A Milei ni siquiera lo conmueve la tragedia de Bahía Blanca

A Milei ni siquiera lo conmueve la tragedia de Bahía Blanca

Jun 29, 2025 | Comunidad, Destacado 3

El presidente vetó la Ley de Emergencia destinada a la reconstrucción de Bahía Blanca mientras el Hospital Penna sigue con servicios sin habilitar, las calles están poceadas por la fuerza del agua y muchos vecinos aún no regresaron a sus casas.

A tres meses de las inundaciones en Bahía Blanca, Javier Milei vetó la Ley de Emergencia que había sido aprobada por la Cámara de Diputados con 196 votos a favor. Mediante el decreto 424/2025, firmado también por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el Gobierno anuló la norma que contemplaba la creación de un fondo especial de 200.000 millones de pesos para asistir y reconstruir la ciudad y sus alrededores.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, justificó la decisión en X: “Hoy, casi tres meses después (sí, casi tres meses después), la casta política pretende hacer política con la tragedia aprobando en el Congreso un proyecto que se superpone con los recursos ya transferidos. Por eso, el presidente Javier Milei vetó la ley que duplicaba la asistencia ya dispuesta”. Además, argumentó que ya se implementaron medidas urgentes a través de otro decreto presidencial que creó el programa Suplemento Único para la Reconstrucción (S.U.R.), haciendo innecesaria una ley adicional.
Pese a las justificaciones y avisos de ayuda ya enviada, instituciones como el Hospital Penna siguen con sectores completos sin funcionar, hay puentes rotos y familias con las casa a medio arreglar porque no alcanzan las ayudas enviadas por la Provincia de Buenos Aires.
También en X , el ministro de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, denunció que tanto Milei como Caputo tienen sin utilizar un crédito del Banco Mundial por  200 millones de dólares, gestionado en 2023, y destinado a emergencias como la de Bahía Blanca. “Si no lo van a usar, por favor, transfiéranlo a la Provincia…”, reclamó.
¿Se implementaron realmente todas las medidas urgentes? ¿Qué se necesita para reparar los daños ocasionados por una inundación de esta magnitud? ¿Cómo continúa la situación en Bahía Blanca, a tres meses del desastre? Para responder estas preguntas, ANCCOM dialogó con la funcionaria de la Municipalidad de Bahía Blanca, Ana Biera -trabajadora social del Hospital Penna y ex jefa de servicio-, y vecinos de zonas especialmente afectadas, que compartieron sus vivencias y las consecuencias que aún persisten.

La reconstrucción

Ana Biera atiende a ANCCOM desde el Hospital Penna, al final de su jornada laboral. Aun con la chaqueta puesta, busca un rincón tranquilo para hablar, aunque el ritmo del hospital se cuela en la conversación: puertas que se abren y cierran, voces que resuenan, pasos que no se detienen. Tras las inundaciones, la trabajadora social se abocó a relevar la situación de más de 1.200 trabajadoras y trabajadores del hospital, respecto a los daños sufridos en sus hogares. Junto a equipos del Programa Cuidar -del Ministerio de Salud bonaerense- y del PROSAMIC (Programa de Salud Mental en Catástrofes), conformaron un grupo de asistencia que no solo entregó insumos, sino que también realizó seguimiento emocional y simbólico a las familias afectadas. Llamaban preguntando cómo estaban y se repetían frases como: “De pronto se llenó de agua”, como algo que irrumpió. Además, la incertidumbre atravesaba todos los relatos. No solo hubo personal afectado en sus casas, muchos estaban en el hospital en el momento del temporal. “Toda la gente que trabaja en el subsuelo, tuvo que salir con los pacientes o intentando salvar insumos vitales, medicamentos, equipamiento de laboratorio”. A eso se sumó el corte de comunicaciones: no podían saber qué pasaba en sus casas, ni con sus familias.

El Hospital Penna, de jurisdicción provincial, cumple un rol clave en la zona. “Todo lo que ocurre en los alrededores termina llegando al Penna”, explica Biera. Destaca el esfuerzo institucional por poner nuevamente en funcionamiento los servicios: “La semana pasada volvió a funcionar Neonatología y la terapia intensiva de adultos. Pero todavía falta: quirófanos, Maternidad, Recursos Humanos”. Asegura que los fondos provinieron mayoritariamente del Ministerio de Salud de la Provincia. “También hubo donaciones, aunque representan una pequeña parte dentro de todo lo que implicó reconstruir el hospital”.

Los testimonios vecinales también dan cuenta de un panorama complejo. Aunque destacan la solidaridad y el apoyo entre pares, los días posteriores fueron críticos. 

La inundación en primera persona

“La revivo y se me pone la piel de gallina”, confiesa Florencia Belardinelli, de 34 años, quien vive con su pareja Melisa en una de las zonas más afectadas por el temporal, el barrio Napostá. “Afuera parecía un río: el agua se llevaba autos y entraba por todos lados”, recuerda. Agarraron unas pocas pertenencias y salieron cuando el agua ya les llegaba hasta las rodillas. “Con una escalera, trepamos por los techos y llegamos a lo de un vecino que tiene dos pisos”, recuerda. “Cuando volvimos la casa estaba dada vuelta. Estuvimos una semana con familia y amigos limpiando, éramos como treinta personas”, recuerda Belardinelli. 

Augusto Morelli estaba solo en su casa del barrio San Agustín cuando comenzó la inundación. “No había escuchado ningún pronóstico. Estaba durmiendo hasta que empecé a escuchar a mi perro ladrar sin parar y él nunca ladra a la madrugada”, recuerda. Se levantó para ver qué pasaba y, al poner los pies en el suelo, el agua ya le llegaba hasta los tobillos. Dos de sus perros estaban subidos al sillón y el que ladraba, arriba de la mesa. Diez minutos después, el agua ya estaba a la altura del colchón. “Ahí entendí que esto venía para rato”. 

En el grupo de WhatsApp del barrio avisaban que a muchos vecinos los habían evacuado. Intentó comunicarse con emergencias, pero las líneas estaban saturadas. “No sabía qué hacer. Llamé a un amigo y le pedí que viniera a ayudarme con los perros”. Cuando su amigo llegó, el agua ya les llegaba hasta la cintura. “Agarré a un perro, mi amigo cargó a otro y el tercero -que es un galgo- se manejó solo, fue nadando todo el trayecto”. Concluye: “La sensación de abandonar tu casa, sin saber qué va a pasar, es muy fea”. 

Valentina Vercelli, de 34 años, vive sola con su perra en el barrio Pedro Pico. Cuando empezó la inundación, intentó contener la entrada de agua. Pero pronto entendió que la situación no se resolvería rápido y cambió de estrategia: pasó a evaluar posibles vías de escape. “Afuera, el agua arrastraba a todos los que intentaban salir, así que quería evitarlo. Pero si seguía subiendo, no iba a tener otra opción”, recuerda. Se preparó con su perra por si era necesario evacuar y se subieron a la mesa del comedor a esperar. Pasaron allí desde las diez de la mañana hasta las seis de la tarde. El agua llegó a alcanzar unos cincuenta centímetros dentro de la casa. Cuando finalmente comenzó a bajar su mamá y su hermano lograron llegar a buscarla. 

El miedo sigue muy presente entre los bahienses: “Se anuncia lluvia o viento y se cancelan todas las actividades, la gente tiene miedo de salir. Falta que recuperemos la tranquilidad”, reflexiona Vercelli. Morelli coincide: “El miedo sigue, queda esa herida abierta”. Belardinelli y su pareja están haciendo terapia para enfrentar las secuelas: “Nos dimos cuenta de que necesitábamos ayuda para seguir adelante, porque el trauma que te deja esto es muy grande”, cuenta. Además, aún lidian con las pérdidas materiales. En su casa las puertas no cierran bien, el piso sigue húmedo y las paredes se descascaran. Por ahora, viven en un departamento prestado hasta poder terminar de reparar su casa. Vercelli menciona manchas de humedad y techos que necesitan mantenimiento. 

Tanto Belardinelli como Vercelli accedieron al subsidio provincial y al nacional. “Sirve, pero no alcanza”, resume la primera. “Los arreglos más grandes los hicimos gracias a un crédito del Banco Provincia. El subsidio llegó recién hace dos semanas”. Vercelli coincide: “Me ayudó, aunque lo recibí varios meses después”.

