El legado de Darío Santillán

El legado de Darío Santillán

A 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, el barrio La Fe de Montechingolo, donde militaba el primero de los dos, mantiene viva su memoria pero también el trabajo social y la organización barrial con el objetivo de construir un mundo mejor.

A 23 años de la masacre de Avellaneda, cuando la Policía Bonaerense mató a los militantes sociales Darío Santillán y a Maximiliano Kosteki, ANCCOM estuvo en Monte Chingolo, la localidad donde hoy el Frente Popular Darío Santillán (FPDS) continúa su trabajo territorial, levantando la bandera de quien fuera uno de los suyos. Desde aquel oscuro 26 de junio de 2002 hasta hoy, sin descanso, el movimiento mantiene viva su memoria a través del trabajo social, la organización barrial y la resistencia popular, con la convicción de que un mundo mejor es posible.

En 2002 Argentina atravesaba una de las crisis sociales más profundas de su historia reciente. La pobreza, la desocupación y el hambre, productos del colapso económico marcaban el pulso de un país desolado que todavía tenía abiertas las heridas de diciembre de 2001. Fueron seis meses muy críticos tras el estallido. Ese junio de 2002, los piqueteros jugaban una pulseada silenciosa con el gobierno del presidente interino Eduardo Duhalde: querían cortar el acceso sur y los funcionarios estaban dispuestos a impedirlo. Para variar, el FMI exigía mayor control de las calles, y así la represión se hacía presente en cada jornada de protestas. Aquel 26 de junio, miles de manifestantes se congregaron en el Puente Pueyrredón para reclamar por trabajo, alimentos y asistencia en los barrios más carenciados.

La Policía Bonaerense –una de las cuatro fuerzas que integraron el operativo bajo órdenes del entonces gobernador Felipe Solá– avanzó con una brutalidad inusitada. Entre las postas de goma, algunas balas de plomo fueron disparadas contra la multitud. A Maximiliano Kosteki, de 22 años, lo mataron frente al Carrefour de Avellaneda y sus compañeros lo trasladaron a la estación ferroviaria. Poco después, Darío Santillán, de 21 años, fue ejecutado cuando se negó a abandonar a su compañero herido mortalmente, a quien no conocía. En ese momento lo ejecutaron por la espalda y su gesto trascendió la escena y se volvió bandera.

Las imágenes del crimen –captadas por fotoperiodistas Sergio Kovalewski y Pepe Mateos–, recorrieron el país, y dejaron al descubierto que no se había tratado de un enfrentamiento entre piqueteros, como había propalado el gobierno de Duhalde, sino de un asesinato a manos de las fuerzas represivas del Estado.

Veintitrés años después, en Monte Chingolo, el barrio donde militó Darío Santillán, su nombre sigue vivo en el trabajo cotidiano del FPDS, una organización que lleva su legado y lo multiplica en el trabajo comunitario. Allí, donde nunca dejó de funcionar la bloquera M’Barete, hoy funciona un merendero, jardines comunitarios, bachilleratos populares y espacios de contención. Todo lo que Darío soñó, y por lo que murió, hoy se construye con esfuerzo colectivo y compromiso con los barrios carenciados. 

De la crisis al barrio organizado

Carlos Leiva empezó a militar en diciembre del 2001, cuando el desempleo estaba desatado y la pobreza se profundizaba. “Nos habíamos quedado sin trabajo”, contó. “Vivía a media cuadra de donde estaba el comedor, me fui acercando cuando la necesidad se hizo fuerte. En ese momento no había otra salida”. Allí, Carlos conoció a Darío. Y desde entonces no se separó del Frente. Participando, ayudando en el comedor, acompañando a las familias. Cuando la organización comenzó, agrupada en la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, tenían presencia en cuatro barrios de Lanús. Hoy son ocho en Chingolo y muchos más en otros distritos. “Antes teníamos muchos más compañeros”, dijo Carlos. “Hoy, por las políticas de este gobierno contra los movimientos sociales, somos menos. Todo lo que tenemos lo conseguimos a pulmón”, apuntó entre el polvillo de la obra y un mate caliente.

