Los jubilados le hicieron «ooole» a la policía

Los jubilados le hicieron «ooole» a la policía

Como todos los miércoles, marcharon reclamando aumento de haberes y restitución de medicamentos gratuitos. Pero esta vez se movilizaron a Plaza de Mayo y dejaron en ridículo al megaoperativo de seguridad en el Congreso. Solidaridad con Cristina Kirchner.

A cualquier desprevenido que haya pasado la tarde del miércoles por las inmediaciones del Congreso le habrá llamado la atención el fuerte operativo de seguridad: vallas, patrulleros y efectivos bloqueando la Avenida Callao desde Corrientes hasta Belgrano y calles paralelas. Podría pensarse que se trataba de una manifestación masiva, algo que quizá justificara semejante despliegue. Pero el que decidiera continuar a pie, zigzagueando entre calles cortadas hasta llegar finalmente a la Plaza de los Dos Congresos, se toparía con una escena bastante distinta: no había nadie. El caos de tránsito en pleno microcentro porteño no respondía a una protesta multitudinaria, sino a una decisión policial que, en los hechos, cercó una plaza que estuvo vacía durante gran parte del día.

“Ahora los piqueteros son ellos, la yuta” bromea Manuel Gutiérrez, representante de la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados, mientras se acomoda con sus compañeras sobre Plaza de Mayo. Esta tarde, los jubilados decidieron cambiar su itinerario para acompañar al personal médico del Hospital Garrahan que, después de un “abrazo simbólico” al hospital, marcharon desde el Obelisco hasta Casa Rosada. Minutos antes de las 16, y luego de haber realizado el tradicional acto con radio abierta de todos los miércoles, los jubilados formaron una columna para caminar por Avenida de Mayo hasta llegar a Casa de Gobierno, donde los esperaban, además de los trabajadores de salud, múltiples movimientos y sindicatos que decidieron unificar sus reclamos para que sus voces alcancen mayor potencia, sumado a decenas de ciudadanos que se acercaron a manifestar en repudio de la decisión de la Corte Suprema de mantener firme la condena a la exvicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, lo que generó que la mitad de la plaza se colmara de manera espontánea.

Sin embargo, el viaje de los jubilados por Plaza de Mayo no estuvo exento de la habitual violencia policial. “Los compañeros venían desplazándose bien, rápidamente, ágilmente, digamos, en la medida de lo posible con los años que cargamos en la espalda. Y bueno, de golpe vinieron a empujar. Empujando a personas de 70, 80 años, con lo que implica eso”. Cuenta Manuel, sin abandonar el humor que lo caracteriza, como lo confirman sus compañeras. Según pudo confirmar ANCCOM con la Defensoría del Pueblo, el accionar de las fuerzas de seguridad tuvo como saldo la fractura de la pierna de una joven que acompañaba a los manifestantes cuando los efectivos de la Policía de la Ciudad comenzaron a empujarlos. “Luego de eso, se formó un cordón policial de esquina a esquina en la Calle Santiago del Estero que impedía que la manifestación siga avanzando. Se produjeron muchas situaciones de tensión entre los militantes y la Policía porteña. Finalmente terminaron avanzando por la Avenida de Mayo y la policía por la vereda”, confirmó la mujer, quien prefirió no revelar su identidad.

El 4 de junio, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto que propone un aumento excepcional del 7,2 % en los haberes jubilatorios y eleva el bono extraordinario de $70.000 a $110.000, con actualización mensual ligada al índice de movilidad. Además, restituye la moratoria previsional para quienes no completaron 30 años de aportes. Ahora el proyecto aguarda su tratamiento en el Senado, aunque el Gobierno ya adelantó que lo vetará si se aprueba, argumentando su impacto sobre el equilibrio fiscal. “Es la continuidad de la política cruel de Milei, que se ha ensañado con los jubilados y nos lo hace sentir cada semana. El corazón de su programa económico es mantener el equilibrio fiscal a costa de los jubilados y trabajadores”, denunció Manuel Gutiérrez.

Frente al Cabildo, un camión con altoparlantes dispuesto por los empleados del Hospital Garrahan disparaba diversas consignas como un “RCP colectivo al Garrahan” o coreografías y cantitos contra el Presidente de la Nación, Javier Milei y su Ministro de Salud, Mario Lugones. “Hace dos semanas que iniciamos el reclamo y, de parte del gobierno, no nos dieron respuestas. Hoy tuvimos una reunión y ellos no se presentaron. La primera vez que fueron hicieron como que no sabían por qué estábamos reclamando, cuando todo el país lo sabía. Así que mañana nos reuniremos nuevamente todos los trabajadores del hospital para ver cómo continuamos con la lucha. Cualquier decisión la comunicaremos de manera inmediata”, cuenta Romina Cabrera, especialista en Pediatría e integrante del Área de Neonatología del hospital, además de contar con una diplomatura en Traslado Neonatal. A día de hoy, un médico pediatra del Garrahan cobra menos de $800.000 mensuales, muy por debajo de los $1.110.063 que necesita una familia tipo para no ser considerada pobre en Argentina según datos del INDEC relevados en abril del 2025.

