“La defensa de los humedales queda en manos de los pobladores de las islas”

“La defensa de los humedales queda en manos de los pobladores de las islas”

Vecinos y vecinas del Delta del Paraná denuncian la construcción de un emprendimiento inmobiliario de más de 400 lotes ubicados en la segunda sección de las islas del Delta del partido de San Fernando y exigen que se detenga el proyecto que impactará en el ecosistema local, regional y global.

El Delta del Paraná es una región extensa que contiene diversas realidades. El extractivismo avanza sobre gran parte de las islas y asume distintas formas. En ese sentido, la especulación inmobiliaria no es algo novedoso, sino que viene de larga data: “A partir de los años noventa, coincidentemente con políticas económicas de apertura y desregulación, se impulsó en la zona de Tigre, entre otras localidades, la construcción de barrios cerrados, también llamadas urbanizaciones neoliberales”, comenta Diego Domínguez, sociólogo rural y habitante de las islas. Se trata de murallas altas que encierran compartimentos estancos y tierras bajas que fueron rellenadas para convertirse en segundas o terceras viviendas de poblaciones de altos ingresos. Nordelta, responsabilidad del inversor y desarrollador inmobiliario Eduardo Constantini, es quizás el ejemplo más emblemático de la conducta depredadora contra los humedales que asumen estas iniciativas económicas de grandes capitales.

“En esa década no existía aún la tecnología necesaria para avanzar sobre las islas, pero ya estaba la idea de trasladar el mismo modelo de barrio cerrado que se propagaba en las zonas ribereñas hacia la zona del Delta, que era vista como una frontera de expansión inmobiliaria jugosa para los intereses económicos”, advierte Domínguez, quien agrega que los primeros emprendimientos que lograron avanzar sobre las islas fueron el Barrio Santa Mónica y el Islas del Este a principios de este siglo. “Esta ocupación territorial se encuadra dentro de una lógica general que no solo prevalece, sino que lamentablemente se expande”, suma Guillermo Folguera, biólogo, filósofo y militante socioambiental. “A veces –agrega- se da en formas de viviendas, y en algunos otros casos, como lo recientemente denunciado en San Fernando, como ciudades náuticas que abarcan una gran cantidad de tierras”.

Imágenes satelitales de la zona afectada por el emprendimiento «Vistas al Paraná» en 2024 y 2025. Las obras de canalización avanzaron pese a la clausura de la obra.

 

“Si bien existen varios barrios privados en la zona, ahora lo que se está planteando son ciudades náuticas que abarcan superficies mucho más amplias de territorio. Hay varios proyectos de estas características en marcha, que lo único que hacen es alterar completamente el funcionamiento natural de los humedales”, manifiestan miembros de la Agrupación Vecinos y Vecinas del Delta. Ellos se organizaron para denunciar el avance de Vistas al Paraná – Ciudad Náutica, un emprendimiento inmobiliario de más de cuatrocientos lotes ubicados en la segunda sección de las islas del Delta del partido de San Fernando. Con respecto a este proyecto, los vecinos alertan sobre la gravedad de la situación: “La modificación del terreno genera un impacto negativo para la flora y fauna. En sí, el daño ya está hecho porque transformaron el lugar: elevaron y rellenaron las tierras, construyeron canales, diques y terraplenes. Incluso ya iniciaron la preventa de los lotes”.

“La pérdida de humedales redunda en un montón de perjuicio”, indica Folguera y destaca que las consecuencias ecosistémicas tienen que ser entendidas a escala local, regional y global. Como habitante de las islas, Domínguez expresa: “Cuando se inician desarrollos inmobiliarios de tamaña magnitud, advertimos diversas modificaciones en el entorno. Por ejemplo, hay cambios en el color, forma y velocidad en la que circula el agua en los arroyos”. Por su parte, la Agrupación Vecinos y Vecinas del Delta agrega: “Al ser proyectos tan grandes, llevan una densidad de población que no es la habitual para las islas. Esto produce mayores movimientos de yates, lanchas y grandes embarcaciones que provocan accidentes náuticos y la erosión de las costas”. Además del plano local, Folguera hace hincapié: “En un contexto de tanto negacionismo, no hay que minimizar las consecuencias a nivel regional y global. Resulta importante entender que toda situación de deforestación, de desmonte, de pérdida de humedales lo que hace es bajar la cantidad de captadores potenciales de carbono. Por eso, todos estos negocios aceleran y empeoran la situación de crisis climática global”.