Belardinelli también advierte que la ciudad está lejos de haberse recuperado. “En los barrios más alejados las calles siguen destrozadas. Incluso en el centro hay pozos sin reparar desde la inundación. Los puentes del canal Maldonado siguen rotos. El arreglo de la ciudad va muy lento”, lamenta. Para Morelli, el episodio evidenció una gran falencia estructural: “La ciudad no está preparada para enfrentar algo así. Faltan sistemas adecuados para prevenir y manejar inundaciones de esta magnitud”, advierte.

Las respuestas que aún faltan

Gracias al relevamiento que coordinó, Biera ofrece una mirada integral. “Nos sigue llegando gente que está en sus casas y no resolvió todo -sostiene-. Vino el invierno y no han podido terminar de arreglar la casa o de comprar todo”. Subraya la desigualdad en la recuperación: “Hay quienes pudieron rehacer una pared, revocar, comprarse una cama. Pero otros no y tampoco recibieron la ayuda necesaria”. Biera considera que el estado de emergencia debería continuar: “Bahía Blanca viene de un año y medio de catástrofes: el tornado, el temporal, la pedrada de enero. Es una ciudad golpeada por el clima. Merece otra consideración”.

Un funcionario de la Municipalidad de Bahía Blanca que prefiere no dar su nombre contó a ANCCOM que el veto presidencial fue recibido con desconcierto. “La expectativa era que la ley se reglamentara y se pusiera en marcha”, afirmó. Según explicó, las medidas implementadas hasta ahora por el Gobierno nacional resultan insuficientes frente a la magnitud de los daños. “Aún hay una gran cantidad de vecinos que consulta por el acceso a subsidios”, señaló y remarcó que prácticamente todos los sectores necesitan algún tipo de asistencia. Si bien el municipio y el gobierno provincial brindaron ayuda a sectores productivos y comerciales, aún queda mucho por hacer. Desde el ámbito local se insiste en la necesidad de sostener la actividad económica: “Si estos sectores tienen que achicar gastos, eso impacta directamente en el empleo”, advirtió el funcionario. También destacó el acompañamiento constante del gobierno de la provincia de Buenos Aires, tanto en términos económicos como en presencia territorial. 

Por su parte, Biera remarca el valor de la organización comunitaria en contextos de emergencia: “La solidaridad se activa en momentos clave, y nadie duda de que hay que salir y organizarse para ayudar”. Sin embargo, enfatizó que la respuesta no puede recaer únicamente en la sociedad civil: “El rol del Estado es irremplazable. En una inundación, la pérdida es inconmensurable. El Estado tiene que dar respuestas; debe ser ese espacio que devuelva colectivamente todo lo que recoge colectivamente. No sólo a través de recursos económicos, sino también mediante programas, contención y acompañamiento tanto material como simbólico”.

El legado de Darío Santillán

El legado de Darío Santillán

Jun 26, 2025 | Destacado 3, Vidas políticas

A 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, el barrio La Fe de Montechingolo, donde militaba el primero de los dos, mantiene viva su memoria pero también el trabajo social y la organización barrial con el objetivo de construir un mundo mejor.

A 23 años de la masacre de Avellaneda, cuando la Policía Bonaerense mató a los militantes sociales Darío Santillán y a Maximiliano Kosteki, ANCCOM estuvo en Monte Chingolo, la localidad donde hoy el Frente Popular Darío Santillán (FPDS) continúa su trabajo territorial, levantando la bandera de quien fuera uno de los suyos. Desde aquel oscuro 26 de junio de 2002 hasta hoy, sin descanso, el movimiento mantiene viva su memoria a través del trabajo social, la organización barrial y la resistencia popular, con la convicción de que un mundo mejor es posible.

En 2002 Argentina atravesaba una de las crisis sociales más profundas de su historia reciente. La pobreza, la desocupación y el hambre, productos del colapso económico marcaban el pulso de un país desolado que todavía tenía abiertas las heridas de diciembre de 2001. Fueron seis meses muy críticos tras el estallido. Ese junio de 2002, los piqueteros jugaban una pulseada silenciosa con el gobierno del presidente interino Eduardo Duhalde: querían cortar el acceso sur y los funcionarios estaban dispuestos a impedirlo. Para variar, el FMI exigía mayor control de las calles, y así la represión se hacía presente en cada jornada de protestas. Aquel 26 de junio, miles de manifestantes se congregaron en el Puente Pueyrredón para reclamar por trabajo, alimentos y asistencia en los barrios más carenciados.

La Policía Bonaerense –una de las cuatro fuerzas que integraron el operativo bajo órdenes del entonces gobernador Felipe Solá– avanzó con una brutalidad inusitada. Entre las postas de goma, algunas balas de plomo fueron disparadas contra la multitud. A Maximiliano Kosteki, de 22 años, lo mataron frente al Carrefour de Avellaneda y sus compañeros lo trasladaron a la estación ferroviaria. Poco después, Darío Santillán, de 21 años, fue ejecutado cuando se negó a abandonar a su compañero herido mortalmente, a quien no conocía. En ese momento lo ejecutaron por la espalda y su gesto trascendió la escena y se volvió bandera.

Las imágenes del crimen –captadas por fotoperiodistas Sergio Kovalewski y Pepe Mateos–, recorrieron el país, y dejaron al descubierto que no se había tratado de un enfrentamiento entre piqueteros, como había propalado el gobierno de Duhalde, sino de un asesinato a manos de las fuerzas represivas del Estado.

Veintitrés años después, en Monte Chingolo, el barrio donde militó Darío Santillán, su nombre sigue vivo en el trabajo cotidiano del FPDS, una organización que lleva su legado y lo multiplica en el trabajo comunitario. Allí, donde nunca dejó de funcionar la bloquera M’Barete, hoy funciona un merendero, jardines comunitarios, bachilleratos populares y espacios de contención. Todo lo que Darío soñó, y por lo que murió, hoy se construye con esfuerzo colectivo y compromiso con los barrios carenciados. 

De la crisis al barrio organizado

Carlos Leiva empezó a militar en diciembre del 2001, cuando el desempleo estaba desatado y la pobreza se profundizaba. “Nos habíamos quedado sin trabajo”, contó. “Vivía a media cuadra de donde estaba el comedor, me fui acercando cuando la necesidad se hizo fuerte. En ese momento no había otra salida”. Allí, Carlos conoció a Darío. Y desde entonces no se separó del Frente. Participando, ayudando en el comedor, acompañando a las familias. Cuando la organización comenzó, agrupada en la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, tenían presencia en cuatro barrios de Lanús. Hoy son ocho en Chingolo y muchos más en otros distritos. “Antes teníamos muchos más compañeros”, dijo Carlos. “Hoy, por las políticas de este gobierno contra los movimientos sociales, somos menos. Todo lo que tenemos lo conseguimos a pulmón”, apuntó entre el polvillo de la obra y un mate caliente.

El Frente es el sostén del barrio, el apoyo a los más carenciados. Es la organización y resistencia contra la pobreza, la desocupación y el narcotráfico que seduce a los más jóvenes. Desde los bloques que ellos mismos hacen, el plato de comida, hasta el acompañamiento a los adolescentes, el Frente nunca cesó de trabajar. “Nos cuesta más que antes”, comentó Leiva y agregó: “Atravesamos la pandemia siendo un eslabón clave. Nos decían ‘quedate en casa’, pero había que comer. Nuestros comedores no cerraron entonces ni lo hicieron durante está crisis brutal”.

En una semana de memoria por la masacre de Avellaneda, el Frente planteó el pasado 20 de junio una jornada en la que cada distrito eligió sus actividades. En Almirante Brown, por ejemplo, embellecieron sus espacios pintando y arreglando. En otros lados hubo charlas, debates, proyecciones de documentales y encuentros con los distintos compañeros que hoy están organizados. “Nosotros elegimos hacer lo que hacemos siempre: trabajo solidario en uno de nuestros espacios”, explicó Leiva. Así, pasaron el día construyendo un local destinado a niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de plantear una alternativa al narco que rápidamente está captando a los más jóvenes. “Les ofrecen una salida más fácil: el celular, unas zapatillas nuevas, cosas que los padres no pueden comprar porque eligen comer”.

