Los juegos con hambre

Los juegos con hambre

Más de la mitad de los chicos argentinos no accede a los nutrientes básicos y uno de cada ocho sufre hambre extrema. En los barrios populares, las organizaciones sociales denuncian el abandono estatal y sostienen los comedores con recursos cada vez más escasos.

Según un informe del INDEC del segundo semestre de 2024, más de la mitad de los niños y adolescentes en Argentina vive en situación de pobreza. El 52,7% de la población de 0 a 17 años reside en hogares cuyos ingresos no alcanzan a cubrir la canasta básica total. Además, el 12,3% se encuentra en situación de indigencia, sin poder acceder a alimentos básicos. La realidad es más grave entre adolescentes: el 55,1% vive en la pobreza y el 13,7% en la indigencia.

Al recorrer los barrios populares los números se traducen en hambre y falta de respuestas estatales. “Podemos hablar de una emergencia alimentaria a nivel nacional”, advierte Amalia Roggero, coordinadora de los espacios socio comunitarios del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). “Hay inseguridad alimentaria. No es solo que se redujo el consumo de proteínas: se ha reducido el consumo de alimentos en general. Hay familias donde los chicos se van a dormir sin comer”, subraya.

Un informe publicado por El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en el año 2024 refleja las cifras del dato alarmante: un millón de niños en Argentina se van a dormir sin cenar. Las cosas no parecen haber mejorado desde entonces pese al descenso de la inflación porque los ingresos no mejoran y ahora el dinero debe ir a servicios para los que antes había ayudas, como la garrafa social, planes para estudiantes, programas como el Potenciar Trabajo y otras formas de sostener a los más vulnerables. La red se debilita y sus agujeros son cada vez más grandes.

En este sentido, Bárbara Estebas, nutricionista, docente de las universidades nacionales de La Matanza (UNLAM) y de Tres de Febrero (UNTREF) y también trabajadora del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires sostiene: “Para que el niño no cene ya hubo toda una familia que previamente dejó de comer para que ese niño coma. Ahora directamente ya el niño no cena, lo cual nos habla del nivel de inseguridad alimentaria severo que tiene la población argentina”.

 

 

“Se ve un patrón de alimentos de los que se llaman rendidores o llenadores, que son generalmente los que utilizamos para hacer comidas de olla, como  arroz, fideos, polenta, papa. Son hidratos de carbono que proveen saciedad y energía, pero hay una falta de micronutrientes como vitaminas y minerales», dice Estebas.

Miseria planificada

La situación en los comedores comunitarios es crítica: aumentó la demanda, pero bajaron las raciones y la calidad de los alimentos. Muchas organizaciones sociales, ante el recorte de asistencia del Estado, se vieron obligadas a cerrar espacios o reducir sus días de funcionamiento. “Hace años que lo que llega no alcanza, pero desde hace dos años, con esta gestión, prácticamente cerraron todas las bocas de alimentos. Lo poco que recibimos no cubre ni la demanda ni las necesidades nutricionales. Sin embargo, hacemos maravillas con lo que hay para dar lo mejor posible a las familias”, cuenta Roggero. Desde su experiencia en el territorio, denuncia que “el Estado argentino contempla políticas públicas para enfrentar la crisis alimentaria, hay planes y programas para transferir ingresos y entregar alimentos a comedores, pero el Ministerio de Capital Humano no los está implementando”.

Frente a esta situación, organizaciones como el MTE presentaron una denuncia contra el Ministerio y contra la ministra Sandra Pettovello, para exigir que se restablezcan los programas y se retome el envío de alimentos. “Se ha incrementado el hambre. Lo que el Estado no hace, lo estamos haciendo las organizaciones sociales”, afirma Roggero.

Pero el problema no es solo la comida. Quienes sostienen los comedores —en su gran mayoría mujeres— enfrentan una  gran precarización. “Somos el último recurso frente al hambre y el abandono. Tuvimos el programa Potenciar Trabajo, que reconocía mínimamente lo que hacemos, pero fue congelado. Y aun así, seguimos, porque entendemos que nuestro trabajo es sostener la vida en los barrios”, explica Roggero. Frente a esta situación, exigen también el reconocimiento salarial del trabajo sociocomunitario, una demanda urgente en un contexto donde los comedores y merenderos se convierten en los únicos espacios de contención reales para miles de chicos y familias. La falta de recursos impacta en todos los niveles: no hay fondos para garrafas, condimentos, transporte ni para contratar profesionales como psicólogos o talleristas.

“Sacar adelante una olla no es solo cocinar. Alrededor de esa olla llegan problemas de salud, de violencia, de educación. Y somos nosotras las que damos respuestas colectivas, incluso yendo a reclamar por el barro, la luz o la seguridad del barrio”, cuenta Roggero, quien inició su participación en el Centro Comunitario Las Micaelas en Villa Argüello Berisso, La Plata.

Inseguridad alimentaria

En relación a la dificultad de acceder a los nutrientes necesarios para el desarrollo de las niñeces, Estebas sostiene: “Lo que se ve es un patrón de alimentos de los que se llaman rendidores o llenadores, que son generalmente los alimentos que utilizamos para hacer comidas de olla, como por ejemplo arroz, fideos, polenta, papa. Son hidratos de carbono que proveen saciedad y energía, pero lo que está pasando es que hay una falta de micronutrientes como vitaminas y minerales. Además, está siendo dificultoso cubrir el contenido proteico, porque está en el grupo de las carnes y los huevos, cuya compra ha disminuido considerablemente. Lo mismo sucede con el consumo de lácteos. Y legumbres, pero las legumbres no son un hábito de nuestra población. De esta manera vemos cómo se encuentra amenazada la alimentación de los niños. Y sumado a todo esto, el consumo de ultraprocesados, que suelen ser más económicos, pero contienen productos o ingredientes que no son saludables, no nos nutren, no nos aportan micronutrientes de calidad, sino que solamente se trata de los descartes de la industria”.

