Venezuela en su laberinto

Venezuela en su laberinto

El 10 de enero comenzará formalmente el nuevo mandato de Nicolás Maduro, autoproclamado ganador de las elecciones sin exhibir las actas electorales. Su rival, González Urrutia, se exilió en España yCorina Machado, lider de la oposición, intenta una salida negociada de la crisis. ¿Cómo impactará el triunfo de Trump?

El 28 de julio se desarrollaron las elecciones presidenciales en Venezuela. Millones de personas decidieron entre la continuidad del presidente Nicolás Maduro o el comienzo de una nueva era bajo la dirección de Edmundo González Urrutia, representante de la coalición opositora. Frente a las cifras oficiales, ambos candidatos se proclamaron ganadores: González Urrutia respaldó su triunfo presentando las actas de votación de sus fiscales, y Maduro lo sostuvo a través de su palabra y la de los organismos estatales.

Las actas de votación presentadas por la oposición ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), y frente a distintos organismos internacionales, demostrarían la victoria de González Urrutia con el 67% de los votos, frente al 30% obtenido por Maduro. Ellas representarían el 81,7% de las actas totales y hasta el momento son la única prueba que permitiría legitimar los resultados de la elección, ya que ni el CNE ni el líder chavista presentaron documentos que validen su supuesta victoria.

A su vez, la reelección de Maduro fue proclamada por Elvis Amoroso, presidente de la CNE, y ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que clausuró el capítulo electoral al rechazar el amparo presentado por el Frente Democrático Popular (FDP), que exigía la publicación de los resultados de la votación.

Claudia Cinatti, analista y editora de política internacional de La Izquierda Diario, afirmó que el proceso fue fraudulento desde su desarrollo previo, no solo respecto al recuento de votos, y comentó en conversación con ANCCOM: “Maduro vetó candidatos de la oposición patronal, como María Corina Machado, que está inhabilitada, y rechazó otros candidatos hasta que finalmente quedó González Urrutia. El carácter autoritario y antidemocrático del gobierno también fue para evitar cualquier expresión que cuestionara por izquierda al propio gobierno de Maduro; recordemos que al Partido Comunista venezolano, que estuvo por muchos años en alianza con el gobierno y después rompió, le hn quitado la legalidad de manera escandalosa. “

La especialista puntualizó: “El régimen tuvo su candidato, la oposición de derecha también tuvo su candidato, aunque no fuera el que había elegido, y tanto los sectores de trabajadores como cualquiera que cuestionara por izquierda al gobierno, ningún candidato”.

Joaquín Sánchez Mariño, periodista argentino que cubrió las elecciones y es autor del ensayo En Venezuela, expresó en diálogo con ANCCOM: “Se preveía que el oficialismo iba a tender algún tipo de trampa. Desde la oposición estaban preparados para que el gobierno no aceptara fácilmente su derrota pero nadie esperaba esta necedad tan brutal. Había una pequeña esperanza de que aceptara un proceso democrático transparente, porque la esperanza es lo último que se pierde, pero tampoco fue tanta sorpresa cuando el gobierno lo rechazó.”

Durante los días posteriores a la elección, las calles de todos los Estados recibieron a miles de manifestantes que denunciaron fraude electoral, y exigieron la transparencia del proceso de escrutinio. Las protestas fueron aplacadas por una ola de violenta represión, impulsada por el gobierno, que dejó 23 muertos, cientos de heridos, más de 2000 detenidos e inauguró una nueva etapa de persecución política.

Sánchez Mariño comentó: “Se esperaba que ganara la oposición, porque eso se veía en la calle, pero había que ver si era una derrota ajustada. El día anterior a las elecciones parecía que era 1983, una especie de regreso venezolano de la democracia, pero no lo fue y la esperanza se desinfló muy fuertemente porque a fuerza de detenciones y persecución política el gobierno logró controlar la protesta social.  Después de las elecciones comenzó la Operación Tun Tun, una forma de atemorizar a la sociedad y amedrentar a los que salen a protestar, que es clave para este proceso.”

Actualmente González Urrutia se encuentra exiliado en España y María Corina Machado, la principal referente de la oposición, sigue en el país actuando desde las sombras, sin revelar su paradero. Machado insiste en consensuar con Maduro su salida del poder, ofreciéndole amnistía a cambio del reconocimiento de su derrota. Durante los días posteriores a las elecciones se especulaba con la posibilidad de que una fracción de las Fuerzas Armadas, el principal pilar que sostiene a Maduro en el poder, se rebelara e hiciera un golpe desde adentro, pero rápidamente se descartó. “Es difícil un quiebre grande porque gran porcentaje de las fuerzas están implicadas en los negocios de Maduro, quien dejó que la corrupción y el vicio permeen en las capas altas y bajas como una manera de convertir a todos en cómplices” explicó Sánchez Mariño.

Los únicos países de la región que respaldaron los resultados sostenidos por el régimen fueron  Bolivia, Cuba, Nicaragua y Honduras. El resto, incluidos aliados históricos del chavismo, como el presidente de Brasil Lula da Silva, el de Chile, Gabriel Boric, y de Colombia Gustavo Petro, no reconocieron el triunfo de Maduro y exigieron la publicación de las actas.

