«Lo verdadero, lo bello y lo bueno»

«Lo verdadero, lo bello y lo bueno»

Dante Choi, presidente de la Asociación Civil Coreana en Argentina y dueño de la marca Peabody, cuenta desde su llegada al país durante la dictadura hasta las iniciativas de su firma respecto al desarrollo y la inclusión social. .

A la corta edad de 12 años Dante Choi, empresario y actual dueño de Peabody, llegó de Corea del Sur a la Argentina junto a su familia en busca de un futuro. “Ingresamos vía Paraguay y desde desde ahí vinimos con micro durante muchas horas; pasamos por Liniers. Buenos Aires me pareció una gran ciudad. Nos radicamos el primer año en Fuerte Apache”, recuerda Choi. Reconoce como “muy difíciles” sus primeros tiempos en Argentina: “No conocíamos el idioma, no teníamos total conocimiento de la cultura local y, además, éramos inmigrantes ilegales. Entonces, económicamente éramos muy pobres, pero culturalmente éramos más pobres todavía”, rememora. En ese momento, Argentina se encontraba transitando la dictadura cívico-militar.

Cuando Choi se instaló en el país, él ya había concluido sus estudios en un colegio primario en Corea e incluso había iniciado el secundario, pero una vez en Argentina debido al desconocimiento del idioma y no poseer un documento, tuvo inconvenientes para poder continuar su escolaridad. “Cuando llegué, creo que me pusieron en sexto grado y después rendí el examen para poder ingresar a la secundaria. Pero a los tres meses me echaron del colegio porque no tenía documento”, recuerda. Además, menciona que tuvo que recurrir a “institutos privados y cursar como oyente, sin la posibilidad de poder graduarme y tener regularidad escolar”. Choi recalca que fueron años “muy difíciles” pero que esto “se revirtió recién en 1983, con la llegada de la democracia en Argentina”.

Cómo mantener las raíces

Cerca de sus 21 años Choi regresó a Corea y recapitula este hecho como algo “muy importante”. En ese entonces se encontraba trabajando para Evo Corporation, una empresa multinacional de Corea, quienes lo enviaron a su país natal para capacitarse. “Fue una etapa donde yo era muy joven y me dieron esa posibilidad de aprender y capacitarme. Porque en eso yo no había tenido básicamente una educación. Esa empresa coreana en la que estaba trabajando, me dio muchos elementos”, reconoce.

A su regreso, su primer empleo fue como traductor en la empresa coreana Daewoo Corporation que tenía una sede en Argentina. En un inicio fue una relación laboral temporal, pero terminó siendo un trabajo de más de quince años. Incluso llegó a obtener el cargo de gerente comercial. Sin embargo, en 1997 Daewoo quebró y Choi decidió fundar una compañía que importaba insumos eléctricos para fabricas de Tierra del Fuego, pero la crisis del 2001 en Argentina no lo dejó continuar con su proyecto. Fue recién en 2003 que decidió apostar por un emprendimiento personal bajo el nombre de Goldmund, que hasta hoy sigue dando sus frutos fabricando los electrodomésticos marca Peaboy.

En la actualidad, Choi es el presidente de la Asociación Civil Coreana en Argentina. “La inmigración coreana va a cumplir el 60 aniversario en el año 2025. En este momento hay alrededor de 20.000 miembros de la colectividad coreana en la Argentina”, menciona. El empresario comenta que hay una “diferencia muy grande entre la primera generación o la segunda generación -como en mi caso-, con los chicos de segunda, tercera, cuarta generación”. Menciona que “esos chicos son directamente argentinos” y “lamentablemente muchos no hablan coreano, pero tienen el ADN de la cultura coreana y están inmersos en la sociedad argentina”.

“Muchos argentinos, cuando viajan a Corea, dicen que los coreanos tienen un temperamento latino, que festejan y que tienen el mismo carácter. Pero en cuanto a funcionamiento y los valores de la sociedad, me parece que hay muchísima diferencia”, menciona Choi respecto a si encuentra similitudes y diferencias entre la sociedad coreana y la sociedad argentina.

Crear oportunidades

El Premio Peabody es una iniciativa que tomó Choi desde su empresa, que consiste en un concurso de diseño industrial y genera oportunidades para jóvenes estudiantes. Choi declara que la iniciativa surgió a base de su historia personal y la cuestión de la identidad: “Al ser inmigrante y al llegar a la Argentina cuando tenía 12 años, tuve que cuestionarme mucho sobre mi identidad personal y cultural. Un inmigrante es una persona que deja su identidad cultural individual que ha recibido, y que tiene que construir su propio lugar en el mundo en otra sociedad, construir su nueva identidad cultural e individual en otra sociedad”.

