El gobierno libertario arrasó a la Secretaría de Derechos Humanos

El gobierno libertario arrasó a la Secretaría de Derechos Humanos

El último día del 2024 bajo el eufemismo de reestructuración, Milei cerró el Centro Cultural Haroldo Conti y despidió a medio centenar de trabajadores. En toda la Secretaría, en 2024 cesantearon a 400 personas.

Las vísperas de la celebración de Año Nuevo son fechas en las que las personas suelen relajarse. Ya pasó la Navidad, el calendario está en la recta final y solo resta juntarse con familiares, amigos y seres queridos para levantar las copas. Sin embargo, para los trabajadores del Centro Cultural Haroldo Conti y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación el epílogo del 2024 tuvo un sabor amargo.

Ese mismo 31 de diciembre, a horas del brindis, muchos de ellos recibieron una comunicación por WhatsApp que les indicaba que a partir del 2 de enero tendrían que realizar “guardia activa” desde sus hogares y que habría despidos. No había nombres, ni siquiera una comunicación oficial por parte de las autoridades del área, bajo la órbita del Ministerio de Justicia a cargo de Mariano Cúneo Libarona, por lo que la incertidumbre fue el factor común del cierre del 2024 y el inicio del 2025.

Ante tantas dudas, los trabajadores del espacio ubicado en el predio donde funcionó la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) –uno de los principales centros de tortura y exterminio de la última dictadura cívico-militar– asistieron normalmente a su trabajo y se encontraron con el edificio cerrado y la indicación de que fueran a la Secretaría de Derechos Humanos.

Allí, se encontraron con una muralla de policías que, celular en mano, revisaban quienes aún tenían trabajo y podían ingresar y quiénes eran los que no corrían con la misma suerte. “Esa fue la manera de enterarse. Además de echar gente a fin de año, lo hicieron con un método muy cruel”, detalla a ANCCOM Matías Cerezo, quien trabaja desde hace 15 años en el Centro Cultural Conti.

Desde el vamos, el accionar de la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Alberto Baños, causó malestar. No solo por dejar, al menos, 40 familias en la calle apenas arrancado el año y sino también por las formas, dignas del gobierno del que integra. “Recién esta semana mandaron la lista de quienes quedaban, no de los despedidos. Y siempre a través de una comunicación no oficial”, resalta Cerezo, quien es director de proyectos culturales de la institución.

“Baños dice que no se cierra el centro cultural, pero que hay una reestructuración y por eso hay una ‘guardia activa’. Yo te digo que es imposible que funcione el centro cultural con la cantidad de gente que quedó”, analiza.

“Sobre todo por la idoneidad de la gente que despidieron, porque en un espacio así se programa teatro, música, danza, se hacen muestras de artes visuales, de fotografía, se organizan seminarios académicos, se proyecta cine, tiene una biblioteca. Cada una de esas áreas tiene gente que sabe de ese tema, que sabe producir esas actividades y tienen muchos contactos con ese mundo para convocar artistas o académicos. Entonces no es que después cualquier persona puede hacer eso. Lo desmantelaron al Centro Cultural Haroldo Conti, es imposible que tenga actividades”, protesta el trabajador del centro cultural, con una mezcla de bronca y tristeza por la situación que se está viviendo.

Un ejemplo de lo que dice Cerezo se puede graficar con el área de Educación, que se encarga de las visitas guiadas para los colegios y quedó reducida a una sola empleada. Algo similar a lo que ocurrió con el área de Montaje, que organiza las muestras de artes visuales y pasó de seis a dos trabajadores; o la de Iluminación, fundamental para el teatro, donde había un equipo de siete personas y solo quedaron dos. “La intención política es la de desmantelar el Conti. Y en algún punto estamos también ante un achicamiento muy grande de la Secretaría de Derechos Humanos”, sostiene.

Castigo ideológico

“Ellos tienen un discurso para la sociedad y otro para adentro. Para afuera dicen que no se va a cerrar nada, pero lo cierto es que lo están desmantelando. Esto no es un ajuste económico, porque es nimio el dinero que se gasta acá, esto es un castigo ideológico”, remarca. Todo esto sucede después de un año bajo la administración libertaria en el que el Centro Cultural Haroldo Conti, al igual que tantas otras instituciones, no recibió ni un peso del Estado. Incluso, ni siquiera designaron un director.

“Estuvimos un año completo sin presupuesto y sin conducción, pero nosotros lo logramos sostener con una programación muy activa todo el año. Cine, teatro, música, actividades culturales y académicas. Vos ves las redes y el Conti continuó a full”, asegura Cerezo. No obstante, la falta de interés del gobierno de La Libertad Avanza por este espacio quedó de lado cuando el mismo secretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños, censuró un Seminario de Políticas de Memoria que se estaba desarrollando en sus instalaciones.

Por lo pronto, el conocimiento de la noticia del cierre del Haroldo Conti despertó la bronca de mucha gente, que el sábado 5 dijo presente en la ex-ESMA para participar de un festival organizado por el personal nucleado en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). “Fue contundente el apoyo, yo nunca había visto tanta gente ahí. Aparte lo organizamos en dos días y la respuesta de la gente fue increíble”, destaca Cerezo.

