Amargas golosinas

Amargas golosinas

Dic 6, 2025 | Destacado 3, Trabajo

Georgalos aplica un esquema escalonado de suspensiones que reduce el salario de los trabajadores, quienes temen que regresen los despidos que ya padecieron este año.

La fábrica de golosinas Georgalos aplica un esquema de suspensiones que afectará a los más de quinientos trabajadores de la planta de Victoria. De manera escalonada y de a tandas de ochenta operarios, la empresa empezó a notificar suspensiones por el lapso de quince días. La medida que comenzó a regir a fines de noviembre afecta fuertemente a los trabajadores que pasarán a cobrar el 80% del sueldo, no tendrán premio por productividad, ni se les pagarán las cargas sociales.

 

¿Dónde está la crisis?

Georgalos justifica las suspensiones: “en virtud de la delicada situación económica de público conocimiento provocada por la crisis económica y financiera que atraviesa el país, y siendo un caso de extrema fuerza mayor, se requiere del esfuerzo conjunto de la comunidad productiva para la continuidad de la empresa”, manifiestan en el acta donde dan a conocer el acuerdo. Por su parte, los trabajadores suspendidos señalan que la fábrica no está atravesando una crisis: “Están viendo de aumentar su producción en Río Segundo y otras partes de Córdoba; están buscando inversores por doscientos millones de dólares para expandir su negocio en Latinoamérica; son sponsor en el torneo de primera división de la AFA y también en programas de prime time como el de Guido Kazca; sumale a que hace unos meses uno de los directivos salió por todos lados a decir que lanzan su primera línea de helados”, comenta Miguel Maciel, uno de los trabajadores suspendidos, en diálogo con ANCCOM y agrega: ¿Dónde está la crisis? La única crisis que veo acá está en los bolsillos de los trabajadores”.

 

“Georgalos nos suspende bajo el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) que dice que tienen que tener un argumento fuerte de crisis para darle curso a la medida. Para nosotros ese artículo está mal aplicado, porque no vemos una crisis evidente en la fábrica”, explica Maciel y agrega: “A lo sumo, lo que puede haber es una merma de la ganancia, algo que lejos está de ser una crisis. Ante esto, la empresa se pregunta ¿cómo podemos mantener la rentabilidad? y la solución que encuentran es reducir la masa salarial con este cronograma de suspensiones”.

 

Un acuerdo ilegal

El acta de suspensiones fue firmada sólo por la empresa y directivos del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), quienes dejaron afuera del acuerdo a la Comisión Interna, que es la representación primaria de los trabajadores en la fábrica. “Sostenemos que el acuerdo es ilegal porque se firmó de espaldas a la Comisión Interna. No puede haber ningún acuerdo que modifique nuestra realidad sin su consentimiento” remarca Maximiliano Montero, uno de los trabajadores suspendidos, y destaca que además el acuerdo empezó a regir sin ser homologado ante el Ministerio de Trabajo.

 

“Denunciamos la ilegalidad de las suspensiones no solo por la mala implementación del artículo 223 bis y la no participación de la comisión interna, sino porque además suspendieron a compañeros que cuentan con fueros gremiales”, advierte Maciel sobre la gravedad de la situación y agrega: “Se hizo asamblea en la fábrica y se votó rechazar el acuerdo. Por eso la Comisión Interna está tratando de impugnar el acta”.

El antecedente de mitad de año

“En este último tiempo, los trabajadores industriales, y no sólo en Georgalos, estamos sufriendo un ataque brutal que se ve reflejado en el deterioro de nuestra calidad de vida”, explica Montero, quien fue uno de los cinco trabajadores despedidos ilegalmente en junio de este año después de acatar una huelga convocada por el sindicato. Tras meses de lucha, la justicia laboral dispuso en primera instancia la reincorporación de tres de ellos –quienes hoy se encuentran suspendidos–, mientras que los dos restantes continúan exigiendo la reinstalación efectiva a sus puestos de trabajo.

