Después de 46 años, comenzó el juicio por la masacre del Pabellón Séptimo

Después de 46 años, comenzó el juicio por la masacre del Pabellón Séptimo

Oct 9, 2024 | DDHH, Destacado 5, slider

Considerado como un crímen de lesa humanidad de la última dictadura militar, se investiga a tres responsables del Servicio Penitenciarios acusados por la muerte de 65 presos comunes y las heridas causadas a otros 88.

El pasado miércoles 9 se inició en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5 de la Ciudad de Buenos Aires el juicio contra los tres exintegrantes del Servicio Penitenciario Federal acusados por la muerte de 65 víctimas y las heridas graves de otras 88. Fue tras una requisa y una represión en la cárcel de Devoto en 1978. El caso llega a la instancia oral y pública federal porque en 2014 fue declarado crimen de lesa humanidad.

El juicio dio comienzo en la Sala SUM del TOF 5 con la presencia de familiares y sobrevivientes, entre ellos Juan Olivero, Hugo Cardozo y Roberto Montiel. Los jueces del tribunal, Nicolás Toselli, Adriana Palliotti y Daniel Obligado, mencionaron la presencia, en representación del Ministerio Público Fiscal, del fiscal general Abel Córdoba y sus auxiliares María Laura Grigera y Viviana Sánchez. Con relación a las partes querellantes se encontraron presentes por la Secretaría de Derechos Humanos los doctores Máximo Castex y Ezequiel Uriarte, y por la querella unificada en representación de las víctimas y de la Liga por los Derechos del Hombre se presentó Claudia Cesaroni y Natalia DAlessandro. 

Los imputados estuvieron conectados vía Zoom: el ex director del Instituto de Detención de Devoto, Juan Carlos Ruiz; el exjefe de la División Seguridad Interna, Horacio Martín Galindez y  el exjefe de la División Seguridad Interna, Gregorio Bernardo Zerda. Se hizo mención de un cuarto acusado, Carlos Aníbal Sauvage, exjefe del Cuerpo de Requisa, quien falleció en el año 2021 sin que pudiera dilucidar su responsabilidad en los hechos.

Al abrir  el juicio, Toselli dio lugar a las partes acusadoras para hablar y comenzó el fiscal Córdoba. “Los hechos se enmarcan dentro del contexto del plan criminal multidimensional, donde no se tratan por eventos aislados sino ocurridos en un contexto más amplio, judicialmente acreditado, de crímenes de lesa humanidad cometidos bajo la jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército”. En ese sentido, aclaró que el Servicio Penitenciario Federal no estuvo exento de participación en la represión durante la última dictadura militar. Junto a ello, el fiscal mencionó el proceso de militarización y alerta en que se encontraban inmersas las distintas fuerzas del país durante el año 1978: “No es casual que mediante la Ley 19594 del 24 de abril de 1972 las cárceles y otros establecimientos o instalaciones que albergaban detenidos, procesados o condenados por hechos de carácter subversivo, terrorista o conexo delitos de competencia de la Cámara Federal en lo penal de la nación o detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional fueran puestos bajo control operacional de las Fuerzas Armadas, ya que ello respondía a la política de Estado imperante”. 

Luego, Córdoba disertó sobre los hechos criminales ocurridos en el interior del Pabellón Séptimo de la Unidad Penitenciaria 2 de Devoto el 14 de marzo de 1978. “No se trató de la imposición de suplicios a través de los métodos convencionales, sino de una salvaje represión donde las personas que resultaron víctimas se encontraban privadas de libertad y se vieron en condiciones de encierro absoluto al alcance del fuego y las balas de los autores”, leyó Córdoba. “A raíz de lo que fue calificado como una insubordinación por parte de los alojados en el Pabellón Séptimo del complejo penitenciario durante la madrugada del 14 de marzo y con el objeto de amedrentar a estos y sacar del pabellón al interno Jorge Omar Tolosa, los funcionarios penitenciarios dispusieron la realización de una requisa integrada por un mayor número de efectivos que lo habitual, ingresando de manera inusualmente violenta al pabellón aproximadamente a las 08:15 de la mañana de aquel 14 de marzo”.

