Casi sin repercusión mediática, el juicio oral y público que investiga la responsabilidad en el hundimiento del ARA San Juan lleva casi dos meses. Mientras que las querellas apuntan a la falta de mantenimiento del submarino, las defensas sostienen que la nave estaba en condiciones.

A más de ocho años del hundimiento del ARA San Juan, que provocó la muerte de sus 44 tripulantes el 15 de noviembre de 2017, el juicio oral que busca determinar responsabilidades avanza en una etapa clave marcada por testimonios, tensiones y cuestionamientos al proceso judicial. Desde el 5 de marzo, el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos lleva adelante audiencias que, según coinciden querellas y familiares, combinan avances parciales con profundas incertidumbres.

La causa, que durante años perdió centralidad en la agenda mediática, ingresó en la fase testimonial e indagatoria. En este marco, el 9 de abril el excapitán de navío Claudio Javier Villamide amplió su declaración y sostuvo que no existía ningún documento que indicara que el submarino no estaba en condiciones de navegar. Su planteo se alinea con la estrategia de las defensas: afirmar que la nave se encontraba operativa y desplazar la responsabilidad hacia factores imprevistos o incluso hacia la tripulación.

Sin embargo, los testimonios recogidos en estas primeras semanas van en sentido contrario. Fabián Walter Krawinkel, submarinista y exjefe de Logística y Planificación hasta 2019, afirmó que el ARA San Juan no había realizado ensayos técnicos fundamentales, como las pruebas de máxima velocidad y profundidad. También señaló que el problema inicial se habría originado en un “portafusible que se había fundido” y recordó que los incendios en submarinos suelen ser eléctricos debido a la alta concentración de equipos.

Para la querella mayoritaria, que representa a 34 de las 44 familias, estos elementos refuerzan su hipótesis acusatoria: el submarino no estaba en condiciones operativas para la misión. “Se concentra en demostrar la falta de mantenimiento y el estado no óptimo ni operativo”, explicó la abogada Valeria Carreras. Según detalló, la embarcación presentaba arreglos pendientes, no había ingresado a dique seco y carecía de pruebas técnicas esenciales.

Carreras sostuvo que incluso existían antecedentes previos que anticipaban el riesgo: en julio de 2017, el submarino habría sufrido un ingreso de agua por la válvula ECO-19 que generó un principio de incendio. “Nadie hizo nada para evitar que se repita”, afirmó. Para la querella, la tragedia fue el resultado de una “concatenación de factores”: condiciones climáticas adversas, fallas técnicas y decisiones operativas que expusieron a la tripulación. “Todo eso es el cóctel perfecto para que tengamos la triste consecuencia de 44 personas que yacen en el fondo del mar”, resumió.

“Sabemos a quiénes nos enfrentamos”, advirtió, y apuntó directamente contra la institución naval. “No nos olvidamos que la Armada es la fuerza que fue capaz de bombardear la Plaza de Mayo en 1955 y la que aún guarda bajo siete cerrojos el destino de los hijos de los desaparecidos”, sostuvo Carreras. 

Dimensión política 

En ese esquema, la dimensión política aparece como un eje central. Carreras vinculó la falta de mantenimiento con restricciones presupuestarias y apuntó al gobierno de entonces: “¿Quién determinaba el presupuesto nacional? El Poder Ejecutivo”. La línea argumental busca ampliar las responsabilidades más allá de los cuatro imputados —Luis Enrique López Mazzeo, Claudio Javier Villamide, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa—, acusados de incumplimiento de deberes de funcionario público, omisión de deberes de oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.

Durante el gobierno de Mauricio Macri, la gestión del caso ya había sido objeto de fuertes cuestionamientos. A las críticas por la respuesta inicial tras la desaparición del submarino se sumó el escándalo por el espionaje a familiares, que derivó en una causa judicial que terminó con el sobreseimiento del expresidente bajo el argumento de que se trataba de tareas vinculadas a la seguridad del mandatario. El cierre judicial no disipó el impacto político ni la desconfianza de los familiares.

Las audiencias continuarán con nuevos testimonios y el 8 de mayo está prevista una inspección ocular en el ARA Santa Cruz, submarino gemelo. Para la querella, esta medida puede resultar clave: permitirá que los jueces dimensionen físicamente las condiciones de habitabilidad, circulación y emergencia dentro de la nave. “Es para que vean lo que les estamos explicando en abstracto”, señaló Carreras.