 

“Nosotros lo que queremos es trabajar. No queremos ningún tipo de resarcimiento, queremos la reincorporación definitiva”, comenta Maciel, quien también fue despedido ilegalmente en junio. “Nos echaron sin un mango y peleamos solos porque ahí ni estuvo la CGT ni el sindicato. Fue a partir de la pelea que dimos nosotros junto a nuestros compañeros y a otras organizaciones solidarias que pudimos lograr la incorporación” remarca Montero y agrega: “Ahora que contamos con esa experiencia legal, nos toca hacerle frente a las suspensiones ilegales”.

 

Una reforma laboral de hecho

“Lo que advertimos es que valentonada por el triunfo del gobierno en las últimas elecciones, la empresa está queriendo llevar adelante una reforma laboral de hecho”, indica Maciel y, en la misma línea, Montero agrega: “Esto no empezó ahora con las suspensiones, sino que durante todo el año vimos cómo la empresa avanzó en aumentar los volúmenes productivos, flexibilizar nuestras condiciones de trabajo, vulnerar un derecho constitucional como lo es el derecho a huelga y congelar nuestros salarios”.

 

Hoy, 6 de diciembre, en zona norte se organiza un encuentro de trabajadores sindicalizados, movimientos sociales y sindicatos combativos en el que van a participar los operarios suspendidos de Georgalos. “Ante la no actuación de los sindicatos y de la CGT a los trabajadores de a pie nos quedan dos opciones: o lloramos y aceptamos lo que quieren los empresarios –y eso va a ser perjudicial para nosotros y nuestra familia– o nos organizamos y empezamos a pelear,” concluye Montero.

Hebe eterna

Hebe eterna

Dic 5, 2025 | DDHH, Destacado 3

En el día en que la fundadora de Madres de Plaza de Mayo hubiera cumplido 97 años se la recordó con una nueva ronda a la Pirámide de Mayo y se anunció el lanzamiento de una cátedra libre para reflexionar en torno a su legado. Axel Kiciloff estuvo presente.

Como cada jueves desde el año 1977, las Madres de Plaza de Mayo realizan la ronda alrededor de la Pirámide de Mayo, mientras exclaman los nombres de las personas desaparecidas durante la dictadura. La ronda número 2486, la de este jueves, fue diferente: Hebe de Bonafini hubiese cumplido 97 años. Así fue como desde Madres de Plaza de Mayo y otras organizaciones -Movimiento Derecho al Futuro, Asociación de Trabajadores del Estado, entre otras- se reunieron de manera masiva para rememorar a una figura insoslayable en la lucha por los derechos humanos.

“Hebe está presente en nuestra lucha, en nuestro corazón, y en la solidaridad de pensar en el otro”, dijo Irene Molinari, Madre de Plaza de Mayo de la filial de Mar del Plata. Sara Mrad, de la filial de Tucuman, agregó: “Hebe nos enseñó que el muro de la dictadura, de los problemas económicos y de la desigualdad de clase, era la puerta abierta para la lucha. Ahora, hay que luchar contra un gobierno sometido a los designios del Fondo Monetario Internacional y del Nuevo Plan Condor. ¡Tomémosle la mano a Hebe y derribemos ese muro!”

Después de las palabras de las Madres Josefa “Pina” de Fiore y Carmen Arias, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, tomó el micrófono para recordar a Hebe, mientras apuntó contra el gobierno de Javier Milei: “Hoy homenajeamos a la que siempre tenía la palabra justa, a la que nunca le temió a los poderes establecidos, a la que enfrentaba con su cuerpo, inteligencia y coraje a la dictadura militar. Y con Hebe, homenajeamos a quienes hoy vuelven a ser víctimas del intento de ninguneo y persecución que sufrieron en ese entonces. Decimos entonces que son 30.000 compañeros desaparecidos y que no va a venir ningún ignorante a discutir lo que en Argentina es una bandera para siempre”.

 

Cátedra libre

De la mano de Cristina Caamaño, exrectora de la Universidad Nacional de las Madres (UNMA) y Carmen Arias, actual presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, se presentó al público la cátedra libre que apunta a generar un espacio de diálogo y reflexión. Esto se da en el marco de la “Semana Hebe de Bonafini”, que además celebró la apertura de la Biblioteca en la Universidad y la presentación de la muestra fotográfica “Tiempos Violentos” que expone la violencia palpable y legitimada por el gobierno de La Libertad Avanza.

