La educación es esencial para regular los paros pero no para financiarla

La educación es esencial para regular los paros pero no para financiarla

Ago 22, 2024 | Destacado 3, Trabajo

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que declara a la educación como un servicio estratégico esencial. Sindicatos y funcionarios de la oposición advierten que la norma va en contra del derecho a huelga y la legislación internacional. También reclaman al oficialismo inversión en la educación. El impulsor del proyecto insiste.

El sistema educativo se encuentra en estado de alerta tras la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que reglamenta a la educación como un servicio estratégico esencial. La norma, entre otras cuestiones, tiene como objetivo garantizar la apertura de todos los establecimientos educativos todos los días que establecidos en el calendario lectivo y una asistencia del 30% de docentes los días de paro, proporción que se incrementa a medida que aumenten los días de medidas de fuerza.

“Nosotros entendemos que la educación no es un servicio, es un derecho y que en realidad a lo que apunta esta ley es a prohibir el derecho a huelga”, explicó Sonia Alesso, secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA). En esta misma línea se mostró, Alberto Sileoni, ex ministro de Educación durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y actual director general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires que detalló: “El objetivo de esta norma es el disciplinamiento de las organizaciones gremiales, es regular un derecho constitucional. La educación es un derecho universal para ciudadanos y ciudadanas y no un servicio para clientes, para pocos”.

La medida fue impulsada por el exministro de Educación y actual diputado del PRO, Alejandro Finocchiaro, y obtuvo 131 votos positivos, mayoría constituida por la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza, ante 95 negativos, correspondientes a Unión por la Patria y el Frente de Izquierda. Además, hubo dos abstenciones. El proyecto declara que el Estado debe garantizar el ejercicio del derecho a la educación durante todo el ciclo lectivo y pone el foco en los días de clases perdidos por las distintas medidas de fuerza directas o indirectas del personal docente y no docente que afecten al calendario y desarrollo curricular establecido.

En diálogo con ANCCOM el legislador del PRO explicó el motivo de su proyecto: “Declarar a la educación como servicio estratégico esencial para garantizar el derecho a educarse fue el punto de equilibrio que encontramos ante el conflicto de derechos: el derecho a huelga y el derecho a la educación de los niños y adolescentes”. En contraparte, Sileoni crítico de la media sanción aprobada sostiene que “las medidas no pueden ser zócalos de TV o medidas efectistas, tienen que ser de verdad, tienen que tener profundidad, por tanto, tampoco creemos que la educación sea esencial para este gobierno. Si no, no la estarían desfinanciado”. Sobre la situación en la provincia de Buenos Aires, profundizó: “Tenemos 1.000 obras paradas por Nación de las cuales 80 son escuelas, no hay distribución de libros, no hay distribución de tecnología, no hay una política de formación docente, entonces: ¿dónde se ve el aprecio que este gobierno tiene por la educación?”

Para la Organización Internacional del trabajo (OIT), de la que Argentina es miembro, un servicio esencial es aquel cuya interrupción pondría en peligro la vida, la seguridad personal o la salud de la totalidad o parte de la población, y por lo tanto prohíbe o regula el derecho a huelga. Alesso sostiene que en base a este reglamento hay dos fallos judiciales que dicen que la educación no se encuentra dentro de los servicios esenciales, además detalla: “Este proyecto tiene varios aspectos cuestionables: en primer lugar no puede ir contra la Constitución Nacional y la OIT. Además, en el trámite parlamentario el tratamiento de la ley no pasó por la Comisión del Trabajo o la de presupuesto y solo lo hizo por la Comisión de Educación y, por último, no se dio un debate a fondo, no se tuvo en cuenta la participación de los docentes pese a que pedimos que nos dejaran hablar y algunos legisladores estuvieron de acuerdo. Nos quitaron la palabra y eso que nos estaban declarando como servicio esencial”.

«a lo que apunta esta ley es a prohibir el derecho a huelga”, explicó Sonia Alesso. FOTO: ARCHIVO

En cambio, Finocchiaro explica que la ley no habla de servicio esencial en los términos de la OIT, ya que la norma se refiere a servicio estratégico-esencial y pone énfasis en la palabra estratégico para diferenciar los conceptos. Además, justificó la ausencia de docentes al debate debido al tiempo acotado y a las difíciles negociaciones en las cámaras legislativas para lograr aprobar leyes. “No hay sector más democrático que el Congreso, ahí estamos todos representados y las discusiones las tenemos que dar los representantes en las cámaras, porque para eso fuimos elegidos. Muchas veces las presentaciones lo único que hacen es dilatar las resoluciones”, sostuvo el presidente de la Comisión de Educación en Diputados, quien también se refirió a la necesidad de ampliar el debate ya que “tenemos una escuela del siglo XIX, docentes del siglo XX y alumnos del siglo XXI, algo está fallando”. 

Alesso, por su parte, descree de la preocupación del gobierno por la educación y sostiene que “pensar que los problemas de la educación se resuelven sin financiamiento educativo, sin resolver los problemas salariales, sin discutir los temas de fondo y prohibiendo el derecho a huelga, nos parece que es empezar al revés o poner el carro adelante del caballo”; y detalló la difícil situación que atraviesan los docentes: “Venimos desde diciembre sin paritarias que aumenten el piso nacional. Además, el gobierno eliminó de forma unilateral el fondo de incentivo docente, no se están enviando los fondos para infraestructura escolar, no se amplían los fondos para la copa de leche, ninguna de las políticas que tengan que ver con mejorar la educación este gobierno las ha tomado”.