 

Construcción y memoria: la bloquera M’Barete 

En Roca Negra, a ocho cuadras del centro del FPDS en el barrio La Fe, se levanta uno de los espacios productivos más significativos de la organización: la bloquera M’Barete –que en guaraní significa ‘fuerte’ –. Funciona en un terreno recuperado en el 2006, dónde también conviven un comedor, un espacio textil, un jardín comunitario y un bachillerato popular para adultos. La bloquera nació en los primeros años del Frente, fundada por el propio Darío Santillán, con una idea sencilla pero fuerte: fabricar bloques y ladrillos para que los vecinos pudieran construir sus propias viviendas, y al mismo tiempo generar trabajo digno y organización comunitaria. “Hace un año y medio que estoy en la bloquera”, recordó con orgullo Leiva. “Nuestros edificios están hechos, en gran parte, con bloques nuestros. Hoy están certificados por el INTI, antes eran mucho más precarios”, agregó.

Marta Alarcón es militante, cocinera y vocera del FPDS. Ella recordó los inicios del espacio. “Al principio se hacía todo a mano para construir escuelas y generar trabajo. Las paredes de este lugar están hechas con esos bloques. Con el tiempo llegaron máquinas y fue creciendo”. Hoy, la bloquera no sólo produce insumos de construcción. Produce dignidad, memoria y autonomía popular, sosteniendo con cada ladrillo un modelo de organización desde los cimientos, con la convicción de que la realidad se cambia así, trabajando.

 

   Un compañero, un ejemplo, una bandera

 

Así como Leiva, muchos en el Frente convivieron con Darío Santillán en aquellos años de crisis y lucha activa, y lo recuerdan con lágrimas en los ojos pero con el orgullo de saber que su recuerdo aún vive y que los valores por los que él murió siguen siendo el espíritu del Frente que ahora lleva su nombre. “Para mí es muy duro, pero a la vez gratificante”, contó Alarcón, recordando a Darío. “Dar una mano como lo hizo él, dejando su vida, es algo muy emotivo”.

Nadie se olvida de mencionar que Darío fue asesinado por negarse a abandonar a un compañero al que ni siquiera conocía. Tenía 21 años cuando lo asesinaron, pero todos lo recuerdan como el motor del lugar. “Hoy hablás con un pibe de esa edad y no tiene la coherencia que tenía él”, narró Alarcón. “Él nos motivaba, iba casa por casa, te buscaba si no venías a la asamblea, te empujaba a salir, a hacer algo”. Incluso quienes no llegaron a conocerlo, resaltan la importancia de reflotar su ejemplo y convocar desde la memoria. “El gesto solidario de Darío, que al ver a Maxi herido frenó para ayudarlo, sin conocerlo y poniendo en riesgo su vida, es una bandera que levantamos todos los días”, contó Tamara Kallsen, una joven militante del FPDS.

Esa bandera se traduce en los comedores, que sostienen a familias que no pueden garantizar un plato de comida; en el jardín comunitario donde se da educación amorosa y gratuita desde muy pequeños; en los espacios de niñeces, adolescencias y bachilleratos populares. “Buscamos colectivizar nuestras vidas y realidades. Pensar en comunidad, frente a un sistema que todo el tiempo nos empuja al individualismo, a la meritocracia, al ‘sálvese quien pueda’”, narró.

Juventudes, educación y contención 

Contener a los más pequeños es una tarea fundamental para el Frente. Se trata de apoyar a las familias para que puedan salir a trabajar sabiendo que sus hijos están protegidos, y de inculcar los valores del servicio comunitario desde muy chicos. Maia Mauriño es docente en el espacio educativo que está en Roca Negra. “Acá funciona un jardín de primera infancia desde hace más de ocho años. No le decimos ‘guardería’, porque no creemos que se trate de ‘guardar’ a los chicos como si fueran objetos. Es un espacio de cuidado, pero también de aprendizaje”.

Las jornadas de memoria también se llevan a cabo en este lugar, en donde se enseña desde un enfoque político-pedagógico que los invita a jugar, aprender y participar desde la educación popular. “Hacemos política desde lo cotidiano, desde lo social”, comentó Mauriño. “Obvio que creemos que las cosas están mal y que hay que cambiarlas, pero no creemos que eso se resuelva solo yendo a votar cada cuatro años”.

Melina Rogl también enseña en el lugar, es profesora de Lengua en el bachillerato. “Ahí damos clases para adultos que quieren terminar el secundario, que funciona de lunes a jueves por la noche”. El bachillerato está reconocido como anexo de un Centro Educativo de Nivel Secundario, y funciona, como parte de la organización, con asambleas mensuales. Kallsen acota que “hoy, en una situación donde la pobreza crece, donde la crisis ajusta y el narcotráfico se mete cada vez más en los barrios, creemos indispensable volver a abrir este lugar para contener a un montón de pibes y pibas que, si no encuentran espacios de abrazo, terminan en situaciones de riesgo”.

En el barrio nadie tiene el día libre, y así aprovecharon el 20 de junio feriado, aunque la mayoría deja de salir a buscarse el sustento o de hacer las tareas del hogar para estar, para acompañar, para trabajar por los demás y aportar a un proyecto que es social y colectivo. “En momentos donde más nos cuesta, es cuando más necesitamos tejer lazos sociales y no olvidarnos que somos compañeros y compañeras”, comentó Kallsen. Para ella, estas jornadas se vuelven fundamentales porque hay “pibes y pibas desamparados», una política que busca bajar la edad de imputabilidad, sin presupuestos que apuesten a fortalecer la niñez y que abona el abandono estatal. 

Las muertes de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki no apagaron la militancia. A 23 años de caer fusilados por las balas del comisario Alfredo Fanchiotti y su subalterno, el cabo Alejandro Acosta, el Frente Popular Darío Santillán sigue vivo en cada merendero, en cada bloque de la bloquera M’Barete, en cada clase de los bachilleratos populares, en cada jornada solidaria que le arrebata terreno a la exclusión. “Hoy sostenemos el trabajo con su ejemplo, con memoria todos los días, desde lo cotidiano”, afirmó Leiva. Porque el legado de Darío, dice, no es una consigna ni una efeméride, es una forma de vivir, de luchar, de no rendirse. Su historia. concluye, no se cuenta en pasado: se respira, se enseña y se construye.

Soja sana y poblaciones enfermas

Soja sana y poblaciones enfermas

Jun 25, 2025 | Comunidad, Destacado 3

En los pueblos rociados con glifosato, 7 de cada 1000 personas tiene diagnóstico de cáncer y 50% de los chicos necesitan usar broncodilatadores, asegura Medardo Ávila Vázquez, médico neonatólogo y coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados. Los casos de Ituzaingó y Monte Maíz, en Córdoba.

La soja es fundamental en nuestro modelo productivo, su siembra se realiza con semillas transgénicas resistentes a varios químicos, entre ellos el glifosato, desde 1996. Estos componentes lo que hacen es matar a otras plantas que le compiten, como las malezas, funcionando así como un herbicida. Pero el beneficio para la producción agrícola tiene su contracara en las poblaciones cercanas, conocidas como “pueblos fumigados”. En ellos, 7 de cada 1000 personas tiene diagnóstico de cáncer en un año y 50% de los chicos necesitan usar broncodilatadores, asegura Medardo Ávila Vázquez, médico neonatólogo y coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, desde la provincia de Córdoba.

            Sofía Gatica, una de las fundadoras de las Madres de Ituzaingó, barrio anexo a la ciudad de Córdoba, en diálogo con ANCCOM relata: “Yo veía pasar mujeres con pañuelos en la cabeza y muchos niños con barbijo, las madres tenían cáncer y los niños diabetes”. Ese fue el puntapié inicial para comenzar a investigar lo que sucedía en la zona, golpeando casa por casa, así logró formar lo que denominó “un “mapa de la muerte”. Presentaron este documento en varios ministerios: en el de Salud, el de Medio Ambiente y el de Agricultura, pero el gobierno se negó a investigar. “Cajoneó nuestra nota hasta que llamamos a los medios, salimos a la calle a decir que teníamos cáncer”, recuerda Gatica y explica: “Nos dimos cuenta que el agua que nosotros consumimos tenía agroquímicos”. Los químicos presentes son endosulfán, DDT, malatio, y glifosato.