A base de “esa crisis de identidad” que tuvo siendo inmigrante, Choi declara que lo “ayudó después a pensar en la identidad” de su empresa. A su vez, menciona que también tuvo “una crisis de identidad” por su compañía, por lo que en la actualidad se encuentra “muy agradecido con el sistema argentino que nos dio nada más ni nada menos la identidad marcaria”. A raíz de querer profundizar en el diseño, es entonces que decide organizar el concurso de Premio Peabody en diseño industrial. En la actualidad uno de sus productos destacados de su empresa es el termo eléctrico, que surgió en la primera edición del concurso: “Realmente nos ha dado mucha satisfacción, yo creo que es muy importante porque ese concurso está abierto para los jóvenes estudiantes y eso nos permite retroalimentarnos”, reconoce Choi.

El futuro

Respecto al contexto político actual en Argentina, Choi menciona que cree que “lo importante es cerrar la grieta que está presente, más o menos, en Argentina desde la década de los 70. En estos momentos se ha establecido una discusión sobre lo que pasó en la década 70 y 80, yo creo que es muy importante cerrar esa grieta y no volver a las discusiones superadas”. Desde su punto de vista como empresario reconoce que desde su compañía se encuentran “muy atentos y preocupados porque lo que propone la ideología del nuevo gobierno es un cambio rotundo de los últimos años de la manera de vivir, de la sociedad argentina”.

Choi tuvo la oportunidad de estudiar Filosofía en la Universidad de Buenos Aires, y rememora que en una de sus clases un profesor le dejó una enseñanza que hasta hoy implementa: “La primera clase él habló de la esencia, escribió en el pizarrón una frase en francés del libro El Principito donde dice ‘lo esencial es invisible a los ojos’ y otra frase de Heráclito donde el filósofo griego dice que ‘la verdad cuesta ocultarse’”. Estos son algunos de los valores que Choi quiere transmitir a los jóvenes, además de los valores de identidad y fidelidad: “Tener presente cuál es la esencia de nuestro proyecto y tener presente la identidad de esos proyectos y dedicarnos con total plenitud a los mismos, con esos valores uno va a poder lograr su propósito”.

En su oficina ubicada en el barrio porteño de Palermo, además de su escritorio Choi cuenta con tocadiscos y long plays de vinilo, desde Mozart hasta Elvis Presley. En su biblioteca se pueden observar un pañuelo de Abuelas de Plaza de Mayo enmarcado y un diploma de “Inmigrante Destacado” que le fue entregado por el Ministerio del Interior, además de una variedad de libros. En la pared frente a su escritorio reposa una fotografía del edificio de la Alte Oper de Frankfurt: “Esta foto la saqué yo, el motivo por el cual yo visité y saqué la foto es por las palabras que están grabadas en el edificio que son ‘Dem Wahren Schoenen Gute’ que significa ‘lo verdadero, lo bello y lo bueno’. Yo creo que esto es lo que necesitamos como sociedad”, afirma Choi, concluyendo con que “siempre cuento, sobre todo a los jóvenes, sobre esos valores; la verdad, la belleza y la bondad”.

Tecnología popular y solidaria

Tecnología popular y solidaria

La cooperativa Fray Luis Beltrán, de La Boca, repara computadoras y celulares en desuso para ofrecerlos a muy bajo costo o canjearlas por otros productos.

La Cooperativa Fray Luis Beltrán se dedica al reciclaje de tecnología, a través de computadoras y celulares rotos o en desuso para reutilizar sus partes y donarlas o venderlas a precios muy accesibles. Los modelos de dispositivos que ofrece la organización suelen tener un valor debajo del 40 o 50 por ciento de lo que se encuentra en el mercado.

La cooperativa se ubica en el corazón del barrio de La Boca, en Suárez 421.La inmensa pared de la exfábrica de motores de lancha donde funciona el taller, tiene un cartel en el medio con el nombre de “Los Pibes”, una organización social y política que nuclea distintos proyectos -además de la Cooperativa Fray Luis Beltrán-, como la FM Riachuelo, la Cocina de Suárez”, y el Gimnasio Popular los Pibes.

 

La cooperativa ha bautizado los distintos  modelos de computadoras que vende con nombres de próceres que colaboraron en los ejércitos de liberación nacional: así hay equipos denominados Juan Bautista Cabral, Martín Miguel de Güemes o Juana Azurduy.

Las máquinas más sofisticadas que poseen son computadoras de cuatro núcleos que tienen un buen rendimiento y sirven para cualquier tarea operativas perteneciente al paquete de Office; además soportan algunos programas de edición básica, juegos y pueden ser modificadas para complejizar aún más sus funciones.

El taller de la cooperativa se encuentra en el primer piso. Josué Lucero de 23 años, es uno de sus integrantes y cuenta: “Esta fábrica cerró durante la década de 1990 y nosotros la volvimos a utilizar en el 2004. Primero alquilamos el lugar y después, ante un intento de desalojo que logramos resistir, juntamos el dinero necesario para comprar el espacio”.