“Estamos pidiendo la reincorporación de todos los trabajadores y trabajadoras y la reapertura del Conti. Además, estamos en un plan de lucha convocando a artistas e intelectuales en las redes sociales pensando cómo seguimos, pero no nos van a parar con intimidaciones”, resalta.

“Han dejado vacías áreas enteras de la Secretaría, que no van a poder llevar adelante su tarea, como el Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado», dice Nana González.

“Nunca vivimos lo que estamos viviendo ahora”

Nana González es trabajadora de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y delegada sindical de ATE en dicho espacio. En diálogo con ANCCOM, cuenta en detalle cómo se transitó el primer año de gobierno de Javier Milei y da detalles del panorama actual, acrecentado por los despidos masivos de las últimas semanas. “Estos dos días tuvimos veinte desvinculaciones más de trabajadores y trabajadoras de distintas áreas y en el último año fueron 400 los trabajadores despedidos de un sector que tenía 800 puestos de trabajo. Estamos hablando de la mitad de los trabajadores “, resalta.

“Han dejado vacías áreas enteras de la Secretaría, que no van a poder llevar adelante su tarea, como el Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado. Esa es la situación en la que estamos ahora”, detalla. Al igual que en el Centro Cultural Haroldo Conti, el argumento que esgrimen las autoridades es la “reestructuración” del sector, forma elegante de maquillar un ajuste que ya tuvo su réplica en casi todo el Estado nacional. “Durante el macrismo hubo despidos, pero nunca vivimos lo que estamos viviendo ahora. Realmente representa el desguace total de la Secretaría de Derechos Humanos”, sostiene González.

“La mitad del organigrama de la Secretaría de Derechos Humanos no tiene funcionarios designados. Por eso, algunas áreas sin funcionarios incluso siguieron trabajando”, analiza la delegada. “Este año de trabajo fue muy difícil en todas las áreas de la Secretaría de Derechos Humanos. Sin embargo, los trabajadores y trabajadoras siguieron sosteniendo las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia en cada una de sus dependencias”, concluye.

«El Conti no se toca»

«El Conti no se toca»

Miles y miles de personas rebalsaron el predio de la ex-Esma en defensa del centro cultural que allí funciona y de las políticas de memoria, verdad y justicia que el gobierno quiere desterrar. Manifestaciones artísticas, dirigentes de diversos espacios y gente de a pie se reunieron para repudiar el despido de 50 trabajdores y el ajuste en políticas derechos humanos.

Miles de personas se acercaron al festival contra el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti. El secretario de Derechos Humanos Alberto Baños anunció el 31 de diciembre -horas antes del brindis de Año Nuevo- su cierre por «reestructuración». El 2 de enero los trabajadores fueron recibidos por la policía en las puertas del centro; 50 de los 79 empleados encontraron su nombre en la lista de despedidos, impidiéndoles el ingreso al establecimiento.

El ajustazo contra las políticas de Memoria, Verdad y Justicia sigue en avance. Una vez más, el espacio de memoria ex-Esma recibió el impacto del gobierno de Javier Milei: en solo una semana, se puso en duda la continuidad del Archivo Nacional de la Memoria y se anunció el cierre -por una reestructuración que nadie sabe en qué consiste- para el Centro Cultural Haroldo Conti. Ante tal conmoción, miles de personas caminaron por la avenida Libertador para encontrarse con otras miles en el festival en contra de su cese. A las 18 horas, puntual a su convocatoria, el predio ya estaba repleto; pero una vasta murga afro consiguió hacerse lugar para su performance. La marcha bailable de su candombe llevó a los presentes al frente del escenario. Comienzó el acto.

Son alrededor de 50 artistas y oradores convocados para defender la Memoria. El Tata Cedrón, quien inauguró el acto con un sentido tango, se siente honrado de haber conocido a Haroldo Conti: «Un tipo humano, tierno, solidario, se lo veía en la cara. Mi hermano vio cuando se lo llevaron los militares, lo extraño mucho. Ningún otro podría haber tenido el honor de cargar el nombre de este centro cultural».

El Haroldo Conti es un espacio que permite una enorme diversidad y expresividad artística, pero forma parte de una conquista histórica de la sociedad civil, de décadas de lucha colectiva. Para Damián Lamanna Guiñazú, trabajador de hace 13 años, detrás del Conti hay algo más grande: «Es un espacio que se lo apropió la comunidad, la memoria colectiva, y cuando digo memoria me refiero a muchas memorias haciendo fuerza para consolidar algo. En el Conti pasan y pasaron artistas de todas las generaciones, en el Archivo Nacional de la Memoria se guardan testimonios del bombardeo del 55, los testimonios de las travestis cagadas a palos por la policía en los ochenta, los testimonios de la dictadura… Son todas las memorias las que conviven acá, no solo las de los setenta. Cerrar este espacio es un abuso para todos, pero en momentos donde las cosas se ponen feas, la fuerza de la comunidad florece».

