Y florecerán mil pañuelos

Y florecerán mil pañuelos

Abuelas de Plaza de Mayo, la Carrera de Ciencias de la Comunicación y ANCCOM organizaron una intervención artística como antesala del 24 de marzo y para resistir a los avances negacionistas.

“¿Quién pintó con aerosol en la calle alguna vez? Arriba esas manos. ¿Quién pegó el famoso cartel militante? Eso vamos a hacer hoy, amigues” se presentó así, Santiago Spiga, en la clase apertura de la materia Políticas Culturales del nuevo plan de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA. 

A 48 años del último golpe cívico militar en Argentina, discursos negacionistas por parte del Gobierno Nacional vuelven a poner en tela de juicio las desapariciones y el accionar de las Abuelas de Plaza de Mayo, quienes contraponen junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el artista visual Santiago Spiga, actividades en escuelas y universidades con el nombre “Memoria SÍ, pañuelos hoy y siempre” para resignificar su lucha y alzar la bandera de los 30 mil desaparecidos. 

Con la organización de la carrera Comunicación Social, ANCCOM y la Catedra Sanjurjo, se propusieron realizar intervenciones artísticas en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, para promover la memoria, la verdad y la justicia previo al encuentro del próximo 24 de marzo en Plaza de Mayo.

Ante el ajuste, el recorte de universidades y quita de derechos conquistados, los alumnos y profesores buscan, a través del arte, instaurar la memoria en la cotidianeidad y contraponer –ante el ajuste inédito- una lucha que reúna a todos y todas en pos de un futuro mejor.

“En este período de hambre, pobreza y negacionismo, nos parece importante desde la Universidad explorar otras formas de decir, de construir relatos e intervenir con lo artístico para un compromiso con la memoria. Un espacio para encontrarnos, pensar y repensar las formas de participación política y resistencia”, expresó Larisa Kejval, directora de la Carrera de Comunicación Social.   

La presencia de Miguel El Tano Santucho, hermano del nieto restituido número 133, llevó a un aplauso colectivo antes de que comenzara a hablar: “Vemos cómo están avanzando sobre los derechos adquiridos y sobre la gente con un discurso peligroso, que llama al conflicto y al sálvese quien pueda. Nuestras abuelas nos enseñaron lo contrario, la lucha es colectiva, entre todos y todas se pueden lograr cosas, respetar e interpelar al prójimo”.

“Engrudo, afiches y carteles es el lenguaje de hoy. A hacer y aprender con las manos y el corazón”, fue el puntapié de Spiga, quien coordinó la actividad, para que los estudiantes y profesores comenzaran a realizar la intervención artística. 

Se formaron dos grupos: por un lado, quienes deseaban realzar la gigantografía de Taty Almeida riendo junto a Estela de Carlotto y por el otro, quienes querían pintar con stencil y aerosol pañuelos coloridos. Ambos, guiados por una misma razón: “Memoria, verdad y justicia”.

El primer grupo, sentado en el piso y desparramando los recortes para ver cómo se formaba la imagen, estuvo acompañado por Kejval, quien con una tijera y una sonrisa de oreja a oreja, comenzó a recortar una de las fotos. El segundo grupo, de pie junto a una mesa y sus copias de pañuelos con un corazón, impresos en papel, esperaron la orden de Spiga para aprender a usar los materiales. 

Una caminata seguida de aplausos por profesores y estudiantes irrumpieron en el comedor y se llevaron todas las miradas de quienes participaban de la intervención artística, debido al latente reclamo por la falta de presupuesto del Gobierno nacional hacia las universidades y la licuación de salarios docentes y no docentes que llevaría a un posible cese de las clases.

Frente al cartel de los 40 años de la democracia y con imágenes de los estudiantes desaparecidos durante la dictadura militar que la Facultad de Ciencias Sociales exhibe para recordarlos y homenajearlos, la gigantografía de dos de las representantes más importantes de los derechos humanos y la memoria en Argentina se hicieron presentes para recordar que la lucha es diaria, para honrar a los 30 mil desaparecidos que quieren negar o evitar el cierre de los excentros clandestinos, como la ESMA, que funcionan hoy como sitios de memoria. 

