Ocho años de impunidad
La desaparición de Sebastián «Nino» Largueri continúa impune, mientras que la causa sigue deambulando por los tribunales correntinos. Su hermana denuncia connivencia entre la policía y el poder político.
Tras ocho años de la desaparición y muerte del joven de 23 años, Sebastián “Nino” Largueri en Monte Caseros, provincia de Corrientes, los policías imputados Roberto Aguirre, Walter García, Ramón Goin y Cristian Ibalo han declarado por primera vez. Sin embargo, tanto la jueza Elsa López como el fiscal Ricardo López Ruíz han rechazado el pedido de “detención inmediata” presentado por la querella. Su hermana, Anahí Andrade dialogó con ANCCOM y contó cómo vive esta situación de impunidad que hoy cumple casi una década.
En una provincia donde sigue vigente el Código Contravencional, es decir que la policía puede parar y llevar a la comisaría a cualquier persona sin más excusas que la averiguación de antecedentes, merodeo o portación de rostro; Anahí se ha convertido en una referente social al denunciar y luchar contra la violencia institucional. Ella señala el encubrimiento y la complicidad no sólo por parte de la justicia, sino también del poder político que no tuvo ni una muestra de solidaridad con la familia. Con el apoyo de organizaciones sociales de derechos humanos, las madres y hermanas víctimas de “gatillo fácil” y los medios provinciales o de Buenos Aires, pero no locales, ha logrado que su caso trascienda e incluso llegue a otros países como Kurdistán, Francia y México desde donde también recibe la solidaridad de las compañeras.
“Nino era mi hermano menor, al que prácticamente materné”, cuenta Anahí desde su casa en Monte Caseros. Sebastián amaba el deporte, jugaba al fútbol y había realizado varias exhibiciones de box. “Tuvimos una vida muy dura. A los 17 años él empezó con ataques de pánico y a tratarse con psicólogos, pero al mismo tiempo comenzó a consumir drogas y se enfermó. Luego de varios años le diagnosticaron esquizofrenia, lo tuvimos que internar varias veces en el Hospital de San Francisco de Asís en Corrientes Capital que es un horror, fueron situaciones muy angustiosas. Hacía falta denunciarlo porque dada la Ley de Salud Mental que rige no podíamos internarlo en contra de su voluntad”. Desde entonces, Anahí y su familia se enfrentan al desprecio y la falta de respuesta por parte de las autoridades y de la justicia. “Con la jueza Elsa López ―quien justamente lleva la causa en la actualidad― había firmado una red de protección para Nino donde me hacía cargo de encontrarle una casa, de su medicación, de la comida; mientras que ellos se habían comprometido a enviar un asistente social una vez por semana, pero nunca lo cumplieron”.
El 31 de agosto de 2015 Anahí Andrade se enteró de lo que había sucedido con su hermano menor, quien estuvo desaparecido por dos semanas en Monte Caseros. Su cuerpo apareció en el río Miriñay luego de haber sido detenido por la policía en la casa de un amigo. Anahí cuenta cómo fueron los momentos previos a su detención, que evidencian el hostigamiento que Nino estaba sufriendo: “En julio de 2015 lo retiré del hospital y me contó que lo llevaron a un descampado, lo habían golpeado, torturado. Lo amenazaron con hacerlo ‘NN’, estaba dispuesto a denunciar esto. Cuatro días antes de que lo secuestraran fue con un abogado a la fiscalía y, supuestamente, ese día el fiscal no se encontraba”. Agrega que algunos estados de la red social Facebook de su hermano rezaban: “Yo no soy ningún ladrón” e insultaba a la policía.
En un primer momento la causa estuvo en manos del juez Eduardo Alegre. Gracias al trabajo de la querella, los policías Aguirre, García, Goin e Ibalo fueron imputados por privación ilegítima de la libertad y vejámenes agravados. Pero ante el pedido de investigación e imputación por homicidio calificado, el juez se negó rotundamente, “es absurdo, fue él quien los imputó por secuestro y tortura en primaria instancia”, sostiene Anahí.
Alegre fue apartado de la causa, sin embargo la jueza López, quien tomó las riendas a principio de este año, continúa con la misma línea de impunidad: tras haberlos citado a declarar dos veces (una en mayo donde los uniformados no se presentaron y la siguiente en julio donde fueron llevados por la fuerza pública y se negaron a declarar) resultaron efectivamente imputados, pero dejados en libertad con ciertas reglas de conducta que deben cumplir. Estas incluyen presentarse a firmar del 1 al 10 de cada mes y el no acercamiento a la familia, «algo que no han cumplido nunca”, asegura Anahí ya que escriben libremente en sus redes sociales y reciben amenazas de su parte. “García amagó con sacar un arma de fuego a las afueras del casino, hay pruebas de todo. Ellos continúan con su vida como si nada cuando a mí me han inventado cuatro causas, fui llevada a juicio e incluso condenada antes que los asesinos de mi hermano”.
En la situación actual, las esperanzas están depositadas en el pedido de apelación realizado por su abogado, Hermindo González: “Nos queda confiar en que esto se va a revocar y que se va a dar lugar a la apelación. La otra opción es pedir de forma urgente la elevación de la causa a juicio oral ya con la imputación de homicidio calificado y que de una vez por todas los policías sean juzgados y condenados”.
“Justicia por Nino Largueri” es el nombre de las redes sociales de Instagram y Facebook que informa y reclama por el caso del joven. Al cumplirse en el día de la fecha ocho años de la aparición de su cuerpo, se ha publicado un video donde por medio del rap, se cuenta lo sucedido y se reclama justicia. El audiovisual fue realizado por Mauricio Centurión, “un pibe de Monte Caseros, periodista y cineasta que vive en Kurdistán que siempre está acompañándonos en la lucha y que incluso realizó el documental ‘¿Qué pasó con Nino Largueri?’ Esto es lo que nos ayuda no sólo a difundir sino a mantener y asegurar nuestra seguridad” concluye Anahí.