“Desde el nacimiento hasta los seis meses el alimento principal es la leche humana o de fórmula de no ser posible la lactancia. En este lapso, el único alimento tendría que ser este. Luego empieza la alimentación complementaria: la incorporación de alimentos sólidos. En esta primera etapa lo fundamental para el desarrollo del cerebro son las grasas del tipo saludable, los distintos omegas, omega 3, omega 6 y omega 9. Se encuentran en aceites de oliva, de girasol, semillas de chía, de lino, aceitunas, palta, frutos secos también”, sostiene Estebas.

Por eso, es crucial la implementación de políticas públicas destinadas a asegurar la alimentación saludable en la primera infancia para evitar daños costosos en el futuro. En este sentido, subraya: “Actualmente, algunas ayudas muy importantes para las niñeces son el Servicio Alimentario Escolar (SAE) y el Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA), que son programas provinciales, a los que se suma también uno más reciente: el programa Qunita Bonaerense. Por otro lado, a nivel nacional está el Plan 1000 Días y el Programa Materno Infantil (PMI), pero en este momento estamos viendo en el territorio muchos problemas con la llegada de la leche de este plan a las distintas salitas o centros de atención primaria de la salud. Antes llegaba esta leche a todos los centros de salud y se repartía a las niñeces. Cada vez está más en falta. Esa leche estaba muy buena porque, aparte de ser un contenido proteico de calidad, también venía enriquecida con vitaminas y minerales. Hoy en día bajó mucho la entrega de este alimento en los centros de atención primaria para la salud”.

Ningún pibe con hambre

“El hambre es un delito”, asegura Roggero, y advierte que “hay muchos niños que están malnutriéndose. Esta generación va a tener problemas no solo físicos, sino también cognitivos. Para contribuir a afrontar esta problemática, existen campañas como Ningún Pibe con Hambre, que busca abastecer de alimentos a espacios que trabajan el desarrollo integral de las infancias y sus familias en los barrios populares. Esta campaña solidaria impulsa espacios comunitarios en todos los barrios populares del país para que los hijos de trabajadores de la economía popular desarrollen actividades educativas, deportivas, musicales, recreativas, didácticas, y lúdicas, que contribuyan a una infancia plena, digna y con oportunidades de desarrollo. Se autoabastecen a partir de donaciones y una red de espacios autónomos, entre los que participa la referente Roggero. A partir de la reciente campaña de Ningún Pibe con Hambre y a una red de suscripciones solidarias a través de www.infanciasmte.ar, lograron enviar alimentos a provincias del norte y del sur donde directamente no llega la asistencia estatal.

“Necesitamos que haya mucha solidaridad para seguir sosteniendo los espacios, las mesas y los platos que hoy están vacíos por una miseria planificada”, concluye la referenta del MTE.

Hablar salva vidas

Hablar salva vidas

Según la información oficial, en la Argentina se suicida una persona cada dos horas: ocho de cada diez son varones y la tasa entre los jóvenes de 15 a 24 años es mayor que el promedio nacional.  

En 2024, 4.249 personas murieron por suicidio en Argentina. Doce por día. Una cada dos horas. Eso dice el Informe del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC). Son cuerpos que se apagaron en silencio. Cartas que nadie leyó a tiempo. Despedidas sin aviso. Aunque el informe diga que la tasa se “mantuvo” en 9,8 por cada 100.000 habitantes, con apenas un 1 por ciento de aumento, el verbo no alcanza. Mientras otras cifras de criminalidad muestran descensos (los homicidios dolosos bajaron un 12,7 %, por ejemplo), el suicidio se mantiene estable, como si la urgencia no lograra instalarse en la agenda pública.

Javier Juan Federico Molina tiene 44 años, una voz calma y un cuerpo que sobrevivió a sí mismo. Mercedes Wortley es psicóloga clínica, especializada en prevención del suicidio y una certeza: que el dolor, cuando no se nombra, se enquista. A los dos los une algo más fuerte que un diagnóstico: la voluntad de no callar. “Tuve varios intentos de suicidio”, cuenta Molina con serenidad. “No encontraba el camino, no sabía cómo pedir ayuda. Hasta que pude hablar con mi psicóloga y poner al tanto a mi familia. Eso fue lo más difícil: decirles que no podía más”. La escritura, remarca, le salvó la vida. Su libro, Un punto y coma: sé tu primer y mejor proyecto, no es solo una bitácora personal: es una forma de tender una mano.

“La escritura fue mi terapia. Me salvó. Y ahora siento que puedo decirlo. Recién a los 44 años siento que me permito validar lo que siento. Los 42 anteriores me resistía a hacerlo”, dice. No hay resentimiento en su voz. Hay aprendizaje. Y hay una voluntad enorme de compartir ese aprendizaje para que otros no lleguen al mismo punto. Wortley escucha con atención. No solo porque es su trabajo, sino porque también lo cree profundamente: hablar salva vidas. «No es una frase hecha», insiste. Lo repite porque muchas veces se olvida. Porque todavía cuesta. Porque sigue siendo tabú. Ella trabaja con adolescentes y con adultos, y dice que hay una frase que se repite demasiado: “No sé lo que me pasa”. Es el primer síntoma de algo más profundo: no saber nombrar lo que duele.