“Las abuelas hoy en día siguen fuertes, pero ya están grandes. Este legado nos lo pasaron a nosotros y a toda la sociedad, es un desafío que tenemos todos de levantar y defender esa bandera”, finalizó Santucho, en nombre de las Abuelas de Plaza de Mayo. 

Una carrera contra el olvido

Una carrera contra el olvido

El domingo se llevó a cabo la 21º edición de La Carrera de Miguel, en homenaje al atleta desaparecido Miguel Sánchez. Fue la entrada en calor para la movilización del próximo 24 en medio de un contexto negacionista.

Bajo la consigna “la meta es no olvidar”, este domingo 17 de marzo a las 8 de la mañana se llevó a cabo la carrera de Miguel, cuyo punto de largada fue la calle Miguel Sánchez –nombre del atleta desaparecido durante la dictadura y homenajeado con esta maratón– y Padre Canavery, en el barrio de Nuñez.

Miguel Sánchez fue un atleta federado y poeta que nació en Tucumán. Desarrolló una militancia política en el peronismo, que lo llevó a hacer acciones de trabajo social en barrios carenciados. Fue secuestrado en su casa de Berazategui el 8 de enero de 1978 cuando tenía 25 años, estuvo cautivo en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio El Vesubio y aún permanece desaparecido.

Esta carrera le rinde homenaje hace 46 años en diferentes municipios, provincias y países, y fue realizada por primera vez en Roma, Italia, el 9 de enero de 2000, a instancias del periodista de La Gazzeta Dello Sport Valerio Piccioni. Al año siguiente se empezó a organizar en Argentina como parte de las actividades por Memoria, Verdad y Justicia.

Familiares y amigos de Sánchez, además de seguidores del atletismo se acercaron a participar este domingo de la carrera número 21 de Miguel, junto a personas con distintas discapacidades motrices, no videntes, y en silla de ruedas. Mientras los primeros dos mil corredores se alistaban estirando, elongando, trotando con pasos cortos, las familias y conocidos se disponían a alentar. Hubo dos recorridos, uno de tres y otro de 8 kilómetros, se realizó la premiación y luego hubo discursos de los presentadores y algunos ganadores.

A partir de una ley votada en el año 2013 por la Legislatura porteña, la Ciudad de Buenos Aires está obligada a organizar anualmente la Carrera de Miguel. Este año, si bien se organizó, llamativamente casi no contó con la difusión del gobierno que encabeza Jorge Macri.

El deportista Martín Sharples pidió el micrófono y dijo que no lo hacía por él sino para darle voz a Sánchez. “A Miguel no se lo llevaron por corredor sino por luchador social, y en estos momentos en que estamos viviendo un gobierno negacionista es buen momento para que Miguel le hable a un Presidente que niega los 30.000 desaparecidos, y a los que piensan diferente les dice ‘zurdos de mierda’, eso le decían a Miguel en la mesa de torturas”, expresó.

Ante un auditorio integrado también por funcionarios del gobierno macrista, el atleta discapacitado agregó: “Cuando a una mujer embarazada le robaban el hijo, eso era un delito de lesa humanidad, no un exceso como dice el Presidente (Javier Milei). El macrismo es cómplice suyo de modo que hoy en esta carrera estamos todos desaparecidos”.

Scharples, veterano activista de derechos humanos, se permitió cuestionar a la organización al decir que “es la única carrera de la Ciudad que no nos clasifica, por algo será, como decían ellos”. Tras convocar para “el 24 todos a la plaza”, fue aplaudido cuando mencionó la lucha de los periodistas de Télam.

Angie Rossi sobrina nieta del atleta desaparecido, dijo a ANCCOM: “Es importante hablar sobre Miguel Sánchez porque es hablar desde el deporte de la memoria, de la verdad y de la justicia. En este momento donde la cultura empieza a ser avasallada, dónde reprimen, resulta importante hablar desde la cultura, porque es una forma de reivindicar a los 30.000 detenidos, desaparecidos”. Ella también hizo “un llamado a la responsabilidad colectiva para reunirse a tener un ejercicio de memoria desde todos los espacios posibles como ciudadanos e invitar a las personas a que participen en la marcha de este 24 de marzo por el aniversario del golpe de Estado de 1976.