La masacre

El fiscal general siguió con la secuencia de los acontecimientos, al detallar que los internos comenzaron a defenderse del castigo de parte del personal penitenciario, arrojando distintos elementos que tenían a su alcance y utilizando las camas cucheta para resguardarse. El cuerpo de requisa retrocedió, y frente a ello, los reclusos amontonaron camas para impedir que reingresaran. Sin embargo, los penitenciarios comenzaron a utilizar gases lacrimógenos y a disparar con armas de fuego desde la pasarela de vigilancia hacia quienes estaban en el pabellón. Como respuesta a la represión, los internos apilaron sus colchones sobre las camas que habían sido previamente colocadas contra la reja de ingreso obstaculizando así la visión del personal penitenciario hacia el interior. En un momento dado, y por motivos que no pudieron esclarecerse, los colchones que estaban apilados contra la reja de ingreso se prendieron fuego y posteriormente comenzó a presenciarse un denso y tóxico humo negro. 

A pesar de ello, las autoridades presentes del Servicio Penitenciario Federal no auxiliaron a los reclusos ni impidieron que el fuego avance, sino que continuaron disparando contra ellos armas de fuego y lanzando gases lacrimógenos desde las pasarelas exteriores de la unidad y desde los patios del complejo. Una vez consumido el fuego y abiertas las puertas del pabellón, los sobrevivientes fueron obligados a salir y cuando se traspuso la puerta de ingreso fueron recibidos por una doble fila de agentes penitenciarios que los golpearon con objetos contundentes, dándoles golpes de puño y patadas a lo largo de un pasillo que se extendía desde la puerta del pabellón hacia otros calabozos. 

A su turno, la auxiliar Grigera destacó que fueron recapitulados otros eventos relevantes previos a la jornada del incendio. Sin embargo, expresó la necesidad de analizar en profundidad el último episodio: qué se hizo y qué no de parte del servicio penitenciario. “No realizó ninguna maniobra encaminada a extinguirlo”, leía Grigera, en alusión al fuego.

Para fundamentar la acusación hacia las autoridades del penal, Grigera fue leyendo distintos testimonios de sobrevivientes que habían declarado en un sentido similar las circunstancias de los hechos, entre los apellidos mencionados estaban Ciardello, Olivero, Cardozo, Rica, Olivera, Gaitán, Montiel, Vera, Vergara, Cinelli, Berti, Romero, Mantilla, Medina, Díaz y Quintero. “Muéranse cachivaches”, “muéranse como ratas” y “muéranse de a poquito”, fueron las palabras que recuerdan algunos de ellos, y que ayer fueron leídas en la audiencia.

Los acusados

Tiempo después, fueron mencionadas las conductas descriptas y probadas que se le atribuyen a Ruiz, Galindez y Zerda (habiendo mencionado también a Sauvage). Éstas son la imposición de tormentos reiterados en 153 ocasiones, de los cuales 65 se encuentran agravados por la muerte de las víctimas. Juan Carlos Ruíz deberá responder en calidad de autor mediato ya que era quien tenía el poder de mando sobre el personal que intervino en las torturas y por ser la máxima autoridad presente en el día de los hechos en la unidad carcelaria. En tanto, Horacio Galíndez y Gregorio Zerda son señalados como coautores, porque las acciones sólo podrían haberse llevado a cabo bajo expresas órdenes del director y máxima autoridad del instituto penal.

Dicha acusación se fundamentó al mostrar -a través de testimonios y documentación- que una vez comenzado el incendio, las autoridades presentes dejaron avanzar el estrago con el objeto de someter a los internos a un castigo ilegal. Y una vez apagado el fuego, torturaron a los sobrevivientes. “Ya culminado el mismo sometieron a los sobrevivientes a graves castigos físicos que se prolongaron durante todo el recorrido desde el pabellón séptimo hasta los calabozos a los que fueron arrojados” leyó Grigera.

Torturas

Tras un cuarto intermedio, la abogada Claudia Cesaroni presentó una síntesis del requerimiento de elevación a juicio. “Esta causa fue reabierta a partir de la insistencia de un sobreviviente, Hugo Cardozo, y de la determinación del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos en el año 2011. Nosotras somos parte de un equipo jurídico que trabaja activamente de modo militante por la defensa de los derechos de las personas privadas de libertad en aquel momento y en el presente”, expresó. Esa insistencia se concretó en la presentación ante la justicia federal en marzo de 2013. 