Dentro de la pluralidad de voces que se escucharon esta tarde, se encuentra la de Juan José Luis, un trabajador eléctrico despedido de la empresa Industrias Juan F. Secco, una multinacional dedicada a la generación de energía y servicios asociados en toda América Latina. Junto a otros 36 compañeros —también cesanteados— formaba parte de un equipo especializado en energía móvil, conocido popularmente como “los bomberos de la luz”, por su rol clave en situaciones de emergencia eléctrica. Organizados en una agrupación de base que integra la Fetera (Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina), denuncian despidos direccionados como represalia por su activismo sindical y por defender la calidad del servicio que prestaban. Exigen la reincorporación y advierten que el desmantelamiento del área impacta directamente en el acceso a la energía en zonas críticas del país. “Somos los que llegábamos cuando se reventaba un transformador, cuando había una inundación o un incendio. Reconectábamos la energía y devolvíamos el servicio al pueblo o a una fábrica. Hoy ese servicio se está desmantelando, la gente sigue pagando tarifas más caras, pero ya no estamos nosotros ni el servicio que dábamos”, relata Juan José.

Un festival que resiste

Un festival que resiste

Con proyecciones gratuitas y diversidad de voces, vuelve el Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos, una herramienta para pensar el presente y transformar la realidad. Estrenos exclusivos y más de 50 películas para ver.

Identidad, la ópera prima de Florencia Santucho.

Bajo el lema “Abriendo fronteras”, comienza una nueva edición del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos (FICDH). El encuentro, que se llevará a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el 11 y el 18 de junio, vuelve a posicionarse como una plataforma para la exhibición de filmes con perspectiva crítica y compromiso social. “No sólo proyectamos películas, también proponemos actividades atravesadas por otras artes, el activismo y la academia”, sostiene Maximiliano Rottjer, productor ejecutivo del evento.

Organizado en secciones temáticas como Miradas de Género, Pueblos Originarios, Migrantes, Infancia y Juventud, Panorama y Salud, el festival incluye cortos, medios y largometrajes de ficción, documental y experimental. Las sedes elegidas para la 21° edición son el Centro Cultural San Martín, la Alianza Francesa de Buenos Aires, FADU-UBA (Ciudad Universitaria) y el Teatro Empire. Además de las proyecciones en salas tradicionales, habrá funciones especiales en espacios emblemáticos de la Ciudad como el Centro Cultural 25 de Mayo, el Cine Gaumont -en el marco de Cine Club Núcleo-, la Fundación Rosa Luxemburgo y el Museo de los Inmigrantes (MUNTREF).

Creado en 1997 por el Instituto Multimedia de Derechos Humanos (IMD), el proyecto cultural apuesta por un cine que funcione como un vehículo para la reflexión colectiva y la construcción de futuros posibles. En esta edición, el foco estará puesto en las fronteras materiales y simbólicas que nos atraviesan como humanidad, más allá de los límites geográficos. “Hoy el concepto de frontera no solo tiene que ver con la migración, también puede pensarse desde los cuerpos, el color de piel o el género”, afirma Rottjer.

Programación comprometida

La película elegida para inaugurar el festival es No Other Land, un retrato íntimo y poético sobre los desplazamientos forzados en Cisjordania. Codirigida por Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham y Rachel Szor, la obra fue distinguida como Mejor Documental en los últimos Premios Oscar y surgió de una coproducción entre Palestina y Noruega. “Tenerla en la apertura no es poca cosa: implica una gran negociación, el pago de derechos y, sobre todo, una decisión clara sobre qué tipo de cine creemos que hoy puede atraer al público a las salas”, señala Rottjer.

La programación, compuesta por 56 títulos, es el resultado de una curaduría rigurosa realizada por un equipo de más de 15 personas. El proceso de selección partió de más de mil postulaciones internacionales y dio como resultado una muestra representativa de 37 países, con obras que promueven la pluriculturalidad y el respeto por la diversidad. “El contenido que proponemos es muy enriquecedor porque permite conocer la visión que tienen del mundo en distintos lugares”, asegura el productor.

Una de las novedades que reafirma el compromiso del festival con la equidad de género y la diversidad en el cine, es que la mitad de las obras seleccionadas están dirigidas por mujeres. “Creemos que, para que las cosas cambien, tenemos que hacerlas nosotros y no esperar a los demás”, sostiene. Entre estas producciones se destacan Una casa, un documental de Agustina Moras que reconstruye el paso de cuatro mujeres en un centro clandestino de detención durante la última dictadura militar; y La Cárcova, de Ludmila López Pérez, una pieza que muestra cómo una biblioteca popular de José León Suárez se convierte en un pilar de identidad y cultura.

