Los familiares de las víctimas del fentanilo contaminado -que ya llegan al menos a 106- cuentan de las irregularidades en la atención médica que condujeron a la muerte a sus seres queridos, en el marco de esta gravísima crisis sanitaria. La responsabilidad de la ANMAT, los reclamos y la marcha a buen ritmo del caso en la Justicia y la parálisis en la investigación del Congreso.

Con al menos 106 muertes confirmadas y miles de ampollas distribuidas, el caso del fentanilo contaminado expone fallas en la regulación de medicamentos y abre una causa judicial histórica. Las familias de las víctimas se convirtieron en la voz más fuerte en busca de verdad y justicia. Entre expedientes judiciales, el caso tiene un costado que no se mide en números ni en dictámenes. Se mide en ausencias.

Carla Maino perdió a su padre en la tragedia: “El dolor va a seguir siendo enorme, pero necesitamos saber el número real de víctimas, y que la justicia nos responda de manera coherente, honesta y apolítica”, afirma. Su papá, Miguel Maino, tenía 77 años cuando ingresó el 27 de marzo de 2025 al Hospital Italiano de Rosario por una cirugía programada. Pero luego de unos días presentó una complicación producto de esa cirugía y lo derivaron a terapia intensiva. A partir de ese momento, su familia nunca imaginó un desenlace así: “Le colocaron un respirador artificial, y terminó siendo su condena a muerte”. El fentanilo es un analgésico y anestésico que se utiliza para cirugías, y en las sedaciones  para facilitar las intubaciones y la respiración artificial cuando un paciente lo requiere: “Para recibir ese respirador artificial, le tuvieron que administrar de forma continua el fentanilo. Y ahí es donde él comienza con una sepsis generalizada en su sangre por la bacteria con la que estaba contaminado”. Como consecuencia, Miguel falleció el 17 de abril por un paro cardiorespiratorio.

La misma sepsis terminó con la vida de Renato Nicolini, un joven de 18 años que luego de un accidente de tránsito, ingresó por derivación al Hospital Italiano de La Plata. Este es considerado el primer caso para la justicia, Sol Francese, su madre, cuenta que “el tercer día, Renato levanta fiebre y los médicos no se la pudieron controlar hasta el día que él falleció. Le hacen una placa y se descubre que tenía neumonía en el pulmón izquierdo, producto de una bacteria intrahospitalaria”. Ella es enfermera, y luego del fallecimiento de su hijo, el 12 de mayo, se entera por el hijo de un paciente de terapia intensiva lo que sucedía con el fentanilo dentro del hospital. Dos enfermeras se encontraban hablando en la cama de al lado sobre un cultivo había dado positivo en contaminación y se trataba de Renato. Sol pidió la historia clínica para ver qué tipo de bacteria le había causado la neumonía. En ese momento es cuando se da cuenta de que eran las mismas bacterias que habían contaminado el fentanilo.

La noticia golpeó a las familias de las víctimas, pero pronto surgió una comunidad que, marcada por la tragedia, se sostenía en la necesidad de encontrar una respuesta. El 15 de junio nació el grupo de WhatsApp “Unidos por la Justicia de las Víctimas del Fentanilo Mortal”, un espacio donde familiares comenzaron a compartir sus pérdidas, sospechas y dudas. Esa contención mutua fue, para muchos, la única manera de atravesar los primeros momentos de incertidumbre, cuando las explicaciones eran escasas y el dolor parecía inabarcable. Lo que empezó como un chat se convirtió en red de apoyo frente a la desinformación, la burocracia y el silencio oficial. “A los días me contactó Carla (Maino), que nuestros papás habían compartido en terapia intensiva, y me dijo que mi papá también estaba en el listado que había presentado el Hospital Italiano con fentanilo contaminado”, cuenta Vanesa Vilches, hija de Héctor, que tenía 74 años cuando falleció el 28 de abril por la misma causa que los demás. “Levantó mucha fiebre, nos decían que era una bacteria generalizada –sitúa Vilches–. Nosotros nunca entendimos el por qué de algo tan simple”.

“Es muy impactante saber la masividad de esta situación, estar transitando nuestro propio duelo y encontrarnos con personas atravesando exactamente lo mismo. A la vez es sanador sentirte en red, hacer lazos con muchas de las familias, apoyarte. Genera mucha tristeza saber el daño que se generó”, dice Carla Maino, que hoy encuentra una gran contención en las familias que luchan por lo mismo que ella, saber la verdad de lo que pasó. Las familias de las víctimas llaman a aquellos que también tengan dudas sobre la muerte de un ser querido entre el lapso de febrero a mayo de este año aproximadamente. “No tengan miedo de pedir las historias clínicas, tengan o no relación con el caso, es el derecho de las familias tener acceso a esa información. No queremos generar pánico a la sociedad en general, sino que aquellos que tengan dudas, puedan tener una respuesta”, aclara, y enseguida enfatiza: “A mi papá, al abuelo que sus nietos tanto amaban y estaba siempre, al amigo que todos querían tener, y al esposo, compañero fiel no nos lo van a devolver. Solo pido justicia”.

