Aumenta el consumo de psicofármacos por el deterioro socioeconómico

Aumenta el consumo de psicofármacos por el deterioro socioeconómico

Feb 26, 2024 | Comunidad, Destacado 2

Los especialistas en salud mental observan también mayores niveles de depresión, ansiedad, violencia y desesperanza en la población.

Durante los últimos dos años se ha registrado una mayor demanda de consultas médicas, derivaciones y un aumento en el consumo de psicofármacos en nuestro país. La comunidad científica advierte que esta tendencia viene creciendo desde que finalizó la pandemia por el covid-19 y que se agravó aún más con la crisis económica. A través del Observatorio de Salud, Medicamentos y Sociedad, la Confederación Farmacéutica Argentina presentó un informe en el que se puede observar el nivel en el que han subido las ventas de este tipo de medicamentos: durante el primer trimestre del 2023 se registraron incrementos en el consumo de antidepresivos, antipsicóticos y, en especial, los hipnóticos y sedantes, sobre todo este último grupo, respecto del primer trimestre del 2022.

Dentro de los psicofármacos, el más recetado es el clonazepam (51%). Muchas personas padecen actualmente de insomnio, o despiertan en reiteradas oportunidades por las noches, sienten estrés, ansiedad, mucha frustración e incertidumbre, por lo que recurren a profesionales de la salud en busca de algún tipo de alivio.

Santiago Levín, médico psiquiatra, psicoanalista y expresidente de la Asociación de Psiquiatras de Argentina (APSA), cuenta que “en Argentina hay poco presupuesto para realizar las investigaciones necesarias para poder reflejar fielmente todas las realidades, pero así y todo, por investigaciones y estudios aislados, podemos observar en los últimos años un aumento en el consumo de psicofármacos, sobre todo de los ansiolíticos. El problema de la salud mental es un tema muy difícil de abarcar en su totalidad y sumamente complejo, pero cabe preguntarse puntualmente qué es lo que está haciendo que las y los argentinos recurran frecuentemente a este tipo de medicamentos”.

María Fernanda Abella, psicóloga y médica psiquiatra, explica que “cuando apareció la pandemia aumentó notoriamente la demanda de consultas a los profesionales de la salud mental debido a la amenaza que representaba el covid 19. El riesgo de muerte y el aislamiento hicieron que las personas se sintieran abrumadas y en una situación de vulnerabilidad tal, que comenzaron a recurrir en mayor medida a este tipo de medicamentos.”

La especialista agrega: “Pero después de la pandemia, en nuestro país la demanda sigue subiendo por sintomatología depresiva-ansiosa a raíz del deterioro socioeconómico. Vemos más violencia en general, una mayor intolerancia, la gente experimenta desesperanza y tiene una expectativa muy negativa respecto al futuro, lo cual explica un poco por qué el consumo sigue aumentando”.

La vorágine del día a día le impide a la mayoría de los argentinos llevar adelante un ritmo de vida desacelerado que le permita tomarse tiempos de descanso necesarios para superar momentos de estrés psicológico, por lo que muchas personas terminan recurriendo a soluciones rápidas para eludir este tipo de barreras y poder seguir adelante.

«Cuando contemplamos los índices de consumo de psicofármacos estamos poniendo el foco solamente en aquella parte de la población que puede acceder a los medicamentos. Pero ¿qué pasa con los pobres o con los indigentes?», se pregunta Levin

“Si realmente queremos comprender la situación e intentar resolver estas cuestiones, debemos observar el panorama completo. Cuando contemplamos los índices de consumo estamos poniendo el foco solamente en aquella parte de la población que puede acceder a los medicamentos. Pero ¿qué pasa con los pobres o con los indigentes? Observar solamente los indicadores le da al abordaje del tema un enfoque clasista. La salud mental es un término sanitario poblacional, relacionado a los niveles de bienestar o malestar, al poder adquisitivo de los salarios, si se llega a fin de mes o no, a los grados de marginación, a los niveles de desempleo, etcétera”, explica Levín.