También sobresale el estreno del documental Identidad, la ópera prima de Florencia Santucho, que narra la historia de su hermano Daniel, quien fue apropiado y pudo reconstruir su historia gracias al trabajo incansable de las Abuelas de Plaza de Mayo. La pieza, que cuenta con la codirección del corresponsal de guerra Rodrigo Vázquez Salessi, no sólo explora la búsqueda del nieto 133 sino también el entramado de adopciones ilegales y el plan sistemático de desaparición de personas llevado adelante en Argentina entre 1976 y 1983. La proyección será el domingo 15 a las 20 en el Centro Cultural San Martín.

Una casa, un documental de Agustina Moras.

Actividades especiales

Con el objetivo de fomentar el intercambio y la reflexión colectiva, cada proyección contará con la participación de directores y referentes vinculados a las distintas temáticas. “Poder hablar con quien hizo la película es el otro lugar tan enriquecedor que ofrece este festival, eso no pasa en Cinépolis o en el cine comercial”, destaca el productor. Al igual que en ediciones anteriores, el FICDH contará con invitados internacionales. En colaboración con la Embajada de España y el Centro Cultural de España en Buenos Aires, participará la activista Lucía Hellín Nistal; mientras que, junto al Instituto Italiano de Cultura, estará presente la cineasta italiana Claudia Brignone.

El festival además ofrecerá una serie de actividades paralelas que promueven la reflexión sobre los desafíos del presente desde una perspectiva de construcción común. Entre las propuestas se destaca Activar la memoria, proyectar lo común, un conversatorio que tendrá lugar tras la proyección de Trans Memoria (Suecia, 2024) y Nada menos que la igualdad, un corto documental realizado por Fundación Huésped. La propuesta invita a reconstruir colectivamente los procesos de organización y metodologías sociales de transformación en torno a los derechos de las identidades trans y las diversidades sexuales. “Hace ya un tiempo que en Argentina se percibe como una necesidad urgente visibilizar cómo se está violentando a la diversidad, y en particular al colectivo trans”, señala.

El FICDH contará con tres Competencias Oficiales: Largometrajes Internacionales, Corto y Mediometrajes Internacionales, y Documentales Latinoamericanos. También, se hará entrega del Premio RAFMA «Edgardo ‘Pipo’ Bechara el Khoury» (Red Argentina de Festivales y Muestras Audiovisuales), y una mención elegida por el voto del público.

 Celebración colectiva

Sostener un festival de esta magnitud en el contexto actual no es fácil. Con la falta de convocatorias nacionales, dificultades en la financiación y aumentos de los costos, los organizadores se enfrentaron a un escenario complejo. “En esta edición la creatividad en la búsqueda de fondos fue clave, ya que tuvimos que buscar empresas que nos patrocinen, algo que en otro momento no era necesario”, explica Rottjer.

Sin embargo, una de las decisiones más firmes del equipo fue mantener la gratuidad de todas las funciones, con excepción de dos proyecciones en el Cine Empire, cuyas entradas tienen un valor simbólico de $3000 para poder apoyarlo tras haber estado cerrado por mucho tiempo. En ese esfuerzo por pagar para ver una película, los espectadores también contribuyen al sostenimiento de un teatro histórico del circuito alternativo. “Estar presentes en estos espacios es un acto político, de resistencia y de transformación”, asegura.

Durante ocho días, el público podrá acceder a una programación diversa que trasciende lo cinematográfico y se proyecta como una plataforma de diálogo, pensamiento crítico y acción colectiva. “Buscamos que el público vuelva a enamorarse de un cine que tiene otros lenguajes y un fuerte compromiso social”, concluye.

La programación completa del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos se puede ver en: www.ficdh.imd.org.ar

 

Una criatura como presidente

Una criatura como presidente

En el Día del Periodista, ANCCOM entrevistó a dos jóvenes acreditadas en la Casa Rosada para que cuenten cómo ven el gobierno desde el centro del poder. Maia Jastreblansky, de La Nación y Cenital, y Melisa Molina, de Página/12 y la 750 -ambas formadas en la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA-, hablan también del pluriempleo y los ataques a la prensa.

«Basta de ataques a la prensa»

«Basta de ataques a la prensa»

Cronistas y reporteros gráficos se reunieron en Plaza de Mayo para reclamar contra la violencia gubernamental y su in crescendo represivo en las manifestaciones públicas. Organizado por ARGRA y SiPreBA, el acto concluyó con la pegatina en las vallas de la Casa Rosada de grandes fotografías que registran el ensañamiento de las fuerzas de seguridad.