Sánchez Mariño consideró esos posicionamientos parte de los hitos más importantes a nivel internacional, y explicó: “El primero fue cuando el Centro Carter, una organización independiente de investigaciones estadounidense, a la que Maduro invitó y que avaló las elecciones de 2018, abandonó el país y dijo que las elecciones no habían sido limpias, por ende no podían verificar el triunfo del líder chavista. Más adelante expresaron que había ganado la oposición, y que las actas que presentaron eran válidas. El segundo golpe fuerte fue cuando los líderes de la región no respaldaron su triunfo, lo cual afectó su credibilidad y estatura moral porque se esperaba que lo respaldaran más allá de que fuera fraudulento.”

La columnista brasileña del Jornal O Globo, Janaina Figueiredo, quien ha cubierto elecciones en Venezuela, entrevistó a González Urrutia en Madrid, y comentó en conversación con ANCCOM que el excandidato presidencial está viajando por Europa para pedirle ayuda a la comunidad internacional, solicitando más sanciones para asfixiar económicamente al gobierno de Maduro, y principalmente sanciones individuales hacia “los funcionarios de la dictadura venezolana”.

Figueiredo declaró: “Las sanciones han tenido un impacto muy duro para la economía y para el gobierno de Venezuela, que lo ha sorteado con la ayuda de aliados como China y Rusia, entre otros. La situación financiera del gobierno de Maduro es muy complicada, y eso explica también por qué sufrió una paliza en las elecciones del 28 de julio: porque el chavismo no tuvo más el dinero con el que contó en otro momento para financiar programas sociales, y los sectores populares votaron por primera vez, en su mayoría, en contra del chavismo. Eso tiene que ver con un Estado fallido: los chicos en Venezuela van a la escuela dos veces por semana, los hospitales se caen a pedazos, eso claramente se relaciona con un impacto financiero de las sanciones, pero también con la corrupción. Maduro ha conseguido de alguna forma superarlas, pero las sanciones sin duda representaron un costo muy alto para el régimen, y para la sociedad.”

Hugo Chávez, el teniente coronel del ejército venezolano, se hizo públicamente conocido en 1992, cuando se adjudicó públicamente la responsabilidad del golpe de Estado fallido del mismo año. Después de dos años de prisión, fue indultado y se dedicó a construir un movimiento político a través de la canalización de las frustraciones sociales y económicas de la población. En 1998 ganó las elecciones, y al año siguiente asumió la presidencia con amplio apoyo del pueblo. Su gobierno fue acompañado por una situación económica favorable generada por el boom petrolero, que le permitió una relativa redistribución de la renta petrolera y la nacionalización de empresas privadas.

Cinatti destacó que si bien Chávez tomó medidas para reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de los sectores populares, también creó una burguesía nacional “completamente parásita” que “vivía y aprovechaba los subsidios del Estado”, y expuso rasgos autoritarios para intentar disciplinar a la clase trabajadora, por ejemplo al declarar la ilegalidad de las huelgas.

Tras el fallecimiento de Chávez en 2013, se celebraron nuevas elecciones en las que resultó ganador Nicolás Maduro, quien había sido vicepresidente durante su último mandato y fue designado públicamente como su sucesor por el propio líder bolivariano. Su gobierno encontró serios límites debido a la dependencia de la renta petrolera, ya que la mayor parte del ingreso de divisas provenía de ese sector, y el cambio en las condiciones internacionales, la caída del precio de las materias primas y del petróleo redujeron drásticamente los fondos del Estado.

Al respecto, Cinatti afirmó: “Bajo el régimen de Maduro el país entró en una situación desastrosa, lo hemos visto sin bienes básicos de consumo, en una situación social y económica catastrófica, sobre todo para los sectores populares. Hoy hay casi una dolarización de hecho, el salario es miserable y para sostener todo eso profundizó mucho los rasgos autoritarios del régimen político. La pérdida de apoyo se debe a una combinación de medidas impopulares y la profundización del carácter autoritario y represivo, al punto de tener detenciones completamente arbitrarias y presos políticos.”

El futuro de Venezuela se presenta como un panorama incierto, y abierto hasta el 10 de enero del próximo año, fecha donde comienza el tercer mandato de Maduro. La victoria de Donald Trump en los Estados Unidos, que asumirá el 20 de enero, podría cambiar el rumbo.

Cinatti afirmó: “Están en juego distintos factores, en primer lugar económico, ya que si bien el gobierno de Maduro tiene contradicciones evidentes con gobiernos como el estadounidense o el español, las multinacionales de esos países hacen negocios muy importantes en Venezuela, como la Chevron, y los grupos económicos locales, porque Maduro se presenta como garantía del orden y viene aplicando un plan económico que atacó muy duro a los sectores trabajadores, asalariados y populares.”

No obstante, Cinalli recordó que “fue bajo el gobierno de Trump cuando se impulsó el golpe que intentó dar Juan Guaidó, que se autoproclamó presidente, ligado a este mismo sector de la oposición de derecha encabezado por Machado. Son una serie de elementos nacionales e internacionales, incluso de los propios gobiernos de América Latina, que hacen que esté todo ‘congelado’, aunque hay muchos elementos de crisis y hay que ver que nuevos hechos políticos pueden llegar a suceder. El gobierno de Maduro ha instalado un escenario, pero no está cerrado.”