“Fuimos a pedir que esta causa se reabra, porque había sido archivada por la justicia ordinaria en 1979. A partir de eso se fueron sumando otros sobrevivientes, familiares, así como también expresas políticas que estaban en la cárcel de Devoto en ese momento y que fueron testigos de esa masacre”, explicó Cesaroni. También añadió que cada acción jurídica que fue y vaya a ser llevada a cabo será en el marco de la lucha colectiva por la memoria, verdad y justicia. A criterio de la abogada y criminalista, el Servicio Penitenciario fue parte del aparato de terror de la dictadura.

Más adelante, tuvo la palabra Natalia D’Alessandro, también abogada querellante, quien continuó con la lectura del resumen del requerimiento, reconstruyendo los hechos de las acciones iniciales al motín a partir del conflicto de la televisión con el interno Tolosa. En ella, se contó específicamente todo lo que vivieron los presos durante el incidente, incluyendo las lastimaduras, lo que sintieron al salir, pisar a otros fallecidos y saber que los continuarían golpeando a pesar de estar quemados. “La violencia fue inusual, aún para quienes estaban acostumbrados a recibir palos como parte de la rutina”, leía la abogada. 

Luego Cesaroni retomó la palabra. Entre sus declaraciones estuvo la necesidad de contrastar la versión oficial avalada por Sauvage, un planteo basado en que los presos fueron los que causaron el incendio a partir de una pelea realizada entre ellos. Sin embargo, cuando se le preguntó si se sabía quiénes habían sido los responsables de la acción dada, el exjefe del Cuerpo de Requisa contestó que no reconoció a los actores. Esta versión fue altamente cuestionada por la querella debido a dejar incógnitas sin resolver, entre ellas, cómo podía ser que ningún guardia haya presentado lesiones, o bien, por qué no se realizó ninguna tarea efectiva de parte de las autoridades para frenar el fuego. 

Al rato, Cesaroni, conmocionada,  mencionó a todos los fallecidos y gravemente heridos durante la masacre. 

Finalmente, D’Alessandro brindó unas últimas palabras en homenaje y respeto por los familiares, allegados y sobrevivientes presentes. “Deben considerarse las circunstancias en que fueron cometidos los hechos imputados así como que los mismos fueron perpetrados por agentes del Estado, todos ellos miembros del Servicio Penitenciario Federal, quienes utilizaron en todo momento medios violentos en contra de las víctimas, las cuales se encontraban detenidas bajo su custodia”, leyó. “Por todo ello, solicitamos que en primer lugar, se tenga por realizada la síntesis del requerimiento de elevación a juicio y se juzgue la masacre del Pabellón Séptimo entre el 13 y 14 de marzo de 1978 en el que 65 presos llamados comunes, fueron asesinados mediante el humo, el fuego, las balas y los golpes, y otros 88 sufrieron torturas brutales, como un crimen contra la humanidad, se asignen responsabilidades y se impongan las penas correspondientes. Porque como dicen los familiares que se han reunido para realizar este recorrido en demanda de memoria, verdad y reparación, mientras no haya justicia, el fuego seguirá quemando”, finalizó 

Posteriormente Toselli dio por formalmente cerrado el debate y concluyó la jornada, realizando un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles a las 10 horas. 

«Qué quilombo se va a armar»

«Qué quilombo se va a armar»

Oct 9, 2024 | Comunidad, Destacado 3

Mientras en Diputados se reafirmaba el veto contra la ley de presupuesto universitario, fuera del Congreso una multitud exigía por fondos a las universidades públicas. El reclamo no bastó para torcer el brazo al oficialismo. Al final, hubo incidentes con un provocador libertario y siete manifestantes fueron detenidos.

En el momento en que los diputados ratificaban el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, afuera del Congreso un grupo de estudiantes empezó a cantar “Si el presupuesto no está, ¡qué quilombo que se va a armar! Les tomamos las calles y les tomamos la Facultad”. Dos días antes habían empezado las tomas estudiantiles de universidades de todo el país. Es que la expectativa por que siguiera en pie dicha ley —aprobada el 12 de septiembre por ambas cámaras del Congreso de la Nación y vetada por Javier Milei después de la segunda marcha federal universitaria, el 2 de octubre—, había llevado a los estudiantes a pensar en estrategias para que los funcionarios públicos escucharan sus reclamos. Las tomas fueron parte de una vigilia que también incluyó abrazos simbólicos y clases públicas.

