Relato de un cínico

Relato de un cínico

En una nueva audiencia del juicio por la apropiación de la hoy titular del Inadi Victoria Donda Pérez, su tío Adolfo Donda Tigel, acusado de participar de su apropiación, amplió la declaración indagatoria victimizándose y sin arrepentimiento.

Adolfo Donda Tigel ya había sido condenado a prisión perpetua en la causa conocida como ESMA III.

Adolfo Donda Tigel, tío biológico de Victoria Donda Pérez, nieta restituida por Abuelas de Plaza de Mayo en 2004, se presentó frente al tribunal en Comodoro Py por la causa en la que se investiga su participación en la sustracción de su sobrina durante la última dictadura militar. El exmiembro de la Armada negó haber conocido sobre el embarazo de la mamá biológica de la actual titular del INADI, detenida y desaparecida en la Escuela de Mecánica de la fuerza (ESMA) en 1977. Abuelas de Plaza de Mayo definieron como “cínico” su discurso, que duró tres horas. 

No fue una audiencia más la que se produjo esta semana en la sala SUM de los tribunales federales de Retiro. Fue el turno de Adolfo Donda Tigel, el único acusado en el juicio en el que se le endilga haber facilitado la sustracción y ocultamiento de identidad de su sobrina Victoria Donda Pérez, por parte del prefecto Juan Antonio Azic, quien fue condenado por delitos de lesa humanidad en 2012 a catorce años y medio de prisión y los cumple de manera domiciliaria. 

Donda Tigel, detenido en la Unidad 31 de Ezeiza por ser condenado dos veces a reclusión perpetua también por delitos de lesa humanidad en la ESMA, fue interrogado por los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) Nº6 de la Ciudad de Buenos Aires -integrado por Ricardo Basílico, como presidente, María Gabriela López Iñiguez y Daniel Horacio Obligado-. También se expidió sobre las preguntas que realizaron los integrantes del Ministerio Publico Fiscal, representado por la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado, y la querella que acompaña a Victoria, representada por un equipo jurídico de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. 

La esperada declaración se retrasó por la llegada tardía de Donda Tigel que comenzó su alocución mostrándose dispuesto a ser interrogado: «Siempre efectué mi presentación espontánea», aclaró. Con tono de víctima, afirmó ser «siempre veraz» y planteó que en los juicios previos que afrontó eso lo ha «perjudicado», por reconocer haber sido parte del comando de la unidad de tareas 3.3.2 de la Armada en la ESMA durante el denominado “Proceso de Reorganización Nacional”. Fue este grupo formado por suboficiales y oficiales militares, que dependía del Servicio de Inteligencia Naval (SIN) de la Marina de Guerra, el que se dedicaba a la ejecución concreta de los secuestros durante la última dictadura. 

Haciendo comparaciones con los árbitros de rugby y fútbol, señaló, de forma desafiante, que los jueces deben apoyarse sobre hechos «claros», «obvios» e «indubitables». A continuación, el marino hizo un recorrido institucional de los cargos que tomó durante esos años. Negó haber sido parte de los escuadrones de la ESMA en el momento del rapto de Victoria. Argumentó que, en base al boletín de pases para los miembros de la Armada, en 1976 participó de la escuela de aplicación de oficiales de la fuerza en Puerto Belgrano. Por otra parte, señaló que en 1977 estuvo en el Arsenal Naval de Zárate.

Planteó que su paso por la ESMA comenzó en 1978. «Me fue asignado el cargo de jefe de una agrupación de Seguridad y Ceremonial», destacó. Afirmó que, una vez como jefe de operaciones de tareas, se le encomendó dirigir la unidad de tareas 3.3.2 en la Escuela de Mecánica desde octubre de 1978. 

«Silencio, cinismo, crueldad, mentiras, ausencia de arrepentimiento, el archiconocido cocktail de estos criminales de lesa humanidad cuando les toca enfrentar a la justicia”, concluyó el comunicado de Abuelas de Plaza de Mayo. 

Donda Tigel mencionó que, al momento de su designación, seguía sin conocer el paradero de su hermano menor y su pareja, José María Laureano Donda, detenido en mayo de 1977, y María Hilda Pérez, secuestrada dos meses antes, en marzo de 1977, y embarazada de cinco meses. Ambos pasaron por la Comisaría Nº 3 de Castelar. 

