Salud mental, crisis económica y debates legislativos

Salud mental, crisis económica y debates legislativos

Jul 20, 2022 | Comunidad, Destacado 5

Primero la pandemia y después la crisis económica impactó en la salud mental de los argentinos. Ese es el telón de fondo del debate por una nueva legislación para una patología estigmatizada.

En un país con incertidumbre económica crónica, la economía parece acaparar todo: los medios de comunicación, las redes sociales, las conversaciones cotidianas, la planificación a corto y largo plazo; nada de esto es gratis para la salud. En medio de los barquinazos que sufre la Argentina surge la pregunta acerca del impacto que tienen las crisis económicas sobre la salud mental de la población. 

Silvia Bentolila, referente de salud mental en la Provincia de Buenos Aires, médica especialista en Psiquiatría y Psicología Médica, Integrante del equipo Regional de Respuesta frente a Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, da una mirada sobre el abordaje de la salud mental en tiempos de crisis.

 

¿Cómo cree que afectan los cambios en la economía Argentina a la salud mental de la población?

En principio no es posible hacer una generalización porque el impacto en la población también depende de su situación socioeconómica previa. Hay una enorme cantidad de personas que ya se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad económica, de modo que lo que voy a describir es las condiciones de estrés agudo que se suman al estrés crónico. Haciendo esta salvedad, el impacto en la salud mental es enorme, generan un altísimo nivel de estrés , ansiedad, angustia, frente a la incertidumbre, pero más aún porque esta es una situación que se repite en el tiempo. En algunas personas dispara emociones ligadas a la depresión y la desesperanza, recordemos que en 2001 hubo un pico de infartos y suicidios.

¿Cómo cree que interfiere la crisis económica en el desarrollo de la vida cotidiana de las personas? 

Genera por un lado una retracción por el miedo y desesperación por no poder controlar la situación ni planificar a futuro.

El arte es salud

Hace dos semanas se realizó en el barrio porteño de Boedo un evento cultural que tuvo a la salud mental como protagonista: BA Lima es una intervención cultural en salud mental, un dispositivo móvil que busca interpelar y acercar preguntas a través de un lenguaje artístico sobre cómo se construye la salud mental en el día a día. El antepasado viernes brindaron su tercera edición en Páramo Cultural, un centro de cultura en Boedo que hace del arte un espacio de resistencia y cuestionamiento. 

En tiempos en los que la Ley de Salud Mental es cuestionada, situada en el debate público por los medios de comunicación e interpelada por casos mediáticos como el de Felipe Pettinato y  el del reconocido cantante Chano, BA Lima traduce la ley en poesía e inaugura abordajes disruptivos al concebir la salud mental una construcción, una red y un hacer con otros.  

ANCCOM estuvo presente en el evento y pudo hablar con Melina Barragan, una de las organizadoras de BA Lima y militante en La Maraña, un espacio político de trabajadores de la salud mental. “La ley es el resultado de luchas de un montón de actores del campo, organizados, que durante mucho tiempo disputaron un paradigma. Una disputa que durante la pandemia nosotros perdimos, que es la disputa entre el paradigma médico hegemónico y el paradigma de la salud comunitaria. Lo que defendemos nosotros es una estrategia de abordaje, que la salud se construye no en soledad, no en el aislamiento, que nadie se cura sole, encerrade, en un dispositivo que te aisla. Te curás como te enfermás, con otres, en la comunidad en la que estás inserte”, declaraba Melina en un esfuerzo de hacer aparecer su voz entre la música y las voces del lugar y agregaba, “Hay muchas críticas que se le hacen a la ley, yo creo que la más importante es al Estado más que a la normativa”.

El festival tuvo, junto a más artistas de su propuesta, al grupo Las Gurisas, tres mujeres musicoterapeutas quienes, desde el escenario, invitaron con su música a vivir el arte como la mejor terapia. 

Continuamos con Bentolila:

 ¿En qué medida este turbulento escenario económico impacta en la agenda política de la salud? 

En principio eso depende de las decisiones de los gestores/decisores. Debiera ser prioritaria, pero salvo en contextos de pandemia la salud no aparece como prioridad en las políticas públicas, y eso se puede ver a largo plazo. 

 ¿Existe alguna política integral que aborde la salud mental en épocas de crisis económicas? ¿O se hace de manera segmentada?

Lamentablemente no existe, a nivel global es subestimado el impacto en la salud mental, y desafortunadamente no sólo tiene consecuencias en el riesgo de desencadenar padecimientos psíquicos, sino también en la salud en general (aumento de consumos, por ejemplo, hipertensión, problemas articulares, etc). La contraparte de esto es que el impacto en la salud mental también genera efectos en la economía, porque las corridas cambiarias, por ejemplo, muchas veces están desencadenadas por ese impacto. Algo así como las profecías autocumplidoras.

 La ley 26.657, aprobada el 25 de noviembre de 2010, es una ley de vanguardia para nuestro país y supuso un cambio de paradigma en materia de salud mental.  Esta normativa busca reconvertir los “manicomios” en centros polivalentes que impulsen abordajes multidisciplinares y promover la atención en dispositivos intermedios comunitarios (casas de medio camino y de convivencia, centros y hospitales de día, talleres).

Uno de los puntos más repercutidos y controvertidos de la norma, es su capítulo VII, dedicado a regular las internaciones voluntarias e involuntarias. Las internaciones pasaron a concebirse como una herramienta terapéutica excepcional y sólo podrían realizarse cuando, a criterio del ámbito sanitario, mediare situación de riesgo para sí o para terceros. Además de que el equipo de salud debe, obligadamente, notificar a la justicia del procedimiento.

