De mamá a funcionaria

De mamá a funcionaria

Mara Recondo se involucró en la temática de la discapacidad a partir de su experiencia como madre de Francisco. Hoy, ocupa el cargo de Directora General de Discapacidad y Accesibilidad en la Municipalidad de Bahía Blanca. ¿Cómo influye su experiencia de vida? ¿Cómo se gestiona cuando el gobierno nacional quita pensiones y restringe derechos?

Francisco, de 23 años, vive en Bahía Blanca. Tiene una discapacidad cognitiva y es usuario de silla de ruedas. Sólo se comunica a través de gestos. Mara Recondo comparte con ANCCOM, que los primeros años de su hijo estuvieron marcados por el paradigma médico rehabilitador. “Empezamos rehabilitándolo para que sea lo más normalito posible y que esté incluido en la sociedad. Me volví su terapista ocupacional, psicóloga, abogada y neuróloga. Después entendí que Fran quería a su mamá, no todo eso”, confiesa. Junto con su esposo Hernán, aprendieron cómo acompañarlo. “Cuando dejé de esperar que Fran hiciera lo que tenía que hacer una persona para estar incluido en la sociedad y empecé a acompañarlo, descubrí a un Fran maravilloso”. Recondo reconoce: “Su vida no es fácil, porque los entornos no son accesibles. Sin embargo, él logró ser feliz y nosotros con él”.

Recondo se involucró como mamá activista, luego formando parte de una cooperadora de discapacidad y más tarde, creando el Observatorio de Discapacidad en Bahía Blanca. El año pasado, fue convocada por el actual intendente Federico Susbielles, para ocupar el puesto de Directora General de Discapacidad y Accesibilidad en la Municipalidad de Bahía Blanca (MBB). A un año de asumir este cargo, contó su experiencia a ANCCOM, sus motivaciones y desafíos. Mientras la Agencia Nacional de Discapacidad de Argentina (ANDIS), bajo el gobierno de Javier Milei, publicó una resolución usando términos como “idiota” o “imbécil” para describir a las personas con discapacidad intelectual -una medida de la que rápidamente debió retractarse- desde la MBB se trabaja de manera comprometida para abordar la temática de la discapacidad.

¿Quién era Mara Recondo antes de ser la mamá de Francisco?

A los 19 años trabajé en una empresa donde uno de los dueños era una persona sorda. Con él desarrollé un vínculo cercano. Me juntaba con él a tomar el té, me leía los labios y me enseñó algunas señas. La discapacidad ya empezó a rondar en mi vida. Mi sueño era formar una familia. Con Hernán nos casamos y al poco tiempo quedé embarazada de Magalí. Dos años más tarde, nació Fran, y seis años después, Lara. Hay una Mara antes y otra después de Fran: como persona, mujer y profesional.

 

¿Cómo fue lo de Francisco?

Con Fran tuve un embarazo y un parto impecables. Pero a los tres días lo internaron casi muerto, había sufrido una convulsión por hipoglucemia. Yo sabía que algo no estaba bien. Tenía dificultad para alimentarlo por lactancia y pedía que me escucharan, pero me decían que tenía depresión postparto. A los días, Fran no tenía tono muscular y lo metieron en una incubadora con oxígeno. El médico le tomó la glucemia y no había azúcar en su sangre. Allí comenzó la odisea para salvarlo. Nos dieron un diagnóstico devastador: Fran tenía hipertrofia cardíaca severa. Sus paredes cardíacas eran del grosor de las de un adulto, algo impensable en un bebé de tres días. No sabían si su corazoncito iba a resistir la noche. Entramos con Hernán y pusimos nuestras manos en su corazón, como queriendo curarlo. Hice un pacto con Francisco: “Vos pelea acá adentro, que yo peleo afuera”. Y Fran se quedó. El martes siguiente, el grosor de las paredes de su corazón se redujo considerablemente, y para el miércoles ya era un corazón normal. El médico sale y dice: “¿Usted cree en los milagros? Ahí adentro hubo uno”. Después fue otra instancia. Fue a casa sin secuelas cardíacas, y vinieron las secuelas neurológicas. Nos confirmaron la lesión cerebral que afectaría su campo visual. A los 6 meses, le diagnosticaron Síndrome de West, que en cada convulsión mata neuronas. Logramos contener esas convulsiones rápidamente, eso permitió que Francisco tuviera menos daño. Sin embargo, hoy vive con disminución visual y parálisis cerebral.

 

¿En qué momento abriste la mirada en que había otras personas como Francisco?

Surgió de entender que nosotros pudimos construir para darle a Francisco las herramientas que necesitaba. Sería valioso compartir lo que aprendimos, para que otras personas no tuvieran que pasar por lo mismo. Me involucré en la cooperadora buscando recursos y más tarde, formé parte de la Escuela 509, donde Francisco estuvo desde los 3 hasta los 17  años. A medida que avanzaba, acceder a los derechos de Fran se iba haciendo más difícil. Tuvimos que recurrir a la justicia. La obra social no deja de ser un comercio y el proceso de dilación de trámites es una estrategia. Con el apoyo de un abogado, nos empoderamos para defender los derechos de Fran.

Después, creé el Observatorio, un espacio abierto, plural y participativo, donde la voz de las personas con discapacidad tiene un rol activo. Siempre fui firme en que la política debía ser con ellos, no para ellos. Hace un año y medio, el actual intendente me convocó para ser parte de su gobierno. Lo conocía porque siempre mostró interés por la discapacidad. Su visión sobre políticas públicas es crear una dirección transversal a todas las áreas. Hoy tenemos un enfoque de acompañamiento, no de asistencia. Es más amplio, involucra la intervención de múltiples áreas. Nos estamos moviendo de un paradigma médico rehabilitador a uno social.