Eran militantes de Montoneros y este hecho significaba “un problema” para las aspiraciones del marino de escalar en el ámbito castrense. Negó que hubiera responsabilidad de parte de la Armada por el secuestro de su hermano y su cuñada y desconoció haber tenido la información de que ella estuviera embarazada mientras mantenía cautiverio en la ESMA. Señaló que la última vez que había tenido contacto con su hermano José María Laureano había sido en 1976. 

Sostuvo que en 1978 hizo un supuesto pedido al represor Antonio Pernía para saber dónde se encontraban. Pero “en un momento se suspendieron” esos contactos, según expresó. Reforzó que se entrevistó con “dos oficiales” (de la Fuerza Área) en una oficina de Aeroparque. Según Donda, le contestaron que dado el tiempo transcurrido de la última comunicación de su hermano con sus padres (un año) «era muy probable que estuvieran muertos».  Y añadió: «Lo primero que hice cuando tuve esa información fue decírselo a mis padres para que la tuvieran por parte mía, y atenuaran la búsqueda, que era algo alienante».

En otra de sus maniobras, el acusado intentó victimizarse cuando sostuvo que tanto Sara Solarz de Osatinsky como Ana María Martí, sobrevivientes de la ESMA, realizaron una “campaña de difusión” en su contra, una vez que salieron del país, instalando su nombre dentro de la nómina de torturadores que trabajaron en la Escuela de Mecánica. Incluso señaló que primero habían sido “colaboradoras” de la Armada en la lucha contra las “organizaciones terroristas”.   

Su relato mantuvo la línea de negación. Reafirmó no haber conocido en 1977, momento del paso de los padres de Victoria por la ESMA, ni al médico ginecólogo del Hospital Naval, Jorge Luis Magnacco; ni al médico de la Armada Carlos Capdevila; ni tampoco al doctor Horacio Pessino. Este último firmó la partida de nacimiento apócrifa de Victoria como hija de Azic. Además desconoció sus vínculos con el propio Azic y con el colaborador y oficial de la Prefectura Naval Argentina Héctor Antonio Febres, acusado por Donda Tigel de ser montonero. Fue más a fondo aún: “Yo nunca supe dónde era el lugar de los partos ni de las embarazadas. Todos lo sabían menos yo”.

Intentó ser certero en pasajes de su alocución y reiteró los puntales de su exposición. «En 1977 nunca estuve en la ESMA. Jamás fui a la unidad de tareas 3.3.2. Jamás pisé el predio de la Escuela. Durante ese año ignoré absolutamente la existencia de mi cuñada e ignoraba inclusive que ella estuviera embarazada», afirmó.

Cuando le tocó reconstruir el momento en el que se conocieron los resultados de la prueba a la que se había sometido Victoria en el Banco Nacional de Datos Genéticos, en 2004, y se determinó que su familia no era la que la había criado, Donda Tigel señaló que se comunicó con Azic por teléfono y que él le dijo que no sabía que el ahora acusado en los tribunales era su tío de sangre. 

Finamente buscó interpelar a Victoria y le dejó un mensaje directo: “Quiero que mi sobrina sepa que de ninguna manera fue regalada o rechazada. Tiene una familia, soy el hermano de su padre”. Además de evitar utilizar la palabra “apropiación”, intentó separar su figura de la de los miembros de la Armada y de la Fuerza Aérea que se quedaron con bebés, despojándolos de sus familias. Incluso caratuló esto como una “canallada”. 

En un comunicado pronunciado luego de la audiencia, Abuelas de Plaza de Mayo tildó la presentación de Donda Tigel de “cinismo” y arremetió contra el acusado. “Victimizándose desde el comienzo, negando saber nada de nadie, negando haber estado donde sí estuvo, se puso en el lugar que tantos otros genocidas ya lo hicieron antes sentados en el banquillo. Silencio, cinismo, crueldad, mentiras, ausencia de arrepentimiento, el archiconocido cocktail de estos criminales de lesa humanidad cuando les toca enfrentar a la justicia”, concluyó la asociación. 

El próximo lunes continuará en Comodoro Py este debate que trasciende la biografía individual de Victoria Donda Pérez y la de su familia biológica, y promete erigirse como un capitulo indeleble en la búsqueda de justicia en nuestro país.    

 

Por primera vez una sobreviviente trans declaró en un juicio de lesa humanidad

Por primera vez una sobreviviente trans declaró en un juicio de lesa humanidad

Valeria del Mar Ramírez, exdetenida en el Pozo de Banfield, testimonió en la causa que tiene 17 imputados e investiga qué pasó con 442 desaparecidos. Relató los crímenes sexuales de la dictadura y el robo de bebés.