            Ávila Vázquez, explica sobre los problemas en las infancias y en el desarrollo neuronal: “Si la madre vive en zonas donde fumigan con glifosato y clorpirifos, hay un riesgo muy alto de que los chicos tengan problemas de defensa intelectual”, ya  que las neuronas en presencia de estas sustancias no se ramifican y no se intercomunican, pierden su  capacidad de funcionamiento. “Las ramas neuronales –complementa- son fundamentales para desarrollar nuestra capacidad subjetiva, sensorial e inteligencia”, agrega. En este sentido, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud ha reconocido en el 2015 que los herbicidas más utilizados en el mundo (el glifosato y 2.4D) son cancerígenos. Sobre esta misma línea Alejandra Paganelli, doctora de la Universidad de Buenos Aires en el área Biología Molecular, ha demostrado en sus investigaciones que el glifosato afecta el desarrollo embrionario produciendo malformaciones.

Los médicos de estas localidades han tenido reiteradss acciones de protesta contra este modelo, algo que muchas veces les ha traído problemas. Ávila Vázquez, quien se involucró en el estudio exhaustivo de los efectos de los agroquímicos en la salud de los niños, después de conocer la problemática de las fumigaciones hechas públicas por las Madres de Ituzaingó, contó que los productores los odian y los persiguen, además del apriete a los intendentes para que no hagan respetar las ordenanzas que las organizaciones lograron para que no se fumigue cerca de los pueblos. El médico aclara que la industria química sigue mintiendo, dicen que los agrotóxicos no son tóxicos y que el glifosato no hace nada, “es una mentira absoluta”, afirma.

            Es fundamental entender el peso del agronegocio en la economía nacional. Gatica explica: “Fijate que, tanto los gobiernos anteriores, como el de Macri, como éste, presionan a las empresas para que vendan la soja, para que hagan esto. Todo depende de la soja de estos señores”. Eso lleva a que las restricciones en muchas ocasiones no se respeten, nuestro país impone distancias de hasta 1000 metros con áreas de resguardo ambiental. Gatica, declara que pese a la existencia de estas regulaciones, muchas veces no se respetan, porque no hay quien haga el control. 

            Según Ávila Vázquez, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Médicas de Córdoba, en la actualidad se usan más de 600 millones de litros de agrotóxicos por año, lo que implica una exposición por argentino de 15 litros por persona. Por otro lado, informa que las aplicaciones de estos químicos son bastante incontrolables, solamente el 20% de los que ellos tiran queda en el campo, el 80% se va al ambiente, terminando así en los cursos de agua.

            En este sentido, Ávila Vázquez junto a Flavia Difilippo, en su investigación explican que el intenso uso de agrotóxicos contamina los cursos de agua, el de lluvia, la tierra y el aire del ambiente agrícola, genera exposición ambiental y laboral a pesticidas, y también genera que los alimentos presenten residuos de estos cada vez más elevados, es así como la soja argentina que se exporta como poroto de soja lleva residuos de glifosato, muy superiores al límite permitido y paralelamente, las verduras que se consumen en la ciudades argentinas contienen cantidades preocupantes del agrotóxico.

            La alternativa posible es la agroecología y la adopción de programas de reducción de agrotóxicos similares a los que se usan en Francia, Bélgica y Dinamarca, asegura Ávila Vázquez: “Con asesoramiento del INTA, con asesoramiento de las facultades de Agronomía, con créditos y sobre todo con el estímulo de las retenciones, nosotros podríamos ir bajándole las retenciones a los productores que usen menos o no usen agrotóxicos, como lo han hecho Francia y Bélgica. No lo ha hecho prohibiéndolo, sino induciendo a los productores a cambiar el modo de producción”.             

            En 2016, la Red de Prevención de Monte Maíz, en el sudeste de la provincia de Córdoba, y el Municipio de esa localidad le solicitaron a miembros de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados en la Facultad de Ciencias Medicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) un análisis socio-ambiental de la población. Allí se hizo un estudio ecológico observacional para verificar la contaminación con un análisis geográfico, químico y epidemiológico tranversal de prevalencia de enfermedades. Monte Maíz tiene 8.000 habitantes, allí se encontraron con 35 vecinos recientemente enfermos de cáncer. Según la OMS la población evaluada debería tener 11 casos. La tasa de mortalidad es de 38% debido a cáncer o tumores, mientras que las cifras de Buenos Aires no superan el 20%, ciudad de referencia. Se encontraron además que los casos de vecinos con enfermedades respiratorias obstructivas tipo asma, hipotiroidismo, lupus erimatosa se encuentran duplicando o triplicando las tasas de prevalencia en poblaciones de referencia a nivel provincial o internacional.

            Hace años se divulgan diversas publicaciones sobre las consecuencias de la exposición a estas sustancias en los seres humanos; sin embargo, las instituciones gubernamentales siguen aceptando solamente los estudios que le proporcionan las mismas empresas. Mientras tanto, en los pueblos fumigados, el 50% de las personas que se muere en un año, lo hace a causa del cáncer.

            En el 2019, Chubut se convirtió en la primera provincia del país en prohibir en todo su territorio el herbicida glifosato, y la provincia de Misiones quiso seguir este mismo camino, prohibiendo en 2023 este mismo químico en su territorio, su aplicación comenzaría a regir a partir de este año. Sin embargo, en 2024 se decidió postergar la implementación de la ley hasta el 2030. La Sociedad Rural presentó muchas resistencias en este último caso tachando la ley de inconstitucional. Hace una semana, la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe confirmó que los agrotóxicos producen daño a la salud y fijó los mil metros a la redonda de las poblaciones como límites a las fumigaciones. Un paso para que la producción agrícola sea más amigable con sus habitantes.

Todo el poder a la policía

Todo el poder a la policía

Jun 19, 2025 | DDHH, Destacado 3

Un decreto del Poder Ejecutivo modificó el estatuto de la Policía Federal. Bajo el pretexto de modernizarla y convertirla en un cuerpo de investigación, se le permiten detenciones arbitrarias, ciberpatrullaje y mayor laxitud en la represión.

El Gobierno redefinió el rol de la Policía Federal Argentina (PFA) con nuevas atribuciones que amplían, aún más, el margen de discrecionalidad policial e incrementa gravemente los niveles represivos.

El martes 17 de junio mediante el Decreto 383/2025 publicado en el Boletín Oficial se dio a conocer la nueva medida del gobierno de Javier Milei que impacta en las garantías ciudadanas, los derechos humanos y los principios democráticos. 

La nueva normativa fue firmada por Patricia Bullrich y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y modifica el Estatuto de la Policía Federal Argentina. Se trata de un estatuto que casi todo el arco político coincidía en que debía ser cambiado ya que nació del Decreto 333 de 1958. Pero muy lejos de buscar un nuevo marco policial en favor de los ciudadanos, en su afán de crear un “FBI argentino”, el gobierno de Javier Milei otorga atribuciones a los policías federales que tienden a sostener un tinte represivo. 

Rodrigo Pomares, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), coincidió en que la PFA necesita una transformación, aunque claramente en sentido opuesto a la iniciativa oficial. “Identificamos que la Policía Federal necesita una reestructuración hace muchos años. El decreto ley que regía es del 58. En el medio, la policía participó tanto en gobiernos constitucionales como en dictaduras. Es una policía que sostiene una estructura de inteligencia que, incluso en democracia, generó infiltraciones en organizaciones políticas, como el caso reconocido del agente infiltrado en la Agencia de Noticias Rodolfo Walsh”, dijo Pomares refiriéndose al espía Américo Balbuena.

Antes de este decreto, la Policía Federal tenía funciones mixtas tales como las judiciales, las preventivas, y las de seguridad ciudadana. A partir del nuevo Artículo 3, su misión principal pasa a ser la investigación de delitos federales y complejos, y la protección del Estado nacional. “El objetivo principal ya no es cuidar a los ciudadanos de Buenos Aires, ahora es una Policía Federal de investigación” dijo Bullrich, ministra de Seguridad, en la sede del Cuerpo de Policía Montada de la Policía Federal. La funcionaria aseguró que buscan estructurar una Policía «moderna y orientada a la investigación».