“Como agravante, el espacio donde se pretende construir Vistas al Paraná – Ciudad Náutica fue declarado reserva de biosfera por la UNESCO y como tal, tiene sus normas. Aquí se contempla la interacción del ser humano con la naturaleza a través de una vía sustentable”, denuncian Vecinos y Vecinas del Delta, quienes solicitan su imperiosa detención. En el año 2000, según lo establece dicho organismo internacional, se incluyó a las islas del Delta dentro del área de reserva: el documento especifica que en este lugar no se deberían realizar grandes obras de infraestructura ni dragados que alteren las condiciones naturales de los diferentes cursos de agua. “Cuando tomamos conocimiento de la situación, desde la Municipalidad de San Fernando nos dijeron que la obra estaba clausurada y que de ninguna manera iban a permitir que esto sucediera. Sin embargo, días posteriores a este anuncio las máquinas retroexcavadoras siguieron trabajando con la faja de clausura puesta en el lugar”.

“Hoy, en definitiva, la defensa de los humedales queda en manos de los vecinos pobladores de las islas. La sociedad civil puede ejercer presión a través del reclamo y la demanda, pero si desde los organismos del Estado no hay voluntad política de acompañar, todo se torna cuesta arriba”, señala Domínguez. En esta línea, la Agrupación de Vecinos y Vecinas del Delta apunta: “Realizamos un pedido de informe de impacto ambiental y habilitaciones que se supone que las empresas deben presentar para poder intervenir en estos espacios. No recibimos respuesta ni del municipio, ni de provincia ni de nación”. A su vez, los vecinos expresan que su lucha no se reduce a un simple reclamo, sino que se enmarca dentro de acciones colectivas que involucran a otras organizaciones que también se oponen a estas expresiones económicas que empezaron a avanzar sobre el Paraná.

Acerca de la importancia de la acción en red, Folguera menciona que recientemente tomó contacto con la Agrupación Vecinos y Vecinas del Delta, con una organización de Brandsen y otra en Venado Tuerto: “Las tres con proyectos diferentes, vínculos y algunas cuestiones comunes; empiezan a escucharse, a pensarse y entenderse en términos colectivos. Empiezan a comprometerse con los espacios que habitan, el agua que toman y el aire que respiran. Al decir “esto no”, están diciendo en muchos sentidos y de muchas maneras en qué mundo sí quieren vivir”. Independientemente del éxito o fracaso de estas iniciativas, es la organización comunitaria, con avances y retrocesos, la que queda establecida.

“Las agrupaciones de vecinos nos oponemos a que estos emprendimientos violentos y depredadores ingresen a las islas, buscamos generar conciencia sobre la importancia del cuidado del medio ambiente y trabajamos por construir una alternativa económica de desarrollo sustentable para la población isleña sin hacerle el juego a los negocios inmobiliarios que operan como un extractivismo más de ocupación territorial”, concluye Dominguez.

Quieren podar El Ceibo

Quieren podar El Ceibo

La cooperativa porteña de recicladores urbanos corre riesgo de desalojo y no tiene una propuesta de reubicación. Trescientas familias pueden perder su trabajo. Cómo la apertura de importaciones perjudicó a los cartoneros.

Desde la llegada de Javier Milei al gobierno nacional y de Jorge Macri al frente del gobierno porteño, las cooperativas de reciclaje enfrentan un escenario de creciente incertidumbre. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires operan doce cooperativas que, desde 2002, integran el Servicio Público de Higiene Urbana. Estas organizaciones no solo cumplen un rol ambiental clave, sino que también sostienen el empleo de miles de personas provenientes de sectores históricamente excluidos. Hoy, su continuidad está en jaque.

Una de las cooperativas más afectadas es El Ceibo, fundada en 1989 por Cristina Lescano y un grupo de mujeres que, por necesidad, comenzaron a recuperar materiales reciclables junto con los curas de Palermo. Su lema, “recuperar para recuperarnos”, sintetiza una historia de trabajo y organización. Actualmente cuenta con más de 300 integrantes y enfrenta una amenaza de desalojo por parte del Gobierno porteño, sin una propuesta clara de reubicación.

