salarial y empobrecimiento de las cuidadoras. A esto se suma el incumplimiento en la entrega de alimentos, el estado crítico de los centros comunitarios y la falta de pago de los convenios vigentes y adeudados desde el año pasado.

La situación de emergencia se da en el contexto en que un millón de niñas y niños se van a dormir sin cenar y un millón y medio se saltean al menos una comida durante el día, según el último informe de UNICEF Argentina.

Una de las referentes de jardines comunitarios del Movimiento Evita, Daiana Gavelli, en diálogo con ANCCOM cuenta: “Hay más de 30 espacios de primera infancia que no tienen una respuesta y están en peligro de cierre porque desde que este gobierno asumió solo hubo desfinanciamiento. El salario de las trabajadoras se recortó y se congeló. Hoy son solo 78 mil pesos. No nos pagan los convenios de primera infancia, el Estado nos debe plata. No se renovaron nuevos convenios y la beca hoy por pibe es de 3.200 pesos. Nosotros estamos reclamando que se actualicen las becas, que se abran nuevos convenios, que nos paguen lo que nos deben y que se reconozca el salario de las trabajadoras”.

Cuidar, alimentar, enseñar y jugar.

Durante la movilización se desplegaron espacios y escenificaron momentos que buscaban reflejar y visibilizar el trabajo realizado en cada jardín. Desde libros, juegos de mesa, muñecos, dibujos, banderines y juguetes, hasta una rayuela con distintas frases como “los nenes también lloran”, “los colores son de todes”, “infancias libres”, “no es no”, “las nenas juegan a la pelota”, entre otras. También, formaron parte de la jornada, títeres gigantes, sostenidos por las trabajadoras con las consignas “educación de primera para nuestras infancias” y “basta de ajustes en las infancias”.

Las “seños», educadoras y cuidadoras, muchas de ellas llevando sus delantales azules, realizaron una ronda frente a las puertas del SENAF custodiada por dos uniformados y cantaron el arroz con leche con la letra reversionada: “Arroz con leche yo quiero jugar, en un espacio libre y con unidad. Que pueda comer, que pueda soñar, crecer con esperanza y en comunidad”. Otros cánticos y consignas que se escucharon fueron dirigidos a Sandra Pettovello: “Nuestros pibes tienen hambre los tenemos que cuidar” y “comer es un derecho, la casta no está acá”.

Evelyn Peluffo es coordinadora del espacio maternal Construyendo Futuro, Cartoneritos, y Trás Cartón. Contó que en el día a día se presentan situaciones de “más violencia, con más hambre. Nuestros chicos ahora meriendan el triple de lo que merendaban antes. Nosotros les damos la merienda y la cena, y la verdad que los chicos se comen todo, te devoran todo lo que hay. Se está notando mucho la necesidad. Damos recreación, hacemos juegos, talleres y tratamos de brindarles la contención que podemos a los chicos, ya que, no la están teniendo en casa. Los papás salen a las once de la mañana hasta las diez de la noche a cartonear, porque no alcanza. El papel bajó, el cartón bajó y es muy crítica la situación”. La maestro del jardín comunitario Mafalda y sus amigos de Máximo Paz Cañuelas, Romina González complementa: “Va más cantidad de chicos y se ve más necesidad en las familias, también. Estando en el jardín se ve todo: a los padres que se quedan sin trabajo, que no tienen para comer, que falta la ropa. Hay que estar ahí, ayudando siempre. Cumpliendo las necesidades de las familias”.