Científicos y científicas argentinas salen a la calle

Científicos y científicas argentinas salen a la calle

Investigadores e investigadoras de diferentes universidades e institutos realizaron una feria para mostrar su trabajo y su anclaje en la sociedad. Estudiantes de escuelas secundarias y público general los acompañaron durante toda la jornada del viernes.

Desde la ventana del colectivo de la línea 101, al pasar por Plaza Houssay, ya se puede notar su presencia. Algunos visten guardapolvos, otros llevan chalecos que los identifican con sus organizaciones. Allí, en el corazón de la plaza, instalan sus puestos, donde pasarán el resto de la jornada bajo un sol implacable que no da tregua. Vecinos de la zona y también niños y adolescentes de diferentes escuelas de la ciudad, fascinados, se detienen a interactuar y sorprenderse con la “magia de la ciencia”, quizás soñando con convertirse algún día en uno de ellos. Sin embargo, estas personas de guardapolvo están lejos del estereotipo del científico loco con lentes gruesos y cabello alborotado encerrado en un laboratorio. Los investigadores argentinos no se encierran: salen a la calle, comparten su conocimiento y luchan por el futuro de la ciencia.

La Feria en Defensa de la Ciencia y la Universidad, que comenzó cerca de las 11 horas del viernes y se extendió hasta pasadas las 19, contó con más de 80 stands donde investigadores de diferentes áreas realizaron actividades para difundir sus proyectos y visibilizar las problemáticas actuales que dificultan sus investigaciones. “Surgió como una iniciativa discutida en reuniones y asambleas acá en la Facultad de Medicina. Nos contactamos con compañeros docentes del Gino Germani que estaban con la misma idea y empezamos a laburar en conjunto. Lo habíamos pensado al principio como solo de zona Houssay, pero se fueron sumando distintos institutos UBA-CONICET, que son de Sociales, de Medicina, de Farmacia, de Exactas, también gente del INTI, del INTA, del CNEA, un montón de lugares de diversas disciplinas y que están sufriendo el ajuste tremendo del gobierno”, contó Valentina Alillo, parte de la organización del evento.

Uno de los principales objetivos de la feria es acercar la ciencia a los más jóvenes, por lo que varias escuelas secundarias de la zona fueron invitadas a participar y hacer una recorrida por los distintos puestos. “Hay stands con juegos que están orientados más al público infantil y adolescente, para hacer que los chicos se interesen cada vez más en la ciencia”. Una de estas tantas iniciativas estaba compuesta por un mapa donde los chicos debían ubicar el sitio turístico que les toque en el lugar geográfico que corresponda. Triana Sánchez, integrante del Centro de Investigación y Desarrollo del Turismo -CIETUR- de la Universidad Nacional de San Martín nos cuenta el motivo del juego: “Estamos concientizando sobre la investigación del campo de estudios en turismo y porque es importante priorizar la actividad turística tanto a nivel económico como social, a lo largo y ancho de todo nuestro territorio”. Hoy, el CIETUR atraviesa grandes problemas para solventar los gastos de investigación: “Al estar en la Escuela de Economía y Negocios de la UNSAM, tenemos muchos convenios que hacemos a través de consultorías y de esa forma nos auto financiamos. Sin embargo, hoy los convenios están cayendo y tenemos muchas becas CONICET que están en peligro, sumado a la devaluación que están sufriendo nuestros salarios en el último año. Entonces, es un panorama muy complejo que dificulta que podamos poder seguir haciendo lo que hacemos y amamos”.

El mismo panorama atraviesan múltiples organismos que se dedican a la investigación científica. Andrea Ostrov, directora del Instituto de Literatura Hispanoamericana, profundiza sobre la situación: “Por decisión del Poder Ejecutivo Nacional no se está nombrando a nuevos investigadores en CONICET. Es histórico, porque hace muchísimos años que no pasa, que durante un año no haya habido ningún ingreso de un investigador en CONICET. Este año, como todos los años, hubo más o menos entre 300 y 400 bajas que posibilitará que den el ingreso a nuevos investigadores sin incrementar el gasto, sin embargo no quieren hacerlo, y es por decisión política del Presidente de la Nación”. La falta de ingresos hace que el Instituto corra peligro: “La continuidad de los proyectos y la renovación de los recursos humanos peligra al no haber ingresos de manera fluida como otros años, cada vez tenemos menos becas de postdoctorado y mucho menos investigadores. Lo normal es que todos los años entren 4 o 5 becarios de doctorados y este año todavía no hubo ninguno. Tenemos que publicar porque los organismos nos exigen publicaciones que den cuenta del trabajo de los equipos y esas publicaciones hay que pagarlas. Las inscripciones a congresos internacionales rondan entre los 100 y 150 dólares, y un equipo normalmente tiene entre 6 y 8 personas. Este costo es solo de manera virtual, ni hablar de costear los viáticos para pasajes y alojamientos. Se hace muy cuesta arriba. cada vez hay más trabas, más dificultades, y es un proceso de ahogo. El desfinanciamiento es un modo de aniquilación disimulado, entre comillas”.

María Laura Romano, una de las investigadoras del instituto, cuenta la principal problemática que atraviesan en la actualidad: “Hay seis investigadoras que el año pasado ganaron el concurso de ingreso a carrera de investigadora de CONICET y, luego de esperar más de un año, todavía no tenemos ninguna información certera acerca de cuándo nos van a designar y entonces estamos en esta instancia en la que no sabemos qué hacer, qué va a pasar con nuestro trabajo, porque también existe la posibilidad de irnos afuera a trabajar en un lugar donde nuestro trabajo sea reconocido. Sería una pena que se perdiera esa inversión de un recurso humano sumamente formado”.