El Frente es el sostén del barrio, el apoyo a los más carenciados. Es la organización y resistencia contra la pobreza, la desocupación y el narcotráfico que seduce a los más jóvenes. Desde los bloques que ellos mismos hacen, el plato de comida, hasta el acompañamiento a los adolescentes, el Frente nunca cesó de trabajar. “Nos cuesta más que antes”, comentó Leiva y agregó: “Atravesamos la pandemia siendo un eslabón clave. Nos decían ‘quedate en casa’, pero había que comer. Nuestros comedores no cerraron entonces ni lo hicieron durante está crisis brutal”.

En una semana de memoria por la masacre de Avellaneda, el Frente planteó el pasado 20 de junio una jornada en la que cada distrito eligió sus actividades. En Almirante Brown, por ejemplo, embellecieron sus espacios pintando y arreglando. En otros lados hubo charlas, debates, proyecciones de documentales y encuentros con los distintos compañeros que hoy están organizados. “Nosotros elegimos hacer lo que hacemos siempre: trabajo solidario en uno de nuestros espacios”, explicó Leiva. Así, pasaron el día construyendo un local destinado a niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de plantear una alternativa al narco que rápidamente está captando a los más jóvenes. “Les ofrecen una salida más fácil: el celular, unas zapatillas nuevas, cosas que los padres no pueden comprar porque eligen comer”.

 

Construcción y memoria: la bloquera M’Barete 

En Roca Negra, a ocho cuadras del centro del FPDS en el barrio La Fe, se levanta uno de los espacios productivos más significativos de la organización: la bloquera M’Barete –que en guaraní significa ‘fuerte’ –. Funciona en un terreno recuperado en el 2006, dónde también conviven un comedor, un espacio textil, un jardín comunitario y un bachillerato popular para adultos. La bloquera nació en los primeros años del Frente, fundada por el propio Darío Santillán, con una idea sencilla pero fuerte: fabricar bloques y ladrillos para que los vecinos pudieran construir sus propias viviendas, y al mismo tiempo generar trabajo digno y organización comunitaria. “Hace un año y medio que estoy en la bloquera”, recordó con orgullo Leiva. “Nuestros edificios están hechos, en gran parte, con bloques nuestros. Hoy están certificados por el INTI, antes eran mucho más precarios”, agregó.

Marta Alarcón es militante, cocinera y vocera del FPDS. Ella recordó los inicios del espacio. “Al principio se hacía todo a mano para construir escuelas y generar trabajo. Las paredes de este lugar están hechas con esos bloques. Con el tiempo llegaron máquinas y fue creciendo”. Hoy, la bloquera no sólo produce insumos de construcción. Produce dignidad, memoria y autonomía popular, sosteniendo con cada ladrillo un modelo de organización desde los cimientos, con la convicción de que la realidad se cambia así, trabajando.

 

   Un compañero, un ejemplo, una bandera

 

Así como Leiva, muchos en el Frente convivieron con Darío Santillán en aquellos años de crisis y lucha activa, y lo recuerdan con lágrimas en los ojos pero con el orgullo de saber que su recuerdo aún vive y que los valores por los que él murió siguen siendo el espíritu del Frente que ahora lleva su nombre. “Para mí es muy duro, pero a la vez gratificante”, contó Alarcón, recordando a Darío. “Dar una mano como lo hizo él, dejando su vida, es algo muy emotivo”.

Nadie se olvida de mencionar que Darío fue asesinado por negarse a abandonar a un compañero al que ni siquiera conocía. Tenía 21 años cuando lo asesinaron, pero todos lo recuerdan como el motor del lugar. “Hoy hablás con un pibe de esa edad y no tiene la coherencia que tenía él”, narró Alarcón. “Él nos motivaba, iba casa por casa, te buscaba si no venías a la asamblea, te empujaba a salir, a hacer algo”. Incluso quienes no llegaron a conocerlo, resaltan la importancia de reflotar su ejemplo y convocar desde la memoria. “El gesto solidario de Darío, que al ver a Maxi herido frenó para ayudarlo, sin conocerlo y poniendo en riesgo su vida, es una bandera que levantamos todos los días”, contó Tamara Kallsen, una joven militante del FPDS.

