Alquileres desregulados

Alquileres desregulados

Abr 18, 2025 | Comunidad, DDHH, Destacado 5

Inquilinos e inquilinas y referentes del sector analizan la situación de los alquileres en CABA, luego de la derogación de la Ley en 2023. “Que la oferta haya aumentado no significa que alquilar haya pasado a ser accesible”, señalan.

A partir de la derogación de la Ley de Alquileres por decreto en diciembre de 2023, la oferta de viviendas en alquiler aumentó un 50% respecto de marzo de 2024, indica el Centro de Estudios Económicos y Sociales (CESO). Sin embargo, el mismo decreto implicó modificaciones en los contratos entre dueños e inquilinos. Entre ellos, los cambios de índices por los que se rigen los aumentos, la frecuencia de estos y el plazo de alquiler. Si bien esto permite una mayor flexibilidad para el acuerdo entre partes, esto no significa que las condiciones sean más justas. Algunos especialistas ven una veta positiva en la derogación, mientras que representantes de agrupaciones inquilinas señalan el malestar de quienes alquilan. La inflación de marzo en CABA, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor, fue de un 3,2 mensual y el valor de los alquileres registró aumento de 2,7 con respecto al mes anterior. Mientras que la inflación general interanual fue de un 63,5 y en vivienda, acumula un 96,2 es decir, 30 puntos por encima de la inflación.

Según Germán Gómez Picasso, de Reporte Inmobiliario, el decreto permitió que los precios de los alquileres no siguieran aumentando en medidas exorbitantes por encima de la inflación, sino más cerca del índice de precios al consumidor. Sin embargo, hace solo unas semanas, ya anticipaba: “La oferta post derogación ya alcanzó un techo. Si la demanda sigue firme y no se incorporan nuevas viviendas, los precios podrían retomar una trayectoria similar a la de otros distritos”. Hoy, señala, “que la oferta haya aumentado no quiere decir que alquilar haya pasado a ser accesible, ya que, si el propietario destinó una inversión muy alta en la compra de esa vivienda, lo que quiere es que su rentabilidad sea en relación con el capital invertido”. La derogación de la Ley de Alquileres planteó condiciones más atractivas para el negocio, ya que permitió una mayor desregulación sobre los contratos.

En este panorama en el que el precio promedio para alquilar hoy un monoambiente en CABA no baja de los 500.000 pesos mensuales, los jóvenes entre 18 y 35 años son unos de los grupos más afectados. Según el último informe del gobierno sobre el salario, las personas en esta franja etaria tienen una remuneración promedio de 1.000.000, (datos del último trimestre de 2024). De ese ingreso, también debe descontarse los gastos diarios, expensas y servicios. “Esto es un fenómeno global. Hace un par de décadas, cuando uno viajaba, veía que en el exterior los jóvenes seguían viviendo con sus padres porque no les alcanzaba el ingreso para emanciparse. Lo que se veía en el exterior se empezó a ver acá, jóvenes que comparten viviendas. Se juntan dos o tres chicos, que pagan el alquiler de manera compartida”, agrega Gómez Picasso.

Matías Diamant y Margarita Olmos (29), alquilan en pareja un departamento de dos ambientes sobre Avenida Cabildo en Nuñez desde hace tres años y seis meses. Mientras que el anterior contrato se regía por la Ley de Alquileres, con aumentos por IPC (índice de precios al consumidor), están a punto de pagar el primer aumento del nuevo contrato. Esta vez, son cada seis meses por ICL (índice para contratos por locación) que tiene en cuenta la variación del IPC y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE). El alquiler es de 431.000, con expensas de 100.000. “Estuvimos a punto de mudarnos, pero lo volvimos a hablar con el propietario y llegamos a un número que nos servía a los dos. Primero nos había dicho un número más alto y nosotros no queríamos arriesgarnos a tanto”, dice Matías. Y sigue: “Estábamos hablando de 500.000 pesos en octubre y nos parecía mucho. Yo creo que, con ese número hubiéramos estado más complicados. Ahora sí sería más difícil”, agrega. Matías trabaja en software como analista de calidad y está ganando 1.700.000, mientras que Margarita es administrativa contable y su sueldo es de 1.600.000. “Un solo sueldo no alcanza, entre los dos lo repartimos bastante bien, pero en sí, el cambio con el decreto no nos afectó mucho, más que nada porque tenemos una buena relación con el propietario”, señala.

Micaela Testa (30), mantiene un puesto bancario desde hace once años. Actualmente alquila un departamento de tres ambientes en Palermo por 380.000, con expensas de 150.000. Está bajo en comparación con el alquiler de más de 400.000 que pagaba en Avellaneda, hace menos de un año por dos ambientes. Los diez años que lleva alquilando le formaron una opinión fuerte acerca del DNU de 2023: “No creo en el acuerdo entre partes, porque me baso en los primeros contratos donde justamente se acordaba. Esto nunca sucede, porque vos lo único que haces es aceptar la condición del propietario”, dice. “Con la ley anterior los contratos eran por IPC, y ahora pueden ser por ICL. Pero el ICL al inquilino lo mata. Ahí es donde se cae el acuerdo entre partes. Porque si uno siempre está con el vicio de obtener la mayor ganancia posible, del otro lado, va a ser la mayor pérdida posible. No hay punto medio”, y agrega: “La inmobiliaria nunca está del lado del inquilino, siempre está del lado del propietario porque es el que le paga. El inquilino paga cuando hace el contrato, pero la inmobiliaria se lleva un porcentaje después todos los meses de alquiler. Entonces, a mayor cantidad de alquileres, mayor ganancia”, concluye.