En relación a las condiciones laborales en las que se encuentran las trabajadoras del cuidado, el gobierno recortó el salario dejándolo en 78 mil pesos, desfinanció los convenios vigentes, dejó de repartir alimentos y congeló el monto de la beca por chico. Gavelli expresa que se encuentran “totalmente sobrepasados. Ya muchos espacios cerraron, otros redujeron su jornada y algunos se convirtieron en ludotecas. Entonces dejaron de ser jardines y espacios de primera infancia para funcionar dos veces al día, porque la verdad que el sueldo no alcanza. La gran mayoría que está ahí es por un compromiso con los pibes y las pibas porque por lo que te pagan, la verdad, no te rinde”. En sintonía con Gavelli, la secretaria de Cuidados Comunitarios de la UTEP, Celeste Ortiz, suma: “Esto arroja a más de 3500 cuidadoras que se encuentran hoy bancando estos espacios de primera infancia a pulmón y con el compromiso militante de cuidar a cada uno de nuestros pibes y pibas de nuestro barrio, cuando hay un Estado y un gobierno actual que lo que hace es no solamente desfinanciarnos sino también empobrecernos”.

Perseguir y postergar

Ante el reclamo, el Ministerio de Capital Humano decidió no dialogar con las trabajadoras y postergar la reunión. Una de las voceras, señaló: “Hoy nos fuimos y nos vamos con un sabor amargo porque es la tercera vez que nos patean”.

Además, durante el transcurso de la movilización y por orden del juez Julián Ercolini se llevaron a cabo dos allanamientos simultáneos de la Policía Federal Argentina en la Ciudad de Buenos Aires: en la central de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular de la UTEP y en un espacio de primera infancia. En referencia a esta situación, Celeste Ortiz denuncia la persecución y el hostigamiento y manifiesta: “Cuando toda nuestra reserva o el oro se lo están llevando a países extranjeros, nos están vendiendo la Patagonia, nos están vendiendo la Argentina y, sin embargo, las perseguidas son las que menos tienen”. Y finaliza: “No nos han vencido. Nos quieren desmoralizadas, nos quieren endeudadas, nos quieren desorganizadas, y la respuesta que nosotros les damos a eso y a la violencia que nos vienen ejerciendo a nosotras, es la organización popular. Vamos a seguir luchando para construir un presente y un futuro mejor para nuestras infancias y para todos los trabajadores y trabajadoras de la economía popular”.

 

«Venezuela es muy importante en su situación geoestratégica»

«Venezuela es muy importante en su situación geoestratégica»

Ago 12, 2024 | Destacado 3, Vidas políticas

El exministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Rafael Bielsa, analiza la situación de la región luego de las elecciones en el país caribeño. El rol del Estado argentino y los intereses que se ponen en juego en América Latina.

El abogado constitucionalista, diplomático y político Rafael Bielsa, exministro de Relaciones Exteriores entre 2003 y 2005, opinó sobre las elecciones venezolanas y cómo influyen los vaivenes geopolíticos en la vida de los ciudadanos. También subrayó qué significa la democracia para él.

 ¿Qué opinión tiene de la elección en Venezuela y las repercusiones que esta causó a nivel regional?

 Venezuela es un país muy importante en el monocultivo de petróleo y en su situación geoestratégica. Pero allí no acaba su riqueza, que se extiende al sector primario, el secundario e incluso el terciario. Sí, se instala allí el interés que suscita hoy. Dicho esto, las repercusiones son una cuestión periodística, y dónde tienen lugar y con qué tono es lo que genera juicios de valor sobre la base de la argumentación y los alineamientos. Las opiniones que merecen las elecciones venezolanas derivan de esto. Los escándalos políticos son procesos comunicacionales confrontativos que ocurren en los medios de comunicación. Venezuela es hoy asunto de Estado en Gran Bretaña, España, Paraguay, Chile. Tiene tal importancia que la OEA realizó sesiones de emergencia para tratar la “cuestión venezolana”. La propia Unión Europea, ha combinado bandos desconocidos: por un lado, Alemania, Francia, Gran Bretaña y España, y por el otro Austria, Italia y Grecia. Hasta el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha convocado a sesión de emergencia y en su comunicación oficial habló de “División en el Consejo de Seguridad”. Desde hace tiempo la cuestión es así. En marzo de 2015, Barak Obama promulgó la “emergencia nacional” para la seguridad de Estados Unidos y firmó un decreto ejecutivo que alude a Venezuela como una “amenaza extraordinaria e inusual” para USA. Sin dudas lo es para la economía clásica liberal británica de Adam Smith. En resumen, está siendo un proceso electoral de suma importancia regional.