Para acceder a las computadoras no es necesario sí o sí contar con el dinero; la cooperativa trabaja con la lógica de la economía popular y tiene sus propios circuitos de ayuda mutua. Bajo esa lógica aceptan trocar sus productos por los que pueda llegar a ofrecer algún interesado. “Hace poco se acercó una vecina que hace pastas caseras, y para llevarse una PC nos dio 11 kilos de ñoquis( 1 kilo para cada integrante de la cooperativa), varias cajas de ravioles que utilizamos en un almuerzo que tuvimos todos juntos y 15 mil pesos”.

Otra manera de acceder a la tecnología que ofrecen es a través de donaciones: la única condición para acceder a la misma es que la organización que reciba la computadora envíe a uno de sus miembros a tomar un curso de reparación en la Fray Beltrán.

Martin Alejandro Sanguinetti es otro miembro de la cooperativa, tiene 22 años  y hace un año está trabajando en ella. “La Beltrán no solo se dedica al armado y reparación de PC sino que también damos clases gratuitas durante la semana para otorgarle a la gente un medio de subsistencia. Intentamos que las actividades que tenemos con Los Pibes sean organizadas en distintos días y horarios para que convivan entre sí.”

La cooperativa nació durante la pandemia con la intención de acortar la brecha digital; algunos de sus miembros provienen de centros de atención y acompañamiento comunitario y hoy poseen un conocimiento nuevo que les permite desarrollar un oficio. Elías  Velázquez, alias Velazquin, es uno de los integrantes más jóvenes de la cooperativa, tiene 17 años y señala: “Nos apoyamos mucho en los compañeros que viven en el barrio y sus vecinos, más que nada porque creemos en el conocimiento colectivo y en establecer lazos de hermandad con la comunidad. Ellos nos comentan la realidad del barrio y nosotros intentamos darles alternativas de apoyo y contención, no solo con los talleres que brindamos semanalmente para los chicos, sino también trabajando en conjunto con los que van al gimnasio, con la gente del comedor, tratamos de ofrecer una opción distinta a estar parado en una esquina y muy cerca de la droga”. 

En un principio la cooperativa intentó conseguir donaciones de empresas y algunas instituciones del Estado, pero no logró la colaboración deseada debido a las trabas burocráticas con las que se encontró. Por esa razón, hoy su mayor fuente de herramientas consta de las donaciones que realiza la gente. La cooperativa se comunica a través de sus redes sociales bajo el nombre de  Cooperativa Fray Luis Beltrán para recibir los equipos usados y realizar sus ventas e intercambios.

Una política de desinformación ciudadana

Una política de desinformación ciudadana

Una de las primeras medidas del gobierno de Javier Milei fue suspender la pauta publicitaria oficial, una acción que atenta contra el derecho ciudadano a la información y obtura la transparencia de los actos de gobierno. Los medios comunitarios son los más perjudicados.

El pasado martes 12 de diciembre, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció, en su segunda conferencia de prensa, la suspensión de la pauta publicitaria oficial de la Nación en los medios de comunicación, por lo menos por un año. El funcionario dio a conocer la medida aclarando que ya se había adelantado la medida durante la campaña electoral. Serán pocos los medios que no se verán afectados.

La pauta publicitaria oficial es el dinero que el Gobierno destina a los medios de comunicación a cambio de dar a conocer sus políticas gubernamentales a través de la publicidad. Las publicidades pueden, por ejemplo, difundir distintas políticas e informaciones consideradas de interés público: la fecha de cobro de la jubilación, las obras públicas realizadas y las que están en proceso, las campañas de concientización sanitaria (los cuidados ante el covid-19 o el dengue), los trámites para solicitar subsidios a ciertos servicios, las prestaciones de la ANSES, entre muchas otras. Por ello, “más allá de la publicidad de los actos de gobierno, también es un servicio necesario para la población y hay que ponerlo en valor”, sostiene Yair Cybel, comunicador de El Grito del Sur e integrante de la Red de Medios Digitales.

Ante la suspensión, el principal actor afectado es la ciudadanía argentina. Esta verá vulnerados sus derechos de acceso a la información y de libertad de expresión, que están contemplados en la Constitución Nacional desde la incorporación de distintos tratados internacionales en la reforma de 1994, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos (ver artículo 13). La medida, por tanto, perjudica el acceso al conocimiento de los actos, políticas y campañas de interés público, que deberían garantizarse para el pleno ejercicio de los derechos mencionados y para sostener el debate público.

Grandes versus comunitarios

El otro actor profundamente afectado serán los medios medianos y pequeños, ya sean privados, comunitarios o autogestivos. Si bien estos pueden tener diversos auspiciantes, como el gobierno local, sindicatos, bancos cooperativos o cooperativas de consumo, el gobierno nacional es “un auspiciante de peso dentro de las estructuras de los medios, que se suma al resto de actores y a la venta de publicidad online, como Google Ads”, sostiene Cybel. Es decir, el gobierno nacional, a través de la pauta publicitaria, puede no ser el mayor auspiciante pero es uno de los principales. “Para el empleo digno y bien pago, las condiciones laborales que garanticen nuestra subsistencia y sobre todo para contenidos de calidad, la pauta es una de las variables necesarias”, sentencia el comunicador.