Con respecto a su generación Micaela afirma: “El hecho de alquilar afecta a toda una juventud porque se corren un montón de proyectos, como las parejas, los hijos, seguir o no una carrera o empezar un posgrado. Todo se afecta por estar alquilando. Comprar es otro problema, porque para acceder a un crédito necesitas un mínimo de 20.000 dólares, que una persona de mi edad no los tiene”.

Para Gómez Picasso, se necesitan varios factores para que alquilar sea más accesible: “Necesitamos mucha más oferta de unidades en el mercado del alquiler y, por otro lado, que los jóvenes puedan comprar. Que haya crédito hipotecario, de manera que se libere un poco la presión sobre los alquileres. Actualmente un 24% de las ventas son con crédito hipotecario”. También destaca que se necesita un mayor incentivo para la construcción de viviendas: “Hoy, tenemos un crecimiento habitacional importante, sobre todo por nacimientos e inmigración. Es mucho más el crecimiento poblacional que las casas que se hacen. Todos los años se suman 50.000 viviendas más que faltan, a pesar de las que se construyen”. “El mensaje para los jóvenes es que ahorren 200 o 300 dólares por mes, es una buena noticia que se estén abriendo créditos, considerando que hace casi 15 años que no había”, termina con optimismo.

Del otro lado, Gervasio Muñóz, presidente de Inquilinos Agrupados, manifiesta que “el decreto vino a generar una mayor transferencia de ingresos de los inquilinos hacia el mercado y estas son las consecuencias, se garantiza esta transferencia en las condiciones contractuales: contratos cortos y actualizaciones frecuentes”. Con respecto a la construcción de viviendas, Muñoz asegura, “las casas ya existen, el problema es que no son nuestras. El Estado debe intervenir en la vivienda vacía por más de tres meses, pero fundamentalmente debe intervenir en la concentración de viviendas”. Y añade, “creer que el crédito hipotecario puede ser una solución, es como un sedante, porque te hace creer que el acceso a la vivienda propia se puede lograr de manera individual, cuando lo que sucede en las últimas décadas en la Argentina, es que cada vez menos gente es propietaria. Aquel inquilino que cree que con un crédito se va a poder comprar una casa, es como el trabajador que cree que en algún momento puede ser como Elon Musk”.

En este momento las energías de la agrupación están puestas en el asesoramiento, la difusión de información, y en la contención del inquilino. A modo de cierre, Muñoz refuerza: Dejen de creer que el problema de la vivienda se puede solucionar por la suya. Es como la salud y como la educación, un área en la que sí o sí tienen que haber políticas de Estado, y debe ser de manera colectiva. Quien esté esperando un golpe de suerte, una herencia, o ganarse la lotería para poder comprarse una casa, está equivocado”.

Citan a declarar al ex juez Guillermo Rivarola por delitos de lesa humanidad

Citan a declarar al ex juez Guillermo Rivarola por delitos de lesa humanidad

Abr 18, 2025 | DDHH, Destacado 5

Por primera vez un magistrado declara en los Tribunales de Comodoro Py por delitos de lesa humanidad. El ex juez está imputado por la Masacre de Pabellón Séptimo.

Sobrevivientes de la masacre del Pabellón Séptimo junto a familiares de las víctimas e integrantes de la obra Nogoyá, basada en el texto de la abogada Claudia Cesaroni en la primera audiencia del Juicio en 2024.

El pasado martes 15 el juez Daniel Rafecas citó a prestar declaración indagatoria al ex juez federal Guillermo Federico Rivarola, imputado por su participación en la Masacre del Pabellón Séptimo, ocurrida el 14 de marzo de 1978, en plena dictadura.

“Mucha emoción después de que nuestra querella lo reclamara por años el juez Daniel Rafecas resolvió citar a prestar declaración indagatoria al ex juez federal Guillermo Federico Rivarola, imputado por su participación en un crimen de lesa humanidad como fue la masacre del pabellón”, expresó la abogada querellante Claudia Cesaroni. Rivarola estaba a cargo de la instrucción de la causa número 8137 caratulada “Instituto de Detención de la Capital s/averiguación homicidio, lesiones en riña, incendio, daños y resistencia a la autoridad”, y, según la abogada, este magistrado estaba al tanto de los delitos cometidos durante el incendio. Sin embargo, omitió denunciar tales hechos cuando, en condición de juez federal en ese entonces, debía hacerlo. A raíz del relevamiento de estos datos, se lo llamará a prestar declaración en la parte del expediente que continúa en etapa de instrucción. La otra es la que se está juzgando en proceso oral y público por parte del Tribunal Oral Federal 5.