Este cambio de perspectiva es fundamental: deja de priorizarse el vínculo con la ciudadanía para asumir una lógica de inteligencia y control estatal. La supuesta modernización hacia una fuerza orientada a la investigación no cuenta con un plan claro, “en el texto del decreto no hay claras nociones sobre cómo se va a establecer esa reforma”, advirtió Victoria Darraidou, coordinadora del equipo de Seguridad Democrática del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels).

“No estaría mal crear una policía de investigación en función judicial, que investigue cuando lo necesite y habilite la justicia —señaló Pomares—, pero le dieron facultades que no tienen nada que ver con una policía de investigación”. Por eso el Estatuto está lleno de contradicciones. 

Sin orden judicial

Uno de los artículos más controversiales del decreto es el Artículo 6, que amplía de forma significativa el poder de acción de la Policía Federal. Autoriza detenciones sin orden judicial por simple sospecha o falta de documentación, cacheos sin autorización previa, vigilancia de redes sociales abiertas y confección de registros sobre personas vinculadas a actividades “reprimibles”. También habilita el acceso a bases de datos públicas para investigar a los ciudadanos. 

“Con estas facultades extraordinarias nos referimos a inteligencia sin orden judicial y sin salvaguardas. Nos referimos también al espionaje en el ciberespacio, esto es, páginas de internet, redes sociales, con la sola mención de la prevención de un delito, que es una expresión muy poco clara, que le da amplios márgenes de discrecionalidad a la intervención policial. Por otra parte, en el decreto se establece que la policía puede hacer detenciones sin orden judicial cuando no hay una situación de flagrancia”, explicó Darraidou a ANCCOM. Organismos y especialistas coinciden en que este artículo no solo abre la puerta al espionaje sin control, sino que establece condiciones legales para prácticas violatorias de derechos que ya se encuentran en curso.

Por otra parte, esta reforma no está sola: forma parte de un entramado más amplio de políticas regresivas que afectan derechos civiles básicos. “Se agrega a una sumatoria de leyes que se vienen debatiendo y aprobando, como la reforma del Código Penal, el Artículo 34, que legaliza los protocolos para que la policía pueda disparar en cualquier momento, es decir, la legalización del gatillo fácil. Además están intentando bajar la edad de imputabilidad a 14 años. Hay un cuerpo de legislación muy nocivo para las libertades democráticas”, advirtió Valeria Mustoni, integrante de Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional),

¿Contenido o forma?

La preocupación no se limita al contenido del decreto, sino también a su forma. El nuevo estatuto fue aprobado mediante un DNU (decreto de necesidad y urgencia) sin debate parlamentario. “El Poder Ejecutivo modifica una ley mediante un decreto. Además de arbitrariedad, hay violación al principio constitucional de división de poderes”, denunció Guillermo Torremare, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Darraidou coincide en este punto: “Vemos como problemático la forma en la que se toma esta decisión, mediante un decreto”, lo que obstaculiza la construcción de una fuerza policial democrática. 

El anexo del decreto, elaborado por el Ministerio de Seguridad, se basa en un enfoque de “seguridad del Estado” que habilita la criminalización de organizaciones sociales, la represión de protestas, y el ciberpatrullaje masivo sin control judicial. En la misma línea, Pomares alertó que “esto puede derivar en represión directa a los sectores opositores”.

Torremare advirtió que “todas esas son situaciones que pueden llevar al avasallamiento de los derechos y garantías que hoy contamos los ciudadanos por imperio de la Constitución Nacional”. A su vez hizo hincapié en que varias de estas acciones ya están siendo ejercidas por el gobierno, pero ahora podrá hacerlo libremente en un marco de presunta legalidad. “No se trata de que habrá más casos de abuso policial; esos ya existen -aclaró Pomares desde la CPM-. Lo preocupante es que ahora esas prácticas se legalicen y se consoliden sin criterios objetivos, habilitando detenciones por motivos políticos, sociales o ideológicos”.

Mustoni agregó que “hay un apuro con este decreto y ampliar las facultades para intervenir en todo el territorio nacional que tiene que ver con que se vencen las facultades extraordinarias delegadas que se le habían otorgado al presidente. Intentar hacer todo lo más rápido posible para tener en control las calles”.

Estas prácticas no surgen de manera aislada, sino que encuentran antecedentes claros en la gestión de Mauricio Macri, con Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad al igual que ahora. Durante ese período se consolidó la llamada «doctrina Chocobar», que legitimó el uso letal de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad incluso en situaciones sin riesgo inminente. Se aprobaron protocolos que ampliaban el uso de armas de fuego, reduciendo los controles institucionales sobre la actuación policial. A su vez, se profundizó la criminalización de la protesta y de las organizaciones sociales, tratándolas como amenazas a la seguridad pública más que como actores políticos y sociales. 

Costo político internacional 

Argentina ha asumido compromisos a través de tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que la obligan a respetar límites claros ya establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Esta situación implica un incumplimiento de obligaciones internacionales del Estado argentino”, explicó Darraidou, citando fallos clave de la Corte como Bulacio y Fernández Tumbeiro, que establecen límites estrictos a las detenciones arbitrarias y la necesidad de proteger a grupos vulnerables. Sin embargo, hasta ahora ningún gobierno anterior modificó la legislación interna para evitar las detenciones arbitrarias, tal como planteó la Corte Interamericana en el caso Bulacio.

Los organismos desde la asunción del nuevo gobierno conformaron la Red Federal por la Defensa de los DDHH y la Democracia. A su vez están a la espera de respuestas por parte de la CIDH mientras reclaman visibilidad e intentan advertir a los ciudadanos sobre las nuevas leyes que rigen en nuestro país. “Ya desde varias organizaciones venimos haciendo presentaciones en organismos internacionales, sobre las situaciones de represión, en las movilizaciones y el uso de todo este armamento nuevo como los  gases químicos que se están utilizando mediante el protocolo de Patricia Bullrich” comentó Mustoni. 

El decreto en la práctica

Las consecuencias del nuevo marco legal para la Policía Federal –que se llamará DFI (Departamento Federal de Investigaciones)– ya comenzaron a quedar expuestas. “El martes, en Rosario, varias personas fueron detenidas por colgar un pasacalle con críticas hacia el Gobierno nacional”, contó Mustoni. En la ciudad de Buenos Aires, durante la masiva movilización a favor de la expresidente Cristina Fernandez de Kirchner, un transeúnte fue demorado por expresar en voz alta su opinión sobre el presidente. Además, diversos colectivos que se dirigían a la manifestación fueron detenidos en la ruta y requisados sin orden judicial, en operativos donde las fuerzas de seguridad registraron mochilas, celulares y documentación de los pasajeros, únicamente por su intención de participar de la protesta. 

 

“En definitiva, el decreto no es serio ni está encaminado a resolver lo que hoy está operativamente pendiente, que es la necesaria inversión pública en investigación criminal y la mejora de los recursos para auxiliar eficientemente a la justicia”, concluyó Torremare. Así, lo que se presenta como un avance hacia una policía moderna puede terminar siendo, en los hechos, un retroceso institucional que normaliza la excepción, amplía la discrecionalidad policial y limita las libertades en nombre del orden, en abierta violación a las leyes que desde el inicio de la democracia prohibieron la participación de uniformados en tareas de vigilancia y persecución de la población.

 

¿Se acabó el desempleo?

¿Se acabó el desempleo?

Jun 18, 2025 | Destacado 3, Trabajo

El índice de desempleo no crece al ritmo de la crisis económica. La salida laboral a través de las plataformas digitales, como los servicios de delivery, maquillan la desocupación. Sin embargo, ante el aluvión de personas que se vuelcan a esta tarea, los ingresos comienzan a mermar y esa salida ya no parece tan apetecible.

Argentina atraviesa actualmente una contracción económica profunda. La actividad cayó un 1,8% en 2024 mientras el consumo se derrumbaba un 18%, en comparación con el año anterior, que a su vez ya había sido también marcado por una fuerte crisis. A esto se suma una inflación todavía elevada —aunque menos visible en las estadísticas oficiales— y un fuerte ajuste fiscal equivalente al 4,7% del PBI.

Estos indicadores no son solo números: tienen consecuencias concretas en la vida de las personas. Los ingresos pierden poder de compra, el empleo formal disminuye y cada vez más personas se ven obligadas a buscar formas de subsistir fuera del mercado laboral tradicional.