En Argentina, según la estadística, el 80 por ciento de las muertes por suicidio corresponden a varones. Y casi la mitad son personas jóvenes, entre 15 y 34 años. Pero no se discute lo suficiente. “Muchos hombres me dicen que no saben llorar”, cuenta Wortley. Y lo dice sin ironía, con la seriedad que amerita. «Eso no se resuelve solo. Viene de muy atrás: de mandatos que dicen que un hombre no puede mostrarse vulnerable. Que, si pide ayuda, fracasa. Que, si siente, está fallando”. Molina lo sabe: “A los hombres nos enseñaron que teníamos que poder con todo. Que teníamos que aguantar. Que llorar era de débiles. Todo eso nos aleja del pedido de ayuda. Nos vacía. Y cuando el dolor no encuentra salida, explota adentro”.

Lo que ambos remarcan una y otra vez es que no hay una señal única, ni un patrón claro. Pero hay cambios de conducta que invitan a prestar atención: el aislamiento repentino, la pérdida de interés, el desgano, las frases que suenan siniestras, aunque aparezcan al pasar (“esto ya no tiene sentido”, “no valgo nada”), los gestos de despedida, incluso cierta euforia inexplicable. Saber mirar y saber escuchar puede marcar la diferencia. Y preguntar, con respeto, con tacto, pero sin miedo: “¿Necesitás ayuda? ¿Estás pensando en hacerte daño?”.

Hablar. Hablar siempre. Y no solo con quienes están en riesgo, sino también con quienes quedan. Porque cuando alguien muere por suicidio, alguien queda también con preguntas, con culpas, con un dolor que no se entiende. Y ese dolor también necesita espacio. Es lo que se llama postvención, un concepto poco conocido, pero esencial. “El duelo por suicidio es uno de los más difíciles que hay. Si no hay contención, el riesgo es que se repita”, explica Wortley.

En ese entramado de silencios, también entran las instituciones: la escuela, la casa, el sistema de salud, los medios. La prevención no es una sola charla, ni un folleto. Es un proceso sostenido. Es educar desde el jardín sobre emociones, sobre lo que duele, sobre lo que nos cuesta. Es habilitar el llanto, el enojo, el miedo. Es dejar de tratar la salud mental como un privilegio o un lujo. Es dejar de buscar culpables individuales y empezar a pensar en responsabilidades compartidas. “Esto no se resuelve desde un solo lugar. Ni la escuela sola, ni el Estado solo, ni las familias solas. Esto se hace entre todos”, dice Molina.

La Ley 27.130, aprobada en 2015 y reglamentada en 2021, acredita que la prevención del suicidio es política de Estado y que acompañar a quienes quedan —madres, hermanos, amigos, parejas— no es un gesto compasivo: es una obligación. El Ministerio de Salud de la Nación habla de postvención: ese después invisible donde el duelo se llena de culpas y la angustia se vuelve hereditaria. Pero lo que hay —en el territorio, en la urgencia— es poco: protocolos mal aceptados, líneas gratuitas sin seguimiento, redes sanitarias fragmentadas, operadores sin formación suficiente y ningún sistema que evalúe si todo eso sirve o si es apenas simulacro.

Y mientras tanto, los datos muestran que, entre los jóvenes de 15 a 24 años, la tasa de suicidio es más alta que el promedio nacional. En los bordes del sistema educativo, en las esquinas de los barrios, en los consultorios colapsados, aparecen ellos: con el intento, con el gesto de alerta, con el silencio que nadie leyó. El 86 por ciento de los episodios ocurre en casa, según datos recientes del Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria. La mayoría requiere internación: 6 de cada 10. Ellas lo intentan más, ellos mueren más. Y el presupuesto —lo que debería sostener todo eso— es casi una ironía: apenas el 0,4 por ciento destinado a salud mental adolescente, y un 4,1 por ciento a salud mental en general.

A nivel regional, la Organización Panamericana de la Salud señala algo que no siempre se escucha: que la violencia contra los jóvenes se ha vuelto costumbre. Que los golpes, el descuido, el desprecio, los comentarios que lastiman no se denuncian porque se volvieron parte del paisaje. Que el daño no siempre es visible, pero hace nido. Y que, en ese contexto, el suicidio no es un rayo aislado: es consecuencia. “Romper el silencio, romper el tabú, sacar lo que queda en lo oculto, es el primer paso”, afirma Wortley. Y Molina repite: “Hablar salva vidas. Es real”. Quizás no haga falta más que eso: una conversación a tiempo, una escucha sin juicio, una mano que no pregunta, pero sostiene. Porque a veces, una sola charla alcanza para abrir una puerta. Y para no cerrarla nunca más.

Lo que queda entonces no es solo el dato —ese 9,8 que el SNIC anota como estable—, sino lo que no se cuenta. Porque los 4.249 no son solo muertos: son advertencias. Y no piden otra estadística. Piden otra forma de mirar, de escuchar, de intervenir. Piden una sociedad que no mire para otro lado cuando la emergencia ya pasó.

¿Dónde pedir ayuda? Línea Nacional de Prevención del Suicidio: 0800 999 0091; Centro de Asistencia al Suicida: 135 (CABA y GBA) o (011) 5275 1135 (todo el país); App «S.O.S. Un amigo anónimo» y redes de ONG como AAPS o Papageno.

A 24 años del crimen de su hija, los Melmann siguen exigiendo justicia

A 24 años del crimen de su hija, los Melmann siguen exigiendo justicia

A la adolescente de 15 años la asesinaron en febrero de 2001. Cuatro policías fueron condenados por el crimen y se espera el análisis de muestras de ADN de otros seis para dar con el último culpable que aún está en libertad.

El 4 de febrero de este año se cumplió el 24° aniversario del crimen de Natalia Melmann en la ciudad de Miramar. El pasado 8 de julio se llevó adelante la extracción de sangre de tres exagentes de la Policía Bonaerense que se encontraban en funciones la noche del hecho, para ser cotejadas con el único ADN no identificado de los cinco encontrados en el cuerpo de la joven. Los oficiales citados por pedido de la fiscalía eran seis, pero la mitad se rehusó a presentarse. Siguen las demoras para dar con el quinto involucrado.