Antes de dejar el escenario, Scharples entregó una distinción al joven periodista Ricardo Fernández, autor del libro “Miguel Sánchez, memoria(s) del primer atleta desaparecido”, publicado por Grupo Editorial Sur. “Me tocó subir por primera vez a un escenario en una Carrera de Miguel frente a decenas de personas. El motivo fue recibir un reconocimiento, pero ésto no fue solo por el libro, sino como representante de todos los periodistas y en especial de los de Télam que están atravesando uno de los atropellos más grandes de la historia”, escribió luego Fernández en sus redes.

Camila Sequeira Vega, una trabajadora del Grupo Editorial Sur, explicó las razones de su participación: “Me convoca a venir la memoria de Miguel, porque fue el primer atleta registrado como desaparecido y hoy en día se corren en todo el mundo carreras en su nombre. Vine a mostrar su libro, que cuenta su historia, su trayectoria hasta su desaparición en la última dictadura cívico-militar”.

Ni derechos, ni humanos

Ni derechos, ni humanos

El exjuez Alberto Baños, designado por Javier Milei en la Secretaría de Derechos Humanos, ya firmó el despido de otros 18 trabajadores, a pocos días del 24 de marzo. Desde ATE no descartan que se produzcan más cesantías y denuncian que se trata del vaciamiento de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.

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En las vísperas del 24 de marzo llegaron nuevos despidos en la Secretaría de Derechos Humanos (SDH), que contaba con un plantel de poco más de 900 trabajadores. La notificación de tres ceses llegó este lunes, pero la cifra creció a 18 en apenas dos días. Los delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) no descartan que lleguen más en los próximos días. Desde el gremio, buscaban reunirse con el secretario para resolver los contratos del área, pero no fueron recibidos.

Para Flavia Fernández Brozzi, vocera y parte de la junta interna de la Secretaría de ATE, están vaciando las políticas de memoria y de derechos humanos. “Desde el 10 de diciembre que asumieron no tenemos ninguna directiva, no podemos trabajar -aseguró a ANCCOM-. En el área que era la división de políticas contra la violencia institucional, recibimos denuncias y no podemos hacer nada más que mandar un mail pidiendo información como trabajadoras, ni siquiera como Secretaría porque no tenemos firma. Hay sitios de memoria que no pueden abrir porque no les autorizan el final de obra. En el Regimiento de Infanteria N° 9 de La Plata, sitio de memoria desde 2023, despidieron a todos los trabajadores”.

En diciembre, un director de Prensa dijo que iba a reestructurar el área, tardó dos meses en mandar el proyecto, pero el 1º de marzo nombró a cinco personas para que se queden en Prensa y que las otras diez sean reubicadas. “Como cada vez que se achica el Estado, se habla de ñoquis y de militancia, pero se despide a trabajadores con años de formación, compromiso y dedicación en sus tareas -declaró Horacio Pietragalla Corti, nieto restituido por Abuelas de Plaza de Mayo y exsecretario del área-. Nos solidarizamos con cada compañero que se esforzó para tener un país que lucha contra la violencia institucional, un país con un museo que es Patrimonio de la Humanidad, con más atención y contención a las víctimas, con más memoria, más verdad y más justicia”.

El sindicato tuvo una reunión el lunes 4 de marzo con Alberto Baños, encargado de la Secretaría, y a los días presentaron una propuesta con la reubicación de los compañeros en áreas que los necesitaban. “Desde el día que lo presentamos al viernes no tuvimos respuesta. Hicimos un ruidazo y no nos recibió. Teníamos apuro porque toda esta semana Baños iba a estar en Costa Rica. La respuesta fueron los telegramas con fecha del 8 de marzo”, relató indignada Fernández Brozzi.

“El martes, ya con los despidos notificados, el Ministerio de Justicia sacó una búsqueda interna para cubrir cuatro vacantes en el área de Prensa de la sede central, con perfiles similares a los compañeros despedidos. Esta nueva gestión tiene un alto nivel de crueldad y cinismo”, añadió Fernández Brozzi. Los primeros despidos fueron en el área de Prensa, pero a menos de una semana, también cesaron a trabajadores de Leyes Reparatorias, de provincias y delegaciones federales y del Archivo Nacional de la Memoria. De ellos, trece están afiliados a ATE, tres a Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y dos no tienen afiliación gremial.

