Medio freno a los juegos de azar

Medio freno a los juegos de azar

Nov 28, 2024 | Destacado 1, Vidas políticas

La Cámara de Diputados aprobó dio media sanción al Proyecto de Ley que busca proteger a niños, niñas y adolescentes de la ludopatía y la compulsión a las apuestas online, que hoy entran a las casas a través del celular. El PRO y La Libertad Avanza votaron en contra o se abstuvieron. Ahora le toca al Senado convertirlo en norma definitiva. ¿Otra vez vetará Milei?

En la cámara baja del Congreso de la Nación, la mañana transcurrió bajo un manto de dudas acerca de la posibilidad o no de debatir el proyecto de Ley de Prevención de Ludopatía y Regulación de Apuestas en Línea. Tras siete meses en los que a distintas iniciativas fueron pasando por cinco comisiones diferentes, debido al lobby de los sectores vinculados a las casas de apuestas y sus vínculos con legisladores del oficialismo -lo que fue moderando el debate- , se convocó a una sesión especial para su discusión y posterior votación. Finalmente, pese a la ausencia y especulación de los legisladores del PRO y La Libertad Avanza, la oposición alcanzó, minutos pasados las 12 del mediodía, la presencia de 137 legisladores -de un total de 257- logrando el quórum necesario para iniciar la sesión. Y tras 12 horas de debate, la oposición obtuvo la media sanción. “Hoy le venimos a dar una herramienta para solucionar un vacío legal a los gobernadores provinciales con un marco que unifique los criterios de manera nacional”, destacó Mónica Frade, de la Coalición Cívica.

El dictamen de mayoría, impulsado en conjunto por representantes de Coalición Cívica, Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y Frente de Izquierda Unidos, establece la prohibición del acceso de menores de 18 años a los sitios online de apuestas -mediante herramientas de reconocimiento facial-; restringe la publicidad no dirigida de juegos de azar en línea a través de internet, medios de comunicación, redes sociales, vía pública o de cualquier otro formato, medio o plataforma de difusión; regula los medios de pago utilizables -eliminando las tarjetas de crédito y limitando el monto de extracción diario; y prohíbe la utilización de casas de apuestas como auspiciantes en el ámbito deportivo. Esto último, se da en un panorama en el que tanto la Liga Profesional de Fútbol como la Copa Argentina y la Selección Nacional (máximas instituciones y competencias nacionales) cuentan con sitios de juegos de azar online como sponsors oficiales (Bplay en el primer caso y BetWarrior en los otros dos). Además, 8 de los 28 equipos que forman parte de la primera división del fútbol argentino llevan estos sponsors en sus remeras, por lo que esta medida incidirá en la forma de financiamiento del deporte madre de nuestro país. En contraposición, el oficialismo (con el apoyo del PRO) impulsó el dictamen de minoría, que establece restricciones mucho más laxas sobre los sitios de apuesta en línea.

La diputada por la Coalición Cívica, Mónica Frade, fue quien solicitó la sesión y también la encargada de abrir el debate: “Estamos por dar una discusión que tiene que ver con una contraposición entre salud mental y recaudación. La AFIP grava un promedio de 5% de impuestos indirectos sobre las apuestas legales; en 2023 recaudó una cifra cercana a 7.300 millones de pesos; en la provincia de Buenos Aires, las empresas registradas facturan 20.000 millones de pesos anuales, lo que permite estimar que el negocio legal e ilegal representa, solo en la provincia de Buenos Aires, 1.300 millones de dólares al año”. Además, se animó a dar nombres y denunciar: “Los zares del juego local son Federico de Achaval, dueño del Hipodromo de Palermo; Antonio Tabanelli, de Boldt; Daniel Angelici y Daniel Mautone, de Casinos Victoria; y Marcelo Rochetti, accionista y socio del operador judicial Freddy Lijo en la aseguradora Caledonia. Así, vemos cómo se va conectando la mafia del juego con el Poder Judicial y con la política. Muchos acá están incómodos por esta razón”. Silvana Giudici, representante del PRO, impulsora del dictamen de minoría y acusada hace unos días por Daniel Ferraro -de la Coalición Cívica- de hacer lobby por Daniel Angelici, se defendió:”Nos causó bastante indignación que se genere alguna suerte de sospecha o que nos tilden de defender algún interés distinto a combatir la cyberludopatia”.

En representación de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, afirmó: “Prohibir el juego para niños, niñas y adolescentes en la República Argentina es una obligación del Estado nacional. Hoy los pibes tienen un casino en el bolsillo o en la mochila. El consumo problemático no está solo en la esquina, está también en nuestras casas, en cualquier lado y en el momento que sea”. Además, habló de la importancia de frenar la publicidad para disminuir su difusión: “Fundamentalmente porque sabemos que por ahí entran los chicos: por influencers, por deportistas, por otros juegos y es ahí donde aparece la publicidad engañosa con los famosos bonos de ingreso y todo el dispositivo para llevar adelante esta consigna de que ganar plata es fácil y no genera ningún tipo de daño”. El proyecto, además, dictamina la eliminación de dichos bonos para desalentar el registro de nuevos usuarios y la pena de 3 a 10 años de prisión para quienes incumplan esta ley, aumentando en un tercio el tiempo de reclusión si la infracción está dirigida a menores de 18 años. En todo caso, el imputado será inhabilitado de manera absoluta y perpetua.