Otro de las actividades que se robó las miradas del público fue la realizada por el Área de estudios urbanos del Instituto Gino Germani. “Es un mapeo colectivo donde buscamos tener un registro sobre las distintas percepciones, formas de apropiación y experiencias que hay sobre el espacio urbano, donde también queremos poder analizar en qué medida son diferentes según el género de los ciudadanos”, explica Facundo Corti, quien hoy centra su investigación en políticas de reurbanización de villas. “Analizo los efectos de diferentes políticas de integración social y urbana en la estructura social y urbana de la Ciudad de Buenos Aires combinando una estrategia cuantitativa sobre cantidad de personas involucradas para dimensionar la problemática habitacional en términos de infraestructura, con un abordaje más cualitativo que tiene que ver justamente con las percepciones de los habitantes de los barrios”.

Esta semana, la vicepresidenta Victoria Villarruel, atacó algunas de las novelas que conforman la colección “Identidades bonaerenses” que, desde septiembre de 2023, la provincia de Buenos Aires difunde en bibliotecas escolares con libros que no son de lectura obligatoria, buscando garantizar el derecho a una educación con acceso a los libros como herramienta clave de aprendizaje. VIllarruel difundió fragmentos fuera de contexto, pidiendo que “dejen de sexualizar a nuestros chicos”, y acusó al Gobierno de la provincia de adoctrinarlos en temas vinculados a la Educación Sexual Integral (ESI). Maria Laura Romano, del Instituto de Literatura Hispanoamericana, reflexionó: “El punto que disparó la discusión fue la novela Cometierra de Dolores Reyes, pero el ataque es contra la educación sexual integral y contra la posibilidad de que los pibes y las pibas que van a la escuela secundaria puedan estar informados y atendidos en sus demandas y necesidades de información. Me parece que cierto sector del gobierno está en contra de que en todas las escuelas se puedan trabajar cuestiones que tienen que ver con lo sexual, con lo vincular”.

Marcha por la marihuana, garrotazos del gobierno

Marcha por la marihuana, garrotazos del gobierno

Con concentraciones en todo el país, organizaciones en defensa del uso del cannabis realizaron la Marcha Nacional de la Marihuana. La policía de la Ciudad reprimió en el acto frente al Congreso.

«Ya fue, yo me animo». Silvia lo recuerda como un salto al vacío. El cannabis era, para ella, “mala palabra”. Pero Milena, su hija de 10 años con epilepsia refractaria, tenía cien convulsiones al día. Resistía los antiepilépticos y su vida giraba en torno a 50 pastillas diarias. Nada funcionaba. Milena estaba ausente, atrapada en un cuerpo que parecía no darle tregua. Desesperada, Silvia comenzó a probar aceite de cannabis. El cambio fue radical: “Recuperó la sonrisa. Hoy lleva una vida bastante normal”. La medicación se redujo, su aprendizaje mejoró, y su calidad de vida se transformó.

En Mamás Cannabis Medicinal (MACAME), Silvia encontró comunidad y propósito. Allí, madres como Laura, que también vio mejoras en su hija con daño cerebral, luchan por un tratamiento digno: “Nuestros hijos viven hoy, no tienen todo el tiempo del mundo”.

Pero el camino está lleno de barreras. La ley 27.350 (de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados) no alcanza: hay un recrudecimiento de la criminalización de usuarios y cultivadores, se imponen nuevas restricciones al Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN) y el sistema de salud pública enfrenta un ajuste brutal que limita aún más el acceso a tratamientos esenciales.

Energía para reclamar y atropellos policiales

E viernes último, a partir de las 14, tuvo lugar la Marcha Nacional de la Marihuana, una de las principales jornadas anuales de lucha de las organizaciones y usuarios cannábicos, que se celebró en 18 localidades del país. La concentración principal se desarrolló frente al Congreso de la Nación, donde se presentó una carta dirigida a Javier Milei. El evento contó con música en vivo, bandas y exposiciones de emprendedores cannábicos. Sin embargo, la jornada estuvo marcada por la represión de la Policía de la Ciudad, bajo la gestión de Jorge Macri.

Según explicaron desde la organización, estaban a la espera de la confirmación del permiso por parte de la Ciudad. Indicaron que, ante la falta de respuesta, la ley establece el «silencio positivo», lo que les habilitaba a realizar la manifestación. Sin embargo, la policía sostuvo que esta normativa no era aplicable. Poco después, arribaron efectivos de la Policía Federal junto con personal de Espacios Públicos, quienes impidieron que se montara cualquier estructura y reprimieron a los asistentes.

Pamela Kaiser, integrante de la mesa organizadora de la marcha, relató: «Cómo el sol estaba muy fuerte y había chicos y personas con capacidades reducidas, decidimos armar un gazebo para resguardarnos. En ese momento, la policía comenzó a rodearnos y agredieron a una compañera, yo me metí a defenderla y me agarraron entre seis policías. Hay compañeras con golpes y moretones».