Una salida que se repite

En este escenario, miles de personas recurren al trabajo a través de plataformas digitales como Rappi, Uber, PedidosYa o Mercado Libre para generar ingresos de forma inmediata. Son empleos sin relación de dependencia, con horarios flexibles, pero también sin derechos laborales básicos ni garantías de estabilidad.

Este fenómeno recuerda, de alguna manera, lo ocurrido durante la crisis de 2001. En ese momento, la caída del régimen de convertibilidad —establecido por el gobierno de Carlos Menem en 1991— dejó a millones de personas sin empleo. El “uno a uno”, que había equiparado el peso al dólar, se volvió insostenible y colapsó en medio de una de las peores crisis económicas y sociales del país.

Con un Estado que se corría y no daba respuestas, miles de personas despedidas buscaron subsistir a través del autoempleo: muchos utilizaron sus indemnizaciones o ahorros para comprar un taxi, remis o para abrir pequeños comercios, kioscos y almacenes. No eran proyectos soñados, sino salidas de emergencia en un contexto de alta inestabilidad. Hoy, el trabajo en plataformas cumple un rol similar: ofrece una solución rápida frente a la falta de empleo formal, aunque con condiciones laborales precarias y bajo el control de un algoritmo.

Trabajar para Rappi, Uber o PedidosYa se instaló en los últimos años como una forma de manejar los propios tiempos, de ser tu propio jefe. También representa una alternativa temporal para quienes fueron despedidos o buscan evitar caer en la desocupación, “para no caerse del mapa”. Así lo explica Belén D’Ambrosio, repartidora y secretaria del Sindicato de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SiTraRepA).

Para el abogado laboralista Juan Manuel Ottaviano, especializado en derecho del trabajo y seguridad social, el empleo en plataformas reemplaza una parte de los puestos perdidos tanto en el mercado registrado como en el informal. “Por eso el nivel de ocupación varió poco”, señala. La desocupación no creció al mismo ritmo que la crisis económica, pero sí aumentó la subocupación. Dentro de ese grupo se encuentran muchos repartidores y conductores que figuran como monotributistas o directamente trabajan sin registrar, sin aportar al sistema de seguridad social.

El informe “¿Recuperación ilusoria?”, del instituto de investigaciones sociales Gino Germani, explica este fenómeno: “La destrucción de empleo formal (particularmente en el sector privado registrado) no ha sido compensada por la creación de puestos de calidad, sino por la expansión del cuentapropismo precario y la informalidad laboral.”

En 2022, la desocupación fue del 6,3%, y en 2024 se ubicó en 6,4%. Muy lejos del 18,3% alcanzado en 2001. La diferencia principal es que hoy es más fácil acceder a un empleo (o algo parecido), aunque sea mal pago y riesgoso. Por eso, está lejos de ser cierto —como asegura el diputado radical Martín Tetaz— que “el desempleo se terminó”. Estos nuevos trabajos no ofrecen estabilidad ni protección a largo plazo: son solo una forma de no quedarse sin ingresos.

Sin embargo, en la medida de que más gente recurre a las plataformas que solo responden a las leyes de la oferta y la demanda para asignar salarios y tareas, resulta cada vez más difícil ganarse la vida con ellas. Para las plataformas, más empleados significa más competencia entre ellos y más posibilidades de reducir costos.

“Se acabó el mito de ser tu propio jefe”, explicita D’Ambrosio. Las aplicaciones ya no pagan lo que pagaban antes por la sobreoferta de trabajadores, a los cuáles las empresas nunca reconocieron como tales. Por eso no tienen cobertura de ART, vacaciones, obra social, aguinaldo ni un sueldo básico que brinde una mínima seguridad. En el mejor de los casos, ganan un poco más si llueve. Pese a esta precariedad, muchos se inscriben como monotributistas, por lo que figuran en las estadísticas como cuentapropistas, aunque estén lejos de tener autonomía real.

 

Gig economy

 Las plataformas operan bajo el modelo de la economía colaborativa, o gig economy. Básicamente, lo que antes llamábamos changas y trabajos por encargo, sin un contrato permanente. Son trabajos flexibles, con todo lo bueno y lo malo que eso incluye. Dan cierta libertad de elección respecto de en qué días y horarios trabajar. Sin embargo, esa libertad se ha vuelto otra pequeña mentirita del capitalismo neoliberal que habitamos porque, como dice Manuel, conductor de Uber desde hace dos años y exrepartidor de Rappi, “terminás trabajando en los horarios de alta demanda, para cubrir los gastos del auto y para llegar a fin de mes”. Enrique, que reparte para Pedidos Ya los siete días de la semana, con jornadas de más de 10 horas cuenta: “Hacemos lo que haga falta para juntar para el alquiler, la comida, el celular”.

Lautaro también trabaja para PedidosYa, pero en moto, y, al sumarse a la conversación, aclara que gana mucho más que cuando andaba en bicicleta, pero también gasta mucho más: “Los gastos fijos de la moto son otra cosa. Cuando repartía en bici, era toda para mí, ahora tengo que pagar la nafta, los arreglos. Hace un mes me chocaron y tuve que trabajar más los fines de semana para cuadrar esos extras”.

En moto, Lautaro hace hasta 40 mil pesos diarios y hasta 4 entregas por hora, en promedio, gana 160 mil pesos a la semana. Cuando repartía en bici, también por 5 días a la semana, estaba más cerca de los 70 mil semanales, pero solo tenía algún gasto ocasional de la bici. Manuel lo confirma, y cuenta que su mentalidad en bici era la de un atleta, “solo gastaba en Gatorade y pedaleaba 50 kilómetros diarios”.

 

Las crisis cambian el trabajo

Ottaviano explica que “los trabajadores de plataformas son reconocidos legalmente como cuentapropistas, pero las características de su trabajo son objetivamente de dependencia. Más allá del tipo de organización horaria del trabajo en plataformas, los conductores y repartidores dependen de que las distintas aplicaciones les asignen pedidos y viajes”. También dependen de que el algoritmo no los bloquee y de que les paguen en tiempo y forma por los servicios prestados.

Estas aplicaciones ejercen tácticas de control, seguimiento y premiación -o, por el contrario, castigo a los riders que rechazan viajes o tardan demasiado en hacer una entrega o se salen de la ruta recomendada- y demuestran lo que D´Ambrosio y el SiTraRepA denuncian hace rato: que no se trata de socios colaboradores, ni de autónomos, sino de trabajadores bajo dependencia de las empresas de aplicaciones de reparto.

“Estas empresas actúan como fantasmas, porque los riders no podemos hacer ningún reclamo respecto de las condiciones laborales. Están encubriendo una precarización laboral muy marcada: pagan entre 1.000 y 2.000 pesos por pedido entregado”, remarca D’Ambrosio. ¿Por qué pagar más si hay muchos trabajadores que saben que no pueden volver a sus casas con las manos vacías? Aquellos que acepten un mayor grado de explotación serán los que terminen trabajando.

Tanto los conductores como los repartidores coinciden en que la demanda de viajes ha bajado en los últimos meses, a tono con las políticas recesivas del gobierno de Javier Milei y la caída del consumo que esta implica, algo empeorado por la sobreoferta de trabajadores que ofrecen esos servicios. La caída en la demanda, además, obliga a los repartidores “a trabajar durante más horas y en las zonas de más alta demanda”, para cubrir sus necesidades básicas, y “llegar a los 800 mil pesos de un sueldo mínimo”, relata Ramón, repartidor de Cabify, que entrega los pedidos de delivery de Mercado Pago Envíos.

En este nuevo esquema, la promesa de autonomía y libertad que ofrecen las plataformas contrasta con las condiciones reales de quienes trabajan en ellas. Lejos de ser socios, los repartidores y conductores cumplen funciones vitales para las plataformas que, además, son extranjeras y se llevan las divisas que escasean en el país. Además, las plataformas modifican sus algoritmos sin dar explicaciones.

Tal como advierte un reciente informe del Instituto de Investigaciones Sociales Gino Germani, “los trabajadores argentinos están sosteniendo su subsistencia mediante el deterioro de su calidad de vida, sacrificando tiempo personal, bienestar físico y reservas económicas”. Esta no es una recuperación: es una forma de sobrevivir en un mercado que ofrece menos derechos, más inestabilidad y que desplaza el riesgo hacia quienes menos pueden afrontarlo.