 

“Finalmente podremos decirle al juez que recorrió la cárcel de Devoto cuando los cadáveres de decenas de presos estaban tirados en el pabellón y los pasillos, que esas vidas, el dolor de los sobrevivientes y el padecimiento de las familias, valían y valen. Y que tiene que responder”, manifestó Cesaroni.

En diálogo con ANCCOM, la abogada querellante comentó que se trata de un pedido que lleva años solicitándolo. Sin embargo, en los últimos meses se entregó nueva información gracias a una revisión de la causa antigua. “Agregamos en nuestra última presentación testimonios de detenidos que expresamente decían que le habían contado a Rivarola todo lo que había sucedido, y obviamente Rivarola no había dicho nada”,  comentó. Después de largos períodos de insistencia ante el juez Rafecas finalmente se produjo la medida solicitada.

 

La citación a declarar se realizaría el martes 20 de mayo a las 12 del mediodía y se trataría de la primera vez que se cita a un juez a indagatoria, es decir en condición de acusado, en Comodoro Py donde funciona el mismo fuero en donde se está tratando el juicio de la Masacre del Pabellón Séptimo, que Anccom viene cubriendo desde su inicio a finales del año pasado.

En respuesta a cómo percibe los avances del juicio, Cesaroni expresó dificultad para dar un pronóstico, sin embargo compartió que le parece evidente “que todos los testimonios que hasta ahora se han vertido en el juicio, de sobrevivientes, de familiares y de ex presas y presos políticos, confirman que allí hubo primero una masacre, ningún motín”, comentó. Además, añadió que el servicio penitenciario actuó subordinado al ejército argentino, tratándose de una decisión que forma parte del aparato terrorista estatal “que no actuó de forma clandestina sino a la vista de todo el mundo”.

A su vez, agregó que el tratarse de presos comunes demuestra que sufrieron una condición de vulnerabilidad mucho mayor, la cual facilitó al servicio penitenciario y a la dictadura ejecutar una masacre que, si en su lugar se hubiese tratado de presos políticos, hubiera generado un “escándalo internacional” que al ser presos comunes no generó.

El pasado miércoles 16 continuaron realizándose audiencias que incluyeron más declaraciones testimoniales, en donde se presentó un ex preso político y 4 ex presas políticas: Alberto Elizalde, Patricia Bianchi, Graciela Draguicevich, Silvia Ontivero y Adriana Beade. La próxima audiencia será el miércoles 23 a las 12 del mediodía.

Un testigo de la megacausa reconoció a los acusados Carlos Herrera y José Zyska como represores a cargo de la 1° Brigada de Palomar

Un testigo de la megacausa reconoció a los acusados Carlos Herrera y José Zyska como represores a cargo de la 1° Brigada de Palomar

Abr 17, 2025 | DDHH, Destacado 5

Avanza de manera lenta la megacausa Mansión Seré II y RIBA IV. Este martes solo declararon dos testigos en una audiencia plagada de cuartos intermedios y objeciones.

En una extensa sesión de la megacausa Mansión Seré II y RIBA IV, el martes 15 de abril solo testimoniaron dos testigos cuyas declaraciones generaron varios cruces entre los abogados defensores, la fiscalía y la jueza María Claudia Morgese.

El primero de los testigos, Álvaro Figueredo, ratificó declaraciones previas en las que identifica a los acusados Juan Carlos Herrera y José Juan Zyska en la 1° Brigada Aérea del Palomar donde cumplió funciones como suboficial cabo primero entre 1976 y 1977. El testigo comenzó su declaración relatando las tareas que allí realizaba: “Mi función era darles de comer y algo de beber a los detenidos o llevarlos al baño cuando lo pedían. En mis guardias les daba el trato que se merece un ciudadano, no como ellos estaban ahí. Nunca vi detenidos en la Brigada, pero sí en lugares aledaños”.

Luego de pocas palabras su declaración fue interrumpida, escena que se reiteró durante toda la audiencia, manteniendo presente al testigo por más de tres horas, situación atípica en relación a las escuetas declaraciónes de los anteriores testigos de concepto en este juicio. A pesar de las idas y vueltas para detener o volver a solicitar su declaración, provocando confusión en el testimonio en más de una ocasión, el testigo pudo ratificar declaraciones previas en las que identificó a estos dos imputados como personal con altos cargos en el excentro clandestino de detención 1° Brigada Aérea del Palomar. Figueredo detalló: “Cuando estaba designado en la Base del Palomar, me vino la orden de arriba, del Grupo de Tareas 100 que allí funcionaba y desde donde daban las órdenes sobre los detenidos -refiere sobre el grupo central del que depenían el resto de los Grupos de Tarea de la subzona 16- . Me designaron al cuidado de los detenidos y en esa época uno no se podía negar, por los castigos. Los cuidaba, a una parte en Ituzaingó, en una quinta tomada que funcionó como alojamiento de los detenidos -Mansión Seré-. Otro de los lugares donde realizaba mis guardias era en un antiguo destacamento policial pròximo al colegio militar de la 1° Brigada Aerea del Palomar, muy cerca de las vías del tren” y explica que a estos centros se los denominaba al interior de la fuerza como “Atila Uno” y “Atila Dos” respectivamente.