Madres que marchan

El mismo viernes que tuvo lugar el BA Lima, durante la tarde frente al Congreso de la Nación y en diversos puntos del país, madres y familiares de personas con consumos problemáticos , entre ellas Marina Charpentier, mamá de Chano, convocaron una manifestación bajo el lema #lamadremarcha para reclamar y presentar un petitorio con el objetivo de modificar la Ley de Salud Mental y pedir por la creación de una normativa específica sobre consumos y políticas de prevención. 

Lo que demandan es, entre otras cosas, más autonomía a la hora de decidir por las internaciones. Al respecto, la productora de BA Lima opinaba:  “Una familia que se encuentra con una persona que tiene un padecimiento severo, necesita una respuesta rápida y ni que hablar si llegar a fin de mes no es fácil. En el caso de Chano, el problema es de abordaje. Lo que dice su mamá tiene muchísimo sentido, si una persona tiene una situación aguda y la respuesta es la fuerza de seguridad, no va a terminar bien, no porque las fuerzas sean un problema, si no porque no tienen ningún tipo de formación al respecto sobre el abordaje de estas situaciones”, dijo refiriéndose al acontecimiento que sufrió el cantante el año pasado tras perder un riñón y el bazo por una bala policial durante una crisis psiquiátrica.

Para Silvia Bentolila “es gravísimo cómo impacta el desfinanciamiento de las políticas públicas en las mujeres, que son quienes, en la mayoría de los casos, sostienen los hogares”. Para la especialista, “a nivel mundial, los hogares más pobres son familias monoparentales con mujeres a cargo del hogar, eso genera un impacto en el largo plazo, porque afecta directamente el desarrollo de las infancias y adolescencias. Quizás la Ley de los 1000 días, por ejemplo, sea una buena iniciativa para paliar esos efectos”.

“La salud mental siempre es colectiva”

“Es necesario pensar en un poder judicial que pueda dar una respuesta más dinámica, -dice Barragan- más rápida y efectiva. Que no le tenga miedo a formarse, a conocer en profundidad las cuestiones de salud mental y a dar abordajes acordes a la problemática de la persona. Está bueno que el Estado esté ahí cuando justamente lo que vamos a hacer es restringir unos de los derechos centrales de cualquier ser humano que es el derecho a la libertad”, refería la militante de la salud mental. 

Según lo que contempla esta normativa, un equipo de salud privado no podría determinar que una persona esté internada contra su voluntad y esto, en algunas circunstancias, es bastante resistido. “Para privar ilegítimamente de la libertad a una persona, ¿verdaderamente creemos que no hay que darle intervención a un poder del Estado? ¿De verdad este es el cuestionamiento que le hacemos a la ley?”  se pregunta Melina Barragan hasta el cansancio. 

“En Argentina hay más de dos mil personas internadas por motivos de salud mental y un gran porcentaje de ellas hace más de cinco años que están internadas por esas razones. Algo no está bien cuando una persona está más de cinco años internada por motivos de salud mental y eso se omite” declaraba la profesional de la salud a ANCCOM. 

Hace más de dos años que en la Argentina y gran parte del mundo, la salud es un tema que fue tomando protagonismo. Producto de la pandemia, la muerte se volvió una amenaza constante y eso produjo un descuido importante sobre la vida. Descuido que se dejó ver, muchas veces, en el olvido de la salud mental. “Para nosotros era terrible que aislarse curara, para quienes militamos la salud mental, sabemos que quedarse sole nunca cura, todo lo contrario, es el otre el que te permite ese ida y vuelta que te construye salud. El otre era un riesgo y que el otre sea un riesgo es un retroceso enorme. Considero que hay una pequeña batalla perdida y que no nos queda otra que reconstruir y pelear para volver a dar esas discusiones”, reflexionaba Melina sobre la pandemia dejando ver que se basó en un modelo médico hegemónico centrado en la persona y en la enfermedad, “la salud mental siempre es colectiva”, concluyó. 

BA Lima nació en la resistencia y la defensa de un paradigma, de una forma de pensar la salud mental. Para ellos, la salud se ejerce, se practica, es comunitaria y se construye en el encuentro con otros. Por medio del arte, proponen otros abordajes que se oponen a los que, reiteradas veces construyen los medios de comunicación, basados en la estigmatización y banalización de las cuestiones mentales.  Para Melina, el tratamiento que hacen los medios respecto a la salud mental es “desapegado y oportunista, porque construyen a partir de excepciones y los casos agudos no son la mayoría” y añade:, “Lamentablemente a veces se refuerza una idea binaria de normales y anormales que es una ficción, pero que resultan ser necesarias para ciertos sectores y para ciertas lógicas de poder”. 

 

Bandas protagonizadas por musicoterapeutas, lecturas de ensayos y poesías en vivo, ilustraciones y comics se unieron en un mismo espacio y con un propósito, luchar por la plena implementación de la Ley de Salud Mental, empoderar a la población en materia de derechos y cuestionar acerca de nuestro bienestar y salud mental. BA Lima enseña que la salud mental no es únicamente asunto de psiquiatras y manicomios, muy por el contrario se construye en la cotidianeidad, en las pequeñas cosas, en la ciudad y sobre todo en comunidad. 

«Todavía hay algo para hacer»

«Todavía hay algo para hacer»

Jul 17, 2022 | Comunidad, Destacado 2

Este lunes se cumplen 28 años del atentado terrorista a la AMIA. Como todos los 18 de julio a las 9:53 se realizará el acto central en Pasteur 633 luego de dos años de virtualidad. ¿Cómo se transmite la memoria a la nuevas generaciones? ¿Cómo se lucha contra la impunidad?

El 18 de julio de 1994 a las 9:53 de la mañana Janet Ponce se encontraba, como todos los días, trabajando en la sastrería que fundó su padre sobre la calle Pasteur. No estaba preparada para lo que pasó. 