Con todo este panorama, el conflicto entre el Gobierno y el sector educativo está lejos de apaciguarse, a este frente debe sumarse el que mantienen las universidades nacionales que siguen reclamando la emergencia presupuestaria y salarial. “Si el presupuesto sigue subejecutándose y si, además, no aumentan los salarios y la conflictividad lejos de bajar va a subir”, sostiene Alesso, que aunque suene como advertencia es lo que marca la experiencia. El proyecto deberá tratarse en el Senado y para ese momento desde CTERA buscarán informar, convocar y movilizar para evitar su aprobación.

A las mujeres campesinas la salud les queda lejos

A las mujeres campesinas la salud les queda lejos

Ago 22, 2024 | Comunidad, Destacado 2

El Centro de Estudios Legales y Sociales presentó su informe sobre la salud en mujeres campesinas, junto a integrantes de diversas localidades que reclaman políticas públicas e igualdad en el trato. La discriminación, la ignorancia de las distancias y de los saberes ancentrales, entre otros llamados de atención.

lEl Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) presentó el informe “Campesinas: Organización para la salud”, en donde se demuestra cómo es el difícil acceso a la sanidad por parte de las mujeres en pueblos rurales y el rol clave de sus propias organizaciones para garantizar derechos en un Estado ausente. En la presentación de la investigación participaron Marta Greco, del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra; Carolina Rodríguez y Rosalía Pelergrini, de Asociación Mujeres de la Tierra y Pamela Moreno del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, entre otras.

“Si bien en la guía inicial, antes de empezar los viajes, plateábamos algo más vinculado a ‘se aprobó la ley del aborto, queremos ver si se está implementado’, después, al salir al territorio, esa inquietud se amplía y se modifica. Ahí es cuando entendimos que no podemos hablar de la salud sexual reproductiva o del aborto de manera aislada, hay que vincularlo con la salud integral porque hay un problema ineludible que es el acceso a la salud”, mencionó Daiana Aizenberg, miembro del CELS en diálogo con ANCCOM.

La investigación recupera testimonios de mujeres en zonas rurales de las provincias de Santiago del Estero, Mendoza, Misiones y Jujuy. Dan cuenta desde la discriminación por parte de profesionales de la salud y de enfermedades causadas pore agrotóxicos hasta la negativa de poder decidir sobre sus propios cuerpos, entre otras realidades que viven las mujeres campesinas en pueblos alejados de las capitales de las provincias.

“Una compañera nos comentaba que tenía que ir al centro de salud a hacer el control de su hijo, iba con sus cuatro hijos caminando cinco kilómetros para llegar y ver si era posible tener un turno para poder hacer ese control, mientras pensaba en dónde se iban a quedar. Es fundamental poner esa dimensión del acceso a la salud en la ruralidad, con la distancia de los caminos”, relató Marta Greco durante la presentación del capítulo titulado “Distancia, salud y cuidados” del informe.

Carolina Rodríguez de Asociación Mujeres de la Tierra, denunció: “La violencia por parte de la persona que está del otro lado en un control médico” y la dificultad a la hora de conseguir turnos para la atención. También resaltó la discriminación que se recibe y la desigualdad en el sector.

Para la presentación del capítulo “Salud sexual y reproductiva en la vida rural”, Aizenberg fue la encargada de dar el inicio al debate sobre el tema. Se mencionó que las políticas públicas existen, pero no están puestas en ejecución. Un ejemplo de esta situación es la falta de comunicación por parte del Estado sobre las unidades sanitarias, en donde falta información sobre cuándo y dónde van a estar presentes para que las personas de las comunidades rurales puedan organizarse a la hora de realizarse un chequeo médico. Y, además, como si esta situación no fuera una odisea, varias personas han comentado que no reciben los resultados de sus estudios médicos luego de atenderse en dichas unidades sanitarias.

El informe señala que las personas gestantes expuestas a los agrotóxicos “tienen el 75% más de probabilidades de sufrir un aborto involuntario durante el primer trimestre de la gestación”.

Los efectos de los agrotóxicos en las poblaciones rurales fue un eje central que se agregó a la investigación, luego de que el tema sea relatado en diversos testimonios. En el informe presentado se menciona que, en el país, las personas gestantes expuestas a los agrotóxicos “tienen el 75% más de probabilidades de sufrir un aborto involuntario durante el primer trimestre de la gestación”.

En la presentación también se destacó que, en varias ocasiones, las mujeres rurales se sintieron desvalorizadas por el personal de salud respecto a sus conocimientos de medicina ancestral, subrayan que ese saber les fue despojado: “Te anulan, te hacen olvidar tu sabiduría. Después ellos se quedan sin remedios, y nosotras sin el pan y sin la torta”, cuenta en el informe Guadalupe, una de las integrantes de la Red Puna (en Jujuy), organización que es parte del MNCI Somos Tierra.

Si bien desde las organizaciones mencionaron que pueden “hacer mucho” también afirman que “sin un Estado presente no es suficiente”. Entre las conclusiones finales del informe se presentaron recomendaciones para políticas públicas, dentro de las cuales se encuentra “Diseñar políticas públicas en salud desde una perspectiva integral focaliza da en las particularidades de la población rural, que considere especialmente las distancias, el modo de vida y la cultura”; “Implementar un sistema integral de cuidados, donde se garantice que brindarlos y recibirlos pueda ejercerse independientemente de la condición social, económica, laboral, de género, de capacidad y de ubicación geográfica”; e “Implementar la normativa existente sobre uso de agrotóxicos y prohibición de fumigaciones en zonas pobladas, sancionando su incumplimiento”.

“Denunciar los crímenes de guerra de Israel no es antisemitismo”

“Denunciar los crímenes de guerra de Israel no es antisemitismo”

Ago 22, 2024 | Destacado 5, Vidas políticas

El exlegislador porteño del MST, Alejandro Bodart, fue absuelto en el juicio iniciado por la DAIA que lo acusaba de violar la Ley Antidiscriminatoria a partir de dos twitts donde opinaba sobre los ataques contra el pueblo palestino.