 

¿Considera atinado el claro posicionamiento político adoptado por el gobierno argentino?

“Claro” no es sinónimo de “atinado”. Claro es un espacio vacío dentro de un conjunto o una serie. “Atinado” significa encontrar lo que se busca a tientas, sin ver el objeto. Por tanto, algo puede ser claro sin ser atinado y algo puede ser atinado sin ser claro. El actual gobierno argentino ganó legítimamente las elecciones y la expresión del peronismo, a la que voté, las perdió. Adicionalmente y como es sabido, según la Constitución argentina, se pone en cabeza del gobierno federal la responsabilidad de conducir las relaciones exteriores del Estado con el propósito de “afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras”. Para estos fines, el texto le atribuye explícitamente ciertas facultades al Poder Ejecutivo, el que de modo central “concluye y firma tratados y otras negociaciones requeridas para el mantenimiento de buenas relaciones con las organizaciones internacionales y las naciones extranjeras, recibe sus ministros y admite sus cónsules” y “declara la guerra y ordena represalias”. Otras facultades, se las atribuye al Congreso, al que le corresponde, “aprobar o desechar los tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede”, “aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales” y “autorizar al Poder Ejecutivo para declarar la guerra o hacer la paz”.

Lo que se ha hecho con Venezuela transita sobre la “tensión en una zona de penumbra”, porque la modernidad ha modificado las visiones del siglo XIX. Dicho lo que antecede, lo adoptado por el gobierno argentino no es ilegal hasta hoy, aunque yo no lo comparta. Prefiero otras modalidades en política exterior: entre sus señas de identidad, destacan el rechazo de cualquier estridencia, la cautela con declaraciones, no dejarse llevar por las prisas y mantener como sea los cauces diplomáticos abiertos con todos los implicados en una crisis. En algún sentido es lo que han hecho los presidentes Lula, López Obrador y Petro. Ellos no dejan de conversar con Maduro.

No soy un fudamentalista liberal democrático, alguien que hace de los principios democráticos una liturgia, sino que deseo sistemas y procesos en los que existan dignidad de los salarios, derechos laborales, industrialización de nuestra patria, la diversificación de la economía, la reforma de nuestra infraestructura y soberanía nacional, económica y política.

Rafael Bielsa

¿Qué intereses se ponen en juego para América Latina de cara al futuro independientemente de quién sea proclamado el ganador?

No hay manera de evaluar “qué intereses se ponen en juego en América Latina de cara al futuro” con “independencia” de quien haya ganado las elecciones y sea proclamado como tal. Es más, le diría que desconfíe de quien le responda esa pregunta. No hallará en esa respuesta ni objetividad ni pasión por la excelencia. Al menos yo no la puedo responder.

¿Cómo sería independiente del triunfador la cantidad de reyertas que hay pendientes? María Corina Machado manifestó que estaba dispuesta a avanzar en una negociación compleja y delicada, que incluiría garantías, salvoconductos e incentivos. Serán unos y otros según ganadores y derrotados.

 

¿Hay actores políticos que intentan debilitar los procesos de la democracia? ¿Qué fin persiguen?

Por supuesto. Yo no soy un democratista, un fudamentalista liberal democrático, alguien que hace de los principios democráticos una liturgia, sino que deseo sistemas y procesos en los que existan dignidad de los salarios, derechos laborales, industrialización de nuestra patria, la diversificación de la economía, la reforma de nuestra infraestructura y soberanía nacional, económica y política. Pero advierto la existencia de actores que debilitan los procesos democráticos. ¿No oyó hablar del Grupo de Lima? ¿Era “democrático” apostar por Juan Guaidó? En cuanto a los fines que persiguen, habría que preguntárselo a ellos.