A nivel nacional, el 31 de marzo termina la renovación de los contratos de 70 mil trabajadores del Estado. Estas contrataciones se renovaban anualmente, pero esta nueva gestión sólo los renovó por tres meses. En esta situación están 100 trabajadores de la Secretaría, muchos de los cuales trabajan en los Sitios de Memoria Nacional (como Club Atlético, ESMA, el Faro de Mar del Plata, Automotores Orletti y la Escuelita de Famaillá en Tucumán), donde además de la atención a los visitantes, se realizan tareas de investigación y conservación de los espacios.

Marcela Perelman, directora del equipo de Investigación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), dijo en diálogo con ANCCOM que «seguimos con preocupación los despidos en el Estado, que están afectando también a las y los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos. Nos preocupan las fuentes de trabajo, y las consecuencias que los despidos y recortes puedan tener en las políticas de memoria, verdad y justicia, en las reparaciones, así como en el sostenimiento de los diferentes sitios de memoria a nivel federal».

En esa línea, los trabajadores del exCentro Clandestino de Detención y Totura (CCDyT) El Olimpo se expresaron en un comunicado: “Los puestos de trabajo están en peligro, y con ellos peligra la continuidad de las políticas de memoria”. Así, consideran que este vaciamiento requiere que estén en estado de alerta y movilización hasta que se garantice el trabajo de todes.

Un documental sobre las desaparecidas trans

Un documental sobre las desaparecidas trans

La película «Donde habite la memoria”, de Clara Olmos y Carolina Musso cuenta la historia de Julieta González y Fabiana Gutiérrez, sobrevivientes del Pozo de Banfield.

Donde habite la memoria es un documental, producido y dirigido por Clara Olmos y Carolina Musso, que añade una pieza faltante a la historia en la reconstrucción de los recuerdos del horror durante la última dictadura militar en Argentina. En esta oportunidad, se alumbra a protagonistas que antes no habían sido visibilizadas, víctimas que no habían sido registradas como tales. La película se proyectará el viernes 15 de marzo a las 18 en el excentro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) «Pozo de Banfield», hoy convertido en Espacio para la Memoria, en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora. Es en este CCDTyE fueron detenidas ilegalmente entre 1976 y 1977Julieta González y Fabiana Gutiérrez, miembros del colectivo trans y protagonistas de este documental.

“Queríamos recuperar las historias de un colectivo que también fue perseguido durante la última dictadura cívico-militar, pero que durante todos estos años permanecieron en los márgenes del relato oficial de nuestra memoria”, comentó Olmos, quien se formó como cronista de ANCCOM y actualmente trabaja en la Agencia de Noticias Télam, amenazada de cierre por el gobierno de Javier Milei.

Olmos reconoce el compromiso de Argentina en el trabajo de reconstruir el pasado reciente del terrorismo de Estado, no obstante, destaca que tuvieron que pasar 40 años para que se visibilice la represión específica y sistemática que la dictadura ejerció sobre la comunidad trans.

Las protagonistas de este documental estuvieron detenidas ilegalmente en el Pozo de Banfield cuando tenían 15 años, en el caso de Fabiana, y entre los 19 y 20 años, en el caso de Julieta. Ambas sufrieron abusos y violencia por parte de sus opresores. “Al menos seis mujeres trans estuvieron detenidas en este centro clandestino de detención en esos años”, contó Olmos. Entre noviembre de 2022 y abril de 2023, declararon por primera vez en la causa Brigadas, un juicio de lesa humanidad que juzga los crímenes cometidos en el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes y el Infierno, en Avellaneda. “Sus declaraciones fueron un hecho histórico en sí mismo, que esperamos pronto resulten en la primera sentencia mundial sobre el tema”, expresó Olmos con esperanza.

Julieta Gonzalez.

Por su parte, Musso está convencida de que la dictadura tuvo una dimensión profundamente patriarcal que se evidenció en el encarnizamiento y la violacion de los derechos humanos de tantísimas mujeres trans, aprovechando su vulnerabilidad, especialmente en aquel momento. La mayoría de las sobrevivientes hoy ronda en los 60 años, fueron violentadas física y psicológicamente y, al igual que otras personas pertenecientes a este colectivo, actualmente atraviesan una situación compleja: hay quienes tienen una jubilación o pensión mínima para subsistir, otras se encuentran en situación de pobreza o indigencia, sin acceso a salud o sin una vivienda digna, explicó. “Nuestro objetivo es acompañar el reclamo de la comunidad trans de una reparación histórica por la persecución y los delitos ejercidos contra sus identidades no solamente en dictadura, sino también a las que sufrieron durante las primeras décadas de la democracia”. Esta es una de las mayores deudas actuales de la democracia en Argentina, afirmó Musso.