Al inicio de la declaración el defensor público del imputado Carlos Herrera, Leonardo Miño, señaló que el testigo podría estar incurriendo en una autoimputación al mencionar haber visto y estado con detenidos. Dicho reclamo se hizo justificando que en situaciones previas en otros juicios, testigos citados a declarar de manera testimonial luego fueron imputados y hasta condenados por lo que relatan. Al mismo planteo adhirieron el resto de los abogados defensores que solicitaron suspender la declaración o en caso de continuar hacerlo ya no en carácter de testigo testimonial sino haciéndole saber sus derechos y aplicando las normas pertinentes a la declaración de un imputado. El testimonio propuesto por el Ministerio Público Fiscal, generó múltiples cruces entre las partes, algunas que querían continuar y escuchar la declaración y otras que preferían suspender. Luego de varios cuartos intermedios el tribunal pleno, integrado por la presidente del Tribunal Federal Oral N° 5 de San Martín, Maria Claudia Morgese Martin, y los jueces Silvina Mayorga y Walter Venditti, resolvieron que la declaración continuara de manera testimonial y bajo juramento de decir verdad pero permitiendo al testigo no responder aquellas preguntas que lo autoincriminaran.

Los altercados siguientes, que pausaron la declaración en varias oportunidades, giraron en torno a dos declaraciones previas realizadas por el exmilitar. Una de ellas, fue una realizada por teléfono a dos secretarias judiciales. El abogado defensor se opuso a la incorporación de dicho archivo a la causa por considerarlo un documento informal y acusó a la jueza Morgese de actuar como “auxiliar de la fiscalía” si leía o hacía preguntas a partir de ella. La otra declaración que generó polémicas, fue en la que Figuredo identificó a José Juan Zyska a partir de una imágen. En ella relataba: “A Zyska lo conozco del trabajo que realizábamos en la Brigada Aérea del Palomar. Si bien trabajabamos en distintas secciones estábamos todos juntos en el mismo establecimiento”. A pesar del paso de los años y el deterioro de salud, potenciado las horas declarando preguntas contradictorias generadas por los idas y vueltas de las partes, el testigo ractificó y calificó de “afirmativa” cada lectura que se le hizo de sus declaraciones anteriores “si está en el papel es la verdad”, respondió. En la misma declaración, el testigo afirma que Zyska estaba en la sección de inteligencia de dicha Brigada y que hacía guardia en “Atila Dos”.

Mientras Figueredo declaró desde el Juzgado Federal de Posadas, Zyska conectado virtualmente desde su casa, se acerca a la cámara para escuchar mejor, se encoge de hombros y hace gestos con la cara, frunce el ceño y levanta las cejas, casi negando y sin creer los dichos de quien declara. En tanto que Juan Carlos Herrera mantuvo la cara impasible e inexpresiva, aunque el testigo volvió a confirmar lo dicho en declaraciones anteriores sobre su persona: “Era primer teniente de la Brigada Aérea del Palomar. Trabajaba con la tropa junto a los soldados, luego integraba y salía con el Grupo de Tareas 100 que funcionaba allí en la Brigada”. Sobre el Grupo relata que salían a hacer operativos uniformados, solicitaban documentos a las personas y los vehículos en la calle. En relación a Herrera, lo identifica “hablando” con una detenida oriunda de La Plata.

Desde la Asociaciòn Civil querellante de la causa, Moreno por la Memoria, el abogado Sergio Gómez, se refirió a la estrategia de la defensa como “maniobras dilatorias para derribar la testimonial por la importancia de esta declaración en particular. Pero en general, buscan siempre atrasar el proceso de la causa, por ejemplo, tratando de posponer testimonios que estaban programados para la sesión”. Sobre el justificativo de los abogados defensores de los imputados para detener la declaración de Figueredo por estar autoimpculpándose, Gómez explicó que “no es la primera vez que declara y en ninguna de ellas tuvo inconvenientes por delitos de Lesa Humanidad. Si la fiscalía entendiera que existen motivos para imputar un delito a una persona actuaría de oficio, de manera que, al ser los defensores quienes hacen el planteo es contradictorio y expone que hay otros intereses: evitar que el testigo declare y usarlo como herramienta para dilatar el proceso. La fiscalía abocada a este juicio no ha creído que existan elementos autoincriminatorios. El eje central de la estrategia de la defensa es que que, al no poder lograr la inocencia de los imputados, realiza distintas maniobras para dilatar lo más posible el proceso para evitar que se logre memoria, verdad y justicia en él”.

La segunda y última declaración fue la de María Laura Fuenzalida, hija de Alberto Fuenzalida, secuestrado el 22 de octubre de 1977 en Rosario, desde donde fue llevado en avión al centro de detención Mansión Seré. Su hija relata que lo trasladaron a la 7° Base Aérea de Morón antes de liberarlo el 23 de diciembre del mismo año.