 

¿Cuál es la influencia de los vaivenes geopolíticos en la vida cotidiana de los ciudadanos argentinos?

Es muy difícil construir seriedad democrática si el país va todo el tiempo de la cuarta al pértigo. Deberían existir pensamientos que excedieran la dimensión de los partidos políticos tomados o considerados individualmente.

Todavía quedan dos detenidos por la manifestación contra la Ley Bases

Todavía quedan dos detenidos por la manifestación contra la Ley Bases

Ago 5, 2024 | Destacado 3, Vidas políticas

A más de 50 días de la represión a la manifestación contra la Ley Bases, aún quedan dos personas detenidas. ¿Quiénes son? ¿De qué los acusan? ¿Cómo están?

“¿Y si fuera tu hijo, tu amiga, tu prima, tu hermana?” se preguntan los afiches que sostienen exdetenidos en la manifestación contra la Ley Bases y familiares y amigos de Daniela Calarco Arredondo y Roberto María de la Cruz Gómez en redes sociales. Los dos continúan presos hace más de 50 días en cárceles de máxima seguridad luego de la represión que se llevó a cabo mientras se debatía la norma impulsada por el gobierno de Javier Milei. Todos ellos exigen la inmediata liberación de ambos.

 El miércoles 12 de junio, mientras los senadores decidían sobre el futuro del país, en las inmediaciones del Congreso se desató una brutal represión. El resultado fueron 33 detenidos, de los cuales 28 fueron liberados con el correr de los días. De los cinco restantes, Facundo Gómez, acusado de saltar un vallado policial de más de dos metros de alto, fue liberado tras 22 días de encierro, mientras que Cristian Valiente, acusado de poseer una granada de gas lacrimógeno que no era más que un aerosol del Ministerio de Defensa utilizado esa misma tarde para reprimir manifestantes, y David Sica, acusado de sortear un vallado policial cuando se dirigía a una iglesia cercana, fueron puestos en libertad un día antes de cumplir un mes en prisión. Calarco Arredondo y de la Cruz Gómez aún aguardan en el penal de Ezeiza. 

Daniela Calarco Arredondo, de 39 años, es una militante social, LGBT y feminista, referente del Movimiento Teresa Rodríguez y trabajadora despedida del exministerio de Desarrollo Social. Fue detenida durante la desconcentración cuando salía de un local de comida rápida. Hace 55 días aguarda su libertad en un penal de máxima seguridad. Allí mantiene ciertos hábitos que la ayudan a lidiar durante su estadía, conserva su rutina de ejercicio y de lectura. También dialoga constantemente con su entorno. Entre ellos se encuentra Emilia Manazza, compañera de Calarco, quien relató a ANCCOM: “Daniela está bien, está fuerte. Es una compañera que saca esa fuerza por estar organizada”. Y agregó: «Está entera porque sabe todo lo que está pasando de este lado, las actividades y las conferencias”.

El 18 de junio fue procesada con prisión preventiva por los delitos de intimidación pública, incendio y daño agravado. Se la acusa de haber quemado bicicletas del Gobierno de la Ciudad. La excusa para no liberarla y continuar el proceso en libertad es que podría interrumpir el proceso de investigación, pero Manazza se pregunta: “¿Cómo podrían (Calarco y Gómez) interrumpir la investigación? Generalmente quienes han interrumpido la investigación lo han hecho con plata, con poder económico, coimeando y comprando testigos. De hecho, la mayoría de los testigos en esta causa son policías”, sentenció.

Una vez liberados Facundo Gómez, David Sica y Cristian Valiente, a Daniela le volvieron a negar la excarcelación con un fallo que terminó 2 a 1. Los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah en contra, el juez Roberto Boico a favor, convencido de que no existe mérito ni justificación para que Calarco siga con prisión preventiva. Aún así permanece en el penal de Ezeiza. «No nos dicen qué más están investigando. Pueden estar años y años buscando, pero no tienen pruebas ni las van a encontrar. Nosotros creemos que están queriendo ganar tiempo para dar un mensaje que no están pudiendo dar por el amplio arco de unidad de los sectores que se manifestaron”, afirmó Emilia de manera contundente.