El Ceibo fue una de las primeras cooperativas en ingresar al sistema de reciclado de la Ciudad de Buenos Aires. Su planta está ubicada en un predio en Palermo, el propietario es el Belgrano Cargas pero hace más de 20 años que tienen un acuerdo para hacer su trabajo allí. “Nosotros prestamos un servicio al Gobierno. Ellos no deciden por nosotros, tenemos una cogestión”, explicó Ana María Sánchez, trabajadora de El Ceibo.

En la planta se procesan actualmente unas 430 toneladas mensuales de material reciclable, provenientes de los vecinos y generadores con los que la cooperativa ha tejido vínculos a lo largo de más de tres décadas. “La noticia nos tomó por sorpresa. Nos informaron cuando la decisión ya estaba tomada: Belgrano Cargas reclamó el sector para entregarlo a manos privadas y el Gobierno no se opuso”, denunció Sánchez. Ante esta situación, la organización recurrió a las redes sociales para difundir su reclamo y movilizar a la sociedad. El plazo de desalojo vence el 30 de junio y, de concretarse, dejaría en la calle a más de 300 familias.

A pesar del contexto adverso, la labor no se detuvo. “Seguimos trabajando más que nunca. Si paramos, hay 300 personas en la calle. Ese es el espíritu: acá se cumple horario, se hacen todas las tareas, vamos a buscar los materiales a universidades, empresas. Nos ganamos nuestros derechos, pero también tenemos obligaciones”, afirmó Sánchez.

“Somos una cooperativa insignia y vienen por nosotros. Creemos que esto puede ser un efecto dominó”, advirtió la trabajadora de El Ceibo. “Estamos esperando que nos convoquen a una nueva reunión. Por las elecciones no tuvimos respuesta”, explicó Sánchez sobre el estado actual de las negociaciones. Mientras tanto, la cooperativa busca alternativas y apoyo para preservar sus puestos de trabajo, ya que hasta el momento no existe una propuesta de reubicación concreta.

Pero el conflicto no se limita al desalojo: El Ceibo libra también una lucha constante contra la importación de materiales reciclables desde el extranjero. “No sabemos de dónde vienen ni en qué condiciones. Hace dos años logramos frenar su ingreso, pero ahora llegan toneladas”, advirtió Sánchez. Esta competencia desleal afecta directamente la economía del sector: los precios caen a la mitad, el trabajo es el mismo, pero la paga no alcanza. “Siempre tenemos que ponerle un freno. Nosotros no le tenemos miedo al gobierno”, sentenció.

El funcionamiento de las cooperativas está regulado por un pliego de licitación que establece las condiciones bajo las cuales prestan su servicio de reciclado urbano. Este documento, que debería renovarse cada cuatro años, define la zona de trabajo asignada, las obligaciones de los recicladores urbanos, los recursos que debe proveer el Estado y el monto de la contraprestación económica. “Si no cambia el pliego, no podemos dar aumentos a nuestros trabajadores. Pero el año pasado, el gobierno lo cajoneó”, denunció Sánchez. “Lo único que nos queda es esperar la reunión y, si no, reclamar y pelear por nuestros trabajos”,concluyó. Así nacieron los hashtags #NoAlCierreDelCeibo #NoAlCierre #SiAlTrabajo #ElCeiboRSU. 

Malestar general

La situación de El Ceibo no es un caso aislado. El Centro Verde de Barracas, el más grande de CABA, sigue sin funcionar tras un incendio y ni siquiera hay licitación para su reconstrucción. ANCCOM también habló con integrantes de la Cooperativa Reciclando Trabajo y Dignidad, ubicada en Villa Soldati, dedicada all tratamiento sustentable de residuos secos y electrónicos (RAEE).

“Fundamentalmente, está especializada en el reciclado de residuos electrónicos y nuestra labor es promover la reutilización de los equipos. Le damos una segunda vida a todos los materiales que rescatamos en la separación de la planta”, comentó Roberto Felicetti, representante legal de la cooperativa, quien además lleva adelante las tareas de la presidencia. En su planta recuperan materiales valiosos como plástico, cobre, aluminio y componentes electrónicos reutilizables, impulsando un ciclo de producción más limpio y eficiente.

El rol de las cooperativas no es solamente contribuir al cuidado del medio ambiente, sino que su labor fundamental es la inclusión social, es un espacio para la generación de puestos de trabajo. A su vez, para los trabajadores las cooperativas tienen que ser pensadas con una mirada productiva. “El movimiento surge a partir de un desarrollo de cooperativas de cartoneros con los materiales secos, pero existía una necesidad que no se cubría, que era la de los residuos electrónicos. Comenzamos a partir de las máquinas de oficina y así generamos nuestro trabajo”, agregó Felicetti. 