Esa bandera se traduce en los comedores, que sostienen a familias que no pueden garantizar un plato de comida; en el jardín comunitario donde se da educación amorosa y gratuita desde muy pequeños; en los espacios de niñeces, adolescencias y bachilleratos populares. “Buscamos colectivizar nuestras vidas y realidades. Pensar en comunidad, frente a un sistema que todo el tiempo nos empuja al individualismo, a la meritocracia, al ‘sálvese quien pueda’”, narró.

Juventudes, educación y contención 

Contener a los más pequeños es una tarea fundamental para el Frente. Se trata de apoyar a las familias para que puedan salir a trabajar sabiendo que sus hijos están protegidos, y de inculcar los valores del servicio comunitario desde muy chicos. Maia Mauriño es docente en el espacio educativo que está en Roca Negra. “Acá funciona un jardín de primera infancia desde hace más de ocho años. No le decimos ‘guardería’, porque no creemos que se trate de ‘guardar’ a los chicos como si fueran objetos. Es un espacio de cuidado, pero también de aprendizaje”.

Las jornadas de memoria también se llevan a cabo en este lugar, en donde se enseña desde un enfoque político-pedagógico que los invita a jugar, aprender y participar desde la educación popular. “Hacemos política desde lo cotidiano, desde lo social”, comentó Mauriño. “Obvio que creemos que las cosas están mal y que hay que cambiarlas, pero no creemos que eso se resuelva solo yendo a votar cada cuatro años”.

Melina Rogl también enseña en el lugar, es profesora de Lengua en el bachillerato. “Ahí damos clases para adultos que quieren terminar el secundario, que funciona de lunes a jueves por la noche”. El bachillerato está reconocido como anexo de un Centro Educativo de Nivel Secundario, y funciona, como parte de la organización, con asambleas mensuales. Kallsen acota que “hoy, en una situación donde la pobreza crece, donde la crisis ajusta y el narcotráfico se mete cada vez más en los barrios, creemos indispensable volver a abrir este lugar para contener a un montón de pibes y pibas que, si no encuentran espacios de abrazo, terminan en situaciones de riesgo”.

En el barrio nadie tiene el día libre, y así aprovecharon el 20 de junio feriado, aunque la mayoría deja de salir a buscarse el sustento o de hacer las tareas del hogar para estar, para acompañar, para trabajar por los demás y aportar a un proyecto que es social y colectivo. “En momentos donde más nos cuesta, es cuando más necesitamos tejer lazos sociales y no olvidarnos que somos compañeros y compañeras”, comentó Kallsen. Para ella, estas jornadas se vuelven fundamentales porque hay “pibes y pibas desamparados», una política que busca bajar la edad de imputabilidad, sin presupuestos que apuesten a fortalecer la niñez y que abona el abandono estatal. 

Las muertes de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki no apagaron la militancia. A 23 años de caer fusilados por las balas del comisario Alfredo Fanchiotti y su subalterno, el cabo Alejandro Acosta, el Frente Popular Darío Santillán sigue vivo en cada merendero, en cada bloque de la bloquera M’Barete, en cada clase de los bachilleratos populares, en cada jornada solidaria que le arrebata terreno a la exclusión. “Hoy sostenemos el trabajo con su ejemplo, con memoria todos los días, desde lo cotidiano”, afirmó Leiva. Porque el legado de Darío, dice, no es una consigna ni una efeméride, es una forma de vivir, de luchar, de no rendirse. Su historia. concluye, no se cuenta en pasado: se respira, se enseña y se construye.

Los jubilados le hicieron «ooole» a la policía

Los jubilados le hicieron «ooole» a la policía

Como todos los miércoles, marcharon reclamando aumento de haberes y restitución de medicamentos gratuitos. Pero esta vez se movilizaron a Plaza de Mayo y dejaron en ridículo al megaoperativo de seguridad en el Congreso. Solidaridad con Cristina Kirchner.