 Lo que se defendía era la declaración de la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional para el año 2024, lo que la ley establecía con el objetivo de “atenuar, ante el aumento de los costos de los bienes y servicios esenciales, el impacto que los mismos tienen para los compromisos salariales y los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales”. El presidente de la Nación, por su lado, había vetado la norma porque, según dijo a través del decreto 879/2024, “dar cumplimiento a la medida sancionada por el Congreso de la Nación dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la República Argentina, ya que significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo”.

 “Yo, que soy del interior, no podría estar acá si no fuera por la universidad pública, que aparte es una educación de calidad, porque los gastos son muchos. Si se privatiza la educación superior, va a ser muy difícil estudiar. Me parece bien que estemos acá todes juntes defendiendo”, dijo Romina Michelena a ANCCOM mientras la Cámara de Diputados todavía debatía si revertir o ratificar el veto del presidente de la Nación a la Ley de Financiamiento Universitario. Minutos antes ella, que es estudiante de la Licenciatura en Composición Coreográfica de la Universidad Nacional de las Artes, bailó junto con sus compañeras de cursada mezclando el baile con una interpretación teatral frente al Congreso nacional, para expresar con el cuerpo, y a viva voz, el deseo de que su universidad recibiera del Estado dinero suficiente para poder seguir en funcionamiento. Actuaron y bailaron sobre unas letras gigantes, escritas en la calle con tiza, que decían “No al veto diputados, los estamos viendo”. Más adelante, compañeros de otras carreras de la misma universidad cantarían a coro “Aguante el arte, la puta que lo parió” y agitarían en el aire carteles de cartón que rezarían “Creamos mundos y los defendemos”, con letras escritas a mano.

En el momento en que Michelena y sus compañeras bailaban y actuaban, ellas todavía tenían esperanzas. Aún no se imaginaban que unas horas después la Cámara de Diputados dejaría firme el veto de Javier Milei y que, a partir de entonces, el Parlamento no podría insistir con el tema por al menos un año. “Peligro, peligro, la universidad está en peligro”, gritaban las chicas mientras se movían de acá para allá, al tiempo que detrás de ellas descansaba, quieta, inmutable, una hilera de vallas negras que oficiaba de escudo para los uniformados. Es que los estudiantes universitarios no eran los únicos que estaban afuera del Congreso, también había agentes de la Policía Federal, Prefectura y Gendarmería, que miraban serios y de lejos, como forasteros de su propio país, todo lo que pasaba más allá de las vallas. 

Un rato después Oscar Bogarín, del Frente Popular Estudiantil de la Universidad de Lomas de Zamora, dijo a esta agencia que “más financiamiento para nuestras universidades posibilita que los pibes y pibas del conurbano bonaerense puedan ser el día de mañana la primera generación de universitarios de sus familias”. De ahí su presencia en la manifestación frente al Congreso para pedir a los diputados que revirtieran el veto presidencial y que la Ley de Financiamiento Universitario pudiera tener vigencia. “Una carrera universitaria no sólo es un desarrollo académico —agregó Bogarín—, sino también una herramienta fundamental para la movilidad social ascendente. Es clave para ese país que soñamos, más libre y con mayores posibilidades”. 

Mientras el referente del Frente Popular Estudiantil de la Universidad de Lomas de Zamora conversaba con ANCCOM, un monumento ubicado en la plaza del Congreso se hacía notar a través del reflejo del sol. Era una escultura chiquita que recordaba los años de la “Carpa Blanca”, una de las protestas más extensas que tuvo lugar en Argentina entre abril de 1997 y diciembre de 1999. En ese momento los gremios docentes de todo el país reclamaban un aumento en los fondos económicos destinados a la educación. Probablemente en eso pensaba un chico de un centro estudiantil cuando dijo, desde un escenario, que “el pueblo que repite la historia está perdido”.