Caamaño explicó que la dinámica de la cátedra funcionará bajo el análisis de los discursos de Hebe, donde una vez por mes los estudiantes se reunirán a poner en discusión diez fragmentos de discursos que desde la universidad tienen seleccionados. A modo introductorio, se proyectó un video del archivo de Madres del año 1986 en la Facultad de Filosofía y Letras. Allí, se la escucha a Hebe hablar con la convicción que la caracterizó durante toda su carrera política. “No somos nada más ni nada menos que la mera presencia de nuestros hijos”, decía Hebe, mientras el público que la escuchaba en el auditorio se emocionaba al volver a tenerla frente a ellos. El ministro bonaerense de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “El Cuervo” Larroque, dijo: “Hebe tenía el sentido del pueblo en sus entrañas. La importancia de esta cátedra es que sistematiza el pensamiento nacional y popular”. Posteriormente, le dejó un mensaje a la militancia de cara al futuro: “aunque haya sectores a los que le moleste, las Madres son grandes dirigentes ya que nunca se olvidaron del por qué de su llegada hacia la acción política. El homenaje hacia Hebe no está en las palabras sino en los hechos. Ese debe ser nuestro compromiso”.

 El cierre estuvo a cargo del grupo musical “Aguafuertes”. La semana en honor a Hebe de Bonafini culminará con la presentación de Hebe Vive por Carlos Polimeni, hoy viernes 5 de diciembre a las 20 hs. en la UNMA.

“La libertad de expresión es una condición indispensable para la vigencia de la democracia”

“La libertad de expresión es una condición indispensable para la vigencia de la democracia”

Dic 3, 2025 | Destacado 3, Vidas políticas

Se presentó el Segundo Informe sobre Libertad de Expresión en Argentina, un trabajo sistematizado, realizando  por sindicatos de prensa, la carrera de Ciencias de la Comunicación Comunicación (UBA) y Democracy al Work. Los casos de Pablo Grillo, Julia Mengolini y Ari Lijalad en un contexto de agresiones físicas, judicialización a la prensa, hostigamiento en redes sociodigitales y censura.

A pocos días de cumplirse la mitad del mandato presidencial de Javier Milei, hay un escenario que se repite cotidianamente: el deterioro del derecho a la libertad de expresión. Ante este panorama, las universidades públicas, sindicatos de prensa y representantes de la política confluyeron este martes en la presentación del Informe sobre Libertad de Expresión en Argentina 2025 en el Senado de la Nación. “La Argentina atraviesa quizás el mayor retroceso en torno a la libertad de expresión al tiempo que cada vez tenemos muchas más maneras de ejercerla”, declaró la senadora de Fuerza Patria Carolina Moisés durante su exposición.

La segunda edición del informe fue elaborada por la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y la Federación Internacional de Periodistas (FIP), con el apoyo de Democracy at Work. El trabajo fue presentado por Diego de Charras, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA; Moisés, presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión del Senado de la Nación; y Carla Gaudensi, Secretaria General de FATPREN, adjunta de SIPREBA y secretaria de género de la CGT. Además, contó con los testimonios de periodistas y representantes de organizaciones de la sociedad civil, quienes expusieron ante un auditorio repleto de referentes de la política y de la academia.

“Durante 2025 el escenario comunicacional estuvo marcado por una aceleración y profundización de las tendencias regresivas y las preocupaciones ya evidenciadas y reseñadas en la primera edición de este Informe”, introduce el documento. Así, en sus más de cien páginas analiza, por medio de la presentación de casos y datos concretos, una continuidad del retroceso en materia de derechos comunicacionales, así como también un deterioro de las condiciones de debate público reflejado en la censura, el hostigamiento y el disciplinamiento a cualquiera que, a través del uso de la palabra, exprese una mirada disidente a la del oficialismo.