La mañana del martes 8, la familia de Natalia se hizo presente en la Asesoría Pericial del Poder Judicial de Mar del Plata para asistir a la toma de muestras. “Esto es algo que venimos esperando hace 24 años”, declaró Gustavo Melmann, padre de la joven. El ADN se encuentra en el expediente desde 2001. Sin embargo, no había sido investigado hasta ahora. “Hay un montón de investigaciones que nunca se hicieron. No hubo voluntad de hacerlo”, agregó.

En un principio, la fiscal de la causa Ana María Caro solicitó la obtención de pruebas de ocho efectivos, entre ellos Enrique Diez, quien frecuentaba la casa a la que la adolescente fue llevada por última vez y a quien se le extrajo la muestra durante el verano. Las demás extracciones estaban pactadas para el 3 de abril. Sin embargo, por un recurso presentado fuera de término por la defensa, dos oficiales fueron excluidos y la fecha se restableció tres meses después. “Se los excluyó no solo sin argumento, sino resolviendo en un recurso extemporáneo. Es un manoseo y una dilación que no tiene sentido”, afirmó Josefina Rodrigo, abogada de los Melmann Calampuca, en diálogo con ANCCOM.

Los abogados de los expolicías ausentes, Cristian Pelaez y Patricia Perelló, adujeron que no estaban dadas las garantías para la realización de la pericia, dado que había una manifestación fuera del establecimiento y fueron insultados al llegar. La presentación de los recursos se hizo una vez finalizada la jornada, por lo que los tres apuntados, al no asistir, incumplieron con la orden judicial. Ante este hecho, tanto la fiscal Caro como Rodrigo exigieron al juez de garantías Daniel De Marco que se los obligue a comparecer por la fuerza pública el próximo 15 de agosto, la nueva fecha fijada por la justicia marplatense. 

 A su vez, no se permitió que los padres de Natalia, Gustavo y Laura Calampuca, estuvieran en la sala en el momento de la extracción, su derecho como familiares directos de la víctima y partícipes del proceso. Melmann apuntó a Perelló y denunció la existencia de tráfico de influencias en el Poder Judicial de la ciudad costera, así como un desinterés por avanzar con la causa de su hija. “No se respeta el derecho a presenciar todas las partes de un juicio. Este fue un crimen de Estado. Eran policías que estaban en funciones ese día en la comisaría y es el Estado el que tendría que haberse ocupado de investigar y tomar las medidas para extraer de la sociedad a semejantes criminales y de alguna manera dar una reparación a la familia, cosa que nunca hicieron. Siempre tuvimos que estar atrás para poder hacer justicia”, aseveró.

La línea de tiempo 

Natalia Melmann tenía 15 años cuando, el 4 de febrero de 2001, fue raptada y asesinada por agentes de la Policía Bonaerense. La adolescente fue capturada en las calles de Miramar por Gustavo “Gallo” Fernández, un exconvicto con antecedentes penales, subida a una camioneta por la fuerza y trasladada a una casa en el barrio de Copacabana, donde fue violada, torturada y finalmente estrangulada con uno de los cordones de sus zapatillas. Su cuerpo fue hallado cuatro días después, sepultado entre hojas en el vivero Florentino Ameghino. La autopsia reveló la presencia de múltiples moretones, quemaduras, fracturas y un golpe en el cráneo, así como los rastros genéticos de cinco individuos diferentes.

Tres de ellos coincidieron con los perfiles de los oficiales Oscar Alberto Echenique, Ricardo Aselmini y Ricardo Alfredo Suárez, que fueron condenados a cadena perpetua en octubre de 2002 por los delitos de “rapto, abuso sexual con acceso carnal agravado por la pluralidad de personas y homicidio agravado”. Fernández recibió una pena de 25 años que luego fue reducida a 10, por actuar como “entregador”. Su ADN no se correspondía con ninguno de los hallados en el cuerpo de la menor. 

Otro de los investigados en ese primer juicio fue Ricardo Panadero, que, pese a una coincidencia superior al 90% entre sus datos genéticos y los encontrados en el cuerpo de Natalia, fue sobreseído. La familia apeló esa decisión y logró que se inicie el proceso nuevamente, lo que resultó en un nuevo sobreseimiento. Finalmente, en 2019 el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires ordenó que sea juzgado nuevamente y en 2023 fue condenado a reclusión perpetua por privación ilegal de la libertad, abuso sexual agravado y homicidio doblemente agravado.

Los primeros tres condenados están próximos a cumplir su sentencia. Dos de ellos, Anselmini y Echenique, recibieron la autorización para tener salidas transitorias. La familia Melmann Calampuca y parte de la comunidad de la ciudad costera denunciaron que no son controlados, que no se les colocó ningún dispositivo de monitoreo y que violaron las condiciones del permiso en reiteradas ocasiones. El próximo 12 de agosto se realizará una audiencia para tratar el pedido de libertad condicional por parte de ambos.

Tuvo que pasar casi un cuarto de siglo para que se investigara el quinto ADN. Y el proceso no termina con la obtención de las muestras. El cotejo puede llevar hasta cinco meses y, en caso de que una coincida con la prueba recabada en 2001, se debe determinar el rol del quinto hombre en el crimen para que sea juzgado. “A Natalia no le dieron ninguna oportunidad. La tiraron como basura. No sólo le quitaron la vida a ella, sino la felicidad a toda la familia. Nunca más pudimos ser felices. Y todavía seguimos esperando, a la justicia no le interesa”, sentenció Gustavo. Tanto él como la madre de “Naty”, como aún la llaman cariñosamente, están cerca de cumplir 70 años. Llevan gran parte de su vida luchando por justicia y esta parece no llegar nunca.