Las vallas que oficiaban de escudo para los uniformados empezaron a temblequear cuando los diputados ratificaron el veto presidencial desde adentro del recinto. Fue entonces cuando, afuera del Congreso, un grupo de estudiantes empezó a cantar “Universidad de los trabajadores, al que no le gusta, se jode, se jode” y a hacer que las vallas se movieran. Detrás de ellas, los policías se mantuvieron quietos con sus escudos en alto, a lo que los estudiantes respondieron levantando sus banderas. La escena era la de una batalla a punto de desatarse, en la que los bandos se mantenían separados solamente por las vallas temblorosas. El agite hizo que volara por el aire un cartel y cayera al asfalto. “¿Querés bajar el déficit fiscal? ¡Renuncien a sueldos millonarios, prerrogativas y otros beneficios!”, decía la cartulina en cuestión.

Pero esa batalla sólo quedaría en guardias altas y nada más. La secuencia que seguiría después sería de otro cantar. Cuando ya quedaban pocos manifestantes, cayó al baile, trajeado y con carteles que muchos considerarían provocadores, Fran Fijap, un youtuber libertario. Fijap empezó a decir cosas y un grupo de personas comenzó a pedirle que se fuera a empujones. El youtuber salió corriendo y una muchedumbre lo siguió hasta que se ocultó en un local de empanadas. En ese momento se produjo un forcejeo y el local bajó la persiana. Después llegó la policía y todo terminó en una batalla con mucho más que guardias altas y ánimos caldeados. El influencer libertario fue hospitalizado y siete personas fueron detenidas por “atentado y resistencia a la autoridad”. Una de ellas recibió, además, cargos por “daños a la propiedad”.

Un abrazo de papel

Un abrazo de papel

Oct 9, 2024 | Comunidad, Destacado 4

Desde el año 2000 Hecho en Buenos Aires es una revista y una organización que trabaja para generar oportunidades de construir comunidad y ser una fuente material y simbólica que devuelve la identidad a las personas en situación de vulnerabilidad.

Luciano, vendedor de Hecho en Buenos Aires.

Es sábado, alrededor de las 13. Luciano Saavedra llega a Avenida San Juan 21, en el barrio de San Telmo. Cruza primero un portón grande, luego uno más pequeño y sube dos pisos por escalera. Al llegar emite, detrás de una puerta de rejas, un saludo esperando que del otro lado se acerquen. Como todos los martes, jueves y sábados la sede de Hecho en Buenos Aires (HBA) abre sus puertas a partir de las 10 de la mañana para que todos puedan acercarse. Como Luciano, que está encarando una nueva jornada de trabajo.

Hecho en Buenos Aires es una revista y mucho más que eso. Es una empresa social  cooperativa que es cobijo, comunidad, y también, como en el caso de Luciano y tantos otros, una oportunidad laboral para personas que se encuentran en situación de calle o corren riesgo de estarlo.

Carolina Aniño, síndica de la cooperativa de trabajo y editora de la revista, en diálogo con ANCCOM explicó que la revista, por un lado, funciona como fuente laboral para estas personas que viven con todos sus derechos vulnerados y, por otro, es un modo de visibilizar temas y problemáticas que forman parte de su agenda. “Siempre es doble la misión de la revista. Hacerla para que las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad puedan venir, venderlas, hacer una diferencia y ganándose el 70% del precio de tapa. Pero también en este momento en que prácticamente no se imprime nada, que queden impresas notas y problemáticas que van generando una agenda de conciencia, de invitación a participar de esta construcción del mundo de manera solidaria y cooperativa”

Ruben, vendedor de Hecho en Buenos Aires.

Luciano es una de estas personas que vende las revistas en la vía pública como fuente de ingresos para subsistir. Cuenta que se acercó a partir de la recomendación de unos amigos que también se dedicaban a esto, hace más de veinte años, luego de quedarse sin trabajo. Se pueden reconocer sus años de experiencia como vendedor en su trato con la gente: ofrece ejemplares con amabilidad y nunca pierde la oportunidad de explicarles cómo con eso ayudan tanto a quienes venden estas revistas como a toda la organización.
Aniño afirma que “desde ya lo que nos interesa es que estas historias de vida puedan ser visibilizadas, que puedan ser visibilizados esos pasos que se dan en la organización acompañando a esta gente, a cada uno. Hemos acompañado a muchísimas personas desde el 2000 en adelante. Son muchas historias de vida. Nos interesa que escriban o que cuenten sus historias, por eso también esta es una prensa de la calle, que cuenta las historias de los vendedores de Hecho en Buenos Aires”.
Además de permitirle a personas en situaciones de vulnerabilidad una oportunidad de trabajo, Hecho en Buenos Aires es una revista mensual con una agenda clara basada en el respeto y la defensa de los derechos humanos, del medioambiente, que se opone a las distintas formas de ecocidio y extractivismo, y con una gran presencia de la cultura y el arte en sus ejemplares, dedicando espacio a una sección de reseñas y recomendaciones de obras de teatro, libros y películas. También, acompañando su tarea de brindar oportunidades laborales a personas en situaciones críticas, dan visibilidad a muchas de estas historias personales.