El exlegislador porteño Alejandro Bodart, dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) que integra el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), fue absuelto ayer, 21 de agosto, en el juicio que la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) llevó a cabo en su contra por opiniones que entendían como discriminatorias y antisemitas.

“Hemos triunfado”, lanzó Bodart al salir del juzgado. La frase disparó la ovación de los militantes y dirigentes de su partido, quienes lo recibieron bajo una leve lluvia fuera del recinto con un micrófono, parlantes, banderas partidarias y pancartas que rezaban: “Defender a Palestina no es delito”. Mientras tanto, entonaban “contra el silencio y el Apartheid, vamos a la calle, Palestina va a vencer”.

“Ha sido un juicio político, donde se ha podido, a través de los testigos y de la defensa excepcional que he tenido, contrarrestar este intento de bozal por parte de la DAIA para que los que defendemos la causa de Palestina nos callemos la boca”, prosiguió el ahora absuelto, para luego ceder el micrófono a sus abogados defensores, María del Carmen Verdú e Ismael Jalil, ambos integrantes de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CoRRePI), a quienes agradeció por haber “defendido la causa con el corazón, además de con el derecho”.

Verdú señaló: “Para CoRRePI ha sido un honor y se trata de una cuestión de principios, es parte de nuestra práctica cotidiana en la militancia antirrepresiva la defensa de cualquier persona represaliada por lo que dice o hace en el ámbito de la militancia social. Pero se facilita mucho más cuando, además, compartís y estás convencido de lo que hay que defender en el caso concreto. Acá no tuvimos que hacer malabares porque no estábamos de acuerdo con algo que hubiese dicho Alejandro Bodart y que fuera motivo por el que llegó a juicio. Es nuestra propia convicción porque sabemos que defender Palestina no es delito”.

Jalil, visiblemente emocionado, agregó: “Desde esta sangre que corre por mis venas, por los ancestros míos, por su cultura, por su creencia, por su fe, por lo que fuere… traigo el agradecimiento de un pueblo que está siendo brutalmente exterminado por un enemigo de la humanidad que se llama sionismo. El Estado genocida de Israel se está comiendo a cada uno de mis hermanos. Tengo aquí la foto de la casa de mi prima bombardeada en el sur de Beirut ahora, hace escasos cuatro días, cuando estábamos sentados acá dentro”.

También aprovechó para saludar a la convocatoria: “Algunos dirán ‘¿pero qué hace esa gente ahí?’. Esa gente aquí está levantando la bandera más hermosa que nosotros conocemos que es la de la solidaridad internacionalista, porque creemos fervientemente en que si tocan a un ser humano con un acto de injusticia, están tocando a todos los seres humanos de la Tierra”. Para terminar, destacó: “Durante todos estos días, la parte acusadora miraba para atrás y tenía una pared. La otra parte, tenía compañeras y compañeros. No hay ninguna posibilidad que nos derroten mientras exista este compromiso.

Antes de la foto de rigor con todos juntos para cerrar el acto, Jalil retomó el micrófono y dedicó la victoria “en memoria de Norita Cortiñas”, integrante de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, quien estaba anotada como testigo por la defensa pero falleció el pasado 30 de mayo.”

La acusación

Los dichos que la DAIA apuntó contra Bodart para el litigio fueron “Sionistas=Nazis” y “74 años de la catástrofe que vive el pueblo palestino, a manos del Estado racista y genocida de Israel. La llave, símbolo de sus casas y tierras robadas, está presente en cada lucha. Por una Palestina laica y democrática, del río al mar”, ambos vertidos en la red social entonces llamada Twitter (ahora X) por el exlegislador porteño en mayo de 2022.

La acusación fue por discriminación, en el marco de la Ley N° 23592, y por antisemitismo, en los términos de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA, por su siglas en inglés), que, en su punto décimo, entiende como antisemita “establecer comparaciones entre la política actual de Israel y la de los nazis”.

Consultada al respecto por este medio, Verdú aclaró: “Esa es una definición que ha sido votada en algunas legislaturas, pero que no tiene carácter vinculante ni mucho menos es una ley penal, entonces no puede modificar el Artículo 3º de la Ley Antidiscriminatoria, que era el delito aquí imputado. Pretender asimilar, como lo hace esa definición, la crítica a una política de Estado con el ataque a un pueblo sería lo mismo que decían los defensores del genocidio y la dictadura cívico militar eclesiástica argentina cuando hablaban de la campaña anti Argentina porque denunciábamos los campos de concentración, los chupaderos, los desaparecidos y desaparecidas y reclamábamos el fin de la dictadura”.

Comentó también sentir “una enorme alegría por haber logrado este resultado exculpatorio. Era evidente que tenía que ocurrir, si esto hubiese sido una simple cuestión jurídica nunca hubiéramos llegado a la instancia de debate porque la acusación era completamente infundada”. Y concluyó: “El anticipo que hizo la jueza Molina no nos deja dudas de que estuvo muy atenta y valoró como corresponde cada uno de los testimonios que explicaron cuál es la posición frente a la causa Palestina y porqué denunciar los crímenes de Estado, de guerra y de lesa humanidad cometidos por el Estado de Israel no es, en modo alguno, un acto antijudio ni antisemita. Todo lo contrario, la propia colectividad judía defiende el derecho a la existencia del pueblo palestino tanto dentro del propio Estado de Israel como en el resto del mundo donde levantan la consigna ‘no un genocidio en nuestro nombre’”.