El pluriempleo es una categoría que hace años define el trabajo periodístico. Si la pauta oficial, en el caso de los medios comunitarios, era parte del financiamiento de los salarios laborales y de los equipos técnicos, el trabajo periodístico se degradará aún más.

Del otro lado, en las empresas mediáticas de mayor envergadura como Clarín, La Nación, Indalo o Grupo Octubre, la pauta oficial representa un porcentaje ínfimo de los ingresos. A pesar de que “muchos de estos medios privados con fines de lucro venían cobrando pautas altísimas, eso después no lo traducían en, por ejemplo, el respeto del Estatuto del Periodista”, comenta Lucas Molinari, periodista de Radio Gráfica e integrante de la mesa del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO).

Molinari destaca que, en cualquier caso, “todo esto obviamente hoy está desdibujado porque se está llevando al límite de discutir la supervivencia”, ya que la medida afectará directamente la mera existencia de medios cooperativos y comunitarios. “Incluso muchos medios provinciales privados van a cerrar porque se sostienen básicamente a partir de la pauta publicitaria, como Perfil por ejemplo”, agrega Cybel. Cabe aclarar que la pauta no debe entenderse como subsidio, sino como un acuerdo entre un auspiciante y un medio, como los que pueden resultar con otros auspiciantes públicos y privados.

Tanto Cybel como Molinari comparten otra reflexión: “Hay una confusión en ciertos dirigentes nacionales del campo popular que nos preocupan precisamente por ser dirigentes de un movimiento nacional”, aludiendo a los dichos de un ex candidato a la presidencia en las PASO, Juan Grabois, quien planteó que se vuelva a poner sobre la mesa la discusión de la pauta como subsidio.

Primera ausencia

“Lo que venimos planteando con la Confederación de medios cooperativos y comunitarios es la democratización y federalización de la pauta pública publicitaria”, explica Molinari. En marzo de 2021 distintas federaciones y sindicatos de prensa, diario y radio de Argentina presentaron 12 puntos para la creación de una ley que regule la asignación de pauta a partir de distintos criterios.

Con respecto a aquellos que rigen la distribución, uno de los puntos menciona que la misma debe ser “transparente, justa y equitativa” para garantizar “la libertad de expresión, el derecho a la información y el pluralismo informativo”. Otro demanda que “la distribución de Publicidad Oficial no puede regirse por criterios de mercado. […] El Estado no se dirige a un consumidor, sino a un ciudadano. El gobierno no vende un producto o un servicio, busca informar y educar a ciudadanos”.

Con respecto a porcentajes y cupos, hay tres puntos claros: primero, que la ley establezca un máximo de 3% del monto total de la pauta nacional para asignar a un medio o a los medios de un mismo grupo económico; segundo que, con un criterio federal, existan cupos por provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires según los criterios con que se asigna la coparticipación federal de impuestos; y, por último, que se “establezca un cupo de no menos del 33 % de la Publicidad Oficial a ser adjudicada a medios de titularidad de entidades sin fines de lucro”. Este porcentaje se equipara al porcentaje del espectro radioeléctrico que corresponde a los “sin fines de lucro”, según la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en su Artículo 89.

Segunda ausencia

La discusión sobre la regulación de las plataformas digitales en Argentina data desde hace, al menos, una década. Pero es un debate que “no está solamente en Argentina, y obviamente es paradójico porque nosotros como medios también utilizamos las redes, ¿no? Producimos contenidos para redes y sabemos que estas cumplen un rol muy importante en todo lo que tiene que ver con la información”, advierte Molinari, periodista de Radio Gráfica. La suspensión de la pauta también juega con eso: si no hay regulación sobre plataformas y tampoco una ley que regule la asignación de pauta, el acceso a la información y el derecho a la comunicación se verán doblemente afectados.

“Esto favorece a las plataformas. Cuanta más plata se ingrese a las plataformas, más se alimentará a empresas multinacionales que no están radicadas en el país y que ya están absorbiendo la publicidad privada y pública”, agrega Molinari.

Una de las propuestas de los medios sin fines de lucro es generar un gravamen a las plataformas que se destine a un fondo de fomento a la comunicación popular, “como tienen por ejemplo los clubes de barrio o las iglesias”, explica Cybel. Este, distinto del FOMECA, tendría como destinatario a aquellos medios comunitarios y cooperativos que producen contenido y comunican a través de redes sociales. El comunicador de El Grito del Sur agrega: “No hay políticas específicas para nosotros, y eso nos pone en una situación de gran vulnerabilidad. No de dependencia de la pauta, porque muchos de los medios cooperativos y comunitarios existimos desde antes de percibir pautas y vamos a seguir existiendo aunque no percibamos pauta, ya que hemos diversificado nuestra fuente de financiamiento. Pero sí nos afecta, a todos, en nuestra capacidad de planificar y en la disputa por una comunicación democrática, que es la discusión de fondo”.