“La voladura de la AMIA fue un antes y un después. Cambió la cabeza de la gente, su forma de vivir, sus miedos, economía e integridad física. Se perdieron amigos, conocidos, vecinos”, comenta en diálogo con ANCCOM. “Cada año el barrio se revoluciona un poco en esta época, es revivir ese sentimiento de ver gente llena de sangre corriendo, llorando, gritando, los vidrios rotos, el polvillo. La memoria no se borra, queda adentro de tu cuerpo. Pasa el tiempo y la memoria sigue intacta”.

Janet nunca se fue del barrio de Once, allí formó su familia y su trabajo de toda la vida. Hoy continúa atendiendo en el local de Pasteur, a una cuadra del nuevo edificio de la AMIA. En su cuadra y en las siguientes ahora hay árboles. Cada uno con una placa que representa a cada una de las 85 víctimas del atentado y un código QR que, al escanearlo, permite conocer la historia de la persona fallecida.

El próximo lunes se cumplen 28 años del atentado terrorista a la AMIA que conmocionó a la sociedad entera. Como todos los 18 de julio a las 9:53 se realizará el acto central en Pasteur 633 bajo la consigna “Volvemos a Pasteur” luego de dos años de virtualidad por la pandemia.

Diana Malamud perdió a su esposo Andrés en el ataque. Casi tres décadas después, continúa luchando por verdad y justicia junto a las familias de las víctimas, agrupadas en la asociación civil Memoria Activa. “No es sencillo mantener la memoria, creo que es importante poder contar la historia. El atentado de la AMIA es un caso muy diferente a muchos otros porque sigue impune. Hay que seguir reclamando. Es una lucha constante porque saber y pedir justicia es lo que evita la repetición”. 

 Hay muchas formas de mantener viva la memoria. Una de las estrategias elegidas por la AMIA es hacerlo a través del arte. Desde el atentado se han desarrollado más de 500 acciones de recordación, entre ellas, canciones, intervenciones en la vía pública, exhibiciones, videos. Elio Kapszuk, director del Departamento de Arte y Producción de la AMIA, explica que durante los primeros años luego del atentado, aquellas estaban destinadas a las personas que si bien tenían memoria vivencial necesitaban un estímulo para traerla al presente. Con el nacimiento de nuevas generaciones, surgió el interrogante de cómo se podía hacer para que recordaran sin recuerdos: “Así surge la creación de la memoria colectiva, donde uno va y toma el testimonio de otro como propio. Una memoria que no se basa en la experiencia individual, en acordarse del atentado, sino que a partir de las múltiples posibilidades de testimonio de víctimas sobrevivientes o de material audiovisual se construye la memoria colectiva a la cual uno se dirige para recordar algo que no vivió. Por eso es fundamental la transmisión de una generación a otra, es necesario ese entrecruzamiento”, expresa.

Por el aniversario número 28 se llevaron a cabo diversos proyectos. Uno de ellos es la canción “No tiene olvido el amor”, escrita por Víctor Heredia. Se reunió a 23 familias de reconocidos artistas argentinos para rendir homenaje a las víctimas. “Le pedimos a Víctor que escribiera una canción que hable justamente de la transmisión de generación en generación. De la misma manera que los artistas han sabido transmitirle a sus hijos e hijas el amor por la música y hoy por ello son también músicos o cantantes, les pedimos que nos ayuden para transmitir de una generación a otra la memoria. ‘No tiene olvido el amor’ está cantada por dos generaciones: una que tiene memoria vivencial y otra que toma la consigna”. Para la AMIA es fundamental llegar a los jóvenes mediante sus referentes, poder brindarles la mayor información sobre aquello que sucedió con el objetivo de que no se olvide. No solo por el recuerdo sino por la necesidad de justicia.

Otra acción de recordación que se llevó a cabo este año fue «Mi memoria no se vende», una muestra en la vía pública del artista Nandon (Fernando Salimbene).  “Hicimos una campaña con él, un trabajo conjunto donde se colocaron 85 carteles con los nombres de cada una de las víctimas y ‘de mi memoria no se vende’. Interpela a la sociedad en general pero está diseñado por un artista que pertenece a una generación que no tiene memoria vivencial. La obra es inmersiva para todos los que atraviesan la calle, para que cualquier persona pueda tener la información de que acá pasó algo. Está realizada por un artista que trabaja con una estética y con un accionar vinculado a su generación”, agrega Kapszuk.

Por último, se halla “85 ausencias”: una página web con acceso a 85 pancartas con los nombres de las víctimas que explican quién fue cada una, con un video de la familia contando su historia. 

Para el 2023 se espera la inauguración de la Plaza de la Memoria ubicada sobre la costa del Río de la Plata, entre Ciudad Universitaria y el Parque de la Memoria ya que allí se encontraban depositados los escombros de la AMIA. “Queremos que sea un lugar de encuentro, de diálogo, de introspección. Entendemos que la mejor forma de luchar contra la discriminación, la xenofobia, cualquier tipo de odio, es el encuentro. En ese lugar se podrán formar las nuevas generaciones que son quienes están en Ciudad Universitaria. Hoy se trabaja para que los espacios de memoria puedan ser incorporados al uso para resignificarse. La diferencia entre la memoria y el olvido es que el olvido es automático y la memoria es un trabajo, una decisión. La memoria necesita de las efemérides, de los monumentos, de las recordaciones y de todos los artificios posibles para tener oportunidad en la lucha contra el trabajo corrosivo del olvido”, concluye Kapszuk.

Para Diana Malamud, volver a encontrarse pese al dolor un año más en Pasteur es reconfortante. Es un espacio que siente parte de sí misma, regresar después de dos años es una necesidad. “Me parece muy importante que no decaiga este pedido de justicia. Todavía hay algo para hacer, uno no debe quedarse callado”.

¿Vivir? con la mínima

¿Vivir? con la mínima

Jul 15, 2022 | Comunidad, Destacado 4

La situación de las personas adultas mayores que perciben el haber mínimo empeora cada mes: sólo en lo que va del año perdieron más de 7 puntos contra la inflación.