Pero Calarco Arredondo no es la única detenida. En otro pabellón del penal de Ezeiza también aguarda su libertad De la Cruz Gómez, quien está procesado por daño agravado y resistencia a la autoridad agravada. En su caso, la prisión preventiva se mantuvo por contar con antecedentes penales. Por ello debe aguardar que la causa avance y, si no hay otras pruebas en su contra, debería continuar hasta la siguiente etapa que es el juicio. 

Mientras tanto, periódicamente conversa con familiares y ex detenidos, quienes lo mantienen al tanto de qué sucede afuera. Uno de ellos es Santiago Adano, músico y artista, detenido, durante la desconcentración, cuando se dirigía a buscar su auto para emprender la vuelta. Adano pasó la noche junto a él en Madariaga. Primero en un calabozo, luego en la celda, más tarde los llevaron a declarar a Comodoro Py. La segunda noche fueron trasladados a la Comisaría 28 en Tribunales. Allí los separaron, De la Cruz Gómez, junto con otros detenidos, fue llevado a Ezeiza donde aún aguarda su libertad, a Adano lo trasladaron a Marcos Paz, donde luego de unos días fue liberado junto a Ramón Remigio Ocampo. “Nos largaron sin prestarnos un teléfono, en el medio del campo, un viernes a las 11 de la noche. Nos abrieron la puerta del penal y nos largaron sin ningún tipo de ayuda”, denunció Adano. Luego, los uniformados les indicaron a ambos que a unas pocas cuadras encontrarían un bar donde podían pedir prestado un teléfono. El bar en cuestión estaba cerrado. También les indicaron cuáles colectivos pasaban por allí, pero ninguno pasó. Fueron rescatados por una compañera de la Asamblea de Marcos Paz. No se conocían entre sí, pero fueron advertidos de la liberación y acudieron a su ayuda.

«Con Roberto pasamos dos días muy intensos y de mucho compañerismo. No nos conocíamos, pero hoy somos todos amigos”, expresó el artista. «Roberto está con energías, está ansioso, quiere salir. Quiere tener su proceso judicial en libertad, como debería, pero está entero. Cuando vos tenes ideales fuertes, este tipo de situaciones te los reafirma, entonces no se está dejando doblegar. Pero también está harto”, afirmó el músico sobre Gómez. Y agregó: «Cuando yo hablo con él lo escucho animado y con energía. Me tranquiliza escucharlo. No está pinchado, sabe que hay gente moviéndose por él.»

Tanto Emilia como Santiago hacen hincapié en que Colarco Arredondo y De la Cruz Gómez se mantienen enteros gracias al movimiento que hay fuera exigiendo su liberación. Ese apoyo, a lo largo de estos más de 50 días, se ha materializado en conferencias, colectas, festivales e intervenciones. También en manifestaciones. El pasado viernes, organizaciones piqueteras y sociales llevaron a cabo cortes en Puente La Noria y otros puntos de zona sur y oeste, en reclamo por ambos presos. La jornada finalizó con una concentración en el Obelisco. «Nosotros mantenemos reuniones periódicas con la Coordinadora por la Libertad de los Detenidos, planteando actividades, algunas culturales, algunas más de orden político. Se va a presentar un amicus curiae de parte de varias organizaciones pidiendo por la liberación de Daniela y Roberto y el sobreseimiento de todos y todas”, anticipó Adano. Y continuó: «Es importante apoderarse de las herramientas políticas. Nuestro caso llegó a Amnistía Internacional en los primeros dos días. Tuvo mucho movimiento. El tipo de presión que pudimos ejercer los primeros días fue clave para que nos fueran largando”.