La Orquesta Andina del SUTEBA de Lomas entonó el Himno Nacional. La versión no necesitó más de tres instrumentos para ser igual de imponente, con una flauta de madera y un siku que guiaban la melodía que avanzaba lenta, pausada, emotiva, alcanzando todos los rincones. Los presentes cantaron casi en susurro, como conectados; hasta que llegó el “Sean eternos los laureles que supimos conseguir” a todo pulmón. Los retoños de la comunidad floreciente. 

Mientras la música continuaba, en el predio también había una feria de emprendedores con de todo: stickers, libretas, serigrafía, hasta salames y quesos. Una mujer mayor sin puesto caminaba y ofrecía sus llaveros con forma de pañuelo por 2.500 pesos a todo aquel que se le cruzaba. Cada tanto también se echaba una cuclilla difícil de mantener para enseñar su mercadería a quienes estaban sentados. La jubilación no permite perder oportunidades de venta. 

Paula Fernandez es otra de las despedidas del Centro. Trabajó allí 15 años, desde que se creó el espacio. Cuenta que el viernes 26 de diciembre comenzaron a llegar los telegramas para sus compañeros. Aunque todavía no llegó el suyo, lo espera, porque sabe que los trabajadores de contratación bajo la denominación llamada en la jerga interna ACARA fueron todos despedidos. De una plantilla de 79 personas, en el Conti quedaron alrededor de 30. También, fue de las que no adhirió al extorsivo retiro voluntario; planeaba trabajar allí toda su vida.

 

—Gracias al Conti soy orgullosamente estatal. No lo cambio por nada- dice.

 

Entre la multitud, de repente, se hizo una gran ronda, impensada de lograr por el poco espacio que había. Es que el grupo circense de más de 20 personas que hizo su sorpresiva aparición para compartir un pequeño show en medio de toda la comunidad. Los payasos, malabaristas y bailarines hicieron sus gracias al son de un clarinete y una trompeta. Colmados de ovaciones al final, dieron el grito por los 30 mil desaparecidos presentes, junto a la respuesta y los puños en alto del público, con la misma fuerza de los aplausos del cierre. ¿Cómo es que dentro de la diversión y el disfrute se encuentra una causa tan potente? Los trabajadores del Conti lo saben muy bien: la cultura no está exenta de la memoria. O mejor dicho, la memoria está en la cultura. Que el Conti esté dentro de uno de los centros de detención y tortura clandestinos más grandes de latinoamérica es la manera de combatir el olvido de nuestra historia, porque un pueblo sin memoria está condenado a repetirla.

Es por eso que el predio de la ex-Esma estaba enteramente saturado. El bar de la agrupación H.I.J.O.S estaba repleto de personas riendo bajo los farolitos colgados en los árboles; los niños aprovechaban el extenso estacionamiento frente a la Secretaría de Derechos Humanos para unos pases largos con la pelota o para darse enviones eternos en el monopatín. “Papá, ¿qué hace el señor con esas fotos?”, preguntaba un curioso sobre el cartel de Néstor bajando el cuadro de Videla del Colegio Militar. Marina y Gustavo también vinieron con su hijita de 6 años: «Ella sabe, hace preguntas y le contamos para que entienda. La otra vez quiso saber qué es un desaparecido. Nosotros vamos todos los 24 de marzo, el jardín público también cuenta sobre este momento a su manera. El tema está presente y ella hace preguntas porque quiere saber». 

Finalmente, llegó la noche. Los organizadores comenzaron a repartir vasos de plástico y velas para hacer pequeñas antorchas mientras Tati Almeida tomaba el micrófono. El enojo se le sentía en la voz, lista para un “mano a mano” con Milei y Villarruel: «Yo quisiera preguntarles en la cara si están de acuerdo con sus amigos genocidas de haber tirado al río a tantos hijos nuestros en ese avión que recuperamos», mientras señalaba al Skyvan PA-51 en medio del predio, utilizado para los vuelos de la muerte. Pero el odio del gobierno no terminó por cegarla: “Las velas son para alumbrar el camino que vamos a continuar”.

La noche avanzaba igual que la lista de quienes tomaban el micrófono y las tablas para mostrar su apoyo y compromiso contra el cierre del Conti, y contra todo el intento de barrer la memoria de un pueblo entero. Desde Liliana Herrero hasta la Asociación Mocha Celis, desde el folcklore convocante hasta la cumbia conquistante, el mensaje fue el mismo: los desaparecidos están presentes y depende de nuestra lucha mantener vivo su recuerdo. Como dijo Nana Gónzalez, trabajadora del Centro y delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), «Seguiremos convocando». Porque una vez que el fuego de la memoria arde, es muy difícil apagarlo.

La motosierra avanza sobre los derechos humanos

La motosierra avanza sobre los derechos humanos

Una asamblea de trabajadores del estado se convocó de manera urgente este jueves en el predio de la Ex-ESMA ante el anuncio del cierre del Centro Cultural Haroldo Conti y el Archivo Nacional de la Memoria. ATE denunció la militarización del predio y despidos masivos en la Secretaría de Derechos Humanos. También hubo cesantías en Parques Nacionales. Mirá las fotos de ANCCOM.