Pese a sentarse en su banca luego de haberse iniciado la sesión -al igual que todo su bloque- y habiéndose frustrado su intento de no dar quórum, Nadia Marquez sostuvo: “Desde La Libertad Avanza queremos hacer algunas consideraciones absolutamente relevantes. En primer lugar, afirmar que a todos nos preocupan, en general, las adicciones y, en particular, la ludopatía, tanto en adultos como en niños. Quizá lo que no hemos logrado es ponernos de acuerdo o llegar a un texto en común en relación a cómo afrontamos este flagelo, qué competencia y qué alcance tenemos a los efectos de que esta ley no sea letra muerta”. Por su parte, Daniel Arroyo (UxP), fue tajante: “Cuando el problema es de unos pocos, lo tienen las personas; pero, cuando lo tienen muchos, el problema es del Estado. No son algunos los que tienen adicción o poquitas familias las que deben plata, es un conflicto que atraviesa a todos los sectores de la sociedad. Muchas familias están esperando ver qué hace el Congreso, para donde da pista. Gran parte de las familias que se sienten solas, que no saben a quien recurrir, que compiten contra el celular y pierden todo el tiempo. Hoy, al menos, van a tener una ley que va a regular y dar un pequeño paso adelante”.

Finalmente, luego de una maratónica sesión que duró poco menos de 12 horas y que contó con el testimonio de gran parte de los diputados y con los roces, discusiones y chicanas cruzadas propios de un proyecto que compromete y pone en juego distintos intereses, la Cámara aprobó el proyecto en general con 139 votos a favor, 59 abstenciones -entre el PRO y LLA se repartieron la mayoría- y 36 negativos -todos del bloque oficialista-. Luego, se prosiguió a la votación en particular -operación que demoró algunas horas más- resultando positiva en todos sus artículos. De esta manera, la Ley de Prevención de Ludopatía y Regulación de Apuestas en Línea, obtuvo media sanción y espera por su debate en el Senado, dejando el panorama abierto a un posible nuevo veto por parte del Poder Ejecutivo.

Marcha contra un gobierno misógino

Marcha contra un gobierno misógino

Nov 26, 2024 | Destacado 1, Géneros, slider

Impulsada por Ni Una Menos, se desarrolló la marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Los reclamos se concentraron en el abandono por parte del Estado de las políticas de género por parte del gobierno de Javier Milei.

Cada 25 de noviembre se conmemora en el mundo entero el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Particularmente en Argentina, la convocatoria fue impulsada por el colectivo Ni Una Menos con una multitud que marchó desde Avenida de Mayo y 9 de Julio, hasta Plaza de Mayo, en donde previamente se realizaron actividades artísticas con el objetivo de visibilizar, prevenir y erradicar esta problemática.

Bajo el lema al unísono de  “vivas, libres, desendeudadas y sin hambre nos queremos” en conjunto con organizaciones políticas, sociales y sindicales feministas como la ATE, No matarás, Suteba, La Cámpora, Mumalá, Utep, Pan y Rosas, entre otras. El reclamo tuvo como eje el ajuste que sufrieron las políticas públicas de protección hacia la mujer durante el gobierno de Javier Milei en el 2024: el programa Acompañar disminuyó un 79% y la Línea 144 un 25%, marcando un registro de sólo el 12% de víctimas que han realizado una denuncia por violencia de género. Según Mumala, esta es la cifra más baja de los últimos cinco años.

Con un juicio popular simbólico con gigantografías de cartón personificados en Patricia Bullrich, Luis Caputo, Javier Milei y Sandra Pettovelo frente a Casa Rosada se dio por iniciado el acto. Según manifestantes y organizaciones, son los culpables de ser los “hambreadores del pueblo.”

En diálogo con ANCCOM, Eva Mieri, del Frente de Mujeres de la Cámpora, denunció que “son quienes están en las máximas autoridades del Gobierno nacional. El feminismo es el enemigo público de Javier Milei y de todo el gobierno. Pero nosotras desde nuestro lugar, estamos poniendo el cuerpo, la cabeza y el corazón, para seguir fortaleciendo las redes de solidaridad y sororidad en práctica política.” 

En igual medida Silvana Franco, secretaria General del gremio docente de la Universidad Nacional de las Artes, hizo referencia a “un gobierno machista y negacionista, que cree que el discurso de género es un invento ideológico.” Y agregó que  “es de ese discurso que las mayorías feministas y diversidades sexuales tenemos que mostrarnos como opositores”.

De espaldas a la Casa Rosada se abrió una pancarta, compuesta de rostros de 240 víctimas de femicidios, transfemicidios, travesticidios y lesbicidios durante el 2024. Con megáfonos, dos mujeres comenzaron a llamarlas por nombre y apellido mientras de entre las presentes, espontáneamente, una a una se tumbaban al piso.

Maira Carlos, de la Asociación de Docentes Artistas Investigadores, destacó que fue una manera de visibilizar “las muertes sistemáticas que se han consumado por falta de presencia del Estado en situaciones de violencia de género, con esto se quiso mostrar la multiplicidad de mujeres que pierden la vida por un estado ausente.”

También se concentró el reclamo por el retroceso en políticas de género y el acceso a derechos sexuales y reproductivos: se eliminó la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género; se redujo de 105 a 24 los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) ubicados en todo el país; se eliminó el programa de ayuda económica para personas trans; se paralizó la distribución de insumos esenciales a las provincias para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo; se frenaron los procesos de licitación para la compra de Misoprostol y Mifepristona; se interrumpió la asignación presupuestaria al Plan de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA).

Mientras Argentina es el único país que vota en contra de la resolución que promueve la prevención de la violencia digital contra mujeres y niñas;  fuentes oficiales revelan que hay 1 femicidio cada 29 horas y 1 de cada 2 mujeres en pareja, sufre o sufrió violencia de género. 

Además, de cara al año 2025 todavía no se ha puesto en marcha un plan de acción a discutir en el Congreso de la Nación, para que se combata esta problemática estructural. Desde las organizaciones con la lectura del documento final, se dejó en claro que no estarían dispuestas a retroceder, porque “la lucha es ahora y en las calles”. 