¿Cómo continúa la causa?

Aunque los detenidos sean solo Daniela Calarco Arredondo y Roberto María de la Cruz Gómez, al mismo tiempo hay tres de los exdetenidos que aún están procesados: Cristian Valiente, Daniel Sica y Brian Ortíz, quien se sumó a esta lista hace tan solo unos días. 

La Fiscalía de Carlos Stornelli había apelado siete faltas de mérito dictadas por la jueza María Servini. Ante esto, el pasado jueves, la Cámara porteña confirmó seis de ellas, correspondientes a Gabriel Famulari, Camila Juárez Oliva, Sasha Lyardet, Nicolás Mayorga, Sofía Ottogali y Juan Spinetto, pero sumó un nuevo procesamiento, el de Brian Ortíz, a quien acusaron de haber arrojado golpes de puño y patadas a los policías que lo detuvieron. Compararon su situación con la de Cristian Valiente, procesado el 11 de julio, y determinaron adjudicar el delito de atentado a la autoridad. Una vez más, el juez Roberto Boico votó en contra de esta decisión, pero prevaleció la mayoría ya que Irurzun y Farah, quienes fallaron a favor. El resto de los exdetenidos aguardan aún su sobreseimiento pero continúan con faltas de mérito.

Cushamen, a siete años de la muerte de Santiago Maldonado

Cushamen, a siete años de la muerte de Santiago Maldonado

Jul 31, 2024 | DDHH, Destacado 3

El territorio mapuche desalojado por la Gendarmería hoy es tierra arrasada donde conviven el miedo de la población y la memoria de Santiago. Las novedades en la causa que abren una nueva esperanza.

A siete años de la desaparición de Santiago Maldonado, las comunidades (Pu Lof) en Resistencia de Cushamen, el territorio mapuche donde fue encontrado su cuerpo meses después, son el reflejo de un recuerdo viviente y de la interminable lucha de los indígenas por sus derechos indígenas. 

Si bien los antecedentes conflictivos se remontan a varias décadas, esa zona mapuche contó con la atención de un país entero en 2017 cuando cuatro escuadrones de la Gendarmería Nacional a las órdenes de la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich ingresaron al territorio que la comunidad liderada por el lonko (líder espiritual y político) Facundo Jones Huala había recuperado de manos del magnate Luciano Benetton dos años antes. El operativo de los gendarmes, del 1 de agosto, saqueó y quemó las casas y pertenencias de la Pu Lof, y durante esas horas se produjo la desaparición y posterior muerte de Maldonado, que tenía 28 años, era tatuador, anarquista y viajero que se comprometía con las luchas de los lugares por los que pasaba. De hecho, poco antes había participado del conflicto por las salmoneras en Chile.

Actualmente, poco y nada queda de aquella recuperación de tierras. La casilla de vigilancia donde Maldonado pasó la noche del 31 de julio era la última construcción que quedaba en pie y fue incendiada por la policía de Chubut junto a personal de la estancia Leleque, de Benetton, sin dar explicación alguna, a 9 meses de la desaparición de Santiago. El que fuera territorio en disputa, por donde los gendarmes avanzaron al grito “fuego al indio”, ahora predomina la estepa patagónica y casi nadie se atreve a decir en voz alta qué sucedió.

En parte esto es así porque varios de los habitantes de la Pu Lof siguen criminalizados, desfilando por fiscalías, juzgados e incluso cárceles. Los demás temen represalias. El año pasado, Jones Huala fue extraditado a Chile, acusado de haber participado en un ataque incendiario en la región de Los Ríos. Le restaba cumplir un año, cuatro meses y 17 días de pena en Chile, por lo cual debería haber recuperado su libertad el 26 de junio pasado. Pero no sucedió y el referente mapuche continúa sin ser liberado al día de la fecha, por lo que hace ya más de un mes decidió realizar una huelga de hambre en reclamo de su libertad. El 17 de julio fue internado por su grave estado de salud y en las últimas horas los partes médicos comienzan a mencionar el riesgo de fallas en sus órganos. El día 33 de su huelga de hambre, compañeros y familiares del líder se solidarizaron con la causa y convocaron a una ceremonia de limpieza para fortalecer la salud de Jones Huala frente al Hospital Intercultural Nueva Imperial, reclamando también por su libertad inmediata.