María Laura, que tenía 5 años, estuvo presente en el momento de la detención ilegal de su padre. En un breve pero fuerte y sentido testimonio relató lo vivido durante y después de los hechos: “Cuando pasaron los años pudo contarnos sobre lo que había pasado. Incluso de grande hacía chistes para aliviarnos a nosotros. Pero las pruebas de su cuerpo decían otra cosa. Fue un tiempo muy difícil para nosotros, mi mamá se quedó sola con cuatro hijos. En las noches la acompañaba a buscar a mi papá en galpones y centros clandestinos”. El testimonio terminó explicando que “si bien mi papá murió hace 13 años esto lo vuelvo a hacer porque se lo debo a él. Tuvimos suerte de que apareciera, pero en el medio perdimos mucho”.

El fiscal Félix Crous terminó la audiencia señalando la revictimización que vivió Fuenzalida a causa de los abogados defensores. Fuenzalida debió presentarse a declarar en esta causa luego de que la defensa se opusiera a la solicitud de la fiscalía de incluir su declaración previa por regla práctica, para evitarle a la testigo rememorar los hechos dolorosos. La defensa amparó su pedido de citar nuevamente a declarar a Feunzalida en su derecho a controlar las pruebas ya que no presenciaron la declaración anterior realizada en el marco de otra causa. Así, luego de que la defensa solicitara la declaración pero sin hacer preguntas o pedir ampliaciones a la testigo, Crous puntualizó que es necesario “que las defensas aclaren qué quieren preguntar. Si no, es una reiteración de una declaración que nosotros, los proponentes, no pretendemos que sea más que en los términos en que ya fue producida”.

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Se anunció la próxima audiencia de este juicio para el martes 29 de abril.

Otro miércoles de represión

Otro miércoles de represión

Abr 17, 2025 | Comunidad, DDHH, Destacado 1, Vidas políticas

Las fuerzas de seguridad reprimieron la protesta que realizan cada semana jubilados y jubiladas para reclamar por un aumento en sus haberes y dejaron más de cien heridos como saldo.

Como cada miércoles manifestantes se reunieron frente al Congreso para reclamar por la suba de las jubilaciones. Las fuerzas de seguridad reprimieron la protesta, que dejó más de cien heridos, entre ellos niños y niñas, periodistas y un diputado nacional. Al cierre de esta edición había, además, dos personas detenidas.

La movilización en defensa de los jubilados reunió a manifestantes de diversas edades y espacios políticos y sociales frente al Congreso de la Nación. La protesta, que se realiza desde hace varias décadas pero que cobró aún más presencia desde septiembre de 2024 cuando el Poder Ejecutivo vetó la Ley de Movilidad Jubilatoria, otra vez fue reprimida en el marco del protocolo antipiquetes. Los fotógrafos de Tiempo Argentino Edgardo Gómez y Eduardo Sarapura fueron gaseados y golpeados por la policía.

Juan Domingo, albañil de 72 años, continúa trabajando pese a estar jubilado: “Tengo la suerte de poder hacer algunas changas. Es un genocidio lo que le están haciendo a los jubilados”. Y alentó a otros adultos mayores a sumarse a la protesta: “No tengan miedo, traten de venir, sean troskos, peronistas o apolíticos. Tratemos de resolverlo juntos”.

Horacio tiene 80 años, viaja desde La Plata todos los miércoles. Relata que la manifestación pasada un efectivo lo empujó y le provocó un corte en el brazo: “Tengo tres puntos. Me di cuenta cuando estaba en Constitución porque tenía todo el brazo mojado de sangre”.

Sergio Ríos, de 70 años, hincha de Chacarita, señaló que desde que asumió el actual gobierno el PAMI sólo le cubre el 50% de su medicación para la convulsión: “Me sale 10 mil pesos”. Recordó además la manifestación del 12 de marzo, cuando un fotógrafo fue herido por una escopeta de gas lacrimógeno. Pablo Grillo fue operado nuevamente este miércoles y evoluciona favorablemente.

Ramón, otro de los jubilados presentes, denunció haber sido gaseado en esa ocasión mientras permanecía sobre la vereda. Hoy asistió con un cartel que llevaba el dibujo de un grillo en referencia al fotógrafo: “Lo saqué de Facebook, le pedí a una chica que lo dibuje”. Y agregó, “el único delito que cometió fue llevar su cámara. Esa granada podría haber sido para cualquiera”.

También participó Beatriz Bianco, jubilada de 87 años herida en la represión de marzo, a quien la ministra de Seguridad calificó como “patotera”. “Patricia Bullrich nunca me llamó”, dijo. Y a pesar de agradecer los abrazos de jóvenes manifestantes, expresó: “Nos sentimos tan desprotegidos”.

En la manifestación también estuvieron presentes los Misioneros de Francisco, con una imagen de la Virgen de Luján en los hombros. Viajaron desde Luján para asistir a la protesta. “Vayan y pónganle la virgen adelante, a ver si con eso se conmueven”, gritó una manifestante al verlos pasar.