En cuanto a los testimonios, estos “incluyeron el del premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y de personalidades insignes en la defensa de la causa judía como Laura Alche, viuda de una de las víctimas de la masacre impune de la AMIA. Como dijo Myriam Bregman cuando declaró, quienes padecen en carne propia el antisemitismo y el antijudaismo se dan cuenta perfectamente cuando se trata de un agravio, de un demérito o de una discriminación y cuando se trata de cuestionar una posición política, como es el sionismo, que es una corriente política dentro de la colectividad judía pero que no es equivalente a la comunidad judía”.

Justamente, en mayo, el presidente de la AMIA también acusó de antisemita a Adolfo Pérez Esquivel por expresar que “la educación es para generar conciencia crítica, hombres y mujeres libres y no esclavos, no gente sometida a estos poderes que quieren hacer de nuestro país una colonia de Estados Unidos y de Israel” en su discurso en el acto de la marcha universitaria realizada en el mes de abril.

A mediados de julio, la DAIA también había acusado de “terrorista” al periodista Alejandro Bercovich, por cuestionar el discurso del titular de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) al señalar que “la dirigencia comunitaria está librando otra batalla, otra guerra, aunque decirle guerra a lo que pasa en la Franja de Gaza es una exageración imperdonable”.

Otro caso resonante se dio en 2023, cuando la DAIA intentó impedir la realización del show de Roger Waters en el Estadio Más Monumental, de River Plate, por acusarlo, otra vez, de antisemitismo, al criticar el accionar del Estado de Israel.

Al ser preguntado por estos casos desde ANCCOM, Jalil acotó: “Este fue el avance más osado que han tenido porque lo que intentan desesperadamente es frenarnos. Esto es la prueba de la derrota estratégica del sionismo, los pueblos del mundo no compran más el discurso de que ellos son los judíos”.

De paso, criticó a los medios de comunicación “que se callaron, ningunearon y ocultaron lo que es capaz de hacer el Estado de Israel y que también están colonizados en alguna medida. A ver si ahora se atreven a decir lo que aquí ha pasado.

Por su parte, Bodart comentó a ANCCOM: “El triunfo es importante porque querían sentar un precedente, el de que por criticar al sionismo y al Estado de Israel podrías ser motivo de una sanción judicial penal. Esta resolución permite que la causa Palestina se fortalezca y que la gente no tenga temor a hablar para que no le hagan una causa”.

No es el único dirigente político que defiende la causa Palestina. Consultado acerca de por qué entiende que lo judicializaron a él, respondió que “yo vengo insistiendo con que el Estado de Israel se creó sobre la base de hacer una limpieza étnica en un pueblo. Lo cual no quiere decir que tiene que desaparecer la gente que está dentro, porque los Estados son instituciones jurídicas, pero yo creo que hay que volver a antes de 1948 y que tiene que haber un Estado Palestino único y laico en la región”.

Sobre la DAIA, declare: “Acá han querido demostrar que cuando yo digo eso, quiero hacer desaparecer a la gente. Hicimos desaparecer el Estado nazi, no quiere decir que íbamos a matar a todos los alemanes. Aparte, los Estados nacen, crecen y desaparecen permanentemente. Ese Estado es un enclave colonial que se ha construido sobre la base de traer población extranjera y, por cada extranjero que viene, intentar echar a un palestino para que viva en condiciones inhumanas”.

Este conflicto legal se inscribe en medio del aumento de las incursiones israelitas en terreno palestino por las cuales la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se declaró “alarmada” recientemente debido a la cantidad de asentamientos ilegales que Israel ha ido instalando en Cisjordania y Jerusalén, denunciando que atentan contra el derecho internacional, como reseña El País.

Sobre el rol de la Fiscalía, criticó que “actuó completamente colonizada por la DAIA, incluso conociendo poco sobre medio oriente, porque se demostró que no conocían, fue más ofensiva que la propia DAIA. Se supone que la Fiscalía tiene que defender una cosa pero ser ecuánime, acá la ecuanimidad se fue al diablo a tal punto que pidió más pena que la DAIA”.

Al cierre de esta nota, ANCCOM quiso contactar a representantes de la DAIA pero no obtuvo respuesta. Sin embargo, la insticuón publicó en X un comunicado en el que menciona que “el 28 de agosto se informarán los fundamentos y, posteriormente, la DAIA interpondrá su Recurso de Apelación”.

La sentencia se leyó en el Juzgado del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a cargo de la jueza Natalia Marcela Molina, ubicado en Suipacha al 150, a tres cuadras del Obelisco.

Reforma, reelección y después

Reforma, reelección y después

Ago 22, 2024 | Destacado 3, Vidas políticas

Este jueves se cumplen 30 años de la última reforma constitucional que, entre otras cosas, permitió la reelección de Carlos Menem e incorporó a la legislación argentina los tratados internacionales que amplían derechos. Convencionales constituyentes y constitucionalistas analizan sus luces y sombras.

“Todas las reformas constitucionales importantes salieron de momentos de crisis”, expresó en diálogo con ANCCOM Roberto Gargarella, abogado constitucionalista, jurista y sociólogo, al ser consultado acerca de la reforma constitucional de 1994, de la cual se estarán cumpliendo 30 años el próximo jueves 22 de agosto. Este hito histórico, que llevó tres meses de debate mediante una convención constituyente, significó un antes y un después en cuanto a la incorporación de derechos y le devolvió a la Constitución Nacional una legitimidad que había sido puesta en duda.

El “Núcleo de Coincidencias Básicas” fue el antecedente más directo de esta reforma. Más conocido como Pacto de Olivos, este suceso estableció un acuerdo entre las dos principales fuerzas políticas del país en ese momento: el Partido Justicialista (PJ), encabezado por el entonces presidente de la Nación Carlos Menem, y la Unión Cívica Radical (UCR), representada por Raúl Alfonsín, expresidente de la república. Si bien durante la presidencia radical ya se había iniciado la búsqueda de una reforma a través de la creación del Consejo para la Consolidación de la Democracia, no es hasta 1993, en el mandato menemista, que el proyecto comienza a ver la luz gracias a los acuerdos establecidos entre ambos dirigentes en la Residencia Presidencial de Olivos.