Una contramuestra en Mar del Plata en defensa del cine nacional

Una contramuestra en Mar del Plata en defensa del cine nacional

Nov 21, 2024 | Culturas, Destacado 1, slider

En paralelo al Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y en oposición a las medidas implementadas por la nueva Comisión Directiva del INCAA, se presenta Contracampo, que desea ser una espacio para imaginar un futuro distinto para la industria audiovisual.

Organizada por un grupo autoconvocado de directores, productores y críticos, Contracampose concibe como una acción en defensa del cine nacional. El encuentrose realiza entre el 22 y el 26 de noviembre –en paralelo al histórico Festival de Cine de Mar del Plata–, con sede en el Teatro Enrique Carreras de la ciudad balnearia.

Con películas de Martín Rejtman, Mariano Llinás y Diana Cardini, la grilla de Contracampo busca reflejar las diversas formas de producción que existen y su importancia para la construcción de una identidad compartida.“La formación de espectadores y el cultivo del deseo de las audiencias por ver cine nacional deberían ser una política de Estado y no sólo responsabilidad del sector audiovisual”, manifiestan los organizadores de la muestra.

La programación incluye 37 películas, producidas en diversas regiones del país y que pertenecen tanto al círculo independiente como al comercial. Se destacan El aroma del pasto recién cortado de Celina Murga, el documental Las formas de la invención de Maia Navas y el largometraje Breve Cielo de David José Kohon.

También se ofrece un recorrido histórico por las distintas etapas del cine nacional con la proyección de obras situadas en la época clásica, la renovación modernista de los años 60 y la posdictadura. “Buscamos demostrar que el pasado y el presente del cine argentino son igualmente valiosos e inseparables a la hora de pensar en su futuro”, expresan desde la organización. 

Con la idea de ofrecer un espacio de debate y recuperar discusiones acerca de lo que sucede dentro y fuera de las pantallas, Contracampo contará con actividades especiales de formación y reflexión. Los desafíos de la distribución, la reducción de la financiación, la sostenibilidad del cine independiente y la crisis del patrimonio audiovisual son algunos de los ejes que se abordarán en la librería El Gran Pez de “La Feliz” entre el 23 y el 26 de noviembre. 

Mientras tanto, la 39° edicióndel Festival de Cine de Mar del Plata, quese desarrollará hasta el 1 de diciembre,pondrá el foco en celebrar sus 70 años de historia. “El Festival sirve para participar en la construcción del cine argentino”, aseguró Gabriel Lerman, periodista y flamante director artístico del evento en diálogo con ANCCOM, tras la presentación oficial en el Cine Gaumont, de la ciudad de Buenos Aires.

La cartelera del único festival de cine clase A de Latinoaméricacuenta con la proyección de 125 títulos –75 menos que la última edición– y tiene por primera vez como país invitado a Japón. Entre las visitas internacionales sobresalen el cineasta canadiense Jason Reitman (ganador del Globo de Oro por Amor sin escalas), la actriz española Adriana Ugarte (El tiempo entre costuras) y la directora mexicana Fernanda Valadez (Sin señas particulares). También habrá lugar para homenajear el cine nacional con la proyección de clásicos como La treguade Sergio Renán a 50 años de su estreno, La Patagonia rebeldede Héctor Olivera y Boquitas pintadas de Leopoldo Torre Nilsson, a un siglo de su nacimiento.

Durante el evento, tendrá lugar la Competencia Argentina y Latinoamericana de corto y largometrajes en la que participarántítulos como 1978, de Nicolás y Luciano Onetti, Después del finalde Pablo César y Bailamos para no estar muertosde Lucía Benavente. En la Competencia Internacional, que contará con la presencia de la actriz colombiana Angie Cepeda y el director israelí Samuel Maozcomo miembros del jurado, se destacanA real pain del dramaturgo estadounidense Jesse Eisenberg y “There Was, There Was Not” de la armenia Emily Mkrtchian.

Otra propuestainteresante es la Competencia en Tránsito, en la que se presentan proyectos de largometrajes –tanto documentales como de ficción–que estén en proceso de realizacióny deseenobtener un aporte para poder finalizarlo. “Participamos en la construcción de cine argentino no sólo dándole un lugar de exhibición a las películas sino también con competencias para que las puedan terminar”, sostuvoLerman.

Consultado por ANCCOM respecto a los desafíos que enfrenta el sector audiovisual, en un contexto de desfinanciamiento por parte del Estado, Jorge Stamadianos, productor de cine y codirector del Festival,se mostró evasivo y consideró que “las realidades de producción cambiaron en todo el mundo” y que “es necesario tener conversaciones que contribuyan a sostener un cine que posee una marca muy importante a nivel mundial”.

Ahora bien,a diferencia de lo que sucede en el Festival de Mar del Plata, donde las localidades pueden llegar a costar hasta $4300, la muestra alternativa Contracampo ofrece entradas a $2500, un precio más accesible y en línea con el objetivo de democratizar el acceso al cine nacional.


La programación completa de Contracampo se puede ver en su página web. Las entradas se pueden adquirir en la boletería del Teatro Enrique Carreras (Entre Ríos 1824, Mar del Plata).

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otra vez posa su mirada sobre lo que ocurre en Argentina

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otra vez posa su mirada sobre lo que ocurre en Argentina

Nov 15, 2024 | DDHH, Destacado 1

Organizaciones sociales y de Derechos Humanos denunciaron en una audiencia de la CIDH el desmantelamiento de las políticas de memoria, verdad y justicia. El gobierno se justificó con la crisis económica y volvió a hablar de «memoria completa».

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dedicó tres audiencias este jueves 14 de noviembre para analizar la situación en la que se encuentra el país a partir de la asunción del gobierno de Javier Milei. Diferentes organismos de derechos humanos denunciaron que el gobierno está poniendo un freno a las políticas de memoria, verdad y justicia, a políticas sociales y de género.