“La posibilidad de la deriva antidemocrática está aquí”

“La posibilidad de la deriva antidemocrática está aquí”

Jun 14, 2025 | Destacado 3, Entrevistas

El ensayista Alejandro Horowicz analiza la condena a Cristina Kirchner, el estado de salud de la institucionalización y el desvanecimiento progresivo de la democracia. ¿Cuál es el rol de la ciudanía?

Alejandro Horowicz es ensayista, periodista, doctor en Ciencias Sociales y docente en la Universidad de Buenos Aires. A lo largo de su trayectoria —desde Los cuatro peronismos (1985) hasta El kirchnerismo desarmado (2023)— ha analizado las tensiones entre poder, legalidad y representación en la historia política argentina.

En diálogo con ANCCOM, Horowicz analiza el escenario actual del país, el estado de la institucionalización y el desvanecimiento progresivo de la democracia. Cuestiona sus cimientos, advierte sobre una legalidad cada vez más estrecha y empuja una pregunta tan simple como incómoda: ¿Cómo la sociedad puede imaginar colectivamente una salida y hacerla existir?

¿Cómo interpretás la reciente detención de Cristina Fernández de Kirchner y su impacto en el sistema político?

Es una sorpresa que no sorprende, es un juicio con sentencia escrita de antemano. La pregunta entonces es: ¿Por qué la sentencia ahora? La respuesta es simple, porque creen que pueden. Si esto es cierto o no es cierto es lo que está en disputa, alrededor de esta disputa es donde se va a ver si la evaluación de los tres supremos y sus validadores sociales es la lectura correcta o si no. No es un mensaje al pueblo ni a la ciudadanía, sino a la dirigencia política, a la casta. Es un aviso de que el programa del partido del Estado no se puede tocar, y si alguien acepta el riesgo de tocarlo, pues bien, le van a quitar el pan, el agua y la sal. Entonces, lo que aquí estamos discutiendo es ni más ni menos el estatuto de la legalidad política, qué es legal y qué no es legal. Un liberal cree que ese estatuto remite al Código Penal, a la Constitución, a la jurisprudencia. Nosotros sabemos que esto remite básicamente a un enfrentamiento directo y ese enfrentamiento no se resuelve en el terreno exactamente judicial, es decir, la amplitud de la legalidad no es un problema textual es un problema del enfrentamiento político real.

Cuando nosotros miramos la situación argentina y la situación internacional entendemos que estamos en un momento donde la reducción del espacio de la legalidad es evidente. Digamos, si en Estados Unidos se puede discutir si un nacido en los Estados Unidos es o no es norteamericano, se puede discutir cualquier cosa. Esto nos hace saber de la  precariedad de lo que se entiende por institucionalidad democrática, y que la institucionalidad democrática no depende de ningún papel, sino básicamente de los términos del enfrentamiento. Entonces, el espacio de la legalidad es el espacio del enfrentamiento conceptual, y cuando queremos decir que hay una batalla cultural lo que estamos diciendo, para no repetir las gansadas de la derecha, es que es esta lectura la que constituye operativamente la legalidad o la ilegalidad vigente. Un modelo es democrático cuando el espacio de la legalidad crece, y el modelo es antidemocrático cuando el espacio se ve reducido. No hay que ser particularmente genial para entenderlo.

La condena a Cristina no es un mensaje al pueblo ni a la ciudadanía, sino a la dirigencia política, a la casta. Es un aviso de que el programa del partido del Estado no se puede tocar, y si alguien acepta el riesgo de tocarlo, pues bien, le van a quitar el pan, el agua y la sal.

Alejandro Horowicz

¿Usted diría entonces que estamos en un estado antidemocrático?

Carl Schmitt tiene una fórmula muy precisa, dice: el soberano es el que puede imponer el estado de excepción. Lo que nosotros estamos viendo son formas del estado de excepción que se aplican en todas direcciones. Cuando nosotros miramos qué le pasa a un dirigente sindical que tiene que discutir sobre las condiciones de salud o enfermedad de uno de los afiliados a su gremio y resulta que la comisión que tiene que determinar si está sano o enfermo es una ART, y la ART desconoce la existencia de las enfermedades profesionales, por ejemplo. El modo en que esto está ladeado no requiere de mayores implicaciones: al que hace esta defensa le arman después una causa penal. Entonces, está muy claro que estamos viendo, más acá o más allá de que al gobierno de Milei le convenga o no le convenga sacar a Cristina de la cancha personalmente, que no es una discusión simplemente sobre Cristina, es una discusión sobre el estatuto de la legalidad política, y el estatuto de la ilegalidad política es la calidad real de la ciudadanía, no un conjunto de declamaciones vacías, sino un conjunto de prácticas sociales reales. Entonces, el impacto de esto es muy claro: o la Corte impone estos términos o nosotros como campo imponemos los nuestros. Si no imponemos nuestras coordenadas de legalidad, el horizonte será la represión de jubilados cada miércoles, la ley antipiquetes, y, en su expresión más brutal, Gaza. Entonces, en una punta tenemos la legalidad popular, en la otra punta está Gaza y en el medio estamos nosotros.

 

¿Existe la posibilidad de una deriva antidemocrática en la Argentina?

La posibilidad de la deriva antidemocrática está acá y aquí. Conviene entender que no estamos hablando de un futuro potencial, sino de presente continuo del indicativo. El poder se conjuga siempre en primera persona singular y en indicativo. Yo puedo. Yo no puedo. Yo podré es una promesa, no tiene nada que ver con la ecuación del poder. El poder está siempre en presente del indicativo, esto es sintácticamente decisivo y políticamente definitivo. Entonces, esto no es a futuro, esto es hoy, aquí, ahora. Esto es lo que está sucediendo. La deriva de este gobierno es inequívoca, este gobierno es eso. No entender esto, es creer que este gobierno depende de un debate electoral y de un resultado electoral. Pues bien, lo que las elecciones nos hacen saber es que la mitad del padrón no vota. En consecuencia, la debilidad de la legitimidad política es manifiesta, la mayoría no le cree absolutamente nada a nadie y este es el único balance compartido de la sociedad argentina. Por lo tanto, hay que hacerse cargo no de lo que va a suceder, sino de lo que ya sucedió.

 

¿Encontrás paralelismos con otros episodios de persecución política en la historia?

Sí, siempre. Todo período reaccionario puede ser homologado con otro, y en ese sentido los paralelismos son razonables. Existe una pereza intelectual que consiste en ir y definir todo como fascismo. El fascismo es un movimiento histórico, plebeyo, de masas anticomunistas en respuesta a la Revolución Rusa. No hay hay amenazas socialistas, no hay alza general de la sociedad frente a esto. A ver, es una dirección profundamente reaccionaria, pero que es otra cosa y hay que explicitarla. Pensar es, ante todo, establecer la diferencia específica entre dos términos. Buscar analogías, en cambio, no es pensar. Como los abogados tienen la costumbre y la necesidad profesional de buscar analogías, porque tienen que mirar si encuadrás o no encuadrás en determinada ley, pues bien, ese es un problema de los abogados no nuestro.

 

Se estuvo hablando como de una fujimorización en la Argentina, ¿Es posible?