En ese sentido, remarca que no se puede hablar de salud mental apropiadamente “si la aislamos de la situación socioeconómica de nuestro país. No puede haber salud mental sin equidad social”. Y añade: “Las crisis se traducen en un aumento de la demanda de psicofármacos porque generan un gran padecimiento psíquico para su población. Todo esto además hace que se entre en un círculo vicioso de sufrimiento colectivo en el que también aumentan otro tipo de episodios, como los infartos”.

Pero este problema no es un fenómeno que atraviese solamente a nuestra sociedad. Actualmente se observa a nivel global las consecuencias del padecimiento psíquico. El problema del sufrimiento mental excede cualquier frontera territorial. Sociedades de todo el mundo están padeciendo sus consecuencias. La Organización Mundial de la Salud pronostica que para 2050 la depresión va a ser la principal causa de enfermedades. En este momento vemos cómo los indicadores de salud mental se deterioran cada vez más en el mundo entero. Aumentan la depresión y los suicidios, sobre todo en la franja etaria más joven.

La postura de los profesionales es sumamente crítica respecto a la cantidad de recursos destinados de las políticas de salud pública y a la importancia que la nueva gestión de gobierno, encabezada por Javier Milei, pretende otorgarles.

“El sistema de salud pública se encuentra en una emergencia crónica desde hace ya muchos años. Ninguna gestión consigue solucionar el problema de fondo. Hay que pulir las leyes actuales y mejorar drásticamente el sistema público, que además no llega a cubrir el aumento de la demanda, porque debido al deterioro económico y la caída del poder adquisitivo es cada vez mayor la cantidad de personas que recurren a él”, explica Abella.

La necesidad de establecer una línea de políticas públicas que ofrezca una respuesta efectiva al sufrimiento que atraviesa la población hace que diferentes asociaciones y organizaciones de nuestro país trabajen en conjunto para emitir un comunicado que manifieste la urgencia con la que el gobierno debe operar.

“Frente a esta delicada situación estamos organizándonos para presentar los reclamos e inquietudes a las autoridades correspondientes, pero lleva su tiempo. Estamos trabajando en conjunto con diferentes asociaciones para lograr un discurso unificado. Pero las expectativas de una respuesta acorde a la gravedad de la situación son muy bajas,” afirma Levín

“Cuando uno observa la postura de las autoridades de turno cuesta pensar en una respuesta acorde a la emergencia. Nuestra postura refleja una concepción del ser humano muy contraria a la lógica que hoy se busca imponer, es contraria al individualismo negativo que tanto daño le hace a las sociedades. Nosotros nos posicionamos en defensa de la salud pública, a favor de la misma oportunidad de acceso para todos y todas, porque la realidad se transforma con políticas públicas, y las políticas actuales dejan todas estas cuestiones en un segundo plano”, concluye.

«Tamaña persecución resultó insostenible»

«Tamaña persecución resultó insostenible»

Feb 26, 2024 | DDHH, Destacado 3

La justicia jujeña ordenó la liberación de los “presos por twittear”. Morandini y Villagras lograron la libertad condicional, hasta el insólito juicio que deberán enfrentar en marzo.

Nahuel Morandini junto con su familia.

Después de pasar más de 50 días detenidos, la justicia ordenó hoy la liberación de los jujeños Nahuel Morandini y Roque Villegas, quienes se encontraban presos por twittear.

Los dos hombres fueron denunciados por el exgobermador Gerardo Morales y su esposa, Tulia Snopek, por difundir rumores sobre su matrimonio en redes sociales. A pesar de su liberación, los acusados aún deben enfrentar un juicio en marzo.“La libertad se firmó pero no es efectiva”, explicó a ANCCOM Romina Herrera, cuñada de Nahuel.