La abogada Rodrigo informó que, mientras esperan la llegada de la nueva fecha fijada para la obtención de muestras, ya se presentó una queja ante el Tribunal de Casación para que se vuelva a incluir a los dos policías excluidos de las extracciones y se garantice el pedido original de la fiscal. Los ocho efectivos son considerados sospechosos por la función que cumplieron en el momento en que se cometió el crimen, irregularidades durante la indagación y los vínculos que tenían entre sí y con los condenados. Entre los que sí acataron la medida y asistieron a la Asesoría Pericial se encuentra el excomisario Carlos Grillo, investigado en el primer juicio por encubrimiento, ya que fue quien se encargó de la investigación los primeros días que la joven estuvo desaparecida y ocultó información en su declaración oficial. 

“Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”, dice la conocida frase atribuída al filósofo romano Séneca. La familia de Natalia manifestó en múltiples ocasiones no solo su descontento con el accionar judicial, sino el dolor que sienten con cada nueva traba que aparece. Fueron ellos quienes se cargaron el proceso al hombro y, con la ayuda de sus abogados, hicieron avanzar la causa en cada ocasión. Gustavo aseguró que lo seguirán haciendo, por amor a Naty. “La amamos muchísimo, seguimos luchando por ella. No sé si existirá algo después de la muerte, pero quisiera volver a verla, abrazarla y pedirle disculpas porque esa noche no pude estar para salvarla”, expresó. Pasan los años, las décadas, y la impunidad continúa. La justicia no será tal hasta que todos los implicados sean identificados y condenados y los Melmann Calampuca finalmente puedan descansar.

En Edenor hay gato encerrado

En Edenor hay gato encerrado

Una colonia de gatos que habita en una subestación de Edenor desde el 2008 está en riesgo de perder su hogar. La empresa y la agrupación proteccionista Michis Clandestinos se encuentran en negociaciones para resolver esta situación, pero antes se produjo una movilización barrial, una acción legal y la viralización en las redes sociales porque corrieron peligro sus vidas.

Desde 2021, la agrupación llamada Michis Clandestinos se encarga de cuidar una colonia de gatos en el barrio de Colegiales, específicamente en Zapiola, entre Concepción Arenal y Santos Dumont. Durante estos años estuvieron alimentándolos e implementando el método CER: captura, esterilización y retorno. Su principal objetivo es que todos puedan encontrar un hogar, aunque no siempre es posible, ya que muchos están acostumbrados a vivir en esas condiciones. “En un mundo ideal todos tendrían casa, pero no todos los gatos pueden adaptarse. Intentamos transitar a Marlena, una gata sociable. Pero no se hallaba. A las dos horas de devolverla a su colonia, volvió a estar totalmente normal”, contó Gabriela Stefani, integrante de Michis Clandestinos.

“Somos un grupo de voluntarios que desde 2020 alimentamos, castramos y damos en adopción gatos ferales (gatos domésticos que viven en la naturaleza y en la calle). Empezamos en una colonia de Colegiales, pero con el tiempo nos sumamos a otras zonas como el Mercado de Palermo o Edenor”, explican estos amantes de los felinos. Los pasos a seguir con las colonias son dar en adopción a las crías, alimentar a los felinos y cuidar que no siga creciendo la población.

El conflicto comenzó el 21 de mayo, cuando los voluntarios llegaron como cada mañana y encontraron un cerramiento con chapas que les impedía el acceso al predio. Los gatos quedaron sin comida ni agua.

Stefani explicó que “ese portón está en un sector del predio donde no hay maquinaria ni tránsito, está en desuso”. La medida sorprendió, ya que Edenor estaba al tanto de la presencia de los gatos. “Nadie iba a permitir que se quedaran sin comer. Es maltrato, están privando a los animales de vivir, y lo hicieron sin previo aviso”, denunció.

Gabriela fue una de las primeras en involucrarse. “Vivo a dos cuadras. Empecé a pasar y veía michis sin las orejitas cortadas (símbolo de que tienen realizado el método CER). Entonces dejé un cartel con mi teléfono y me escribió Ernesto, un señor de 80 años que los alimenta desde 2008”. La historia de este vecino y el vínculo con los gatos refuerzan la importancia de preservar un espacio que ya es parte del barrio hace más de 15 años.

Todos los vecinos estaban al tanto de la situación y preguntaban por los gatos, pero la agrupación de voluntarios no sólo encontró apoyo en el barrio, sino también a través de las redes. En su cuenta de Instagram (@michisclandestinos) difunden información sobre los gatos en adopción y piden donaciones para continuar con los procedimientos de esterilización. 

Esteban Delboy, abogado y activista por los derechos animales que lleva adelante la causa, describió que habían tenido un buen contacto con Edenor porque en 2022 le enviaron una carta al director de la subestación solicitando permiso para realizar un operativo. “Fue colocar jaulas trampa para atrapar a los gatos y esterilizarlos. Esto se hizo en colaboración con el Gobierno de la Ciudad, y Edenor permitió colocar las jaulas con acompañamiento de personal de la empresa”. Ahora Delboy, junto a Florencia —otra de las voluntarias—, redactó una nueva carta dirigida a la empresa, esperando una respuesta ágil.

La situación se volvió más complicada porque la respuesta por parte de Edenor tardó en llegar, y acercarles agua fue muy difícil: solo podían pasarla en tachitos bajos, por las rendijas del portón. Por estos motivos decidieron denunciar penalmente ante la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), pero esta medida no tuvo resultado ya que consideraron que no había delito. 