Cuando me propusieron el cargo, lo pensé. Llevaba 22 años pegada a Fran y ahora tendría que estar fuera de casa 10 horas al día. Le dije a mi familia: “Siento que tengo que subirme a este tren. No solo es por Fran, es por otros Franes en la ciudad”. Así que acepté. Mi meta es dejar políticas públicas firmes, que las personas conozcan sus derechos y accedan.

Uno de los desafíos es desarrollar una política de empleabilidad para personas con discapacidad. Queremos involucrarnos desde la selección de personal hasta concientizar al sector productivo para fomentarla: en Bahía Blanca, el 86% de las personas con discapacidad está desempleado.

Mara Recondo

¿Qué medidas están llevando adelante? ¿Qué desafíos encontraron?

Uno de los desafíos es desarrollar una política de empleabilidad para personas con discapacidad. Queremos involucrarnos desde la selección de personal hasta concientizar al sector productivo para fomentarla: en Bahía Blanca, el 86% de las personas con discapacidad está desempleado. En la ciudad hay casi 16 mil personas con discapacidad. Digo “casi” porque estamos desarrollando la base de datos. Muchos de ellos no salen de sus casas, nuestro objetivo es acercarnos a ellos, empezando por los barrios más populares. El mayor requerimiento de las personas con discapacidad que hemos atendido, un 48% (alrededor de 2.500 personas entre mayo y diciembre), es el acceso a sus derechos.

Actualmente, el municipio tiene 33 personas con discapacidad en planta permanente. Estamos evaluando a cada uno para identificar qué ajustes razonables necesitan, adaptar el trabajo para que sea lo más autónomo posible para ellos, sin demandar un esfuerzo excesivo al empleador. Un ejemplo es el de Yanina, una trabajadora que es usuaria de silla de ruedas,  no tiene brazos y escribe con los dedos de los pies. Le compramos un teclado inalámbrico que puede usar con los pies y unos auriculares con micrófono para que se comunique con los proveedores. Esta inversión mejoró significativamente su calidad de vida y su desempeño. Queremos replicar esta experiencia en las empresas para que se animen a contratar. La inclusión fomenta la convivencia con la diversidad en el equipo de trabajo, creando un ambiente empático y positivo.

A lo largo de 2024, trabajamos cinco ejes que continuaremos este año. El primero es la capacitación. Ofrecemos formación en perspectiva de discapacidad para agentes municipales. Capacitamos a 980 personas y dimos cursos de lengua de señas nivel 1 y 2, con 72 personas certificadas en ambos niveles. El segundo eje es la accesibilidad comunicacional. Para los colectivos, diseñamos pictogramas para personas con autismo, que indican cómo saludar, usar la tarjeta SUBE, buscar asiento y bajarse del colectivo. Esa secuencia los organiza y les da autonomía. Además, trabajamos en la accesibilidad del medio físico. Hicimos accesible el Parque Independencia con una nueva rampa y en todos los eventos públicos instalamos plataformas elevadas. También creamos un consejo de políticas de accesibilidad, donde participan instituciones de personas con discapacidad y organismos del Estado. Este viernes tendremos la reunión número 14 en la que continuaremos trabajando en un programa de fortalecimiento de los talleres protegidos. El año pasado, acompañamos a tres instituciones de discapacidad con una inversión de 96 millones de pesos.

 

 

¿Cómo se vive la gestión peronista en Bahía Blanca, teniendo en cuenta las diferencias con el gobierno nacional?

Es muy difícil. Fui a la Agencia Nacional de Discapacidad en Buenos Aires a obtener información sobre el estado de las pensiones para personas con discapacidad. Hoy, las personas que tramitan su pensión no contributiva no tienen forma de saber en qué instancia se encuentra su solicitud. Es una negación de derechos. La gestión nacional está evaluando eliminar pensiones no contributivas. Existe una ley que regula estas pensiones desde 1997, hubo resoluciones posteriores que ampliaron derechos. Hoy cobran $280.000 de pensión no contributiva. Ayuda pero no les resuelve la vida. Hubo irregularidades pero es importante que se controle manteniendo el derecho vigente.

Otro tema es la falta de entrega de pasajes de larga distancia para personas con discapacidad. La plataforma no está habilitada y la Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRP) no actúa. Cuando no hay una política pública nacional, debemos reforzar la política pública municipal. En algunos casos no podemos resolverlo.

La gestión peronista, luego de una Bahía Blanca radical de toda la vida, se la ganó Federico con su política de cercanía. Cuesta entenderlo porque nunca hubo política pública integral. En el pasado las instituciones enfrentaron solas muchos desafíos. Todavía persiste esa mentalidad de trabajar de manera aislada. Cuando tenés una persona con discapacidad en tu familia estás tan ocupado en su bienestar y cómo resolver las cuestiones inherentes a eso que es difícil pensar en otros y colectivamente.

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En una de las organizaciones de las que Recondo formó parte, CILSA, reciben donaciones destinadas a proporcionar sillas de ruedas y recursos a niños y niñas.

¿Quién se queda con el Rocca?

¿Quién se queda con el Rocca?

El predio del exinstituto de menores está en disputa entre un grupo de vecinos, el Club All Boys y la voracidad inmobiliaria motorizada por el Gobierno de la Ciudad. Un testamento que fija condiciones.