Morandini y Villegas permanecían en prisión preventiva desde principios de enero, imputados por supresión de identidad de una persona menor de edad y violencia psicológica en el contexto de violencia de género, ya que en sus publicaciones en redes difunden el rumor de una posible infidelidad de Snopek. Según la querella, la hija del matrimonio sería la víctima de supresión de identidad, mientras que Snopek sería la víctima de violencia psicológica.

Ante este abuso de poder por parte del exgobernador, familiares y amigos de los detenidos exigieron su libertad inmediata y comenzaron a difundir el caso bajo el hashtag #PresosPorTwittear. De esta forma, lograron el apoyo de organismos de derechos humanos nacionales, presentaron el caso ante organismos internacionales, y convocaron a una conferencia de prensa en la que estuvieron presentes diputados de diferentes bloques y representantes de organismos de derechos humanos.

Roque Villegas.

Romina Herrera, describió los sucesos del último día: “Ayer a la noche, nos enteramos que el fiscal Walter Rondón había convocado a una audiencia hoy a las 9 de la mañana, para el cese de la detención. La querella -que solo la integran los denunciantes sino también el Concejo Provincial de la Mujer- rechazó la libertad”. Herrera también cuenta que los querellantes habían solicitado que, en el caso de su liberación, se les prohíba hablar a los detenidos. Luego, se pasó a un cuarto intermedio de quince minutos y, finalmente, Roldán ordenó la liberación de Morandini y Villegas y no dio lugar al pedido de los querellantes.

Sin embargo, horas más tarde, los detenidos seguían sin ser liberados “La libertad se firmó pero no es efectiva”, dijo Herrera: “Nuestra sensación como familia a las 11 de la mañana fue de mucha felicidad, pero a esta hora estamos muy indignados porque creemos que la práctica de tortura aún se sostiene. Hace siete horas estamos esperando que ellos puedan salir”.

Elizabeth Gómez Alcorta, parte de la defensa de Morandini, dialogó con ANCCOM sobre el logro de esta orden de liberación: “Creo que las claves para lograr el cese de la prisión preventiva, tristemente, no son argumentos jurídicos, porque nunca hubo fundamentos jurídicos o legales para la prisión preventiva”. Por lo tanto, la abogada cree que “el escándalo jurídico y político que estaba sucediendo en Jujuy tomó estado público a nivel nacional. Tamaña persecución de Gerardo Morales a dos ciudadanos, resultó insostenible ante la mirada de la prensa y de sectores de derecho a nivel nacional”.

Respecto al juicio, que sucederá en marzo, Gómez Alcorta señaló: “Esperemos que se dé tratamiento a una excepción por falta de acción por el cual pedimos el sobreseimiento de Nahuel por falta de delito”. También expresó que “en el caso de que se rechace este pedido, vamos a enfrentar el juicio con la tranquilidad y la certeza de saber que nadie puede ser condenado por el ejercicio de un derecho”.

Exigen libertad a los presos por twittear

Exigen libertad a los presos por twittear

Feb 23, 2024 | DDHH, Destacado 4

Los familiares de Villegas y Morandini brindaron una conferencia de prensa en el Congreso a 50 días de su detención. El caso también ha sido presentado ante organismos de derechos humanos internacionales.

Familiares de los detenidos jujeños Nahuel Morandini y Roque Villegas convocaron ayer a una conferencia de prensa organizada por la diputada del Frente Todos, Natalia Zaracho, en el Anexo A del Congreso de la Nación para exigir su libertad inmediata y desprocesamiento. Ambos llevan detenidos 50 días por haber publicado en redes sociales información sobre el exgobernador de Jujuy Gerardo Morales. “Es muy difícil explicarle a un niño que hay dos personas presas por hacer un chiste”, dijo Lucía Castro Olivera, compañera de Morandini, sobre la situación que vive con sus hijas. En la conferencia también estuvieron presentes diputados de diferentes bloques y representantes de organismos de derechos humanos.