Un abrazo de amor y otro de protesta en la Ex-ESMA

Un abrazo de amor y otro de protesta en la Ex-ESMA

Las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron la aparición del nieto 138 en la Casa de la identidad. A continuación miles de personas se manifestaron en contra del Gobierno por el desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos y del despido de su personal.

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La Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) y organizaciones de derechos humanos convocaron a un abrazo en la exEsma contra el desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos y sus políticas públicas. Horas antes del encuentro, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo le daba la bienvenida al nieto N° 138 en el mismo predio. La jornada de las dos caras que conforman al país.

El gigantesco predio de la exEsma de repente parecía chico para la cantidad de personas que se acercaron el viernes por la tarde. Banderas, murgas, familias y pañuelos blancos se encontraban allí por el abrazo convocado contra el desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos por parte del gobierno de Javier Milei y su tajante política de achique estatal. Pero un anuncio inesperado alegró el tinte del encuentro.

—¿Es nieto o nieta? —pregunta una voz curiosa. 

—Es nieto. Se iba a llamar Manuel, como yo.

Quien habla es Manuel Gonçalves Granada, nieto restituido número 57, sobre las novedades de su nuevo compañero anunciado por Abuelas de Plaza de Mayo tan solo tres horas antes del abrazo convocado. La aparición del 138 agregó una épica inesperada a la jornada: mientras la Secretaría y los Espacios de Memoria sufren un vaciamiento masivo y cientos de trabajadores son despedidos por el topo que confesó que vino a destruir el Estado desde adentro, el hijo de los desaparecidos Marta Enriqueta Pourtalé y Juan Carlos Villlamayor recuperaba a su familia, su historia, su verdadera identidad, gracias a los organismos que mantienen encendida una causa sin concluir. “A pesar de los bastones y sillas de ruedas, seguimos de pie”, dijo Tati Almeida. 

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Flavia Fernández Brozzi, delegada de ATE de la Secretaría, afirma que hubo despidos a lo largo de todo el año: «De las mil personas que estamos ahora, 600 nos quedaríamos sin trabajo la semana que viene». También subraya que hay reducción de salario y pérdida de antigüedad para los trabajadores de planta permanente, despidos en cuotas extorsivos y cartas documento a quienes rechazan el «retiro voluntario», sin su indemnización correspondiente. Por otra parte, Georgi Andino, militante y trabajadora en los Espacios de Memoria, detalla la situación de estos centros: «Hay un ensañamiento contra el sector. Entre los otros cuatro sitios de Capital, Automotores Orletti, Olimpo, Club Atlético y Virrey Ceballos, somos 60 laburantes. O sea, no es número para el achicamiento del gasto público. No son tontos, no cierran de repente sitios que todavía son pruebas judiciales en causas de lesa humanidad, pero es la lógica del vaciamiento de un gobierno negacionista y reivindicador de la dictadura que ataca las políticas de derechos humanos que supimos conseguir». 

El desmantelamiento de estos organismos pone en juego la memoria de un país que, desde el Estado, sufrió la tortura y desaparición de personas y la apropiación de bebés recién nacidos. Pero, del otro lado del negacionismo, como dos caras de una misma moneda, también se trata de un país ejemplo de resiliencia y resistencia que sostiene una lucha imprescindible para el cese de delitos tan aberrantes como los anteriores; y que su inconsciente colectivo no se borra tan fácil porque, como corearon todos al final de la asamblea, “El pueblo unido jamás será vencido”.

 

Las fuerzas de Bullrich asesinaron a un bagayero

Las fuerzas de Bullrich asesinaron a un bagayero

A nueve días de la implementación del Plan Güemes, la Gendarmería Nacional reprimió a un grupo de bagayeros en la frontera de la provincia de Salta con Bolivia. Hubo un muerto y múltiples heridos de gravedad. ANCCOM habló con los protagonistas del episodio.

El pasado 18 de diciembre, un numeroso grupo de bagayeros y vecinos de la zona fue reprimido en un operativo de gendarmes del puesto 28, sobre la Ruta Nacional 50, en el municipio de Orán, provincia de Salta. Hubo más de 50 heridos, algunos de gravedad, y fue asesinado Fernando Gómez.

Según el informe oficial, un grupo de 80 personas que se encontraba transportando bultos sobre sus espaldas por la zona conocida como “La Isla” –a la vera del Río Pescado, un afluente del Río Bermejo que es la frontera entre el municipio de Aguas Blancas y la localidad boliviana de Bermejo–, se enfrentó a Gendarmería Nacional en la madrugada del miércoles. Al escuchar la voz de alto, “descartaron la carga y comenzaron a arrojar elementos contundentes contra los funcionarios”.

El contexto de este episodio impone mencionar aspectos culturales de las comunidades que habitan estas regiones. Los denominados “chancheros” o “coqueros” son personas que se dedican al transporte de hojas de coca desde Bolivia hacia la provincia de Salta o Jujuy. Si bien ese traslado es considerado una práctica ilegal, el consumo de estas hojas es una práctica cultural y completamente normal en el norte del país; y, como establece el artículo 15 de la Ley 23.737, “la tenencia y consumo de hojas de coca en su estado natural destinado a la práctica del coqueo o masticación, o a su empleo como infusión, no será considerada como consumo de estupefacientes”.