“Fui liquidadora de siniestros, administrativa contable, tuve una empresa constructora, un estudio de administración de consorcios que se fundió, me hice monotributista y finalmente me jubilé con la mínima”, cuenta Patricia, que aportó al Sindicato de Empleados de Comercio, al del Seguro y otros, y que recientemente se retiró. Hoy, a pesar de haber trabajado toda la vida, recibe un haber de 37.524 pesos y pierde por goleada contra la canasta básica y la inflación.

La situación y las preocupaciones de las personas adultas mayores, como insiste en designarlas la comunicadora y fundadora de la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria (ALGEC), Mariana Liz Rodríguez, “difieren según las condiciones materiales, según la persona envejece en un barrio popular con carencias económicas, según esta persona sea homosexual, migrante, etcétera, pero lo que los conecta es la preocupación por la existencia misma, aunque no lo podamos llevar a la conciencia”.

Una preocupación más se sumó con el 5,3% de aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para junio, que resulta en un 36,2% de inflación acumulada en los primeros seis meses del año. “La situación de los jubilados es crítica y, como viene la perspectiva, el deterioro va a ser mayor”, sostiene el economista y periodista Ismael Bermúdez.

Frente a la inflación sostenida hace varios años en el país, el instrumento vigente de movilidad jubilatoria es el del actual Gobierno -que reemplazó en 2021 a la ley impulsada por Cambiemos-, y que consiste en un índice que contempla en un 50% el crecimiento de la recaudación de ANSES y en otro 50% la variación de salarios, cuyos datos provienen del INDEC y del Ministerio de Trabajo.

“Esta movilidad tiene un defecto muy grande. No tiene una garantía frente a la inflación y, al mismo tiempo, como los aumentos son trimestrales, los jubilados tienen una caída adicional en el poder adquisitivo de sus haberes, o sea, sufren una doble pérdida: dentro del trimestre y luego, cuando viene el aumento trimestral, éste no repone la inflación acumulada”, explica Bermúdez. Por caso, con el último índice de precios y una inflación del 36,2% de enero a junio, los jubilados habrán recibido sólo un 29,12% de aumento, lo que equivale a una pérdida de más de 7 puntos, más la que sufrieron dentro de cada trimestre por separado.

Desde otro ángulo, Oscar Cetrángolo, economista y especialista en finanzas públicas, argumenta: “No hay ninguna razón por la cual las jubilaciones tengan que tener algo que ver con la recaudación tributaria. En los países que hay inflación, la movilidad tiene que ver con precios, con salarios o un combo de los dos, no hay otra variable razonable. Después se puede debatir si el salario que se toma es el propio, o el salario medio, pero es otro debate”.

“Si no fuera por mí, mis viejos no podrían hacer nada”, comenta Gabriela, que se ve obligada a paliar la situación de sus padres que, como otros 4,8 millones de jubilados y pensionados en el país, perciben hasta un haber mínimo. Un esfuerzo que podría considerarse doble si tenemos en cuenta que, como trabajadora activa, Gabriela aporta al sistema previsional, definido como de reparto y basado en el concepto de “solidaridad intergeneracional”, es decir que ella no invierte en su jubilación futura, sino que financia las jubilaciones hoy existentes, en contraste con lo que pasa en un sistema de capitalización individual como son las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP).

“No olvidemos que estamos en un sistema de contribuciones y prestaciones definidas -destaca Bermúdez-, y lo que se vio es que durante años los gobiernos redujeron la contribución patronal, desfinanciando el sistema. Por ejemplo, en la pandemia el Gobierno eximió a sectores o empresas en crisis de pagar las contribuciones patronales. Tampoco hay un combate firme contra la evasión patronal. Hoy te encontrás con gente que dice ‘trabajé aquí, allí, pero no me hacían los aportes’. ¿Entonces qué sucede? Con un 35,40% de trabajo informal, la gente llega a la edad jubilatoria y alguien debe hacerse cargo de ellos”.

Desde su especialidad, la gerontología, Mariana Liz Rodríguez afirma: “Siempre decimos que no se trata de que las personas mayores sean más importantes que otras, sino que son igual de importantes. Todos, en cada momento de nuestra vida, aportamos de múltiples maneras. Reducir a la persona mayor a un gasto es anularla completamente como sujeto de derecho y como sujeto humano”.

“La mirada de la persona mayor no debe ser solamente la de un sujeto de cuidados”, advierte Rodríguez. En su opinión, “la referencia que una persona mayor tiene sobre sí misma es como un espejo de lo que personas de otras edades ven en ella”. “Si concibo a la vejez como una etapa en donde reina el aislamiento, la soledad, la enfermedad, es muy difícil que yo llegue a vieja y no viva la vejez en esos términos”, remarca.

En la Argentina hay 8,6 millones de jubilados, pensionados, y retirados, según los datos del presupuesto 2021, los últimos disponibles. Casi la mitad, unos 4,8 millones, cobran menos del haber mínimo. En este ejercicio, el Estado asignó a la Seguridad Social un 51,5% del presupuesto, 3.981.763 millones de pesos, seguido por Energía (8,8%, 681.929 millones) y Educación (6,4%, 492.623 millones). Se utiliza cerca del 40% del presupuesto en jubilaciones y pensiones y un 7,2% del Producto Bruto Interno (PBI).

Respecto al sistema actual, Bermúdez propone “separar a quien se jubila porque tiene 30 años de aportes y quienes lo hacen por moratoria”. “Que quede explícito que las moratorias se financian por rentas generales y el sistema previsional, en cambio, por los aportes y contribuciones. Si uno excluye a las moratorias y a las pensiones no contributivas, el sistema está dando una relación de 4 a 1, o sea, cada cuatro activos hay un jubilado, y el sistema así sería altamente financiable”, asegura.