Entonces el equipo legal que acompaña a Michis Clandestinos presentó un amparo ante la Justicia Nacional, apelando a la Constitución Argentina. “Debe aplicarse el Artículo 41, que garantiza el derecho a un ambiente sano. Nosotros habitamos un territorio en clave multiespecie: los gatos son animales silvestres urbanos, y como tales también tienen derecho a que se respeten sus condiciones de vida”, explicó Delboy. El objetivo del amparo es que se reconozca su derecho a permanecer en ese entorno y que el Estado garantice la satisfacción de sus necesidades básicas en el presente.

Sin acceso a los michis

Luego de iniciar acciones legales contra la empresa, los voluntarios notaron que habían cerrado totalmente el portón. Ante la preocupación creciente, decidieron lanzar una petición en Change.org. “Tuvo muchísima llegada, pero también nos pedían que rompiéramos el portón. Fue un momento de mucha angustia”, contó Stefani. Sin embargo, para el pequeño grupo de voluntarios, lo más importante seguía siendo el bienestar de los gatos. Generar una situación violenta podía volverse en su contra.

Delboy recordó el marco normativo que protege a los animales. La Ley 14.346 pena el maltrato y los actos de crueldad hacia ellos, y el Decreto 1088/2011 establece que la esterilización es la única alternativa ética para el control poblacional, prohibiendo prácticas como la eutanasia. “Si hablamos de víctimas, hablamos de sujetos”, afirmó Delboy, y señaló que este enfoque es clave para avanzar hacia el reconocimiento de derechos en la jurisprudencia nacional. Privar de alimento y agua a los gatos no es solo inhumano: puede constituir un delito.

Gabriela comentó que fue un proceso largo, pero no estuvieron solos. Además del apoyo del abogado, contaron con la intervención de Evelyn Von Brocke, periodista y activista. “Actuó como intermediaria con la empresa. Tuvimos un Zoom con empleados de Edenor”, relató. En diálogo con ANCCOM, Von Brocke señaló: “Lo hago para 25 municipios y varias empresas con problemáticas vinculadas a la Ley 14.346”, en referencia a su compromiso con el bienestar animal. Finalmente, el 28 de junio, la empresa accedió a abrir el portón, pero dejaron en claro que los gatos no podian vivir alli. 

Actualmente, la situación está encaminada. Si bien aún no hay una resolución definitiva, se lograron algunos avances. “Estamos en negociación. No es un tema que se resuelva en una tarde, pero mientras tanto acordamos que iban a retirar todo lo que nos bloqueaba el paso para que podamos alimentarlos”, concluyó Stefani. El destino de la colonia sigue abierto, pero la organización y la comunidad que la rodea demuestran interés y apoyo para encontrarle un nuevo hogar a estos gatos. Delboy habló sobre cómo se dio este encuentro con la empresa: “La resolución tuvo que ser extrajudicial y debido a la presión que el colectivo animalista ejerció a través de las redes sociales, lo que generó que Edenor preste atención para no tener una mala imagen pública. La justicia nacional se tomó demasiado tiempo y necesitábamos acción inmediata.” Todo indica que los michis eléctricos, cómo fueron bautizados, van ganando la batalla, al menos la de las relaciones públicas.

Cuidar colonias o dar en adopción?

La existencia de colonias felinas no es una solución improvisada, sino una respuesta concreta a una realidad que muchas veces se desconoce: los gatos ferales no pueden ser simplemente adoptados. Están acostumbrados a la vida al aire libre, a un territorio que reconocen como propio y al que son profundamente fieles. “Edenor no es el lugar ideal, pero es su hogar. Los gatos son muy territoriales. Ningún lugar en la calle es ideal, pero ese es el que conocen”, explicó Stefani. El caso de Marlena, una gata sociable que parecía tener chances de encontrar una familia, lo demuestra. “Intentamos transitar, pero no se hallaba. A las dos horas de devolverla a su colonia, volvió a estar totalmente normal” agregó. No se trata solo de brindarles una casa, sino de respetar sus formas de vida y garantizar que, aun desde su libertad, puedan vivir en condiciones dignas.

Unas vacaciones de invierno que pintan frías

Unas vacaciones de invierno que pintan frías

La Patagonia se prepara para recibir a los turistas locales e internacionales. Por ahora hay pocas expectativas de lograr los mismos números que en el 2024. Los precios de la oferta extranjera, una de las principales causas.

Este lunes 21 de julio se dará inicio a las vacaciones de invierno en Buenos Aires y Capital Federal. El “sur” es uno de los lugares históricamente más elegidos, especialmente para los fanáticos de la nieve. Sin embargo, el turismo interno ha sido uno de los rubros que más sufrió en el último año, sobre todo debido a un dólar barato que hace más atractivas otras opciones fuera del país.

En el informe publicado por el INDEC del mes de mayo se registra un saldo de turistas negativo: esto quiere decir que hay más argentinos que deciden ir a vacacionar afuera, por sobre los extranjeros que eligen a nuestro país como destino, lo cual representa una disminución del 14,2% en viajes turísticos receptivos en comparación al 2024, una tendencia que se viene dando en todos los meses. Países como Chile y Brasil se han convertido en destinos más buscados por sus bajos costos, incluso para los propios argentinos.

Agustín Roca, vocal de la Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes cuenta sobre la contracara nacional: “La preventa de las plazas que suele iniciar en mayo apenas si alcanzó un 20% cuando en el 2024 fue alrededor del 50%, y se debe a varios factores: hubo un problema con la concesión del Cerro Chapelco que fue tardía y generó incertidumbre, especialmente para los que buscan esquiar; la cuestión económica también a nivel país influyó; hay cada vez mejores oportunidades de poder vacacionar en el extranjero. Todo eso hizo que estuviéramos un poquito alejados de la demanda. Además, estamos teniendo un invierno muy seco, eso también hace que la demSi bien las principales ciudades que viven del turismo han lanzado políticas en conjunto con los gobiernos provinciales para incentivar la actividad hay una reducida presencia desde Nación al respecto.