A cualquier desprevenido que haya pasado la tarde del miércoles por las inmediaciones del Congreso le habrá llamado la atención el fuerte operativo de seguridad: vallas, patrulleros y efectivos bloqueando la Avenida Callao desde Corrientes hasta Belgrano y calles paralelas. Podría pensarse que se trataba de una manifestación masiva, algo que quizá justificara semejante despliegue. Pero el que decidiera continuar a pie, zigzagueando entre calles cortadas hasta llegar finalmente a la Plaza de los Dos Congresos, se toparía con una escena bastante distinta: no había nadie. El caos de tránsito en pleno microcentro porteño no respondía a una protesta multitudinaria, sino a una decisión policial que, en los hechos, cercó una plaza que estuvo vacía durante gran parte del día.

“Ahora los piqueteros son ellos, la yuta” bromea Manuel Gutiérrez, representante de la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados, mientras se acomoda con sus compañeras sobre Plaza de Mayo. Esta tarde, los jubilados decidieron cambiar su itinerario para acompañar al personal médico del Hospital Garrahan que, después de un “abrazo simbólico” al hospital, marcharon desde el Obelisco hasta Casa Rosada. Minutos antes de las 16, y luego de haber realizado el tradicional acto con radio abierta de todos los miércoles, los jubilados formaron una columna para caminar por Avenida de Mayo hasta llegar a Casa de Gobierno, donde los esperaban, además de los trabajadores de salud, múltiples movimientos y sindicatos que decidieron unificar sus reclamos para que sus voces alcancen mayor potencia, sumado a decenas de ciudadanos que se acercaron a manifestar en repudio de la decisión de la Corte Suprema de mantener firme la condena a la exvicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, lo que generó que la mitad de la plaza se colmara de manera espontánea.

Sin embargo, el viaje de los jubilados por Plaza de Mayo no estuvo exento de la habitual violencia policial. “Los compañeros venían desplazándose bien, rápidamente, ágilmente, digamos, en la medida de lo posible con los años que cargamos en la espalda. Y bueno, de golpe vinieron a empujar. Empujando a personas de 70, 80 años, con lo que implica eso”. Cuenta Manuel, sin abandonar el humor que lo caracteriza, como lo confirman sus compañeras. Según pudo confirmar ANCCOM con la Defensoría del Pueblo, el accionar de las fuerzas de seguridad tuvo como saldo la fractura de la pierna de una joven que acompañaba a los manifestantes cuando los efectivos de la Policía de la Ciudad comenzaron a empujarlos. “Luego de eso, se formó un cordón policial de esquina a esquina en la Calle Santiago del Estero que impedía que la manifestación siga avanzando. Se produjeron muchas situaciones de tensión entre los militantes y la Policía porteña. Finalmente terminaron avanzando por la Avenida de Mayo y la policía por la vereda”, confirmó la mujer, quien prefirió no revelar su identidad.

El 4 de junio, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto que propone un aumento excepcional del 7,2 % en los haberes jubilatorios y eleva el bono extraordinario de $70.000 a $110.000, con actualización mensual ligada al índice de movilidad. Además, restituye la moratoria previsional para quienes no completaron 30 años de aportes. Ahora el proyecto aguarda su tratamiento en el Senado, aunque el Gobierno ya adelantó que lo vetará si se aprueba, argumentando su impacto sobre el equilibrio fiscal. “Es la continuidad de la política cruel de Milei, que se ha ensañado con los jubilados y nos lo hace sentir cada semana. El corazón de su programa económico es mantener el equilibrio fiscal a costa de los jubilados y trabajadores”, denunció Manuel Gutiérrez.