Desde el 4 de enero, el docente universitario Marcelo Nahuel Morandini y el trabajador independiente Humberto Roque Villegas permanecen en prisión preventiva por twittear una broma sobre el matrimonio del exgobernador Gerardo Morales y Tulia Snopek y por difundir un flyer en redes, respectivamente. Desde entonces, los familiares y compañeros exigen la libertad inmediata de ambos, denuncian lo sucedido y difunden el caso a través del hashtag #PresosPorTwittear. A esta causa se han unido diputados del Frente de Izquierda y de los Trabajadores y organismos de derechos humanos. El caso también ha sido presentado ante organismos de derechos humanos internacionales, como la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional.

La primera integrante de las familias en hablar fue Lucía Castro Olivera, quien actualmente tiene un bozal legal por el que no se le permite mencionar a los denunciantes, como es el caso de otros familiares y amigos de los detenidos. Castro Olivera recordó cómo la policía entró a su domicilio de civil para confiscar el celular a Morandini y detenerlo. “Tenemos dos niñas pequeñas que tienen que ir a ver a su papá en el penal”, expresó Castro Olivera con angustia. “A mí me resulta muy difícil explicarles la situación”.

“Es muy importante para nosotros saltar la provincia de Jujuy, o sea, nacionalizar esto, porque allá no hay estado de derecho”, dijo Castro Olivera.

En diálogo con ANCCOM, Castro Olivera dijo: “Es muy importante para nosotros saltar la provincia de Jujuy, o sea, nacionalizar esto, porque allá no hay estado de derecho”. Este viaje para hacer oír el caso de su compañero en la Capital argentina requirió de mucho esfuerzo, pero señaló que es necesario: “A pesar de que ya hay denuncias a nivel internacional, los jueces no se hicieron eco de eso, entonces creemos que la única forma es que esto tome estado público, se convierta en un escándalo nacional y de esa manera presionar al gobierno de la provincia para que se ajuste al derecho internacional y a las normas más básicas de la convivencia democrática”.

La siguiente en tomar la palabra fue la hermana de Villegas, Norma Vega, quien habló de cómo la detención de su hermano afectó a su familia, en especial a su madre, y sobre su accionar ante esta situación: “Nos llevó a salir a tocar puertas, a pedir de alguna manera que cese la detención, que no sea extendida, porque no hay causa, no hay razón, no hay delito”. Luego de ella habló Elizabeth Gómez Alcorta, parte de la defensa de Morandini y conocida por litigar en defensa de Milagro Sala. La abogada leyó el tweet de Morandini  y señaló que este no menciona a nadie ni acusó a nadie de nada y que cumple con todos los estándares que la Corte Suprema fija respecto al derecho de libertad de expresión, que “habla respecto del humor” y que se trata de “una publicación en una red social como es Twitter que tiene una dinámica particular”. Gómez Alcorta concluyó que “todos los que estamos acá, si somos usuarios de Twitter, estaríamos presos si viviésemos en Jujuy” y que “depende de nosotros que en los próximos diez días, en donde se vencería el plazo de la prisión preventiva, podamos alzar la voz”.

Pablo Lachener, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), habló del historial de violaciones a los derechos humanos en Jujuy y expresó que este caso es “una banalización del derecho penal y una banalización de la historia” ya que los denunciantes Morales y Snopek han imputado a los detenidos por supresión de identidad. Diego Maita, docente de la Universidad Nacional de Salta, habló sobre Morandini, sobre las violaciones de derechos humanos en Jujuy y Salta e hizo un pedido a sindicatos y organizaciones para que acompañen esta causa para poder lograr la libertad de los detenidos. Finalmente, Francisca Staiti, secretaria general de la CONADU Histórica, contó sobre la iniciativa de un Amicus Curiae por parte de su federación y expresó que pretenden “romper con el cerco mediático que existe en Jujuy y en otras provincias”. Staiti también expresó: “Vienen por todos, todas y todo” y que “lo que hoy está en juego es pensar libremente”.