Las cooperativas trabajan en conjunto, y si no existieran, estos residuos serían arrojados junto con el resto de la basura. En el caso de los electrónicos muchos terminan en basurales informales, liberando sustancias tóxicas como plomo y mercurio que contaminan el suelo, el agua y el aire.  

Intervención y ahogo

Al igual que comentaba Sánchez, Felicetti planteó que “el Estado debería pagar a las cooperativas por el servicio que le brindan y que haya una política pública que ayude a ese trabajo a desarrollarse”. Desde noviembre del año pasado, el Gobierno de la ciudad les quitó el manejo de su trabajo, no pueden tampoco manejar sus recursos y viven con un reloj biométrico para el presentismo. Florencia Canchi, secretaria de la cooperativa, agregó que “ahora el Gobierno de la Ciudad está a cargo y a veces no se entregan los sueldos, tampoco los incentivos en tiempo y forma. Nosotros quedamos en el medio, pero no es nuestra labor”. 

A diferencia de las otras cooperativas, gracias al reciclado de electrónicos Reciclando Trabajo y Dignidad puede seguir funcionando a pesar de los intentos del Estado por reducirlas. Una gran parte de su labor se destina a trabajar con empresas privadas como YPF y Santander. Felicetti observó que “hoy el Gobierno de la Ciudad desactiva todas las cooperativas, ya que el Gobierno nacional quiere dejar la vía libre a los negocios del gran empresariado. Nosotros podríamos cubrir muchas actividades si se tuviera una mirada productiva”. Esto se refleja en decisiones recientes como la liberalización de importaciones de materiales como el papel y el plástico, que afectaron directamente al sector.

Las consecuencias son directas para los trabajadores ya que los precios de estos materiales cayeron abruptamente. “El precio del cartón a principio del año pasado estaba 240 pesos ahora 60 pesos el kilo, cuánto tiene que hacer un cartonero para que el día le rinda. el film estaba 400 ahora está 200 o 150. Una política totalmente perjudicial”, dijo. Estas nuevas políticas no perjudican solamente a las cooperativas ya que Celulosa comunicó que no podrá pagar sus obligaciones con vencimiento en mayo. “Si Celulosa empieza a tener problemas ¿qué será de nosotros?” añadió Felicetti. 

Con respecto a la situación laboral, Ingrid Rodríguez, promotora ambiental de la cooperativa, remarcó la importancia del marco legal: “Hay dos leyes que nos avalan: la 992, que nos da el derecho de juntar los materiales de la calle, y la 1.854, que nos da el derecho a tener obra social y un trabajo en tiempo y forma. Pero no se cumplen”.

Rodríguez también señaló la reducción drástica de puntos verdes. “Había 42 puntos verdes, con Milei hay 21. Hay partes de CABA que entre una comuna y otra no hay. ¿Cómo va a reciclar la gente si no hay dónde dejar los residuos?”. La situación también se ve agravada con la nueva gestión en la Ciudad: “Con Jorge Macri es distinto que con Larreta. La bajada de línea es más fina. Hay recolectores en la calle que son cartoneros del sur, la Policía les está sacando los carritos”.

Las cooperativas son indispensables a la hora de pensar la limpieza y la organización de la ciudad. Pero su importancia no se limita al rol ambiental que cumplen, sino también al rol social que sus trabajadores y trabajadoras reivindican. Muchas de ellas atraviesan un momento delicado bajo la nueva gestión de Milei y Jorge Macri, en un contexto de recortes y cambios que las golpea de lleno. Mientras El Ceibo resiste a través de las redes y continúa con su labor diaria, otras cooperativas se organizan para evitar ser las próximas en caer bajo la motosierra. En un contexto de ajuste, lo que está en disputa no es solo un galpón si no el futuro de cientos de familias que se generaron un trabajo digno.

El Garrahan pasó la noche en vela

El Garrahan pasó la noche en vela

Ante la dramática situación salarial y de desfinanciamiento que atraviesa el hospital pediátrico, un mar de llamas se encendió en el Obelisco porteño para abrazar a los médicos residentes de la institución.

Bajo el nombre de “La noche de las velas”, médicos y médicas residentes, pacientes, familias, jubilados, trabajadores y trabajadoras del Garrahan se reunieron en una nueva jornada de reclamos.