¿Puede la acción comunitaria frenar el avance de un negocio inmobiliario cada vez más voraz? ¿Pesa más un rascacielos, una plaza para los pibes del barrio o una escuela con varias canchas deportivas? Al menos por ahora, no hay respuestas concretas en torno a la disputa por el predio del ex-Instituto de Menores Manuel Rocca. Se trata de una manzana de 12.000 metros cuadrados, abandonada desde 2016, que pertenece al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y está ubicada en un lugar estratégico, ya que allí confluyen los barrios Floresta y Monte Castro. En el caso están involucrados un testamento centenario, proyectos de ley truncos de la Legislatura porteña, dos grupos consolidados que pelean por el predio y un sentido comunitario que no quiere entregarlo a los negociados que privilegian a muy pocos.

El PRO, que gobierna la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) desde hace diecisiete años, “ha tenido una política sistemática de venta de tierras públicas calculada en más de quinientas hectáreas”, expresa Alejandro Volkind, editor de Nadie Nos Invitó, un portal comunitario enfocado en la Comuna 10. El miedo vecinal por la venta del predio se enmarca, además, en un contexto donde el Gobierno nacional avala el accionar privatista de inmuebles públicos: uno de los casos más recientes, el intento de subasta del terreno del Centro de Salud Mental N°1. “Ya luchar para que no lo vendan es un montón”, plantea Mabel Sampaolo, miembro del Consejo Consultivo de la Comuna 10. A este panorama se suma la discusión latente y defendida por muchos funcionarios públicos y dirigentes de aprobar las Sociedades Anónimas Deportivas, asunto que viene a cuento porque el club All Boys presentó un proyecto de escuelas y canchas para el predio.

El predio del ex Instituto de Menores Manuel Rocca es un lugar con demasiada historia. Por sus características es muy importante para la Comuna 10, que incluye actores de todo tipo: grupos vecinales, juntas históricas, asociaciones civiles, clubes de barrio, centros de comerciantes, escuelas y habitantes no agrupados. El pasado del predio es también el del barrio, y cuando todos los reclamos son válidos, encontrar puntos en común se vuelve una tarea titánica.

Una historia que empieza en 1913

Manuel Rocca fue un inmigrante italiano que logró acumular grandes fortunas en el territorio argentino. “En 1913, antes de morir, dejó un testamento en donde establecía una serie de donaciones a distintas entidades”, precisó el historiador Arnaldo Tumbarello, presidente de la Asociación Cultural y Social La Floresta. A la Sociedad de Beneficencia de Capital Federal se le otorgó el terreno ubicado entre las calles Segurola, Juan Agustín García, Elpidio González y Sanabria. El difunto dejó en claro que allí debía funcionar una escuela-asilo donde se educara de manera gratuita “a entre 80 y 100 niños pobres”, como establecía el documento.

La Escuela de Varones Manuel Rocca se inauguró en 1928, comprendía desde jardín de infantes hasta cuarto grado, era de jornada completa y tenía un comedor para los alumnos. A la par, el lugar oficiaba de asilo para niños de bajos recursos o abandonados. Veinte años después de su inauguración, en 1948, la escuela pasó a depender del Estado nacional, bajo la órbita de la Dirección de Asistencia Social.

En 1957 el “asilo Rocca” dejó de lado su función educativa para convertirse en Instituto de Recuperación y Clasificación de Menores, dependiente del Consejo Nacional de Menores. El sitio se volvió un lugar de tránsito para varones de entre 16 y 20 años a la espera de una resolución judicial. Durante la última dictadura cívico-militar se profundizó el modelo de encierro, cuyo registro material más evidente fue la construcción de muros de gran altura en todo el perímetro.

Más allá de que no existiera ninguna declaración oficial, en el barrio siempre circuló la versión de que se había convertido en una cárcel de menores. En los años 2015 y 2016, cuando dependía de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, una serie de motines, debidos a que los jóvenes denunciaron hacinamiento, malas condiciones y nula prevención de incidentes, confirmaron lo que ya se especulaba en las calles. El hecho bisagra ocurrió el 24 de julio de 2015, cuando una quema de colchones terminó con la vida de Lucas Simeone, de 17 años. En agosto de 2016, el Poder Ejecutivo Nacional transfirió a la ciudad, por decreto, los institutos que albergaban adolescentes en conflicto con la ley penal y que cumplían condenas con privación de libertad. Poco tiempo después, dejó de funcionar como Centro Socioeducativo de Régimen Cerrado. Hoy el predio está prácticamente abandonado: se lo utiliza como depósito gubernamental y como locación eventual para producciones audiovisuales.

En abril de 2019, las entonces legisladoras porteñas de Unión Ciudadana Lorena Pokoik y Paula Penacca presentaron un proyecto de ley para la realización de un polo educativo en el lugar. El expediente 1017-2019 postulaba la construcción de un establecimiento de educación inicial, una escuela primaria y una secundaria, todos de gestión estatal. Ese mismo año el Poder Ejecutivo de la Ciudad, con Horacio Rodríguez Larreta (PRO) a la cabeza, presentó el proyecto que autorizaba un cambio en el Código Urbanístico y por lo tanto permitía la venta del exasilo Rocca para construcciones inmobiliarias privadas.

