Por Pablo Esquivel
Fotografía: Pablo Añeli/ TELAM

La Avenida 9 de Julio nuevamente fue epicentro de la protesta social. Un escenario marcado por las carencias y la polémica por el programa Potenciar Trabajo.

La titular del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz llegó a un acuerdo con los representantes de las organizaciones sociales que se movilizaron por el microcentro porteño el jueves último, para solucionar la falta de entrega de alimentos para los comedores populares y garantizar que se encuentren en buen estado. Los cortes hacia los accesos de la Ciudad de Buenos Aires duraron casi ocho horas.

Las respuestas a los reclamos de los movimientos sociales y las organizaciones piqueteras —no alineadas con el gobierno nacional— que concentraron en el centro porteño, generando complicaciones en el tránsito, dejaron como saldo un sabor agridulce. Luego de la asamblea que se realizó entre los representantes que formaron parte de la reunión con el ministerio, se concluyó que la principal demanda, la asistencia alimentaria, garantizada por Tolosa Paz, era un piso mínimo para levantar los cortes pero que se mantendría la espera por mayores resoluciones.

“Cuando hubo discontinuidades en la entrega, siempre hubo luego una compensación», destacó la ministra, que aseguró que trabajan “en la entrega de alimentos de noviembre y diciembre, para que llegue a cada uno de los hogares». Silvia Saravia, dirigente de Barrios de Pie, había declarado que, desde la asunción de la nueva ministra, se había dejado de entregar mercadería para los comedores.

A pesar de la concurrencia y la movilización, el gobierno nacional no dio precisiones sobre el reclamo por la fijación de un bono de 45 mil pesos para quienes no reciben ninguna asistencia estatal, lo que les permitiría cubrirse del crecimiento de la inflación en los últimos meses. Tampoco fueron atendidos otros pedidos del frente piquetero que incluían la «apertura universal de los programas para todos lo que lo necesitan» y el otorgamiento de cupos para «trabajo genuino en la obra pública”.

Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, expresó que siguen esperando los anuncios del ministro de Economía Sergio Massa, que dos meses atrás había planteado que 200 mil personas que cobraban planes obtendrían empleos formales.

La necesidad, en primera persona

Anccom cubrió la jornada de “Piquetazo nacional” en la avenida 9 de julio y algunos de los testimonios ilustraron la endeble situación económica de miles de familias que se replica en todo el país: Elena pertenece a la Federación de organizaciones de Base (FOB), trabaja en un comedor de la localidad bonaerense de Valentín Alsina. Gana 25 mil pesos por sus horas de servicio, tres veces por semana y tiene tres hijos a su cuidado. “Es imposible llegar a fin de mes”, aseguró. Javier es de la Organización Libres del Pueblo (OLP) de CABA y no tiene que mantener una familia. Pero afirmó que las changas que realiza no le permiten “llegar”. Cintia integra el Movimiento de Trabajadores Desocupados y trabaja seis horas por día, los cinco días a la semana en un comedor de Rafael Calzada, en la Provincia de Buenos Aires. Sus tres hijos la ayudan a tener los banderines de la agrupación. Cobra 27mil pesos por mes.

En una esquina de 9 de Julio y Belgrano se ubicó José, hombre mayor que no tiene a sus hijos en casa porque ya “son grandes” y cuentan con sus empleos. Aunque “zafa” de los gastos de mantener a una familia, su cara se torna seria cuando recuerda que cobra 25 mil pesos al mes. Hace barrido y limpieza en CABA. Frente a la bandera más grande de Libres del Sur- Vicente López, en la intersección de 9 de Julio y Moreno, se sentó Esteban, que “saca” mil pesos por día en jornadas “interminables” de albañilería.

Silvia es del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) del municipio bonaerense de Moreno, y hace limpieza en casa particulares. “Trabajo hasta 10 horas algunos días”. Cobra 40 mil pesos y mantiene a sus cinco hijos ella sola, porque su expareja no la ayuda.

Potenciar Trabajo, en el medio de la polémica

La movilización se produjo casi al mismo tiempo que se difundían los datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sobre las irregularidades de parte de 253.184 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, plan al que se accede con una contraprestación por participar en proyectos socio-productivos, socio-laborales y/o socio-comunitarios o a través de la terminalidad educativa.

Según la entidad, estas personas no deberían recibir el cobro mensual de $27.275 —a valor noviembre— por sus cuatro horas de labor, ya que se detectó la compra de dólares desde sus cuentas que no se condecían con las declaraciones juradas que habían prestado sobre sus Bienes Personales.

Belliboni retrucó esta información, y señaló que desde el ministerio debían tomar cartas en el asunto para confeccionar listados de personas que efectivamente necesiten la asistencia. Planteó que, además de tener un contador, se deben poseer inmuebles por una valuación fiscal de 6 millones de pesos. “Si alguien tiene todo eso, no debería ingresar a estos programas”, indicó.

Detrás de esto, subyace el debate sobre el límite al cupo de los planes de asistencia social, y la reasignación de esas partidas a unidades de gestión productiva, a partir del decreto de necesidad y urgencia (DNU) número 728, firmado por el presidente Alberto Fernández. Tolosa Paz había afirmado que no habría nuevos beneficiarios del Potenciar Trabajo y que los que salieran del registro no serían reemplazados.