Según Cetrángolo, “no se le puede dar un ingreso mínimo, y menos en la situación que está la Argentina, a una familia que tiene ingresos, eso es lo que hace la moratoria, es una estupidez”. “Lo que hay que corregir es la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor), que es la respuesta correcta. El sistema en absoluto es sostenible, está mal diseñado, hay que cambiarlo. Tiene que haber una reforma que no va a dar beneficios en el corto plazo, pero en algún momento hay que hacerla”, subraya.

Para Mariana Liz Rodríguez, al atentar contra los adultos mayores, estamos cometiendo, sin darnos cuenta, un autoatentado: “Debemos tener cuidado porque las personas mayores de mañana vamos a ser nosotros. La única forma de detener ese proceso es morir, y me parece que la mayoría preferimos seguir envejeciendo”, ironiza.

El mercado avanza sobre las universidades latinoamericanas

El mercado avanza sobre las universidades latinoamericanas

Jul 12, 2022 | Comunidad, Destacado 4

Investigadoras y docentes de educación superior describen el avance de la mercantilización de los estudios en la región y alertan que la tendencia está penetrando en la Argentina, a pesar de su tradición pública.

La privatización y mercantilización de la educación superior y su impacto en las condiciones de trabajo docente es una temática que inquieta a distintos investigadores de las Ciencias Sociales, ya que, en el período de pandemia, estas tendencias se profundizaron a nivel global. Según un estudio publicado por el Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU, América Latina es una de las dos regiones más privatizadas del planeta, con más de la mitad de sus estudiantes en el sector privado junto a Asia meridional.

Fernanda Saforcada, Doctora en Educación de la Universidad de Buenos Aires y Especialista en Política Educativa, propone tres nudos críticos para entender cómo se expresa esta problemática en América Latina. En primer lugar, explica que asistimos a una híperprivatización de la universidad. En la región hallamos un número mayor de estudiantes en el sector privado que en el sector público. “El sector privado no solo ha ido creciendo y expandiéndose sino que hoy tiene dimensiones mayores que el sector público: 2 de cada 3 instituciones son privadas y 6 de cada 10 estudiantes se gradúan en universidades privadas”, comenta Saforcada en el marco de un conversatorio realizado por CONADU con el objetivo de debatir esta problemática y desarrollar estrategias políticas.

En segundo lugar, la investigadora observa una creciente incidencia del sector privado en los ámbitos de política pública. Para Saforcada, este sector fue construyendo modos de insertarse en los ámbitos de gobierno, en los sistemas universitarios y científico tecnológicos. Por último, explica que se produce un reposicionamiento de algunas universidades privadas. Son aquellas que se identifican a sí mismas como de calidad o más rigurosas, que buscan distanciarse de las universidades masivas, de bajo costo y que tratan de asimilarse con el sector público. “De esta forma, se borra la frontera entre el sector público y privado y se vacía de sentido político lo que es entendido como público. Una de las formas en las que se manifiesta el borramiento de las fronteras es en el financiamiento. Se direcciona al sector privado sin decirse explícitamente, bajo un supuesto de equidad. Los fondos de investigación, las becas para posgrado, de inclusión, el financiamiento de créditos estudiantiles comienza a asignarse en base a criterios de calidad, de rigurosidad científica y eso oculta un redireccionamiento de fondos que antes iban solo al sector público y ahora van hacia el sector privado”, alerta la investigadora. 

Para Daniela Atairo, docente e investigadora de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina es un sistema que es casi una excepción con respecto a otros países de América Latina por su tradición público-estatal. “Estos datos de la híperprivatización no los encontramos ya que la mayor cantidad de estudiantes están en universidad pública. Sin embargo, hay algunas tendencias y hay que mirar a Argentina en clave regional. Ciertas lógicas de mercado se instalan en el sistema público y en el trabajo docente como la híperproductividad, los requisitos del trabajo académico. Argentina posee un grado bajo de privatización pero en términos de mercantilización nos queda bastante por mirar respecto de cómo están instaladas estas lógicas de la competencia”, agrega.

En Argentina, la lógica de mercantilización en la educación superior también aparece en el modo en que las universidades públicas deben generar recursos propios cuando los fondos asignados por el estado nacional no alcanzan. En diálogo con ANCCOM, Adrián Sancci, Prosecretario de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de La Matanza explica: “En la UNLaM se ofrecen cursos de posgrado, complementación curricular, idiomas, capacitaciones, asesoramientos, vinculación tecnológica y deportes. Son recursos adicionales a los que recibe por ley de presupuesto. Lo recaudado se distribuye equitativamente en toda la universidad en virtud de las necesidades planteadas por las unidades académicas o de gestión. Su administración es centralizada, es decir, las unidades académicas no manejan dinero sino sólo docencia, investigación y extensión. Luego, al interior de la universidad, los recursos se utilizaban para gastos de funcionamiento y obras. También, para la compra de equipamiento”.

El impacto de las condiciones de la privatización y mercantilización también puede verse en un aumento de la precarización del trabajo docente. “Pasó la pandemia pero la virtualidad no se ha ido. Hoy estamos en duda sobre cuáles son las condiciones en las que van a terminar funcionando nuestros claustros”, comenta Sofía Thisted, investigadora en el campo de la educación intercultural. “Hay que pensar en condiciones de trabajo para este tiempo que no sean la duplicación del trabajo de lo virtual y lo presencial que parecería ser la salida más económica”. Durante el conversatorio realizado en CONADU, también, recalcó lo difícil de la coexistencia de la crianza y la escolaridad a la hora del trabajo de docentes que tenían niños a su cargo en el momento de dar clase durante la pandemia. Sobre todo para las mujeres hay “reglas implícitas de la universidad como no tengas hijos antes de doctorarte o ahora hasta posdoctorarte”, agregó.