La justificación del oficialismo para del predio de Segurola 1651 era financiar, con esos fondos y los obtenidos por el saldo de otros inmuebles, su proyecto de ley para la creación del Centro Modelo de Reeducación y Reinserción Socioeducativa en el Bajo Flores. En la última sesión legislativa del 2019, se votó la media sanción en favor de la privatización del terreno, pero la respuesta de la ciudadanía logró que no prosperara el debate parlamentario.

El predio para el barrio

La lucha comunitaria que evitó la venta se condensó en el proyecto de un grupo de vecinos de la Comuna 10, que lo presentaron bajo la consigna “El Rocca para el barrio”. Ellos sostuvieron -y sostienen- que su pedido condice con el deseo y la indicación manifiesta de Manuel Rocca en su testamento centenario. En noviembre de 2023 presentaron el proyecto en la Legislatura y juntaron firmas para darle un mayor impulso a la propuesta, que consiguió la aprobación de 370 vecinos.

“El Rocca para el barrio” se nutre en gran parte del proyecto que habían redactado Pokoik y Penacca, y su objetivo es el de construir un polo educativo, deportivo y ambiental que sea cien por ciento público, gratuito y de gestión estatal. Propone construir una escuela de nivel inicial jornada completa, un comedor escolar con cocina, espacios para actividades físicas, artísticas y culturales, un polideportivo, una huerta agroecológica y un parque para conservar la arboleda del lugar. Para Laura De Pérez, secretaria de Educación de la Junta de Estudios Históricos de Monte Castro, “sería un proyecto beneficioso para todos los habitantes de la Comuna 10, y no sólo para quienes residen en Monte Castro”.

Además de cumplir la petición de Manuel Rocca, la construcción de una escuela se plantea como respuesta y solución a la falta de vacantes en el nivel inicial que aumenta año tras año. En un informe realizado por el Ministerio de Educación en 2016, el último publicado al momento de presentarse el proyecto Pokoik-Penacca, en CABA el número de niños, niñas y adolescentes que no podían acceder a la educación pública era de 11.400, y de esos, 10.665 correspondían al nivel inicial.

“El Rocca para el barrio” sostiene la importancia de “generar espacios verdes de calidad, en una comuna que tiene entre 1,4 y 1,6 metros cuadrados de espacio verde por habitante”. La Comuna 10 es de las que menos espacio verde tiene en la ciudad, y solo es superada por las Comunas 3 y 5. La huerta agroecológica, por su parte, busca cumplir una misión educativa y ambiental. “Nosotros valoramos muchísimo que los proyectos sean presentados por la comunidad, por las y los vecinos, porque en estos temas como en todos los referidos al lugar en donde viven, deben ser quienes decidan y no los funcionarios detrás de un escritorio”,comentó Celeste Fierro, diputada en CABA por el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).

¿Cuáles son los principales problemas con los que se enfrenta este proyecto? El primero y principal es el más evidente para todos los actores involucrados: “El GCBA es bastante reacio a destinar las tierras públicas que tiene, aunque estén en desuso, para pedidos genuinos de la comunidad”, reflexiona Volkind, y así lo evidencia el manejo legislativo respecto al tema en 2019. Sin embargo, “la condición del destino impuesta en la donación aún está vigente, por lo tanto el argumento legal [del testamento] es muy importante”, sostiene Jonatan Baldiviezo, abogado fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad.

El segundo problema es el que se confirmó hace unas semanas: la pérdida de estado Parlamentario de “El Rocca para el Barrio”. Tanto De Pérez como representantes del Consejo Consultivo de la Comuna 10 reconocen que en la actualidad el proyecto no tiene tanta fuerza como en los inicios. Por el contrario, el que está ganando visibilidad al día de hoy es el que propone el Club Atlético All Boys (CAAB). Según se comenta por lo bajo en el barrio, la actual dirigencia del club tendría vínculos con legisladores vinculados al peronismo, cuestión que podría beneficiarlos en el tratamiento legislativo de este año.

Los terrenos para AllBoys

En la actualidad, el único proyecto con estado paralamentario es del club. En Monte Castro y Floresta, sobre todo en las inmediaciones de sus predios, se ven carteles que abogan por “El Rocca para All Boys”, con el objetivo de crear un “Centro Educativo Social Cultural Deportivo”. En la línea temporal, el proyecto es posterior al de Pokoik-Penacca y al del barrio. Nació como iniciativa de algunos pocos socios, y recién en 2023 All Boys la hizo propia al crear una subcomisión enfocada en el proyecto, cuya base es la falta de espacio físico para que el club desarrolle y amplíe sus actividades. Desde que se postuló se juntaron 17.000 firmas individuales y 400 de comercios de la Comuna 10. Plantea la cesión del predio por 20 años con posibilidad de prórroga para desarrollar actividades deportivas, educativas, culturales, de interés y beneficio para la comunidad en general, con el eje puesto en el respeto a la voluntad testamentaria de Manuel Rocca. La idea es construir canchas deportivas y salas (teatro/cine, exposiciones), bar, pileta, un estacionamiento subterráneo. Además, se propone ceder el predio a escuelas de gestión pública de CABA, al Poder Ejecutivo local o nacional para actividades varias y políticas de Estado, y a clubes de barrio, sin que afecte el normal desenvolvimiento de las actividades del club. Para que la mayor parte de esas solicitudes puedan cumplirse, CAAB deberá informar anualmente y antes del inicio del año escolar la disponibilidad del predio, con motivo de organizar su uso.