Valeria del Mar Ramírez era trabajadora sexual durante la última dictadura militar y narró ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) Nº1 de La Plata los golpes y abusos que sufrieron tanto ella como sus compañeras tras ser detenidas ilegalmente. Esto se produjo en una nueva audiencia en la que se investigan los crímenes ocurridos en los centros clandestinos Pozo de Quilmes, Pozo de Banfield y El Infierno, en Lanús. El juicio tiene 17 imputados y se busca determinar qué ocurrió con 442 personas que hasta hoy continúan detenidas desaparecidas. 

El testimonio cortó la respiración de los participantes en una nueva audiencia virtual por el juicio que investiga la responsabilidad del director de Investigaciones de la policía bonaerense Miguel Etchecolatz y la de sus subalternos en la práctica de privación ilegal de la libertad y la aplicación de torturas. En una jornada marcada por la potencia de los relatos de Boris Santos, delegado de Peugeot, sobreviviente del Pozo de Quilmes y Eduardo Castellano, sobreviviente del Pozo de Banfield y El Infierno, la voz de Valeria del Mar Ramírez, primera querellante trans en causas por delitos de lesa humanidad, se hizo sentir. 

El tribunal de la esta causa denominada Las Brigadas o Los Pozos —integrado por Walter Venditti, Ricardo Basílico y Esteban Carlos Rodríguez Eggers (subrogantes) — escuchó con atención las preguntas que el fiscal de la querella Germán Camps le realizó a Ramírez.

La declarante aportó pruebas para que el jurado pudiera reconstruir los apremios que vivieron ella, y sus compañeras trabajadores sexuales, tras sus dos detenciones por los comandos de tareas de la dictadura, tanto a finales de 1976 como en los primeros meses de 1977. Ramírez —que en 2012 recibió su nuevo DNI con identidad autopercibida y su partida de nacimiento rectificada— fue arrestada durante el golpe de Estado en Camino de Cintura, Ruta Nº4, rotonda de Llavallol, cuando vivía en Rafael Calzada, partido bonaerense de Almirante Brown. 

Destacó que la primera ocasión en la que fue confinada fue por una razzia, ya que se iba a producir la visita de un grupo de inspectores hacia la zona. Las habían alertado a ella y a sus compañeras para que se fueran del lugar. “Nosotras no hicimos caso, nos quedamos en una estación de servicio, donde guardábamos las cosas. Nos levantaron y nos llevaron a la comisaría de Llavallol”, planteó. La querellante aseguró que, por falta de espacio en ese cuartel fue separada de sus compañeras y, junto con otras dos —Romina y “La Hormiga”—, fueron llevadas al Pozo de Banfield, donde estuvieron dos días.   

Lo peor para Ramírez llegaría unos meses después, durante su segunda detención. Señaló que estaba acompañada nuevamente por Romina cuando fueron interceptadas por unos agentes que manejaban un Ford Falcon y las metieron en el auto. “Les dije: ‘Recién llegamos, no hicimos nada’. Y no nos contestaron. El de adelante nos dijo: ‘Cállense la boca, que ya van a saber a dónde van a ir’”, narró. 

Sostuvo que, una vez que llegaron al Pozo de Banfield, ambas fueron arrodilladas entremedio de las piernas de los policías, “con la cabeza para abajo”. “Aquí tienen las cachorras que habían pedido», escuchó decir de parte de quienes las habían detenido. Mientras la mamá de Ramírez y su compañera “La Mono” las buscaban por distintas comisarías de la zona, los policías las trasladaban hacia unos calabozos individuales del Pozo y las hacían mirar al suelo para evitar que llegaran a ver a otros detenidos.

Los apremios y las violaciones fueron parte del tormento por el que pasó Ramírez, que ya no podía contener las lágrimas mientras narraba su estadía allí. “Vinieron dos policías y me violaron porque no quería tener sexo con ellos. Primeramente me dieron golpes y tuve que tener relaciones con los dos”, afirmó.

A eso se le sumó que los efectivos pasaban sus miembros por la rendija de su celda, con la promesa de que, a cambio, le darían comida. Ramírez consiguió una botella, y cuando la sacaban a bañarse la llenaba. Con eso podía evitar nuevas violaciones de parte de los policías, aunque dejaría de alimentarse. Relató que estuvo dos días tomando agua pero cuatro agentes encontraron su botella en el calabozo. “Puto, así que te hacés el vivo”, le gritaron, mientras le tiraban la botella. Contó que en otra oportunidad, cuatro policías entraron a su celda y la violaron luego de que ella no pudiera resistir más. 