Roberto Gargarella, especialista en derechos humanos, democracia y derechos constitucionales, sostuvo que la reforma tiene que ser explicada a través de dos contextos diferentes pero inseparables. Por un lado, el contexto político de ese momento: “Mirado de cerca tuvo mucho que ver con una extorsión que hizo Menem dispuesto a hacer cualquier cosa, buscando su reelección, que la vieja Constitución impedía”. Y, por parte de Alfonsín, fue un intento de frenar el momento de quiebre al cual se dirigía su fuerza política. En el mismo sentido Eduardo Barcesat, uno de los doce constituyentes electos de Capital Federal por el Frente Grande, agregó: “Afortunadamente, cuando el proyecto llega al Congreso, se habilitaron otros temas más allá de los previstos en el Pacto de Olivos, que favorecían a que se contemple al pueblo de la Nación Argentina y son los que dieron mayor brillo a la reforma constitucional del año 94”.

Gargarella también analizó que vista desde lejos, “la reforma encaja en una serie de procesos que se daban en esos años en América Latina. Estas reformas que se dieron a fines del siglo XX hablan de un modelo latinoamericano de pensar el constitucionalismo que tiene algo muy interesante y algo muy preocupante”. Poniendo a la Constitución mexicana de 1917 como el punto de inicio de dicho modo de pensar, el abogado y jurista explicó que su importancia radica en la incorporación que hubo en materia de derechos económicos y sociales en una Constitución Nacional. No obstante, destacó que estas constituciones que incorporan reformas tan profundas y radicales -entre las que incluye a la reforma argentina del ‘94- presentan una contracara: el constitucionalismo latinoamericano, por un lado, proyecta “una cara progresista, avanzada, de cambios y más acorde al siglo XXI” en lo referente a la incorporación de tratados de derechos humanos como bandera principal pero, por el otro, presenta “una cara conservadora, verticalista, reaccionaria y desconfiada de cualquier democracia que se visualiza en la organización del poder”.

De este modo, la aplicabilidad de los derechos que se reglamentaron en la Carta Magna se ven limitados por los obstáculos generados debido a la jerarquía de poder que se establece entre los jueces, los legisladores y el Ejecutivo. “La mala noticia es que las dos partes de la Constitución no caminan solas, una toca la otra. Lo que no se hizo en materia de organización y preservación del poder termina limitando lo que podemos hacer en materia de derechos”, sentenció el jurista.

Tres meses de deliberaciones

Entre el 25 de mayo y el 22 de agosto 305 convencionales que representaban a 18 fuerzas políticas debatieron y sancionaron la reforma de 44 artículos de la Constitución.

En las gradas del paraninfo de la Universidad del Litoral (UNL), en la ciudad de Santa Fe, se llevaron a cabo gran parte de las sesiones de la Convención Constituyente. Estaban “llenas de representantes de los pueblos originarios, con sus cánticos, sus banderas y sus brazos en alto”, comentó Barcesat, al referirse al debate sobre el Iinciso 17 del Artículo 75 de la reforma que significó una reparación histórica para estas comunidades al serle reconocido su derecho inajenable sobre sus tierras ancestrales. Sobre el cambio en la titularidad de los recursos naturales a partir de la reforma, a favor tanto de la propiedad provincial independiente de nación como del reconocimiento a la autodeterminación de los pueblos, el constituyente sostuvo: “Es el derecho a la titularidad de los pueblos, no de los Estados o del Gobierno, sobre el conjunto de sus riquezas”. A su vez, este abogado constitucionalista, defensor de derechos humanos, resaltó otra cláusula que también generó “gran emotividad popular”: la incorporación novedosa de tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, que sentaron un gran precedente. Con apoyo de diferentes organismos se incorporaron el habeas corpus y el habeas data, incluyendo la desaparición forzada de personas como motivo para su pedido.

El resto de las sesiones de la Comisión se desarrollaron en Paraná, la capital entrerriana. Durante los tres meses que llevó el debate, las posturas respecto a la modificación de la Constitución se mantuvieron divergentes. “El análisis histórico que hicimos en aquel momento estuvo muy salpicado por la activa oposición de quienes estaban contra la reforma”, aclaró María del Carmen Feijoó, socióloga, investigadora y convencional constituyente electa del Partido Justicialista por la provincia de Buenos Aires. Y continuó: “Pertenece a un tiempo en que la actividad política o partidaria era una actividad totalmente priorizada en el grueso de la sociedad”. Aunque respecto a este punto, Barcesat acotó que la reforma también “tenía una prensa totalmente adversa”.

Entre otros de los derechos incorporados a la Carta Magna se encuentran los referidos al amparo, al medio ambiente sano, al secreto de las fuentes periodísticas y a la defensa de usuarios y consumidores. Creó, además, nuevas figuras como la del Defensor del Pueblo y la del Jefe de Gabinete y estableció novedades referentes a la elección del Presidente, tales como su elección directa, la posibilidad de ballotage, la reducción de su mandato de seis a cuatro años y la posibilidad de su reelección. Por otro lado, se incorporaron mecanismos de democracia semidirecta, dotados de mayor participación ciudadana, como la iniciativa y la consulta popular.