A partir de las 13, expusieron referentes de distintas organizaciones vinculadas a la economía popular bajo el título “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular en Argentina”. Luego se llevó a cabo la segunda audiencia, “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género en Argentina”. La última fue sobre “Impacto en las políticas de memoria, verdad y justicia en los derechos humanos en Argentina”. Es un hecho inédito que la CIDH haya concedido tres audiencias para un mismo día a un mismo país. En el caso de la última, el encuentro ante la comisión fue híbrido, por lo que los organismos peticionantes Abuelas y Madre de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S Capital, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, el CELS y Memoria Abierta, invitaron a la sociedad civil en la Ciudad de Buenos Aires a presenciar la audiencia de manera remota: “Es un gran honor estar nuevamente frente a esta Comisión pero también una gran tristeza”, inició Estela de Carlotto ante la Comisión.

Con una cámara apuntando hacia un auditorio lleno desde la Casa por la Identidad en la ex ESMA, Estela y Taty Almeida participaron de la tercera audiencia conectadas por videollamada a Washington. Del otro lado, estaban representando a la sociedad civil Claudia Poblete, nieta restituida y miembro de la comisión directiva de Abuelas de Plaza de Mayo; Carolina Villella, coordinadora del equipo jurídico de la misma organización, Verónica Torras, miembro de Memoria Abierta, Paula Litvachky del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Martín Kohan, escritor y docente universitario. Desde Buenos Aires también acompañaron como expositores Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S Capital, y Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Los primeros veinte minutos de la audiencia fueron dedicados a la exposición de la sociedad civil. Estela continuó: “Fuimos por primera vez a pedir vuestra ayuda cuando en nuestro país nos cerraron todas las puertas y negaban las graves violaciones de derechos humanos que se estaban cometiendo. Desde ese entonces para nosotras fue fundamental y de gran importancia su acompañamiento. Vuelvo hoy con 94 años de edad a pedir una vez más vuestra ayuda ante todos los retrocesos que se viven en la Argentina en materia de derechos humanos”.

“Fuimos por primera vez a pedir vuestra ayuda cuando en nuestro país nos cerraron todas las puertas y negaban las graves violaciones de derechos humanos que se estaban cometiendo. Desde ese entonces para nosotras fue fundamental y de gran importancia su acompañamiento. Vuelvo hoy con 94 años de edad a pedir una vez más vuestra ayuda ante todos los retrocesos que se viven en la Argentina en materia de derechos humanos”, declaró Carlotto.

Claudia Poblete, desde Washington continuó: “Desde marzo, la Secretaría de Derechos Humanos ha puesto en riesgo la continuidad de diversos programas de memoria, verdad y justicia. Ha venido realizando despidos que afectaron principalmente a la dirección de sitios y espacios de memoria” Y denunció: “En agosto se despidió a abogados que sostenían las querellas institucionales en casos por crímenes de lesa humanidad en distintas provincias y en septiembre la gestión del Ministerio de Justicia anunció la discontinuidad de un régimen de contratación que abarca al 48% de los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos. Las autoridades comunicaron que para fines de diciembre serían desvinculados”.

Luego de la exposición de los peticionarios por parte de la sociedad civil, le correspondió defenderse durante otros veinte minutos al Estado Argentino, encabezado por la embajadora ante la OEA Sonia Cavallo, hija del exministro de Economía. Le siguió Juan Battaleme, Secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa del Ministerio de Defensa de la Nación que comentó: “La catástrofe financiera en la que esta administración recibió al país, impulsó la urgente necesidad de un Estado más eficiente. Nuestro presidente, Javier Milei, lidera una política de reestructuración y modernización del Estado, no se trata de una decisión meramente administrativa”. También tomó la palabra Alberto Baños, secretario de Derechos Humanos de la Nación quien manifestó que los organismos de derechos humanos “se consideran dueños del relato, pero la memoria es para todas las víctimas sin excusas ni banderas. Con las señoras que hoy participaron de la audiencia por video uno no puede tener sino empatía por la situación que han vivido, pero eso no las puede convertir en directoras de las políticas públicas a más de 40 años de perpetrados los hechos. Nosotros seguimos respetando la memoria de quienes hayan sido víctimas pero también el Gobierno está respetando la memoria de aquellos que hayan sido víctimas del accionar terrorista. Las causas por delitos de lesa humanidad continúan su curso habitual”.

Siete minutos fueron dados también al representante de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos, Jan Jarab, que expuso: “La existencia de una crisis económica no debería significar la limitación de recursos humanos y financieros para ciertas áreas de crucial importancia como lo son las entidades dedicadas al esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. La oficina expresa su preocupación por los riesgos que esto podría implicar”. Jarab trajo a colación el Artículo 2° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establece la obligación del Estado de investigar y castigar las violaciones de derechos humanos y de luchar contra la impunidad por estos delitos. Además, resaltó la preocupación por la reciente derogación del decreto 715/2004 que creó la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños. La misma fue creada para garantizar apoyo operativo a las tareas realizadas por la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDi).

Seguido a esto, Baños interrumpió al presidente de la CIDH, Carlos Bernal Pulido, para manifestar su “sorpresa y estupor por la participación de este señor de las Naciones Unidas, no avisada ni informada y como si tuviera una verdad que le ha sido transmitida. ¿Con qué derecho viene a cuestionar las políticas públicas de la República Argentina?”. Se le comentó al secretario que en la carta de convocatoria enviada el 30 de septiembre se le solicitaba al Estado argentino que entrara al sitio web de la CIDH donde figuraba la información sobre posibles intervenciones de otros organismos internacionales. Así mismo, desde mediados de octubre, habían actualizado los datos que referían a la representación de la ONU en la exposición.