«Nos están atropellando otra vez, no nos dejan marchar. Es la primera vez en quince años que pasa algo así. Siempre hemos marchado pacíficamente, sin buscar alterar nada. Solo defendemos la salud y nuestros derechos”, expresó Rodrigo Ezek, vendedor de productos cannábicos, visiblemente indignado ante la situación.

Tras el impedimento de la policía para montar el escenario, la concentración se trasladó al centro de la plaza del Congreso. Allí, la energía no se apagó: la movilización la lideró una banda murguera al ritmo de trompetas, bombos y redoblantes. Con banderas, carteles y ganas de cantar, los manifestantes se hicieron escuchar en la plaza: “Yo no soy un delincuente, yo no soy un criminal, yo cultivo marihuana, no más presos por plantar”.

 

El Estado tiene que dar respuestas

“Estuve presa dos años por cultivo de cannabis”, relata Mariela Escopeta, de 61 años. Su nieto de siete años padece síndrome de Tourette, y su salud mejoró desde que consume el aceite de la planta. “Perdí dos años de mi vida y pasé un montón de cosas horribles. Igual que yo hay muchos compañeros y compañeras, no tiene que haber más presos por cultivar marihuana”, denuncia.

Este año, la marcha coincidió con el Día del Cannabis Medicinal y con un momento clave: el 35° aniversario de la sanción de la Ley de Estupefacientes N° 23.737, que, según se denuncia en la carta entregada al Presidente, «lejos de proteger la salud pública, ha generado un aumento del narcotráfico y un alto costo económico, social y político para el país». La carta también señala que la ley «criminaliza el consumo y cultivo de marihuana, y ha perpetuado la discriminación y estigmatización de los usuarios, especialmente en sectores vulnerables como jóvenes de barrios populares, población trans, LGTBIQ+ y, particularmente, las mujeres cannábicas, quienes enfrentan una mayor persecución judicial».

El REPROCANN: ¿qué cambió?

El REPROCANN es una base de datos creada para registrar a las personas que cumplen con los requisitos para acceder a un cultivo controlado de cannabis con fines medicinales, terapéuticos o paliativos del dolor.

Sin embargo, un gran obstáculo que enfrentan quienes buscan utilizar cannabis medicinal es el retraso en la aprobación de las solicitudes. Según la revista especializada Mate, actualmente se reciben aproximadamente 1.000 solicitudes diarias, pero estas son revisadas por solo dos personas. Este colapso se debe al desmantelamiento de los organismos del Estado y a las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei. En total, hay más de 100.000 solicitudes esperando aprobación o renovación, ya que el permiso otorgado tiene una vigencia de tres años. Los plazos de espera son extremadamente largos, y la situación se ha agravado desde principios de año, cuando el gobierno anunció la «revisión» y «auditoría» del REPROCANN. Como resultado, se han judicializado cientos de solicitudes, muchas de las cuales han obtenido fallos favorables para los pacientes.

La resolución 3132/24

El 16 de agosto se publicó en el Boletín Oficial la resolución 3132/2024 del Ministerio de Salud, que introduce modificaciones a la resolución anterior del REPROCANN, con el objetivo de restringir el acceso al cannabis medicinal.

Las modificaciones principales afectan a los cultivadores solidarios y las ONG, actores clave en el acceso al cannabis medicinal, ya que proporcionan la planta o sus derivados a pacientes que no pueden o no quieren cultivar por sí mismos, o que no pueden acceder a productos importados. La resolución establece que los miembros de la comisión directiva de las ONG no podrán tener antecedentes penales relacionados con el uso de estupefacientes o el uso indebido del cannabis medicinal. Este es un atropello, ya que muchas de estas organizaciones están compuestas por militantes del movimiento cannábico, que históricamente han sido víctimas de la legislación punitiva sobre drogas. Otra de las modificaciones apunta a los médicos, quienes ahora deberán cumplir con dos requisitos excluyentes: estar inscriptos en la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (Refeps) y contar con un certificado de una “Diplomatura o Maestría sobre el uso medicinal de la Planta de Cannabis”. Esta última exigencia resulta problemática, ya que en Argentina esos cursos son de pago, en un contexto de crisis presupuestaria en las universidades públicas, también afectadas por la política de ajuste del gobierno de Milei. Estas medidas buscan limitar la cantidad de profesionales habilitados para prescribir cannabis medicinal.

Los trabajadores de Petroquímica Río Tercero llevan un mes de acampe

Los trabajadores de Petroquímica Río Tercero llevan un mes de acampe

Comenzaron la protesta por el despido de 130 trabajadores y una cantidad igual de suspendidos. El reemplazo de la producción por la importación arrastra también a Fabricaciones Militares.

Hace poco más de un mes Petroquímica Río Tercero (PR3) notificó a sus trabajadores sus intenciones de cerrar la planta productora de Diisocianato de Tolueno (TDI), principal área productiva de la empresa. Al momento ya lleva 130 trabajadores despedidos y 130 suspendidos. El 14 de octubre pasado comenzaron a llegar las notificaciones e inmediatamente se pusieron en marcha las medidas de fuerza que continúan hasta hoy. El cierre de la Petroquímica afecta directamente a Fabricaciones Militares Río Tercero, que además está sufriendo las consecuencias de la política oficial de vaciamiento de las empresas del Estado a través del retiro voluntario del 20% de los trabajadores y una fuerte reducción productiva. Entre ambas industrias, hay más de 500 puestos de trabajo en peligro. 