Frente al Cabildo, un camión con altoparlantes dispuesto por los empleados del Hospital Garrahan disparaba diversas consignas como un “RCP colectivo al Garrahan” o coreografías y cantitos contra el Presidente de la Nación, Javier Milei y su Ministro de Salud, Mario Lugones. “Hace dos semanas que iniciamos el reclamo y, de parte del gobierno, no nos dieron respuestas. Hoy tuvimos una reunión y ellos no se presentaron. La primera vez que fueron hicieron como que no sabían por qué estábamos reclamando, cuando todo el país lo sabía. Así que mañana nos reuniremos nuevamente todos los trabajadores del hospital para ver cómo continuamos con la lucha. Cualquier decisión la comunicaremos de manera inmediata”, cuenta Romina Cabrera, especialista en Pediatría e integrante del Área de Neonatología del hospital, además de contar con una diplomatura en Traslado Neonatal. A día de hoy, un médico pediatra del Garrahan cobra menos de $800.000 mensuales, muy por debajo de los $1.110.063 que necesita una familia tipo para no ser considerada pobre en Argentina según datos del INDEC relevados en abril del 2025.

Dentro de la pluralidad de voces que se escucharon esta tarde, se encuentra la de Juan José Luis, un trabajador eléctrico despedido de la empresa Industrias Juan F. Secco, una multinacional dedicada a la generación de energía y servicios asociados en toda América Latina. Junto a otros 36 compañeros —también cesanteados— formaba parte de un equipo especializado en energía móvil, conocido popularmente como “los bomberos de la luz”, por su rol clave en situaciones de emergencia eléctrica. Organizados en una agrupación de base que integra la Fetera (Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina), denuncian despidos direccionados como represalia por su activismo sindical y por defender la calidad del servicio que prestaban. Exigen la reincorporación y advierten que el desmantelamiento del área impacta directamente en el acceso a la energía en zonas críticas del país. “Somos los que llegábamos cuando se reventaba un transformador, cuando había una inundación o un incendio. Reconectábamos la energía y devolvíamos el servicio al pueblo o a una fábrica. Hoy ese servicio se está desmantelando, la gente sigue pagando tarifas más caras, pero ya no estamos nosotros ni el servicio que dábamos”, relata Juan José.

Sigue el plan sistemático de gaseo a los jubilados

Sigue el plan sistemático de gaseo a los jubilados

Como todos los miércoles, el gobierno reprimió con gas pimienta y palazos a los jubilados que reclaman frente al Congreso por mayores haberes, la restitución de la gratuidad en los medicamentos y la reposición de la moratoria.

La tarde caía helada sobre la Plaza del Congreso, pero los pasos de los jubilados no titubeaban. Llegaban de a poco, en grupos, con carteles bajo el brazo y la rutina bien aprendida: cada miércoles, el mismo reclamo. Sin embargo, antes de que pudieran empezar a manifestarse, el operativo de seguridad ya estaba en marcha. Gendarmes, prefectos y policías rodearon la zona con una velocidad que dejó poco margen para la sorpresa. En cuestión de minutos, los manifestantes quedaron arrinconados, incluso en las veredas. Hubo empujones, gases y tensión. Pero también hubo voces que, una vez más, eligieron no callarse.

Cerca de las 16, cuando los grupos de jubilados autoconvocados, acompañados de miembros de la UTEP, ATE y diferentes organizaciones sociales se disponían a marchar alrededor de la Plaza del Congreso, las fuerzas de seguridad activaron el “protocolo antipiquete” desde la calle Montevideo para empujar a los manifestantes hacia el cordón de la plaza, e impedir que se acerquen por Avenida Rivadavia hacia el Palacio del Poder Legislativo. El ya habitual operativo, que estuvo compuesto por la Policía Federal Argentina (PFA), la Prefectura Naval Argentina, la Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, se centró en dispersar y aislar a los manifestante en pequeños grupos, lo que logró que algunas organizaciones como ATE desistieran y abandonen el lugar pasadas las 17.

En diciembre del 2023, cuando se anunció la oficialización del “protocolo antipiquetes”, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich declaró: «El que quiera marchar, que marche por la vereda». En la actualidad, la Policía Prefectura Naval Argentina (PNA) le lanzó gas lacrimógeno a Jaime Valdez, un jubilado que se encontraba sobre la vereda de la Plaza Mariano Moreno junto a sus compañeros de todos los miércoles: “Estábamos en la vereda y de repente vinieron a empujarnos sin mediar palabra y nos gasearon. Les agradezco a todos los chicos de la posta de salud que me vinieron a auxiliar en seguida”, cuenta Jaime en diálogo con ANCCOM, aún con los ojos llorosos mientras se termina de recuperar recostado sobre un banco. Además, asegura que “a Bullrich le diría que nosotros los jubilados ya no le tenemos miedo, lo perdimos de tantos miércoles de venir y que nos repriman”.