Los residentes denuncian que, hasta mayo, sus sueldos habían sufrido una caída del 53% respecto a diciembre de 2023. El salario total (incluyendo bonos no remunerativos) es de 797.000 pesos mensuales, lo que se traduce en 750 pesos por hora de trabajo.

La convocatoria fue sencilla pero simbólicamente potente: llevar un corazón violeta y prender una vela. Pero la consigna, urgente: defender al Hospital Garrahan, emblema de la salud pública pediátrica a nivel latinoamericano, que hoy está sufriendouna profunda crisis.

“Durante el fin de semana fue un mar de desinformación. Lo que se decía en redes no coincidía con lo que nos llegaba oficialmente”, confirmaron las residentes frente al Obelisco. “Esto que vieron esta semana es una mínima parte. Hace un año que pedimos diálogo, mandamos cartas y no nos responden. Pero hoy al ver a toda esta gente apoyándonos nos conmueve. Ver a nuestras familias, nuestros pacientes, la comunidad entera. Eso también es democracia”.

Durante las últimas semanas, los y las residentes no solo se movilizaron en las calles: también dieron el paso hacia los medios. Tuvieron presencia en radios y canales de streaming, donde visualizaron la magnitud de la crisis y desmintieron los falsos acuerdos que el Gobierno nacional difundió durante el fin de semana por la red social X.

Entre la multitud, Lara, una niña de 10 años, se encontraba al lado de su madre iluminada por las velas. La pequeña sostenía un cartel que contaba su historia como paciente desde su nacimiento y, a pesar del frío que acechaba la noche, ella respondía que el abrazo al Garrahan era más importante. “El Hospital le salvó la vida. Hoy estamos acá para apoyarlos. Ellos estuvieron en nuestro peor momento y ahora nosotros los vamos a defender”, expresó su mamá.

Tres agrupaciones de jubilados también se hicieron presentes: “Si el Garrahan cae, se cae un pilar de la salud pública. No puede haber salud de calidad sin salarios dignos”, explicó una de las representantes del plenario de Trabajadores Jubilados. “Así como muchas veces los estudiantes y los mismos trabajadores del Garrahan han venido los miércoles a nuestra radio abierta a darnos el apoyo, nosotros, por supuesto, venimos a darles el apoyo a ellos.”

En un semicírculo que contenía a los residentes con sus velas pegadas a ellos con fuerza, familias y vecinos escucharon atentamente las experiencias de los trabajadores. Además, hubo espacio para la voz de quienes no usan guardapolvos, pero acompañan desde otros rincones. “El hospital también es hogar, es refugio cuando en sus familias los maltratan, cuando no tienen a dónde ir a dormir, duermen en el hospital”, revelaba la artista voluntaria que fue parte de un colectivo que trabajó en hospitales como el Garrahan y el Casa Cuna. “Hay maestras voluntarias, artistas voluntarios, residentes que trabajan casi voluntariamente. Personas que limpian, que les dan de comer. Lo que estamos dejando de lado son niños que no tienen más contención que la que puedan encontrar en este hospital”.

Mientras las velas se apagaban lentamente y todos los allí reunidos cantaban el Himno Nacional, se encendía una certeza: el conflicto no terminó. Este martes, 3 de junio, se realizará una nueva asamblea para definir los próximos pasos. Los residentes evalúan profundizar el plan de lucha si no hay una respuesta concreta de parte del Gobierno.

“Me encantaría decir que mi trabajo es curar, pero estaría mintiendo. La medicina es curar a veces, aliviar a menudo, pero consolar siempre”, concluyó una residente.

Denuncian torturas contra las hermanas Villalba, detenidas en Paraguay

Denuncian torturas contra las hermanas Villalba, detenidas en Paraguay

Integrantes de la Campaña Internacional en Solidaridad con la Familia Villalba realizaron una radio abierta frente a la embajada paraguaya. Exigieron que cesen los tormentos a Carmen y Laura, la aparición de Lichita y reclamaron justicia por los asesinatos de las niñas Lilian y María.

Organizaciones sociales y por los derechos humanos se reunieron frente a la embajada paraguaya en Buenos Aires para denunciar la situación de las presas políticas en el país vecino. Las hermanas Carmen y Laura Villalba y su compañera Francisca Andino se encuentran en el penal de Minga Guazú y, de acuerdo a la denuncia de los manifestantes, están siendo víctimas de abusos desde el mes de octubre. Además, se cumplieron 54 meses de la desaparición forzada de Carmen Elizabeth “Lichita”, hija y sobrina de las Villalba, y continúa el reclamo por el doble infanticidio de Lilian Mariana y María Carmen en 2020.