Otro punto de inflexión en su narración se produjo cuando señaló que, mientras terminaba de bañarse, se dio cuenta que compartía espacio en “los buzones” con otra chica reclusa. «Pensé: ‘¿qué le estarán haciendo?’. En eso siento a un bebé llorar. Y la milica le dice ´bueno dale, levantáte y agarrá un balde y limpiá esta mugre tuya´, mientras la chica, pelo largo, delgada, demacrada, todo su vestidito lleno de sangre, no se podía mantener en pie. Yo la agarré de la mano, la apoyé en el piletón del baño y me puse a llenar el balde», sostuvo. 

Ramírez contó que la mujer policía se dio cuenta de su presencia allí y retó a uno de los policías que hacía guardia: “¿Vos sos boludo? ¿Cómo lo tenés acá al puto ese y no me dijiste nada?» Fue arrastrada de los pelos y pasó un día encerrada desnuda en su calabozo. 

“Había nacido un bebé”, exclamó cuando fue interrogada sobre el porqué de la sangre y señaló que cuando salía del lugar pudo ver a un policía que tenía en sus manos a un niño recién nacido. Cabe destacar que el Pozo de Banfield es conocido por haber sido lugar en el que fueron privadas de su libertad un gran número de mujeres embarazadas.

Su contundente testimonio, que duró más de una hora, incluyó nuevos abusos de a grupos sobre su persona, lo que llevó a Ramírez a afirmar: “Yo ya no sabía qué hacer, prefería que Dios me lleve”. Luego de catorce días de detención, salió por el portón de El Pozo, atravesando un descampado y tomó un colectivo y un tren hasta llegar a su casa con su madre.

Durante su alocución, reiteró la cantidad de veces que pidió ayuda adentro del calabozo y la desesperación que vivió cada vez que era vulnerada. La situación para las trabajadoras sexuales era exasperante: “Prácticamente no teníamos ningún derecho. Siempre iban a estar favor de ellos, siempre íbamos a salir perdiendo nosotras”. 

Caracterizada por los agentes policiales como “jefa” del grupo de compañeras trabajadoras de la zona de Rafael Calzada, Ramírez expresó que una vez que recuperó su libertad sintió miedo por lo que podía llegar a pasarle. 

Se mudó a la casa de su madre y su padrastro en el barrio porteño de Belgrano. Planteó que si algo le llegaba a suceder sería “un puto menos”, que solo sería “reclamado” por su familia. Con angustia, señaló que tuvo “que volver a ser Oscar”: se cortó el pelo y se disfrazó nuevamente de hombre.  

Hoy Ramírez vive en Constitución, cobra una jubilación mínima y llega a cubrir sus gastos del mes con la ayuda de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR). «Cobré una indemnización, me dieron 50 mil pesos, y ya lo gasté. No sé qué va a ser de mí. Las heridas las tengo en el cuerpo, nadie me las saca. Solo las que lo pasamos sabemos lo que es. Es muy feo no tener libertad. Pero, ¿qué salida tenía yo, qué salida laboral tenía? No tenía otra», se preguntó, visiblemente afectada. 

Se refirió a las secuelas que quedaron en ella y que “ni física ni psicológicamente” se encuentra bien. “A veces no quiero salir de mi casa”, afirmó. Ramírez es la única del grupo de mujeres trans que fueron secuestradas que aún se encuentra con vida.

Con el correr del tiempo se comprenderá la importancia histórica de su testimonio del día martes. 

El frente Unidad Piquetera consiguió promesas moderadas del Ministerio de Desarrollo Social

El frente Unidad Piquetera consiguió promesas moderadas del Ministerio de Desarrollo Social

La Avenida 9 de Julio nuevamente fue epicentro de la protesta social. Un escenario marcado por las carencias y la polémica por el programa Potenciar Trabajo.

La titular del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz llegó a un acuerdo con los representantes de las organizaciones sociales que se movilizaron por el microcentro porteño el jueves último, para solucionar la falta de entrega de alimentos para los comedores populares y garantizar que se encuentren en buen estado. Los cortes hacia los accesos de la Ciudad de Buenos Aires duraron casi ocho horas.

Las respuestas a los reclamos de los movimientos sociales y las organizaciones piqueteras —no alineadas con el gobierno nacional— que concentraron en el centro porteño, generando complicaciones en el tránsito, dejaron como saldo un sabor agridulce. Luego de la asamblea que se realizó entre los representantes que formaron parte de la reunión con el ministerio, se concluyó que la principal demanda, la asistencia alimentaria, garantizada por Tolosa Paz, era un piso mínimo para levantar los cortes pero que se mantendría la espera por mayores resoluciones.