“La tarea periodística tiene un rol fundamental, específicamente en Argentina donde prosperan las fakes news y la desinformación, y donde es tan importante contar con medios de comunicación plurales para que la sociedad pueda elegir dónde informarse y poder chequear la mala información que busca tapar todas las medidas económicas que están implementando”, sostuvo Martina Noailles, secretaria de Medios Autogestivos del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) este mediodía, frente a la Casa Rosada. Junto a la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA), estas entidades convocaron a una foto colectiva por el Día del Periodista, que se conmemora cada año el 7 de junio. “Basta de ataques a la prensa”, fue la consigna.

“Esta propuesta surgió la semana pasada cuando hicimos una asamblea después de la detención de dos fotógrafos: Tomás Cuesta, que fue liberado, y Javier Iglesias, quien pasó toda la noche detenido injustamente”, comentó al respecto Noailles. Y continuó: “Surgió la idea de hacerlo en frente de la Casa Rosada porque los ataques vienen del Poder Ejecutivo de distintas maneras. Desde los ataques directos del Presidente hostigando a los compañeros hasta la represión con la que venimos siendo blanco desde que asumió este gobierno”.

“El periodismo es un ejercicio de libertad. La práctica periodística te permite conocer otras realidades que son ajenas a las tuyas, te permite dar voz a quien no la tiene, te permite discutir con otros”, afirmó Belén del Huerto, del Grito del Sur. Decenas de trabajadores de prensa, siguiendo el código de vestimenta negro, se reunieron a las 12.30 en Plaza de Mayo para tomarse la foto en conjunto. Al mismo tiempo, elevaron diferentes carteles y fotografías que mostraban la brutal represión que están sufriendo las y los trabajadores de prensa y a fin de reclamar en contra del ajuste, la desinformación, el doxeo, la violencia, la persecución y el silenciamiento que está sufriendo este colectivo, entre otros reclamos. “Primero, reprimen a quienes se quieran manifestar y, segundo, si a nosotros nos reprimen no vamos a poder mostrar, no vamos a poder informar correctamente y eso afecta al derecho a la información”, añadió Noailles. Y finalizó: “Las fuerzas de seguridad disparan directamente a quienes estamos registrando esas protestas con el objetivo de que no se visibilicen. Su búsqueda es menos libertad de expresión, menos democracia. Por eso tenemos que defendernos entre todos y todas”.

Al frente de la columna de periodistas y al lado de una figura de cartón de Pablo Grillo, se encontraba Fabián Grillo, padre del fotógrafo gravemente herido durante una represión policial en la marcha de los jubilados el pasado 12 de marzo. “Esa violencia que empezó siendo verbal desde la campaña se manifiesta ahora en los hechos. Y si siguen estos tipos van por más, pueden haber otros pablos”, expresó el padre del fotoperiodista en diálogo con ANCCOM. Luego de 84 días, ayer Pablo Grillo fue dado de alta en terapia intensiva. “Ahora él depende de los profesionales que lo hacen trabajar, de él mismo y de nosotros que lo apoyamos por atrás. Está cansado porque viene de tres meses de terapia, pero está encarando esto”, anunció su padre al respecto.

Grillo también manifestó la urgencia de que las protestas se den de forma conjunta. “Hay miles de luchas, pequeñas, medianas, grandes. Todas esas tienen que empezar a confluir. En la calle es el momento de unificar y buscar la forma de lucha. Es lo que pasó siempre en nuestra historia”, sentenció. Al mismo tiempo, pidió que las instituciones se pongan a la altura de situación y que desde ellas hagan converger los reclamos: “Las instituciones deberían ser las encargadas de hacer confluir esas luchas. Por ahora no parece que nos estén representando del todo como trabajadores. Me parece que no están a la altura de la gente, tal vez esté equivocado”.

Esta búsqueda por la unidad en la calle es un pedido recurrente entre las y los periodistas y trabajadores de prensa. “Este año, todas las organizaciones hablamos. Cada una tiene su movida pero también todos participamos en las de los demás. Esta bueno juntarse, hay que hacerlo”, afirmó Claudia Regina Martínez, periodista del Diario AR y delegada de SiPreBA. “Creo que hay que dejar el pesimismo para tiempos mejores, o como dijo Lucrecia Martel el otro día: ‘Hay que inventarnos un futuro que nos guste ya’”, recitó Martínez.

Finalizado el retrato grupal, los carteles y fotografías elevadas durante el acto fueron pegados por los presentes en las vallas que se encontraban en frente de Casa Rosada, armando una especie de mural que da cuenta y deja constancia de todos los ataques de los cuales las y los trabajadores de prensa están siendo foco. “Hoy más que nunca no hay que quedarse de brazos cruzados y hay que seguir mostrando lo que suceda, por más que cueste la realidad, por más que sean imágenes fuertes. Es horroroso, pero está sucediendo hoy acá en Argentina”, aseguró Juan Manuel Foglia, trabajador por casi 30 años del diario Clarín y ahora colaborador de la Agencia de Noticias Argentinas.