Sin embargo, a pesar de que la reforma introdujo innovaciones en materia de derechos, hay cuestiones que hasta el día de hoy siguen siendo problematizadas como, por ejemplo, la aplicabilidad real de estas incorporaciones. “Para la efectividad de estos derechos hay que hacer una obra de ingeniería social que ponga en conexión el derecho reconocido con la necesidad de que se implemente en la vida material y cotidiana. Si esto no se implementa en normativas y prácticas sociales que lo hagan posible, queda como una especie de nube jurídica que flota sobre nosotros pero que no transforma la realidad pero que desgraciadamente padecemos”, explicó Barcesat.

“Infames traidores a la patria”

“El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.
Artículo 29 Constitución Nacional

“El DNU y la llamada Ley de Bases y Puntos de Partida, constituyen un engendro normativo”, declaró Barcesat. El constitucionalista hizo hincapié en el desprecio que tiene la actual presidencia libertaria, y en particular el mandatario Javier Milei, por el texto constitucional, puntualmente en referencia a la delegación de facultades que le fueron cedidas por aprobación principalmente del oficialismo y la Unión Cívica Radical, durante su tratamiento en el Congreso.

 

Barcesat reflexionó sobre el Artículo 29 de la Constitución Nacional, originario de la constitución de 1853, en donde se condena cualquier hecho de violencia que subsuma la vigencia de la misma con la calificación de ‘infames traidores a la patria’ a quien inste contra la división de poderes. Lo relacionó con el Artículo 39 que fue incorporado en la última reforma y en el que se agrega que todos los ciudadanos argentinos tienen el derecho a la resistencia contra quienes efectúen este tipo de actos de violencia institucional. Considera que “se ha pisoteado” la Constitución Nacional en la actual gestión, que no tiene respeto alguno por su validez y que constituye el principal motivo de la enorme cantidad de juicios políticos que se han desplegado contra el presidente. Explicó que este desempeño debería significar en la práctica la inhabilitación inmediata para ejercer cargos públicos y la nulidad de aquellos actos que se realicen y que por ningún motivo deberían ser permitidos ni quedar impunes. En cuanto al cumplimiento de la misma puntualizó: “Si esta Constitución se aplicara con honestidad habría más protección a lo que llamamos soberanía política, independencia económica y justicia social”.

“Sin fuerzas políticas, sin Estado, lo que hay por delante es el abismo”, declaró Feijoó en diálogo con ANCCOM, en referencia al resquebrajamiento de la dirigencia política actual que, según la socióloga, lleva tiempo derrumbada en una profunda decadencia. Agregó que “la capacidad de renovar un proyecto de convergencia nacional, tiene como condición sine qua non el fortalecimiento de los partidos políticos”. Es decir, que no hay posibilidad de que se consolide un mismo modelo de país sin la condición necesaria de la refundación política, de la que la especialista en desarrollo social, educación y pobreza no ve más que algún destello de lo que supo ser. Feijoó reflexionó acerca del deterioro en el debate político, que ha perdido su profundidad y se refleja en la calidad de la formación de la clase política. Como ejemplo, mencionó la “pobreza franciscana de los últimos debates presidenciales”. Y analizó las causas de esta fragmentación como fruto de diferentes “avatares socioeconómicos” que Argentina ha atravesado en las últimas décadas y dejando consecuencias determinantes en la representación política.

¿Una reforma en el horizonte?

“Así como vivimos una revolución de los derechos en el siglo XX, hoy debemos tomar conciencia que hay un rezago en materia democrática que es tan devastador como lo fue la crisis de los derechos en los 50 después de la debacle del fascismo”, declaró Gargarella, al ser consultado sobre la posibilidad de una nueva reforma constitucional que se aggiorne a los tiempos actuales. Y agregó: “Hoy por hoy hay cosas importantes que se pueden hacer más allá de la reforma. Lo que sí deberíamos mejorar es el diagnóstico de lo que estamos haciendo. La pregunta es cómo el ciudadano común pasa a tener un rol más relevante en la vida constitucional”. Y advirtió: “La democracia no puede ser reducida a elecciones”.

Sobre una futura reforma se expresaron con miradas disímiles Feijoó y Barcesat. Mientras que la primera cree que no es necesaria, Barcesat se autodenomina como reformista del texto constitucional: “Creo que ya se abrió el camino para una nueva reforma” y se refirió a los puntos que le interesaría incorporar: “La integración del dominio y soberanía argentina sobre las islas Malvinas y su sector antártico. Pero además los espacios marítimos y aéreos sobre el territorio”.

Mujeres sin consuelo

Mujeres sin consuelo

Ago 21, 2024 | Culturas, Destacado 4

«Partió de mí un barco llevándome» es un documental de Cecilia Kang -una directora nacida en Buenos Aires desdendiente de coreanos- que relata la historia de las jóvenes asiáticas secuestradas y violadas reiteradas veces por el ejército nipón ocho décadas atrás. ¿Quiénes son las Abuelas orientales?

Cecilia Kang es directora y guionista. Nació en Buenos Aires y allí vivió toda su vida, pero el origen de su familia proviene del otro lado del mundo, Corea del Sur. Hace 39 años convive con esas dos culturas tan disímiles entre sí.

En 2013, mientras ideaba su ópera prima, viajó a la tierra de sus padres, donde conoció a Kim Bok-Dong, sobreviviente y símbolo de las “mujeres de consuelo” (“comfort women”), esclavas sexuales de soldados japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Hasta ese entonces, ella desconocía esa parte de la historia. El relato la estremeció y volvió a Buenos Aires convencida de querer contarla. 

Una década después nació Partió de mí un barco llevándome, un documental que relata la historia de las jóvenes asiáticas secuestradas y violadas reiteradas veces por el ejército nipón ocho décadas atrás. Pero no lo hace desde una perspectiva histórica, sino a través de los ojos de Melanie Chong, la protagonista, una joven argentina de padres coreanos, atravesada por la inmigración, el desarraigo y la violencia de género.