Entre los acontecimientos más notables se encuentra el caso del fotoperiodista Pablo Grillo, quien resultó gravemente herido – y hasta el día de hoy continúa luchando por su vida- tras recibir un disparo de gas lacrimógeno mientras cubría una marcha de jubilados el 12 de marzo. De este modo, el informe registró un incremento de la represión en las manifestaciones del 66% respecto al 2024. Otro elemento identificado fue la utilización de herramientas judiciales y administrativas para restringir la palabra, en especial el caso de censura judicial y hostigamiento contra periodistas que difundieron investigaciones sobre la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Además, el nuevo régimen de acreditación en la Casa Rosada, la suspensión de la pauta oficial, la desinformación y el uso de deep fakes en tiempos electorales, sumado a una mayor concentración en el sistema infocomunicacional y el aumento de la violencia simbólica fueron otros de los ejes paradigmáticos que se introdujeron a lo largo del año transcurrido.

La primera en hacer uso de la palabra fue Moisés, quien dio a conocer un proyecto de ley de régimen especial de protección de la libertad de expresión, que fue elaborado en conjunto con sindicatos de prensa. En diálogo con ANCCOM, la senadora explicó que el objetivo de esta normativa es “actualizar las cuestiones procesales, penales y civiles, adaptándolas a esta situación de emergencia”. Además, destacó la importancia de estas investigaciones, ya que permiten aportar datos lo más objetivos y concretos posibles para construir una legislación que atienda esta problemática.

Luego fue el turno de De Charras quien expresó: “Hoy nos estamos preocupando por la integridad física de los trabajadores de prensa. Con lo cual, nuestro informe se inicia allí con un caso emblemático que es el de Pablo Grillo. Y luego lo que fuimos viendo es el incremento de la agresión verbal y la persecución judicial, algo que prácticamente habíamos abandonado en Argentina, que era que los funcionarios de gobierno iniciaran causas judiciales o criminalizaran el ejercicio de la voz pública al punto de solicitar censura lisa y llana a ciertas temáticas o ciertas personalidades”. Y explicó que este informe “es un trabajo de investigación que busca desde fuentes primarias y secundarias reflejar un proceso de agravio a la libertad de expresión, no solo en Buenos Aires, sino en todo el país con una vocación claramente federal”.

Continuó Gaudensi y describió la situación en la que se encuentran los trabajadores de prensa, quienes viven el hostigamiento, la precarización laboral y el pluriempleo como la nueva normalidad en su trabajo. En este sentido, reveló: “Nuestros salarios no alcanzan a cubrir la canasta básica, tenemos el 70% de los trabajadores que con un solo trabajo no la pueden cubrir y están por debajo de la línea de pobreza. Con esa situación se precariza también y se flexibilizan las condiciones de los trabajadores y trabajadoras de prensa”.

Más tarde, le siguieron las exposiciones de los periodistas Julia Mengolini, Ari Lijalad, Ángela Lerena y Zuliana Lainez (esta última integrante de la Federación Internacional de Periodistas) y el fotoperiodista y presidente de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA), Sebastián Vricella. También declararon Diego Morales, integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Jorge Sola, secretario general de la CGT y Larisa Kejval, directora de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA. Sus discursos sirvieron a la audiencia para reconstruir una frase que se hace carne en el gobierno nacional al momento de hablar sobre periodismo: “No odiamos lo suficiente a los periodistas”.

Kejval explicó que este documento sirve para dar cuenta de que no se tratan de casos aislados, sino de una política que se despliega desde el hostigamiento en redes hasta causas judiciales, esto último lo calificó como algo novedoso en los últimos años de democracia. Por último, le exigió a los senadores allí presentes que acompañen el pedido de visita de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Por su parte, tanto Mengolini como Lijalad recordaron que estos ataques hacia la prensa no son una novedad, sino que se vienen gestando desde hace tiempo con la particularidad de que ahora esos discursos los hace la ultraderecha y en espacios, como las plataformas digitales, en donde el debate público se encuentra regulado por unos pocos. Al mismo tiempo, Lijalad afirmó: “Es importante actualizar año a año este documento. Pero no sirve de nada simplemente tener un informe de cómo se ataca la libertad de expresión, si no se trabaja para mejorarla”. E instó a que estos debates se trasladen al plano político.

“Defender la libertad de expresión en la Argentina actual no es una causa sectorial ni restringida a los trabajadores y trabajadoras de la comunicación: constituye una condición indispensable para la vigencia misma de la democracia”, concluye el informe.