 

Enterarse por la radio

Los trabajadores de la Petroquímica Río Tercero llevan 36 días en lucha. Cesar Ávila, Secretario de Prensa del Sindicato de Químicos y Petroquímicos (SPIQyP) de Córdoba, dice que el conflicto inició “de un día para el otro” y explica: “La fábrica pidió un recurso preventivo de crisis diciendo que tenía que cambiar un transformador general. Cambiarlo iba a llevar quince días, entonces en ese tiempo los trabajadores se quedaban en su casa con el 100% del sueldo, y después retomábamos las tareas tranquilos”. Pero pasados los quince días los trabajadores se enteraron a través de la radio que la fábrica iba a cerrar: “Cuando íbamos a volver en un medio local, una radio amarillista donde la empresa tiene pauta, hablaron de los despidos”. Al acudir a la planta en busca de respuestas, los empleados se encontraron con todas las puertas cerradas con candado: “En el mismo portón se hizo una asamblea con todos los trabajadores de la empresa y se decidió ir al paro total de actividades y un acampe en el ingreso al polo industrial de la ciudad. Ese acampe sigue hasta hoy, lleva 36 días”, relata Ávila. 

En un primer momento, la empresa alegó estado de crisis y se amparó en el Artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo establece que en los casos en que el despido se deba a “causas de fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo”, el empleador está habilitado a pagar el 50% del monto indemnizatorio que marca la ley. El 15 de octubre la delegación del Ministerio de Trabajo de Córdoba en Río Tercero llevó adelante una audiencia que contó con la presencia de ambas partes en conflicto. En la reunión, el Ministerio exhortó a la empresa a presentar los balances que justifiquen el estado de crisis y a disponer el cese inmediato de los despidos “debiendo en el plazo máximo de 48 horas restituir de manera efectiva a todos los trabajadores a sus tareas normales y habituales”. Sin embargo, la Petroquímica no acató ninguna de las dos disposiciones. No presentó ningún balance y optó por atenerse al Artículo 245 según el cuál el pago indemnizatorio se debe realizar al 100%, además de no dar marcha atrás con ninguno de los despidos. “Desde la fábrica siguen desestimando las acciones del mismo Ministerio así que decidimos llevar adelante actividades gremiales y de visibilización del conflicto. Desde marchas en la ciudad, hasta ollas populares y en cada audiencia que hay en Ciudad de Córdoba marchamos también hacia el Ministerio de Trabajo”, enumera Ávila. 

Lo que dicen los CEOs

Fundada en 1981, la Petroquímica de Río Tercero es la única productora de TDI de Latinoamérica y pertenece a la compañía de colchones Grupo Piero. El TDI es un componente fundamental para la fabricación de gomaespuma, que la PR3 utiliza para su propia producción de artículos de descanso y vende a empresas automotrices. La decisión de dejar de producir el componente para comenzar a importar la gomaespuma le quita autonomía a la industria nacional frente a las posibles contingencias de este mercado. Juan Pablo Ceballos, CEO de PR3 ratificó que la decisión ya está tomada y es irreversible. Desde la compañía esperan el cese del conflicto para retomar con el resto de las actividades de la planta. 

Los directores de la empresa sostienen que, debido a la apertura de importaciones propiciada por el Gobierno, a la crisis en el mercado global del sector y a la multiplicación de empresas de origen chino que producen a menor precio, la fábrica ha perdido competitividad y por ello buscan detener la producción para importar el producto. “Primero adujeron una crisis que nunca existió, porque nunca presentaron los papeles, y finalmente dijeron que habían decidido cerrar porque les convenía mucho más importar desde una oficina”, repasa Ávila. Además de los 130 despedidos y 130 suspendidos de la PR3, preocupan los efectos que el cierre tiene en otros cientos de puestos de trabajo. “Aparte de los químicos, hay 80 familias de trabajadores de la UOCRA que quedan en la calle, a lo que se suman los empleados de empresas tercerizadas que trabajan por fuera pero le producen a la fábrica. Estamos hablando de 250 puestos de trabajo menos”, explica Ávila. 

Vaciamiento, mentiras y silencio 

En ese sentido, la fábrica más afectada por el cierre de PR3 es Fabricaciones Militares Río Tercero, que produce el ácido nítrico utilizado para hacer el TDI. Con el paro en la producción de este compuesto por parte de la Petroquímica, la fábrica pierde a su principal comprador y con ello se reduce en un 70% su facturación.  Pero además, la fábrica militar está sufriendo políticas de vaciamiento, se redujó un 20% su personal y esta semana renunciaron el presidente y el vice. Hugo Pascarelli, quien era el presidente de la fábrica hasta el pasado miércoles y Carlos Pérez Aquino, vicepresidente, habían asumido sus cargos hace once meses, con el cambio de gestión de la administración estatal. 

“Desde que asumió la nueva gestión Fabricaciones Militares se está manejando con un alto nivel de hermetismo”, dice David Salto, Secretario General de ATE Río Tercero. “Nos cambiaron la figura jurídica por el decreto de Milei, de ser Sociedad del Estado nos pasaron a ser una Sociedad Anónima Unipersonal. Pero extraoficialmente nos comunican que la llegada de inversores está complicada,  porque entienden que va a haber más crisis en el país y no están las condiciones para producir por la liberación de importaciones”. Salto explica que además de la falta de inversores, la fábrica sufre las consecuencias de las política de vaciamiento: “No solo se da un achicamiento del personal a través de retiros voluntarios, también en términos productivos. Hubo una licitación de reparación de vagones y no se presentaron, por ejemplo. ¿Qué nos dijeron a nosotros? Llegamos tarde a la licitación. Una mentira más grande que una casa. Está clarito que no quieren agarrar trabajos”. 