“Las condiciones de aislamiento absoluto que transcurren en pequeñas celdas desde su traslado a ese penal el 12 de octubre de 2024, la pérdida del derecho al estudio y al trabajo, la falta de comida adecuada, de agua potable suficiente, las abusivas requisas diarias, las dificultades o la imposibilidad de recibir visitas, vuelven su vida cotidiana una tremenda tortura”, detalla la carta dirigida a la embajadora de Paraguay en Argentina, Helena Felip Salazar, y firmada por los cientos de activistas y organizaciones que integran la Campaña Internacional. La misma fue leída al comienzo de la jornada por María José Cano, directora de Derechos Humanos de la CTA Autónoma, y luego entregada al personal de la embajada, que la recibió a través de una abertura entre los chapones con los que la policía valló el edificio.

A principios de este mes, las Villalba recibieron una sanción por “resistirse” a las requisas de los días 2 y 3 de mayo. Según relata la carta, durante esas requisas las mujeres fueron esposadas, encapuchadas y manoseadas en sus genitales. Luego de este hecho, su situación se agravó: se les prohibió recibir visitas, restringieron la comunicación con su defensa y se limitó aún más su acceso a comida y agua. “Le solicitamos que de manera urgente transmita nuestra denuncia a los responsables del funcionamiento del sistema penitenciario paraguayo, porque debe sancionarse al personal que maltrata a las detenidas física y psicológicamente”, continúa.

La radio debió realizarse sobre la calle, ya que las fuerzas de seguridad bloquearon la vereda. “Nos tienen miedo. Yo le diría a la embajadora que no nos tenga miedo, que más bien le tenga miedo a su conciencia y a la pertenencia a un gobierno infanticida”, señaló el padre Rodolfo Viano, una de las últimas personas que pudo visitar a las detenidas en Paraguay. En su intervención ante el micrófono, expresó la preocupación de Laura por la salud mental de sus compañeras en el penal y destacó la fuerza de Andino, que insiste en que no deben dejar de luchar. Viano remarcó que los padecimientos de las tres mujeres son los mismos que sufren las otras diez presas con las que comparten pabellón.

Elsa Oshiro, integrante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), también visitó a las mujeres en Minga Guazú y dio más detalles sobre las pobres condiciones a las que están siendo sometidas. “Carmen me dijo que ella piensa que están siendo parte de un experimento. Como dice la carta: ver hasta dónde pueden resistir. Están tratando de quebrarlas. Hace un mes que no sabemos nada de ellas, están aisladas completamente”, contó. En febrero de 2025, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Paraguay emitió un informe en el que indica los daños irreversibles que puede provocar el aislamiento solitario pasado un periodo de 15 días. Carmen, Laura y Francisca ya llevan un mes.

 

Años sin paz

La situación actual de las Villalba se inscribe en un historial de persecución política más amplio, que inició por la participación de la familia en la lucha campesina en Paraguay y la asociación de algunos de sus miembros con el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), grupo insurgente de ese país. El 2 de septiembre de 2020, las Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC) del gobierno del entonces presidente Mario Abdó Benítez irrumpieron en el campamento del EPP en el que se encontraban Laura, su hija y sus sobrinas, que habían viajado a Paraguay a conocer a sus padres. En el operativo fueron capturadas y luego asesinadas las niñas Lilian Mariana y María Carmen, de 11 años. Las demás escaparon a la selva, donde el 30 de noviembre vieron a Carmen Elizabeth, hija de Carmen apodada “Lichita”, por última vez. Laura salió en su búsqueda y se encontró con un retén militar, luego fue detenida e imputada por “violación del deber cuidado, educación y violencia familiar y terrorismo”. Hoy está cumpliendo una condena de 31 años junto a su hermana Carmen, quien había completado su castigo en 2021, pero continúa privada de su libertad.

Este “ensañamiento”, como lo llamaron algunos de los oradores, también traspasa la frontera. En octubre de 2024, el gobierno de Javier Milei le quitó el estatus de refugiados a los miembros de la familia que residían en distintas partes del AMBA, lo que los obligó a abandonar el país e instalarse en Venezuela, donde ahora intentan reconstruir su vida. En abril del mismo año, habían allanado sus hogares y detenido a Rosa, Tania y Myriam, hermana de las Villalba y madre de Lilian, una de las niñas asesinadas por el Estado paraguayo.