“Cuando hubo discontinuidades en la entrega, siempre hubo luego una compensación», destacó la ministra, que aseguró que trabajan “en la entrega de alimentos de noviembre y diciembre, para que llegue a cada uno de los hogares». Silvia Saravia, dirigente de Barrios de Pie, había declarado que, desde la asunción de la nueva ministra, se había dejado de entregar mercadería para los comedores.

A pesar de la concurrencia y la movilización, el gobierno nacional no dio precisiones sobre el reclamo por la fijación de un bono de 45 mil pesos para quienes no reciben ninguna asistencia estatal, lo que les permitiría cubrirse del crecimiento de la inflación en los últimos meses. Tampoco fueron atendidos otros pedidos del frente piquetero que incluían la «apertura universal de los programas para todos lo que lo necesitan» y el otorgamiento de cupos para «trabajo genuino en la obra pública”.

Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, expresó que siguen esperando los anuncios del ministro de Economía Sergio Massa, que dos meses atrás había planteado que 200 mil personas que cobraban planes obtendrían empleos formales.

La necesidad, en primera persona

Anccom cubrió la jornada de “Piquetazo nacional” en la avenida 9 de julio y algunos de los testimonios ilustraron la endeble situación económica de miles de familias que se replica en todo el país: Elena pertenece a la Federación de organizaciones de Base (FOB), trabaja en un comedor de la localidad bonaerense de Valentín Alsina. Gana 25 mil pesos por sus horas de servicio, tres veces por semana y tiene tres hijos a su cuidado. “Es imposible llegar a fin de mes”, aseguró. Javier es de la Organización Libres del Pueblo (OLP) de CABA y no tiene que mantener una familia. Pero afirmó que las changas que realiza no le permiten “llegar”. Cintia integra el Movimiento de Trabajadores Desocupados y trabaja seis horas por día, los cinco días a la semana en un comedor de Rafael Calzada, en la Provincia de Buenos Aires. Sus tres hijos la ayudan a tener los banderines de la agrupación. Cobra 27mil pesos por mes.

En una esquina de 9 de Julio y Belgrano se ubicó José, hombre mayor que no tiene a sus hijos en casa porque ya “son grandes” y cuentan con sus empleos. Aunque “zafa” de los gastos de mantener a una familia, su cara se torna seria cuando recuerda que cobra 25 mil pesos al mes. Hace barrido y limpieza en CABA. Frente a la bandera más grande de Libres del Sur- Vicente López, en la intersección de 9 de Julio y Moreno, se sentó Esteban, que “saca” mil pesos por día en jornadas “interminables” de albañilería.

Silvia es del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) del municipio bonaerense de Moreno, y hace limpieza en casa particulares. “Trabajo hasta 10 horas algunos días”. Cobra 40 mil pesos y mantiene a sus cinco hijos ella sola, porque su expareja no la ayuda.

Potenciar Trabajo, en el medio de la polémica

La movilización se produjo casi al mismo tiempo que se difundían los datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sobre las irregularidades de parte de 253.184 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, plan al que se accede con una contraprestación por participar en proyectos socio-productivos, socio-laborales y/o socio-comunitarios o a través de la terminalidad educativa.

Según la entidad, estas personas no deberían recibir el cobro mensual de $27.275 —a valor noviembre— por sus cuatro horas de labor, ya que se detectó la compra de dólares desde sus cuentas que no se condecían con las declaraciones juradas que habían prestado sobre sus Bienes Personales.

Belliboni retrucó esta información, y señaló que desde el ministerio debían tomar cartas en el asunto para confeccionar listados de personas que efectivamente necesiten la asistencia. Planteó que, además de tener un contador, se deben poseer inmuebles por una valuación fiscal de 6 millones de pesos. “Si alguien tiene todo eso, no debería ingresar a estos programas”, indicó.

Detrás de esto, subyace el debate sobre el límite al cupo de los planes de asistencia social, y la reasignación de esas partidas a unidades de gestión productiva, a partir del decreto de necesidad y urgencia (DNU) número 728, firmado por el presidente Alberto Fernández. Tolosa Paz había afirmado que no habría nuevos beneficiarios del Potenciar Trabajo y que los que salieran del registro no serían reemplazados.