Noelia, vendedora de Hecho en Buenos Aires.

Este sábado al mediodía Luciano tenía poco dinero para comenzar. Con sus 6.000 pesos compró 10 ejemplares. Cada vendedor adquiere ejemplares a 600 pesos cada uno y los vende al precio de tapa: 2.000 pesos. Pero está optimista: “Ahora vendo estas y con la plata que junto vengo a comprar más”, dijo antes de retirarse de la sede de HBA. Baja las escaleras, comienza a caminar por Av. San Juan y al llegar a Paseo Colón. Se encuentra con un buen número de personas que se convocan en el Espacio para la Memoria excentro Clandestino de Detención «Club Atlético, en reclamo por los despidos dispuestos por el gobierno en la Secretaría de Derecho Humanos. Sin vacilar se acerca con intención de aprovechar la oportunidad. En ese marco, los ejemplares de Luciano tuvieron en menos de veinte minutos una igual cantidad de compradores, quienes estaban dispuestos a escucharlo y colaborar con la causa.

Según Daniela Drosz, coordinadora del proyecto: “A esta revista muchos la han definido como un salvavidas. Es un lugar del que se agarran para no hundirse. Es también ese escudo con el que vuelven a enfrentarse y que les permite hablar con esas personas que, si no los vieran con la revista en la mano, muy posiblemente se cruzarían de vereda”.

Luciano cumple su primer objetivo. Regresa por el mismo camino andado hacia la sede para destinar todo lo recaudado en más revistas y salir nuevamente. Unos diez minutos más tarde ya tiene en sus manos otros veinte ejemplares. Luego de una segunda recorrida por el Paseo de la Memoria, se dirige hacia la Plaza Dorrego para continuar su jornada laboral, la cual no termina “hasta que no venda 15 o 20 que me alcancen para hacer una moneda”, explica. Entre alguna otra changa y lo que genera con la venta de estas revistas, Luciano cuenta que “el año pasado pude terminar mi casa.”

“La empresa social no tiene como objetivo la reproducción del capital sino la reproducción de la vida”, dice Drosz.

En tanto empresa social cooperativa sus integrantes se reconocen parte de esta organización. Para Drosz, “la empresa social no tiene como objetivo la reproducción del capital sino la reproducción de la vida” y trabajan en este aspecto “no solamente con las personas que están en situación de calle sino también de quienes sostienen proyectos”.

En la actualidad, la organización trabaja en distintos círculos de contención, es decir, con vendedores o con quienes se acercan de manera más efímera y por otros motivos. Estas personas cuentan con HBA y los distintos espacios que ofrece, entre los que hay talleres creativos, capacitaciones, la posibilidad de comer e higienizarse para quienes lo necesitan. De hecho, muchas de las personas que se acercan no son vendedores.

Zulema Noemí Razzotti tiene 67 años y hace 23 que forma parte de HBA, desde apenas iniciado el proyecto. Le gusta que la llamen Noe y junto a Zulma, a quien considera su amiga, “somos las más viejitas, yo hace 23 años y ella hace 24. Después empezaron a venir más, pero las viejitas somos nosotras”. Noe viaja desde Derqui, en la zona norte del conurbano, a retirar los ejemplares en San Telmo y luego hace sus ventas en Olivos. En el último tiempo el cierre de locales comerciales hizo que le bajaran las ventas. Hace un tiempo planteó la situación en la organización: “No me alcanza la jubilación. A veces tengo para pagar las cuentas y otras no”. Entonces le ofrecieron, en estos días, comenzar a vender dentro de la Facultad de Ciencias Sociales: “¿’Pero cómo me voy a mater ahí’, les dije. ‘¿Qué voy a hacer yo en la Facultad?’ ‘Dale, que vos podés’, me dijeron. Y tenían razón”.