“La existencia de una crisis económica no debería significar la limitación de recursos humanos y financieros para ciertas áreas de crucial importancia como lo son las entidades dedicadas al esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. La oficina expresa su preocupación por los riesgos que esto podría implicar”, subrayó el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab.

La audiencia continuó con tensión, por el tiempo de interrupción utilizado por el Secretario de Derechos Humanos argentino. Luego fue el turno de la propia CIDH donde en 20 minutos realizó una serie de preguntas tanto a la sociedad civil como al Estado argentino que fueron respondidas en los tiempos asignados para cada una de las partes. Durante el cierre de la sociedad civil, Taty Almeida declaró: “Hoy sentimos que nuestra labor está siendo agredida por un gobierno que no cree en los derechos humanos. Por eso les pedimos por favor que vengan a escucharnos a nuestro país para que puedan comprobar en persona todo lo que hemos dicho. Para que ustedes comprueben personalmente que todo lo que hemos denunciado es pura y exclusivamente la verdad”.

El Estado argentino cerró con las declaraciones de Juan Battaleme y Alberto Baños pidiendo por “memoria completa” y solicitando a la Comisión Interamericana que esté a la altura de sus precedentes.

Después de una hora y 45 minutos de audiencia, pasados 15 minutos debido a las interrupciones de Baños en la sesión, se otorgó a Estela de Carlotto la posibilidad de un cierre: “Por todo esto, le pedimos al Gobierno que abandone el camino de la destrucción y se sume a la senda de la construcción colectiva, de un país que durante más de 40 años de democracia ha sido ejemplo para el mundo”. Al final de la transmisión, los aplausos contenidos durante toda la audiencia estallaron en la Casa por la Identidad. Los referentes de las diferentes organizaciones sociales reunidas en la Casa por la Identidad se acercaron a Taty y Estela para saludarlas y abrazarlas. Luego salieron todos y todas a la puerta a hacer una foto final.

Entre las organizaciones presentes estaban los organismos peticionantes, la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Asociación Buena Memoria, Nietes. También acompañaron los rectores de la Universidad Nacional de Lanús, Moreno y Quilmes junto con el Consejo Interuniversitario Nacional. Se contó con la participación de los centros de estudiantes de la facultades de Exactas, Sociales, Derecho y Filosofía y Letras de la UBA y de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata y diversos centros secundarios. Además, acompañaron diferentes sindicatos, artistas vinculados con Abuelas y sectores vulnerados como trabajadores del Hospital Garrahan y Laura Bonaparte.

“Nos encontramos con una situación vergonzosa por parte del Ejecutivo haciendo mucho hincapié en una versión de contar una historia que vuelve a poner el foco en la Teoría de los Dos Demonios, dejando de lado el enorme trabajo que se ha hecho desde distintos organismos de derechos humanos y organizaciones populares”, manifestó en diálogo con ANCCOM Nazarena Sciola, vicepresidenta del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales.

También se acercaron a la Casa por la Identidad estudiantes secundarios, como es el caso de León Rodríguez Gueito de 17 años, presidente del Centro del Colegio Nacional Buenos Aires que comentó a ANCCOM: “Nosotros buscamos representar a los estudiantes y entendemos que uno de sus reclamos es la reparación histórica por el reclamo de la memoria, la verdad y la justicia, por todos los desaparecidos que tiene el colegio”.

En la misma línea, Candela Fernández, militante de Nietes opinó sobre lo ocurrido en la audiencia: “Una vergüenza, nunca vimos algo así pero me pone muy contenta el apoyo que recibimos para las Abuelas. Nosotros estamos para eso, para apoyarlas a ellas, para demostrarles que estamos acá y que vamos a seguir luchando siempre por lo mismo. Muy contenta por el resultado pero una vergüenza el Estado Nacional”.

Marcela Perelman, directora de investigación del Centro de Estudios Legales Y Sociales (CELS) cerró la noche: “Salimos de alguna manera fortalecidos porque, a pesar de que la audiencia tuvo momentos agresivos y muy intensos, creemos que nuestra perspectiva se escuchó muy sólida, muy documentada, fuimos muy acompañados y superó muchísimo lo que habíamos imaginado”.

«La bicicleta en algún momento se detiene»

«La bicicleta en algún momento se detiene»

Nov 13, 2024 | Destacado 1, Entrevistas, Vidas políticas

El modelo de Milei tiene ganadores y perdedores: por un lado, las grandes empresas obtienen rentas extraordinarias y los ricos disfrutan del dólar barato, y por otro, los sectores medios y bajos ven desplomarse sus ingresos. Un especialista explica la dinámica y vaticina qué puede ocurrir.

Según un informe reciente del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), «mientras los ingresos de la mayor parte de la sociedad caen entre un 20 y un 40 por ciento, las ganancias netas de diferentes mercados se incrementan en más de un 800 por ciento respecto al año anterior, con aumentos que superan el 9000 por ciento en laboratorios, el 5000 por ciento en el complejo exportador de granos, más del 1300 por ciento en el sector alimenticio, 945 por ciento en el sector bancario y 790 por ciento en el hidrocarburífero». Para entender esta trasferencia masiva desde los sectores populares hacia el capital concentrado, ANCCOM dialogó con Martín Epstein, docente, politólogo y analista económico del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

¿Qué decisiones del Gobierno han favorecido las ganancias de estos sectores?