La suspensión de la pauta publicitaria nacional, anunciada sin preámbulos y sin agregados posteriores, abre muchas ventanas. Primero, afecta tanto a la población entera como a los pequeños y medianos medios de comunicación privados, comunitarios y cooperativos. Segundo, retoma el debate sin fin por la democratización de la pauta y la federalización de las comunicaciones, además de vulnerar las condiciones laborales de los trabajadores en medios. Por último, va en concordancia con otras actuaciones del gobierno nacional con los medios, al vetar la presencia de los reporteros gráficos en el acto de asunción presidencial y no permitir el ingreso de medios en la jura de ministros. Si esas decisiones arbitrarias son consideradas como libertad, queda muchísimo por discutir.

 

¿Llega el fentanilo?

¿Llega el fentanilo?

 ¿Es posible un escenario en Latinoamérica similar al que provocó el fentanilo en EE.UU? Tres especialistas analizaron las posibilidades de que este opiáceo que ha generado una crisis de salud pública en EE.UU. tenga un efecto similar en nuestro país.

El consumo problemático de fentanilo, un opioide sintético 100 mil veces más potente que la morfina, se duplicó en los últimos años en los EE.UU. según el Centro Nacional de Estadísticas de Salud. Su libre comercialización facilitó el desarrollo de un mercado ilegal imparable. La preocupación por la emergencia sanitaria se está trasladando al resto de Latinoamérica, donde el foco está puesto en la prevención del tráfico ilegal.

Los datos sobre el abuso de esta droga en los EE.UU son impactantes: en 2021 se alcanzó un récord de más de 100.000 fallecidos por sobredosis de opioides en todo el país. En el Estado de New York, el Departamento de Salud de la ciudad confirmó la muerte de un neoyorquino cada tres horas, en su mayoría afroamericanos y latinos. En Filadelfia se la trata como una epidemia debido a que hay barrios donde es frecuente ver personas consumiendo en las calles.

Como el fentanilo tiene una corta vida en sangre resulta altamente adictivo y su consumo excesivo causa paros respiratorios. Hasta tal punto se ha expandido la adicción, que las campañas de prevención alientan a llevar encima naloxona en forma de atomizador nasal para “salvar la vida de un extraño o un familiar”. El medicamento revierte los efectos del opioide en caso de presentarse una sobredosis, restaurando rápidamente la respiración. La alerta se debe al consumo habitual de drogas que ha ocasionado “accidentes”. La mezcla no intencional entre fentanilo y xilazina, un analgésico veterinario, ocasionó el 34% de las muertes. Mientras que un 57% involucra también cocaína.

Primeros casos en Argentina

En el país son pocos los incidentes que involucran al fentanilo, aunque algunos tuvieron fuerte repercusión. El más reconocido es el caso de lacocaína envenenada que en realidad era carfentanilo, un derivado del fentanilo, proveniente de la Villa Puerta 8 de Tres de Febrero que intoxicó a 80 personas y mató a 24. En julio de este año, la Gendarmería de Misiones detuvo una encomienda de 500 ampollas ilegales estimadas por un valor de 33 millones de pesos. Eran transportadas por un servicio de paquetería con destino a Retiro. También, en septiembre, la División de Control y Fiscalización de la Aduana encontró 1.2 kilos de pastillas de otro derivado llamado benzodioxol. El destino de la encomienda era Miami y su exportador un laboratorio. Pero según indicaron los investigadores, ninguno de los nombres registrados era verdadero. Una artimaña que suelen utilizar los narcotraficantes.

La materia prima del fentanilo, al ser un producto sintético, no proviene de un origen vegetal, sino de un derivado del opio. Su elaboración depende de una estructura química que permite un proceso de elaboración sencillo y eficaz. Se elabora en el país solo en algunos laboratorios privados desde hace más de 20 años. Su venta está dirigida a hospitales o sanatorios. “Acá en Argentina se fabrica el fentanilo con materia prima que proviene del extranjero, en general de China o India”, explica Pedro Holman, director general del laboratorio público de Hurlingham, docente universitario de farmacología y asesor del Laboratorio Kilab donde lo fabrican. “Existen dos formas de consumo: inyectable y parches transdérmicos. Los parches los hace un solo laboratorio que lo trae importado”. En la cadena de comercialización, hay un intermediario: las droguerías. Estas deben contar con un vale especial, firmado por el director técnico, para adquirir el fentanilo que luego venden a hospitales. Todo el procedimiento es registrado.

A su vez, los laboratorios habilitados están obligados a informar al ANMAT ( Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología) de sus ventas. Este organismo controla los balances sobre la cantidad de materia prima comprada, el stock disponible, los lotes fabricados y, la cantidad que se necesita a nivel país del consumo de fentanilo, entre otras variables que permiten el seguimiento.