El film debe su nombre a un poema de Alejandra Pizarnik (Árbol de Diana, 1962) que, en palabras de su directora, “habla sobre ciertas experiencias en el mundo que no se pueden expresar con palabras”. “Partió de mí un barco llevándome tiene que ver con esa cuestión de identidades desplazadas, cómo somos cuando somos desplazados del lugar donde estamos. Es un vehículo para poder poner en imágenes y sonidos aquellas cosas que quizás con palabras es tan difícil decir y pronunciar”, relató Kang a ANCCOM.

El documental se estrenó mundialmente en la última edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, donde ganó el Premio Especial del Jurado y el Premio del Público. Recientemente aterrizó en el Festival de Cine de Lima, que finalizó su 28° edición el 17 de agosto pasado. Actualmente se puede ver todos los sábados de este mes en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA). Se espera que próximamente pueda llegar a otras provincias del país. Su directora, espera también proyectarla en Corea del Sur, ya sea en el marco de un festival o circuito alternativo.

Cecilia Kang, directora de Partió de mí un barco llevándome. 

¿Por qué decidiste contar la historia de las “mujeres de consuelo” en tu película?

Yo desconocía completamente esta parte de la historia. La descubrí porque tuve la oportunidad de conocer a una de las sobrevivientes en el año 2013. Estaba viajando por Corea, filmando cosas para mi primera película y allí, muy de casualidad en un Congreso de Mujeres, tuve la oportunidad de conocer a una de las sobrevivientes. Fue una experiencia completamente dolorosa, pero también me abrió los ojos, sentí la necesidad imperiosa de contarla. Volví a Buenos Aires y pensaba: “Esto se debería saber más”. ¿Cómo puede ser que ni yo, que soy hija de coreanos, sabía esto que había sucedido? Esa fue la motivación inicial. Encontrarme con esa sobreviviente me dio la necesidad, pero también el coraje, para animarme y hacer una película sobre esto.

 

¿Y por qué decidiste contarlo a través de la historia de otra joven?

Yo no soy historiadora, no me sentía con credenciales suficientes para poder hablar y hacer una película sobre este hecho histórico porque es algo muy doloroso e inabarcable. Nuestro punto de partida fue preguntarnos: ¿cómo poder traer al presente esa porción del pasado? La idea no era hacer una película sobre revisionismo histórico ni mucho menos, sino pensar, en este presente, cómo ese pasado sigue resonando todavía en nosotras, en mí. Así fue como decidimos poner el motor en el presente. También tuvimos la suerte de encontrar a alguien como Mélanie Chong, la protagonista ideal de esta película, alguien que le puso el cuerpo a esta reflexión. A través del ejercicio que la directora le propone en la película (el de preparar el testimonio de una sobreviviente) es donde entendemos cómo ese hecho sigue todavía afectando nuestro presente. Eso se puede observar justamente a través de la vida diaria de Melanie que dialoga con el texto que está preparando ella como actriz.

 

¿Por qué elegiste como protagonista a una actriz argentina de padres coreanos? ¿Por la similitud con tu experiencia personal o por el tema que trata la película?

Hicimos un casting abierto para todas las chicas de la comunidad coreana, de un rango etario parecido al de aquellas mujeres secuestradas y explotadas. La primera escena de Partió de mí un barco llevándome es un casting real. La idea era buscar no una, sino varias chicas con las que pudiéramos conversar, escucharlas y ver qué pasaba con esas lecturas, qué pasaba cuando alguien de la comunidad coreana, como yo, alguien que nació acá pero que tiene padres coreanos, puede escuchar y reproducir un testimonio en primera persona de esas mujeres. Era tratar de emular aquello que yo sentí cuando conocí a una sobreviviente en Corea. Pero lo más interesante no fueron las lecturas y las reflexiones posteriores, sino las pequeñas entrevistas que yo les hacía a estas chicas para conocerlas más, para entender cómo eran sus vidas duales culturalmente, ser hija de coreanos, ser argentina, ser coreana, ser todo y no ser nada. Era muy evidente que estas chicas todavía vivían en ciertas estructuras opresivas, había ciertos elementos que seguían operando en sus vidas, pero sin que se dieran cuenta. En realidad es algo que nos pasa a todas de alguna forma. Bueno y fue así cómo conocí a Melanie con quien conecté rápidamente. Sentí una especie de reflejo entre ella y yo.

 

¿Y cómo se vive esa vida dual de la que hablas? 

Es una pregunta que yo misma me hago todo el tiempo y la verdad es que aún no tengo una respuesta. Es decir, es una respuesta que se reescribe constantemente. Yo creo que hago películas para poder responder esa pregunta, es un motor que me inspira a hacer cosas, a crear.De alguna forma todos nos preguntamos quiénes somos y cuando nos preguntamos quiénes somos es inevitable preguntarse de dónde venimos. En mi caso, eso es complejo y dual: ser coreana, ser argentina, ser las dos cosas, no ser nada. Por momentos esa dualidad es súper luminosa, pero también hay muchos momentos de contradicción que viví en mi vida y que sigo viviendo. Pero, bueno, son las conformaciones que tenemos y es la riqueza también que tiene cada uno. Yo creo que cuanto más diversas son las sociedades, más enriquecedor es. Yo agradezco tener la posibilidad, más allá de las contradicciones con las que vivo, de poder ampliar mi mirada en ciertas cuestiones. Es parte de quien soy y trato de vivir con eso.

Todos los miércoles al mediodía, desde enero de 1992, las víctimas junto a grupos sociales marchan frente a la Embajada de Japón en Seúl exigiendo justicia. Como argentina, es inevitable hacer una conexión automática con la Ronda de las Madres de Plaza de Mayo de todos los jueves.