El 15 de julio, el secretario nacional de Turismo, Ambientes y Deportes  Daniel Scioli, se reunió con el Instituto de Promoción Turística, INPROTUR, donde discutieron proyectos de visibilización y promoción como la creación de un chatbot turístico, pero poco se tocó sobre nuevas medidas económicas que ayuden tanto a los trabajadores a sostener sus negocios como a incentivar el turismo interno; no hay que olvidar que el Programa PreViaje que había sido muy exitoso luego de la pandemia, no fue renovado por el gobierno de Javier Milei tras su quinta edición. La última iniciativa difundida por el secretario de estado está asociada al traslado de carpinchos fuera de los barrios cerrados.anda baje’’. La falta de nieve también reduce el incentivo para anticipar las reservas.

 

 

Baja ocupación, falta de nieve y empleo en riesgo

El secretario de turismo de San Martín de los Andes, Alejandro Apaolaza, dialogó con ANCCOM acerca de cómo se prepararon para afrontar esta temporada: ‘’En este momento, viendo la situación macroeconómica del país, no esperamos una temporada excepcional teniendo en cuenta la competencia con los países limítrofes y la gente que prefiere vacacionar afuera. Estamos con una ocupación hotelera del 50% pero esperamos que la semana que viene ya tener un porcentaje cercano que supere el 70%”. El responsable del turismo en San Martín de los Andes también hizo referencia a la cuestión climática: “Está faltando un factor  importante en este caso que es la nieve. Nevó solamente hace unas semanas, así que estamos a la espera que caiga una buena nevada y eso anime a todos aquellos que aún están indecisos sobre dónde vacacionar, elijan San Martín de los Andes, Chapelco y Lago Hermoso. Desde el Ministerio, hemos hecho promociones y, junto con el gobierno de la provincia de Neuquén, que ha lanzado diversos planes, como el Neuquén Viaja, justamente que tienen que ver con la devolución, simulando aquello que fue en su momento el PreViaje, un fomento al consumo interno y sobre todo al turismo’’.

Los trabajadores del rubro también expresan cómo se ha visto afectado a su trabajo y la oferta de empleo. Martiniano Nemirovsci, instructor de Esquí, quien hace más de quince años trabaja de manera independiente en el Cerro Catedral compartió su situación desde Bariloche: ‘’El centro de esquí de acá tiene algo a favor, que fue mantener la misma tarifa que el año pasado. Es una política de aliento a la llegada de turistas que también llevaron adelante varios restaurantes y hoteles. Pero el resto de los bienes son caros, no se escapan de la situación económica. Nosotros nos vimos obligados a subir la tarifa de las clases, porque vivimos en Argentina y si no, no llegamos a pagar la comida, el gas, la luz, el alquiler, la nafta, todo. Tratamos de actualizar las tarifas pero a un ritmo más bajo también, para no espantar a los turistas’’.

Con respecto a la situación laboral, Nemirovsci observa una menor cantidad de instructores, debido a que ‘’el trabajo independiente está regulado por una ordenanza que establece que solamente pueden ser instructores independientes aquellos que tienen domicilio en Bariloche y eso no se solía respetar, pero este año ante la baja en la demanda, el Municipio decidió exigir esa residencia mediante el pedido de un servicio público a tu nombre. A mí esta decisión no me parece mal, sí me parece mal que lo hayan informado recién en junio, cuando para entonces había un montón de instructores que venían de otro lugar, alquilaron y de repente se encontraron con esa noticia de que no van a poder trabajar’’.

Angel Gustavo Cirimarco de 52 años, conserje del Hotel Turismo Patagonia en San Martín de los Andes, también mostró su preocupación por la situación laboral producto de las bajas expectativas de la temporada, si bien su trabajo es fijo durante todo el año, dio testimonio de que ‘’años anteriores había muchas oportunidades de trabajo en hotelería y restaurant, pero este año es muy difícil encontrar ofertas laborales, casi no hay nada y para mí se debe a una gran baja de turismo que se ve en la ocupación hotelera. El año pasado la ocupación era del 75% diaria, fue una muy buena temporada porque hubo muchos extranjeros’’.

Por su parte, el Secretario Apaolaza cuenta que esta situación también se ve agravada debido a que “’el trabajador golondrina o el trabajador temporario está teniendo una complicación: no encuentra alojamiento para venir y quedarse durante la temporada debido a la problemática habitacional que se está dando en San Martín actualmente’’.

 

Expectativas moderadas y desafíos pendientes

A pesar de que la situación no parece muy prometedora, según Apaolaza, ‘’se espera que sea una temporada como el año pasado. En invierno históricamente tenemos un 70% de público nacional y 30% extranjero. Vamos a ver ahora cuando terminemos las encuestas que hacemos durante todas las temporadas, pero te puedo decir que al inicio de temporada, ya hace dos semanas, teníamos aquí en San Martín los Andes, colombianos, brasileros, uruguayos. Así que siguen viniendo aquellos que les gusta la nieve y les gusta disfrutar de las buenas vacaciones de invierno en esta región’’.

Por su parte, Roca, ante la pregunta sobre qué medidas considera la Asociación necesarias para sostener la actividad en el tiempo, opinó que ‘’buscamos regular todo lo que es el alojamiento informal, tratar de meterlo dentro de la formalidad, de generar que todo ese negocio que está fuera del sistema haga los aportes para poder, de esa manera, tener más ingresos en este ente turístico y así poder generar más publicidad, traer más público a San Martín de los Andes. Eso es lo más importante para nosotros hoy’’.