Uno de los desafíos que se les presentó en el proyecto, fue el hecho de tener pocas mujeres trans sobrevivientes de la dictadura. Durante el proceso de investigación conversaron con muchas víctimas, y si bien todas daban cuenta de las persecuciones policiales sufridas desde la década del ochenta en adelante, la mayoría eran aún niñas durante los primeros años de la dictadura, comentó Musso. Las directoras decidieron desarrollar el documental a dos voces porque consideraron que en sus relatos subyace, junto a la dimensión profundamente subjetiva del horror, una trama colectiva. “Los testimonios de las protagonistas hacen de este documental un relato crudo, desgarrador y de una profunda ternura a la vez”, alegó Olmos.

Durante la etapa de investigación, las directoras dieron con el caso de Fabiana Gutiérrez, pero se encontraba viviendo en Italia. Sin embargo, lograron un vínculo que permitió que tomara la decisión de viajar desde el viejo continente para visitar el Pozo de Banfield y formar parte del documental, abriendo recuerdos dolorosos. En una charla con ANCCOM, Gutiérrez agradeció a todas aquellas personas que trabajan decididamente para iluminar una parte anulada de la historia en los años oscuros de la dictadura. “En esos momentos éramos violentadas, abusadas y nos mandaban desnudas a las celdas, cumpliendo días o meses dentro de la misma, sólo por ser lo que éramos”, contó. Era menor en ese entonces, hoy tiene 62 años y siente el deber de ayudar a la construcción de la memoria por eso decidió ser partícipe del proyecto y colaborar con sus compañeras. Recuerda la primera vez que intentó escaparse y como resultado recibió un golpe en la cabeza. No obstante, cuando logró quedar en libertad buscó refugio en el exterior. Sin embargo dijo: “A pesar de vivir afuera, mi corazón siempre está en Argentina, amo mi país”.

 

Fabiana Gutierrez.

Clara Olmos y Carolina Musso, ambas comunicadoras, fueron las realizadoras del proyecto, en el marco de su tesina de grado de la Licenciatura de Comunicación Social en la UBA. Contaron con el acompañamiento de sus tutores, el recientemente fallecido Eduardo Morales, Silvina Manguía y María Rosa Gómez. Sobre la elección del formato de tesina, Musso explicó que “no fue una elección al azar. Fue una decisión política: queríamos generar un material que no quedara circunscrito al ámbito académico sino, por el contrario, pudiese circular en el espacio público. Desde un comienzo, las comunicadoras se plantearon el deseo de orientar su trabajo hacia la creación de una herramienta al servicio de la comunidad travesti-trans. Luego llevaron a cabo varias jornadas de filmación y finalmente la edición fue de realización propia.

“Sentimos mucho orgullo por Julieta y Fabiana que, 40 años después, se atrevieron a contar su historia y a reclamar lo que como sociedad aún les debemos”, expresó Olmos. “Nos alegra profundamente poder hacer nuestro aporte como generación que no vivió la dictadura, pero que tiene el deber de continuar y fortalecer la memoria de nuestro país y la historia de los 30.000 desaparecidos y detenidos”, afirmó reflexiva.

Para las realizadoras, el documental es una invitación a seguir reflexionando sobre nuestro pasado reciente y el irrenunciable compromiso con la defensa de los derechos humanos. Es también, una oportunidad para conocer una parte de la historia de la cual poco se ha hablado. Para Musso: “Contra todo impulso epocal hacia la deshistorización, el ex CCDTyE Pozo de Banfield es un espacio en el cual la historia se hace carne, volviéndose ineludible”.

 

Piden perpetua para nueve represores

Piden perpetua para nueve represores

Tras una semana de alegatos en la causa que investiga los crímenes de la dictadura en el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes y la Brigada de Lanús, las querellas exigieron justicia.