Algunos carteles exhibidos rezaban: “Ayúdame a luchar, el próximo viejo sos vos”, “Los jubilados no aflojan, fuera Milei” y “CGT no quiero tu solidaridad, quiero tu lucha ya”, en alusión al paro general de la semana pasada, donde la central obrera se plegó a la marcha de los miércoles.

Palos, gases y golpes

Cerca de las 17, los manifestantes intentaron, como en ocasiones anteriores, realizar una ronda alrededor del Palacio Legislativo. Al cruzar la avenida Entre Ríos durante el corte del semáforo, fueron dispersados por efectivos de Gendarmería Nacional y de la Policía de la Ciudad. En ese momento se produjeron las primeras escenas de represión.

Jubilados, periodistas y militantes fueron alcanzados por gases lacrimógenos y golpes de bastón policial. Los efectivos forzaron la dispersión de las columnas hacia las esquinas y la plaza, donde personal médico voluntario de la agrupación Cepa (Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios) atendió a las personas afectadas. Muchos se encontraban sentados o acostados sobre el pavimento, rodeados de charcos de leche, utilizada para mitigar el ardor en los ojos.

El operativo se extendió hasta las 19 horas. Según fuentes médicas presentes en el lugar, se registraron 116 personas heridas, principalmente por golpes y efectos de los gases. Entre ellas, una niña de 13 años, un adolescente de 16 y un reportero gráfico herido por el impacto de un proyectil Byrna, según el Monitoreo que realizó en el lugar la Comisión Provincial por la Memoria.

El diputado del Frente de Izquierda, Alejandro Vilca, tuvo que acudir a la guardia oftalmológica porque fue gaseado directamente en el rostro.

“Esto es una locura. Laburé toda mi vida y ahora estoy pasando hambre. ¿No tienen madres? ¿Abuelas? Son asesinos. No es para reírse”, gritó una mujer a uno de los efectivos que sonreía mientras se refugiaba tras el cordón policial. Sobre avenida Rivadavia, varios taxis quedaron atrapados en la multitud, lo que motivó un nuevo avance represivo.

Ana María, de 75 años, participa de las marchas desde enero: “Siempre hay un montón de efectivos para un grupito de viejos. Yo cobro un poco más de la mínima, pero no me alcanza. Los que cobran la mínima no pueden ni comer”.

Actualmente, el haber jubilatorio mínimo es de $285.820,63, con un bono de $70.000 que se mantiene congelado desde marzo de 2024. Según el último Boletín Estadístico de la ANSES, el 27% de los jubilados cobra el haber mínimo. En total, 5,4 millones perciben menos de $400.000, mientras que la canasta básica del adulto mayor, que incluye categorías como “medicamentos”, fue estimada en $1.200.000 en marzo por la Defensoría de la Tercera Edad.

Entre septiembre de 2023 y marzo de 2025, las jubilaciones mínimas perdieron un 13,3% de su poder adquisitivo.

“Sin residentes no hay hospital”

“Sin residentes no hay hospital”

Abr 16, 2025 | Comunidad, DDHH, Destacado 2

En una nueva cruzada contra la salud pública, el Gobierno restringe residencias para el hospital Laura Bonaparte, luego de haber intentado su cierre y reducido el personal a su mínima expresión. El martes realizaron el ResiFest para visibilizar el conflicto.

Una cortina de humo negro cubrió el Hospital Bonaparte la tarde del martes. Algún transeúnte que caminaba cerca del establecimiento habrá pensado que algo ocurría allí en el Hospital: “¿Se estará quemando?”. Lo cierto es que algo pasa, algo está atentando contra la única institución estatal de salud mental del país, pero no es el fuego, sino el propio Estado a través del desmantelamiento y el vaciamiento de la salud pública: desde la amenaza de cierre en octubre de 2024, pasando por despidos alrededor de 200 despidos masivos, y esta vez la no renovación de cupos para ingresantes a la residencia.

El negro del humo es uno de los tantos colores que se conjugaron en la puerta del hospital de Parque Patricios. Luego se hizo visible el humo verde de otra lata prendida por una joven residente, que al ritmo de los tambores entonaba junto a sus compañeros y compañeras “Sin residentes, no hay hospital / Si no hay más cupos que quilombo se va a armar”.

Guardapolvos intervenidos a mano o estampados en serigrafía, pintadas en las escalinatas, banderas, pancartas y guirnaldas hicieron de esa tarde gris, un lienzo donde plasmar de manera artística y pacífica las injusticias que sufren día a día los trabajadores de la salud.

De esta manera, finalizaba el Festival que realizaron los residentes del Bonaparte en conjunto con otras Residencias Interdisciplinarias de Salud Mental del Área Metropolitana de Buenos Aires. El Resifest contó con una gran convocatoria de artistas musicales y plásticos, médicos de planta, directivos y referentes de organizaciones sociales y de Derechos Humanos. El reclamo en esta oportunidad es porque “El Gobierno Nacional definió que no iba a financiar más residencias. En el caso nuestro, dictaminaron cupo cero para nuevos ingresos y para jefatura”, señaló en conversación con ANCCOM, Joaquín Caporale, psicólogo de la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental del Hospital Bonaparte. “De esta manera no puede funcionar la Residencia, que es un lugar donde muchos elegimos venir a trabajar”, finalizó Caporale.