Desde el comienzo se vieron beneficiados. La política de desregulación flexibilizó restricciones, especialmente en el sistema bancario. Las tasas e intereses en el sistema financiero quedaron desregulados, mientras que el Banco Central bajaba progresivamente la tasa de referencia. Esta diferencia entre la capacidad de la gente para cubrir sus deudas y las facilidades del sistema financiero genera una brecha de rentabilidad extraordinaria para los bancos. En el sector alimenticio, a su vez, hubo una estampida de precios con aumentos que treparon un 40 o 50 por ciento en algunos productos en solo una semana. Esto impactó fuertemente, ya que los precios que venían altos desde 2023, tuvieron un aumento aún más pronunciado. Aunque la inflación en alimentos disminuyó en los últimos meses, los precios se mantienen elevados y no bajaron en términos reales. Las grandes empresas alimenticias hicieron un margen de renta muy importante. Y el sector energético tuvo la liberación del «barril criollo». Antes, el precio del combustible era diferenciado para consumo interno y exportación, ahora con la nueva política esta distinción desapareció. Esto hizo que el precio del combustible en el mercado local superara los mil pesos por litro, cuando al asumir el nuevo gobierno era menos de un tercio de ese valor. Este aumento representa una transferencia directa de ingresos hacia las energéticas.

¿Cuáles son las implicaciones de esta transferencia?

A corto plazo, una consecuencia directa es la caída del consumo, lo que lleva a la economía a estabilizarse, pero en niveles bajos. Hoy, aunque el consumo sube en ciertos meses, luego vuelve a caer, sin recuperar niveles previos. Esto provoca un estancamiento económico que afecta la recaudación. Si esta tendencia continúa, el riesgo es que la economía siga cayendo o se estabilice en niveles bajos, llevando a un largo letargo donde el estancamiento condena a generaciones a empleos de baja calidad y salarios sin capacidad de compra. La pregunta es: ¿Hasta cuándo los mercados seguirán confiando en la viabilidad de este programa económico? Lo que hoy mantiene en pie a esta dinámica es la confianza de los mercados, que siguen especulando con que el programa económico de Milei es sostenible, pero no sabemos por cuánto tiempo se mantendrá esa confianza.

¿Esta dinámica es típica de procesos inflacionarios o específica de las políticas actuales?

Hay dos aspectos importantes. Primero, el sector energético experimenta gran volatilidad desde que se eliminó el barril criollo. Esto implica que cuando sube el precio internacional del barril, el aumento se traslada directamente al combustible. Por ejemplo, en octubre, el precio de las naftas bajó un 1 por ciento tras haber subido un 240 por ciento. Sin embargo, en noviembre, hubo un nuevo aumento del 4 por ciento, que revirtió y superó la baja. Estos sectores no regulados, como el energético y la salud, quedan libres en su búsqueda de rentabilidad, lo que afecta a las familias, que deben destinar más ingresos a tarifas y servicios esenciales. Esto impacta directamente en el consumo, que viene bajando desde diciembre hasta hoy.

¿Qué medidas políticas serían posibles para revertir esta situación?

En el contexto del actual Gobierno, no veo mucha voluntad para revertir esto. Es un Gobierno que cree en liberar las fuerzas del mercado, sin medidas que alteren la rentabilidad de ciertos sectores. Sin embargo, un cambio de gobierno podría abrir un espacio para discutir políticas de largo plazo. Un primer punto sería cuestionar por qué, siendo un país productor de energía, debemos pagarla a costo internacional. Se podría establecer un mecanismo de desacople de precios internos e internacionales, como ya se hizo con el barril criollo. Pero esto choca con los grandes grupos económicos energéticos, que prefieren que el precio interno iguale al externo. En el sector alimenticio, la situación es similar. Sería necesario analizar los encadenamientos productivos y cómo los grandes grupos obtienen rentabilidad, mientras que los pequeños productores no captan la misma ganancia porque el pequeño productor no se beneficia de estos aumentos. Por ejemplo, los productores de lácteos y carnes ven aumentos en sus costos, pero no perciben una rentabilidad comparable a la de las grandes empresas que se benefician del aumento de los precios en la cadena de distribución. Ahí también hay un espacio para intervención. El último intento serio de políticas de Estado para mirar la rentabilidad empresarial dentro de las cadenas productivas fue en 2015, pero desde entonces el aparato de la Secretaría de Comercio Interior, que tenía una política activa de control de precios y regulación interna de las cadenas productivas, se desmanteló y nunca se recuperó.

¿Cómo percibís la opinión pública respecto a este modelo?

Las encuestas de opinión ofrecen un marco para pensar sobre lo que está sucediendo, pero no son determinantes. A veces las encuestas fallan al interpretar lo que está ocurriendo realmente. Por ejemplo, en 2001, aunque no anticiparon la caída del gobierno de De la Rúa, la realidad se manifestó en un tiempo corto. Hoy la opinión pública está influenciada por mecanismos de contención social, como la AUH o la Tarjeta Alimentar, que permiten a los sectores vulnerables mantener un mínimo ingreso. Los sectores medios soportan la situación, a veces con más horas de trabajo o sacrificando tiempo. Los sectores altos, en cambio, disfrutan de un dólar más barato, lo que mejora su consumo y apoyo al modelo.

¿Cómo ves el fin de este ciclo económico?

Basado en mi experiencia, y en lo que ocurrió en modelos económicos similares, siempre que se armó una bicicleta financiera, hay un momento en que esa bicicleta se frena. Este ciclo de altas tasas de rentabilidad sin costos altos puede desacelerarse gradualmente o romperse de golpe, afectando a quienes se queden demasiado tiempo en él. Siempre que se ha armado una bicicleta como esta, hay un momento en que se detiene. La estabilidad del Gobierno y del programa económico depende de la confianza del mercado, que sigue operando dentro del cepo cambiario. Mientras los actores económicos crean en esta estabilidad, el ciclo se mantiene. Pero cuando esa confianza se quiebra, es probable que el modelo se frene. En ese punto, va a ser difícil sostener una imagen positiva del Gobierno y el respaldo del mercado. Hoy, los sectores que participan en esta bicicleta financiera, como los bancos y actores privados, aprovechan tasas de rentabilidad en pesos, aunque ello implica un deterioro macroeconómico con efectos en el empleo, pequeñas y medianas empresas y consumo. Entre diciembre y julio se perdieron miles de empleos y empresas. Ya vemos síntomas sociales graves, como la desnutrición y la creciente necesidad de acceso a alimentos básicos a través de comedores comunitarios. La baja en el consumo de productos esenciales es un indicador claro de la gravedad del problema social, que se agudizará si no hay un cambio de políticas.