Luego de que todas las personas fueran dispersadas, se trasladaron 22 bultos a las instalaciones de la Sección “28 de julio”, que es un puesto de control fijo de la Gendarmería sobre la ruta nacional 50. Allí es donde se habría desencadenado un segundo conflicto luego de que “una multitud de “contrabandistas” del lugar, con actitud agresiva, intentaron recuperar lo secuestrado”.

Nunca antes se había registrado en ningún informe oficial que los señalados como “contrabandistas” volviesen a intentar recuperar su mercadería. Mucho menos si se tratase de estupefacientes, como alude Gendarmería Nacional. El informe oficial concluye que “una vez controlada la situación, los uniformados comenzaron a inspeccionar las bolsas del contrabando”, y es allí donde supuestamente habrían hallado 49 “ladrillos” con más de 50 kilos de cocaína, junto con más de 200 kilos de hojas de coca y seis mil paquetes de cigarrillos. En ninguna parte del informe se hace alusión a los 53 bagayeros heridos, ni al fallecido.

La primera víctima del Plan Güemes

Fernando Martín Gómez, de 28 años de edad, era pasador de hojas de coca, y se encontraba en el lugar de los hechos cuando fue asesinado por la Gendarmería Nacional. Fernando habría fallecido por un impacto de bala en su costado derecho, que fue donde se encontró el perdigón que le perforó un pulmón y la arteria aorta. Además, también tenía otra herida en la pierna, de una bala que lo hirió y salió.

 En diálogo con ANCCOM, Sandra, la pareja de Fernando, contó que “él se dedicaba a pasar la coca, era el único sustento de la familia, nosotros somos 12 personas en un sólo terreno”. Gómez trabajaba de martes a sábado todo el día, y le pagaban por cada viaje que hacía, a la noche llegaba a su casa y dejaba la plata para poder alimentar a su familia. Ese día no fue diferente, estaba llevando su carga a un vehículo que la iba a transportar cuando “lo sacaron a los tiros”. Ellos tenían tres hijos, el mayor de seis, uno de dos años y un bebé recién nacido. “Quedé yo sóla porque él era el que salía a trabajar y yo me quedaba a cuidarlos”, comentó Sandra.

Sobre cómo murió su pareja, ella contó que “estaba trabajando, no va a ir a donde estaban los gendarmes como ellos dicen que fue, porque él tenía que esconder la carga para que no se la quiten, a mi marido lo mató la Gendarmería, me quitaron al padre de mis hijos, le metieron un tiro en el corazón”.

La Ministra de Seguridad Patricia Bullrich publicó en sus redes un comunicado luego de los hechos con el título de “Bagayeros sí, Narcos no”, en el que aseguró que “a los trabajadores que viven de pasar mercadería les damos un camino ordenado para que puedan seguir caminando, pero a los narcos no”. Sin embargo, según la familia de Gómez, él sólo se dedicaba a pasar coca y cigarrillos.

“Ahora quieren que yo no haga nada y me quede de brazos cruzados, yo voy a hacer justicia”, comentó Sandra. Y sobre esto aclaró: “La ministra Bullrich estaba diciendo que mi marido era un narco, no es así, yo no vivo en una mansión, vivo en una casa humilde, de madera y con piso de tierra. Tenemos dos camas, una tele y una mesa chiquita para 12 personas”.

Entre lágrimas, Sandra contó cómo fue que se enteró del asesinato de su compañero. “Me llamó una vecina a las 3 de la mañana del miércoles, me dijo que mi marido había muerto, y a esa hora me fui al hospital con mi hijo para ver el cuerpo”. Ni la policía, ni el hospital se molestaron en comunicarse con ella, y por eso tuvo que tomar a su hijo recién nacido en brazos y acercarse para confirmar lo que su vecina le había dicho.

“Él siempre contaba que los gendarmes eran violentos con ellos, cada vez que se los encontraban los apuntaban con las escopetas en la nuca y los pateaban como perros”, contó Sandra. “Mi marido no es narco, que venga Bullrich a ver cómo vivimos, yo no tengo nada que esconder”, sentenció entre lágrimas.

Los heridos

En total hay más de 50 trabajadores de frontera heridos. El Ministerio de Salud Pública de Salta informó que 25 de ellos fueron recibidos en el Hospital San Vicente de Paul, de Orán. A su vez, se notificó un herido con bala en el abdomen que escapó antes de ser identificado, y otro que está en recuperación por una lesión similar. Asimismo hay una persona con una bala en la cabeza que está en terapia intensiva y dependiendo de un respirador artificial. Además, hay cinco víctimas más con graves complicaciones oculares que fueron trasladadas por vía aérea al Hospital San Bernardo, en la Ciudad de Salta.