Sin embargo, a pesar del frío y la represión, no fueron pocos los jubilados que se quedaron hasta entrado el atardecer con carteles y cánticos dedicados a Javier Milei, Patricia Bullrich y los propios efectivos. “Estamos acá, porque más allá de que es real que las jubilaciones son indignas y que están usando el dinero que es para los jubilados para reprimir y para vaya a saber cuántas otras cosas más, estamos acá porque están entregando la patria. Es más que los jubilados, es la patria lo que está en peligro. Mientras nosotros estamos pidiendo jubilaciones, ellos venden el país, es lamentable”, expresó María Emilia que, al igual que lo hace todas las semanas, se expresaba frente al cordón policial, protegida del frío con bufanda y campera en el cordón de la esquina de Rivadavia y Callao.

La misma vereda que hacía minutos había sido ocupada por los efectivos de seguridad que, con sonrisas en sus rostros, arrinconaron a los manifestantes impidiendo que circulen libremente, generando la indignación de los participantes de la marcha y produciendo muchísima tensión al no poder escapar para ningún lado. Finalmente, el cordón policial se trasladó nuevamente a la calle y posibilitó la libre circulación. “A mí me inquieta mucho ver el goce en esta gente cuando reprime. Es lamentable, pero cuando llegan a la casa le deben decir a los hijos ´hoy bajé a 10, tiré 5 granadas´, es muy triste”. Mientras que, a junio de 2025, la jubilación mínima seguirá en $374.723,94 (con bono incluido), el costo de aplicación de los protocolos de seguridad destinados a estas manifestaciones variaron entre los 60 y 600 millones de pesos cada uno.

Este miércoles, la posta de salud atendió a 18 heridos, entre ellos el fotógrafo de Tiempo Argentino, Nicolás Becerra, el mismo que había retratado en el debate de candidatos a legisladores porteño al asesor presidencial Santiago Caputo y que éste lo había intimidado tomándole la credencia para conocer su identidad. Poco después, con el cinismo que la caracteriza, la diputada libertaria Lilia Leomoine posteó en X que el reportero gráfico se había «interceptado con su cara al gas pimienta». 

Como en todas las movilizaciones de los miércoles, los jubilados contaron con la ayuda de decenas de voluntarios de diferentes organizaciones que los auxilian y protegen. Desde la Posta de Salud, pasando por la Defensoría del Pueblo hasta la Comisión Provincial por la Memoria. Rodrigo Pomares, coordinador del Programa de Monitoreo Territorial de Violencia Policial, de esa comisión, describió: “Lo que observamos hoy tiene puntos en común con otras manifestaciones recientes. Lo más notable es el enorme despliegue de fuerzas policiales. También vemos que las restricciones son cada vez más intensas, ya no se trata solo de impedir el corte de calles, sino que incluso se acorrala a los manifestantes en las veredas. Se usa gas pimienta casi de forma automática, no como respuesta a situaciones violentas, sino como método de dispersión”.

Las cámaras se apagan y las causas judiciales siguen

Las cámaras se apagan y las causas judiciales siguen

Los cuatro detenidos en la última represión a la marcha de los jubilados fueron liberados. Sin embargo, se les abrió procesos por «resistencia a la autoridad», una figura muy difícil de comprobar pero suficiente para perturbale la vida a las personas que solo reclamaban por un haber digno.

Tras el fuerte operativo represivo contra la manifestación del miércoles que exigía aumento de los haberes jubilatorios frente al Congreso, hubo detenciones arbitrarias, agresiones a trabajadores de prensa y el uso de gases lacrimógenos que afectaron a más de 70 personas. Las cuatro personas que fueron presas recuperaron su libertad, pero ahora sus vidas quedarán condicionadas porque deberán lidiar con una causa federal. Testimonios, denuncias y un nuevo capítulo del avance represivo sobre el derecho a la protesta.