Holcman resalta la comercialización indiscriminada de la oxicodona, un derivado del fentanilo, como la principal causa de la situación crítica en Estados Unidos: “Se vendió como un medicamento capaz de reemplazar un simple analgésico antiinflamatorio para las articulaciones, como el diclofenaco. No hubo ningún control. El laboratorio que fabricaba la oxicodona convenció a los médicos de que era la panacea y que podían recetarlo sin ningún riesgo. A la larga se demostró que no era así”. Por este mismo motivo sostiene que la situación no tiene posibilidad de repetirse en Latinoamérica: “Ya existe una alerta en Estados Unidos. Si me decias cinco años antes, cuando el control era nulo, quizá sí podía llegar a pasar acá, pero luego no dejaron comercializar el producto de la misma manera”.

Con respecto al comercio ilegal del fentanilo, Holmac desconoce cómo se hacen de la materia prima. De la misma forma que existen controles establecidos por los organismos de salud, la Aduana se encargó de aplicar nuevas medidas para aquellos que quieran importar o extraer la droga. Consta de un registro en el cual es necesario presentar una declaración jurada con anticipación, con el fin de regular las operaciones que estén relacionadas a las sustancias y evitar posibles riesgos de actividades ilícitas.

El consumo peligroso de opiáceos es una novedad en el campo del narcotráfico argentino. Contrariamente, no lo es dentro del sistema hospitalario.

 

Corto pero adictivo

El fentanilo se utiliza en el ambiente del quirófano, como un pre-analgesico para pacientes terminales o aquellos que presenten fuertes dolores crónicos. Su uso principal se relaciona con la anestesia rápida. El efecto en sangre es pasajero y precisamente por esta vida corta que tiene genera una fuerte tolerancia y dependencia.

Roxana Bertrand y Claudia Gonzales, ambas toxicólogas del Hospital Municipal Agudos «Dr. Leónidas Lucero» echan luz sobre su correcto uso. “Se usan como analgésicos en goteo, donde uno puede sacarlo rápidamente o en procedimientos como la intubación”, aclara Gonzales, y agrega: “Se utiliza el goteo para no perder el efecto y lograr una concentración plasmática estable. Apenas lo cortas el efecto desaparece”.

Se la caracteriza por ser una droga depresora del sistema nervioso central, debido a la sensación de relajación extrema que produce. Un paciente que prefirió el anonimato describió a ANCCOM su experiencia con el fentanilo luego de una operación de apendicitis: “Cuando te lo colocan ‘salís volando’ de la cama, es muy fuerte. Se te elimina el dolor inmediatamente y te deja con una sensación de felicidad plena. El efecto fuerte lo sentí 20 o 30 minutos como mucho, después funciona como analgesico”. La operación derivó en un principio de peritonitis que lo dejó en cama once días. Al estar dolorido lo volvió a pedir al tercer día pero recibió una advertencia: “El médico me dijo que ‘afloje’ con el fentanilo porque era muy adictivo. Me cambiaron el rescate por otro analgesico que funciono bien. Después de eso me fui recuperando”.  

Roxana Bertrand explica que la adicción al opiáceo se produce por la estimulación de dopamina, principal neurotransmisor que activa el circuito de recompensas, lo que genera que “el cerebro busque repetir la dosis para volver a generar cada vez mayor placer o bienestar”.

Contrariamente a lo que se cree, la circulación ilegal del fentanilo se produce más veces dentro del ámbito hospitalario debido a su fácil acceso: “Conocimos trabajadores que lo utilizan de forma abusiva. Es algo muy común de ver con quienes tienen acceso a estas sustancias depresoras. Porque en realidad las sustancias de abuso también tienen que ver con el contexto donde cada uno está. Uno piensa que hay drogas en la calle o en lugares con bajos recursos pero están en todos lados”

Bertrand insiste en dejar de pensar en el fentanilo “como algo que va a llegar en algún momento” ya que efectivamente se encuentra en el país. “Si esto en algún momento se comercializa sería un terrible impacto para la salud pública. No es una droga de manejo sencillo, precisamente por ser tan potente como para usarlo de forma recreativa” expresa con preocupación. 

Tratamientos

Cuando se trata de consumo problemático es muy difícil hablar de una cura. Los tratamientos suelen ser prolongados y necesitan del acompañamiento de ayuda psicológica o psiquiátrica. En la actualidad no se basan en la abstinencia absoluta. Los profesionales de la salud plantean la reducción de daños, donde las recaídas se consideran parte del proceso: “Consiste en el acompañamiento de medicaciones para lograr disminuir al máximo lo que muchas veces hay debajo del consumo. Esto puede ser cuadros de ansiedad, depresivos o de trastorno bipolar”, explica al respecto el psiquiatra Juan Pablo Rendo. En general, se repiten vínculos de dependencia con otros aspectos de la vida. La relación que sostienen con la sustancia es igual de prioritaria que los efectos que causan en el organismo. El tratamiento no está orientado en rehabilitar “adictos”, un término estigmatizado que excluye.