Para muchas ciudades de la cordillera, el turismo es la principal actividad económica. No solo las grandes empresas dependen de él, sino también los pequeños comercios para los cuales una mala temporada puede significar el cierre definitivo. Por eso, es fundamental contar con un gobierno que tenga como prioridad garantizar estabilidad y previsibilidad, no solo para atraer a turistas extranjeros, sino también para que los propios argentinos puedan conocer su país. Estas comunidades necesitan políticas públicas que las fortalezcan y acompañen, en lugar de preocuparse por cómo desalojar carpinchos que incomodan a los millonarios de Nordelta.

 

Todos por el Garrahan

Todos por el Garrahan

Una multitud marchó desde el Congreso hasta Plaza de Mayo para protestar por el desguace del hospital pediátrico en particular y del sistema sanitario en general. En el centro del reclamo -además del ajuste y la cuestión salarial- estuvo la transformación del sistema de residencias. Una verdadera multisectorial solidaria recorrió el centro porteño.

Trabajadores y trabajadoras del Hospital Garrahan se movilizaron del Congreso a Plaza de Mayo en el marco del conflicto con el Gobierno nacional por el recorte presupuestario y el deterioro salarial. La marcha fue convocada a las 16 por la Asociación de Profesionales y Técnicos del hospital y adhirieron también las dos CTA, varios gremios de la CGT, organizaciones sociales y políticas, agrupaciones de jubilados y muchas personas no encolumnadas. La movilización se realizó en medio de un paro de 24 horas que garantiza la atención de urgencias y de pacientes internados en la institución.

Las principales demandas giran en torno al ajuste propinado por el Poder Ejecutivo al mayor centro de atención pediátrica del país. Con un presupuesto congelado desde 2023, la amenaza de un vaciamiento progresivo y el desgaste de las condiciones laborales ya renunciaron casi doscientos trabajadores en el último año y medio.

Los residentes tomaron un lugar central en las discusiones a partir del reclamo por la recomposición de salarios que hasta abril se encontraban por debajo de la línea de pobreza, a eso se le suma una resolución emitida por el Ministerio de Salud de la Nación que modifica el Sistema Nacional de Residencias, transformando una relación laboral en una instancia de becas. Melina es residente de primer año de pediatría en el Garrahan y, en medio de la manifestación, sostuvo: “Estamos acá para defender la salud pública y nuestros derechos como trabajadores, nosotros como médicos y los de todos nuestros compañeros. Tenemos los sueldos pisados, estamos explotados de horas laborales y encima cambian el sistema nacional de residencias por un sistema de becas que nos va a dejar cobrando lo mismo pero en la informalidad”.

En la Plaza de los Dos Congreso, del lado de Yrigoyen, una multitud se congregaba mientras tomaban forma las primeras columnas, era la asamblea de residentes que convocaba a decenas de profesionales de diversos hospitales públicos. “Están tratando de pasar a los residentes de Nación a un beca que implica pérdida de derechos laborales, antigüedad, protección, derecho a paro y no supone una mejora del sueldo como dice el Gobierno. Es un precedente gravísimo, un retroceso muy grande para la lucha que hemos tenido en los últimos veinte años”, intervino Joahana, bioquímica residente de primer año del Hospital de Niños Gutiérrez. “Nosotros queremos defender al Garrahan y a todos los residentes de nación. Es muy importante que la gente entienda que el sistema de residencias forman a la mayoría de los profesionales, es el semillero de especialistas de todo el país”, agregó. En la misma ronda una de sus compañeras, instructora de residentes del mismo hospital, sumó que a la vez sus sueldos no están en línea con las paritarias del personal de planta y “se terminan retrasando mucho con la inflación,  para la cantidad de horas que trabajamos no alcanza”, aseguró María Belén y concluyó: “La idea de acá en adelante es trabajar en conjunto para que todos los residentes de la nación y de las provincias tengamos los mismos derechos”.

La situación de los residentes es transversal a las diferentes instituciones e implica una precarización de las condiciones de trabajo, de la formación de los profesionales y del estado general del sistema de atención médica. En esta línea, Mercedes comentó: “Venimos a acompañar al Garrahan, a hacer frente al desmantelamiento de la salud pública y también a defender el derecho a los usuarios, está muy complicado conseguir turnos, en farmacias, guardias, especialidades”. Ella es psicóloga y forma parte de la residencia interdisciplinaria en educación y promoción del hospital Pena, señaló que “cada vez hay menos presupuesto, menos insumos y a la vez están desmantelando el sistema de formación de residentes que es como se sostiene la salud de este país, no solo de los hospitales públicos sino también de los privados”.

Julio Daniel Dunogent preside el Instituto V del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires y  junto a un grupo de colegas llegó a la marcha a apoyar el reclamo del Garrahan: “No entendemos el motivo de lo que se está haciendo, este desguace no tiene un objetivo que sea para mejorar la situación, no creemos que ese sea el camino. Nosotros como médicos, los pacientes y los papás de los pacientes que también están acompañando manifestamos oposición a todas estas medidas. El hospital hay que defenderlo, los médicos y todos los profesionales de la salud tienen que estar muy bien pagos, eso es fundamental”.

A medida que empezaron a moverse las columnas en dirección a Plaza de Mayo, los distintos sectores que pueblan las calles confluyen en un mismo recorrido. Banderas de centros de estudiantes, espacios culturales y gremios se encuentran con los carteles de jubilados, Ni Una Menos, trabajadores Aeronáuticos, de Georgalos y Secco. Ricardo es un jubilado autoconvocado y todos los miércoles está en la marcha frente al Congreso. “Hoy estamos acá para apoyar la salud, al Garrahan, al Posadas, al Bonaparte y a todos los compañeros que están en estado de vulnerabilidad. Nosotros vamos a seguir luchando”, aseveró.