Cecilia Kang

¿Encontraste puntos en común entre Argentina y Corea del Sur a la hora de llevar a cabo este documental?

Si, claro. Cuando comenzamos la investigación con Virginia Roffo (guionista de la película) leímos mucho al respecto. Allí descubrimos que existían “las marchas de los miércoles” (todos los miércoles al mediodía, desde enero de 1992, las víctimas junto a grupos sociales marchan frente a la Embajada de Japón en Seúl exigiendo justicia). Obviamente, como argentina, es inevitable hacer esa conexión consciente y automática con la Ronda de las Madres de Plaza de Mayo todos los jueves. De hecho, los coreanos llaman “abuelas” a estas sobrevivientes (“halmeoni” en coreano), son las abuelas en Corea. Es inevitable hacer esta conexión y conmoverse. Es una conexión más emocional. Además, para mí era tan poético porque, aunque muy distintas, son luchas y experiencias que vivieron las mujeres. Dolores distintos pero igual de grandes e inabarcables. Y, a diferencia de lo que ocurre en Corea, nosotros, como argentinos y argentinas, sí podemos decir que acá se logró justicia. Es importante remarcar y defender eso, más que nada hoy en día, donde hay ciertas políticas que quieren echar para atrás luchas muy grandes y avances gigantescos que se hicieron y que se reconocen internacionalmente, como la lucha de las Madres y las Abuelas. Hay muchas diferencias, claro, son luchas y crímenes diferentes, pero yo creo que hay una conexión política, que nos ayuda a reflexionar y a poder tratar de hacer mejor las cosas para vivir en una sociedad más justa.

 

¿Cómo fue recibida la película en la comunidad coreana?

Estoy muy sorprendida y muy agradecida con la comunidad coreana de Buenos Aires. En cada proyección que tenemos siempre encontramos gente que viene de la comunidad y cuando termina la película nos felicita. Por un lado, por las nuevas generaciones, por esta cuestión de entender que es importante dar luz a estas historias del pasado para que justamente no vuelvan a ocurrir. Pero también la conexión inevitable que tienen las personas de la comunidad coreana con una historia como esta, con respecto a todas las consecuencias que significa ser migrante o hijo de migrantes. Entonces cuando hay una película que está hablando de tu comunidad es inevitable sentirse interpelado e identificado. Yo agradezco mucho las devoluciones, las lágrimas y los abrazos después de cada proyección. En Corea del Sur todavía no la mostramos. Estamos esperando justamente eso, ver si tenemos alguna oportunidad para llevarla a algún festival de cine, y si no proyectarla en algún circuito alternativo, lo cual me encantaría porque me gustaría saber qué opinan, qué pensarán los coreanos, allá en Corea del Sur, acerca de esta película, cómo tomarán que una persona que no es de allá hable sobre ese aspecto de su historia.

 

¿Por qué es importante contar este tipo de historias en nuestro cine?

Estas historias tienen un valor muy importante en general, en el mundo. En mi caso, sentí la necesidad de visibilizar aquellos espacios de los que quizás yo formo parte pero mucha gente desconoce. Por eso también siempre me interesa hacer películas que traten estos temas, ser mujeres o, en mi caso, ser parte de la comunidad coreana en Argentina. Siento que son espacios que no tienen tanta visibilidad o tanta voz desde adentro, porque siempre existe esa mirada exotizante de afuera que puede juzgar o definir. Y no hablo solo de mi comunidad, sino de todas las comunidades, minorías y divergencias. Me parece que siempre es más interesante ver películas con una voz que lo cuente desde adentro. Pero también es importante porque esto que muestro es una faceta más de la identidad argentina. En primera instancia se puede ver como algo exótico y ajeno, pero no, todo lo contrario. Es una muestra de cómo y quiénes somos los argentinos. Los argentinos somos esto también, esta multiculturalidad. Es un patrimonio cultural que tenemos que defender y mostrar, sobre todo hoy cuando hay políticas que van en detrimento de esto. El valor de nuestro cine es mostrar quiénes somos y si un país pierde esa voz ¿quién nos va a reconocer?, ¿quién nos va a defender? Esta película es importante no solo para visibilizar, sino también para sostener espacios que se ganaron gracias a luchas muy importantes. No todos los países tienen la libertad de poder contar las cosas que se cuentan en nuestro cine.

 

¿Qué opinas de las políticas públicas que viene llevando el gobierno de Javier Milei contra la cultura en general y contra el cine en particular?

 

Es todo muy lamentable. Nuestro cine es reconocido y respetado en todo el mundo. Es una lástima que quieran demonizar y tirarlo abajo por cuestiones de ignorancia, por no entender cómo funciona una industria. Porque el cine no es solo cultura, es industria y trabajo. Por ejemplo, nosotros hicimos esta película gracias al subsidio de Vía Digital, que se otorga para la realización de documentales, pero hoy por hoy ese subsidio no existe más, películas como las nuestras ya no se pueden hacer. Eso te marca ya la situación en la que estamos. No podemos perder nuestra identidad, hay que seguir luchando por ella. La importancia patrimonial de un país no es solo lo económico o lo financiero, sino también lo cultural.

 

Día Nacional de las Mujeres de Confort

El crimen contra las miles de mujeres secuestradas y explotadas sexualmente en manos del ejército nipón aún sigue impune y millones de coreanas reclaman justicia. Por ello, y a partir del primer testimonio de una de las sobrevivientes el 14 de agosto de 1991, se exige que el Estado japonés se responsabilice por estos actos y pida disculpas a las víctimas.

En honor a Kim Hak-Soon, la primera mujer que se animó a contar lo sucedido y que incentivó a muchas otras más, el gobierno coreano conmemora el Día Nacional de las «Mujeres de confort» cada 14 de agosto desde el año 2018.