La querella de Abuelas de Plaza de Mayo pidió prisión perpetua para los represores Luis Horacio Castillo , Jorge Antonio Bergés , Juan Miguel Wolf , Federico Minicucci, Roberto Armando Balmaceda , Jorge Di Pasquale , Guillermo Dominguez Matheu, Carlos María Romero Pavón, Carlos Gustavo Fontana por los delitos de lesa humanidad perpetrados en las Brigadas de Investigaciones de la Policía Bonaerense de Banfield, Quilmes y Lanús, con asiento en Avellaneda.

En el Tribunal Oral Federal N° 1 comenzó el alegato de la querella de Abuelas de Plaza de Mayo en el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el “Pozo de Banfield”, el “Pozo de Quilmes” y “el Infierno” de Lanús, el martes 5 de marzo último.

En una audiencia extensa semipresencial ante el TOF N° 1 de La Plata integrado por Walter Venditti, Ricardo Basílico y Esteban Carlos Rodríguez Eggers se desarrollaron los alegatos del CODESEDH , del doctor Claudio Yacoy por la Municipalidad de Avellaneda y el de Abuelas de Plaza de Mayo a cargo de los abogados Collen Torre y Emanuel Lovelli .

En el marco de la audiencia número 135 la querella de Abuelas de Plaza de Mayo repasó algunos de los testimonios de sobrevivientes acompañados por un grupo de nietos y nietas que estuvieron presentes , entre ellos Daniel Santucho, el último nieto que recuperó su identidad el año pasado, mientras se desarrollaba este juicio.

Abuelas de Plaza de Mayo es querellante junto con los nietos restituidos Carlos D’Elía, Victoria Moyano Artigas, Pedro Nadal, María José Lavalle Lemos y su hermana María Lavalle, Laura Garack , Pablo Díaz y Graciela Borelli Cattaneo.

“Además de los casos querellantes y que representamos por los que acusamos también vamos a acusar por las mujeres embarazadas víctimas desaparecidas que pasaron por esos tres centros clandestinos y por los niños y niñas que nacieron allí pero antes nos parece importante destacar el funcionamiento del conocido Pozo de Banfield como maternidad clandestina”, comenzaba la abogada Colleen Torre.

“Los responsables del terrorismo de Estado –señaló- montaron las maternidades clandestinas en los distintos centros de detención, uno de los más grandes de la Provincia de Buenos Aires fue el Pozo de Banfield. Los nacimientos se daban en estos lugares específicos, lo pudimos ver cuando hicimos la inspección ocular”

Coleen Torre recordó los testimonios de los sobrevivientes en las audiencias que contaron cómo las embarazadas eran obligadas a dar a luz rodeadas de los represores, generalmente en las mesadas de las cocinas, mientras las insultaban y eran tabicadas y atadas de manos. Luego –coincidieron los sobrevivientes- eran separadas de sus hijos que fueron entregados a sus apropiadores. La abogada recordó también que tras el parto, las madres eran obligadas a limpiar el lugar y que las condiciones de su detención eran las mismas que tenían los demás detenidos y detenidas .

“De las 23 mujeres embarazadas por las que estamos hoy pidiendo justicia, veinte estuvieron secuestradas en el Pozo de Banfield y una de ellas, Liliana Ross, fue asesinada antes de dar a luz. Y de los diez nacimientos probados en estos juicios, ya sea por testimonio o porque el niño o niña, hoy adultos, fueron restituidos a sus familias, nueve sucedieron en el Pozo de Banfield”.

La letrada argumentó que las apropiaciones se dieron en el marco de un plan de exterminio de quienes los militares consideraban como un ´enemigo interno´. “Y en ese plan –continuó- también tenían que aniquilar a las mujeres que se habían alejado de los mandatos de una sociedad patriarcal y habían abandonado los estereotipos de género para ingresar al escenario público, a la militancia política». Por este motivo, explicó la letrada, los militares “le quitaron el derecho a criar a sus hijos e hijas».

Antes de terminar, Torre leyó las palabras escritas por algunos nietos y nietas que restituyeron su identidad acerca de lo que significa este juicio para ellos y para ellas. Pedro Nadal, uno de los nietos querellante en la causa, escribió  “Quiero agradecer al tribunal y a la fiscalía por la sensibilidad para abordar este juicio , pero no entiendo cómo las víctimas están presentes en cada audiencia y los imputados están ausentes . Algunos, comiendo, nos veían por telecomunicación desde sus hogares , otros reivindican sus atrocidades de manera obscena desde una cámara y hasta nos mandan mensajes para que sepamos que, según ellos, lo mejor que pudieron hacer es hacer desaparecer a nuestros padres y apropiarnos para educarnos mejor”.