«La desigualdad social se paga con años de vida»

«La desigualdad social se paga con años de vida»

Dic 3, 2025 | Comunidad, Destacado 3

Según un estudio de CISUR, las personas que residen en los barrios populares mueren, en promedio, 11 años antes que el resto de la población. La brecha es aún mayor entre las mujeres y las condiciones habitacionales multiplican los factores de riesgo.

Barrio Padre Carlos Mugica. Foto: Archivo ANCCOM

Un reciente informe del Centro de Integración Socio Urbana (CISUR) arroja luz sobre la cruda realidad que enfrentan los habitantes de los barrios populares. “Entre los principales hallazgos destacan las diferencias en la edad de fallecimiento –explica el director de Suelo para Vivir y Producir de la organización, Rafael García Lazo–.Mientras que en la población general la edad promedio en la que mueren las personas es de 76,6 años, en los barrios populares desciende a los 65,6 años, una brecha de 11 años de vida”.

“La mayor brecha se da en las mujeres. Los varones en la población general fallecen en promedio a los 68,9 años, frente a 59,4 años en los barrios populares, una brecha de 9,5 años. En tanto, la edad promedio de fallecimiento en las mujeres es de 71,3 años en la población general, y de 62 años en los barrios populares, una diferencia de 12,3 años”, agrega García Lazo.

CISUR es un espacio que se dedica al estudio y diseño de políticas públicas vinculadas a las ciudades, pensadas desde una perspectiva igualitaria. En este sentido, el informe “Mortalidad en barrios populares” aportadatos duros y cuantificables relativos al contexto social de sus habitantes, sometidos a dificultades extremas y sin posibilidades de mejora.

“Las verdaderas causas (de la brecha de vida) no se pueden saber con precisión, pero existen hipótesis –prosigue García Lazo–.Por ejemplo, el desgaste de las personas al momento de jubilarse, muchas deben seguir trabajando porque no les alcanza para vivir. También está el problema habitacional, otra posible causa: viviendas con demasiada humedad, basurales en las cercanías, la falta de acceso a la salud, beber agua contaminada, ya que no tienen acceso a red de agua potable. Los organismos nacionales no están interesados en los barrios populares. Desde el CISUR se envían estos estudios a la Secretaría de Integración Social de la Nación para impulsar y apoyar políticas públicas de integración sociourbana que mejoren las condiciones de vida y garanticenla igualdad de oportunidades para todos”.

Asentamiento en el barrio de Barracas. Foto: Archivo ANCCOM

Luis Porzio, director de Desarrollo e integración productiva de CISUR, señala que el estudio sobre la mortalidad “es un ejemplo de cómo se posicionan los barrios, con la esperanza de una vida más justa, descubriendo las desigualdades habitacionales para poder interpretar a la sociedad y sostener una política pública de integración urbana, que durante el gobierno de Alberto Fernández se llevó adelante, pero que con el actual muchas obras se han paralizado en todo el país”.

“Es algo nefasto que muchos barrios populares no tengan instalaciones de cloacas, que vivan en condiciones insalubres, habitando en casillas precarias, con humedad, inundaciones o aspirando toxinas de descampados llenos de basura, sin acceso a agua potable –enfatiza Porzio–. Es una vergüenza que hoy no haya obras públicas que reviertan la situación”.

“La solución consiste en que el Estado no haga la vista gorda y vuelva a implementar políticas sociourbanas en los barrios populares.El desafío consiste en prolongar los años de vida en estas poblaciones, que los años que vivan las personas lo hagan dignamente, con acceso a los servicios básicos, vivienda, trabajo, salud, educación, alimentos, que puedan comer las cuatro comidas diarias, que puedan elegir qué comer y así dejar de ir a comedores o merenderos.    La desigualdad social se paga con años de vida”, concluye Porzio, que puede dar testimonio en primera persona de lo que significa vivir en un barrio popular ya que él habita en uno en Mar del Plata.

En síntesis, la falta de acceso a servicios básicos, la exposición constante a factores de riesgo ambiental y la precariedad habitacional, sumado a las trayectoriassociales y laborales,generanun entorno de alta vulnerabilidad que deteriora la salud de los habitantes de los barrios populares. El estudio del CISURconstituye un llamado a la acción para enfrentar las desigualdades, impulsar la justicia social y devolver la esperanza –literalmente de vida– a las más de cinco millones de personas que habitan allí.