A su vez, el fotoperiodista aludió a las modificaciones que tuvo que implementar al momento de realizar su labor periodística. “La forma de trabajar cambió absolutamente. Yo al comienzo solamente llevaba el equipo y la credencial, pero después de la Ley Bases adopté una máscara anti gas porque si no es imposible para cualquiera poder estar”, se explayó Foglia al respecto.

“Hoy nos juntamos acá para dar un mensaje fuerte de que los trabajadores que estamos detrás de las cámaras y de los micrófonos estamos recibiendo también este amedrentamiento del gobierno y es necesario parar porque vienen por la libertad de expresión”, proclamó Belén del Huerto. En referencia al reciente desalojamiento de la redacción del Grito del Sur del Espacio para la Memoria Virrey Ceballos y el vaciamiento de este lugar, la periodista concluyó: “Sufrimos un ataque, pero entendemos que, si ellos son el enemigo, estamos bien. Nosotros representamos todos los valores en contra de este gobierno. Nuestro único delito es poner la voz en las personas que están sufriendo el ajuste de Milei”.

 

«Por más que se promuevan discursos de odio desde el Estado, hay un movimiento feminista muy organizado»

«Por más que se promuevan discursos de odio desde el Estado, hay un movimiento feminista muy organizado»

A diez años del primer Niunamenos, la activista Luci Cavallero habla de los logros de los feminismos desde entonces. El impacto de la deuda externa y de la crisis económica en la participación política de las mujeres.

La primera concentración en el Congreso con la consigna Ni una Menos en 2015. 

La mañana del 3 de junio de 2015 nadie sabía que ese día marcaría un antes y un después en la lucha contra la violencia de género en Argentina. Bajo la consigna “NiUnaMenos”, una masiva movilización copó las calles del país en respuesta al femicidio de Chiara Páez, una adolescente de 14 años asesinada por su pareja en Santa Fe. Lo que comenzó siendo una tímida, pero poderosa, iniciativa social, rápidamente se convirtió en un grito colectivo contra todas las formas de violencia machista, que se escucharía en todo el mundo.

El lema fue tomado del poema de Susana Chávez, activista mexicana asesinada en 2011. Se volvió símbolo de resistencia y de exigencia urgente al Estado por políticas efectivas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género.

El femicidio de Chiara, ocurrido en mayo de 2015, no fue un caso aislado. En los primeros cinco meses de ese año, más de 130 mujeres habían sido asesinadas por razones de género en Argentina. Pero fue su historia —una adolescente embarazada, golpeada y enterrada en el patio de la casa de su pareja— la que funcionó como catalizador de una bronca acumulada. La periodista Marcela Ojeda, con su tweet:“Actrices, políticas, artistas, empresarias, referentes sociales… todas, todas gritemos”, encendió la mecha. En pocos días, la convocatoria al “3J” se volvió viral. E imparable.

Desde aquel 2015, Ni Una Menos se transformó en una plataforma de articulación de luchas feministas en la que no sólo se denuncian los femicidios y las violencias extremas, sino también las violencias estructurales: la feminización de la pobreza, la desigualdad en el trabajo, la precarización laboral, el racismo, el cis-sexismo y el extractivismo. Con el paso del tiempo, lejos de ser sólo una marcha, se consolidó como un movimiento social, cultural y político transversal, impulsado principalmente por periodistas, activistas, artistas y organizaciones feministas.

De la misma manera lo ve Luci Cavallero, socióloga e investigadora de la Universidad de Buenos Aires, también magister en Estudios Interdisciplinarios de la Subjetividad (UBA) y docente en la Maestría de Géneros en la Universidad Nacional Tres de Febrero.

“El 3 de junio de 2015 activó un ciclo de luchas muy importante en nuestro país, que cambió la sensibilidad de nuestro pueblo, los fundamentos de tolerancia hacia las violencias, y significó la proliferación de colectivas feministas en todo el país, de espacios de género en las universidades, en las escuelas, en los sindicatos”, cuenta Cavallero. “Creo que hay muchos saldos en términos organizativos, en términos de otra política, de otra sensibilidad en relación a las violencias en la población.Los objetivos cumplidos no agotaron para nada todo lo que planteamos en las calles”.

Los trabajos de Cavallero abordan el vínculo entre deuda, capital ilegal y violencias. En 2019 publicó junto a Verónica Gago el libro Una lectura feminista de la deuda: vivas, libres y desendeudadas nos queremos, obra que impulsa, desde el feminismo, un movimiento de politización y radicalización del problema financiero que le pone cuerpo y narración concreta a la abstracción financiera, asocia el problema de la deuda a la violencia contra los cuerpos feminizados y relaciona las formas de explotación laboral, tanto asalariadas como no asalariadas, con los dispositivos financieros. La activista considera que las huelgas feministas fueron el momento en el que la violencia económica y la desigualdad social, cruzada con la desigualdad de género, se pusieron más en agenda.