Los residentes cumplen una función fundamental para un establecimiento de salud. En este caso, profesionales de psicología, psiquiatría, trabajo social, musicoterapia y terapia ocupacional que ya integran las residencias se verán afectados por el exceso de tareas a cubrir cada vez con menos personal trabajando. Por el lado de los graduados que desean pertenecer a las residencias de hospitales públicos, ya sea por prestigio o voluntad de servicio comunitario, no podrán formar parte de estas experiencias, lo cual degrada la salud pública en varios aspectos importantes para la sociedad en su conjunto.

La banda que cerró el ResiFest fue Un Tren, que entre sus filas cuenta con dos residentes musicoterapeutas, Johan y Julián, guitarrista y saxofonista, que aseguran en conversación con ANCCOM: “el arte sirve para expresarnos, para manifestarnos si algo no nos gusta, pero también tiene que ver con sentirnos bien y con el bienestar personal, del cuerpo y de la mente”. Esta relación entre el arte y la salud es la que motivó a los residentes a llevar a cabo un evento donde la camaradería, la música y el pogo hicieron de combustible para lo que será un largo camino de lucha en defensa de las Residencias Interdisciplinarias de Salud Mental.

Una charla por la Paz

Una charla por la Paz

Abr 16, 2025 | Culturas, DDHH, Destacado 2, Entrevistas

ANCCOM dialogó con activistas sobre las diferentes aristas del conflicto en Gaza. La charla reflexiona sobre la posibilidad de paz, la censura sobre aquellos que alzan la voz por el pueblo palestino y el nuevo rol de Estados Unidos tras la llegada de Trump al gobierno norteamericano.

“No other land”, una coproducción palestina–israelí que muestra el proceso de ocupación de Israel en Cisjordanía y que se hizo famosa por haber ganado el Oscar a mejor documental, muestra una relación totalmente fracturada y que parece imposible reparar. Al momento de realizar esta entrevista se supo que Hamdan Bilal, codirector de la película, había sido atacado por colonos israelíes y luego llevado por el ejército.

En ese contexto puntual y a un año y medio desde el ataque terrorista de Hamas a territorio israelí y los devastadores ataques posteriores, Anccom abrió una charla con dos integrantes del Comite Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Guido De Caria, miembro de Judios x Palestina, y Leticia Garziglia, del Movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), charlaron acerca del impacto de este documental, la situación actual del conflicto y la posibilidad de una convivencia pacífica entre Palestina e Israel.

¿Cuál es la situación actual en Palestina? ¿Hay posibilidad de paz?

Leticia Garziglia (LG): Hemos visto un genocidio intensificado en el último año y medio en la Franja de Gaza, mientras que en Cisjordania se han intensificado acciones de asesinatos, detenciones y ocupación de tierras. Ambos territorios están bajo ocupación israelí que, según consenso a nivel internacional, es un sistema de ocupación y apartheid.

¿Es imposible la convivencia pacífica?

LG: Es complejo porque el pueblo palestino viene siendo asesinado, torturado y desplazado desde hace casi ocho décadas y para que haya paz tiene que haber justicia que no sólo termine esta última fase del genocidio, que es el exterminio, pero donde también se garantice el derecho al retorno de todos los palestinos que fueron expulsados de su hogar.

Guido De Caria (GDC): No creo que pueda haber paz entre un Estado ocupante y uno ocupado. Puede haber una tregua o una capitulación, pero el concepto de paz implica iguales partes en iguales condiciones y no es el caso.

¿Qué porcentaje de los civiles dirían que quieren una convivencia pacífica?

GDC: Hay que ver qué significa convivencia pacífica para los israelíes porque puede ser volver a lo que era antes del 7 de octubre. Me parece que la paz se tendría que dar con un diálogo de igualdad entre las partes y mientras la población de ese Estado ocupante no se replantee su condición es complicado que se dé.

LG: La gran mayoría de la población israelí hace 3 años de servicio militar, en el que muchas veces los mandan a Cisjordania o a Gaza a matar palestinos. Antes de entender que existe un pueblo palestino que tiene derechos civiles como cualquier persona en el mundo, ellos aprenden a matar palestinos. Muchos de ellos quizás quieren la paz pero la quieren a costa de que los 2.3 millones de palestinos que viven en Gaza se vayan.

¿Cómo se puede explicar que un pueblo tan perseguido le haga este tipo de cosas a otro pueblo?

GDC: No hay aprendizaje en el horror. El horror solo embrutece a la humanidad. Plantear lo contrario es como decir que Auschwitz fue una universidad. Desde la lógica israelí ellos no están masacrando sino que se están defendiendo de un eventual genocidio que puede perpetrar Palestina de la mano de Hamas.