Comenzó el juicio contra el tío de Victoria Donda por su apropiación

Comenzó el juicio contra el tío de Victoria Donda por su apropiación

El exoficial de la Armada Adolfo Donda Tigel es acusado de facilitar la sustracción y ocultamiento de identidad de su sobrina, nacida en la ESMA.

La vida de Victoria Donda dio un giro radical cuando en 2004, tras conocerse los resultados de la prueba a la que se había sometido en el Banco Nacional de Datos Genéticos, determinó que su familia biológica no era la que la había criado, y que su apropiador perteneció a las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar. Un capítulo más de esta historia comenzó el lunes en Comodoro Py cuando el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires abrió el juicio contra el exmarino Adolfo Miguel Donda Tigel. 

El tío de la hoy titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) es imputado por su participación en la apropiación de Victoria y por la desaparición de su hermano José María Laureano Donda, arrojándolo en los denominados “vuelos de la muerte” al Río de la Plata. Durante el juicio se buscará probar si Donda Tigel tenía vinculación militar con el prefecto Juan Antonio Azic, condenado por este hecho en 2012 a catorce años y medio de prisión (la cumple de manera domiciliaria por una cuestión de salud).

En esta primera jornada, el TOF 6 —integrado por Ricardo Basílico, como presidente, María Gabriela López Iñiguez y Daniel Horacio Obligado— leyó los hechos descriptos por parte de integrantes del Ministerio Publico Fiscal, representado por la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado; y también las acusaciones de la querella que asesora a Victoria. 

El fiscal general Pablo Parenti destacó, durante el requerimiento de elevación a juicio oral, que la responsabilidad de Donda Tigel en los hechos se inscribe dentro de un plan “urdido, de manera sistemática, para el robo de bebés” durante el régimen dictatorial. 

Su alocución fue seguida con detenimiento por Victoria Donda y su equipo legal de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, mientras que Adolfo Donda Tigel presenció la sesión de forma virtual desde la Unidad Nº 31 del ServicioPenitenciario. El acusado ya ha sido condenado dos veces a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad en las causas ESMA II y ESMA Unificada. Sin embargo, la Cámara Federal de Casación Penal le otorgó el beneficio de salidas transitorias. 

Victoria, visiblemente afectada durante esta primera audiencia, no brindó declaraciones en su salida de los tribunales. Unos días antes había señalado a la prensa que este juicio se trataba de una “deuda” con su padre y su madre, y calcula que en febrero o marzo del próximo año le tocará su declaración.   

 

La familia

María Hilda Pérez —embarazada de cinco meses— fue secuestrada en marzo de 1977 por un comando de tareas que respondía a la Fuerza Aérea. Lo mismo ocurrió con su marido José María Laureano Donda —hermano del acusado Donda Tigel— en mayo de ese año. Ambos eran militantes de la agrupación Montoneros y fueron vistos, de acuerdo a declaraciones de testigos, en la Comisaría Nº3 de Castelar. 

De acuerdo a lo indicado por Parenti, entre el 10 y el 15 de mayo de ese año, la mujer fue trasladada a la ESMA y en agosto dio a luz a quien sería su hija Victoria Donda Pérez. El parto fue asistido por el médico de la Armada, Jorge Luis Magnacco, quien fuera detenido en otras causas por el delito de apropiación de bebés en el año 2000 y condenado en 2005 a diez años de cárcel por prestar asistencia a un parto, con conocimiento de la sustracción de un bebe recién nacido. 

Aproximadamente quince días después del nacimiento de Victoria en la pieza de embarazadas de la ESMA, conocida en el ámbito castrense como “Maternidad Sardá” o “la Sárda por Izquierda”, María Hilda fue llevada hacia otro lugar y se desconoce su paradero desde entonces. Unas horas luego de este hecho, la beba fue inscripta con los nombres y apellido de su apropiador. En esa nueva partida —firmada por el médico Horacio Pessino— figuró como hija de Azic y de su esposa, Noemí Esther Abrego. 

Parenti expresó que hubo un vínculo de connivencia entre Azic y Donda Tigel, que en esos meses aún no formaba parte del plantel estable en la ESMA. Una vez que se sumó al Grupo de Tareas 3.32 de la Escuela de Mecánica, el exmarino actuó conjuntamente con otros miembros de la Armada en secuestros, en la aplicación de tormentos y en la sustracción de bienes de personas ilegítimamente privadas de su libertad. 