“Y eso no queda ahí, con Matías Santana también hay preocupación” declaraba una fuente cercana a la comunidad en diálogo con ANCCOM. El 17 de febrero este integrante de la Pu Lof de Cushamen había sido detenido en pleno centro de Bariloche acusado de dos causas: por participar en los incendios de viviendas en Villa Mascardi y por resistirse a las autoridades en una marcha en el departamento de Cushamen. 

Actualmente, el joven de 27 años sigue detenido en Esquel, y sus allegados continúan reclamando su pronta liberación. 

Santana estuvo en el ojo de la tormenta pública –incluso en una burlona entrevista televisiva con Jorge Lanata– cuando en 2017 declaró ante la justicia y los medios de comunicación que había visto cómo Gendarmería se llevaba a Maldonado el día 1 de agosto. Gracias a sus binoculares, explicó que lo reconoció porque llevaba puesta la campera celeste que él le había prestado, prenda con la cual Maldonado fue encontrado sin vida el 17 de octubre de ese mismo año. 

Archivo Adriana Meyer, 2017. Deslizá para ver la galería.

Voceros de la comunidad en diálogo con ANCCOM manifestaron que las causas contra las mujeres y hombres mapuches que se iniciaron en ese contexto resultaron grandes montajes sin pruebas donde lo único que se vio es la violencia estatal represiva. Los hechos respaldan estas palabras: el 25 de noviembre de ese mismo año la Prefectura asesinó a Rafael Nahuel en la Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi. Y cuatro años después asesinaron a Elías Garay en la Cuesta del Ternero. 

 

Lo último que se supo de Santiago

Santiago había llegado a El Bolsón en abril, y pronto se consustanció con las reivindicaciones del pueblo mapuche. Como recuerda su amigo Ariel Garzi, tenía tres grupos de amigos, los artesanos con quienes compartía su puesto en la Feria donde hacía tatuajes, a veces por trueque en lugar de dinero, los anarquistas que lo alojaban en la Biblioteca del Río, y los mapuche. El 31 se despidió de los dos primeros y se fue a apoyar el corte de la Ruta 40, que la comunidad había organizado en reclamo por la detención de su lonko, Jones Huala, en Bariloche, junto a la mitad de la comunidad, entre ellas Romina Jones Huala. 

El Movimiento Autónomo de Puel Mapu ya casi había desalojado el corte de esta vía que recorre Argentina paralela a la Cordillera de Los Andes. Pero Bullrich quería la foto de un mapuche preso, al menos. Así, Gendarmería recibió la orden para despejar la zona, y al grito de “fuego libre” ingresó al territorio habitado por la Pu Lof de Cushamen. Poco rato duró la resistencia con piedras hasta que todos, incluso Santiago, corrieron hacia el río Chubut, luego de buscar su mochila en la casilla. Según varios testigos, Maldonado llega a meterse al río para cruzar pero desiste y vuelve a la orilla. Nicasio Luna, un payador chileno, estaba a pocos metros y fue apuntado por los gendarmes. Él sí logró cruzar. Una testigo personal civil de Gendarmería respaldó en la causa judicial los dichos de Santana: a Santiago se lo llevaron los uniformados de ese lugar, en el que el macrismo a coro sostiene que “se ahogó solo”.