Las personas con discapacidad reclamaron que se cumpla con la Ley de Emergencia

Las personas con discapacidad reclamaron que se cumpla con la Ley de Emergencia

Dic 2, 2025 | Comunidad, Destacado 3

Realizaron un encuentro de productores de la economía social con trabajadores con desventaja, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El miércoles hay marcha.

En vísperas del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el viernes último se realizó un Encuentro Federal de emprendedores con discapacidad, y se reclamó la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad que sigue sin implementarse. Organizado por la Asociación Civil Acción Colectiva y bajo el lema “Un encuentro federal para fortalecer lazos y construir derechos” la reunión comenzó a las 10 de la mañana con una feria de economía social y juntó a productores de cooperativas de inclusión, emprendimientos de todo el país y actividades culturales, al aire libre, en el Parque Los Andes, del barrio porteño de Chacarita.

            Entre los presentes estaban los diputados nacionales Daniel Arroyo y Christian Castillo, presidente y miembro de la Comisión de Discapacidad de la Cámara Baja, respectivamente, quienes colaboraron para que el encuentro se realizara, y Elizabeth Calderón, exfuncionaria del Área de Discapacidad del Municipio de Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba.

            “Vinimos para encontrarnos, abrazarnos, conversar, compartir, tocar, cantar, bailar. Para rescatar algo de la alegría, que es tan difícil en estos tiempos y para seguir luchando, haciendo visible y sonora está situación en la que venimos peleando hace un montón de tiempo ¡Que la Ley de Emergencia en Discapacidad se implemente!”, expresa la murga La del Patio, compuesta por familias de la escuela Nuevo Día de Ramos Mejía. Cerca de las 11 su presentación atrajo la atención de los transeúntes: “Somos menos pero no somos menos”, concluyen.       Las personas con discapacidad no son minoría, aunque su existencia pública se vuelva inaccesible. Casi un centenar de personas con y sin discapacidad se reunieron a habitar el espacio público y conmemorar un día de lucha y visibilización. En vísperas del 3 de diciembre en el que, desde 1992, se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad; proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo de fomentar sociedades más inclusivas para el progreso social. 

“Insoportable”  

 La jornada continuó con una Mesa de Discapacidad y Políticas Públicas en la que participaron funcionarios y activistas en la temática. Calderón es cordobesa y describió las problemáticas que atraviesan las personas con discapacidad en el Valle de Calamuchita, por ser una zona montañosa: “Muchos abandonan la escuela porque no tienen accesibilidad física, no hay transporte”. Calderón explica que casi no hay transportistas porque no es rentable debido a que la circulación en el monte arruina los automotores y esto se agrava con la crisis: “Muchas veces queda invisibilizada la lucha de los transportistas que son clave en la accesibilidad”. Pensando en las problemáticas no deja de hacer foco en los desafíos que enfrenta el Valle y que vislumbró durante su gestión: “Con el modelo social de discapacidad se abre una línea de intervención de desarrollo humano con la que se busca realizar promoción laboral, todo eso ocurre en una línea de subsidios y no en una línea de políticas estructurales. Entonces seguimos poniendo curitas a una problemática que es mucho más compleja. Vas al ministerio, presentas un proyecto, te dan diez millones de pesos pero ¿Cómo se le paga a los trabajadores? ¿Qué sistemas tenemos para regularizar el trabajo y hacer un reconocimiento real?”. Calderón viene de trabajar en la conformación de equipos técnicos para la producción de políticas estructurales en los ámbitos de discapacidad y adultos mayores y sostiene la importancia de elaborar estas políticas que dan soluciones permanentes, en contraposición a programas que pueden modificarse con los cambios de gestión.