Dentro del consultorio, los casos de problemas con fentanilo no son usuales: “No se observa en las clínicas pacientes que traigan una problemática con este medicamento. Sí se ve con otras medicaciones derivadas de la morfina u otros sintéticos. En comparación con otras adicciones, es muy limitada su  presencia”, señala Rendo al respecto.

El problema en Argentina todavía no engloba los opiáceos sino las drogas de uso más “normalizado” como el alcohol, la marihuana y el cigarrillo. El psiquiatra también agrega el mal uso de medicamentos como el clonazepam que, al igual que una droga depresora, genera una sensación placentera y adictiva. Insiste en que observa cada vez más casos y pocos controles por parte de las farmacéuticas.

Los profesionales de la salud anticipan que el libre uso del fentanilo representaría un peligro inminente para la sociedad. La forma segura de comercializar el producto en Argentina es la razón por la cual no hay indicios de una posible expansión epidémica, aunque la idea genere inquietud debido a los casos aislados del narcotráfico.

Concientizar sobre la salud mental y las relaciones de dependencia que se sostienen tanto con drogas ilegales como legales, es igual de prioritario que el mantenimiento de controles y medidas que regulen su venta al público. 

Luz verde para el extractivismo en Río Negro

Luz verde para el extractivismo en Río Negro

El Parlamento local aprobó la reforma a las leyes de Tierra y Minería. Las comunidades originarias quedan más desprotegidas.

La Legislatura de Río Negro volvió a tratar las leyes de tierras y minería y, como era de esperar, se aprobaron las reformas impulsadas por el gobernador electo, Alberto Weretilneck. Con 33 votos a favor se dio vía libre para el extractivismo en la provincia en perjuicio de los derechos de las comunidades originarias. 

En la mañana del viernes, la Legislatura de Río Negro aprobó, en segunda vuelta parlamentaria, la reforma de un paquete de cuatro iniciativas que figuraban en la Ley original de Tierras y en el Código Minero. Por un resultado muy parecido al del 17 de noviembre (33-11, ahora 33-12), las medidas impulsadas por el Gobierno provincial con el fin de adaptar las prácticas mineras a los estándares internacionales se harán efectivas.

Hecha de manera inconsulta y a puertas cerradas,la reforma regulará el destino de las tierras fiscales, alrededor de cinco millones de hectáreas pobladas en su mayoría por comunidades indígenas que todavía no tienen su titularización porque desde hace más de 10 años se suspendió en la provincia su relevamiento, tal como debería hacerse según lo establece la Ley 26166. 

En concreto, el cambio habilita a las sociedades anónimas con capitales extranjeros y a emprendimientos inmobiliarios a ser acreedores de esas tierras fiscales, relegando el uso social y su función agropecuaria.

Orlando Carriqueo, vocero del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro.

El secretario de Minería, Joaquín Aberastain Oro, afirmó que el proyecto se apoya en “una minería sostenible, responsable y en línea con las normativas internacionales que promueven la transparencia y la participación comunitaria». Por su parte, Facundo López, legislador de Río Negro, indicó: “No venimos a perjudicar a nadie, y menos a los pueblos originarios, porque cualquier inconveniente se sale del esquema de esta ley para ir por el régimen especial que tienen las comunidades”. Lo que no dijo, o nadie le preguntó, es ¿quién garantiza que el gobierno de Javier Milei, o el de Alberto Weretilneck, vayan a cumplir con otorgar estatus especial alguno a las comunidades indígenas?

Por su parte, el Parlamento Mapuche Tehuelche, acompañado por la CTA Autónoma y otras organizaciones, se manifestó a lo largo de los días previos, inclusive en la jornada de hoy, en la entrada del edificio del Parlamento para defender los derechos de los pueblos indígenas. Además, otras organizaciones provinciales como la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de San Carlos de Bariloche hacen fuerza para que, pese al aval de la Legislatura, no se avance sobre los derechos de los rionegrinos.

“Se acaba de sancionar la modificación de la Ley 279 junto a tres leyes mineras, los diputados lo hicieron rodeados por la policía. Sepan que no van a ingresar a nuestros territorios comunitarios. Sepan que vamos a continuar recuperando territorios”, dijo Orlando Carriqueo, vocero del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro.

Cuando todos los flashes se centran en un “desarrollo sostenible”, las comunidades originarias no aparecen en el orden de prioridades de los gobiernos provinciales y las corporaciones multinacionales. 

Avance de las corporaciones extractivistas en Río Negro

Avance de las corporaciones extractivistas en Río Negro

Este jueves la Legislatura local tratará la reforma de cuatro leyes que favorecen a las trasnacionales mineras y perjudican a los pueblos originarios. La oposición del Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos y de las universidades, entre otras instituciones.