Frente a la situación en la que se encuentra la educación superior, Saforcada concluye que se trata de “empezar a construir una posición más proactiva que no sea solamente identificar estas cuestiones y salir a discutirlas, sino construir una agenda propia de lucha, ideas y propuestas concretas para instalar otros temas”.

Un reservorio que deja muchas reservas

Un reservorio que deja muchas reservas

Jul 10, 2022 | Comunidad, Destacado 3

El parque redondo de Saavedra quedará atravesado por un zanjón de aguas contaminadas, si el GCBA lleva adelante su proyecto de “regeneración” del Arroyo Medrano. Finalizaron las audiencias públicas con un fuerte rechazo de los vecinos.

Durante la semana pasada se llevaron adelante las audiencias públicas en torno a la regeneración del Arroyo Medrano en Parque Saavedra, donde los expertos expusieron el proyecto y los vecinos expresaron su rechazo. Mientras que los primeros consideraron la obra como la solución para las inundaciones en el barrio, los últimos lo categorizaron como una obra “estética” e “innecesaria”, una “zanja”, un “barroquismo urbano”.

Cruzando el parque circular, sobre las calles Pinto, Vilela y las avenidas Melián y García del Río, en el barrio de Saavedra, solía pasar el cauce del Arroyo Medrano hasta la década del 40, cuando fue finalmente entubado. El proyecto en cuestión propone la construcción de un reservorio de agua pluvial para “mitigar las inundaciones en la zona” y la creación de un curso de agua a cielo abierto, paralelo al entubado subterráneo, con el fin de “recuperar la relación entre las personas y el agua, centrada en el respeto por la naturaleza, el disfrute y la resiliencia”.  

Según explicó en diálogo con ANCCOM la ingeniera especializada en hidráulica, María Eva Koutsovitis, un reservorio se define como “obras hidráulicas que permiten retener y laminar las aguas de lluvia y son soluciones muy eficientes frente a eventos de precipitación de corta duración y elevada intensidad”. Su función consiste en evitar que ese agua ingrese a los sistemas pluviales provocando su desborde. 

Sin embargo, la especialista señaló que el proyecto en cuestión es inconsulto y que nada tiene que ver con regenerar el Arroyo Medrano: “Es ejecutar un zanjón que va a atravesar al Parque Saavedra con pendiente nula y alimentado con agua de la napa. Por lo tanto va a limitar muchísimos usos sociales que hoy tiene el Parque Saavedra”. Koutsovitis también apunta problemas ambientales y sanitarios “en tanto las aguas no van a circular de manera permanente y el agua de las napas con las que va a alimentarse al zanjón contiene aceites, fenol, arsénico, coliformes totales, escherichia coli, plomo y cobre, entre otras sustancias contaminantes”. La ingeniera que hizo una revisión al informe de impacto ambiental del proyecto aclaró en diálogo con ANCCOM que “la eficiencia hidráulica como reservorio no está técnicamente justificada y no se analizaron alternativas hidráulicamente más eficientes”.

En la audiencia realizada de forma virtual vía Zoom, la exdiputada nacional, María José Lubertino, describió al proyecto como “otra disneylandización de la Ciudad de Buenos Aires” y al tema de “carácter público que afecta a todos, son temas de vida o muerte de las personas” haciendo alusión a la última gran inundación que sufrió el barrio el 2 de abril de 2013, que dejó un saldo de seis muertos y decenas de casas dañadas. Pueden contarse también otros desbordes del Arroyo Medrano como el del 26 de enero o el 31 de mayo de 1985, el día que llovió 24 horas. 

Manuel Ludueña, profesor de la Maestría en Tecnologías Urbanas Sostenibles de la Facultad de Ingeniería de la UBA, que calificó al proyecto como “una obra escenográfica”, expuso en la audiencia el uso “engañoso” e “irresponsable” del término regeneración entendido como un “proceso para recuperar la estructura y la función de partes de un cuerpo dañado” y que por ende “adosar una acequia con agua paralela al trazado original no sería una regeneración del arroyo”. Además, mencionó que en el plan de participación de GCBA con los vecinos, un 26% solicitó espacio para actividades de esparcimiento y descanso y “sin embargo este proyecto ocupa el 50% del parque para actividades contemplativas”. Agregó que se “desnaturaliza y artificializa”. El proyecto “destroza el trazado patrimonial del parque”, expresó Ludueña.

Ana Belén Mercado, socióloga y vecina, dijo que el objetivo central del proyecto se trata de una “gentrificación” del barrio de Saavedra, que consta de “inyectar dinero en zonas puntuales para valorizarlas con el objetivo de promover la especulación inmobiliaria y el progresivo emplazamiento de la población de larga data”. Explicó, además, que en términos geográficos “el barrio queda partido y va perdiendo su identidad” haciendo resonar la pregunta con la que concluyó su ponencia “¿hace falta arreglar lo que no está roto?”.

A partir de las inundaciones de 2013, en 2016 fue creado el Comité Interjurisdiccional de la Cuenca del Arroyo Medrano (CICAM), integrado por representantes de todas las jurisdicciones, ONG y otras entidades con el fin de obtener “una visión integral de la cuenca con representaciones de todos”. El gerente de Proyectos Hidráulicos, Sergio Herbón, expresó que en las reuniones del CICAM “se identificó la necesidad de tener un plan maestro para la cuenca que fuera una actualización y una mejora”. Sin embargo, los vecinos insistieron en el real funcionamiento de este organismo, con la participación de los barrios de la Provincia de Buenos Aires afectados por el arroyo, y “no solo funcionarios, sino académicos, trabajadores de las fábricas aledañas y vecinos de la zona”.