Colleen Torre finalizó diciendo que los organismos de derechos humanos seguirán buscando a los 30.000 desaparecidos y a cada uno de los nietos que fueron apropiados para restituirles su identidad.

Las otras querellas

El jueves 7, en el TOF Nº 1 se escucharon los alegatos de las querellas de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) y UNIÓN, representadas por los abogados Guadalupe Godoy y Pablo Llonto quienes se sumaron al pedido condenatorio.

Llonto citó al presidente Javier Milei en el discurso que pronunció en su excolegio cuando les sugirió a los y las adolescentes que «lean las dos bibliotecas», en torno de lo que sucedió durante la última dictadura. El letrado le respondió : “ Es una invitación a que leyeran las bibliotecas de los genocidas para que de allí tomen su lenguaje y explicaciones sobre lo que iban a hacer y lo que hicieron . Algo así como si en Europa algún jefe de Estado les dijera a estudiantes secundarios y universitarios: “Ustedes que no han vivido la Segunda Guerra Mundial o el Holocausto agarren las bibliotecas de los nazis para encontrar las explicaciones de por qué había que exterminar judíos , gitanos , homosexuales y así se pueden formar una idea de lo que pasó. Por eso pedimos, por favor jueces y juezas, señalen en las sentencias la dimensión del daño para que no ocurra más“, cerraba Llonto. 

En una sala colmada, el viernes 8, el último día de las querellas, se escucharon los alegatos del colectivo Justicia YA!, representados por Pía Garralda y Luz Santos Morón. “Habiendo pasado 17 años de impunidad, lo hacemos también por nuestro compañero Jorge Julio Lopez. Seremos su voz en este nuevo juicio pese a lo que pretendieron los responsables de su segunda desaparición forzada. El devenir político de nuestro país hace que el alegato que presentamos transcurra en un contexto de un peligroso avance de sectores que niegan el genocidio y reivindican a la distadura”, comenzó Luz Santos Morón.

“En tiempos donde nos invitan a olvidar y a ser sumisos, en tiempos de mirar para otro lado, en pozos donde entierran a la historia nos hemos unidos y hermanados, en tiempos donde hablan por la libertad y no la escuchan pues ella es hija de la madre de los que luchan, nunca de los que creen en el dios mercado, entiendan que no hay libertad posible si en la panza de nuestro niños y niñas hacen ruido las tripas de los desolados. Sepan señores que con nuestro hambre no construirán sus imperios. Como hemos dicho siempre, cárcel común perpetua y efectiva para todos los genocidas. No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Son 30000 y fue un genocidio”, cerraba la audiencia la doctora Pía Garralda.

A cada nombre de desaparecidos mencionado por las letradas, el público respondía a una sola voz : «¡Presente!»

 

Criminalizada por preguntar dónde está Tehuel

Criminalizada por preguntar dónde está Tehuel

La activista trans Pierina Nochetti está siendo juzgada en Necochea acusada de pintar un graffitti. Las demoras en la causa como castigo preventivo y las sanciones laborales como mecanismo aleccionador.

Pierina Nochetti es una artista, lesbiana y activista militante por los derechos LGBTI+. Participó del comité organizador de la Marcha del Orgullo en Necochea y en estos años se ha manifestado para exigir la aparición de Tehuel de la Torre, el joven trans de 24 años a quien se lo vio por última vez el 11 de marzo de 2021, a sus 21 años, cuando fue desde su casa de San Vicente a Alejandro Korn por una entrevista laboral.

La criminalización contra Pierina se inició a partir de la denuncia de una abogada de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Necochea, María Sol Castillón, donde, supuestamente, identifica a Pierina en una foto tomada y publicada por un portal de la ciudad. En la misma, de baja calidad, solo se pueden ver tres personas de espaldas frente a un mural con la leyenda de “¿Dónde está Tehuel?” en el anfiteatro del Parque Miguel Lillo, lugar lleno de pintadas y grafitis. Así, la justicia de Necochea le imputó cargos de “daño agravado” a un patrimonio histórico de la ciudad.