La marcha de la causa judicial

A diferencia de otros casos que suelen quedar atrapados en la maraña de la burocracia, el del fentanilo contaminado encontró en la justicia una respuesta ágil y decidida. Para los abogados y las familias, esa rapidez se traduce en una señal de que el sistema judicial entendió la magnitud de esta tragedia sanitaria. “Es una causa muy compleja. La investigación que llevaron a cabo el juez Kreplak como la fiscal María Laura Roteta, ha sido impresionante porque han realizado tareas que no le correspondía a la justicia, sino a los propios laboratorios que no colaboraron, a las droguerías y a los centros hospitalarios que no enviaban las historias clínicas. Tuvieron que hacer allanamientos en la ANMAT porque tampoco enviaban la información requerida”, cuenta Adriana Francese, abogada de varias familias y tía de Renato. Desde el 13 de mayo las familias actúan como querellantes y fueron testigos de allanamientos, secuestro de celulares y la revisión de más de 300 expedientes de ANMAT e INAME. Para Francese, la tarea judicial no sólo avanza, sino que lo hace con la rigurosidad que exige una causa de delitos gravísimos: “Si bien los familiares precisamos resultados inmediatos, sabemos que la justicia no funciona así. Necesitamos pruebas fehacientes para continuar, el actuar deficiente de ANMAT fue notorio desde el primer momento, cuando no enviaban la documentación y tuvieron que allanar”, sostiene. Explica que, mientras entregaban 200 expedientes irrelevantes, ocultaban otros 120 con información clave sobre infracciones y fallas graves en los laboratorios. Ese ocultamiento, dice, justificó la acción penal. En esa línea, también los familiares remarcan la gravedad de lo ocurrido. “Sí, considero que ANMAT es responsable, tanto como el laboratorio. Que no se hayan hecho los controles y las clausuras cuando se debían haber hecho, es una irresponsabilidad enorme. Liberaron al uso médico una bomba biológica masiva a lo largo y ancho de nuestro país, lo cual me parece muy aberrante”, agrega Carla Maino.

El expediente ya tiene nombres propios en el banquillo: Ariel García Furfaro, uno de los dueños de los laboratorios Ramallo y HLB Pharma, junto a sus hermanos y su madre, fueron detenidos como principales sospechosos. Mientras tanto, en La Plata siguen las indagatorias a siete imputados clave vinculados a esos laboratorios. La justicia se propone identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias que permitieron que un producto contaminado y de alto riesgo llegara a los hospitales de distintas provincias del país.

En este entramado aparece la PIA, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que Francese considera un actor esencial: “Se pidió la colaboración de la PIA. Se están investigando a los funcionarios públicos, a la ANMAT”. Para ella, la PIA es la pieza que le da solidez a la pesquisa sobre responsabilidades administrativas y delitos cometidos por funcionarios.

El caso en el Congreso

El avance legislativo también ha sido notable: el 13 de agosto pasado la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen unánime que unifica diversos pedidos de informes al Poder Ejecutivo Nacional sobre el fentanilo contaminado. Entre ellos, se reclamó la presencia de la ANMAT en el Congreso y se exigieron explicaciones sobre el rol de los laboratorios y organismos de control. La diputada Silvana Giudici (PRO) destacó que este no es solo un caso judicial, sino una crisis sanitaria causada por medicamentos adulterados, y subrayó la importancia de una señal de madurez política para esclarecer las dudas en la causa. Las familias celebran este impulso, pero su principal reclamo sigue siendo la justicia plena, “que paguen todos los que tengan que pagar”, dice Vanesa Vilches, con firmeza. Sin embargo, tres semanas después, el escenario legislativo contrasta con el destino de la Comisión Investigadora del Fentanilo Adulterado, donde el trámite quedó estancado. El 4 de septiembre, la sala de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento quedó en silencio. No hubo dictamen. El presidente de Asuntos Constitucionales, Nicolas Mayoraz, de La Libertad Avanza, no apareció. Y lo que para las familias es más que una ausencia circunstancial, se volvió un símbolo de algo mayor: la parálisis no responde a limitaciones técnicas sino a una decisión política deliberada y enmascarada.

“Lo que encontramos en el Parlamento no es urgencia ni compromiso inmediato, sino maniobras dilatorias y un doble juego político que bloquea cualquier avance real”, denunciaron en un comunicado difundido el 8 de septiembre. En el mismo, hablaron de la contradicción que ya no soportan: “Por un lado, el oficialismo reconoce públicamente la gravedad de la tragedia; por otro, bloquea en los hechos la creación de la comisión al no habilitar su tratamiento real”. La urgencia tiene fecha. El 10 de diciembre se renuevan las bancas en la Cámara de Diputados. “Cada día de demora compromete la posibilidad de que la comisión se constituya”, advierten.

“Cada día de silencio será recordado como un día más en que el Congreso le dio la espalda a la verdad y a la justicia que buscan las familias”. Detrás de cada cifra hay familias que hoy marchan, se abrazan y exigen justicia. Sus voces atraviesan hospitales, tribunales y hasta el Congreso, recordando que la tragedia no es sólo estadística, sino que es ausencia, duelo y resistencia. Mientras la justicia avanza, las familias siguen sosteniendo la memoria de sus seres queridos y luchando para que ninguna otra vida vuelva a perderse de la misma manera.