“Testigos indicaron que el imputado estuvo en el cuarto de embarazadas y le dijo a María Hilda que la niña sería entregada a la familia. Esa circunstancia junto a otros indicios obrantes en la causa, permiten afirmar que participó de la sustracción de la menor», señaló el fiscal.

El 8 de octubre de 2004, casi 37 años después de su sustracción, Victoria pudo confirmar que era hija de María Hilda y José. En los próximos meses, la justicia escribirá otra página que, sin dudas, sentará otro paso para las causas de lesa humanidad en nuestro país. 

“Estamos desbordados por la gente que se acerca a buscar trabajo”

“Estamos desbordados por la gente que se acerca a buscar trabajo”

Dueña de una voz firme y poderosa y nacida hace 37 años en Florencio Varela, uno de los distritos del tercer cordón del Conurbano bonaerense más castigados por la crisis, Marianela Navarro es una mujer que no tiene respiro. Maestra de primaria en Bosques y en Ingeniero Alan, y militante de la primera línea del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Navarro describe el trabajo territorial en la Provincia y advierte que la organización que integra “no da abasto” con las demandas de los sectores más vulnerados.

Su recorrido personal ya la puso en relación con la situación del país desde pequeña. Proviene de una familia trabajadora, con un padre herrero en la planta de vidrios Cattorini de Quilmes oeste, y una madre que se desempeñaba también en empleos fabriles como la producción de mosaicos y textiles. Se recibió de maestra en diciembre de 2001, cuando colapsaba el gobierno de Fernando de la Rúa. Consciente de que nunca le sobró nada, lo único que quedaba era el sacrificio y la perseverancia de todos los días para salir adelante. Pero esa fuerza debía estar organizada.

La militancia es algo que corre por su sangre. Su papá, un hombre de izquierda, era delegado de fábrica en la última dictadura y fue detenido en 1976, cuando activaba en San Francisco Solano, una de las zonas más humildes de Quilmes. Navarro milita en el movimiento de desocupados desde los 14 años y participó en lo que fue el surgimiento de estos sectores sociales que comenzó a ganar protagonismo en la Argentina del neoliberalismo menemista.

¿Qué recuerdos de tu infancia se conectan con la decisión de militar?

Recuerdo que había que caminar mucha cuadras en el barrio para conseguir azúcar negra, que era más barata. También que con todos mis hermanos trabajábamos en la herrería. A los 12 años con mi hermana hacíamos puntas de rejas con el torno. Otra imagen que tengo es la de mi mamá que cuando terminó la secundaria, escribía en los remitos de la herrería porque no había plata para comprar hojas. Esas situaciones te van marcando y hacen que desarrolles cierta conciencia de clase.

¿Y cómo fueron los primeros pasos en la militancia social?

Empecé haciendo tareas de apoyo escolar en el barrio La Esperanza (ubicado en Florencio Varela) y conocí de primera mano las necesidades tan apremiantes que son acumuladas de décadas. Me acuerdo que el primer corte en el que participé fue difícil porque solamente éramos 100 personas. Se había hecho en Lujan y Ruta 2. Al mes, en un nuevo corte, ya pasamos a ser 1.000 personas. Los vecinos y vecinas iban a comer a los cortes. Era una época donde la gente estaba muy castigada.

 ¿Qué papel tuvieron entonces las mujeres, las madres de familia?

Ellas dieron el primer paso para enfrentar la crisis, como en la actualidad, pero era más difícil entonces. El no tener trabajo hacía que los hombres entrasen en depresión, hubo muchos casos de alcoholismo, de reclusión. Las mujeres, que son las que en general se hacen cargo de sus hijos, son las que sin ningún tipo de vergüenza mantuvieron los cortes.

¿Ves que esto se confirma cuando analizas cómo funciona el FOL hoy en día?

Hay mucha participación de las mujeres en los ámbitos de dirección, lo que significa un cambio en la cultura política de la organización y de la propia familia. En general las mujeres tienen que atravesar muchas trabas para poder tener participación política y en los espacios más importantes, para que dejen de estar solamente en las tareas administrativas y organizativas.

Organización y mandatos

El FOL es una organización social pero también tiene un conjunto de definiciones políticas. Este Frente, que ya tiene más de una década de trabajo en los barrios, desarrolla tareas sindicales porque representa al sector excluido del mercado laboral, y lo hace desde una posición anticapitalista y antipatriarcal. Cuenta con criterios internos de mandatos en asamblea, de revocabilidad de sus delegados y delegadas, la rotación en las funciones y el control colectivo de toda la organización.

¿La agudización de la crisis económica y de los niveles de marginalidad han tenido efecto en la composición del FOL?