Los jueves Noe participa del taller de arte en HBA. Reconoce a sus producciones, dibujos, pinturas, dentro del arte abstracto. Noe logró exponer en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, institución que junto a HBA trabaja en la realización de un libro con pinturas hechas por ella y otros compañeros de la organización. “Una vez vendí un cuadro. Justo se rompió el motor de la bomba de agua de mi casa. Y un profesor me ayudó a venderlo y con eso pude poner el motor. El motor para tener agüita. Y bueno ¿ves? Cosas así vienen. Y cuando vienen, vienen”.

 

Marcelo, vendedor de Hecho en Buenos Aires.

HBA busca transformar la dinámica de beneficencia por la de entramar comunidad entre personas que se sensibilizan y conocen de primera mano lo que otras personas, absolutamente marginadas material y simbólicamente, son capaces de lograr si tienen un contexto, el apoyo y las oportunidades necesarias, siendo artífices de la construcción de alternativas para vivir.

Formar parte de esta organización construye un sentido de pertenencia, la posibilidad de ser parte de algo, de un “nosotros” que muchas veces les es imposibilitado. Según Dora Ventosa, la profesora a cargo del taller de arte: “Vender una revista que tiene un contenido cultural también hace que la persona se sienta habilitada a hablar con otro tipo de personas. Con todo tipo de personas. A diferencia de quienes ofrecen pañuelitos, medias o pastillas, ofrecer una revista, aunque sea a alguien que no la quiera o no la pueda comprar, puede generar un interés, una charla. Es como una señal de pertenecer a algo, vos pertenecés a una organización, a una institución”. En el mismo sentido, Drosz reflexiona: “Esta revista viene un poco a reconstruir esa identidad perdida. A las personas que están en la calle la sociedad misma les ha quitado su humanidad. Esa persona está teniendo su humanidad a la intemperie”.

Desde hace más de 15 años Sebastián Rodríguez es parte de esta organización. También compra revistas para vender y generarse su única fuente de subsistencia. Sebastián tiene esquizofrenia y llegó la primera vez por recomendación de otra persona: “Antes yo no tenía ni plata ni trabajo ni nada”. En su zona, generalmente Barrio Norte, trabaja entre siete y ocho horas por día y vende un promedio de 15 revistas.

HBA busca transformar la dinámica de beneficencia por la de entramar comunidad entre personas que se sensibilizan y conocen de primera mano lo que otras personas, absolutamente marginadas material y simbólicamente, son capaces de lograr si tienen un contexto, el apoyo y las oportunidades necesarias, siendo artífices de la construcción de alternativas para vivir y de un grupo de pertenencia.

Pensando en más intentos de ampliar su comunidad y la visibilidad de estas historias de vida, HBA abrió un concurso de crónicas de no ficción urbanas sobre personas en situaciones críticas, que combatan la representación estigmatizante. Aquellas personas mayores de 18 años que deseen participar tienen plazo para enviar sus producciones hasta el 31 de octubre. El premio: la publicación del artículo en la revista que circula en las calles del AMBA gracias a Noe, Sebastián, Luciano y tantos otros con los que podemos entablar un diálogo en alguna esquina o en algún vagón de tren o subte.

La universidad pública se defiende

La universidad pública se defiende

Oct 9, 2024 | Destacado 3, Noticias en imágenes, slider

Los estudiantes de las facultades de Filosofía y Letras y Psicología de la UBA tomaron el lunes sus casas de estudios para exigir a los diputados que ratifiquen la Ley de Financiamiento. Enseguida se sumaron los de Ciencias Sociales y también los de otras universidades de distintos puntos del país. Mirá las fotos de ANCCOM.

Las Facultades de Sociales y Psicología en la vigilia previa al tratamiento de la Ley. Mirá la Galería. 

“El presidente Milei le declaró la guerra a la salud pública”

“El presidente Milei le declaró la guerra a la salud pública”

Oct 9, 2024 | Comunidad, Destacado 2

Trabajadores de los hospitales Garrahan y Bonaparte, junto con actores sindicales, movimientos sociales, estudiantes y jubilados, marcharon al Ministerio de Economía en reclamo de salarios dignos y recomposición presupuestaria para el sector.