Una nueva jornada de represión sacudió las inmediaciones del Congreso Nacional durante la manifestación semanal convocada en defensa de los jubilados. El operativo fue coordinado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, bajo la conducción de Patricia Bullrich, y contó con la intervención de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y efectivos motorizados.

A dos cuadras del Congreso, un camión hidrante de Gendarmería aguardaba con su motor encendido. También se desplegaron agentes con escopetas de balas de goma, gases lacrimógenos y gas pimienta. Desde la Posta de Salud y Cuidados se brindó asistencia a más de 70 personas, incluidos jubilados, periodistas de distintos medios y manifestantes solidarios, por quemaduras en la piel, lesiones traumáticas y crisis de angustia.

El jubilado y extrabajador de YPF Pablo Luna fue uno de los detenidos. “Les dije que no me tiraran al piso porque me iban a matar. Tengo un pedacito de riñón, si me golpeaban ahí, no la contaba. Ahora tengo problemas en la garganta por el gas pimienta. Me quieren imponer una perimetral para que no pueda ir al Congreso. Pero es mi derecho, lo vengo ejerciendo desde los años 90”, dijo a esta agencia. Desde adentro de la camioneta de la Policía Federal que lo trasladaba, el miércoles a la noche gritó detrás de la ventana con rejas: “No somos chorros ni estafadores, estaba yendo a tomar el colectivo para ir a mi casa, con mis nietos”. Al mismo tiempo, un grupo de Jubilados Insurgentes le hacía el aguante con palabras de aliento y lo nombraban como un “luchador de las causas populares”. Luna tiene 65 años y cobra el haber jubilatorio mínimo. Es decir, con el aumento que recibirá este mes, en los primeros días de junio cobrará 304.783 pesos.

“Vimos una intervención coordinada de todas las fuerzas federales. Es preocupante. Esta vez el ensañamiento fue particular hacia la prensa, el ataque fue dirigido. Parece que no aprendieron nada después de lo que pasó con Pablo Grillo”, señaló Alejandrina Barry, abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh). La referencia apunta al fotógrafo que recibió un impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza en la marcha del 13 de marzo, y que continúa internado. Esta semana tuvo que ser sometido nuevamente a una intervención quirúrgica para drenar líquido cefalorraquídeo. La intervención fue exitosa. 

Durante la represión fueron detenidos también los fotoperiodistas Leandro Cruzado y Javier Iglesias. A ellos se sumó la retención del fotógrafo Tomás Cuesta, cuya imagen, con la cabeza bajo la rodilla de un agente, recorrió los medios. Cuesta fue liberado horas después, pero el episodio generó un amplio repudio.

La fotógrafa freelance Mariana Nedelcu, que cubría la movilización para el diario Clarín, relató a ANCCOM: “Cuando la Gendarmería armó el cordón y empezó a avanzar, se llevaron puestos a todos. Me caí, me golpeé la rodilla y la cabeza, la cámara se rompió. Nos pisan, no les importa nada. El ataque fue directo a quienes teníamos cámaras. No importa si sos estudiante, si tenés casco, si colgás la credencial. Nos convertimos en un blanco por hacer nuestro trabajo”. Y agregó, sobre la detención de los fotógrafos: “Yo estaba al lado, los gendarmes le pegaban manotazos a las cámaras que querían registrar las detenciones, después los terminaron tirando al piso, no querían que se vea lo que hacían”. 

Desde la Posta de Salud también informaron que un herido de 25 años recibió golpes en la cabeza y fue atendido en el hospital Ramos Mejía. Otro periodista debió ser derivado al hospital Santa Lucía por lesiones oculares. “Los gases fueron disparados directamente hacia quienes sostenían cámaras. Son elementos de tortura usados como herramientas de control”, denunció Barry.