La limpieza étnica de Jorge Macri

La limpieza étnica de Jorge Macri

Nov 7, 2024 | Comunidad, Destacado 1

La política social del Gobierno de la Ciudad para las personas sin techo consiste en quitarle sus escasas pertenencias y hostigarlos para que se vayan a dormir a la provincia. Algo parecido sucede con los vendedores ambulantes. Para el jefe de Gobierno se trata de «operativos de limpieza».

A menos de un mes de cumplir el primer año como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: ¿qué pasó con los ejes de campaña de Jorge Macri? El principal, centrado en su idea acerca de la seguridad, lo llevó a afirmar en junio de 2023 que “los cajeros automáticos se transformaron en monoambientes”. Ya durante su gestión continuó con propuestas en tono de campaña compartiendo imágenes de supuestos “operativos de orden y limpieza” que mostraban lugares de los que se había expulsado a personas en situación de calle, asociándolas directamente con basura. “A pesar de la indignación que causó por parte de la sociedad la cuestión comunicacional de Jorge Macri, esos operativos se siguieron haciendo”, afirma la psicóloga Milena Sepay, del equipo de investigación sobre situación de calle Sociabilidad en los márgenes.

Aunque la gestión de Macri se inscribe dentro del mismo signo político que gobernó la ciudad durante los últimos 17 años, ¿estamos ante una continuidad, una profundización o una ruptura con las anteriores gestiones del PRO? ¿Qué acciones está llevando a cabo el jefe de Gobierno? ¿Cómo impacta en la vida de las personas en situación de calle?

Las cifras de violencia

Desde 2019, organizaciones sociales de CABA agrupadas en la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle (PSC), denuncian el aumento de la violencia hacia los sin techo. La agrupación creó el Registro Unificado de Violencias (RUV), una herramienta para relevar distintas formas de agresiones sobre estos ciudadanos, que incluye las violencias institucionales, sociales y estructurales. No pretende ser exhaustivo, pero logra dar cuenta de la magnitud del problema.

Las cifras indican que, desde agosto de 2023 a agosto de 2024, la violencia institucional aumentó más de un 500%. Esta formas de agresión incluye, “ataques físicos y/o simbólicos por parte de fuerzas de seguridad y otrxs funcionarixs públicxs”, así como hostigamiento, robo, maltrato y desplazamientos forzados del espacio público. Desde el 2022 se incrementaron sistemáticamente los hechos de violencia. Desde allí calculan que se da un hecho de violencia hacia personas en situación de calle cada 72 horas en el país. En el mismo periodo, se registraron 95 situaciones de violencia social, ejecutadas por personas que no están en situación de calle, motivadas por estigmatización y rechazo social, así como violencias entre pares, en menor escala. También se documentan 121 situaciones de violencia estructural, por las condiciones sociales y materiales de vivir a la intemperie.

 ¿Ruptura o continuidad?

Sepay observa que los desplazamientos forzados no son una novedad. Recuerda el antecedente en 2008: la siniestra Unidad de Control del Espacio Público (UCEP) “hacía operativos nocturnos con camionetas, pero de forma más oculta. Hoy son una bandera política. Lo que pasa este año, es que hacen requisas ilegales. Encuentran un cuchillo para untar paté o un alicate, y se los llevan detenidos. Son cosas que las personas que están en la calle tienen encima para su uso cotidiano”, afirma Sepay.

Desde el 2023, el RUV registra 125 detenciones, requisas y secuestro de pertenencias sin orden judicial. También hay casos en hospitales: “los llevan a internarse por salud mental, sin causa probable”. Forma parte de un mismo dispositivo: expulsar a las personas en situación de calle del espacio público.

Para la abogada y dirigente del Movimiento Evita, Daniela Ledesma, “el nivel de violencia institucional está creciendo y se dirige claramente hacia los sectores más vulnerables”. A principios de octubre, Macri llevó a cabo el operativo contra manteros y celebraba en la red social X: “En Once se terminó la joda! Les acabamos de dar un golpe durísimo a la mafia que inundaba de suciedad y trabajo esclavo las calles de once”. Ledesma reflexiona: “En medio de esta crisis deciden sacarle a los manteros la única herramienta de trabajo que posee. En un momento donde la gente no tiene para comer. Sobre eso no hay ninguna instancia de diálogo”.

Ledesma afirma que sus acciones no se condicen con los discursos que hablan de cuidar el despilfarro del Estado: “Hay toda una maquinaria puesta en función de esa persecución. Interviene la policía, las fiscalías. Un redireccionamiento de recursos en pos de perseguir a gente que está en situación de calle, manteros y cartoneros”.

«No les molesta que haya gente en situación de calle, les molesta que se vea”, dice Reyes.

Repercusión en las personas de situación de calle

En la revista Hecho en Buenos Aires, reciben a ANCCOM con mate cocido. En una de las paredes se lee: “La calle no es lugar para vivir”. Allí, Penelope Acevedo se presenta como “la vendedora 3559 de la Hecho en Buenos Aires”. Si bien actualmente su situación es otra, por muchos años vivió en la vía pública y cuenta lo difícil que es: “La calle te anestesia, te duerme. Ese maldito momento en que no te importa nada llega y se instala. Alguien se enamora de vos y no lo ves. O tu nene te dice: ‘Tengo fiebre’, y no vas al hospital”. Acevedo pregunta: “¿Por qué ya no te importa nada? El fantasma de la falta de amor de la sociedad te hace creer que es verdad que no te merecés nada”. Y resume: “De todo el infierno que es la calle, pensás que el diablo sos vos y que tenés la autoridad para dañar, para robar”. Vivir en la calle siempre es difícil.