Un nuevo Plan Cóndor

En conversación con ANCCOM, Hermes Grance, integrante del Partido Comunista paraguayo en Argentina, habló sobre la existencia de un proyecto de persecución política no solo en Paraguay, sino en toda la región. “En Paraguay hay una estigmatización, una criminalización total de los que luchan. A la familia Villalba la han perseguido políticamente y, actualmente, con el gobierno que tenemos en la Argentina, tenemos seria preocupación de que esa persecución se agrave y se extienda a los que estamos militando en esta campaña”, señaló.

“Esto que está sucediendo en Paraguay no es casual. Es un nuevo Plan Cóndor que vuelve a unir a las derechas latinoamericanas en un plan sistemático de represión, tortura y exterminio”, afirmó María Elena Naddeo, referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Además, tanto Naddeo como Juliana Cabrera del Partido Obrero hicieron énfasis en la arremetida de la gestión de Milei contra las políticas de memoria, la salud y la educación pública, los jubilados y los migrantes.

El pasado jueves 29 el Poder Ejecutivo nacional publicó un decreto que modifica el régimen migratorio. Con la nueva normativa, se establecen controles más estrictos para el ingreso al país, para obtener la nacionalización y se limita el acceso a las prestaciones de salud y educación pública superior. “No es solo contra la colectividad paraguaya, no es solo el Estado paraguayo. Hay una unificación, un proyecto contra nuestros pueblos. Tenemos que decirlo y elevar nuestras voces”, dijo Grance sobre el DNU.

Celia González, miembro de la comisión de Derechos Humanos de la Villa 21-24, donde viven muchas comunidades de migrantes, elevó su voz directamente hacia la embajada. “Los embajadores pónganse las pilas, que acá están sus compueblanos sufriendo con nosotros la injusticia de todos ustedes”, clamó contra las vallas.

También participaron de la radio abierta la periodista Claudio Korol, quien se encargó de coordinar la actividad, la exderenida-desaparecida Mabel Careaga -hija de Esther Ballestrino de Careaga, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo—, Eduardo Soares de la Gremial de Abogados y Abogadas, Claudio Medina, secretario de DDHH del gremio docente Ademys, y Brian Carlson, artista estadounidense, que pintó a las hermanas Villalba y a Francisca Andino.

A la espera de una respuesta al nuevo pedido de visita para el miércoles 4 de junio, los presentes cantaron por las mujeres detenidas. “¡Libertad! ¡Libertad, a las presas por luchar!”. El viernes toda la región se hizo eco de esa demanda, con actividades en los consulados de Paraguay en Montevideo, Uruguay, y Foz de Iguazú, Brasil. La Campaña Internacional en solidaridad con la familia Villalba mantiene viva la esperanza que sus propias compañeras presas les transmiten, así como el grito de justicia por las niñas asesinadas y la aparición con vida de Lichita.

La solidaridad funciona

La solidaridad funciona

El 2 de junio se celebra el Día del Bombero Voluntario en Argentina en homenaje a quienes arriesgan su vida sin esperar nada a cambio. ANCCOM visitó el cuartel de Villa Ballester para conocer cómo es la rutina, los desafíos y la vocación detrás del uniforme.

El 2 de junio se celebra la fundación del primer cuerpo de bomberos voluntarios del país, creado en 1884 en el barrio porteño de La Boca por iniciativa de Tomás Liberti, su hijo y otros vecinos del barrio, mayormente inmigrantes italianos. La iniciativa surgió luego de un incendio en la zona portuaria. Desde entonces, el país ha desarrollado una de las redes de voluntariado más importantes del continente, con más de 58.000 bomberos y bomberas distribuidos en más de 1.100 cuarteles a lo largo del territorio nacional.

ANCCOM se acercó hasta el cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Ballester y pudo conversar con Carlos Bonasera de 25 años, quién se sumó como bombero voluntario en 2023 y que además se desempeña como inspector de calidad en una fábrica de envases flexibles de José León Suarez.