Una de sus caras más visibles es Fernando Moya, excomunero del Frente de Todos (2019-2023) y actual vocal titular en CAAB desde el 2022. Para los defensores de “El Rocca para el barrio”, su nombre es materia sensible: “Cuando estaba de comunero, fue el que gestionó la redacción del proyecto del barrio”, comenta De Pérez. Lo que aquí se ve como traición, para Moya se explica por otro lado: “En la actualidad no estoy de acuerdo con ese pedido porque sé que el Ejecutivo local nunca lo va a hacer, en cambio el club sí puede, y además es el corazón y el núcleo del barrio”, argumenta.

Según Moya y Gustavo De Bella, uno de los arquitectos a cargo del proyecto, la obra prevista en el predio Rocca tiene un costo aproximado de cuatro millones de dólares estadounidenses. Nicolás Cambiasso, exarquero y actual presidente de All Boys, sostiene que la subcomisión encargada del proyecto se propone obtener los fondos “mediante subsidios nacionales e internacionales, mecenazgo cultural, una propia fundación con el apoyo de empresas y de particulares”, además de aportes de privados -sean socios o no- y de préstamos bancarios. En caso de que los fondos se sostengan en el tiempo, De Bella estimó una duración de 10 años de obra. Y, para conseguir que sea tratado el año que viene en la Legislatura, Cambiasso agrega que “se está conversando” con legisladores de distintas bancadas. Hay un elemento complementario: “Santiago Cándido Rocca, el hijo y albacea testamentario primero de don Manuel, fue presidente honorario de All Boys”, cuenta el historiador Tumbarello. Así, el pedido de cesión del predio se fundamenta también en el vínculo entre la familia Rocca y el club.

El argumento que causa más polémica entre sus detractores es lo que el club denomina “reparación histórica”, por las dos “cesiones” obligadas de los últimos cincuenta años. En 1979, la del terreno que hoy ocupa la Escuela Bilingüe para niños, jóvenes y adultos Sordos y Formación Integral N° 29 D.E. 18 Dr. Osvaldo Magnasco, en la manzana entre las calles Miranda, Chivilcoy, Elpidio González y Mercedes. En 1995, parte de lo que hoy es la Plaza Monte Castro (en la manzana contigua a la Escuela, con la que comparten la calle Mercedes). En total, ambos inmuebles suman 2,7 hectáreas contra las 1,2 que tiene el Rocca. Sin embargo, “según el decreto 8938/48, es el Estado nacional quien le expropió a la sucesión de Manuel Rocca el predio donde luego se construyó la Escuela Magnasco, por lo que no era de AllBoys ese terreno”, sostuvo Castiglioni. Y agregó que algo similar ocurrió con el espacio que ocupa la actual Plaza Monte Castro: “Lo usaba All Boys, que tenía cesión precaria, pero terminó siendo un basural y en la época de Jorge Domínguez, último intendente de Capital Federal, hubo un pedido vecinal que concluyó en la apertura de la calle Mercedes y por lo tanto en la división del predio”. Moya reconoció que en realidad “no era formalmente del club, sino que se había empezado a usar pero por la poca infraestructura desarrollada, el intendente Jorge Domínguez lo retomó para la Municipalidad”.

El último argumento se toma de las cesiones que el GCBA les hizo a otros clubes, como a Platense, Atlanta, Ferro y Nueva Chicago (histórico rival de All Boys). Y aunque uno de los principales miedos de quienes defienden “El Rocca para el barrio” es que CAAB venda parcial o totalmente el predio para uso privado de acceso no público, el abogado Jonatan Baldiviezo sostuvo que “en caso de concesión, All Boys no estaría autorizado a vender el predio a ningún tercero”. Y agregó que, si el GCBA finalmente lo vende a un proyecto inmobiliario, “le correspondería iniciar la revocatoria de la donación a los herederos de Rocca, y la ciudadanía también podría ir a la justicia para que se respete el destino de la donación”. En este punto coincidió Castiglioni: “Si los terrenos mutan a una función que no está establecida en la donación, vuelve a sus herederos”.

¿Y ahora qué?

Luego de las múltiples reuniones de la Mesa de Trabajo habilitada por el Consejo Consultivo de la Comuna 10, Sampaolo reconoció que el proyecto de All Boys es el que tiene mayor solidez y el más factible de aprobarse. Sin embargo, también insistió en que desde el Consejo no están de acuerdo con que la totalidad sea manejada por el club, y que al menos en lo que respecta a los espacios educativos, la gestión debería quedar en manos del GCBA. Al día de hoy, el Consejo está trabajando en consensuar ambas partes para presentar un proyecto único como Iniciativa Particular ante la Legislatura. Muy similar es la postura de Rodrigo Cilenti, jefe de despacho del legislador Alejandro Grillo (UxP), quien agrega que es necesario que el Consejo Consultivo sintetice la discusión, acercando posturas para presentar una propuesta que pueda contener ambos reclamos.

Para que el proyecto logre estado parlamentario y sea tratado es indispensable conseguir la firma de aunque sea un diputado. Sampaolo expresa que desde la Legislatura “se espera que el proyecto esté acompañado por la comunidad, por lo que tienen que dejarse de lado cuestiones personales para ponerse de acuerdo y llevar un proyecto común con fuerza”. Pero mientras “desde ‘El Rocca para el barrio’ no están trabajando activamente, los muchachos de All Boys siguen pintando paredes con entusiasmo”. Desde su perspectiva, Volkind sostiene que “los dos reclamos son válidos, pero cuanto más divididos estén, menos posibilidades tienen de que se pueda avanzar”.