“El Gobierno de Milei es un asesino que está deshuesando los hospitales públicos y llenándose sus bolsillos, no lo vamos a permitir”, manifestó, con un altavoz en sus manos y arriba de un camión, junto a otros referentes, la delegada sindical del Hospital Garrahan, Nora Lezana, mientras una multitud compuesta principalmente por personal de ese establecimiento y del Bonaparte, entre cánticos alegres y aplausos de vecinos y comerciantes, marchaba ayer hacia el Ministerio de Economía de la Nación.

La movilización de los trabajadores de la salud, en medio de un nuevo paro de actividades por 48 horas, que culmina hoy, fue en reclamo de mejoras salariales –la mayoría están bajo la línea de pobreza–, presupuestarias, de recursos, y también por la continuidad del Hospital Bonaparte, especializado en salud mental y adicciones.

En el Garrahan, el hospital pediátrico más reconocido de la Argentina y la región, la medida de fuerza incluyó el funcionamiento de guardias mínimas similares a los días feriados, donde sólo se atienden urgencias. La convocatoria se inició en el hall del edificio. Allí, desde la mañana temprano, los trabajadores se reunieron y comenzaron la marcha a la cartera de Economía, a metros de la Casa Rosada, custodiados en todo momento por las motos de la Policía de la Ciudad.

Empleados de los distintos sectores del Garrahan, del Bonaparte y de otros hospitales, entre médicos de primera línea, técnicos, personal de enfermería, administrativos y de mantenimiento, con carteles, pancartas, bombos, redoblantes y trompetas, marcharon desde Parque Patricios hasta el Bajo porteño, donde la protesta terminó con una performance original “RCP a la salud pública” que se hizo viral.

La marcha contó con la presencia de diversos sectores sindicales, organizaciones sociales y centros de estudiantes de distintas facultades, que se sumaron al reclamo por el derecho a una salud pública de calidad. Al frente de la caravana, la referente de los trabajares y técnicos del Garrahan, Nora Lezana, médica especializada en diabetología, expresó: “No se puede tocar ningún hospital en la Argentina. El gobierno del presidente Milei le declaró la guerra a la salud pública y esta lucha es de todos y es una lucha justa”.

“No al cierre de hospitales” fue otra de las consignas que sonó fuerte, en referencia puntualmente al Hospital Bonaparte, lindero al Garrahan, cuyo cierre fue anunciado por el Gobierno el pasado viernes 4 de octubre pero que ayer, luego de la toma del edificio y el masivo apoyo que recibieron sus trabajadores durante el fin de semana, debió dar marcha atrás.

En lo que va del año, se trató de una más de las acciones de lucha de los trabajadores del Garrahan, hasta hoy sin respuestas a sus reclamos. Actualmente, exigen al Gobierno un monto mínimo de 1.400.000 pesos de salario básico para los profesionales de la salud y un aumento del 100 por ciento que compense la vertical suba de precios de la canasta básica. En septiembre, sólo recibieron un bono de 500.000 pesos que, según remarcaron, es claramente insuficiente.

A la marcha se unieron cientos de vecinos, entre ellos jubilados, como Ramón (87) quien dijo: “Hace años que apoyo la salud pública. Es mi obligación y deber como ciudadano acompañar al Hospital Garrahan en su lucha. El gobierno de Milei quiere cerrar hospitales como el Bonaparte y nosotros como argentinos no debemos permitírselo”. Y agregó: “Las luchas se ganan en las calles, haciendo escuchar las voces”. Mucha gente, al igual que él, se fue sumando a la movilización camino al Ministerio de Economía, todos con ganas de expresar sus sentimientos, en particular el agradecimiento a los profesionales de la salud.

La movilización llegó a su fin pasado el mediodía, frente al Palacio de Hacienda, donde las voces de los manifestantes se hicieron oír más alto, para que el ministro Luis Caputo y sus funcionarios tomen nota de la crítica situación que atraviesa la salud. Más tarde, los profesionales y técnicos del Garrahan se reunirían en asamblea para evaluar los pasos a seguir en los próximos días.

Así como por el momento el Gobierno retrocedió con el cierre del Bonaparte, todo el personal de la salud pública nacional, cuyos reclamos se han ido articulando uno tras otro, sigue aguardando soluciones a sus pedidos de salario digno y mejoras presupuestarias para poder brindar un servicio de calidad a la ciudadanía. La lucha continúa.