“Empezamos a hacer un trabajo muy fuerte con el protagonismo de las trabajadoras de la economía popular, de las sindicalistas, para poner en evidencia las brechas salariales, pero también el impacto de la deuda, que significó un corset para todas las demandas que estábamos proponiendo en términos de reconocimiento del trabajo comunitario, de ampliación de los servicios públicos de cuidado”. En esto, Cavallero es determinante: “Sigue habiendo un antagonismo muy concreto entre el pago de la deuda externa y la posibilidad de pagar el trabajo no remunerado, de mejorar los servicios de cuidado, de reconocer el trabajo comunitario. La oposición entre el movimiento feminista, los derechos de las mujeres, lesbianas, travestis y trans, y la deuda externa marca a fuego al movimiento feminista, y hoy se hace más evidente que nunca. Aunque, por más que se intente retroceder en las políticas públicas feministas, por más que se promuevan discursos de odio desde el propio Estado, hay todavía un movimiento muy organizado y muchas ganas de salir a la calle”.

Aquella primera movilización de 2015 logró reunir a más de 300.000 personas sólo en Buenos Aires, y se replicó en más de 80 ciudades de todo el país.Desde entonces, cada 3 de junio se realizan concentraciones y actividades en todo el país y en varios puntos de América Latina.

En estos diez años, el movimiento logró instalar la perspectiva de género en la agenda pública, educativa, legislativa y mediática. Entre los logros más destacados pueden mencionarse: la Ley Micaela (2018), que obliga a todo el personal del Estado a capacitarse en género y violencia contra las mujeres, la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (2019), aunque fue degradado recientemente por el gobierno nacional actual, y la legalización del aborto (2020), una conquista histórica que fue posible gracias a la articulación de décadas de activismo, con fuerte impulso de las redes feministas que Ni Una Menos ayudó a tejer.

Mucho se ha dicho de la “intensidad” del movimiento, acusándolo de haberse apagado, pero Cavallero no coincide: “Hubo mucha resistencia el año pasado, incluso se participó de los paros, de las marchas universitarias… Creo que el momento de mayor desmovilización fue la pandemia, y hoy el problema es que, cuando hay una crisis económica como la que estamos atravesando, las mujeres dejan de participar políticamente. Lo primero que hace el ajuste es sacar de la política a las mujeres que tienen más carga de trabajo y cuidado, que tienen que estar haciendo malabares para encontrar una vacante en una guardería, llevar a los chicos a jardines que quedan más lejos… cuando la situación es tan crítica, para lo último que te queda tiempo es para participar políticamente”. Más allá de ese gran obstáculo, reconoce que “la creación de los repertorios de protesta del campo popular, la preponderancia del arte, la creación de consignas, la forma de ocupar la calle con distintas actividades (desde la danza, la pintura, los carteles) pero también de tramarse políticamente en unidad, más allá de las internas y de las diferencias partidarias, son formas de hacer política que aportan mucho al campo popular”.

En lo que va de 2025 ya se registraron más de 90 femicidios en el país

A pesar de los avances, las cifras siguen siendo alarmantes. En lo que va de 2025 ya se registraron más de 90 femicidios en el país.Los recortes presupuestarios, la eliminación de programas específicos y la desarticulación de políticas públicas en materia de género durante el último año encendieron alertas que precisan atenderse de modo urgente.

Pancartas, letreros, pañuelos y fotos de las víctimas suelen ser algunos de los elementos presentes en cada movilización. En una marea que avanza hacia puntos estratégicos del país, siempre se destacan los abrazos, las charlas, los cánticos y las reflexiones por micrófono. Para muchas mujeres, lesbianas, travestis, trans y otras disidencias la experiencia de la marcha del 3J fue una revelación. Por primera vez, miles pudieron reconocerse como parte de un colectivo, ocupar el espacio público con libertad, llorar a las que faltan, luchar por las que están y exigir un presente más justo.

A una década del primer grito, Ni Una Menos sigue siendo faro en medio de tanta oscuridad. Un movimiento profundamente interseccional, horizontal, federal y autónomo, que sostiene, escucha, acompaña y transforma. Es la construcción colectiva de un espacio político real y decisivo, un tejido que abriga, que late, que insiste: siempre que haya una voz que necesite ser escuchada, habrá una fuerza que empuje el cambio, y éste será inevitable.

 

Quieren podar El Ceibo

Quieren podar El Ceibo

La cooperativa porteña de recicladores urbanos corre riesgo de desalojo y no tiene una propuesta de reubicación. Trescientas familias pueden perder su trabajo. Cómo la apertura de importaciones perjudicó a los cartoneros.