Hay algo que está claro sobre el predio y es que, salvo el Gobierno de la Ciudad, ninguno de los actores involucrados quiere que se venda para la construcción de torres residenciales. En estos casos son clave las instancias que puedan originarse en ámbitos públicos de participación, como aquellas que ofreció el Consejo Consultivo, para escuchar todos los reclamos y acercar opiniones disidentes. El predio es de todos y de todas, y perder eso de vista conlleva el riesgo de que se corra el eje de discusión, que gane el cansancio y que, ante el miedo de que permanezca abandonado de manera indeterminada, pese más el “que hagan lo que sea”. En el panorama actual, sin embargo, ese no parece ser el futuro cercano.

Al gran pueblo argentino, ¡salud (pública)!

Al gran pueblo argentino, ¡salud (pública)!

Organizaciones gremiales, trabajadores y ciudadanos de a pie se movilizaron desde el Ministerio de Salud hasta Plaza de Mayo en defensa del sistema público de salud. Denunciaron al gobierno nacional por el vaciamiento, la falta de medicamentos y de  insumos en hospitales y los despidos en el sector.

Si algún distraído que pase caminando por la avenida 9 de Julio ve el despliegue de fuerzas de seguridad montado frente al Ministerio de Salud, tranquilamente podría imaginar que esas decenas de efectivos de la Policía Federal, de la Ciudad de Buenos Aires y de Gendarmería, que se forman expectantes sobre la vereda, casi relamiéndose, se están preparando para enfrentar a una organización criminal de las más peligrosas del país. Sin embargo, el objetivo a confrontar son los profesionales de salud que desde las 15 se congregaron con sus ambos y guardapolvos, carteles, redoblantes y banderas para reclamar en contra del “desmantelamiento de la salud pública” que viene haciendo el Gobierno de Javier Milei, para luego marchar hacia Casa Rosada. Los mismos que hace apenas algunos años eran vitoreados por su inmensa labor en la lucha contra el Covid-19, hoy son arreados por la policía y abandonados por el Poder Ejecutivo.

Mientras encabeza la columna de manifestantes que marchan por la avenida Belgrano hacia Plaza de Mayo, Maria Fernanda Boriotti, presidenta de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FeSProSa), advierte sobre el carácter crítico que atraviesa la salud pública:Está en riesgo en todo el país, está siendo desmantelada. Las garantías que tiene que dar el Estado Nacional están siendo retiradas y toda la ciudadanía está en riesgo porque las enfermedades no conocen de fronteras, traspasan muros. Las políticas que está llevando adelante el Ministerio de Salud y el Gobierno nacional atentan contra la vida de los ciudadanos argentinos”, advierte.

Boriotti ahonda en las características del desmantelamiento: “No solo afecta a los trabajadores con los más de 1.400 despidos que se están haciendo efectivos desde el año pasado, sino que se profundiza con la falta de entrega de medicamentos de alto costo, la eliminación de programas como el de prevención de embarazo adolescente, como el de cuidados paliativos, la reducción de más del 76% del presupuesto para VIH, tuberculosis, hepatitis virales. Y eso se traduce en que los pacientes no tengan acceso a lo que necesitan para poder seguir viviendo”.

«El problema no es tanto por nosotros, los enfermos, porque nosotros, lamentablemente, nos vamos a morir. El tema es que el virus va a seguir creando resistencia, se va haciendo cada vez más grande y cada vez van a haber más enfermedades en todo el territorio nacional», dice Mariani.

La movilización, que estuvo impulsada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), despedidos del Ministerio de Salud de la Nación, y trabajadores de los hospitales Posadas, Laura Bonaparte y Sommer, contó con más de 135 organizaciones de la salud en todo el país, unificando distintos reclamos y solidarizándose con colegas y pacientes de todas las disciplinas de la salud: “Nosotros somos una organización que pelea desde hace mucho tiempo por el reconocimiento profesional y nos unimos con sindicatos, organizaciones de pacientes y distintos sectores de la salud, para enfrentar esta política criminal que está ejerciendo el Gobierno nacional, principalmente, con el cierre de algunos hospitales, la amenaza de retirarnos de la OMS, el despido de miles de trabajadores de salud, el fin de los programas que vienen sosteniendo la salud de los pacientes con VIH, con sífilis, con tuberculosis, además de negarle la medicación a los pacientes oncológicos”, expresó Andrea Ramirez, integrante de la Asociación de Licenciados en Enfermería . Además, destacó la situación que atraviesan los empleados de enfermería que logran conservar su puesto de trabajo: “Hoy los enfermeros tenemos que sobrevivir con salarios de miseria que se encuentran muy por debajo de la línea de pobreza”. Mientras que en diciembre de 2024, una familia de cuatro integrantes necesitaba $1.024.435 para no ser pobre (INDEC), los salarios en el área de enfermería rondan entre los $800.000 y $900.000 mensuales.

Dentro de los distintos colectivos que conformaron la manifestación, el Frente Nacional VIH, Hepatitis y Tuberculosis se destacó por su alegría y ocurrencia a la hora de marchar, revoleando pastillas de cotillon, bailando al ritmo de la música y con carteles que rezaban “Milei=SIDA” y “Con VIH vivo, con Milei muero”. Uno de sus referentes, Claudio Mariani, quien también pertenece a la agrupación Igualar, explica la razón de las frases: “Ahora mismo estamos trabajando con el presupuesto del 2023, lo que significa que actualmente hay un recorte en temas de VIH de aproximadamente un 80%. Esto se traduce en que 170 mil personas se van a quedar sin medicación, por lo que muchos y muchas compañeros y compañeras corren peligro de muerte. Hablamos de 50 mil personas sin medicamento para este 2025”. Sin embargo, esta no es la única consecuencia del desfinanciamiento de los programas para combatir las enfermedades de transmisión sexual. Para Mariani “el problema no es tanto por nosotros, los enfermos, porque nosotros, lamentablemente, nos vamos a morir. El tema es que el virus va a seguir creando resistencia, se va haciendo cada vez más grande y cada vez van a haber más enfermedades en todo el territorio nacional. Por eso esta marcha es federal por la salud y por la vida”.