El miércoles 13 de noviembre,  camiones militares se llevaron todo el material de trabajo que el Ejército brinda a la fábrica. Para Salto hubo “una falta de voluntad política” ya que nunca se generó una orden de trabajo,  por lo que el tiempo se venció.”. Lo que sucede, entonces, es que desde la misma Dirección de Fabricaciones Militares se está atacando su productividad. “Achicaron el 20% del personal a través de los retiros voluntarios, achicaron  un montón de gastos en las herramientas para que la fábrica funcione y además no nos permiten producir. Lo que están haciendo es una reducción productiva”. Para Salto, el accionar de los directores de la fábrica está en línea con la gestión nacional: “ Esto es parte del plan de Sturzenegger de achicar las empresas del Estado a la mínima expresión. Se generan las condiciones de achicamiento del personal para que sea seductor para los compradores, o se generan las condiciones para el cierre, como lo hicieron con la Fábrica Militar de Jáchal que está cerrada.” 

Por otro lado, se refiere a los efectos que el cierre de la Petroquímica Río Tercero tiene en Fabricaciones Militares: “Cerró Petroquímica y recién ahora están viendo si consiguen clientes para vender el ácido. Teniendo en cuenta que Milei no tiene parte del presupuesto destinado a los salarios de las empresas del Estado, una fábrica que no produce y que no factura se va a ver no complicada, complicadísima”. 

Algunas cifras de la gestión Milei 

El cierre de la Petroquímica Río Tercero y el vaciamiento de Fabricaciones Militares responden principalmente a la apertura indiscriminada de importaciones y a la desregulación de la economía por parte del gobierno de Javier Milei y sus ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger. La desregulación de las importaciones se acompaña de una nula política de promoción y protección de la industria nacional, que deja a las empresas locales en notable desventaja en el mercado mundial. Al mismo tiempo, las empresas estatales sufren una desfinanciación que genera bajas en su nivel de rendimiento. 

De acuerdo a un análisis realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), desde que Milei ganó en el ballotage hasta julio de este año, si se compara el número de empleadores que declararon trabajadores, se deduce la pérdida de 12.872 empresas y más de 260.000 trabajos registrados en unidades productivas. 

Por otro lado, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) el desempleo creció 1, 4% en un año, ubicándose en 7,6%. 

 Protestas

Frente a esta situación, los trabajadores de la Petroquímica Río Tercero están realizando acciones en conjunto con Fabricaciones Militares. Organizaron dos  marchas en la ciudad que contaron con un fuerte acompañamiento de la comunidad. “Creo que el acompañamiento tan grande tiene dos motivos, el cierre de Petroquímica  que le hizo dar un baño de realidad a la sociedad en general, que ya viene pagando tarifas exorbitantes y se empieza a dar cuenta que los ajustes fueron al pueblo y no a la casta”, analiza Salto. “Y después pasa que Río Tercero creció alrededor del polo químico, entonces hay una cuestión de historia y de pertenencia también”.  

Las acciones que están realizando los químicos y petroquímicos en Ciudad de Córdoba cuentan además del acompañamiento de ATE y otros sindicatos y con la adhesión del estudiantado. Por su parte, los trabajadores también participan de las asambleas y actividades que realizan los estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba. “Estoy más que convencido de que la unidad es el único método que tenemos hoy de resistencia contra estas políticas de ajuste. Hace 20 años trabajo en la fábrica y nunca vi algo así. Entonces si no nos unimos ahora a pelear en todos los campos, tanto el obrero como el estudiantil, estamos fritos porque vienen por todos”, sostiene Ávila. 

Sin respuestas por parte del gobierno ni de la empresa, los trabajadores de Petroquímica Río Tercero continúan el acampe tras 36 días de lucha. El próximo martes 19 tendrán una audiencia en el Ministerio de Trabajo de Córdoba, a la cual asistirán marchando por el centro de la ciudad, concentrado en Avenida Colón y General Paz donde realizarán una olla popular a la espera de la decisión que tomen las autoridades. Por su parte, los trabajadores de Fabricaciones Militares cortarán la ruta 9, con el acompañamiento del SPIQyP. En estado de alerta y movilización, a la expectativa de cómo se desarrolla el conflicto, no descartan una toma de la fábrica. 

 

Las mujeres también reclamaron al Estado ante la CIDH

Las mujeres también reclamaron al Estado ante la CIDH

En la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos de género en Argentina, el Estado se negó a responder y señaló que la violencia “no tiene género”.

Este jueves 14 de noviembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevó a cabo una audiencia sobre la situación de los derechos de género en Argentina, en la que organizaciones de la sociedad civil denunciaron lo que describen como una gran regresión en los derechos de género en el país. Durante la audiencia, las organizaciones Amnistía Internacional Argentina, ELA, CELS, FUNDEPS y Mujeres X Mujeres, se enfrentaron a los representantes del Estado argentino en un encuentro que desnudó las profundas fisuras de una nación que parece abandonar sus responsabilidades hacia quienes más necesitan su protección. Según Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el país atraviesa “un acelerado proceso de desresponsabilización del Estado Nacional, que abandona a las mujeres, renunciando a su rol de garante de un piso mínimo de derechos en todo el país”.