Lola Castro Olivera, cuñada de Morandini, dialogó con ANCCOM sobre las condiciones en las que se encuentran detenidos su cuñado y Villegas: “Los tres primeros días estuvieron en una celda de castigo, que es algo que es ilegal en todo el mundo, estuvieron incomunicados, desnudos y comiendo con las manos”, situación que se logró detener gracias a la intervención del Comité contra la Tortura y los Tratos Crueles. Luego de eso, Morandini fue trasladado seis veces y llegó a “una situación de detención más liviana” en la que sus familiares pudieron verlo todos los días y brindarle alimentos cocinados por su familia. Sin embargo, “arbitrariamente, en un momento, se lo regresa otra vez al penal” donde solo lo pueden visitar un par de veces por semana, aunque si se pueden comunicar más seguido a través de llamadas.

Durante la conferencia de prensa, también tomaron la palabra diputados de diferentes bloques, como Alejandro Vilca, Vanina Biasi del FIT y Mónica Macha y Daniel Gollán del Frente de Todos, quienes coincidieron al señalar lo antidemocráticas que son estas detenciones y lo compararon con situaciones similares en otras provincias. Además, Maita y Catro Olivera leyeron, respectivamente, cartas de Villegas y Morandini. El primero expresó en su carta que sus denunciantes “no tienen cómo demostrar todo este mamarracho que pusieron a la luz para tapar los verdaderos problemas de Jujuy” y que “hoy somos nosotros y si no se frena en Jujuy estamos todos a un paso del paredón”. Por su parte, Morandini expresó en su carta que su tweet “era en lenguaje potencial y no hace mención directa a nadie” y denunció: “Ajustados, sumisos, amedrentados y disciplinados, eso es lo que pretenden para nuestra sociedad”. Morandini concluyó que “con este caso buscan un precedente, el precedente de poder disponer de tu libertad para hacer uso de una red social”.

La lucha contra la discriminación ya no es una política de Estado

La lucha contra la discriminación ya no es una política de Estado

Feb 22, 2024 | DDHH, Destacado 2

Fuerte rechazo de organizaciones sociales por el anuncio de cierre del Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, realizado por el vocero presidencial Manuel Adorni.

En la mañana del jueves, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció el cierre del Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). «Estamos dando los primeros pasos para avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que no sirven para nada, son grandes cajas de la política o son, simplemente, lugares para generar empleo militante. Esto lleva un tiempo, pero el primero de ellos va a ser el Inadi. Estamos empezando con su cierre definitivo», indicó Adorni.

Pese a los dichos del vocero, el Instituto tiene un papel central para muchos grupos sociales: “Quienes tenemos en nuestros cuerpos y en nuestras trayectorias de vida las marcas de la discriminación, el racismo y la xenofobia somos principalmente mujeres, trans, lesbianas, gays, nobinaries, intersex… Este tipo de organismos bregan para trabajar de forma comunitaria y colectiva en todo el territorio nacional en la sensibilización, asistencia, acompañamiento y atención a víctimas de discriminación”, explicó Flora Viola, referenta nacional de Géneros y Disidencias de Nuevo Encuentro.

Horas más tarde, luego de fuertes repudios a la medida, el Ministerio de Justicia publicó un comunicado donde se informaba que las funciones del Instituto y una parte del plantel  serían absorbidos por dicho Ministerio. El Instituto ya funcionaba en la órbita del Ministerio antes conocido como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pero de forma descentralizada. Así, podía garantizar los objetivos de recibir y centralizar denuncias, hacer un registro nacional, diseñar y ejecutar políticas públicas y asesorar técnicamente al Ministerio Público y a tribunales judiciales.