Una lamien (hermana en mapuche) en diálogo con ANCCOM, expresó que ese día un gran desconcierto surgía entre gritos, corridas y el intenso sonido que producían los vehículos acelerando para entrar: “Un grupo perseguía con balas de goma a mapuches que corrían hacia el río. Entre ellos, estaba Santiago. Hoy, a 7 años de su desaparición nosotros no sabemos lo que pasó, cómo murió ni dónde tuvieron su cuerpo. No pedimos justicia, no existe. Pedimos memoria. Estar alertas ante este sistema que persigue e intenta disuadir ideas de comunidad, solidaridad y levantamiento ante el opresor”.

Luego de una desprolija y cuestionada búsqueda, el 17 de octubre de 2017, setenta y siete días después de su desaparición, Maldonado fue hallado muerto en el río Chubut. La autopsia especificaba un fallecimiento provocado por ahogamiento por sumersión en el agua “coadyuvado por hipotermia” y se determinó que su cuerpo siempre había permanecido “abajo del agua y no en otro medio”. Las interpretaciones posteriores no se basaron en la lectura del informe de autopsia sino en las pocas palabras que dijo el juez de la causa, en la puerta de la Morgue, dos días antes de las elecciones: que no hubo intervención de tercero y que no se trató de una muerte violenta.

A pesar de la insistencia de la familia por profundizar los puntos que esa pericia no determinó, y otras medidas que nunca quiso hacer, en noviembre de 2018 el juez federal Gustavo Lleral cerró la causa, determinando una muerte accidental sin responsables. Frente a ello, los reclamos de familiares y conocidos de la víctima, encabezados por su hermano Sergio, nunca cesaron: desde las primeras declaraciones, aseguraron que no se realizó una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido, que se trató de una desaparición forzada en medio de una represión desatada en pleno gobierno de Mauricio Macri. 

“La novedad es que el juez ha ordenado ampliar los informes de los peritos y peritas que actuaron en la autopsia atento a las contradicciones, las inconsistencias, la falta de explicaciones de las afirmaciones y fundamentación”, dijo la abogada Heredia

Un giro en la investigación

En el último tiempo, la solicitud de una nueva respuesta logró ser concedida para la familia de Maldonado. El pasado 10 de mayo de este año la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia apartó al juez Lleral de la causa y revocó el sobreseimiento de los gendarmes imputados pertenecientes a la Gendarmería.  “Hemos perdido más de cinco años desde nuestro pedido en diciembre de 2018 para que apartaran al juez Lleral, un tiempo muy valioso para poder llegar a la verdad. Ahora deberán realizarse las pruebas pendientes ordenadas por la Cámara de Apelaciones así como todas las pruebas que hemos pedido en varias oportunidades y que el juez Lleral se negaba a realizar” expresó la familia en un comunicado.

En las últimas horas, se produjeron novedades en el expediente que ahora está en manos del juez Fernando Calvete. “La novedad es que el juez ha ordenado ampliar los informes de los peritos y peritas que actuaron en la autopsia atento a las contradicciones, las inconsistencias, la falta de explicaciones de las afirmaciones y fundamentación”, dijo la abogada de la familia, Verónica Heredia, a ANCCOM. “Este cuestionamiento lo hicimos desde el mismo 24 de noviembre de 2017 luego de que los peritos de la Corte Suprema nos dijeran que luego de hacer la autopsia no podían afirmar que Santiago murió ahogado el 1 de agosto de 2017 en el mismo lugar donde se encontró su cuerpo. Ésta es la razón por la cual ratificamos que la única hipótesis plausible seguía siendo la desaparición forzada seguida de muerte”, agregó la letrada. Esto se suma a la reciente orden de Calvete de reconstruir cada paso del operativo represivo en Cushamen, en base a una edición de video elaborada por la DATIP (Dirección de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal de la Procuración), para precisar la responsabilidad de cada uno y la autoría de casi cien disparos de aquella jornada. “La causa vuelve a empezar”, había dicho Heredia en ese momento

Actualmente Cushamen es el reflejo de un recuerdo y un homenaje perpetuo, donde quedan los murales, algunos vandalizados, con la mirada de Santiago que hicieron los vecinos y sus compañeros.