Desde la llegada de Javier Milei al gobierno nacional y de Jorge Macri al frente del gobierno porteño, las cooperativas de reciclaje enfrentan un escenario de creciente incertidumbre. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires operan doce cooperativas que, desde 2002, integran el Servicio Público de Higiene Urbana. Estas organizaciones no solo cumplen un rol ambiental clave, sino que también sostienen el empleo de miles de personas provenientes de sectores históricamente excluidos. Hoy, su continuidad está en jaque.

Una de las cooperativas más afectadas es El Ceibo, fundada en 1989 por Cristina Lescano y un grupo de mujeres que, por necesidad, comenzaron a recuperar materiales reciclables junto con los curas de Palermo. Su lema, “recuperar para recuperarnos”, sintetiza una historia de trabajo y organización. Actualmente cuenta con más de 300 integrantes y enfrenta una amenaza de desalojo por parte del Gobierno porteño, sin una propuesta clara de reubicación.

El Ceibo fue una de las primeras cooperativas en ingresar al sistema de reciclado de la Ciudad de Buenos Aires. Su planta está ubicada en un predio en Palermo, el propietario es el Belgrano Cargas pero hace más de 20 años que tienen un acuerdo para hacer su trabajo allí. “Nosotros prestamos un servicio al Gobierno. Ellos no deciden por nosotros, tenemos una cogestión”, explicó Ana María Sánchez, trabajadora de El Ceibo.

En la planta se procesan actualmente unas 430 toneladas mensuales de material reciclable, provenientes de los vecinos y generadores con los que la cooperativa ha tejido vínculos a lo largo de más de tres décadas. “La noticia nos tomó por sorpresa. Nos informaron cuando la decisión ya estaba tomada: Belgrano Cargas reclamó el sector para entregarlo a manos privadas y el Gobierno no se opuso”, denunció Sánchez. Ante esta situación, la organización recurrió a las redes sociales para difundir su reclamo y movilizar a la sociedad. El plazo de desalojo vence el 30 de junio y, de concretarse, dejaría en la calle a más de 300 familias.

A pesar del contexto adverso, la labor no se detuvo. “Seguimos trabajando más que nunca. Si paramos, hay 300 personas en la calle. Ese es el espíritu: acá se cumple horario, se hacen todas las tareas, vamos a buscar los materiales a universidades, empresas. Nos ganamos nuestros derechos, pero también tenemos obligaciones”, afirmó Sánchez.

“Somos una cooperativa insignia y vienen por nosotros. Creemos que esto puede ser un efecto dominó”, advirtió la trabajadora de El Ceibo. “Estamos esperando que nos convoquen a una nueva reunión. Por las elecciones no tuvimos respuesta”, explicó Sánchez sobre el estado actual de las negociaciones. Mientras tanto, la cooperativa busca alternativas y apoyo para preservar sus puestos de trabajo, ya que hasta el momento no existe una propuesta de reubicación concreta.

Pero el conflicto no se limita al desalojo: El Ceibo libra también una lucha constante contra la importación de materiales reciclables desde el extranjero. “No sabemos de dónde vienen ni en qué condiciones. Hace dos años logramos frenar su ingreso, pero ahora llegan toneladas”, advirtió Sánchez. Esta competencia desleal afecta directamente la economía del sector: los precios caen a la mitad, el trabajo es el mismo, pero la paga no alcanza. “Siempre tenemos que ponerle un freno. Nosotros no le tenemos miedo al gobierno”, sentenció.

El funcionamiento de las cooperativas está regulado por un pliego de licitación que establece las condiciones bajo las cuales prestan su servicio de reciclado urbano. Este documento, que debería renovarse cada cuatro años, define la zona de trabajo asignada, las obligaciones de los recicladores urbanos, los recursos que debe proveer el Estado y el monto de la contraprestación económica. “Si no cambia el pliego, no podemos dar aumentos a nuestros trabajadores. Pero el año pasado, el gobierno lo cajoneó”, denunció Sánchez. “Lo único que nos queda es esperar la reunión y, si no, reclamar y pelear por nuestros trabajos”,concluyó. Así nacieron los hashtags #NoAlCierreDelCeibo #NoAlCierre #SiAlTrabajo #ElCeiboRSU. 

Malestar general

La situación de El Ceibo no es un caso aislado. El Centro Verde de Barracas, el más grande de CABA, sigue sin funcionar tras un incendio y ni siquiera hay licitación para su reconstrucción. ANCCOM también habló con integrantes de la Cooperativa Reciclando Trabajo y Dignidad, ubicada en Villa Soldati, dedicada all tratamiento sustentable de residuos secos y electrónicos (RAEE).