A nivel individual, el INADI como organismo independiente podía asesorar y asistir frente a situaciones de discriminación, hacer informes que puedan ser presentados en eventuales denuncias ante el Poder Judicial y gestionar para que voluntariamente una persona deje de discriminar. El proceso judicial era otra vía que las personas damnificadas podían optar seguir, ya con información sobre sus detalles e implicancias y una denuncia que las amparaba.

El subsecretario de Prensa nacional, Javier Lanari, tuiteó luego de la conferencia de prensa que el Instituto «tenía más empleados que el Fuero Ordinario» de la Justicia porteña, donde «se investigan crímenes, violaciones y robos» y que “ya no hay lugar para pagar favores políticos con cargos jerárquicos”. Luego de los despidos del último mes, el Instituto tiene 355 trabajadores que sufren “las campañas de desprestigio y demonización del gobierno de Javier Milei”, en palabras de Viola. En el comunicado ministerial de la tarde se caracterizó al INADI como una “superestructura” ineficaz, pero la decisión de desintegrarlo, entorpecería su funcionamiento.

Para Manu Mireles, co-fundadora y secretaria del bachillerato Mocha Celis, el cierre del INADI atenta contra la garantía de la democracia y los derechos humanos. El Instituto “brinda asesoramiento integral y gratuito a grupos víctimas de discriminación, xenofobia y racismo. Desde una perspectiva interseccional, la comunidad travesti-trans es una de las más afectadas por la vida cotidiana”.

Más allá de su rol social, Mireles remarcó que “es fundamental que podamos tener en el Estado argentino una instancia de elaboración de políticas públicas contra la discriminación para garantizar los derechos de todas las personas”. En esa línea, el Frente Orgullo y Lucha, que reúne a organizaciones LGBT+ de todo el país, destacó la participación del INADI en las leyes de Matrimonio Igualitario, Identidad de Género, Reproducción Humana Asistida, Cupo Laboral Travesti-trans, Respuesta Integral al VIH, entre otras. 

Además, el Frente afirmó que “el INADI devino un símbolo indiscutible de convivencia democrática en la diversidad, no sólo sexual, sino de toda índole. Y se puede considerar, también un ejemplo de política de Estado, sabiendo trascender las gestiones de gobierno que nuestro país ha tenido desde la creación del organismo”.

No sólo las asociaciones de géneros y diversidad comunicaron su repudio, sino también activistas de la salud mental y discapacidades. Por ejemplo, la seccional de Quilmes de Hablemos de Autismo Red Federal llamó a las autoridades a “reconsiderar esta decisión y garantizar la continuidad del INADI en su misión de proteger los derechos de todos los ciudadanos”. La Red Federal de Familias TEA y TGD expresó su “enérgico repudio” en un comunicado de redes sociales: “Esta medida representa un retroceso en la lucha contra la discriminación y la promoción de la igualdad en nuestra sociedad”.

Laura Alcaide de Orgullo Disca resaltó la “amplia lucha” del Instituto por los derechos de los discapacitados. El organismo está vinculado con la Ley 26378 de Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y con la creación de normativas para la fabricación de productos y tecnologías accesibles. “Tiene que existir un organismo que medie para que la vulneración de derechos no ocurra. Este gobierno está intentando que volvamos a nuestras casas, a situaciones de violencia y que nadie pueda mediar por nosotres”, advirtió Alcaide.

Jony de la Silla, militante social y artista popular, se posicionó en defensa del Instituto “como persona con discapacidad, pero también como negro, pobre, que se pinta las uñas y es militante”, ya que “todos tenemos que luchar por el derecho a una vida digna y el INADI aporta un montón a eso”. Gracias al Instituto fue posible la Ley 26162 de Competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), una herramienta vital para el desarrollo de políticas públicas en beneficio de las identidades negras y marrones.

La organización Defensoría de Laburantes explicó que “la agenda de Milei promueve explícitamente avanzar contra las minorías, que no tengan voz y que se le dé rienda suelta a su discurso violento, discriminador, misógino y homofóbico. Para eso, el INADI es un obstáculo a remover”.