En este sentido, Sepay advierte sobre las acciones que lleva adelante el Gobierno de la Ciudad en la actualidad: “Es el mismo gobierno el que te está corriendo, las narrativas de los compañeros son: no valemos nada, nos llevan todas las cosas”. Para la psicóloga, la pérdida de documentación, los desplazamientos y la violencia “genera una serie de problemas en la dinámica de supervivencia diaria y aumenta la carga mental que ya enfrentan al tener que buscar dónde dormir, comer o cómo conseguir alguna changa”. Todo esto obstaculiza aún más su situación.

En la institución educativa Isauro Arancibia, que trabaja con personas en situación de calle, contaron a ANCCOM un panorama similar. Las puertas se abren con calidez, la misma que recibe desde hace 26 años a cada pibe que quiere terminar sus estudios. La fundadora y coordinadora del instituto, Susana Reyes, habla de “derecho a la metáfora”. Explica: “Los pibes y pibas son los que salen de acá y se van a cartonear con los padres. También tienen derecho a soñar y a desear”. Cuando llegan a la escuela, son recibidos con un abrazo y se les pregunta cómo pasaron la noche, ofreciendo un mate caliente. “Tratar al otro como lo que es, como un igual”, resume Reyes.

Al hablar de la situación actual, la coordinadora del Arancibia afirma que hay mucha más gente en situación de calle. “Lo que pasa es que los están espantando desde el Gobierno de la Ciudad. Los echan con esto de que está sucia”.  Afirma: “Somos molestos porque estamos en un lugar que ellos quieren que sea un polo turístico. No les molesta que haya gente en situación de calle, les molesta que se vea”.

Según Reyes, la gente elegía estar en Capital porque hay más recursos de cartoneo y desechos para juntar, pero ahora hay mucha gente durmiendo en las calles de la provincia, hasta en los pasillos de la villa: “Los echan, entonces la gente, viendo eso, empieza a irse. Está peligrosa la ciudad”. Cuenta que “los pibes que están en los circuitos de adopción, son los hijos de nuestros estudiantes. Te ven en la calle, con nenes chiquitos y te los sacan”, afirma horrorizada. “Cuando hay políticas públicas que abrazan, ahí podés construir una vida, estar con tus hijos. Esto es la crueldad total”.

Sepay advierte que los desplazamientos provocan la pérdida de vínculos con vecinos,  comerciantes o con organizaciones sociales que tejen redes de apoyo, interrumpiendo procesos de acompañamiento. En este sentido, Reyes afirma con tristeza: “Se nota el deterioro en el eslabón social que nos va uniendo”.

¿Cómo se sale de la calle?

Para Acevedo, la vendedora de Hecho en Buenos Aires, fue clave conocer gente que le mostró que ella también es sujeto de derechos: “No es normal que tengas que bañarte en una estación de servicio. Que tengas que elegir entre el hotel por día o la comida”. Cuenta que en el Isauro y Hecho en Buenos Aires, “me enseñaron a que haga cajas de dinero para guardar la plata, porque sino en la calle me robaban todo”. También la contuvieron con la violencia de género: “Me ayudó a no volver con esa persona con la que yo andaba y me pegaba. Pensaba que me tenía que quedar con él porque me daba seguridad en la calle”. Penélope logró salir de la situación de calle gracias a la contención que recibió hace 20 años: “Me empecé a refugiar en la Hecho y en el Isauro”, cuenta. En cambio, desde el Estado, “la única respuesta que se les da es que pueden ir a un centro de inclusión social. Muchos no quieren ir por las dinámicas que se manejan dentro y para quienes quieren ir no hay vacantes”, plantea Sepay.

“De la situación de calle no se sale porque le des un parador. Para poder salir necesitas recibir una mirada amorosa, alguien que te devuelva la idea de que sos un ser humano”, afirma Reyes con convicción y ternura. Ilustra su afirmación con una anécdota: si dormís en la calle, ves como el vecino le baja la comida al perro y cruza de vereda para no toparse con vos, es una situación totalmente indigna. No tienen políticas que tiendan a resolver la situación. El desprecio, el desamor, la crueldad: esa es la política que llevan adelante”

 

¿La violencia otorga rédito político?

El consultor en comunicación Victor Taricco señala que, al principio, Jorge Macri no parecía encontrar su rumbo en la gestión de la ciudad: “En la comunicación, ahora se lo ve más afilado. Antes se lo veía de vacaciones”.  Aunque sugiere que Jorge Macri no parece tener en claro sus aspiraciones, plantea la posibilidad de que su intención sea retener a la Ciudad de Buenos Aires para el PRO. Taricco sostiene que Macri está redefiniendo el perfil de los gobiernos del PRO tras la experiencia de dos mandatos de Larreta, quien había abarcado un espectro político más amplio. “Este corrimiento hacia políticas más represivas en torno a la ocupación del espacio público, responde a que no crezca una opción represiva por derecha”, afirma. Además, sostiene: “Apuntan a ser una expresión más de un gobierno de derecha en Argentina, tratando de conducir a la Libertad Avanza sino es que la Libertad Avanza los termina conduciendo a ellos”. 

Desde Sociabilidad en los márgenes, crearon un fanzine informativo sobre cómo actuar ante situaciones de violencia institucional. Sepay explica: “Muchas veces se dice que la policía no puede hacerte requisas, pero las va a hacer igual. Entonces, ¿qué podés hacer? Es fundamental registrarlo”. Visibilizar la violencia, es la primera acción para reducirla.