La fecha del juicio, que estaba estipulada para el 6 de marzo, quedó sin efecto y no hay ninguna novedad al respecto. “Ha habido una comunicación reciente del juez correccional que estaba designado para realizar el juicio manifestando que debía tomar una licencia, por lo tanto, la jueza -sorteada- integrante de un tribunal oral comunicó que el juicio no se va a realizar. Esto genera mayor angustia e incertidumbre para Pierina”, comentó Margarita Jarque, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y abogada veedora en el juicio contra Pierina Nochetti, quien por otro lado agregó que “se la debe absolver para respetar la libertad de expresión.”

Amnistía Internacional, el CELS, el INESIP, la Comisión Provincial por la Memoria, Akãhatã y Ni Una Menos son algunos de los  organismos de derechos humanos que se presentaron ante el juez en carácter de amicus curiae para velar por los derechos de Nochetti.

En el ámbito laboral, la administración del Municipio de Necochea desplazó a Pierina de los talleres de arte que realizaba en los barrios periféricos de la ciudad y no la recategorizó como sí lo han hecho con sus otros compañeros, lo cual significó para la activista el descuento de su salario. Esta reducción de diez días del sueldo dejó a Pierina por debajo de la línea de la Canasta Básica Alimentaria, ya que ella es una madre soltera con tres hijos.

Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Akãhatã y Ni Una Menos son algunas de las organizaciones y organismos de derechos humanos que se han encargado no solo de difundir las acciones que llevan a cabo desde el entorno de Pierina sino también de elevar presentaciones judiciales en carácter de amicus curiae, es decir, como terceros ajenos al caso, o de ejercer como veedores judiciales. “Le insto (al fiscal José Luis Cipolletti) a que retire el cargo de “daño agravado” presentado contra Pierina Nochetti, ya que parece ser una restricción innecesaria y desproporcionada del derecho a la libertad de expresión. Imponer esos cargos a defensores y defensoras de los derechos humanos por expresarse libremente transmite un mensaje disuasorio que podría limitar aún más el derecho a la protesta pacífica”, expresa el descargo de Amnistía Internacional.

Discriminada

Aramis Amaris Lascano es amiga de Pierina Nochetti y la acompaña en el proceso judicial junto a otros allegados a su entorno. También de Necochea, la activista trans y abogada acusa que “se la persigue por las tareas que realiza como trabajadora municipal, que están vinculadas hacia la Educación Sexual Integral (ESI), por ser lesbiana y por el tipo de reivindicaciones que ella levanta como activista y la molestia que eso genera.”

Margarita Jarque analiza el caso y argumenta que “la figura del daño no se configura en tanto el hecho de haber realizado una pintada, porque había muchas y sólo se persiguió la que tenía un contenido ideológico”. A su criterio, “hay una discriminación de género por el caso que se trata, por la condición asumida públicamente de militante, activista y lesbiana por parte de Pierina y entiendo que hay una criminalización del ejercicio de esas libertades. Se espera su absolución, pero también entiendo que hay un gran interés, en un hecho para el cual no hay pruebas, en aleccionar.” Y se dirige al gobierno: “Esta intolerancia a la libertad de expresión tiene que ver con algo estratégico en relación a su plan de hambre y desocupación que desde el primer momento vino a aplicar por goteo. Por eso, instala el temor como metodología de gobierno”.

Aramis, también abogada, opina que “el proceso judicial es sumamente endeble por el caudal probatorio que recabó el juez, que busca disciplinar a Pierina como trabajadora y como activista. Hay muchos graffitis cuyos autores no han sido buscados, la fecha de la foto no se sabe y las otras dos personas no fueron identificadas. Nos parece desproporcionado que se amenace con la pena de prisión a una activista por los derechos humanos que es muy visible en un pueblo donde los actores del poder político y del poder judicial se conocen”.

Para ella, “este proceso no sería posible si no hubiese vínculos entre los funcionarios del Municipio con el Intendente (de Necochea) Arturo Rojas y con el fiscal José Luis Cipolletti, quien llevó adelante la investigación y todavía, hasta el día de la audiencia del juicio, puede desistir de la acusación. Y cierra con una reflexión hacia el acto de criminalizar: “Este proceso judicial se instala en un contexto de fuerte cuestionamiento al uso del derecho a la protesta que se traduce en hechos concretos como la represión en las calles y en el monitoreo de la posibilidad de expresarse tanto en el espacio público como en las redes sociales.”