El pasado viernes 17 de noviembre, la Legislatura de Río Negro aprobó, por 33 votos positivos frente a 11 negativos, en primera vuelta, el paquete de cuatro iniciativas que consisten en la reforma de la Ley original de Tierras y del Código Minero. El segundo tratamiento será el jueves 7 de diciembre, tres días antes de que asuma el gobernador provincial Alberto Weretilneck. Lo curioso es que el 10 de este mes, Juntos Somos Río Negro, la alianza política que impulsó estas reformas, dejará de tener mayoría en la Legislatura.

La Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Legislatura recibió distintos cuestionamientos al proyecto de reforma de la ley original de Tierras y a las tres iniciativas de cambios para el sector minero, que incluyen el Código de Procedimiento, la distribución de las regalías y la conformación del Consejo ambiental. El cuestionamiento oficial corresponde al secretario del bloque de Unidad Ciudadana, referido a los tres proyectos mineros; mientras que las cuatro propuestas fueron rechazadas por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, regional Viedma y Patagones; los participantes en el tercer Congreso Argentino de Agroecología e integrantes de las Universidades Nacionales del Comahue y de Río Negro.

Lorena Cañuqueo es integrante de la comunidad Newen Ñuke Mapu, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Río Negro y forma parte del GITAAC (Grupo de Investigación sobre Territorializaciones, Alteridades y Agencia Colectiva en Nor-Patagonia). En contacto con ANCCOM, mostró su indignación por la falta de participación y consulta a los mapuche y calificó a la reforma como un cambio que llega a regular la transferencia de las tierras rurales donde viven las comunidades indígenas. “Nos oponemos a todas estas formas de enajenación, despojo y daño del territorio. Atentar contra el agua, los bosques, la meseta, la cordillera, los valles y todas las formas de vida que habitan la Mapu es atentar contra la vida del pueblo mapuche”, expresó.

La Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma emitió un comunicado en el que rechaza las reformas en las leyes de tierras y minería aprobadas en la Legislatura. En éste, Orlando Carriqueo, werken del Parlamento Mapuche Tehuelche de la provincia y dirigente de la CTA de Río Negro, denuncia que la aprobación exprés fue realizada sin consulta previa libre e informada a las poblaciones que habitan esos terrenos.

Tal como indica el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el Estado tiene la obligatoriedad de garantizar el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados bajo un carácter previo y libre, de buena fe y de información completa y culturalmente adecuada. En este caso, como en tantos otros, el protocolo no se cumplió. “Entendemos que no se nos consulta ni se nos comunica porque esta reforma viene a dar apertura al neoextractivismo megaminero, al negocio inmobiliario y a la profundización de la desigualdad en Río Negro”, analizó Lorena Cañuqueo.

De cara al futuro, anticipa el objetivo de las corporaciones y de la derecha: “Los proyectos neoextractivistas necesitan sociedades fragmentadas y empobrecidas para entrar sin oposición. La derecha avanza para ampliar las brechas de desigualdad. Sabemos por la experiencia y por ver similares procesos en otras partes de América Latina que para que avance el extractivismo es necesario profundizar la violencia racista y estigmatizar a los colectivos que defendemos la vida.” En este sentido, declaró que “la postura pública que han adoptado los referentes de los partidos que gobernarán el país va en contra de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos indígenas.”

Sin embargo, la mapuche marca los pasos a seguir para frenar este avance y concluye: “Ojalá que podamos fortalecernos para que esa pobreza no llegue a debilitar nuestros valores y que desde nuestros espacios colectivos comencemos a articularnos, no sólo para afrontar las avanzadas neoliberales, sino también para proponer otros proyectos de vida posibles que sean respetuosos del territorio que nos da la vida.”

 

Por estas horas se reproducen en Río Negro las protestas, como la de las primeras comunidades mapuche tehuelche de diferentes puntos de la provincia que marcharon el miércoles 6 a la Legislatura provincial y se instalaron en la puerta a la espera de la sesión del jueves 7. También se pronunció la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de San Carlos de Bariloche, conformada al calor del 36º Encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, intersexuales e identidades no binaries. Este nuevo colectivo expresó que “rechaza cualquier intento de modificación de la Ley de Tierras Fiscales vigente en la provincia de Río Negro y el proyecto de Ley que se presentó para establecer un nuevo código de procedimientos mineros, sin la consulta previa establecida por la Constitución del Estado argentino y sin consenso social de la ciudadanía de la provincia”. La Multisectorial agregó: “Pudimos a lo largo de todo el año escuchar y recoger experiencias de distintas regiones del territorio rionegrino y observamos que son las mujeres mapuches las que en su mayoría resisten en soledad en sus territorios el avasallamiento de los intereses privados y la extranjerización de la tierra. Que no sea el Estado, una vez más, quien violente a las mujeres en sus tierras sino que sea quien las contenga frente al avance sobre sus derechos”.