Hablar de fujimorización me parece una forma de distraer del problema real. El problema es que el partido del Estado, esto es, el bloque de intereses del bloque de las clases dominantes en el planeta tierra y en el orden capitalista, tiene para cada ciclo histórico un programa global. Cuando uno mira las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, uno ve que son iguales en Tanganica, Atenas, en Boston y en Neuquén. El efecto del mismo programa en Tanganica, en Boston y en Neuquén no es igual porque cada formación histórico social tiene su propia particularidad y lo que en Boston es un problema relativo en Tanganica es un programa mortal. La Argentina tiene un desequilibrio estructural de ocho puntos, que es el impacto del costo del sistema financiero de la deuda sobre el producto bruto de la Argentina. Cuando vos tenés que equilibrar un sistema que arranca con ocho puntos en contra, lo único que va a suceder en esa reducción de gastos para llegar al equilibrio es una masacre. En consecuencia, lo que en Boston es una discusión ideológica de matices sobre si yo expando el producto, y de ese modo, alcanzó el equilibrio no por reducción de gastos sino por aumento de ingreso, aquí estamos discutiendo una tragedia. Entonces, el orden político no discute el programa del partido del Estado. La casta nos hace saber que a cualquiera que se separe un mililitro de la dirección de Milei -esto es, a favor del capital y contra los asalariados-, le van a quitar todo y le van a hacer un juicio de inmediato. Entonces, es un mecanismo del disciplinamiento de la casta, no otra cosa. Ahora bien, en el mecanismo del disciplinamiento de la casta se juega ni más ni menos que nuestras posibilidades reales de intervención como partido de gobierno y el secreto que aquí se presenta es que nos hacen saber que ningún partido de gobierno, que no acepte a rajatabla el programa del partido del Estado, va a ser legal. Cosa que tenemos que saber porque esto es así, salvo que nosotros tengamos la potestad de modificar esta situación y volverla legal. Dicho de otro modo, ellos nos dicen que esto es delito. Nuestra respuesta debe ser clara: no, delito es la acusación de ustedes.

 

Siguiendo esta línea, ¿qué implicancias tienen los decretos de Milei en la estructura institucional del país? ¿Cómo afecta la concentración de poder en el Ejecutivo?

Cuando observamos los poderes delegados por el Congreso, entendemos que el Congreso no solo no regula sino que forma parte de la ofensiva. El comportamiento judicial no consiste en atenerse al derecho sino en avanzar irrestrictamente en la misma dirección. Vos tenés los tres poderes del Estado alineados con el mismo norte. Hay mucha gente que no soporta que las cosas son como son, pero la única chance de que esta insoportabilidad resulte conducente es aceptar que son como son para poder cambiar. Nadie puede cambiar aquello que no se atreve a reconocer. Uno de los problemas decisivos en este momento es que la sociedad Argentina sencillamente no sabe qué hacer, y en lugar de aceptar que no sabe qué hacer, que ya es bastante, juega a que sí saben. Pues bien, el resultado de este juego se llama Milei.

 

¿Cómo ves la reacción de la sociedad?

La cuestión es la conjugación verbal, primera persona del singular: yo. El secreto de la teología es que nos propone un salvador y las respuestas teológicas requieren que la salvación sea exterior. No tenemos ninguna respuesta teológica posible. O nos hacemos cargo de la cuestión, o no hay ningún otro camino. O entendemos que tenemos que inventar colectivamente otra cosa o estamos en el horno. A ver ¿qué es un escritor? alguien que cuenta unas fantasías que no existen, pero tiene la capacidad de hacerlas existir. La potencia de un momento histórico es la capacidad colectiva de imaginar otra cosa. Lo que tenemos bloqueado en este momento es esa capacidad.

¿Qué rol creés que juegan los medios de comunicación en la percepción de la democracia y la reacción de la sociedad?

Creo que el lugar de los medios ha sido exagerado de una manera descomunal. Los medios, por supuesto, están en condiciones de soplar las llamas. Cuando hay una tendencia determinada, es posible fogonearla, pero no pueden inventarla. La tendencia existe con absoluta independencia de los medios. El secreto de una derrota política es que los derrotados aceptan que su experiencia no es fuente de conocimiento. Es decir, si no hay nada que averiguar, el derrotado renuncia a indagar y busca escuchar quien lo va a salvar, mientras actúa en estos términos, es un derrotado sin camino. O salís de ese lugar, o no hay salida. El punto de partida es siempre uno: yo.

 

¿Cómo influye la presencia de capitales extranjeros en la estabilidad institucional y la crisis económica?

Vamos a tener que entender que el capital es extranjero, no que hay capitales extranjeros. ¿Qué quiero decir? Cuando vos mirás el enfrentamiento entre Elon Musk y Trump, podés creer que estás en presencia del enfrentamiento entre dos loquitos, entre dos millonarios, que cada cual hace lo que le parece. Pero en rigor de verdad, digamos, la categoría loquito no es exactamente una categoría que yo manejo, por lo tanto en esa cancha observo lo que dicen especialistas. Pero entiendo que más allá o más acá de la locura personal de ambos, hay un carácter social que no se me escapa y es el que quiero subrayar. Hay una inadecuación entre el Estado nacional y los intereses de las burguesías vivas. Dicho de otro modo, cuando alguien cree que China es simplemente una decisión del comité central del Partido Comunista Chino, no se equivocan, pero está reduciendo este problema de un modo brutalmente unilateral, porque entre otras cosas existe la burguesía China. Cuando uno mira la lista de Forbes, uno ve la presencia de unos cuantos multimillonarios chinos. ¿Oíste que alguna vez algún multimillonario chino se pronunciara sobre la paridad cambiaria entre el shuan y el dólar? No, pero vos tenés derecho a decirme mirá Alejandro, los multimillonarios chinos de la burguesía China no tienen experiencia política propia, que por tanto hay toda una tradición cultural que hace que no plantean nada. Yo en general tengo ciertas reservas sobre este modo de lectura, pero te voy a conceder para este análisis que podría ser así. ¿Y la burguesía alemana, la burguesía francesa, la italiana y la norteamericana que tienen sus inversiones en China, qué? Entonces allí vemos que estos burgueses, por más que hayan nacido, en Teotihuacán o en Berlín, no dependen sus intereses de donde han nacido, sino del modo en que el capital globalizado está organizado hoy. Es decir, lo que le convenga o no le convenga al Estado, digamos, alemán, no necesariamente tiene o no tiene que ver con lo que le conviene a un burgués nacido en Alemania. Elon Musk tiene intereses decisivos en China. De modo que en un conflicto de verdad entre China y los Estados Unidos, los intereses de Elon Musk se tensan de una manera fenomenal y entonces el enfrentamiento entre Musk y el presidente de los Estados Unidos excede el problema de las personalidades de ambos y remite a las condiciones materiales de la práctica de la política. Dicho de otro modo, en un caso alguien está intentando desde el Estado norteamericano, una política, y vemos como no hay dos políticas. Razona como una especie de patotero de barrio, entonces dice la verdad, fijate,  a esta chica que tengo enfrente yo la puedo cagar a patadas y a Horowicz también lo puedo cagar a patadas y a Pirulo también lo puedo cagar a patadas, pero hay un pequeño detalle ¿qué pasa si la chica, Horowicz y pirulo organizan un frente común? También lo puedo cagar a patadas a los tres juntos, pero el juego cambia. Entonces el juego que este buen hombre hace, produjo un realineamiento internacional donde él queda en soledad. Y eso muestra que su sagacidad no es afortunadamente muy grande y sus posibilidades empiezan a temblar. Veremos de nuevo los diarios hoy y Israel acaba de atacar Irán, él pidió hace horas que no lo

hiciera. Entonces ¿qué estamos diciendo? He escuchado hasta el cansancio que Israel es un peón del imperialismo norteamericano. No, esto es una tontería mayúscula. En Israel, el gobierno juega un juego al que arrastra a otros, y ese juego es posible porque los otros permiten ser arrastrados. Israel puede hacer lo que hace en Gaza, entre otras cosas, porque los países árabes de alrededor no se lo impiden. Bastaría que los países árabes de alrededor se plantarán en esa cancha para que Israel no pueda. Entonces lo que estoy tratando de decir es: acá no estamos hablando de acciones sueltas que se resuelven con astutas jugadas de circunstancia de alguien, acá hay una crisis global de hegemonía y en esta crisis global de hegemonías se están redefiniendo todos los lugares. Nuestro lugar también está en redefinición. O intervenimos, o lo definirán por nosotros.

 

Siguiendo la línea de una sociedad que piense colectivamente en una realidad, ¿es posible una salida democrática como tal?

La democracia puede ser un proyecto a construir. Esto no es la democracia y el 83 nunca fue otra cosa que la democracia de la derrota. La continuidad de los gobiernos nos hace saber esto y que las fuerzas políticas que construyeron esto puedan ser derrotadas por un outsider, las pone a todas juntas en valor. No por lo que ellos creen que son, sino por lo que son. Milei es la calidad de la política nacional, no es simplemente un pequeño hotentote desagradable y salvaje. En ese espejo hay que mirarse, y la imagen que surge no es muy simpática pero es la nuestra.