El parte oficial, sin embargo, afirmó que los uniformados “fueron atacados a pedradas”, y “repelieron la agresión con detonaciones de municiones anti-tumulto”. Se hizo sólo una alusión al fallecimiento de una persona, y se mencionó que posteriormente, un grupo de bagayeros intentó “tomar” el Puesto 28 de Gendarmería, disipándose el “ataque” con “disparos con municiones de posta de goma”. En ningún momento se mencionaron las balas de plomo que acabaron con la vida de Gómez y que dejaron a sus compañeros heridos de gravedad. Los trabajadores mencionan que se trató de ese tipo de munición pero el aspecto está bajo investigación en manos de los fiscales de Orán y Tartagal, María del Carmen Núñez y Marcos Romero.

El conflicto continúa

Luego de la muerte de Gómez, el jueves se hizo un corte sobre la ruta, entre Orán y Aguas Blancas que duró casi ocho horas. Durante el mismo se generó un nuevo conflicto entre vecinos de algunos barrios oranenses que resultó en otra fuerte represión e intercambio de balas de goma por un lado, y piedras por el otro. De este incidente es que el Gobierno de la Provincia de Salta informó que hay en total 54 uniformados heridos, uno de ellos por arma de fuego. Por el lado de los manifestantes también se registraron heridos, pero ninguno se acercó al hospital por miedo a resultar detenido.

En tanto, ayer en CABA organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos de la izquierda –que habían evocado la rebelión de diciembre de 2001 con un acto en Plaza de Mayo– caminaron hasta la Casa de Salta donde repudiaron el crimen de Gómez, exigieron su esclarecimiento y pidieron la renuncia de la ministra Bullrich.

Los trabajadores de la frontera

La economía de frontera en esta zona del norte del país lleva un plato de comida a la casa de más de 8.000 personas que trabajan transportando productos desde Bolivia hacia Argentina de forma ilegal. Es por ello que la política en este sector intenta en lo posible no coartar con el alimento de aquellos que viven de esto, porque es muy difícil para esas personas emplearse en otro rubro.

Popularmente, se les da un nombre a estas personas para distinguirlos según la carga que transportan. El bagayero es el que transporta ropa, también está el conocido como “bagayero vip”, que lleva electrodomésticos y productos de mucho mayor envergadura. El “chanchero” o “coquero” es una persona, generalmente de muy bajos recursos, que transporta a nado, y a altas horas de la noche, bolsas de consorcio que se supone deberían llevar hojas de coca y cigarrillos.

Sobre estos últimos, consultado por ANCCOM, comentó Adrián Zigarán, interventor del municipio de Aguas Blancas, que “es gente de escasos recursos que los contratan para que se tiren en el río flotando en esas bolsas que ya las tienen preparadas, en las que ellos no saben qué es lo que llevan, les pagan dos pesos, corren en riesgo su vida, y después no tienen ni para el velorio”.

Sin embargo, en las últimas semanas previas a la implementación del Plan Güemes, se empezó a detectar que la cocaína estaba pasando no sólo en las bolsas de coca, sino también entre los bolsos de ropa y dentro de los electrodomésticos. “La droga pasa de día y de noche, pero obviamente no son todos los bagayeros ni todos los chancheros”, afirmó Zigarán.

El Plan Güemes

Nueve días de implementación llevaba el Plan Güemes por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación, hasta que se dió el primer incidente, uno de los más graves en la historia del conflicto con el narcotráfico en Salta. El norte de la provincia tiene desde hace ya muchos años un importante problema con este sector criminal, que se profundizó de manera tal que desde la justicia hasta la política, pasando por policías, bomberos y ambulancias, estaban manchados por numerosos casos de delitos relacionados con el narcotráfico. 

El mismo Intendente del municipio de Aguas Blancas había sido destituido meses atrás y condenado a prisión domiciliaria por el encubrimiento de pruebas en el caso del asesinato de su hermano, que supuestamente tenía vínculos con el narcotráfico. Y es por ello que se designa a Zigarán como interventor. “En ese marco, el gobernador Sáenz decide asociar a la Nación, que es quien se encarga del narcotráfico, para poner un freno a esta cuestión que era transversal a todas las instituciones y combatirlo”, comentó Zigarán.

Sin embargo, la situación es mucho más compleja con respecto a los trabajadores de frontera. El mismo Interventor admite que no puede “calificar de narcotraficantes a estos pobres tipos que vienen flotando en una bolsa, que se ganan una moneda, no saben qué llevan y pierden la vida”. 

Fernando fue la primera víctima del Plan Güemes, y una víctima más del complejo sistema criminal que se dió lugar en Salta en los últimos años. Lo que hacen no es legal, y ellos lo saben, pero reprimirlos y matarlos no debería pretender ser la solución.

La alfombra roja del penal de Devoto

La alfombra roja del penal de Devoto

En las dos últimas audiencias del año en el juicio que investiga la masacre del Pabellón Séptimo de Devoto declararon dos sobrevivientes que reafirmaron el relato de todos los testigos que testimoniaron hasta el momento. El sadismo de los guardiacárceles y las marcas que perduran hasta hoy.