Un país que retrocede

La audiencia, que duró una hora y media, comenzó con la exposición de las organizaciones de la Sociedad Civil. Uno de los puntos más destacados fue la denuncia por la eliminación de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, justificada por el Estado con el argumento de que “la violencia no tiene género”. Según Mayca Balaguer, Directora Ejecutiva de FUNDEPS, esta decisión significa «un retroceso institucional de casi 40 años”, ya que priva a miles de mujeres en situación de violencia y vulnerabilidad de una protección esencial. Balaguer también alertó sobre los recortes presupuestarios en servicios clave para la atención a situaciones de violencia de género, como la línea de emergencia 144, que sufrió una reducción presupuestaria del 28% y una reducción de personal del 42% en junio de este año.
La situación en torno al acceso a derechos sexuales y reproductivos también implicó fuertes denuncias. Lucila Galkin, Directora de género y diversidad de Amnistía Internacional Argentina, denunció la paralización total en la distribución de insumos médicos como el Misoprostol, esencial para garantizar el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, y otros métodos anticonceptivos, lo cual, según expresó, “pone en riesgo la vida y la salud de niñas, mujeres y personas gestantes”. Galkin destacó que este desabastecimiento está generando un contexto de absoluta desigualdad en el acceso a la salud sexual y reproductiva en Argentina, con consecuencias que afectan particularmente a las mujeres en situación de vulnerabilidad.

La justificación del Estado: Crisis y ajuste

En defensa de estas políticas y en representación del Estado argentino, Alberto Baños, Secretario de Derechos Humanos, argumentó que el país atraviesa “una crisis económica y social sin precedentes” y que la reestructuración y los recortes son medidas necesarias. “El ajuste fiscal en el sector público nacional fue necesario para corregir la crisis terminal que enfrentaba la economía argentina”, explicó Baños.

Además, explicó que en esta reestructuración las competencias en políticas de género fueron absorbidas por el recién creado Ministerio de Capital Humano, encargado de centralizar las funciones de varios organismos. También, defendió que la línea de emergencia 144 seguirá activa y operativa, aunque se convertirá en un servicio de atención a situaciones de violencia en general, sin la especificidad de género que tenía anteriormente. Esta decisión fue fuertemente cuestionada por las organizaciones civiles, quienes advirtieron que “se pierde la especificidad en la atención de una problemática estructural de violencia hacia las mujeres”.

En este sentido, Patricia Sotile, integrante del área Jurídica de ELA, agregó en diálogo con ANCCOM: “La encuesta sobre prevalencia de las violencias en CABA muestra que la línea 144 es la más conocida entre las mujeres a la que pueden recurrir en caso de encontrarse en una situación de violencia de género en busca de ayuda. Esta forma extendida de conocimiento es la que permite que cada vez, más mujeres en situaciones de violencia puedan recurrir a las instituciones y mecanismos en busca de ayuda”.

Interrogantes sin respuestas

Los comisionados de la CIDH interpelaron al Estado sobre el futuro de programas de acción contra la violencia de género, los mecanismos de monitoreo y los protocolos de intervención. En su intervención, uno de los comisionados resumió la frustración y urgencia de las organizaciones civiles: “Lo que no se nombra no existe; si decimos que la violencia no tiene género, la protección del género no existe”. Sin embargo, Alberto Baños adelantó que el Estado Nacional no respondería preguntas durante la audiencia, sino que lo haría por escrito el lapso que la comisión disponga.
“El Estado, por su parte, continúa sin dar respuestas. Pese a que las y los comisionados solicitaron a los representantes del Gobierno que den respuestas en la audiencia sobre la coordinación de las políticas públicas sin presupuesto; que especifique cuáles son los programas que siguen vigentes y qué medidas tomarán para fortalecer la administración de justicia en casos de violencia de género, dichos interrogantes no fueron abordados ni hizo mención alguna sobre cómo va a cumplir con sus compromisos”, expresó Patricia Sotile en diálogo con ANCCOM.

Una lucha que continúa

En medio de un contexto internacional en que el mundo observa con atención, Argentina parece alejarse de su propio pasado de liderazgo en derechos humanos. Su voto este mismo jueves contra la iniciativa global de Naciones Unidas para combatir la violencia digital hacia mujeres y niñas, así como el retroceso en políticas de género, no son solo decisiones políticas, sino también señales preocupantes que parecen dar la espalda a los logros de décadas de lucha por la igualdad.

A cada recorte presupuestario, a cada ajuste, se suma el dolor de aquellos que ven, poco a poco, cómo se desmoronan las estructuras de apoyo que tantas veces fueron salvavidas en tiempos de violencia y desamparo. Las organizaciones civiles dejaron claro que el debilitamiento de los derechos humanos en un país como Argentina es una advertencia que resuena en toda la región, donde la igualdad y la protección aún son conquistas frágiles.

La audiencia en la CIDH se cierra, pero los reclamos y denuncias permanecen abiertas, expuestas a la atención de una comunidad internacional que observa y de la sociedad argentina que espera que la protección y la justicia no se conviertan en recuerdos de un pasado más esperanzador.