Las querellas exigen imputar con más cargos a los acusados
Ya en la etapa de definiciones del juicio oral que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Mansión Seré y el circuito RIBA, los abogados de las víctimas pidieron que se consideren los delitos cometidos contra las infancias y los adultos que presenciaron los secuestros.
La jornada 34° del juicio Mansión Seré IV y RIBA II estuvo dedicada a la exposición de las querellas, quienes formalizaron su apoyo y ampliaron la solicitud de cargos presentada previamente por el Ministerio Público Fiscal. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Martín N° 5, presidido por la jueza María Claudia Morgese Martín, junto a la jueza Silvina Mayorga y el juez Walter Benditti; escuchó los argumentos que buscan incorporar decenas de nuevos casos vinculados a crímenes sexuales y afectaciones directas a las infancias.
Durante la audiencia anterior, el fiscal general Félix Crous y la fiscal auxiliar Nuria Piñol solicitaron formalmente la ampliación de la acusación. La petición se basó en la recopilación de información surgida a lo largo de las 32 audiencias anteriores, argumentando que si bien los hechos no eran “estrictamente novedosos, sí lo son para el debate” ya que no habían sido tipificados de manera autónoma en la elevación a juicio. La fiscalía, amparándose en el Artículo 381 del Código Procesal Penal de la Nación, buscó incorporar múltiples cargos a los represores Ernesto Rafael Lynch, Juan Carlos Herrera y Julio César Leston; centrando la acusación alrededor de delitos sexuales y crímenes conexos contra menores de edad y familiares de víctimas.
Las infancias también fueron víctimas
La primera querella en tomar la palabra durante la última audiencia fue la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, representada por los abogados Rodrigo Cano y Camila Gerini. Cano comenzó adhiriendo en su totalidad a los postulados planteados por el Ministerio Público Fiscal y luego presentó la ampliación de la acusación por parte de la Subsecretaría, poniendo el foco en la necesidad de reconocer como víctimas a todas las personas que estuvieron presentes en los violentos operativos de secuestro, incluidos niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. Desde el organismo propusieron “reconocer a todas las víctimas, incluyendo a todos aquellos que estuvieron presentes en los operativos, debiendo permanecer allí no por decisión propia sino por decisión de quienes, con el uso de la fuerza, violencia y amenazas en manos del Estado, así lo decidieron”.
Cano enfatizó: “No estamos ante hechos comunes. Lo que se está juzgando son hechos que formaron parte del delito más grave de todos, un genocidio”. Y recordó el compromiso estatal de no mirar para otro lado ante los testimonios producidos en el debate, que demuestran que las víctimas no se limitan a las 130 ya consideradas. La querella argumentó que la irrupción violenta en los domicilios y las amenazas por parte de las fuerzas armadas, formaban parte de un esquema sistemático donde, quienes se encontraban allí, se convertían en un “blanco a neutralizar”.
Para sostener la imputación de la responsabilidad, la Subsecretaría recurrió a la figura de la autoría mediata en el marco de un aparato organizado de poder. Esta figura legal permite responsabilizar a quienes ejercen dominio sobre el resultado del delito a través de una organización jerárquica, donde los ejecutores materiales (los grupos de tareas) son intercambiables. En ese marco, detallaron 28 casos en donde se solicita la ampliación de la imputación por privación ilegal de la libertad agravada y tormentos agravados, en su mayoría a niños, niñas y adolescentes.
Al ser detalladas las atribuciones a cada uno de los represores, Juan José Zyska movía la cabeza negativamente con cara de incredulidad, mientras que Ernesto Rafael Lynch miraba de a ratos hacia el costado, desentendiéndose del tema.
Torturas intrauterinas
Posteriormente, la querella de la Asociación Civil Moreno por la Memoria manifestó su adhesión a los pedidos de la fiscalía y de la Subsecretaría. Sin embargo, su intervención se enfocó en un caso particular de profundo impacto jurídico: la imputación por torturas a Mario Valerio Agustín Bellene, quien fue víctima en edad gestacional.
Bellene es el hijo de María Margarita Miguens, quien estaba embarazada de cinco meses cuando fue secuestrada y torturada. La querella sostuvo que la información surgida en el debate demuestra que los crímenes no solo afectaron a los detenidos, sino que tuvieron la intención directa de dañar a su descendencia. Desde Moreno por la Memoria recordaron el testimonio de Miguens: “Comencé a sentirme mal, me descompuse y ahí me apuntaron al estómago y me dijeron que lo primero que iban a hacer era matarme al bastardo y luego me iban a matar a mí”.
Daira Gajdysz, abogada de la querella, planteó un interrogante que se ha trabajado durante años para visibilizar a las infancias como víctimas de Estado: “¿A partir de qué momento se puede comenzar a torturar a un niño?”. Argumentó que, basándose en la legislación argentina y los estándares internacionales, la vida humana existe desde la concepción. Toda violencia ejercida contra una mujer embarazada, como los tormentos y la omisión de asistencia médica, implica también una violencia ejercida contra el nasciturus (el ser humano concebido pero aún no nacido), afectando bienes jurídicos autónomos: la vida, la integridad física y la identidad del niño concebido. Por todo ello, Moreno por la Memoria solicitó la ampliación de la imputación contra Lynch en calidad de coautor por los hechos de aplicación de tormentos a Bellene en edad gestacional.
Una vez finalizadas ambas exposiciones, la audiencia 34° finalizó luego de que los abogados que representan a Lynch, Zyska, Leston y Herrera, confirmaron que responderán a las ampliaciones de la acusación en la próxima jornada que tendrá lugar el 11 de noviembre.