En la previa de la Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública, el Ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, había apuntado en su cuenta de X contra las organizaciones gremiales acusándolos de “mentirosos” y que la movilización se debe a que “impulsamos cambios en el sistema de salud y tocamos intereses puede llegar a haber una reacción de quienes pierden privilegios, pero creemos que hay límites y que no todo vale. Con la salud de los argentinos no se puede ni se debe mentir para hacer política”, además de sostener que las acusaciones por la suspensión de entrega de medicamentos a los hospitales públicos y la desfinanciación de áreas y organismos son falsas. Ante estos dichos, María Fernanda Boriotti enfrentó a Lugones: “Si se deja de entregar morfina a las provincias, se está dejando de entregar medicación a los pacientes; si se deja de entregar en tiempo y forma medicación a los pacientes oncológicos y hematológicos, estamos hablando de la vida de estos pacientes. El año pasado ya tuvimos más de 60 fallecidos por el progreso de la enfermedad o recaída por falta de medicación. Así que Lugones miente descaradamente y es uno de los artífices de estas políticas genocidas”.

 

Quince años de acampe

Quince años de acampe

Con un festival, el domingo pasado la Comunidad Indígena Punta Querandí conmemoró un nuevo aniversario del inicio de la primera gran resistencia para salvaguardar de los proyectos inmobiliarios a los territorios sagrados y arqueológicos ubicado en el límite de Tigre y Escobar. Mirá las fotos de ANCCOM.

El sur sigue ardiendo

El sur sigue ardiendo

El fuego no da tregua y aún hay focos activos en la Patagonia. Detienen a dos empleados de estancieros por los incendios.

Los incendios en la Patagonia prendieron alarmas en San Martín de los Andes, se reportan focos activos en la Comarca Andina y en los Parques Lanín y Nahuel Huapi. Además, un gran fuego también se desató en Chile, en la frontera con Neuquén. Al mismo tiempo, en El Bolsón, fue confirmada la imputación y prisión preventiva de Nicolás Heredia, el albañil neuquino de 31 años, detenido cerca del Río Azul. Más al sur, se expande el incendio en el Parque Los Alerces. El fuego que perdiste en Neuquén, Río Negro y Chubut, además de focos en Corrientes y el norte de Puerto Madryn, hacen que la situación sea crítica.

Por su parte, el presidente de Parques Nacionales, Cristian Larsen, apuntó a culpabilizar a “terroristas financiados por el terrorismo y la izquierda”, al expresar que el reciente fuego en Los Alerces se produjo “justo en la zona usurpada por la Lof  Paillako”. Sin embargo, al cierre de esta edición, el sábado 22, fueron detenidas tres personas acusadas de iniciar un incendio intencional en Chubut. Según informó la Dirección de Policía Judicial de esa provincia, no son mapuche ni brigadistas sino empleados del dueño de una estancia que los mandó a prender fuego para generar un aprovechamiento ganadero y de venta de leña.

A principios de febrero, la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro presentó una medida cautelar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde solicitó su intervención frente al Estado argentino “para que obligue la suspensión de seis ordenes de desalojos vigentes para seis comunidades” en esa provincia, entre las cuales se encuentran comprendidas las Lof Buenuleo y Quemquemtrew. Además pidieron a la CIDH que informe estas violaciones de derechos humanos de los pueblos indígenas que se están produciendo en todo el territorio de la Argentina a todos los organismos multilaterales de crédito.

“Cuando todavía la mapu está caliente por los recientes incendios en la Comarca, y el fuego aún arde en la alta montaña, sin estar dilucidada la autoría de los incendios intencionales, la prensa hegemónica crea un relato de culpabilidad en las comunidades mapuche tehuelche y brigadistas”, expresó la Coordinadora en un comunicado. “Sin más pruebas que el relato creado por Bullrich, Larsen, Petri, Pichetto y el armado de causas sin sustento probatorio del fiscal (Francisco) Arrien que responde a las órdenes del gobierno, el guion se complementa con el discurso del contador de (el empresario Joe) Lewis y hoy intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, quien pretende llevar adelante un plan de turismo y urbanización en Mallín Ahogado, Cuesta del Ternero”. 

El jueves 20 de febrero, familiares, amigos y organizaciones sociales e indígenas acompañaron con su presencia la audiencia ante el Tribunal de Impugnación y pidieron por la libertad de Nicolás Heredia. La semana pasada en Bariloche y en Senillosa se realizaron movilizaciones por la libertad de este albañil que estaba de vacaciones y fue detenido hace más de dos semanas cuando se acercó a llevar comida a los brigadistas. Lo acusaron de tener una botella con nafta que él niega que fuera suya.

La espontánea y autogestiva organización comunitaria que se armó en la Patagonia, sobre todo en El Bolsón, no recibió otra cosa más que persecución. El grupo de seis ambientalistas que se habían acercado a ayudar a los brigadistas fue liberado tras su detención por falta de pruebas.