Familiares de las víctimas en la primera audiencia del Juicio.  

El juicio oral y público por la Masacre del Pabellón Séptimo pasó a un cuarto intermedio hasta el 12 de febrero, cuando seguirán las audiencias testimoniales. Pero antes, en las últimas dos jornadas de este año, declararon dos sobrevivientes de aquel incendio ocurrido el 14 de marzo de 1978 en la cárcel de Devoto, Hugo Alberto Ciardiello y Hugo Castro Bravo. En el banquillo, acusados de la masacre, están los exagentes penitenciarios Juan Carlos Ruiz, Horacio Martín Galíndez y Gregorio Bernardo Zerda. 

Ciardiello contó que fue encarcelado un poco más de treinta días antes de los hechos, por lo que era nuevo entre los reclusos del pabellón. Al recordar el momento en que “se lo llevaron” narró un encuentro violento con seis personas vestidas de civil y con tres Falcon estacionados. Entraron a su casa a revolver papeles y boletas, y le encontraron dos plantas de marihuana en el patio que tenía en el fondo. Él y su amigo terminaron presos. 

En ningún momento presentaron una orden de allanamiento y al día de hoy el testigo no sabe qué buscaban. “En la comisaría me preguntaban por lugares que no conocía, por gente que no conocía y si había militado en algún lugar”, dijo Ciardiello. Además, añadió que lo torturaron a través de golpizas por no darles las respuestas que esperaban. Cuando llegó a Devoto ranchaza con Hugo Cardozo, uno de los primeros sobrevivientes que testificaron ante el tribunal. Por ser nuevo le tocaba dormir en el piso del Pabellón 7, donde había unos 150 reclusos. 

Ciardiello relató el incidente de la noche del 13 con los guardias, la discusión por el horario de apagado del televisor. “Hubo un intercambio de palabras entre Tolosa y el agente penitenciario que estaba arriba de la pasarela. No sé si fue por el volumen o porque ya se había hecho tarde”, expresó. Luego de ese intercambio, todos se fueron a dormir. Durante la madrugada identificó a tres agentes penitenciarios que habían entrado al pabellón para llevarse a Tolosa y castigarlo. A la mañana del 14 vino la requisa, con más agentes que lo habitual, que insultaban y agredían. Como defensa, se lanzaron elementos que estaban en la cocina: sartenes y alimentos como papas, cebollas y batatas. Además, comenzaron a empujar las camas contra las rejas para impedir que las autoridades siguieran avanzando.

Luego de “uno o dos minutos de paz”, los penitenciarios volvieron. Esta vez, lanzando gases y disparando con armas de fuego, que incendiaron los colchones. A la sensación de ahogo se sumaba la desesperación por miedo a ser baleados. Gracias a una “toallita” que encontró y un charco de agua que estaba en el piso, Ciardiello se tapó la cabeza y la cara mientras permanecía escondido en una columna del pabellón. Esos minutos fueron interminables, y cuando el fuego cesó vinieron los golpes y el encierro en un calabozo. Lo obligaron a levantar los brazos, de los que se le había comenzando a despegar la piel. Los hicieron salir cuando llegaron los médicos, y ahí vio entre 10 y 15 personas tiradas en el piso, probablemente fallecidas. 

Al preguntarle qué ocurrió con Tolosa, el testigo contó que no lo vio durante el incidente ni al salir. Sin embargo, tiempo después de lo ocurrido, en el mismo penal le contaron que lo mataron después del incendio.

Al salir del calabozo, a Ciardiello  le dieron una inyección y un calmante y posteriormente fue trasladado al Hospital Álvarez, donde se encontró con su hermano y su madre, quien inicialmente no lo había reconocido. “Gracias a Dios me pude recuperar. Estuve fácil 30 días o un poco menos en el hospital. Me curaban día por medio porque en las quemaduras se creaban unos hongos” contó. 

Dado de alta en el hospital, regresó a la cárcel de Devoto por un breve tiempo hasta que fue declarado libre de culpa y de cargo. Ciardiello intentó recuperar su vida normal. Su papá tenía una carnicería, por lo que comenzó a trabajar junto a él. Sin embargo, las secuelas en su piel le provocaba dificultades para mover las manos. Además, contó que vivía con mucho miedo: “Fueron muchos años de no poder dormir a la noche, de estar alerta”. Le costaba salir a la calle, viajar en tren y estar apretujado con más gente le hacía sentir que se le iba a parar el corazón. A pesar de las dificultades, explicó que trató de seguir esforzándose porque tenía a “tres criaturas que cuidar”. 

El pasado miércoles 18 declaró por Zoom desde Santiago de Chile el sobreviviente Hugo Castro Bravo. Recordó haber ingresado a Devoto con 22 años, tras haber sido detenido junto a otros compañeros chilenos por una supuesta tenencia de drogas. Al pabellón ingresó junto a 13 de esos compañeros, entre los que mencionó a Gastón Sepúlveda, Mario Escobar y Arnaldo, con quienes también formó su rancho. Sin embargo, Castro expresó que de todos los chilenos que ingresaron al Pabellón Séptimo, el único sobreviviente fue él. Castro Bravo aclaró que él conoció a Patricio “Pato” Tolosa. Al llegar junto a sus compañeros ninguno tenía “abastecimientos” ni medios para pagar ciertos recursos que se solían utilizar dentro del pabellón, como el kerosene. “Pato” les había brindado aquel material varios días hasta que pudieron conseguir un modo de pagarlo.