La organización ha crecido de manera exponencial en todo el país y la crisis y la actual política económica hace que día a día nos veamos desbordados por la gente que se acerca a la organización en busca de trabajo.

¿A qué definiciones arribó la organización cuando comenzó el gobierno de la alianza Cambiemos?

Con la asunción del macrismo debimos asumir nuevas tácticas para defender los derechos de nuestros compañeros y compañeras. Hemos definido articular con CTEP, Barrios de Pie y la CCC (además de coordinar históricamente con el Frente Popular Darío Santillán). En términos políticos defendemos distintas perspectivas de lo que hay que hacer en la Argentina pero en el terreno sindical, en el plano defensivo, trabajamos por la unidad de todo el sector para enfrentar las políticas del gobierno. Es nuestra responsabilidad trabajar por un programa mínimo común que recupere y logre la correlación de fuerzas necesarias para enfrentar el ajuste. Esta confluencia lleva más de un año y medio con saldos positivos donde, al mismo tiempo que trabajamos por la más amplia unidad de acción, mantenemos nuestra propia mirada política y nuestro proyecto de largo plazo. Este gobierno viene a concretar un paquete de reformas estructurales junto con los organismos internacionales de crédito y sus consecuencias las van a pagar las próximas cuatro generaciones de trabajadores.   

 Estos espacios de coordinación general suelen tener representación de los hombres, como las caras más visibles de las organizaciones, ¿cómo fue hacerte un lugar allí?

En lo personal ha sido difícil sobrevivir en un ámbito sumamente masculinizado como el de la toma de decisiones. A las mujeres les implica siempre mayor sacrificio que a los hombres, no sólo en el terreno personal sino en general, porque una está más a prueba y tiene que hacer un esfuerzo mayor para ganarse un lugar en que la palabra sea respetada. Que el movimiento feminista haya tomado una gran envergadura de masas en nuestro país en el último período ha sido clave para ganar cada vez más espacios.

Navarro siente que para poder generar esa visibilización como mujer ha tenido que combinar cierta “postura masculinizada” además de utilizar sus herramientas y formas de desenvolverse más genuinas. De todas formas descree de los liderazgos personales porque estos tienen que expresar un proyecto colectivo.

¿Cómo acompañan y potencian los procesos de empoderamiento que atraviesan sus compañeras y el avance del feminismo en nuestro país?

En el FOL participamos de la Campaña contra las Violencias hacia las Mujeres, promovemos la participación política en los Encuentros Nacionales de Mujeres, se conformó el espacio “Tortas de Barrio” para las compañeras que militan en disidencias y en cada regional funcionan equipos de compañeras que hacen trabajo político sobre el problema de los numerosos casos de violencia en los barrios. Desde la organización se acompaña el proceso de denuncia y se hace contención para generar confianza y que puedan salir de esa situación. Esto va de la mano de luchar por la autonomía política y económica. Es bastante amplio el trabajo que se hace, hay comisiones de géneros en todo el país. El proyecto más importante que tenemos es el de la construcción de la Casa de Mujer en Florencio Varela que esperamos terminar el año que viene y que se ponga en funcionamiento. Estamos terminando el segundo piso y tiene el objetivo de funcionar con profesionales, abogados, psicólogos para generar una contención más concreta cuando el estado mira para otro lado.

¿Qué lectura hacés del trabajo que encararon con el debate por la legalización del aborto?

Veo que hemos avanzado en esto y de hecho son las compañeras de los barrios las que recurren a nosotras y a la organización para resolver situaciones de embarazo no deseado y acompañamos esta lucha que es muy  importante. Lo consideramos un problema de salud pública, una responsabilidad del Estado el hecho de que las mujeres no tengan que morir en la clandestinidad. También defendemos el criterio de que tanto el Estado como las organizaciones sociales y los sindicatos deben ser de carácter laico y que la Iglesia no debe inmiscuirse en un problema que es de orden público.

¿Cómo ves el futuro? ¿Hay lugar para soñar en que se pueden cambiar las cosas?

Somos optimistas y tenemos una confianza total en la fuerza de la clase trabajadora. Las circunstancias económicas, sociales y políticas que va a atravesar el país se muestran de manera desoladora pero hoy así están dadas las cosas lo que obliga a que los y las trabajadores mejoren sus tácticas y sus formas organizativas para dar una respuesta tanto sindical como política. Solo así podremos tener una mejor proyección para que no sean las opciones patronales de siempre las que se muestren como la alternativa política en la Argentina.