Para Bonasera, ser bombero voluntario en la Argentina es, ante todo, un acto de vocación y de entrega. Pero con las ganas no alcanza: para ingresar al cuerpo de Villa Ballester se deben cumplir ciertos requisitos básicos: tener entre 18 y 38 años, estudios secundarios completos y superar una evaluación psicológica, física y médica. Luego comienza un proceso de formación técnica que incluye conocimientos en incendios, rescates, primeros auxilios, materiales peligrosos y más. El curso puede durar entre seis meses y un año, dependiendo de cada jurisdicción, y finaliza con un examen teórico-práctico y un juramento de servicio.

Bonasera entiende el desconcierto que algunas personas sienten con quienes se ofrecen a trabajar como voluntarios, más si eso supone ponerse en situaciones de riesgo. Él lo disfruta y es su vocación: “Nadie me cuestionó porque entienden que hago lo que me gusta y uno no puede pedirle a la gente que quiere que deje de hacer lo que los hace felices”.

Los bomberos voluntarios no solo actúan en caso de incendios, también están entrenados para asistir en accidentes de tránsito y rescates en altura, desde el romántico caso de bajar el gato de arriba del árbol hasta personas accidentadas.

Protocolo

El protocolo indica que los telefonistas del cuartel reciben la llamada, ya sea de las autoridades o de algún vecino que informa algún accidente o problema. Los bomberos que están al teléfono tienen que tratar de obtener la mayor cantidad de información posible acerca de lo sucedido, luego dan la alerta y avisan a quienes están haciendo la guardia. Se ponen la ropa de protección y se paran en una línea amarilla que hay al costado del camión, a la espera de la persona que va a ser la encargada del operativo.

El de mayor jerarquía y experiencia al momento de la llamada es quién elige con quién asistir al lugar del siniestro. La cantidad de bomberos que asisten a cada emergencia depende de la magnitud de lo sucedido, de la cantidad de choferes que hay y de la cantidad de gente que queda en el cuartel. Por lo general, cada camión sale con cuatro o cinco personas, para poder cubrir todos los roles que hay, pero varía. Los bomberos solo se tienen que vestir, todo lo demás que puedan llegar a necesitar ya está cargado en el camión a la hora de salir. En Villa Ballester tratan de que el camión arranque un minuto y medio después de recibir el aviso, luego de equiparse.

Los bomberos voluntarios del cuartel de Villa Ballester se dividen en cuatro grupos y cada uno debe hacer una semana de guardia cada mes. En esa semana, tienen que estar disponibles para actuar desde las 22 horas del domingo hasta las 22 horas del domingo siguiente.

Además, y a nivel individual, cada uno de ellos debe cumplir con 30 horas de servicio al mes. Al ser voluntarios y no percibir un salario por su labor, tienen que balancear su trabajo, con su vida personal y el servicio en los cuarteles.

En 2023, se sancionó una ley largamente esperada por el sistema: la jubilación especial para los bomberos voluntarios. Este régimen permite que quienes hayan prestado servicio activo durante al menos 25 años y tengan 50 años de edad puedan acceder a un derecho previsional. Para ello, deben estar debidamente registrados en el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV) y haber participado regularmente en entrenamientos, intervenciones y tareas comunitarias certificadas.

El cuartel de Villa Ballester cuenta además con una escuela de cadetes para chicos y chicas de 12 a 17 años que quieran sumarse a esta familia. Al igual que los adultos, deben cumplir una determinada cantidad de horas mensuales además de recibir la formación sobre el manejo de equipo y cómo deben actuar correctamente ante cada situación.

Los profesionales

En contraste a los voluntarios de Villa Ballester, los bomberos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están profesionalizados, se dedican exclusivamente a last areas socorro y perciben un salario por el cumplimiento de su trabajo. Además, los bomberos de la Ciudad, alternan entre 24 horas de guardia y 48 horas de descanso, mucho más que las 30 horas mensuales que deben cumplir los voluntarios. Por otra parte, en estos cuarteles no miran con buenos ojos que sus trabajadores quieran dedicar tiempo a otros empleos, estudios y cuestiones personales. En cambio, los voluntarios tienen en cuenta que sus miembros pierden tiempo de calidad con sus familias y amigos o que hasta por prestar servicio llegan tarde a sus trabajos remunerados, por lo tanto

A 140 años de la fundación del primer cuartel de bomberos voluntarios en La Boca, la red de voluntariado sigue creciendo gracias al compromiso de personas como Bonasera. Y también de la comunidad que colabora con donaciones en sus cuarteles cercanos. Porque detrás de cada sirena hay historias de entrega, solidaridad y trabajo en equipo que merecen ser acompañadas.