¿Un país sin universidades?

¿Un país sin universidades?

Feb 22, 2024 | Comunidad, Destacado 1

Ante la prórroga del presupuesto destinado para el año pasado, las universidades alegan que, con una inflación que llega al 250 por ciento interanual, peligra su normal funcionamiento. A esta realidad se suma también el conflicto por las paritarias docentes.

El Poder Ejecutivo nacional decidió disponer para la actividad universitaria de 2024 la misma partida presupuestaria que en 2023 a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU). El presupuesto ni siquiera suma un ajuste por inflación, que en el ultimo año se aproximó al 250%, algo que afecta gravemente el financiamiento de la educación superior en su conjunto.

En las últimas semanas las universidades comenzaron a explicar a la sociedad por qué la educación superior resulta así inviable. Por ejemplo, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires aprobó una resolución en la que manifiesta el estado de “extrema preocupación” de la comunidad respecto de su situación presupuestaria y encomienda al rector realizar las gestiones correspondientes ante el Ministerio de Capital Humano a efectos de disponer de un presupuesto que garantice la continuidad de las funciones de docencia, investigación, salud y extensión, desarrolladas en las distintas unidades académicas.

La Facultad de Ciencias Sociales fue la primera de las trece que componen la UBA en manifestarse a través de un comunicado en redes sociales donde se explica que “durante 2023 Sociales contó con un presupuesto de 238 millones de pesos, dinero utilizado para limpieza de los edificios, el mantenimiento de ascensores, la compra de pupitres, la ART para nuestros y nuestras estudiantes, entre otros gastos que hacen al normal desempeño institucional”. Con el nivel de inflación interanual del 250 por ciento, para funcionar este año se necesitan 645 millones de pesos lo que deja un déficit estimado de 406 millones.

Al respecto, en diálogo con ANCCOM, el vicedecano de Sociales Diego de Charras explicó que con la réplica del presupuesto 2023 para este año la Facultad puede garantizar el funcionamiento por un plazo de algunos meses y sosteniendo sólo los servicios y necesidades esenciales, por lo que están evaluando todos los gastos a ser afectados de modo que no se perjudique un mínimo funcionamiento.

“En principio intentamos postergar gastos no urgentes, como pueden ser arreglos o compras que se tienen previstas para este año y priorizar aquello que hace al funcionamiento de la institución con condiciones de seguridad e higiene” indicó el vicedecano. Además, De Charras considera que, si bien desde la gestión y organizaciones sindicales se están llevando adelante gestiones ante la Universidad de Buenos Aires y de allí a otros niveles de gobierno, “la principal medida hoy es la información y la concientización de nuestra comunidad, y luego de toda la sociedad, acerca de la gravedad del recorte y de los riesgos para la educación pública”. Si la situación no se destraba, aclara, “seguramente se evaluarán medidas de fuerza de otro tenor”.

Ludmila Peralta, presidenta del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales, remarca que su rol es velar por los estudiantes y especialmente los más vulnerables que son quienes terminan abandonando las carreras universitarias: “El centro viene manifestando desde diciembre, cuando vimos cómo se presentaba la situación, que lo principal es que nadie deje de cursar y que cualquier estudiante se pueda acercar a hablar con nosotros. Si queremos ser un montón en las calles defendiendo la educación pública primero tenemos que estar en las aulas” enfatiza la responsable del Cecso.

Congelados

La Universidad Nacional de Quilmes también emitió una comunicado titulado “Modificaciones en la oferta académica” por el congelamiento presupuestario que regirá para las carreras de grado y pregrado en las modalidades presencial y a distancia. Allí se establecen nuevos topes para la inscripción a materias. El argumento que dan es que “el Gobierno nacional decidió prorrogar el presupuesto 2023 y no enviar al Congreso un presupuesto para 2024: esa falta de actualización significa una fuerte reducción de los recursos necesarios para el normal funcionamiento de las universidades que formamos parte del sistema público”.