 

 “Los incendios del sur muestran y sintetizan gran parte de lo que han sido los problemas territoriales en nuestro país. Las aristas de despojo y saqueo territorial expresan intencionalidad que parece indicar que hay negocios forestales e inmobiliarios”, dice Folgueras.

Asamblea abierta

 

Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA), el martes 18 de febrero se realizó una asamblea abierta para pensar la complejidad del presente y las salidas posibles. Estuvieron presentes Guillermo Folguera, biólogo, filósofo e investigador; Paula Alvarado Mamani, abogada kolla; y Marina Wertheimer y Sol Fernandez Bouzo, coordinadoras del libro “Argentina en llamas”. Durante la charla, distintos temas se fueron hilvanando: los territorios como zonas de sacrificio para el capital, la complicidad de los medios comerciales de comunicación en instalar falsos enemigos para desviar la atención, las balas estatales y la persecución judicial para disciplinar todo intento de oposición al plan extractivista, al racismo que llega a gran parte de la sociedad desde el discurso oficial y a la fragmentación de las luchas. 

En diálogo con ANCCOM, Folguera manifestó que “los incendios del sur muestran y sintetizan gran parte de lo que han sido los problemas territoriales en nuestro país. Las aristas de despojo y saqueo territorial expresan intencionalidad que parece indicar que hay negocios forestales e inmobiliarios”. Por su parte, Mirta  Ñancunao, werken (vocera) del Parlamento Mapuche–Tehuelche de Río Negro dijo a esta agencia que “despojan del territorio a las comunidades mapuches, pobladores campesinos, agricultores y pequeños productores mapuches y no mapuches, que subsisten de lo que producen en el territorio”. Por su parte, Mirta Millan de la Lof Pillan Mahuiza, acusada por el gobernador de Chubut Ignacio Torres, consideró que el fuego que sigue arrasando “tiene un fin muy claro, la muerte no solo de las comunidades mapuches sino de los llamados barrios populares donde los rostros son marrones y que olvidaron o no saben que sus abuelos y abuelas también son originarios”.

Territorios en llamas 

Ya van 300 mil hectáreas incendiadas en toda la Argentina, dos muertos, destrucción de cientos de casas y la pérdida de ecosistemas. Los recortes presupuestarios por parte del Gobierno de Javier Milei y del Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de Patricia Bullrich limitan la capacidad de prevención y las acciones de las fuerzas encargadas, los brigadistas, de combatir las llamas. Esto provocó la extensión en la duración de muchos de los incendios ya que se intenta detener la catástrofe con pocos recursos y condiciones laborales precarias. La exministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, dijo sobre Bullrich que “es una mujer que no invierte en Seguridad, pero tiene la capacidad de convencer a la gente de que sí lo hace.” En años anteriores había quedado en evidencia la escasa preparación y eficacia de los sistemas de prevención y de combate contra el fuego, pero han sido desatendidos de manera notable en este gobierno.

“A principios de 2024, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego contaba con un presupuesto de 12.100 millones de pesos. En septiembre, cuando se produjeron grandes incendios en Córdoba, el Gobierno decidió ampliarlo en 21.000 millones de pesos. Sin embargo, las cuentas finales del año muestran que de esa cifra solo se gastaron 7.700 millones de pesos, cantidad incluso menor al presupuesto original”, explica Matías Cera Trebucq, autor de un informe publicado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.

Un informe de la agencia local del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) precisó el 8 de febrero que el 49% de las áreas quemadas en 2025 fueron pastizales; el 17%, malezales; y el 11%, bosques nativos (espinillares de monte bajo). Las lluvias entre el 13 y el 15 de febrero ayudaron a extinguir la mayor parte de los focos.

En la Patagonia existe una gran plantación de pinos, especie arbustiva que no es autóctona de la zona, y ante el fuego su madera prende muy rápido. Mirta Ñancunao, actual werken (vocera) del Parlamento mapuche–tehuelche de Río Negro, dice sobre la plantación de pinos que  “fue un negocio muy importante en los años 70 y 80, porque al que plantaba le daban la propiedad de la tierra. Así hubo gente que se fue quedando con tierras de las comunidades indígenas y de los antiguos pobladores. Ahora, esas plantaciones están abandonadas porque la madera de pino dejó de ser rentable. Nadie las cuida ni las limpia y los pinos invadieron todo”.

En Neuquén, el incendio en el Valle Magdalena, zona del Parque Nacional Lanín, sigue sin ser controlado. El último informe, con fecha del 18 de febrero, del Comando Unificado que opera en la Estancia Mamuil Malal, indica que el fuego ha arrasado aproximadamente 22.131 hectáreas y continúa avanzando.

Fuego y montajes

La Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, al cargar contra el intendente de El Bolsón, Pogliano, aseguró que “además de convalidar la violencia ejercida por su fuerza de choque, los gauchos, que también defienden a su patrón Joe Lewis”. Y apuntó que “otro actor que se suma a este montaje criminal y racista es el gobernador Weretilneck con su plan minero, de represas hidroeléctricas y de extranjerización de la tierra”.

En su reciente declaración exhortaron a “las comunidades y pobladores del Pueblo Mapuche Tehuelche, a las organizaciones territoriales y productivas de la sociedad, gremios, organizaciones sociales a defender el territorio frente al avance de los grandes poderes económicos sustentado en políticas racistas, anti mapuche, extranjerizante de la tierra de los gobiernos y avalado por un poder Judicial cómplice que legitima con sus fallos judiciales el despojo de las tierras comunitarias y la criminalización sin pruebas”.