¿Qué impacto tuvo el documental en difundir la situación en Cisjordania? ¿Creen que logra representar adecuadamente los modos de resistencia de los palestinos?

LG: Yo creo que el mayor logro de la película es poder mostrar el sistema de apartheid que rige en Cisjordania, que es algo que no sale en los medios. En las redes sociales vemos escenas horribles todos los días de personas despedazadas por las bombas pero detrás hay una situación de ocupación que es muy clara y la película tiene la virtud de mostrarlo.

Hamdan Bilal, codirector de la película fue atacado por civiles israelíes y secuestrado por fuerzas israelíes ¿consideran esto como un acto de venganza por el documental?

GDC: Es un acto de venganza pero no es algo excepcional. Lo que muestra la película y lo que le pasó al director es una política cotidiana donde se ve el rol de los colonos y del Estado israel. Son civiles armados con asentamientos ilegales en la zona de Cisjordania los que hacen esto. Los palestinos sufren constantes agresiones por parte de los colonos y la lógica del Estado israelí es defender siempre al colono. Cualquier agresión que reciban es sancionada no sólo contra el palestino que la realizó, sino contra toda la población.

¿De qué otras maneras se censura a los palestinos y a aquellos que alcen la voz sobre la violencia ejercida por el ejército Israelí?

GDC: Una forma común de censura por parte de Israel es mostrar cualquier respuesta a la violencia de los colonos o de las fuerzas armadas israelíes como un acto terrorista que genera nuevas violencias.

LG: Tuvimos compañeros que quisieron entrar al país con una visión humanitaria y se les negó el acceso. Hay una censura clara.

¿Cómo les parece que se trata el tema en Argentina?

LG: Prácticamente no se habla de los palestinos, se habla de la guerra de Hamás contra Israel, equiparando una milicia con el ejército más grande del mundo. De esta manera se invisibiliza al pueblo palestino.

¿Cuál es el rol de Hamas en esta situación? ¿Su accionar no retroalimenta el conflicto y le da excusas a Israel?

GDC: Me parece que plantear que el accionar de Hamas es lo que lleva al genocidio en Gaza es alivianar la responsabilidad israelí. Desde mi perspectiva, la responsabilidad de lo que pase es cien por ciento de Israel que es el Estado que está ocupando ilegalmente el territorio desde hace más de 70 años. Cualquier respuesta que tome Palestina están subordinadas a su condición de pueblo oprimido.

LG: Personalmente intento no meterme en la política interna del pueblo palestino, pero considero que lo que realmente realimenta la situación es la permanente violación del derecho internacional por parte de Israel y el hecho de que no sufran ninguna consecuencia por ello. Cualquier intento de minimizar esas atrocidades buscando otros culpables es desviar el foco del problema principal.

La Universidad de Columbia, que el año pasado fue el epicentro de la movilización estudiantil contra el genocidio en Gaza, se ha plegado a las exigencias del presidente Donald Trump que incluye reformar sus normas sobre protestas y disciplina estudiantil: ¿Qué valor geopolítico tiene este suceso?

GDC: Estas medidas son defensivas frente a una avanzada de protestas que está habiendo en Estados Unidos de sectores estudiantiles, donde plantean un cambio de paradigma. Es una medida que intenta frenar algo que se le está volviendo incontrolable al gobierno de Estados Unidos. Esto implica un cambio cualitativo en las políticas estadounidenses en términos de represión de la protesta que se va a acentuar en los próximos años.

¿Podemos esperar mayor involucramiento de Estados Unidos en Gaza tras el cambio de gobierno?

LG: Claramente hay un cambio de política o una radicalización. Si bien el gobierno de Biden también defendía a Israel y nunca dejó de financiar el genocidio, este gobierno se propone una avanzada bastante más radical en sus políticas relacionadas con Palestina. Eso se puede ver en la propuesta del gobierno de Trump de mudar la Embajada Estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén.

GDC: Hay como un sinceramiento de parte de Estados Unidos. El gobierno de Trump admite abiertamente que están a favor de la expulsión completa y la limpieza étnica en Gaza.

¿Qué es lo que los motivó a comprometerse en una causa que provoca tanto odio?

GDC: Yo vengo de una familia judía por parte de mi madre pero no sionista. También tenía una experiencia de militancia social con perspectiva de derechos humanos. Entonces, con un amigo se nos ocurrió ir a Palestina a través de los viajes de Birthright Israel-Argentina [BRIA], una organización de la colectividad judía. Ya estando ahí, compartir experiencias con palestinos en Cisjordania me movilizó a involucrarme. Al volver a Argentina seguí con ese compromiso y empecé a militar activamente en espacios de solidaridad con Palestina.

LG: Siempre me interesó la política internacional. Cuando empecé a aprender sobre lo que estaba ocurriendo en Palestina inmediatamente me conmovió muchísimo y mientras más averiguaba sobre las atrocidades que se cometían, menos podía creer que algo así esté sucediendo en pleno siglo XXI. La indignación sobre esas atrocidades fue lo que me movilizó a mí y a la mayoría de mis compañeros a comprometerse con esta causa.