Durante la noche del 13, Castro se encontraba en el “palito”, término que solían utilizar para referirse a la cocina del pabellón. Tanto él como otros de sus compañeros solían permanecer allí hasta que los que tenían camas se acostaran, ya que a partir de eso es que los que dormían en el piso colocaban sus colchones. 

El sobreviviente recordó que esa noche iba a pasar el guardia que nombraba a los reclusos que debían ir a Tribunales. El guardia que solía hacerlo, según contó, era una persona mayor a ellos que acostumbraba a tratarlos con respeto y con quien no habían presentado conflictos. Sin embargo, esa noche estuvo otro celador, descrito por Castro como una persona más joven que la anterior y con un carácter mucho más agresivo. Ese celador les solicitó reiteradas veces que apagaran el televisor “de muy mala manera”, dirigiéndose más que nada a Tolosa, según explicó. A la mañana siguiente, había cierta intranquilidad. “Sabíamos que querían buscar al “Pato” y que nos iban a pegar a todos”. Sus compañeros le aconsejaron que corriera al fondo. 

La requisa estuvo acompañada por golpes, hasta que los presos empezaron a defenderse con las camas como escudos, hasta que los agentes empezaron a tirar las bombas lacrimógenas. “Produjeron un desastre: vómitos, gente llorando, asfixiada” relató el testigo. Después comenzaron a disparar con “balas de verdad”. Castro Bravo vio cómo los más audaces agarraban las bengalas con las manos y las devolvían. Los colchones se incendiaron y luego vino “en todo el pabellón una oscuridad horrible”.

Mientras buscaba la forma de protegerse recibió un disparo en el pecho que lo dejó tirado en el piso. Recordó que al intentar levantarse estaba cubierto de sangre así que se quedó quieto, rezando. Tras un lapso que el testigo no pudo estimar, el fuego se extinguió solo y las autoridades, luego de tirar un baldazo de agua únicamente hacia la puerta, ya que, según Castro, ésta se encontraba “al rojo vivo”, pidieron que salieran de a tres. A él le pusieron una cadena y las manos atrás, haciéndolo bajar las escaleras en esa posición. “No les importaba si estábamos heridos, si estábamos sangrando, no había misericordia de nada. Ese pasillo era una alfombra roja de sangre, muchos de los que estaban en el suelo estaban muertos”. 

 

Lo dejaron en una celda junto a otras tres personas: Gastón, Arnaldo y a una persona que no pudo identificar en el momento porque estaba todo oscuro. Aquel hombre estaba tirado en el suelo y decía que se había quebrado. Los penitenciarios ingresaron a la celda y con una linterna grande le levantaron la cabeza a cada uno para alumbrarlos e identificarlos. Al realizar dicho procedimiento con el que se encontraba tirado, tanto las autoridades como Castro identificaron a Tolosa y lo sacaron de allí. Contó que lo arrastraron, se escucharon golpes y luego no supo más de él.

Gastón, uno de sus compañeros chilenos con quien había ingresado al penal, sufrió un procedimiento casi similar. “Estaba apoyado en la puerta y como estaba de cuclillas se fue hacia atrás, a lo que uno de los guardias lo agarró del cuello y lo sacó para afuera” relató el testigo. “Le terminaron dando dos tiros”, agregó.

Castro tenía quemaduras en gran parte de la espalda, los brazos, las manos y un disparo en el pecho. Se sometió a distintas operaciones durante su estadía en el hospital Alvear, e incluso contó que una vez retornado a Chile se sometió a nueve operaciones para recuperarse de ciertas cicatrices que aún le habían quedado.

Durante su internación en el Alvear llegaron unas personas que se identificaron como “del Ejército” y como representantes de derechos humanos que le debían tomar declaración. Le recomendaron evitar ciertos aspectos, como el asesinato de Tolosa y Gastón, ya que eso “iba a generar mucho problema”, según le explicaron. Castro obedeció a las recomendaciones. “Era chileno y era la primera vez que me encarcelaban, tenía un temor terrible”, señaló. Luego de ser transferido dos veces a distintos pabellones en Devoto, salió en libertad a los dos años y 4 meses de haber ingresado.

Contestando a otras de las preguntas de la defensa, contó que del juicio se enteró por Facebook, en donde se estaba tratando el tema y donde él se identificó como uno de los sobrevivientes, poniéndose en contacto posteriormente con la abogada querellante Claudia Cesaroni.

Una vez finalizadas las preguntas de ambas partes, el juez Nicolás Toselli, presidente del Tribunal Oral Federal 5, estableció un nuevo cuarto intermedio que será reanudado para el 12 de febrero de 2025 a las 10 horas, donde continuarán las declaraciones testimoniales.