 Marisol Zerra Paso es licenciada en terapia ocupacional y participa de la Asociación Civil Acción Colectiva: “Nuestro mayor proyecto es la tienda social “Lo de franco” que está hace 3 años. La tienda social nace de la filosofía italiana de las cooperativas sociales donde hay un porcentaje de sus trabajadores que pertenecen al área de las desventajas”, explica. No solamente trabajan con personas con discapacidad: “también son personas con otros tipos de problemáticas: salud mental, violencia de género, migraciones, hay un abanico en relación a la desventaja”, explica. El encuentro Federal reunió estos trabajos. “Nuestro mayor proyecto tiene que ver con la comercialización de productos de diferentes emprendedores, cooperativas, fundaciones que vienen de está área, entonces estos productos tienen ese valor agregado que cuentan con la historia de los emprendedores y con los procesos de producción llevados a la oportunidad del trabajo. Nuestro mayor objetivo en la asociación es la inclusión laboral de personas en situación de desventaja”, concluye.

 Al igual que Elizabeth Calderón, Marisol ve en la inclusión laboral una problemática similar, el problema no está en el proceso de producción sino en las redes de comercialización. Ambas aspiran a un mercado formal inclusivo. Desde la asociación brindan estos apoyos y reúnen estos emprendimientos para que puedan competir en igualdad con marcas igual de importantes. Su local se encuentra en el barrio de Villa Crespo, en Juan B. Justo 824.

            La jornada se dio en el marco de un programa de sensibilización, difusión y concientización de la misma asociación. Zerra Paso comenta que es el evento más grande realizado y fue en articulación con la Comisión de Discapacidad de la Cámara de diputados que le brindó la posibilidad de costear parte de los pasajes de la cooperativa de Chubut “Hilando Caminos” para que pudieran ser protagonistas y mostrar su trabajo.

             Por su parte el diputado Christian Castillo, del PTS – Frente de Izquierda, dice en diálogo con ANCCOM: “Vamos a seguir reclamando que se aplique la ley, esto es lo primero, va a haber un debate seguramente ahora cuando sea el presupuesto. Desde nuestra parte hemos estado acompañando todas las movilizaciones, todos los reclamos, todas las votaciones y lo que está haciendo el gobierno es inconstitucional”.  Y agrega “la justicia no está acompañando como debería el reclamo de todas las familias con discapacidad”. Afirma que hay que seguir acompañando este tipo de actividades y “a quienes todos los días están peleando por incluir personas con discapacidad y que la vienen luchando muchísimo. Creo que una cosa está ligada a la otra y parte de esto es la autoorganización que tuvo el colectivo con discapacidad que fue muy importante para lograr la aprobación de la ley, derrotar el veto. Y que ahora sigue en la calle ante esta negativa increíble del gobierno”.

             Con respecto a la actividad Agustina Abadia que es terapista ocupacional del Hospital Moyano, con formación en arte destaca la importancia de construir espacios comunitarios: “Participar y estar atentos a que no sean solo espacios cerrados, no solo espacios de discapacidad o de la salud, participar de acciones comunitarias, hay ghettos, pero en la calle tenemos que estar todos juntos”. Paula Bregú, su compañera en el proyecto de museos como espacios productores de salud y también terapista ocupacional agrega: “Yo pensaba como ciudadanos, ciudadanas de esa micropolítica, promover estos espacios, participar, es fundamental, porque alojan. Somos comunidad, construimos esto”.

             El encuentro concluyó con una mesa de disertación en primera persona de experiencias de trabajadores con discapacidad y en desventaja. Leandro Gras compartió su experiencia con ANCCOM: “Trabajo en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación hace 11 años, sirvo café a los diputados, me hice amigos, soy delegado de un gremio que es parte del sindicato APL (Asociación de Personal Legislativo)”. Cuenta que ingresó a trabajar antes del cupo por discapacidad pero que con la ley la incorporación de personas con discapacidad al Congreso lo hizo feliz: “Quiero que se rompa la exclusión laboral, mi corazón dice eso”.

            Gras cuenta que también es jugador del equipo de Fútbol Inclusivo de Boca, con quienes se acercó al encuentro, y parte de “Los Únicos” un grupo de folklore para personas con discapacidad de Villa Celina. Hace de lo personal algo colectivo y quiere que esos derechos alcancen a todas las personas con discapacidad. Por eso convoca a movilizar el próximo miércoles: “El 3 de diciembre quiero que ustedes vayan al Congreso a apoyar, no a este gobierno sino a nuestro sindicato, para mostrar que podemos luchar, que podemos ser felices, que podemos todos juntos ser como una familia. Hay que movilizar”.