En consecuencia, desde la UNQ se estableció una adecuación de la oferta académica a las posibilidades del presupuesto actual y ya no será posible costear cursos adicionales como tampoco contratos de docentes extra, y en los próximos periodos de inscripción a materias se ponen nuevos topes de dos materias más una tercera de forma adicional. Desde ANCCOM se intentó comunicarse con los responsables del área de prensa de la Universidad Nacional de Quilmes y respondieron que por el momento solo se van a limitar a la difusión de lo publicado en su página web.

También la Universidad Nacional de Río Cuarto, en la provincia Córdoba, se sumó a las advertencias indicando que se encuentran en una “situación económica crítica” y denuncian que “el presupuesto 2023 reconducido, con un ritmo inflacionario creciente desde entonces, implica que de no mediar una recomposición vamos a tener inconvenientes para el pago de servicios generales, como así también es posible que se genere devaluación de las becas y afectación del sistema alimentario, que impacte en la adquisición de insumos para docencia e investigación, en la ejecución de programas especiales, entre otras tantas actividades del quehacer institucional”.

 

La paritaria docente: conflicto en puerta

Otro foco de conflicto en el contexto inflacionario actual es el acuerdo por los aumentos salariales a los docentes universitarios. Francisca Staiti, secretaria general de CONADU Histórica, manifestó a ANCCOM que solo se ofreció un 6 por ciento de recomposición salarial sumado al 10 por ciento que arreglaron con el gobierno anterior, todo a cobrar en marzo: “Durante el mes de enero tuvimos cero por ciento de recomposición, por lo tanto, la licuación de poder adquisitivo ronda un 40 por ciento. Rechazamos esa propuesta del gobierno actual y pedimos una nueva reunión donde se nos trajera un número que nos permita recuperar lo perdido frente a la inflación pero esto no ocurrió y la situación en las universidades se va a ir profundizando considerando la urgente necesidad de aumento del presupuesto”, enfatizó la representante de la Federación Nacional de Docentes Universitarios Histórica nucleados dentro de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma. (CTA Autónoma).

Juan Donati, Doctor en Derechos Humanos y secretario general del Sndicato de Docentes e Investigadores de la Universidad de Lanús, cuya federación a nivel nacional es FEDUN, comenta que el clima le hace acordar a los meses previos al 2001 cuando todo terminó en un estallido social. “La situación afecta a los sectores más vulnerables y para quienes tenemos salarios fijos, la pérdida de poder adquisitivo es muy significativa. Esto incluye docentes e investigadores”, remarca Donati.

En la Universidad de Lanús se llevó adelante una asamblea con más de 60 docentes dónde el análisis fue por un lado el problema del poder adquisitivo; por otro, el desfinanciamiento educativo. Dice el secretario general ADUNLa que el rector les aviso que “los fondos alcanzan para funcionar hasta el mes de mayo, nos vamos a declarar en emergencia”.

Donati explicando que “desde la Federación de Docentes Universitarios, como parte de la Confederación General del Trabajo (CGT), se ha decidido llevar adelante un plan de lucha junto con otros claustros. Una escalada de actividades para ser visibilizados y, si no se va resolviendo la situación, llegar hasta el paro nacional”. Para Donati “el ajuste no tienen que ser los trabajadores mientras las multinacionales se llenan de dinero. Plata hay pero existen desigualdades en la distribución. Nosotros no somos la casta”.

La situación de ahogo presupuestario a las universidades públicas y la licuación del salario de los trabajadores son una realidad que pone en riesgo un derecho fundamental: la educación pública y gratuita. Sin ese recurso mínimo para igualar un poco las posibilidades de todos, la “meritocracia” que pregona el gobierno se torna aún más injusta. La tradición de lucha histórica del movimiento estudiantil y docente será clave para combatir las nuevas (viejas) ideas que solo pretenden generar exclusión, hambre y miseria.