En la votación de la junta comunal, el proyecto ya había sido rechazado 4 a 3 por los representantes de las comunas. Soledad González Alemán, directora de la revista barrial de Saavedra, repuso el carácter “arbitrario” del proyecto que no fue consultado con los vecinos y vecinas, la “falta de transparencia e información brindada a la comunidad y la ausencia de espacios para la expresión de la opinión”. La comunicadora social expresó que el parque Saavedra “es el patio de miles de vecinos” y que esta obra supondría la “pérdida de más de cinco mil metros cuadrados de espacio verde”, de ese jardín que “va en contra de la voluntad de la mayor parte de la comunidad”. 

 Lo que tuvieron en común todos los oradores fue la insistencia en el proyecto del Reservorio II del Parque Sarmiento, una obra que cuenta con una capacidad de 200 mil metros cúbicos, cuatro veces más que el que se busca impulsar en Saavedra, además de que se encuentra aguas arriba, es decir, más lejos de la desembocadura del arroyo. “Son dos aspectos claves a la hora de evaluar una obra de estas características: siempre es más eficiente tener un mayor volumen de retención y que esa retención se realice lo más alejada que sea posible de la desembocadura”, explicó a esta agencia Koutsovitis. Jorge Marchini, presidente de la Asociación Vecinal y Biblioteca Popular Cornelio Saavedra, el organismo más antiguo del barrio, expresó que “es mucho más prioritaria y una excelente obra, más barata, de menor impacto social que no se sabe por qué ha sido dejado de lado”, expresó . El mismo insistió en la disponibilidad del ex campo de golf privado que se concesionó dentro del Parque Sarmiento y calificó esta actitud del GCBA como un “misterio” por el desvío hacia una nueva obra hidráulica que si no da marcha atrás será una “negligencia”. 

Frente a aquel grito a viva voz del “No se inunda más” enunciado por el expresidente Mauricio Macri en el acto de cierre de su campaña en 2019, “Saavedra no duerme cuando llueve”, fue la frase acuñada por el barrio que repuso José Olivo, miembro de la Comisión de Desarrollo Urbano y Hábitat del Consejo Consultivo Comunal 12, y concluyó su ponencia reclamando que “los vecinos queremos volver a descansar y no estar pendientes del pronóstico”. 

La comunidad barrial emprenderá una serie de acciones para detener la obra. En primer lugar, la realización de una denuncia con los aportes de la Koutsovitis, al informe de impacto ambiental que el gobierno porteño pretende aprobar: “No puedo afirmar cuales son las verdaderas intenciones del GCBA, pero esta propuesta nada tienen con la implementación de una solución de drenaje sostenible basada en la naturaleza. Si este proyecto se enmarca en la Gestión del Riesgo de Inundaciones, no se analizaron alternativas, no está claro que escenarios se estudiaron ni cuáles fueron las instancias de participación que dieron lugar a la selección de la presente propuesta”. Además, señaló las faltas de dicha propuesta que no tiene la documentación técnica mínima para la realización de una evaluación eficaz: “No incorpora memoria técnica, parámetros de diseño, descripción del modelo hidrológico e hidráulico, condiciones de calibración, condiciones de borde.  Parece más marketing ambiental y paisajístico que una medida destinada a la Gestión del Riesgo de Inundaciones”.

De seguir adelante con el proyecto, y como última instancia, los vecinos están decididos a ir a la instancia judicial e iniciar una acción de amparo. Asimismo, solicitarán a la Junta Comunal y a la Legislatura un plan de manejo del parque donde los vecinos tengan participación y sean consultados ante cualquier acción que se pretenda hacer en el espacio verde. 

Contra la transformación demoledora

Contra la transformación demoledora

Jul 10, 2022 | Comunidad, Destacado 5

La Red de Organizaciones Barriales realizó una concentración frente al Obelisco para defender el patrimonio urbanísto frente al desarrollo inmobiliario que propone el Gobierno de la Ciudad.

En rechazo al avance de las obras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) sobre espacios verdes, la Red de Organizaciones Barriales (ROB) se movilizó el sábado pasado frente al Obelisco en defensa del ambiente, la identidad barrial y el patrimonio. Reclamó por un freno a la edificación, el libre acceso al río y efectiva participación ciudadana. 

Con el jardín vertical de “BA” de fondo, y al grito de “Parques sí, torres no”, los y las vecinas de los barrios porteños que organizaron “EL 9 EN LA 9” llenaron de pancartas y carteles la plaza del Obelisco. «Basta de especulaciones inmobiliarias» -se podía leer-, «Más cielo, menos cemento», «Basta de demoler patrimonio urbano», «No a los nuevos códigos urbanísticos y de edificación», «No al arroyo artificial en el Parque Saavedra». Además, una reedición del actual flyer del GCBA de «La transformación no para» a «La transformación para turistas y amigos no para de demoler, de mutilar árboles y de matar barrios».

Los motivos de la gran asamblea barrial se concentran en el pedido de un cese a “las políticas urbanas del Gobierno de CABA que están diseñadas desde un concepto mercantil por sobre el del interés público”, expresó el arquitecto Daniel Giglio, integrante del Colectivo Colegiales Participa y Decide. Entre algunas de las líneas de acción  se enumeran la recuperación del Playón de la Estación Colegiales como espacio verde público, libre de edificios sobre su superficie; el rechazo del proyecto de “regeneración” del Arroyo Medrano en el Parque Saavedra; y un freno a “los ilegales proyectos de privatización y ocupación con construcciones de la ribera del Río de la Plata (Costa Salguero, Ciudad Deportiva)”.

La ROB está conformada por más de 30 organizaciones vecinales y ONG. El organismo se creó hace ya un año con el objetivo de lograr una unión coordinada de los barrios que pueda alzar la voz por diversos reclamos en cada uno de ellos y está conformado entre otros por el Colectivo Colegiales Participa y Decide; ¡No A Las Torres! (Parque Chacabuco); Asamblea Villa Pueyrredón; Asociación Vecinos de Bajo Belgrano; Vecinos X Saavedra; Parque de la Estación (Almagro, Balvanera); Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP); Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC); Tierras Ferroviarias Verdes; El Movimiento: La Ciudad Somos Quienes La Habitamos; Basta de Mutilar Nuestros Árboles (BdM); Basta de Demoler (BdD); la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH); Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria (CLIC). 