“Fundamentalmente, está especializada en el reciclado de residuos electrónicos y nuestra labor es promover la reutilización de los equipos. Le damos una segunda vida a todos los materiales que rescatamos en la separación de la planta”, comentó Roberto Felicetti, representante legal de la cooperativa, quien además lleva adelante las tareas de la presidencia. En su planta recuperan materiales valiosos como plástico, cobre, aluminio y componentes electrónicos reutilizables, impulsando un ciclo de producción más limpio y eficiente.

El rol de las cooperativas no es solamente contribuir al cuidado del medio ambiente, sino que su labor fundamental es la inclusión social, es un espacio para la generación de puestos de trabajo. A su vez, para los trabajadores las cooperativas tienen que ser pensadas con una mirada productiva. “El movimiento surge a partir de un desarrollo de cooperativas de cartoneros con los materiales secos, pero existía una necesidad que no se cubría, que era la de los residuos electrónicos. Comenzamos a partir de las máquinas de oficina y así generamos nuestro trabajo”, agregó Felicetti. 

Las cooperativas trabajan en conjunto, y si no existieran, estos residuos serían arrojados junto con el resto de la basura. En el caso de los electrónicos muchos terminan en basurales informales, liberando sustancias tóxicas como plomo y mercurio que contaminan el suelo, el agua y el aire.  

Intervención y ahogo

Al igual que comentaba Sánchez, Felicetti planteó que “el Estado debería pagar a las cooperativas por el servicio que le brindan y que haya una política pública que ayude a ese trabajo a desarrollarse”. Desde noviembre del año pasado, el Gobierno de la ciudad les quitó el manejo de su trabajo, no pueden tampoco manejar sus recursos y viven con un reloj biométrico para el presentismo. Florencia Canchi, secretaria de la cooperativa, agregó que “ahora el Gobierno de la Ciudad está a cargo y a veces no se entregan los sueldos, tampoco los incentivos en tiempo y forma. Nosotros quedamos en el medio, pero no es nuestra labor”. 

A diferencia de las otras cooperativas, gracias al reciclado de electrónicos Reciclando Trabajo y Dignidad puede seguir funcionando a pesar de los intentos del Estado por reducirlas. Una gran parte de su labor se destina a trabajar con empresas privadas como YPF y Santander. Felicetti observó que “hoy el Gobierno de la Ciudad desactiva todas las cooperativas, ya que el Gobierno nacional quiere dejar la vía libre a los negocios del gran empresariado. Nosotros podríamos cubrir muchas actividades si se tuviera una mirada productiva”. Esto se refleja en decisiones recientes como la liberalización de importaciones de materiales como el papel y el plástico, que afectaron directamente al sector.

Las consecuencias son directas para los trabajadores ya que los precios de estos materiales cayeron abruptamente. “El precio del cartón a principio del año pasado estaba 240 pesos ahora 60 pesos el kilo, cuánto tiene que hacer un cartonero para que el día le rinda. el film estaba 400 ahora está 200 o 150. Una política totalmente perjudicial”, dijo. Estas nuevas políticas no perjudican solamente a las cooperativas ya que Celulosa comunicó que no podrá pagar sus obligaciones con vencimiento en mayo. “Si Celulosa empieza a tener problemas ¿qué será de nosotros?” añadió Felicetti. 

Con respecto a la situación laboral, Ingrid Rodríguez, promotora ambiental de la cooperativa, remarcó la importancia del marco legal: “Hay dos leyes que nos avalan: la 992, que nos da el derecho de juntar los materiales de la calle, y la 1.854, que nos da el derecho a tener obra social y un trabajo en tiempo y forma. Pero no se cumplen”.

Rodríguez también señaló la reducción drástica de puntos verdes. “Había 42 puntos verdes, con Milei hay 21. Hay partes de CABA que entre una comuna y otra no hay. ¿Cómo va a reciclar la gente si no hay dónde dejar los residuos?”. La situación también se ve agravada con la nueva gestión en la Ciudad: “Con Jorge Macri es distinto que con Larreta. La bajada de línea es más fina. Hay recolectores en la calle que son cartoneros del sur, la Policía les está sacando los carritos”.

Las cooperativas son indispensables a la hora de pensar la limpieza y la organización de la ciudad. Pero su importancia no se limita al rol ambiental que cumplen, sino también al rol social que sus trabajadores y trabajadoras reivindican. Muchas de ellas atraviesan un momento delicado bajo la nueva gestión de Milei y Jorge Macri, en un contexto de recortes y cambios que las golpea de lleno. Mientras El Ceibo resiste a través de las redes y continúa con su labor diaria, otras cooperativas se organizan para evitar ser las próximas en caer bajo la motosierra. En un contexto de ajuste, lo que está en disputa no es solo un galpón si no el futuro de cientos de familias que se generaron un trabajo digno.