 

Hambre y frío

Los detenidos permanecieron varias horas dentro de los móviles policiales, para luego ser trasladados a la comisaría de la calle Madariaga, en Villa Lugano. Pasaron la noche sin comida ni abrigo suficiente. Recién fueron liberados al día siguiente y quedaron imputados por los delitos de resistencia a la autoridad, una figura legal que, según los abogados del Ceprodh, carece de pruebas concretas. Sin embargo, algunas de estas acusaciones prosperan y pueden implicar la prisión preventiva, como ocurrió el año pasado tras la detención de 33 manifestantes el 12 de junio. Y aún en caso de que con el tiempo sea desestimada, implica la obligación de presentarse ante el juzgado y la imposibilidad de salir del país, entre otros condicionamientos.

“Esto responde a una orden política. Llegaron con la decisión tomada de detener gente. Es una forma de amedrentar. A este gobierno no le importa dejar a un jubilado sin comer”, comentó Barry. Desde Ceprodh también denunciaron que, al igual que en la marcha del 12 de marzo, las detenciones no incluyen ni la hora ni el lugar. “Fueron arbitrarias e ilegales”, agregó. 

En paralelo a la represión, dentro del Congreso se cayó la sesión que iba a tratar un aumento del 7,2 % en las jubilaciones mínimas y la actualización del bono complementario, congelado en $70.000. El oficialismo, con apoyo del PRO y algunos bloques provinciales, evitó dar quórum.

“Fue una jornada de brutalidad. Tress de los detenidos eran fotoperiodistas. Quieren censurar a la prensa. No quieren que se vea lo que hacen todos los miércoles”, dijo Agustina Ferro, también abogada del CeProDH. La represión coincidió con el debate parlamentario que nunca llegó a iniciarse. Y agregó: “Es una muestra más de dónde están puestas las prioridades del Gobierno”, afirmó Ferro. “Un cartucho de gas lacrimógeno cuesta lo mismo que una jubilación. A los jubilados, a los reporteros que quieren mostrar lo que pasa, no solo los censuran. Los atacan”.

Desde la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), Valeria Mustoni advirtió que “el ataque a la prensa es sistemático. Hoy mismo el gobierno publicó en el Boletín Oficial nuevas restricciones para el acceso de periodistas a la Casa Rosada. No quieren que se informe lo que están haciendo.” Lo dice en referencia a la nueva reglamentación para la prensa que anunció hoy el gobierno, que incluye: un sistema de puntos para acceder a las acreditaciones y conservarlas, mediante el cual, según dice: “dos faltas graves pueden provocar la revocación y/o no renovación de la acreditación otorgada” a los periodistas, aunque no precisa que significa “falta grave”. Además, para decidir las acreditaciones enumera criterios como el alcance numérico del medio y restringe la posibilidad de que los acreditados se muevan o tomen fotos dentro de la Casa Rosada. Esta medida generó preocupación por la garantía de la libertad de expresión. 

El Ministerio de Seguridad intentó justificar el operativo con un mensaje en redes sociales. Bullrich escribió en su cuenta: “Grupos anarquistas amenazan con venir a pegarle a la policía. No son manifestantes. Son violentos con antecedentes de atentados y terrorismo”. Sin embargo, no hubo pruebas que respaldaran esa afirmación. 

En simultáneo, el Gobierno anunciaba el Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, que invita a blanquear dólares no declarados a través de transferencias de hasta 50 millones de pesos. En contraste, los jubilados siguen esperando un aumento mientras son reprimidos por reclamar.

Los miércoles de la marmota

Los miércoles de la marmota

Mientras el Congreso no daba quorum para tratar un proyecto de recomposición de los haberes jubilatorios, como todos los miércoles se llevaba acabo en las afueras del Parlamento la marcha de los adultos mayores que exigen aumento y la restitución de los medicamentos gratuitos. Una vez más terminó con represión de las fuerzas de seguridad de Patricia Bullrich: palazos, gas pimienta y esta vez cuatro detenidos. Entre ellos el fotógrafo de AFP Tomás Cuesta, que por la noche fue liberado sin cargos en su contra. Mirá las fotos de ANCCOM.