En diálogo con ANCCOM, la abogada y exconstituyente de la Ciudad, María José Lubertino, trazó un panorama sobre la situación del reclamo acerca de la cuestión ambiental en CABA y expresó que “con la movilización de hoy estamos intentando una articulación porque las luchas no se pueden dar de manera aislada. Esta es una lucha contra el extractivismo urbano en un contexto de cambio climático”. Además, la política agregó que “los problemas que detectamos cuando hicimos la Constitución de la Ciudad hace 20 años se han agudizado y las políticas públicas van en contra de lo que deberíamos hacer para el mejor vivir en la ciudad”.

En la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está instituida la “democracia participativa”. Sin embargo, “lo único que se hace hoy es permitirte votar el nombre de una estación de subte de manera online: eso es una ficción”, afirmó Lubertino. Dentro de los derechos vulnerados, la abogada enumera el derecho a la salud, al espacio verde y público, al ambiente, al patrimonio, la descentralización en las comunas, entre otros.

En la movilización pedían si alguien había traído una Constitución y una vecina sacó la suya de la cartera. “Yo también traje la mía por las dudas”, replicó otra. Los manifestantes hicieron lectura de algunos de sus artículos como el Nº 26 que promulga el ambiente como patrimonio común, el goce de un ambiente sano y su preservación para generaciones presentes y futuras, o el Nº 27 el cual implica que toda acción que suponga un daño en el ambiente debe cesar y conlleva la obligación de recomponer y la garantía de su uso común.

Ana Charrelli, se crió en el espacio verde del Parque Chacabuco hasta que las autopistas lo cortaron por la mitad. De su infancia solo queda un pequeño sector cercado donde hay rosedales, pero las maravillosas fuentes que ella recuerda, con figuras de las que caía el agua desaparecieron, así como los árboles. Hace 40 años se mudó a San Telmo donde formó su familia y crecieron sus hijos. En su cuadra fueron construidas, solo en los últimos cinco años, cinco torres nuevas. El edificio donde ella vive es patrimonio protegido. Hoy reclama por la preservación del casco histórico de su barrio: “Quieren hacer en San Telmo lo mismo que hicieron con Palermo, convirtiéndolo en un polo gastronómico. No entendemos a dónde nos lleva esta ‘transformación que no para’ del GCBA. Destruyen la vida y la identidad del barrio y de los vecinos”. 

El arquitecto Giglio analizó, en diálogo con esta agencia, algunos de los problemas que trae aparejado el Código Urbanístico de la Ciudad aprobado en 2018. Este establece, por ejemplo, que en ciertas zonas no pueden construirse torres. Sin embargo, existen más de 100 excepciones a dicho código que fueron aprobadas por la Legislatura porteña. A partir de ellas, se permite la construcción de torres en zonas antes prohibidas “que el desarrollista inmobiliario paga de acuerdo a su conveniencia”, señaló Giglio. 

 Anteriormente regía el Código de Planeamiento Urbano que “si bien no era perfecto defendía las identidades barriales”. Giglio explicó que, por ejemplo, en un barrio de casas bajas, el código anterior establecía que se construya más o menos en esas mismas condiciones. Además, no permitía construir todo el lote, aseguraba el pulmón de manzana y por sobre todas las cosas regulaba los metros cuadrados construibles en cada parcela. “Ahora no hay un límite y eso aumenta la densidad de edificación, que suma cantidad de viviendas y de habitantes y resta capacidad a la infraestructura urbana, es decir, más agua, más gas y más electricidad, además de menos terreno absorbente y capacidad de asoleamiento. Estos factores implican un decrecimiento enorme en la calidad de vida en la Ciudad de Buenos Aires”, expuso el arquitecto. 

La licenciada en Ciencia Política y diplomada en Derecho Ambiental, Carolina Somoza, explicó en diálogo con ANCCOM las implicancias de la perspectiva de género en las cuestiones ambientales, como por ejemplo los nombres de las calles mayoritariamente masculinos. “Ha sido construido -señala- por varones blancos, clase media, sanos; un lugar del que fuimos excluidas hace mucho tiempo y ahora que empezamos a tomar más la calle vemos problemas no solo en términos de planificación sino de ejecución”. 

Así como lo privado es político, lo público también lo es. “Si el Estado somos todos, nosotras queremos ser parte de esas decisiones. No es que no tengamos ideas ni consciencia, sino que no se nos da el espacio para integrar esa planificación”, agregó Somoza. También hizo mención del rol del cuidado asignado a las mujeres como algo a ser puesto en valor a la hora de planificar el espacio: “Se trata de cómo se piensan los asientos, los baños o los juegos ya que muchas veces somos las mujeres quienes nos hacemos cargo de llevar a los pibes a la plaza”. 

Águeda Lacané, vive hace 34 años en Colegiales. En su momento, disfrutaba de varias manzanas verdes libres al lado de las vías del tren a las que llamaban “zona rural”. Cuando sus hijos eran chicos siempre los llevaba a ese playón de la estación porque, aunque no fuera un parque, era la zona verde que tenía el barrio. De a poco lo fueron cerrando y entregando parcelas a empresas de seguridad o de construcción. El lugar se achicó. Cinco de las nueve parcelas que comprenden el playón fueron vendidas y se encuentran siendo investigadas por la oficina anticorrupción. Las otras cuatro están amparadas por una medida cautelar que impide que se las toque temporalmente. El cartel que está sosteniendo hoy Águeda reza «Todavía estamos a tiempo».