No todos comparten esa expectativa. Isabel Polo, hermana de uno de los tripulantes fallecidos, consideró que la inspección puede ser “una pérdida de tiempo” si no se avanza en peritajes sobre los restos del ARA San Juan, una medida pendiente desde 2020. “Estamos en 2026 y nadie hizo nada”, cuestionó. Para Polo, el juicio comenzó con expectativas que se fueron diluyendo tras las declaraciones de los acusados: “Los cuatro coincidieron en que el San Juan estaba en óptimas condiciones”, dijo, y denunció una actitud “soberbia y arrogante” que, a su entender, influyó en el tribunal.

Los familiares también apuntan a responsabilidades políticas más amplias. Polo sostuvo que la misión del submarino requería la firma del Poder Ejecutivo y cuestionó la ausencia de figuras clave en el banquillo de los acusados. “La responsabilidad política es clara”, afirmó, al tiempo que expresó su deseo de ver a exfuncionarios, como el exjefe de gabinete de Macri, Marcos Peña y el exministro de Defensa Oscar Aguad, responder ante la Justicia.

Otra mirada

Desde otra perspectiva, Luis Tagliapietra —abogado y padre de uno de los tripulantes— planteó una crítica estructural al proceso judicial. “Surge del devenir de una investigación pésimamente hecha”, señaló. Y advirtió que la falta de pericias sobre los restos del submarino condiciona el alcance del juicio. Según explicó, desde 2019 se reclamó la conformación de un equipo pericial multidisciplinario que nunca se concretó, pese a una orden de la Cámara Federal.

“Sufrimos espionaje ilegal, amenazas, falsas denuncias, ofrecimientos económicos y de trabajo en el Estado para acallar a muchos familiares”, afirmó Tagliapietra.

Para Tagliapietra, esta falencia genera un problema central: “Sabemos que el submarino no estaba en las mejores condiciones, pero no tenemos pruebas de cuáles fueron los motivos del hundimiento”. En ese sentido, consideró que el juicio podría terminar sin esclarecer completamente lo ocurrido. “No veo que haya pruebas de responsabilidad directa del hundimiento”, afirmó.

El abogado también cuestionó el enfoque del proceso: “Este juicio no es para averiguar la verdad, es para saber si estos cuatro tienen o no responsabilidad de algo”. Según su visión, existe una resistencia generalizada —de defensas, fiscalía e incluso otras querellas— a avanzar en medidas que permitan reconstruir con mayor precisión los hechos.

A pesar de las diferencias entre las querellas, hay un punto de coincidencia: la búsqueda de verdad y justicia sigue atravesada por obstáculos. Las denuncias por espionaje, presiones y demoras judiciales forman parte de un recorrido que, para los familiares, estuvo marcado por irregularidades. “Sentimos que no han hecho lo posible por llegar a la verdad”, sostuvo Tagliapietra.

En paralelo, el desgaste emocional y el paso del tiempo profundizan la sensación de abandono. “Ocho años y cinco meses”, recordó Polo, al señalar que muchos familiares murieron sin obtener respuestas. La promesa incumplida de visitar el lugar donde yacen los restos del submarino es, para ellos, otro símbolo de esa deuda.

“Yo le prometí a mi hijo y a todos los que murieron, honrarlos con la verdad. Por eso lucho todos los días, muchas veces en silencio”, recordó Tagliapietra. Y agregó: “Si la verdad significa que no hay responsables nosotros lo vamos a aceptar. Pero sentimos que no solo no han hecho lo posible para llegar a la verdad, sino que son resistentes a ella”.

Tagliapietra también denunció presiones y maniobras a lo largo de estos años. “Sufrimos espionaje ilegal, amenazas, falsas denuncias, ofrecimientos económicos y de trabajo en el Estado para acallar a muchos familiares”, afirmó. Según planteó, estas situaciones forman parte de un entramado que obstaculizó la búsqueda de verdad desde el inicio.

Mientras el juicio avanza, la causa del ARA San Juan sigue tensionada entre la reconstrucción judicial de los hechos y el reclamo persistente de los familiares. En un escenario de baja visibilidad mediática, cada audiencia suma elementos a un proceso que, más allá de sus resultados, continúa interpelando a la política, a la Justicia y a las Fuerzas Armadas.